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EDITORIALES: Zapatero no puede mirar a otro lado cuando el campo se arruina/ El Supremo debería investigar a Chaves

2009-11-22T09:14:00.000+01:00

EDITORIALES DEL DÍA
ZAPATERO NO PUEDE MIRAR A OTRO LADO CUANDO EL CAMPO SE ARRUINA

EL CAMPO salió ayer a la calle en toda España para reclamar la dimisión de la ministra de Medio Rural, Elena Espinosa, y protestar contra la política de Zapatero. La mayor manifestación se produjo en Madrid, donde cientos de miles de agricultores de todo el país reivindicaron «unos precios justos, unas ventas dignas».

Los actos de protesta adquieren mayor relieve si se tiene en cuenta que, por primera vez, se han unido los sindicatos COAG, UPA y Asaja, las cooperativas, regantes y todas las asociaciones agrarias de España.

«El campo se arruina, exigimos soluciones», denunciaba una gran pancarta. El eslogan no es alarmista porque es cierto que, según datos oficiales, se han destruido 124.000 empleos en el sector en los últimos cinco años. En el mismo periodo, los costes de producción han crecido un 34% mientras que los precios han permanecido prácticamente estables. Como consecuencia, la rentas rurales han bajado un 26%.

El panorama agrario es sencillamente desolador por diversas razones. La primera es la baja competitividad de algunos sectores productivos, que además tienen excedentes y subsisten gracias a las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea. A los problemas estructurales del sector, se suma la irracionalidad del sistema de distribución, que provoca que el precio de venta al público sea a veces cinco veces superior al pagado en origen.

Los agricultores se ven obligados a vender sus cosechas a precios de miseria, que en ocasiones no cubren los costes de producción, como está sucediendo con la patata y los productos hortofrutícolas. El Gobierno se comprometió a eliminar los abusos en la distribución, pero nada ha hecho.

Otro dato inquietante es la lenta pero progresiva disminución de las explotaciones agrarias, iniciada en la década de los 60 y que se ha agudizado en los últimos años. A pesar de ello, los cultivos siguen siendo en su mayor parte de pequeñas dimensiones, lo que determina su falta de rentabilidad.

La mala situación, agravada por la crisis que atraviesa el país, ha provocado un estallido de indignación de los agricultores, que se consideran olvidados por el Gobierno. Los sindicatos recordaban ayer que Zapatero ha ayudado a la banca, el automóvil y la construcción, pero que no ha hecho nada por el campo.

No les falta razón. Los agricultores no suelen protestar ni organizar manifestaciones como las de ayer, por lo que los Gobiernos tienden a menospreciar sus reivindicaciones. La actual ministra de Medio Rural, Elena Espinosa, no ha sabido defender los intereses del campo español en Bruselas ni ha sido capaz de impulsar las reformas que necesita el sector. El descontento con su labor era ayer patente.

Creemos que ha llegado la hora de que el Gobierno se preocupe por este colectivo, que, aunque sólo representa el 5% de la población activa, preserva los miles de pequeños pueblos que hay en España y el equilibrio del mundo rural. Por otro lado, la agricultura es la base del sector industrial agroalimentario, que supone hoy un 12% del PIB y del cual depende más de un millón y medio de puestos de trabajo.

Zapatero no puede mirar para otro lado. Tiene que escuchar las peticiones de los agricultores -que ayer no fueron recibidos por la ministra- y debe poner manos a la obra para impulsar políticas que permitan mejorar las condiciones de vida del sector. No sólo es de justicia sino de vital importancia para evitar la desertización de nuestro medio rural, lo que sería un desastre imperdonable

CHAVES MINTIÓ EN EL CONGRESO SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE SU HIJA EN LA SUBVENCIÓN A MATSA:
El Supremo debería investigar a Chaves

MANUEL CHAVES mintió el pasado 10 de junio en el Congreso cuando aseguró que era «rotundamente falso» que su hija Paula participara en la tramitación de la subvención de 10 millones de euros a Minas de Aguas Teñidas (Matsa), concedida por la Junta de Andalucía. Según las palabras de Chaves, su hija no intervino «ni como apoderada ni como nada». Ello es falso por mucho que el ex presidente andaluz quiera retorcer el lenguaje.

El abogado que asesoró y formalizó la petición de Matsa ante la Junta, Francisco Javier López Rubio, declara hoy a EL MUNDO que Paula Chaves participó activamente en la elaboración y tramitación de esa subvención como apoderada de Matsa. «Paula Chaves era la directora de la asesoría jurídica de Matsa y evidentemente, siendo abogado como soy, yo trabajaba con ella», dice López Rubio, que reconoce que pedía información a la hija del ex presidente y la informaba de todos los pasos de la tramitación. Que Paula Chaves era algo más que una trabajadora, como pretende el PSOE andaluz, lo demuestra el hecho de que fue ella misma la que firmó la aceptación de la subvención de 10 millones.

Queda claro que Chaves favoreció a una empresa en la que su hija no sólo ocupaba funciones directivas sino que además participó directamente en la tramitación de la subvención. Y además que Chaves ha mentido ante el Congreso y siempre que ha negado la implicación de su hija.

La Junta de Andalucía se negó a investigar los hechos y la Fiscalía, que ni siquiera llamó a declarar a López Rubio, archivó rápidamente el asunto. Pero queda todavía el Supremo, en el que hay presentada por el PP una querella por prevaricación y tráfico de influencias. Lo lógico y lo coherente es que el Supremo investigara el caso Matsa, sobre todo para que no haya dudas de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley

CARTA DEL DIRECTOR | PEDRO J. RAMÍREZ: César y los piratas

2009-11-22T09:13:00.000+01:00

CARTA DEL DIRECTOR PEDRO J. RAMÍREZ
CÉSAR Y LOS PIRATAS

En el siglo I antes de Cristo las escarpadas costas de Cilicia en el Asia Menor se convirtieron en vivero, nido y refugio de piratas por razones similares a las que han reproducido el fenómeno 2.100 años después en las más aplanadas de Somalia. El ocaso tanto del poder de Macedonia como de los imperios impulsados desde Egipto y Babilonia por dos de los más destacados generales de Alejandro -Ptolomeo y Seleuco- había generado un vacío en la región que sólo llenaban los señores de la guerra que a su vez protegían, organizaban y financiaban a los clanes, cofradías y hermandades de piratas. Teniendo en cuenta la velocidad a la que se navegaba, Roma estaba aún más «lejos» de aquellos parajes de lo que Madrid o París están hoy del Océano Índico.

Entonces como ahora, la rentabilidad de la captura del cargamento de un barco mercante o, sobre todo, de la toma de rehenes entre sus pasajeros podía ser enorme, dentro de una región tan económicamente deprimida como aquélla. De ahí que los piratas con base en la isla de Farmagusa -unas pocas millas al sur de Mileto- que un día del año 74 a. C. capturaron una galera romana que se dirigía a Rodas creyeron estar tan de enhorabuena. Sobre todo cuando contemplaron con asombro la reacción del joven patricio romano que formaba parte del pasaje, en apariencia tan arrogante y contraria a sus propios intereses como la que mostró la célula de crisis del Gobierno español durante la atolondrada noche del pasado 3 de octubre.

Si el joven romano salió diciendo que no sabían a quién tenían por rehén, que él valía bastante más que esos 20 talentos que pedían sus captores, el Gobierno español detuvo a dos piratas que eran parte del operativo del secuestro y al traerlos a la Península los convirtió en el caballo de Troya que -mediante la presión a través de las familias de los marineros del Alakrana- permitiría transformar la liberación de los tripulantes en una imperiosa necesidad política para un ejecutivo altamente cuestionado por su ineptitud. En uno y otro caso era la víctima la que de forma tan unilateral como aparentemente innecesaria subía el precio del rescate. Con pardillos así da gusto ser pirata.

Pero los corsarios de Farmagusa no sabían dónde se habían metido. El joven patricio romano se llamaba Cayo Julio César y a sus 25 años iba a proporcionar a la posteridad lo que Adrian Goldsworthy describe en su monumental biografía editada por La Esfera de los Libros como la primera «exhibición de su audacia, determinación, rapidez de acción e implacable habilidad». Tras acordar un rescate de 50 talentos -¿por qué no decir que unos cuatro millones de dólares de ahora?-, César envió a sus acompañantes a recolectar el dinero entre las colonias romanas de las inmediaciones y permaneció con los piratas en un entorno de barcos anclados junto a la costa, hogueras nocturnas en la playa y minúsculas agrupaciones urbanas muy similar al de las inmediaciones de la actual Haradhere.

Con su vida garantizada por tan altas expectativas de lucro, el joven romano dejó pasar el tiempo, dedicándose relajadamente a escribir y confraternizar con los piratas. No llegó a lanzarles soflamas sobre la Alianza de Civilizaciones, pero sí declamaba ante ellos piezas oratorias y poemas. Plutarco cuenta que en ese clima de confianza les llamaba «bárbaros analfabetos» y que llegó a decirles, entre risas y chanzas, que cuando terminara todo aquello «les ahorcaría». Ellos se lo tomaban a broma y le iban cogiendo afecto. Era algo así como si el embajador Martín Cinto hubiera transmitido a través del Gobierno de Somalia que Abdu Willy y su colega se pudrirían durante 40 años en la cárcel y que de Haradhere no quedaría piedra sobre piedra. Con bromistas tan simpáticos da gusto ser pirata.

Puesto que la city y los bufetes de Mileto funcionaban entonces con más eficacia que los de Londres ahora y no había ningún CNI de por medio que se complicara la vida lanzando el dinero en paracaídas, bastaron 38 días, en vez de 47, para que la negociación culminara con éxito, los 50 talentos fueran recolectados y entregados y César quedara en libertad. No es demasiado aventurado presumir que se despidió con grandes abrazos de sus captores, cual si de un precursor del síndrome de Estocolmo se tratase. Pero tan pronto como volvió a ser dueño de sus actos, la máscara de la amabilidad se desprendió de su rostro y dio paso al más severo de los rictus, cejas incluidas.

Apenas puso pie en tierra firme, César organizó una escuadra improvisada y volvió con ella a Farmagusa, en cuyas playas los piratas aprovechaban su dinero fresco para entregarse al alcohol, los estupefacientes y las mujeres en una bacanal similar a la que estos días ha tenido lugar en Haradhere y que sólo grandes reporteros como Raúl del Pozo o David Gistau hubieran podido describir en toda su desenfrenada exuberancia. Desprevenidos como estaban, los piratas fueron presa fácil de César, quien en un primer momento los encerró en la cárcel de Mileto y, al detectar que el gobernador romano de Asia Menor, un tal Marco Junco, se doblaba con la misma ambigüedad que el mando de la operación Atalanta, ordenó crucificarlos por su cuenta y riesgo. Fue algo parecido a lo que en abril del año pasado hicieron los franceses con los secuestradores del velero Ponant: primero pagaron el rescate y, cuando los rehenes estuvieron a salvo, seis helicópteros asaltaron el reducto de los piratas, matando a tres corsarios, apresando a media docena y recuperando gran parte del dinero.

César tuvo, eso sí, un buen detalle con quienes habían sido sus compañeros de juegos y tertulia durante casi mes y medio al ordenar estrangularles antes de exhibirlos en la cruz, ahorrándoles así una lenta y dolorosa agonía. Ese gesto le valió el relato aprobatorio de Suetonio en el que se cimentó el mito de su magnanimidad y clemencia. Glosando tal opinión, el propio Montaigne, profundo admirador de César, subrayaría que era «benévolo en sus venganzas», pues «se limitaba a matar a quienes le habían producido ofensa». «Jamás hombre alguno mostró más moderación en la victoria, ni más resolución en la fortuna adversa», escribiría en otro capítulo de su Libro Segundo el autor de los Ensayos.

La traición de César a los términos más o menos explícitos de su pacto con los piratas y sobre todo la doblez de su conducta no debió desmerecer para nada esa buena opinión de Montaigne pues, hablando de otra cosa, cita un conocido pasaje de La Eneida de Virgilio -«Valor o engaño, si es con el enemigo todo es uno»- e invoca el retrato que Plutarco hace del comandante espartano Lisandro para alegar que «allí donde la piel del león no basta, se ha de coser un retazo de la del zorro». Y en otro momento ensalza al también espartano rey Cleómenes, que «habiendo pactado una tregua de siete días con los habitantes de Argia, a la tercera noche cargó contra ellos cuando estaban dormidos y los derrotó, alegando que en la tregua no se había hablado para nada de las noches».

Nadie vertería por lo tanto el menor de los reproches ni contra el Gobierno, ni contra la Fiscalía, ni contra la Audiencia si, por arte de birlibirloque, la calificación penal de los dos piratas que han de ser juzgados en España pasara a incluir la asociación ilícita, de forma que sus condenas alcanzaran los tropecientos años y un súbito ataque de amnesia borrara cualquier promesa de indulto o cumplimiento de la pena en Somalia. Los compromisos contraídos bajo el estado de necesidad -y la semana pasada vine a convenir que en esa situación extrema estábamos- dejan de obligar a quien los asume en el momento en que desaparece el cañón de la pistola que le apunta.

Siempre nos estaríamos quedando en todo caso muy lejos de lo que hubiera sido deseable, justo y necesario: que en el mismo momento en que concluyó el secuestro nuestros helicópteros hubieran actuado tan a tiempo y con tanta capacidad resolutiva como lo hicieron los franceses para dejar las cosas en su sitio. ¿Se imaginan lo diferente que sería hoy la reputación del joven César si el relato de su peripecia hubiera concluido con el fracaso de su acción de castigo por llegar «dos minutos tarde» al lugar en el que estaban los piratas -como alegan los mandos militares españoles que ha ocurrido ahora- o porque la falta de puntería de sus soldados o la ambigüedad de sus propias órdenes hubiera permitido a todos los corsarios huir inermes? Y desde luego nadie le ensalzaría si su única reacción al quedar en libertad hubiera sido proponer que Roma contribuyera a formar un cuerpo de policía en Cilicia para evitar futuros secuestros.

Si el historiador Velleius Paterculus, que glosó en tiempos de Augusto y de Tiberio el contraste entre la resolución de César y la debilidad de Marco Junco, viviera hoy, seguro que establecería la misma comparación entre la muy distinta respuesta de los gobiernos de Sarkozy y Zapatero frente a unos hechos casi idénticos.

Respecto a la razzia ordenada por el primero, basta el diagnóstico de Goldsworthy sobre el golpe de mano de César: «No tenía autoridad legal para hacerlo -excepto el eterno derecho de persecución en caliente-, aunque era poco probable que alguien cuestionara la ejecución de un grupo de salteadores». Y respecto a las restricciones impuestas desde Madrid -con los protocolos de la operación Atalanta como coartada- para que se disparara contra el esquife sin causar el menor rasguño a sus tripulantes, sólo puede añadirse que unos cuantos difuntos seguirían vivos si se hubiera tratado con el mismo miramiento a cuantos se han saltado alguna vez un control de carreteras de la Guardia Civil. Pero es que a los piratas sólo se les puede disparar en legítima defensa y al parecer eso no incluye impedir que huyan con un botín obtenido a punta de metralleta. Insisto: con pardillos así, da verdadero gusto ser pirata.

La admiración por el comportamiento de César durante ese primer episodio que salió a su encuentro para poner a prueba su resolución y capacidad de liderazgo se ha transmitido de generación en generación desde aquel siglo primero en el que otro historiador, Valerio Máximo, lo presentaba como ejemplo de que los hechos del pasado podían servir para educar en la virtud a los jóvenes romanos, hasta la época actual. Al margen de los elogios de un Goldsworthy o un Christian Meier -el autor alemán se asombra ante la «energía» y la «audaz eficacia» que a una edad tan temprana despliega su biografiado-, merece la pena rastrear a través de la obra de Maria Wyke Caesar, a life in western culture la forma en que el lance queda reflejado en las novelas policiacas que Steven Saylor sitúa en la antigua Roma, en series televisivas como Xena, la princesa guerrera e incluso en juegos de ordenador como el lanzado en 1998 por Microsoft dentro de su serie Age of Empires.

Puesto que en definitiva nadie ha cuestionado la veracidad de un relato que en algunos de sus pasajes no pudo tener como fuente sino al propio César -en eso consiste la credibilidad: cuentas cómo pasó y todo el mundo da por hecho que fue así; o sea, lo contrario de lo que les pasó el miércoles a la ministra y al Jemad, considerados falaces por el 89% de nuestros internautas-, la gran ventaja de los juegos de ordenador es que siempre incluyen desenlaces alternativos. Por su actualidad política no me resisto a reproducir el texto que aparece en éste de Microsoft -The Rise of Rome- cuando el jugador al que le toca desempeñar el papel de César no consigue estar a la altura del original:

«Los piratas se han burlado de tu jactancia de que volverías para erradicarlos. Roma está disgustada pero, puesto que pagaste personalmente la expedición, no habrá recriminaciones. El encargo de eliminar a los piratas se le ha dado a un hombre de verdad, Pompeyo. Dedícate a sacarle brillo a su armadura».

Aquí y ahora sí debe haber «recriminaciones» puesto que nuestras fragatas navegan con cargo al presupuesto; y, a falta de otro Pompeyo, el gran reto de Rajoy es explicarnos cómo habría actuado él en una circunstancia así para merecer esa consideración -no necesariamente masculina- de «hombre de verdad». Si consigue convencernos, que Zapatero vaya sacando la bayeta.

pedroj.ramirez@elmundo.es

ECONOMÍA:El campo contra Zapatero/ «El Gobierno ha hecho una dejación clara de funciones con el campo»

2009-11-22T09:12:00.001+01:00

EL DESMANTELAMIENTO DEL CAMPO / Las reivindicaciones
El campo contra Zapatero

Por primera vez, las organizaciones agrarias se unen para exigir que el Gobierno se implique en la crisis del sector

CARMEN LLORENTE

Madrid

Cientos de miles de agricultores de todos los colores políticos tomaron ayer el centro de Madrid para exigir al Gobierno medidas urgentes para frenar el desmantelamiento y la destrucción de empleo que sufre el campo español. Con gritos de «¡Basta ya!» y «Zapatero, dimisión», tanto pequeños productores como terratenientes unieron ayer sus fuerzas, por primera vez en la historia, en una manifestación sin precedentes.

«Si el presidente del Gobierno no va hacer nada por el campo que se vaya», clamó ayer Pedro Barato, el presidente de Asaja, la principal organización agraria española, afirmación que fue recibida por miles de aplausos de los manifestantes y que fue seguida de gritos a coro de: «Zapatero dimisión».

Los agricultores, además, pidieron la dimisión de la ministra de Medio Ambiente, Medio Marino y Rural, Elena Espinosa, y la restitución del Ministerio de Agricultura. «Aquí, cuando el campo más lo necesitaba, el Gobierno va y elimina la cartera de Agricultura. Es incomprensible e indignante», afirmó Miguel López, presidente de Coag.

La pasividad del Gobierno ha hecho incluso estallar al sindicato agrario ligado a UGT y al PSOE, la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), que se ha unido también a la protesta que desde el viernes protagonizan los agricultores españoles contra Zapatero. «Es necesaria una política de mucha más sensibilidad hacia el campo por parte del Gobierno», afirmó el secretario general de la organización, Lorenzo Ramos.

La multitudinaria manifestación -unas 500.000 personas según la organización- contó, además, con la presencia de la secretaria general del Partido Popular (PP), María Dolores de Cospedal, y del coordinador de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, que se unieron a las demandas y protestas de los agricultores.

Los productores agrarios consideran que en los últimos años, el Gobierno se ha olvidado, por completo, del campo español, sumido en la mayor crisis de su historia. De ahí, los cientos de pancartas que ayer lucieron los manifestantes en las que se podía leer «Mañana Zapatero, ¿qué le echamos al puchero?», «Espinosa por la agricultura no se moja» o «SOS, el campo se muere. Políticos, en vuestras manos estamos».

«Para pagar el café que hoy muchos de nosotros nos vamos a tomar en Madrid tenemos que vender tres kilos de melones o cinco litros de leche. Seguimos cobrando en pesetas, a precios de 1986 en muchos casos, pero nuestros costes son en euros. Así no podemos seguir», proclamaron ayer los agricultores, que exigieron un pacto de Estado por parte de todos los partidos políticos para auxiliar al campo español.

Mientras en los últimos años la renta agraria ha caído en un 26% y los precios de los productos agrícolas en origen se han desplomado, los gastos han subido más de un 34%. «Y encima el Gobierno quiere seguir aumentando los impuestos», protestaron ayer los manifestantes, que añaden que, además de todo lo que están sufriendo, tienen cerradas las puertas de los bancos y cajas a la hora de obtener financiación.

«Los bancos no están dando créditos para comprar los abonos y la simiente necesaria para sembrar la cosecha. También tenemos serios problemas para poder refinanciar las deudas que hemos contraído para modernizar nuestras instalaciones», señaló Maudilio Meden, un agricultor de Castilla-La Mancha.

«El Gobierno ha socorrido a las entidades financieras, al sector del automóvil y al constructor. Sin embargo, se ha olvidado por completo del campo», afirmaron unos agricultores que miran con envidia como el presidente francés, Nicolas Sarkozy, ha aprobado una ayuda de 16.500 euros para el campo con el beneplácito de la Unión Europea.

«El Gobierno no está defendiendo el campo español ni dentro ni en la UE y está dejando a los países de centroeuropa que se queden con todo el pastel agrícola», clamaron ayer los productores que, pese a desplazarse en masa a Madrid, se fueron sin ser recibidos por Espinosa. Nadie sabía dónde estaba la ministra.

«Ya no queremos hablar sólo con Espinosa sino también con Zapatero. Queremos soluciones. Estamos cansados de esperar», afirmó el presidente de Asaja. Los agricultores aseguran que, si no son escuchados, continuarán con las movilizaciones y amenazan con salir a las carreteras de toda España con sus tractores para bloquear el paso de los vehículos. «Esperemos que no tengamos que llegar a ese extremo, pero si no hay más remedio...», aseguraron en una organización agraria.

Varias medidas piden los productores: que se fijen unos precios mínimos a los productos agrícolas, para así frenar la especulación de las grandes superficies -los precios de venta al público son hasta un 500% superiores al precio en origen-, el acceso a créditos para mantener la actividad, una rebaja de impuestos y un gasóleo más barato

EL DESMANTELAMIENTO DEL CAMPO / Las protestas
Los últimos del campo

DAVID GISTAU

Los hombres del campo prefieren encomendar su porvenir a la providencia antes que a la ministra o a un trabajo, duro como siempre lo fue el de los páramos y las dehesas, que ha dejado de compensar casi por completo. No es que se hayan puesto a encender cirios. Pero sí a comprar lotería. La cola que había delante del puesto lotero de la plaza de la Independencia, minutos antes de que arrancara la manifestación, donde aguardaban compradores con la banderita de Asaja, recordaba a las apreturas delante de las barcas de salvamento durante un naufragio. Como si sólo el azar pudiera ya salvar a los empresarios lácteos, a los ganaderos, a los frutícolas, a los de la vid, a los cerealeros, a los que caminaban ayer agitando ramas de olivo como palmas a las puertas de Jerusalén, que languidecen aplastados por los altos precios de producción y los ínfimos precios en origen, hinchados luego en la distribución, cuando ya es tarde para el productor.

Lo que naufraga es algo más que un sector económico. Es una forma de vida, ya de por sí disminuida en España a partir de la explosión de la ciudad como polo de atracción. No es que el poblachón celiano se haya sofisticado tanto como para dar tratamiento de marcianos a los agricultores que contaban por el móvil que estaban viendo la Cibeles. Pero había un encuentro de dos mundos que no siempre se recuerdan mutuamente en esas aceras de lo que queda de la calle Serrano donde coincidían habituales de las «boutiques» con tipos a los que delataba el rostro cuarteado por el Sol.

Muchos de los asistentes forzaron la vestimenta como si se hubieran propuesto lucir en día festivo.

Estaban los gaiteros asturianos con sus trajes regionales. Los chavales que cargaban cencerros, bota de vino y zurrón de piel. Una cantidad ingente de autobuses que derramaron en la ciudad todos los tipos humanos posibles en el campo, procedentes de toda las provincias, aceituneros «altivos» como los de Miguel Hernández a los que, hoy más que nunca dada la precariedad en la que se les ha condenado a existir, se les podría preguntar «¿quién amamantó los olivos? Vuestra sangre, vuestra vida, no la del explotador que os sepultó en la pobreza».

Para bajar de Cibeles a Atocha a través del paseo del Prado, los manifestantes trataron de parcelarse por comunidades autónomas. Estalló mucha cohetería en las calles adyacentes.

Delante iban cinco tractores como rompehielos y una gigantesca vaca hinchable. La marcha fue muy lenta, hubo pancartas de precios justos, ventas dignas, y consignas contra la ministra Espinosa que le pedían la dimisión con mayor o menor fortuna en los pareados. Es difícil saber si la manifestación habrá bastado para que la opinión pública tome conciencia de la dificultad casi terminal que atraviesan los cultivos y las explotaciones. Pero a los representantes de Asaja, COAG y UPA aún les aguardaba una decepción al término de la marcha: el desplante de la ministra Espinosa, con quien aspiraban a reunirse, pero que estaba apagada o fuera de cobertura.

PEDRO BARATO Presidente de Asaja

«El Gobierno ha hecho una dejación clara de funciones con el campo»

CARMEN LLORENTE

Madrid

El presidente de Asaja, la principal organización agraria española, calificó la manifestación del campo, ayer, en Madrid de «éxito rotundo» y «única en la historia», ya que, por primera vez, se ha logrado unir a todas las organizaciones agrarias para hacer unir un «grito de auxilio» único y conjunto.

Pregunta.- ¿Qué supone la manifestación del campo español en Madrid?

Respuesta.- Ayer, los agricultores de todas las comunidades autónomas, de distintas ideas políticas y condición, unimos nuestras voces para pedir socorro al Gobierno. Estamos agonizando y esperamos que el Ejecutivo se haya enterado de nuestro clamor.

P.- En los últimos años se han perdido 124.000 puestos de trabajo en el campo y han desaparecido muchas explotaciones agrarias. ¿Es un daño irrecuperable?

R.- El daño ha sido muy grande. Pero si se ponen en marcha de forma inmediata las medidas oportunas se podrá recuperar parte de lo perdido. Aunque lo primero es frenar la destrucción y desmantelamiento del sector agrario español.

P.- ¿Considera que el Gobierno de Zapatero se ha olvidado del campo?

R.- Creo que en los últimos años ha habido una dejación clara de funciones del Gobierno con el sector agrario. Se ha quedado al margen de nuestros problemas.

P.- ¿Cuál es el siguiente paso a dar después de las protestas de los dos últimos días?

R.- Lo primero que queremos es tener una reunión con Zapatero para plantearle, cara a cara, nuestros problemas y exigencias. Desde luego vamos a seguir luchando para hacernos oír.

P.- ¿Qué es lo primero que van a pedir los agricultores a Zapatero?

R.- Ayudas para poder aguantar esta crisis. Igual que ha puesto dinero para otros sectores que ponga para el campo. No puede olvidar que la agroindustria española supone el 12% del PIB, es el segundo sector después del turismo.

P.- La ministra de Medio Rural afirmó el viernes que cada día trabaja por los agricultores.

R.- Cada día estamos peor. Tendrá que cambiar su forma de hacer las cosas, porque hasta ahora no está arreglando nada. Además, llevamos más de dos meses sin saber nada de ella.

P.- ¿Qué parte de culpa tiene la gran distribución en la crisis del campo?

R.- Mucha. Son los grandes culpables del hundimiento de los precios. Llevan a cabo una especulación constante y permanente

CORRUPCIÓN SOCIALISTA EN ANDALUCÍA: 'caso MAT SA': Bandolero Chaves mintió al Congreso sobre el papel de su hija en Matsa

2009-11-22T09:11:00.005+01:00

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / El 'caso Matsa'
Bandolero Chaves mintió al Congreso sobre el papel de su hija en Matsa

El apoderado que la formalizó afirma que «se trabajó con ella» en la solicitud de ayuda a la Junta de Andalucía

MANUEL MARÍA BECERRO

Sevilla

Manuel Chaves, vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Cooperación Territorial, mintió al Congreso de los Diputados cuando afirmó el pasado mes de junio que su hija no había tenido participación alguna, «ni como apoderada ni como nada», en la polémica ayuda a favor de la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa). En la aprobación de esa subvención participó el mismo Chaves cuando aún era presidente de la Junta de Andalucía, pese a que la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos le obligaba a inhibirse.

Francisco Javier López Rubio, el apoderado que formalizó ante la Junta y en nombre de Matsa la petición del incentivo, ha reconocido a EL MUNDO que trabajó con Paula Chaves Iborra a lo largo de toda la tramitación del expediente, en contra de lo afirmado por su padre.

La versión de Chaves, ahora desmentida, fue asumida tanto por el Ejecutivo autonómico como por la Fiscalía, aunque el Tribunal Supremo aún tiene que pronunciarse sobre la querella presentada por el PP por prevaricación administrativa y tráfico de influencias por los casi 10,1 millones de euros concedidos a la firma apoderada por su hija.

«Paula Chaves era la directora de la asesoría jurídica y, evidentemente, siendo abogado como soy y trabajando en tramitación de ayudas en confección de expedientes, se ha trabajado con ella, porque era la responsable jurídica de Matsa», declaró López Rubio a este diario en una conversación en la que también reconoció que su relación profesional con la hija de Chaves fue «frecuente y fluida» a lo largo de los meses.

«Yo tenía una serie de responsables a los que reportar y de los que, a la vez, sacaba la información. Uno de ellos era Paula Chaves, pero también estaban el director general de Matsa, el director financiero, el de operaciones, el de planta, el de recursos humanos... Son gente con la que te relacionas en la empresa a un cierto nivel, para sacar la información que necesitas para realizar la tramitación del expediente y la confección de la memoria», explicó a EL MUNDO el ex apoderado.

En concreto, y recurriendo al argot técnico profesional, López Rubio precisó que él «ponía en copia de los expedientes» a la hija del vicepresidente del Gobierno para su supervisión y validación, como no podía ser de otra manera teniendo en cuenta que quien en verdad estaba contratado por Aguas Teñidas no era él, sino el despacho de abogados Solventa Consultores, bufete para el que sigue trabajando en la actualidad.

Sobre el papel concreto que jugó Paula Chaves Iborra en la tramitación de la ayuda, López Rubio detalla que, «dentro de su parcela de asesoría jurídica, fue más activo en la fase de presentación final del expediente. En la confección y tramitación fue menos activa, porque en esa fase no tiene nada que aportar. Cuando se está haciendo un tema de planta de minas, la gente que te apoya son los ingenieros».

«Lo lógico y lo normal es que, en un proyecto de esa índole, que es un gran proyecto para la Sierra de Huelva coincidiendo con un momento dulce del mercado del cobre, con una inversión que supera los 200 millones de euros, uno esté relacionado al nivel de lo que denominan los norteamericanos decision maker: la gente que tiene los parámetros para realizar el proyecto», subraya López Rubio.

En ese nivel de responsabilidad directiva se encontraba la hija de Chaves dentro de Matsa. Sin embargo, tanto desde la Junta de Andalucía como desde las filas del PSOE se insiste en definir a Paula Chaves Iborra como una simple trabajadora -el secretario de Comunicación de los socialistas andaluces y diputado autonómico, Miguel Ángel Vázquez, llegó a afirmar que «está en los aledaños del mileurismo»- que no tuvo relación alguna con la tramitación del incentivo.

De hecho, en una entrevista publicada a finales de agosto, el vicepresidente tercero del Gobierno subrayaba en esa misma línea: «Mi hija no tuvo nada que ver en el expediente de las ayudas a una empresa que ha invertido más de 200 millones y ha creado más de 500 empleos».

En realidad, la participación de Paula Chaves fue decisiva en la gestión de la subvención. En este sentido, hay que recordar que fue ella quien firmó -en calidad de apoderada de la empresa- la aceptación de los casi 10,l millones de euros aprobados por la Agencia IDEA para el proyecto con la ratificación del Consejo de Gobierno presidido por su padre, quien el pasado 20 de enero votó la aprobación de la ayuda pese a prohibírselo la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta.

En su artículo 7.1, la Ley señala que «los titulares de altos cargos están obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas, entidades o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubiesen tenido alguna parte ellos, su cónyuge, pareja de hecho inscrita en el correspondiente Registro o persona de su familia dentro del segundo grado civil». Ahora que se sabe que la hija de Chaves codirigió la tramitación del expediente, parece más evidente que su padre nunca debió participar en la aprobación de la ayuda.

La mentira de Chaves al Congreso

>El pasado 10 de junio, en respuesta al diputado del PP Juan Manuel Moreno Bonilla, el vicepresidente tercero sostuvo en la Cámara Baja que su hija Paula no tuvo relación con la ayuda a Matsa que él mismo aprobó.

>«En todo caso, señor Bonilla, es rotundamente falso que mi hija haya tenido participación en el procedimiento de solicitud y aprobación de ese incentivo, ni como apoderada ni como nada», afirmó Chaves textualmente en el Congreso.

Justicia y Fiscalía, en entredicho

M. Mª B. / Sevilla

La Junta de Andalucía descartó a finales de julio abrir un expediente sancionador a Manuel Chaves argumentando que su hija sólo intervino en la tramitación del incentivo en un «momento posterior» a la aprobación por parte del Consejo de Gobierno que él presidía, algo que queda desmentido con el testimonio del ex apoderado de Matsa Francisco Javier López Rubio.

Según la Inspección General de Servicios de la Junta, no cabía sanción alguna contra Chaves porque faltaba la «forma de acreditación de la existencia» de un conflicto de intereses anterior a que «el asunto» llegara al «campo de actuación del alto cargo». Si la intervención del familiar era a posteriori -siempre según el inspector autonómico-, «ya no prejuzga la decisión» y «resulta irrelevante para la obligación de inhibición».

Igualmente, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado el archivo de la denuncia por prevaricación administrativa y tráfico de influencias presentada por el PP contra Chaves argumentando que la posición que ocupa la hija en Matsa «es la de empleada por cuenta y bajo la dependencia de la misma» y que tuvo una «mínima intervención» en la tramitación del expediente en su calidad de apoderada.

La versión manipulada del PSOE

Madrid

El PSOE andaluz remitió el pasado mes de julio más de 61.000 cartas para que todos sus militantes tuvieran la versión oficial del partido sobre el escándalo por el incentivo aprobado por Chaves a favor de la empresa apoderada por su propia hija, que la dirección socialista no duda en calificar de «cacería» contra el vicepresidente tercero del Gobierno.

En la misiva -rubricada por la presidenta del PSOE de Andalucía, Petronila Guerrero- no es ya que se niegue la participación de Paula Chaves en el expediente hasta el momento final de la firma de la aceptación de la ayuda, sino que se llega a decir que no empezó a trabajar hasta que estuvo «resuelto» el expediente.

La propia compañía minera precisó el pasado mes de mayo, a través de un comunicado remitido a EL MUNDO, que «doña Paula Chaves Iborra es empleada de Matsa desde el 2 de julio de 2007». Es decir, desde prácticamente dos años antes de la fecha en la que el PSOE andaluz ha asegurado a sus afiliados que se produjo su incorporación. Hay que recordar que Matsa nunca ha negado que la hija de Chaves hubiera tramitado la ayuda que ratificó su padre. Al contrario: la vinculó con la «gestión y tramitación» de los expedientes de incentivos sin excepción

Bandolero Chaves promete a Griñán que será líder en 2012

La bicefalia del PSOE en Andalucía podría prolongarse dos años más

EDUARDO DEL CAMPO

Sevilla

La bicefalia de poder en Andalucía, con un hombre, José Antonio Griñán, como presidente de la Junta y otro, su antecesor Manuel Chaves, como secretario general del PSOE de Andalucía (PSOE-A) puede alargarse dos años más. Así se deduce de la comparecencia que ayer protagonizaron ambos en una concurrida rueda de prensa en la sede regional del partido en Sevilla, con la que intentaron zanjar el creciente debate sobre si la transición en la Presidencia de la Junta debería ir ya de la mano de un relevo en la jefatura del aparato partidista con la celebración inmediata de un congreso extraordinario que invista a Griñán con la aureola de líder socialista no tutelado en la sombra por Chaves.

No habrá un congreso extraordinario a corto plazo para darle al presidente de la Junta la batuta del partido, como en el entorno de Griñán se había acariciado; a cambio, Chaves, como actual líder de los socialistas andaluces y presidente del PSOE, le garantizó ayer en público que será el candidato del partido en las elecciones autonómicas de 2012 y que a esa cita electoral, Griñán llegará convertido ya en secretario general de los socialistas andaluces gracias a un congreso extraordinario convocado a tiempo para ello.

No precisaron cuándo se celebrará ese congreso extraordinario, en el que se supone que Chaves dejará también las riendas del partido a Griñán, como hizo el pasado abril con las del Gobierno autonómico. ¿Será en 2010 ó en 2011? Sólo dijeron que será antes de las elecciones autonómicas de 2012. Si Griñán sigue sin ser elegido jefe del partido en 2010 ó principios de 2011, no tendrá, al menos con legitimidad orgánica, poder de decisión sobre la formación de candidaturas para las elecciones municipales de la primavera de 2011.

El presidente de la Junta, cargo al que ascendió en abril desde el de vicepresidente autonómico después de que Chaves se marchara a Madrid como vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Administraciones Públicas, también pareció ayer que daba por aparcado el debate sobre la transición en el PSOE-A de la era Chaves a la supuesta fase Griñán. Pero, al tiempo que asumía la decisión de la dirección del PSOE de que no es hora de relevos, presentó lo acordado como una garantía hacia su persona, con la que pareció darse por satisfecho

RAJOY CONTRA LA CORRUPCIÓN: Presenta 50 medidas contra la corrupción que remitirá hoy a todos los partidos

2009-11-22T09:10:00.001+01:00

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / La estrategia del principal partido de la oposición
Rajoy propone no fraccionar los contratos

CARMEN REMÍREZ DE GANUZA

Sevilla

Mariano Rajoy quiere blindar al PP y, de paso, a todos los partidos frente a nuevos casos de corrupción. Entre las 50 propuestas que hoy remitirá al PSOE y al resto de fuerzas políticas, el presidente del PP ha incluido una reforma para «evitar el fraccionamiento y la concentración de contratos, mediante el abuso de los contratos menores».

Esto es, justamente, lo que hacían los protagonistas de la trama de Correa: trocear los contratos, de acuerdo con el concejal o el consejero autonómico, en cuantías inferiores a 12.000 euros. De esta manera sorteaban el concurso público al que, por encima de esa cifra, obliga la Ley de Contrataciones.

No por casualidad, Rajoy subrayó esta propuesta en el decálogo que ayer reveló en Sevilla, ante cientos de alcaldes y concejales del PP de toda España. «No tenemos nada que ocultar», les dijo, «y espero que los demás las discutan».

En realidad, los populares no plantean una reforma legal. Inspirados en la propia trama de Correa y El Bigotes, su fórmula es «prohibir la concurrencia de empresas del mismo grupo, excluyendo de la licitación a sociedades pantalla creadas ad hoc».

Y ello, «dando publicidad a dichos contratos a través de la web institucional y trasladándolos a la Cámara de Cuentas». Una idea que se repite en la propuesta de Rajoy de configurar un «Ayuntamiento en red», que no es otra cosa que la divulgación en internet de las actas de la comisión de gobierno local, decretos de la alcaldía, actas de los plenos o los informes de la secretaría y de la intervención.

Sin abandonar lo que, en buena medida, ha constituido el talón de Aquiles en sus propias administraciones, el PP plantea la creación de una comisión de vigilancia de la contratación que sería obligatoria en cada consistorio y que, para mayor control, estaría presidida por un concejal de la oposición.

Especialmente preocupados por atajar los abusos en las adjudicaciones irregulares, los populares inciden en que las mesas de contratación las presida un empleado público y que, al examinar las ofertas, tenga «carácter decisorio la más económica». Eso sí, advierten, «excluyendo automáticamente las bajas temerarias, entre las que superen el listón técnico mínimo».

Rajoy puso especial interés en la necesidad de modificar la normativa, para evitar la «hiperregulación», y de aprobar plazos reglados para tramitar los expedientes urbanísticos. Para él es fundamental la profesionalización de las entidades locales. Por eso propuso «fortalecer» la figura de secretarios, interventores y tesoreros, así como «reforzar» su facultad de formular «reparos de ilegalidad».

Abogó por limitar el número de cargos públicos en atención al nivel de población y de presupuesto, así como por prohibir que éstos integren los tribunales de oposición o que puedan contratar con las administraciones hasta pasados dos años de su cese, relevo o dimisión.

La oferta de pacto de Rajoy parece, en algunos puntos, un asentimiento al Gobierno más que una auténtica iniciativa. Así ocurre con su propuesta de reforma del Código Penal, para «ampliar y endurecer» los delitos de corrupción, a la que se adelantó el Consejo de Ministros con el proyecto de ley que aprobó hace 10 días.

También coincide con Zapatero en la necesidad de «ampliar los plazos de prescripción» de esos delitos. Y coincide con el Gobierno en regular el «compromiso de reintegrar a los municipios afectados los bienes incautados en los delitos de corrupción», si bien introduce una nueva aportación al reclamar un endurecimiento de las penas -también para las denuncias falsas contra los ediles- y una limitación para presentar mociones de censura en los Ayuntamientos.

El líder popular adopta el léxico del Ejecutivo socialista al proponer la reproducción de «códigos de buen Gobierno» en «todas las administraciones, así como en sus organismos y empresas públicas».

Y es que Rajoy subrayó ayer su voluntad de diálogo. En aras del pacto, pero también en aras de su estrategia para extender a todos los partidos un problema que parece haber aquejado al PP en exclusiva durante meses, su presidente se erigió ayer en adalid de la honradez de toda la clase política. Aprovechando los datos aportados por el fiscal general del Estado, dijo que los 700 cargos públicos «sometidos a investigación» no llegan al 0,7% de los 66.000 concejales y cargos electos autonómicos y nacionales que hay en España.

Tras recordar que son más los socialistas que los populares investigados, Rajoy se mostró conciliador con el PSOE en esta materia y concentró toda su crítica en la gestión del Alakrana y la crisis económica. Muchos alcaldes comentaron que Rajoy empezaba ayer a recuperar tono, iniciativa y discurso político tras la crisis interna de las últimas semanas.

El decálogo contra la corrupción

1. Fortalecer a secretarios, interventores y tesoreros.

2. Aprobar códigos de buen Gobierno en las administraciones, en sus organismos y empresas públicas.

3. Publicar en internet las actas de la comisión de gobierno, de plenos y otros.

4. Cambiar las normas para evitar «hiperregulación».

5. Crear una Comisión de Vigilancia de la Contratación obligatoria, presidida la oposición.

6. Impedir el fraccionamiento y la concentración de los contratos.

7. Que la oferta más económica sea la decisiva, excluyendo las bajas temerarias.

8. Suprimir cargos electos en tribunales de oposición.

9. Limitar la presentación de mociones de censura.

10. Ampliar los delitos de corrupción y endurecer las penas

Rita Barberá: «Los socialistas tienen un carro de imputados»

CARMEN REMÍREZ DE GANUZA

Sevilla

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se hizo ayer con el auditorio popular con un duro discurso en el que cargó contra el PSOE y contra Zapatero, a los que endosó el grueso de la corrupción y la mentira del plan E.

Admitió que los populares han pasado «unos duros meses», en relación con los casos de corrupción pero, particularmente, «a raíz de las filtraciones». Además, reconoció «el descrédito de la clase política, más que preocupante».

Aprovechando los datos que el fiscal general del Estado ha explicado en el Congreso de los Diputados, afirmó: «Los socialistas tienen un carro de imputados. Nos han querido meter en el mismo saco».

Además de aplaudir las «acertadas» propuestas de su partido contra la corrupción para «dignificar la tarea política», la alcaldesa expresó su «profunda indignación por que se eleve la excepción a categoría» y proclamó su «orgullo de ser del PP».

Por su parte, el presidente del PP de Andalucía, Javier Arenas, dijo: «El PSOE no puede dar lecciones de ética al PP. Ninguna».

CRÓNICA: Patrón Alakrana "los piratas violaron a la cocinera"/ Montilla se lleva 27.287.304 y su mujer con sus 11 cargos 20.798.250/ Vaqueros que mata

2009-11-22T07:39:00.004+01:00

EDITORIALES: El uso de Sitel debe ser regulado por ley orgánica

2009-11-21T08:50:00.001+01:00

EDITORIALES DEL DÍA
EL USO DE SITEL DEBE SER REGULADO POR LEY ORGÁNICA

LA SALA de lo Penal del Tribunal Supremo rechazó anteayer un recurso de un narcotraficante que pedía la nulidad de las actuaciones alegando un uso abusivo del sistema Sitel. El fallo, sin embargo, reconocía que la regulación de las escuchas del artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es «raquítica e insuficiente».

Hay ya cinco sentencias del Supremo que avalan la utilización de Sitel en casos concretos en los que el Alto Tribunal constata que se han grabado las conversaciones mediante orden judicial motivada y que la Policía no se ha extralimitado al conseguir las pruebas. Pero el Supremo no ha entrado en la necesidad de regular su uso mediante una ley orgánica.

Quien sí ha manifestado en reiteradas sentencias que el uso de Sitel debe ser regulado es el Tribunal de Estrasburgo, que ha recordado que sólo puede emplearse en la investigación de graves delitos y siempre con motivación y supervisión del juez. Estrasburgo ha recomendado también que el Parlamento español concrete la lista de delitos en los que puede ser empleado.

Por mucho que el ministro del Interior se canse de decir que Sitel se utiliza siempre con control judicial, parece evidente que al tratarse de un sistema que afecta a derechos fundamentales como la intimidad y la privacidad de las comunicaciones tiene que ser regulado mediante ley orgánica, como ha pedido el PP.

Así lo establece expresamente el artículo 81 de la Constitución, que señala que las leyes relativas al desarrollo de «derechos fundamentales y libertades públicas» deben ser orgánicas, es decir, aprobadas por mayoría absoluta en el Congreso. Ésta fue la voluntad del poder constituyente, que consideró que había que reforzar la protección de los derechos básicos.

Nadie niega que Sitel es un instrumento formidable para luchar contra el terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico, pero sus inmensas posibilidades hacen también posibles graves abusos, sea por fallos en el control judicial o porque la Policía se extralimita. De ahí la necesidad de una ley que regule el uso de un sistema que no es ya de interceptación telefónica sino de vigilancia electrónica, con posibilidad de acceder a mensajes por móvil, correo electrónico, cuentas bancarias, ubicación del emisor y del receptor y muchos otros datos que van más allá de las tradicionales escuchas.

Uno de los problemas que plantea Sitel es lo que los juristas llaman «dominio del acto». El juez podía hasta hace poco tiempo controlar con relativa facilidad las escuchas telefónicas convencionales pero la complejidad de la grabación, almacenamiento y selección mediante Sitel requiere una cuidadosa regulación que evite los abusos. ¿Qué se hace, por ejemplo, con la información que se graba y no se destruye? ¿Quién la custodia y dónde? ¿Cómo se puede autentificar un documento original al tratarse de un procedimiento electrónico? ¿Existen garantías de que el material no se puede manipular?

En resumen, los enormes avances tecnológicos y las posibilidades que hoy tiene el poder de controlar la vida privada de los ciudadanos aconsejan una ley orgánica que no sólo regule Sitel sino también los límites que el Estado no puede traspasar en materia de comunicaciones. Esta cuestión va mucho más allá de los intereses partidistas y entra de lleno en la calidad de una democracia, por lo que PSOE y PP deberían hacer un esfuerzo para ponerse de acuerdo en la defensa de esos derechos fundamentales

EL GOBIERNO MUESTRA SU DEBILIDAD EN GIBRALTAR:
Del ultraje a la bandera a la simpleza de Moratinos

EL REINO UNIDO pidió ayer disculpas a España por las prácticas de tiro de la Royal Navy contra una boya con la bandera española en aguas frente a Gibraltar. Aunque el incidente se produjo el martes, el Gobierno sólo reaccionó ayer, convocando al embajador británico en nuestro país, después de que EL MUNDO hiciera públicos los hechos. Estamos ante un episodio grave, porque, además de suponer una nueva violación de nuestra soberanía, es un ultraje a uno de los símbolos más importantes para cualquier Estado. Sin embargo, no parece que el Ejecutivo vaya a actuar con la necesaria contundencia diplomática. Así se desprende de las palabras del ministro de Exteriores, que no tuvo empacho en decir que todo está «perfectamente clarificado», ya que no se disparó contra la bandera, sino contra una boya. Resulta indignante que Moratinos trate, de un modo tan pueril, de restar importancia a lo ocurrido. En lugar de decir simplezas, debería trabajar para que se respete de una vez nuestra jurisdicción sobre las aguas que bañan el Peñón y Gibraltar no se siga riendo de nuestra debilidad

EL TC DEBERá PAGAR POR SUS RETRASOS INDEBIDOS:
El Supremo se vuelve a enfrentar al Constitucional
HOY AVANZAMOS una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, aún no hecha pública, cuya trascendencia para los poderes del Estado y para los ciudadanos será enorme. Porque, a partir de ahora, el Estado deberá indemnizar a cualquier persona o entidad que acredite un daño económicamente evaluable como consecuencia del funcionamiento indebido del Tribunal Constitucional. El caso examinado por el Supremo se refiere a una demanda por dilaciones indebidas, en las que tan habitualmente incurre el máximo intérprete de la Constitución. El Supremo ha acordado declarar que le corresponde a él fiscalizar si se está o no ante un supuesto de responsabilidad patrimonial del TC, una declaración que, a buen seguro, irritará al Constitucional y provocará un nuevo episodio de enfrentamiento entre ambos tribunales

PRIMERO LAS ORGíAS Y AHORA LAS COMPRAS DE PISOS:
El PP debe pedir cuentas al alcalde de La Nucía

EL ALCALDE de La Nucía (Alicante) saltó a la actualidad en las grabaciones del caso Gürtel, en las que Correa comentaba «una orgía de puta madre» montada por Bernabé Cano «con tías de su pueblo» en un local denominado «el Choco». Pues bien, según publicamos hoy, este mismo alcalde compró dos pisos en primera línea de playa, muy por debajo del precio de mercado, a un promotor que era, precisamente, el propietario del local donde Correa y los demás implicados en la trama Gürtel celebraban sus fiestas. Se da la circunstancia de que el citado empresario resultó beneficiado con adjudicaciones directas por parte del Ayuntamiento de La Nucía. A pesar de que lo que se desprendía de las grabaciones del sumario era un comportamiento impropio de un alcalde, la dirección del PP ni siquiera le pidió explicaciones. Es de suponer que al conocer a través de este periódico los manejos del alcalde, el PP tome cartas en el asunto. Porque mientras no exija a todos sus cargos públicos un comportamiento ejemplar, iniciativas como la de prohibir los regalos a los responsables políticos no serán muy creíbles.
El Mundo en dos minutos
Una actitud malvada e incoherente

LA CRISIS DEL 'ALAKRANA' : La falsa y cínica De la Vega sigue diciendo que «España no ha pagado ningún rescate» y, como siempre, ataca al PP

2009-11-21T08:49:00.002+01:00

LA CRISIS DEL 'ALAKRANA' / Rumbo a casa
Sanos y salvos en tierra firme

JOANA SOCÍAS. ENVIADA ESPECIAL

Puerto Victoria (I. Seychelles)

El Alakrana llegó ayer a puerto seguro y con él la alegría de las familias y los marineros que, por fin, se han librado del acoso de los piratas. Al menos de momento, porque tal y como comentó el patrón del atunero, Ricardo Blach, en su primera aparición ante los medios, el pesquero saldrá a faenar «lo antes posible».

Puerto Victoria se llenó ayer de emociones, lloros y abrazos. Nada más atracar en el dique de las Seychelles, a las 4.30 hora española, los familiares y los ocho marineros gallegos se fundieron en abrazos. Hoy la imagen se repetirá con las familias de los siete marineros vascos y del único andaluz, que no viajaron hasta el archipiélago africano y que a las 8.00 horas les verán por fin en Torrejón,

Los pescadores fueron recibidos por el embajador español en Etiopía, Antonio Sánchez-Benedito; el secretario general de Política de Defensa, Luis Cuesta, y el secretario general del Mar, Juan Carlos Martín, que hizo unas polémicas declaraciones al respecto del supuesto pago de un rescate. Preguntado por la cantidad, aseguró: «Desconozco la cifra, sólo sé que el Gobierno ha apoyado al armador».

El patrón, Ricardo Blach, fue el primero y único de los marinos españoles que quiso atender a la veintena de medios de comunicación congregados y lo hizo para «agradecer en especial» al embajador español en Kenia, Nicolás Martín Cinto, su trabajo en la liberación. «Gracias al Gobierno y a todo el mundo que nos ha sacado del infierno», exclamó, aferrado a su hija Cristina.

Preguntado por si volverá a navegar, Blach contestó con una sonrisa que el del Alakrana había sido su «último viaje» por cuestiones de edad, pero subrayó que, si los marineros no encuentran un «buen trabajo en tierra», tendrán que volver a faenar.

Sin duda, para Blach los 47 días de cautiverio han sido «la peor experiencia». «Nos han tratado muy mal, peor imposible», explicó, y declaró que los piratas la tomaron con él. «Ellos veían que era el que más entero estaba y había que tratar de hundirme. Me pegaban, me amarraron y 1.000 cosas más». «Yo mismo vi cómo uno de los piratas le pegaba una patada al patrón», declaró a EL MUNDO uno de los marineros africanos que ha permanecido cautivo.

Según contaron dos de los pescadores del Alakrana, los que se llevaron la peor parte fueron Blach y el capitán, Iker Galbarriatu, quienes pasaron los 47 días en el puente.

Más tranquilo se mostró Blach sobre el futuro de la pesca en el Océano Índico, dado que a partir de ahora los atuneros saldrán a faenar con agentes a bordo. «Habrá mucha más seguridad, cosa que no teníamos antes», relató.

El Alakrana llegó al puerto escoltado por la fragatas de combate Méndez Núñez y Canarias, que estarán en Seychelles hasta el martes. Fuentes cercanas a ésta última confesaron a EL MUNDO que la espera para la liberación se ha hecho eterna, sobre todo porque la Infantería española «tenía las manos atadas». Asimismo, lamentaron la «falta de medios», ya que la operación Atalanta apenas cuenta con media docena de fragatas «para vigilar 800 millas, que vienen a ser 1.600 kilómetros».

Los pescadores parecían zombis

Los primeros militares españoles que llegaron al 'Alakrana' una vez que fue abandonado por los secuestradores se encontraron con un panorama desolador. «Los pescadores parecían zombis», afirmaba uno de ellos. Habían sufrido maltrato y vejaciones durante 47 días, y en ocasiones sintieron las armas de los piratas apuntando a sus cabezas. Varios de ellos han necesitado atención médica de los equipos sanitarios de las fragatas. En los más de dos días de navegación hasta las islas Seychelles, la confraternización entre marinos y pescadores ha sido absoluta y los liberados, agradecidos, quisieron tener un detalle por el trato recibido por los tripulantes de las fragatas: les regalaron lo único que les quedaba, atún de las cámaras del barco

LA CRISIS DEL 'ALAKRANA' /
De la Vega recalca que «España no ha pagado ningún rescate» y ataca al PP

MARISA CRUZ / AGUSTÍN YANEL

Madrid

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó ayer, con la intención de decir la última palabra acerca de las dudas sobre el pago de 2,7 millones de euros para la liberación del Alakrana, que «España no ha pagado ningún rescate».

Así lo puntualizó cuando fue preguntada si se han utilizado fondos reservados para pagar a los piratas. E insistió en que «todo ha funcionado de forma razonable».

La vicepresidenta avanzó también que la próxima semana comparecerá ante el Pleno del Congreso para dar explicaciones «de todo lo acontecido a lo largo del secuestro». «Será», aseguró, «con luz y taquígrafos y transparencia democrática». Hasta entonces, pidió que «no se hagan especulaciones».

Tras felicitar a la tripulación del atunero, que hoy regresa a España, y expresar la «satisfacción» del Gobierno al ver que los marineros se han reencontrado con sus familias sanos y salvos, insistió en sus reproches al PP porque «desde el minuto uno ha intentado obtener rédito electoral de este asunto y sólo dio una pequeña tregua cuando el presidente del Gobierno hizo un llamamiento a la prudencia. Ellos han preferido criticar al Gobierno en lugar de echar una mano».

El PP cumplió ayer el anuncio que había hecho Mariano Rajoy tras la liberación del atunero y presentó en el Congreso la propuesta para reprobar a la vicepresidenta De la Vega, por los «graves errores de coordinación» durante la crisis; a la ministra de Defensa, Carme Chacón, por la tardanza en adoptar medidas para proteger a los pesqueros españoles en el Océano Índico, y al titular de Justicia, Francisco Caamaño, por la estrategia de su departamento con los dos piratas detenidos y traídos a España.

Además, el PP insistirá en este asunto el miércoles próximo en el Congreso, durante la sesión de control al Gobierno, con cinco preguntas dirigidas a la vicepresidenta primera, el ministro de Justicia y la titular de Defensa.

También solicitó la comparecencia en el Congreso de José Luis Rodríguez Zapatero y del director del Centro Nacional de Inteligencia

LA CRISIS DEL 'ALAKRANA' /
Los familiares del País Vasco no fueron a las Seychelles por «motivos personales»

Decidieron arropar a dos de las esposas, que estaban enfermas
MIKEL OTAEGI

Bilbao

Los familiares de los tripulantes del Alakrana están dolidos. Tras 47 días de incertidumbre, desesperados por la situación de los marineros del atunero bermeano, ayer se vieron envueltos, a su pesar, en una polémica: un rumor aseguraba que habían rechazado viajar a las Islas Seychelles a recibir a los suyos por tener que ir en un avión militar español.

La constante compañía de los alcaldes del PNV había alimentado la idea de que se habían prestado al juego nacionalista. Según las propias protagonistas, la verdad es muy distinta: no se han negado a volar al encuentro de sus maridos por «motivos políticos», sino por otros de índole «personal».

«Ya sabéis que he estado enferma», recuerda María Ángeles Jiménez, esposa de Gaizka Iturbe, engrasador de máquinas del atunero, que ha permanecido medicada durante el secuestro, lo mismo que la familiar de otro de los tripulantes vascos. «Por eso, nuestros maridos nos han dicho a nosotras dos que no viajáramos».

Para que ellos no fueran los únicos marineros del Alakrana a los que no recibieran sus esposas en las Seychelles, el resto de familias vascas decidió no viajar tampoco y recibirlos a todos en Madrid. «Es tan sencillo como eso. Vamos a estar todas juntas, como hemos estado desde el principio. El resto de esposas nos van a arropar a las que no podemos viajar».

«En principio éramos dos o tres familias las que no podíamos viajar, yo entre ellas». Su médico le recomendó permanecer en reposo y aún arrastra el «agotamiento» acumulado en los 47 días de «infierno» que ha vivido. «El viaje a las Seychelles es largo, muy pesado. Mi psicóloga me recomendó» que, en la medida de lo posible, «permaneciera en España».

María Ángeles Jiménez, que se desplazó ayer en autobús, junto al resto de familias, a Madrid, se pasó el día «desmintiendo el bulo». «Me parece que, sin haber llegado todavía los hombres a casa, se están vertiendo unas declaraciones vergonzosas».

«Hemos agradecido a toda la prensa, al Gobierno, a las personas anónimas que nos han apoyado». Las familias aseguraron ayer que han sido respetuosas con todo el mundo. «Yo, en mi caso, os he contestado y os he atendido a todos», señaló María Ángeles. Recordaron, además, que el primer recibimiento que se les hará a las familias será en una «base militar», lo que, a su entender, dejaría sin sentido las acusaciones de las que han sido objeto.

El de Jiménez no fue el único rumor que las familias de los secuestrados tuvieron que desmentir. Argi Galbarriatu, hermana del capitán del atunero, negó que hubieran remitido ninguna carta, ni al Ararteko (defensor del pueblo vasco), ni al Gobierno central, exigiendo que no se tome ninguna imagen del reencuentro de las familias con los marineros en Torrejón de Ardoz.

En declaraciones a Europa Press, Galbarriatu protestó contra quienes habían difundido el rumor, porque, a su entender, «con estas cosas no se puede jugar. Lo único que hemos buscado nosotros hasta ahora ha sido que volvieran los arrantzales (pescadores) a casa».

Argi Galbarriatu pidió respeto, que se les deje «tranquilos», y precisó que la decisión de acudir o no a recibirles a las Islas Seychelles la tomó «cada persona en concreto y es totalmente respetable». «Si vamos o no vamos no es porque les queremos más o menos o porque queramos ir o no con el Gobierno», concluyó

LA CRISIS DEL 'ALAKRANA' /
El PSE acusa al PNV de «manipular y mentir»

MIGUEL M. ARIZTEGI / MIKEL SEGOVIA

Bilbao

El PSE rompió ayer su silencio en torno al secuestro del Alakrana para pedir responsabilidades políticas al PNV, que no dudó en «desinformar, manipular y mentir» para atacar al Gobierno vasco en su «campaña miserable» en torno a la gestión de la resolución de la crisis. El portavoz del PSE, José Antonio Pastor, optó, además, por acusar a los nacionalistas de «no ayudar a los secuestrados, sino a los piratas».

Aprovechando una reunión en Vitoria, tanto Pastor como el diputado José María Benegas aplaudieron las gestiones lideradas por el Gobierno español para la finalización del secuestro y rechazaron las numerosas críticas vertidas tanto a sus decisiones como a sus omisiones.

Por su parte, el PNV anunció ayer que impulsará una batería de medidas en Vitoria, Madrid y Bruselas que permitan garantizar la seguridad de los atuneros vascos en el Índico y evitar «que se produzca un Alakrana tres», tras el secuestro de este pesquero y el del Playa de Bakio en abril de 2008. Medidas que impidan que se pueda repetir la «desorganización» y «el ridículo» mostrados por el Gobierno en la gestión del mismo.

«La gestión del Gobierno español ha sido desastrosa. Ha actuado tarde y mal», aseguró el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, quien además acusó al Gobierno vasco de estar «desaparecido» durante el tiempo que ha durado el secuestro. Afirmó que el Ejecutivo que preside el lehendakari no ha sabido actuar con «voz propia, con criterio propio», y se ha limitado a «intentar justificar la mala gestión de Zapatero».

LA CRISIS DEL 'ALAKRANA' /
Los otros

Pasaron tantos días secuestrados como sus compañeros de a bordo, pero a ellos no fue nadie a recibirlos a Puerto Victoria. Su suerte tampoco tuvo en vilo a todo un país. En el Alakrana, además de los 16 tripulantes españoles, viajaban otros 20 marineros de otras nacionalidades: ocho indonesios, cuatro ghaneses, tres senegaleses, dos marfileños, dos malgaches y un seychelliano. Algunos de ellos aparecen en la imagen en la cubierta del barco, observando desde la distancia el recibimiento a los privilegiados pescadores españoles. Por la pasarela ascienden el patrón, Ricardo Blach, y su hija Cristina. Ella, como el resto de familiares, renunció al hotel para pasar la noche en el atunero

SITEL: "Veo todo lo que haces y escucho todo lo que dices"

2009-11-21T08:48:00.004+01:00

Sigue la bronca del PP con Rubalcaba

>El PP no da por cerrado el reciente incidente entre su diputado Carlos Floriano y el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. El miércoles próximo, en la sesión de control al Gobierno, el diputado preguntará: «¿Tiene el ministro del Interior autorización judicial para escuchar todo lo que digo?». El ministro aseguró que, cuando comentó eso, se refería a que ve y escucha todo lo que dice «en las radios y en las teles» sobre supuestas escuchas ilegales a ese partido. Pero Floriano dice que no es verdad.

DELENDA EST HISPANIA: 153 municipios catalanes votan el 13-D por la independencia

2009-11-21T08:47:00.003+01:00

153 municipios catalanes votan el 13-D por la independencia

DANIEL G. SASTRE

Barcelona

La consulta independentista generalizada prevista para el 13 de diciembre en Cataluña toma cuerpo. La coordinadora de la consulta presentó ayer en Barcelona el protocolo de actuación que servirá para los 153 municipios que organizarán votaciones. En total, unas 630.000 personas están llamadas a responder a la misma pregunta que ya se formuló en Arenys de Munt el 13 de septiembre: «¿Está de acuerdo con que Cataluña se convierta en un Estado de Derecho independiente, democrático y social integrado en la Unión Europea?».

La comisión electoral que controlará y verificará el desarrollo de las consultas estará integrada por Josep Cruanyes (abogado e historiador), David Vinyals (promotor de la asociación Catalunya Estat Lliure), Josep Lluís Rodríguez (profesor universitario), Carme Sansa (actriz) y August Gil Matamala (abogado).

Como en Arenys de Munt, estarán autorizados a votar los mayores de 16 años que demuestren estar empadronados en los municipios donde se celebren estas consultas, incluidos los residentes europeos y los no comunitarios. Las urnas se abrirán a las 9.00 horas de la mañana y se cerrarán a las 20.00 horas.

La consulta no tiene ningún valor legal, pero los organizadores se están esforzando por darle una pátina de seriedad y rigor. Por ello, dijeron ayer, han conminado a los ayuntamientos a tener en cuenta la sentencia previa a la consulta de Arenys que prohibía a los consistorios dar apoyo explícito -también material- a las votaciones.

En cualquier caso, pusieron en duda que un Ayuntamiento no pueda facilitar un local para la celebración de una consulta «cuando sí lo hace, por ejemplo, para albergar una conferencia o una exposición».

No tuvieron empacho tampoco en invocar a la Falange para defender su derecho a promover las consultas. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) autorizó una manifestación de ese partido ultraderechista el mismo día de la consulta en Arenys porque el hecho de obligar a la formación a celebrarla en otro lugar «privaría al derecho de reunión de su finalidad legítima esencial, cual es la reivindicación o exposición de ideas de forma pública».

En cuanto a las consultas del 13 de diciembre, la Abogacía del Estado anunció a principios de mes que, como en el caso de Arenys, recurriría «una a una» los referendos en los municipios. Fuentes del Ejecutivo consideraron, además, «lógica» esta posición.

Pero los organizadores defienden su actuación: «Si la justicia se amparó en la libertad de expresión para permitir la manifestación de la Falange, pedimos que ahora no ponga trabas ante las consultas, que también sirven para ejercer la libertad de expresión», dijo ayer Josep Lluís Rodríguez. Pese a los avisos, la Abogacía del Estado no ha recurrido hasta el momento ninguna de las mociones aprobadas por plenos municipales de Cataluña para celebrar consultas soberanistas.

El delegado del Gobierno en Cataluña, Joan Rangel, no quiso ayer valorar la convocatoria de estas consultas. Fuentes de la Delegación explicaron a la agencia Europa Press que los ayuntamientos han aprobado mociones que han tenido muy en cuenta la sentencia de un juzgado de Barcelona sobre Arenys.

Los organizadores de las consultas del 13 de diciembre explicaron que el sistema informático que han diseñado centralizará los datos de participación y los resultados, garantizará que ninguna persona pueda votar dos veces y asegurará que el voto sea anónimo. Otros 55 municipios de Cataluña celebrarán su consulta en una fecha posterior.

De San Cugat del Vallés a Gerona

> Unas 630.000 personas están llamadas a pronunciarse acerca de la independencia el 13 de diciembre. Los municipios más importantes que tienen consulta ese día son San Cugat del Vallés, Arenys de Mar, Bañolas, Berga, Canet de Mar, Cardedeu, Castellar del Vallés, El Masnou, Las Franquesas, Manlleu, Premiá de Mar, Ripoll, Roses, Sant Celoni, Tárrega, Torelló, Vilafranca del Penedès, Vilanova y la Geltrú y Vic. Otras 55 localidades celebrarán la consulta más adelante. Entre ellas destaca Gerona, que será la primera capital de provincia en acoger una iniciativa de este tipo

CORRUPCIÓN SOCIALISTA EN CATALUÑA: Carme Moraira (PSC) segunda teniente de alcalde de Santa Coloma

2009-11-21T08:46:00.004+01:00

El 'caso Pretoria' se cobra la dimisión de la teniente de alcalde de Santa Coloma

JORDI RIBALAYGUE

Santa Coloma

El caso Pretoria 2 sigue dejando un reguero de víctimas políticas en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet. Si el jueves la nueva alcaldesa, Núria Parlón, cesó al imputado Pascual Vela junto a otros dos altos cargos de la confianza de Bartomeu Muñoz, ayer presentó la dimisión la teniente de alcalde de Servicios Territoriales, Carmen Moraira, una de las concejales más próximas al ex edil encarcelado. En un comunicado, el Consistorio admitió que la renuncia de Moraira se debe a la cuestionada política urbanística del municipio, encharcada por la investigación de la Audiencia Nacional.

La ex teniente y el otro concejal apresado, Manuel Dobarco, eran los ejecutores de los proyectos ideados por Muñoz, algunos de ellos citados en el auto de Baltasar Garzón. Muchos vecinos han recordado en los últimos días que los decretos de múltiples expropiaciones llevan la firma de Moraira. La ya ex regidora socialista aprobaba las licitaciones de las reformas de gran envergadura, como la polémica reconstrucción del mercado del Fondo, sobre la que también recaen las sospechas del magistrado.

Para la oposición y los grupos vecinales más críticos con el Ayuntamiento, Moraira era la correa de transmisión de Muñoz, que replicaba cualquier viso de crítica a la gestión de las transformaciones urbanísticas que se controlaban desde el Consistorio. «Ha sido la defensora de todos los proyectos», explicaba a este diario días atrás el portavoz de la plataforma Gent de Gramenet, Antoni Jaumandreu.

El nombre de la ex teniente fue uno de los cinco que el PSC barajó para ocupar la alcaldía

, aunque el poder que asumió sobre las concesiones de obras y su defensa cerrada de todos los proyectos de la época Muñoz se contaron como desventajas que le restaron opciones para promocionarse para el cargo. Aun así, fue la primera concejal que rompió el silencio de los socialistas colomenses tras el registro de la Guardia Civil para decirse «indignada» con el ex alcalde. En declaraciones a TV3, censuró con dureza a Muñoz, al que señaló diciendo que existen «muchas pruebas» que le incriminan. El concejal Esteve Serrano asumirá las funciones que desempeñaba Moraira

CORRUPCIÓN EN EL PALAU DE LA MÚSICA DE CATALUNYA: El juez investigará las auditorías ordinarias realizadas

El fiscal pidió los informes contables que no detectaron el desvío de fondos

Barcelona

Juli Solaz, el juez que investiga el desvío de fondos de la Fundación Orfeó Català-Palau de la Música, no quiere dejar ningún detalle en el aire. Por eso ha ordenado a la empresa Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, que auditaba a la institución cultural, los informes contables de los años que van desde 2000 a 2008, ya que no advirtieron indicio alguno del desvío de fondos de los gestores en esa época y principales acusados, Félix Millet y Jordi Montull.

El fiscal pidió al juez que ordenase la presentación de estas auditorías sobre la fundación, la asociación y el Consorcio Palau de la Música, las tres entidades de donde los imputados han desviado, supuestamente, unos 23 millones de euros. En un auto, el titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona pide la «aportación de las notas internas» de los auditores sobre los informes entre los años 2000 y 2008, ya que quiere investigar por qué no se detectó ningún desvío de dinero irregular de estas instituciones, cuando en las últimas auditorías de Deloitte y de la Generalitat constataron un agujero de 23 millones en el mismo periodo.

Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría analizó las cuentas anuales de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música y, en el ejercicio de 2008, también del Consorcio del Palau de la Música. Cuando se conoció la imputación de Millet y Montull, así como su confesión, la Fundación ordenó una auditoría externa, que también hizo la Intervención General de la Generalitat para el Consorcio.

Por otro lado, el conseller de Interior, Joan Saura, afirmó que el caso del Palau de la Música hubiera merecido alguna medida cautelar «más contundente». Según el conseller, la alarma social generada también hubiera merecido un trámite «más rápido» de la justicia. Saura también se refirió al caso Pretoria 2 cuando afirmó que hay opiniones que mantienen que los casos de corrupción afectan más al votante de izquierdas que al de derechas. Sin embargo, destacó que la «pretendida impunidad» ya no existe, ya que quienes han sido corruptos han ido a la cárcel

CORRUPCIÓN SOCIALISTA EN ANDALUCÍA: RAMAL DE BAENA: Las grabaciones confirman la red de facturas falsas

2009-11-21T08:44:00.004+01:00

Las grabaciones confirman la red de facturas falsas en Baena

MANUEL MARÍA BECERRO

Sevilla

Las grabaciones originales realizadas por la Policía Judicial a los cabecillas de la presunta red de facturas falsas que operaba en el Ayuntamiento cordobés de Baena -cobraban de más para pagarse fiestas en un lupanar- desmienten las acusaciones de «manipulación» realizadas por el alcalde y senador del PSOE, Luis Moreno, para criticar la investigación de la Guardia Civil y las informaciones de EL MUNDO.

Su secretario personal, Rafael Santano, y otro trabajador municipal de su plena confianza, Juan Díaz Pérez, están imputados por malversación de fondos públicos, que usaban para financiar sus visitas al club de alterne de Marbella Milady Palace.

EL MUNDO ha tenido acceso a los archivos de audio que figuran en el sumario de este escándalo de corrupción. Su audición permite confirmar que las transcripciones realizadas por los agentes son exactas, sin que quepa acusar a los agentes de la Guardia Civil de manipulación. Tampoco en las conclusiones que aparecen en sus informes, que evitan las especulaciones sobre cualquier responsabilidad en la que pudiera haber incurrido el alcalde y senador socialista.

«Estar al tanto»

La Policía Judicial, que grabó a personal de confianza de Luis Moreno tras la denuncia presentada por un empresario local -uno de los que facturaban en falso al Ayuntamiento para garantizarse más contrataciones, con la ventaja de que el secretario del alcalde siempre devolvía el IVA-, simplemente se limitó a apuntar que el senador «parece estar al tanto» de las «anomalías» contables y de las «actividades delictivas» de Rafael Santano.

«Pudieran haberse utilizado viajes inexistentes para tapar o camuflar las cuentas, estando asimismo el alcalde en conocimiento de esta irregularidad», explicaban en su informe los agentes investigadores, cuyo trabajo ha sido avalado expresamente por el Gobierno. Sin embargo, en las grabaciones del sumario se oye a Santano -igual que se lee en las transcripciones- diciéndole al otro imputado: «Yo con el alcalde tengo mis chanchullos»; o «de los 3.000 [euros] a lo mejor le doy su sueldo al alcalde, que son 1.000 y pico, y ya estoy menos vendido».

Su secretario añade sobre los chanchullos con el alcalde, textualmente: «Yo no te los puedo decir. Ahora mismo estoy vendido porque ya hoy me ha pedido dinero él. Y le he tenido que dar del mío, de mi bolsillo, porque no tengo de ese dinero que tengo que darle. Su sueldo también lo tengo hipotecado. Es que él cobra del Ayuntamiento un dinero».

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / Las ramificaciones del 'caso Gürtel'
Un alcalde de Gürtel pagó un dúplex en metálico al propietario de un club

M. GONZÁLEZ IVARS

Alicante

El alcalde de La Nucía (Alicante), el popular Bernabé Cano, y su esposa cerraron en mayo -en plena tormenta por el caso Gürtel, en el que apareció salpicado- la compra de dos pisos en primera línea de la playa de Altea. Se los adquirieron a un promotor al que el edil adjudicó en 2005 un plan urbanístico con más de 3.000 viviendas y un campo de golf. El vendedor también es dueño de un club donde El Bigotes alternaba con prostitutas.

El primero de ellos, un piso de 83 metros cuadrados valorado en 312.526 euros; y el otro, un dúplex de 160 metros tasado en 474.416 euros, que, según figura en la nota registral, pagó de sus propios recursos a través de varias transferencias. De la suma de ambos, 751.234 euros, Bernabé Cano y señora sólo están pagando una hipoteca de algo más de 180.000 euros.

La privilegiada ubicación de ambas viviendas, frente al puerto de Altea (Alicante), las convierte en un lujo reservado a las clases más pudientes. Según las inmobiliarias que operan en la zona, el precio de ambos pisos superaría el millón de euros a precios de mercado. El acuerdo de compra y las adjudicaciones a la constructora coincidirían en el tiempo, según la documentación en poder de este diario.

Las viviendas fueron adquiridas por el alcalde de La Nucía y su esposa a la empresa Rotja 2000 Promociones SA, cuyos administradores son Gerardo Martínez Riquelme y José Ignacio de la Serna de la Garma, ambos empresarios de la construcción con intereses urbanísticos en el municipio y propietarios de txokos -clubes gastronómicos- donde se han celebrado fiestas con sexo en las que, según figura en el sumario del caso Gürtel, participaron Francisco Correa y Álvaro Pérez, El Bigotes, entre otros.

En un pasaje de las conversaciones intervenidas, Correa afirmó que Bernabé Cano les iba a montar «una fiesta de puta madre con tías impresionantes». El alcalde ha admitido públicamente su amistad con El Bigotes.

El primer edil inició los pagos para la adquisición de las dos viviendas poco antes de que el Ayuntamiento de La Nucía diera la condición de urbanizador del PAI de La Serreta, junto a otras dos empresas, a la compañía Cases del Pinar SL, cuyo consejero delegado es Gerardo Martínez Riquelme, a quien el propio alcalde le compra los dos inmuebles.

El otro empresario de la promotora de los pisos adquiridos por Cano es José Ignacio de la Serna.

En el caso del dúplex de 160 metros cuadrados -que está ubicado en las plantas cuarta y quinta del edificio-, el munícipe hizo un primer pago en efectivo de 6.430 euros en la cuenta de la promotora el 3 de marzo de 2004; 52.430 euros el 11 de febrero de 2005; y 50.422 euros en diciembre de 2005, mediante transferencia y sin «poderlo justificar», según la nota registral. Y en cuanto a la cantidad restante, 360.106 euros, la pagó mediante un cheque bancario nominativo a la entidad vendedora. Es decir, en este primer caso no tuvo que recurrir al crédito.

En cuanto al otro piso, situado en la parte inferior del edificio, en la tercera planta, su precio de compra fue de 312.526 euros más IVA (336.523 euros).

En esta operación, Bernabé Cano hizo los siguientes pagos: 106.011 euros mediante transferencia realizada en 2005 «sin que lo acredite», según figura en la nota registral, y 67.650 euros mediante cheque nominativo. Para abonar el resto, el matrimonio subrogó una hipoteca del Banco Guipuzcoano, que asciende a más de 180.000 euros. En esta operación hipotecaria, se incluye una plaza de garaje.

Gerardo Martínez Riquelme también era propietario de suelo en otro plan urbanístico que apareció en las conversaciones del caso Gürtel. Se trata del PAI de Pie de Monte.

«Gozamos de buena situación»

M.G. / Alicante

Bernabé Cano asegura que la compra de las dos viviendas está clara y que puede justificar los pagos. El abono de los más de 750.000 euros (más IVA) se hizo, según él, como sigue: 215.000 euros en aportaciones que recibió de su madre; 180.000 euros en un crédito hipotecario y el resto, aproximadamente unos 356.000 euros, que aportó de sus propios recursos y los de su esposa.

«Ambas familias hemos gozado siempre de una buena situación económica; eso lo saben en el pueblo», aseguró Cano interpelado por EL MUNDO.

El alcalde expuso que recibió las donaciones de su madre después de que ésta vendiera unos terrenos en La Nucía por valor de algo más de 850.000 euros. De esta cantidad, Cano recibió dos donaciones, una de ellas de 109.000 euros, que destinó a la compra del dúplex. En concreto, se refiere a los pagos de 6.430 euros; 52.430 euros y 50.422 euros que Cano y su esposa hicieron a la promotora de Rotja 2000 Promociones SA.

El resto hasta completar los 438.708 (más IVA) que costaba el doble piso en primera línea de playa lo asumió el propio matrimonio, con unos 360.000 euros de sus recursos, «que se pueden justificar sin ningún tipo de problema con los recibos de las transferencias y su origen», según explicó.

En cuanto a la otra vivienda, Cano aportó una primera transferencia de 106.011 euros, cantidad que coincide, según su testimonio, con la segunda aportación que le hizo su madre a través de escritura pública.

La otra aportación -67.650 euros- procedería del matrimonio y la cantidad restante -180.000 euros- son los que Cano y su mujer pagaron con una hipoteca. «No tengo nada que ocultar; tanto mi mujer como yo tenemos nuestros propios trabajos y los recursos los hemos aportado de ahí. Cano es médico de profesión y alcalde desde 1999. Su esposa tiene una gestoría en Altea.

Las orgías de los 'txokos' y la conexión con Francisco Correa

Alicante

Los dos empresarios a los que el alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, adquirió sus dos inmuebles son Gerardo Martínez Riquelme y José Ignacio de la Serna de la Garma, los propietarios de dos txokos -clubes gastronómicos- donde los capos de Gürtel organizaban fiestas con prostitutas y políticos.

De hecho, en el sumario se mencionan estas fiestas desenfrenadas en las que no faltaba el sexo. «Todos los demás estaban allí en pelotas, cada uno con una tía», detalla Francisco Correa en una conversación en la que relata los pormenores de una fiesta en la que supuestamente estaba Cano, del que se consideraba «amigo íntimo».

«Bernabé nos dijo que él les iba a montar una [fiesta] de puta madre con tías en su pueblo, cinco tías impresionantes», dijo el líder de la trama. Al parecer, las mujeres que acudieron al chalé eran de Europa del Este, según Correa.

En un encuentro mantenido en un hotel de Madrid en 2006 con su hombre fuerte en Valencia, Álvaro Pérez El Bigotes, el ex edil de Majadahonda, Juan José Moreno, y el denunciante de la trama, José Luis Peñas, Correa les puso al corriente de su amistad con Cano y del singular local en el que cerrarían la recalificación de un PAI bloqueado por motivos medioambientales. El acuerdo se alcanzaría, según las grabaciones, en un establecimiento «cuasisecreto» y dotado de «suite, salón y cocina». Este lugar no era otro que el txoko del empresario Gerardo Martínez Riquelme, al que Cano compró los dos pisos.

En la misma conversación, Correa asegura que, «negociando en Valencia», él y su «amigo íntimo» -como se refiere a Cano- cerraron un restaurante y que el edil nuciero montó un «tinglado con tías buenas». En la misma conversación, el cerebro de Gürtel se refiere a una inmigrante ilegal de nacionalidad rusa. «Hablo con mi amigo Carlos Clemente y le soluciono el tema de los papeles», apunta.

Negociación de un terreno

Pero ésta no es la única alusión a los txokos en los pinchazos telefónicos. Correa también se refiere a estos locales en otra conversación con Pablo Crespo en la que hablan de un viaje a Alicante al que asistirían El Bigotes, Ramón Blanco y el propio Crespo, que explica que irán al citado local y que visitarán los terrenos con Bernabé Cano.

Finalmente, el PAI no se cerró porque los tribunales tumbaron el proyecto al no tener garantizado el suministro de agua.

Otro de los inmuebles es propiedad del constructor José Ignacio de la Serna y funciona como un punto de encuentro para reuniones entre empresarios y políticos.

En la comarca alicantina de la Marina Baja, en la que está ubicada La Nucía, los dos txokos son bastante conocidos, sobre todo por empresarios y ejecutivos

INCONSTITUCIONAL ESTATUT: El Tripartit a la greña. Montilla ahora desautoriza a su consejero Saura

2009-11-21T08:43:00.001+01:00

Montilla desautoriza a Saura por pedir la dimisión del TC

XIANA SICCARDI

Barcelona

Los distintos puntos de vista entre PSC e ICV volvieron a mostrarse ayer en relación al Estatut. Tanto es así, que el presidente catalán, José Montilla, desautorizó a su conseller de Interior, el ecosocialista Joan Saura, quien había dicho, por la mañana, que los miembros del Tribunal Constitucional (TC) deberían dimitir «en bloque» ante la tardanza de la sentencia del Estatut, motivada por diferencias de criterios. En una conferencia en Madrid, Saura subrayó que «existe división» en el Constitucional sobre el Estatut, y que «ante el bloqueo» de la sentencia, «la incapacidad» y «las interferencias», sería «importante que el TC, en un gesto de valentía, dimitiera y facilitara su renovación». En su opinión, «existe una división en el TC, en buena parte, con claras influencias políticas».

Sus declaraciones no pasaron desapercibidas. Pocas horas más tarde, el presidente Montilla discrepó de su punto de vista, diciendo que hablaba en calidad de presidente de su partido, Iniciativa per Catalunya. No obstante, la agenda del Gobierno catalán era clara: «El conseller de Interior, Relaciones Institucionales y Participación, Joan Saura, analizará el despliegue del nuevo Estatut y la situación creada por el retraso de la sentencia del TC, dentro del ciclo Fórum Europa».

El diputado del PSC David Pérez recordó que la posición socialista es «bien conocida»: «No compartimos esta propuesta». Montilla, por su parte, pidió al TC que dicte la sentencia del Estatut «lo antes posible» y que «diga que es constitucional». «Lo que debería hacer el TC es agilizar sus trabajos y dictar sentencia. E intentar no hacer de tercera cámara y sentenciar que el Estatut es plenamente constitucional. Es lo que creo que espera la sociedad catalana», afirmó.

El diputado del PP en el Parlamento catalán Josep Llobet tildó de «irresponsable» la petición de dimisión a todos los miembros del Tribunal Constitucional formulada por el conseller.

STOP A LA CORRUPCIÓN: Para frenarla el PP propone un Pacto mde

2009-11-21T08:42:00.003+01:00

El PP pide que se prohíba recibir regalos

Reclama un «compromiso» político en su propuesta de pacto anticorrupción

CARMEN REMÍREZ DE GANUZA

Sevilla

El PP propone prohibir a los cargos electos y personal al servicio de la Administración la «aceptación» de regalos... pero exceptúa «los que respondan, por su importe o causa, a los usos y costumbres sociales». Así se expresa el documento de «bases» para su anunciada oferta de Pacto Anticorrupción, que han preparado en la Intermunicipal reunida en Sevilla, y que hoy terminará de concretar Mariano Rajoy.

El grado de ambigüedad que los populares aplican al capítulo de los regalos -que tanto ha lastrado la imagen del partido a cuenta de los trajes de Francisco Camps- se repite en la mayoría de las propuestas. Al igual que condena los regalos dejando la puerta abierta a usos sociales, como el de la Navidad, pide «la más amplia concurrencia» para las adjudicaciones de contratos, sin comprometerse con ningún cambio específico de la Ley de Contratos de las Administraciones que, por ejemplo, la propia trama Gürtel sorteaba, con el sistema de sumar adjudicaciones directas inferiores a 12.000 euros.

Pero, a la espera de lo que hoy anuncie Rajoy, lo cierto es que el principal partido de la oposición ha articulado la primera respuesta de reforma frente a una lacra de la que es parte afectada. Y eso que, de hacer caso a la vicesecretaria Ana Mato, citando «al fiscal general del Estado», «hay más casos de corrupción en el PSOE que en el PP».

El control sobre las actividades de los cargos electos es uno de los capítulos más mimados en el documento. Además de estrechar el cerco sobre los regalos, quieren que se hagan públicas sus retribuciones íntegras y sus declaraciones de bienes; que se traslade al Registro de Bienes e Intereses sus cambios patrimoniales o de actividades «en el plazo de dos meses»; que se homologuen sus retribuciones; que se limite su actual compatibilidad de actividades públicas y privadas hasta «los términos municipales limítrofes», y que se reduzcan los gastos de protocolo, parque móvil, teléfono móvil y viajes.

Por otra parte, el documento incide en el Pacto Antitransfuguismo como un vehículo contra la corrupción. Piden, entre otros, un compromiso de los líderes políticos para no incluir en sus listas a los tránsfugas y que no tengan «un papel ejecutivo» tras la moción de censura. Además, quieren impedir que los cargos que se encuentren en prisión provisional «sigan ostentando responsabilidades ejecutivas». Esta última propuesta parece hecha a medida del alcalde socialista de Santa Coloma de Gramanet, Bartomeu Muñoz, o de la alcaldesa de La Muela (Zaragoza), María Victoria Pinilla (PAR). Claro que el PP también ha tenido su ejemplo en Totana (Murcia), en febrero pasado.

Entre las medidas que el PP propondrá al PSOE y al resto de fuerzas, la que tendrá más aceptación social es la de buscar un «compromiso de reintegrar a los municipios afectados los bienes incautados».

Uno de los ejes del documento es la profesionalización de los ayuntamientos. Así, propone garantizar la cobertura de todas las plazas por oposición y limitar la interinidad. Además, pide atribuir la presidencia de las mesas de contratación a un empleado público de carrera.

El PP lo desautoriza y reitera que no quiere que se anule el sumario

«Queremos llegar hasta el final, depurando responsabilidades»

CARMEN REMÍREZ DE GANUZA

Sevilla

La dirección nacional del PP y la Generalitat Valenciana vivieron ayer, como mínimo, un nuevo episodio de descoordinación. Aunque, en realidad, lo que se produjo desde Génova fue una desautorización en toda regla a Francisco Camps por haber sugerido, a través de su portavoz, que la ilegalidad del sistema de escuchas Sitel podría desembocar en la nulidad del caso Gürtel.

Desde el día anterior y durante toda la jornada de la Intermunicipal, en Sevilla, el gabinete de Comunicación se dedicó a negar esta misma tesis. En su empeño por reconducir la polémica política sobre Sitel, tras la bronca mantenida con el ministro del Interior en los pasillos del Congreso y las dudas generadas por la última sentencia del Tribunal Supremo, los populares se emplearon a fondo en abandonar las sospechas sobre las escuchas o la contaminación procesal de los procesos, y en reclamar sólo una ley orgánica. Así que, conocida la pretensión de la Generalitat, el vicesecretario de comunicación, Esteban González Pons, no dudó en declarar con carácter oficial: «El PP no quiere que se anule el procedimiento de Gürtel en ningún caso; primero, porque dejaría una sombra de sospecha; segundo, porque queremos llegar hasta el final, depurando responsabilidades políticas y penales, y tercero, porque nuestra lucha por la legalización de Sitel es en favor de los inocentes que son tratados como sospechosos y no por los sospechosos que quieren ser tratados como inocentes».

Camps pedirá la nulidad de 'Gürtel' si se vulneraron sus derechos con Sitel

El Gobierno valenciano solicitaría el archivo de la parte que afecta a su presidente

MARIANO GASPARET

Valencia

La consejera de Justicia y portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, concatenó ayer varias condicionales para inferir -o anunciar- que la Generalitat se plantea solicitar la anulación de la parte del sumario Gürtel que afecta a Francisco Camps si en la captación de sus conversaciones se vulneraron sus derechos fundamentales.

Aunque se trata de una cuestión sobre la que el Consell «aún no se puede pronunciar», según dijo la portavoz, no parece aventurado afirmar que cualquier iniciativa al respecto partiría del abogado del presidente, Javier Boix, antes que de la propia Generalitat. Sin embargo, las declaraciones de Sánchez de León cobraron mucha relevancia al albur del enfrentamiento que mantienen PP y Gobierno central por la utilización en las investigaciones policiales del polémico sistema de escuchas Sitel, una compleja tecnología de captación de comunicaciones cuyo uso -como mínimo- tensa derechos constitucionales.

El PP no critica Sitel, pero sí el modo en que se utiliza, por lo que ha solicitado que se regule su utilización mediante una ley orgánica. El jueves, de hecho, el vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, ya explicó que los populares «no quieren que se anule el juicio sobre Gürtel por culpa de Sitel porque eso dejaría una nube de sospecha».

No obstante, si en las grabaciones a Camps se utilizó esta tecnología, y «si se llegara a demostrar que han sido vulnerados derechos fundamentales -matizó Sánchez de León-, ejerceríamos aquellas acciones que fueran necesarias para restituir los derechos vulnerados del presidente de la Generalitat». Si esta hipotética vulneración de derechos «fuera motivo para suspender, por supuesto que pediríamos la suspensión, la nulidad de actuaciones», precisó la consejera de Justicia.

En opinión del Gobierno valenciano, «entendemos que no hay una suficiente regulación» ni «están suficientemente garantizados los derechos fundamentales, no por el sistema Sitel, sino por la forma en que se está aplicando». No obstante, el Tribunal Supremo ya ha avalado en cinco sentencias el modo en que se ha utilizado esta tecnología, que curiosamente fue adquirida por Mariano Rajoy, cuando era ministro del Interior, por 13 millones de euros.

Preguntada sobre la documentación que el juez Pedreira ha reclamado a la Generalitat y a sus organismos públicos en el marco de la investigación sobre Gürtel en el Tribunal Superior de Madrid (TSJM), Sánchez de León respondió que requirió «documentación sobre la Fundación V Encuentro», encargada de gestionar la visita del Papa a Valencia en 2006. Pedreira también pidió el contrato entre RTVV y la empresa Teconsa, que cubrió el sonido de la visita de Benedicto XVI

ROSA Díez: «UPyD es el único partido que defiende al Estado» frente a PSOE y PP

2009-11-21T08:41:00.001+01:00

Díez: «UPyD es el único partido que defiende al Estado» frente a PSOE y PP

Su informe de gestión, aprobado por un 77,3% de los votos en la apertura del congreso

LUIS ÁNGEL SANZ

Madrid

Rosa Díez abrió ayer el I Congreso de Unión Progreso y Democracia (UPyD) con la intención de dotar a su partido de una estructura que lo convierta «en la tercera fuerza política» de España. Pero lo hizo en un congreso con una importante presencia de críticos que, capitaneados por Valia Merino, que lidera una lista alternativa, se hicieron presentes desde el inicio.

La portavoz del partido defendió su informe de gestión ante el cónclave, que se celebra en el Palacio de Congresos de Madrid, y destacó el carácter continuista con la política desarrollada en los últimos dos años. En el mismo, presentó a su partido como el único «que defiende al Estado» frente al PSOE y el PP, que, según dijo, renunciaron hace tiempo a hacerlo.

Su gestión fue aprobada, en votación a mano alzada, por 341 votos a favor (77,33%), 57 en contra (12,92%) y 43 abstenciones (9,75%).

Díez aseguró que ni socialistas ni populares «son capaces de defender la unidad de la nación española como instrumento para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos, la cohesión y la competividad de nuestro país». El primero, el PSOE, por «su propia decisión de dejar de ser lo que fue a lo largo de toda su historia» para «convertirse en una federación de partidos». El segundo, el PP, porque «se ha convertido en la alianza de las derechas autónomas».

«Ni el PSOE ni el PP tienen ya un discurso nacional», argumentó frente a los delegados presentes. «Ni en política educativa, ni en política económica, ni en política fiscal, ni en política sanitaria... En nada», recalcó.

Díez apuntó que su partido ha hecho posible «que hayamos roto el maleficio y en sólo dos años nos hayamos convertido en la tercera fuerza política nacional» (en las europeas, aún fue la cuarta, a 130.000 votos de IU) y adelantó que ahora tiene por delante «unas perspectivas fantásticas». «No sé lo que ocurrirá desde el punto de vista electoral en el corto plazo; pero entre los ciudadanos crece el respeto y la confianza en nosotros», dijo.

La portavoz del partido, que se presentará mañana a la reelección, lanzó varios guiños a los críticos que durante meses han denunciado su excesivo poder y aseguró que es su intención «dar protagonismo a los afiliados» y fomentar la «democracia interna». Precisamente por una supuesta falta de democracia, varios miembros fundadores, como Mikel Buesa, dieron hace meses el portazo y salieron de UPyD. Y por ese mismo motivo, el candidato alternativo, Valia Merino, se ha decidido a presentar una candidatura sin posibilidades de salir elegida, pero que servirá como termómetro interno para medir el grado de cohesión conseguido por Díez en dos años.

Tras la exposición del informe, 14 delegados solicitaron intervenir a favor del mismo y cinco en contra. El debate se produjo a puerta cerrada y en el mismo se escucharon gruesas críticas a la gestión de Díez y su equipo.

Tras la votación, Díez se mostró «muy contenta» por el apoyo alcanzado y agradeció «tanto las intervenciones a favor como las que se han producido en contra».

Merino, sin embargo, reconoció a este diario que cree que su lista -que se votará hoy a través de internet desde las sedes de UPyD en toda España- no tiene «ninguna posibilidad» porque, según él, el modelo de congreso «prefabricado por la dirección» es «plebliscitario» a favor o en contra de Díez.

Tres opiniones de España

>Fernando Savater: El fundador de UPyD dijo que su partido es «de los ciudadanos, no de los territorios» y aseguró que «la concepción nacionalista o regionalista» reduce a los ciudadanos a ser «siervos de la gleba».

>Francisco Sosa Wagner: El eurodiputado aseguró que la democracia española «está dormida» y la función de UPyD debe ser «despertarla». «Estamos creando nacionalismos artificiales», dijo y España está yendo, añadió, en la dirección contraria de la que va el mundo.

>Álvaro Pombo: En una intervención sarcástica y caótica, explicó que en España hay «una gran falta de seriedad política» y la escenificó con «dos ejemplos» de lo que llamó «lo ridículo» -como la liberación del 'Alakrana'- y «lo cursi», para lo que citó la imagen de Francisco Camps en un Ferrari junto a Fernando Alonso y Rita Barberá

ECONOMÍA: El campo español se paraliza paramanifestarse

2009-11-21T08:30:00.001+01:00

LA SANGRÍA DEL PARO / Las movilizaciones
El campo español se paraliza para reclamar auxilio al Gobierno

CARMEN LLORENTE

Madrid

El secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, sufrió ayer en carne propia la ira y frustración de los agricultores ante la situación de desesperación del sector agrario y ganadero, que sufre la mayor crisis de toda su historia. En el primer día de huelga general del campo, el brazo derecho de la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, fue abucheado, zarandeado y empujado por un grupo de manifestantes de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) en Segovia.

Al grito de «sinvergüenza, chorizo y traidor», más de una docena de agricultores intentó agredir a Puxeu, que pese a la fuerte presencia policial y en el corto trayecto desde la sede del PSOE de Segovia al coche oficial, recibió varios empujones. Fue éste el principal incidente, en una jornada en la que más de dos millones de agricultores y ganaderos de toda España dejaron su trabajo y salieron a las carreteras y ciudades para gritar al Gobierno «basta ya» y exigirle medidas urgentes para frenar la agonía que vive el sector.

Las protestas de los agricultores provocaron cortes en las carreteras en varias comunidades autónomas, especialmente en La Rioja, donde más de 1.500 tractores dejaron prácticamente sitiada durante varias horas Logroño, al cortar de forma intermitente seis puntos de las carreteras en Aldeanueva, Calahorra, Santo Domingo, Briones y Rincón de Soto.

Las tractoradas también provocaron cortes y grandes retenciones en algunas carreteras de Cataluña, en la N-I a la altura de Burgos y en la comunidad Navarra.

Paralelamente, ayer en la plaza mayor de muchas ciudades y pueblos de toda España, se vivieron multitudinarias manifestaciones, que en algunos casos estuvieron agasajadas con el reparto gratuito de frutas y verduras.

«Ha sido un éxito rotundo. Más del 90% de las cooperativas agrarias ha paralizado su actividad. También se han unido a la protesta y han dejado de trabajar muchas empresas auxiliares del sector agrícola», afirmó Pedro Barato, presidente de Asaja, la primera patronal agraria del sector, quien pronosticó para hoy «una manifestación agraria sin precedentes en la capital de España».

Por primera vez, las tres principales organizaciones agrarias, Asaja, Coag, UPA, las 3.200 cooperativas agroalimentarias que hay en el país y las asociaciones de regantes han unido sus fuerzas para manifestarse conjuntamente y exigir al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero medidas para frenar la «megacrisis» que vive el sector, golpeado por unos precios en origen cada vez más bajos mientras que los impuestos, las tarifas energéticas y el agua no dejan de subir. Así, mientras los agricultores perciben por sus frutas y hortalizas precios desconocidos en más de 30 años, los costes de producción se han elevado en más de un 35%.

«No hay una sola actividad dentro del sector agrícola y ganadero que se salve de la crisis. Nunca en la historia había pasado esto», afirma Barato.

La protesta se coronará hoy con la manifestación en Madrid de más de 100.000 agricultores que llegarán a la capital de todos los puntos de España y que frente al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Marino y Rural harán oír su voz alta y clara. «Queremos un pacto de Estado para poner freno al desmantelamiento del campo español», anuncia Miguel López, presidente de Coag.

Los productores agrarios afirman que Zapatero se ha olvidado totalmente del campo, un sector estratégico en la economía española. «No existe una política o una estrategia agrícola por parte del Gobierno», clamó el secretario de Organización de UPA, Marcos Alarcón.

En los tres últimos años, la renta del sector agrario ha bajado un 26% y se han destruido 124.000 empleos. En total, en España hay 1,2 millones de explotaciones agrarias en las que, directa o indirectamente, dan empleo a más de cinco millones de personas. Sin embargo, de no llevar a cabo de forma inmediata medidas claras, las patronales agrarias vaticinan la desaparición de muchos puestos de trabajo.

Además de exigir precios justos para los productos, las organizaciones reclaman mayor transparencia en los precios de los insumos agrarios; una fiscalidad adecuada; un plan de financiación y refinanciación del sector y el establecimiento de una Política Agrícola Común (PAC) más allá de 2013.

P&R

El porqué de la huelga

C. LL. / Madrid

Los agricultores y ganaderos españoles han convocado un paro general, golpeados por una situación económica que consideran «insostenible» y piden una rápida actuación del Gobierno.

¿Por qué por primera vez en la historia los agricultores se han unido para protestar ante el Gobierno?

Porque los productores agrarios no pueden soportar más unos precios en origen por los suelos mientras que los costes de producción no dejan de subir. La patronal Asaja afirma que de seguir en esta situación en España desaparecerán el cultivo de cereales, el olivar tradicional y la ganadería.

¿Qué piden los agricultores?

Un pacto de Estado. Que todos los partidos se pongan de acuerdo para poner en marcha y de forma urgente un paquete de medidas que frene el rápido declive del sector agrícola y ganadero.

¿Cuál es la principal medida que piden los productores?

Que se fijen unos precios mínimos para frenar los abusos que ejercen los grandes grupos de distribución, que suelen recurrir a la exportación de productos agrícolas de otros países para forzar una bajada de los precios en España.

¿Cuáles son las demandas económicas de los agricultores?

Condiciones especiales para poder refinanciar las grandes deudas que han acometido en los últimos años para modernizar sus producciones y un recorte de las cargas fiscales

LA SANGRÍA DEL PARO / Las demandas
Trabajo desoye a los autónomos y limita a 6 meses su seguro de paro

JUAN EMILIO MAÍLLO

Madrid

De nada han servido las negociaciones ni la documentación que se le ha puesto encima de la mesa. El Gobierno no se ha movido de su posición inicial y ha limitado a seis meses el periodo máximo en que un autónomo podrá cobrar la prestación por desempleo, una cuarta parte que un asalariado. Percibirá el 70% de su base reguladora.

Para cobrar seis meses deberá haber cotizado tres años. El sistema tiene un carácter mixto, voluntario para unos autónomos y obligatorio para los que ya cotizan por accidentes de trabajo y para los autónomos económicamente dependientes (son los que reciben la mayoría de sus ingresos de un único pagador). Inicialmente, la cifra de población que se podrá acoger al mismo ronda el medio millón, si bien el Gobierno augura que llegará al millón de forma rápida.

Pese a ello, la estimación del Ejecutivo, según la memoria económica que acompaña al anteproyecto de ley que ayer se remitió a consultas, es que quienes realmente cobren la prestación sean unos 27.000 emprendedores que se vean obligados a cerrar su negocio.

El Gobierno no detalló ayer las causas para ser beneficiario, pero en su propuesta habla de caídas de ingresos de más del 40% o el cese del contrato en el caso de los autónomos económicamente dependientes.

Las dos mayores asociaciones de autónomos, ATA y UPTA (vinculada a UGT), aunque dieron la bienvenida a esta nueva protección, denunciaron que se queda corta, sobre todo en el plazo de duración de la prestación.

Entre ellas también hay discrepancias. Mientras ATA es partidaria, dado que el sistema es voluntario, de elevar algo más la cotización (los autónomos pagarán inicialmente un 1% de recargo) a cambio de extender el plazo de la prestación. UPTA, sin embargo, considera que, con la actual coyuntura de crisis, sería difícil para los autónomos soportar un coste adicional.

Las críticas al Gobierno también llegaron del lado político. El portavoz de Trabajo del PP en el Congreso, José Eugenio Azpíroz, tachó de «cicatero» al Ejecutivo y mostró su «sorpresa» por haber desatendido las propuestas del sector. Carles Campuzano, de CiU, lamentó que se apruebe un sistema que «llega tarde» -los autónomos no cobrarán el paro, como pronto, hasta bien entrado 2011- y con «demasiadas» restricciones.

Tanto PP como CiU anunciaron que, cuando el sistema llegue al Congreso en forma de proyecto de ley tratarán de mejorarlo con las reivindicaciones de los autónomos.

Desde el Gobierno, por su parte, el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, dijo a Servimedia que, aunque «podemos habernos equivocado», el Ejecutivo considera que el sistema elegido, de carácter voluntario y con una cuota pequeña, es la mejor opción. Admitió, además, que había un «rechazo frontal» de la patronal de empresarios CEOE a crear un sistema universal.

El nuevo plan de Corbacho

>Los trabajadores autónomos que cesen en su actividad de manera involuntaria tendrán un sistema de protección que va de los dos a los seis meses.

>La cuantía del subsidio, durante todo el periodo de disfrute será del 70% de la base por la que venía cotizando durante los 12 meses anteriores al cese.

>Sobre la base de 833,40 euros mensuales para 2009, la prestación alcanzaría los 583,38 euros. La máxima puede llegar a 1.383,9 euros en el caso de tener dos o más hijos. Se ha establecido un tipo de cotización del 1,5% de la base

FIRMAS: Federico Jiménez Losantos: Las 4 esquinas

2009-11-21T08:29:00.000+01:00

EDITORIALES: Una ofensa que no puede quedar sin respuesta

2009-11-20T09:30:00.001+01:00

EDITORIALES DEL DÍA
UNA OFENSA QUE NO PUEDE QUEDAR SIN RESPUESTA

QUE LA ARMADA británica se dedique a hacer prácticas de tiro frente a la costa de Gibraltar y lo haga utilizando como diana la bandera española es una doble provocación que debe llevar de inmediato al Gobierno a pedir explicaciones a las autoridades de las Islas. Llueve además sobre mojado. Tal y como EL MUNDO reveló este lunes, desde el verano han sido frecuentes los casos en los que las patrulleras de la Royal Navy han hostigado a las españolas frente al Peñón. ¿Es casualidad que, sólo un día después de denunciarlo en nuestra portada, las ametralladoras británicas afinaran su puntería en la zona disparando a la enseña de España?

Hasta ahora, las autoridades de nuestro país han hecho la vista gorda ante estos incidentes, limitándose a pedir a los agentes de la Guardia Civil que eviten el enfrentamiento y redacten informes sobre los hechos. Según esos informes, sus naves han sido interceptadas en varias ocasiones por buques británicos, que han llegado a bloquear su paso de forma intimidatoria.

Son habituales las protestas oficiales de España ante Londres por este tipo de hechos. Pero sólo un mal entendido sentido de la prudencia puede haber llevado al Ministerio de Asuntos Exteriores a no ser más enérgico, sobre todo cuando se ha producido una escalada de tensión por parte británica. Al consentir que la Royal Navy actúe así, el Gobierno comete dos errores. Permite que, de facto, Gran Bretaña se enseñoree de aguas españolas. Esa apropiación de nuestra zona marítima ha impedido ya en algún caso que las embarcaciones de la Guardia Civil realizaran tareas de vigilancia en la zona, obstaculizando así actuaciones para prevenir el narcotráfico. Cabe recordar que el Tratado de Utrecht estipula la cesión del Peñón, pero no de las aguas limítrofes.

Por otra parte, al aceptar la política de hechos consumados que impone la Armada británica se le da pie a que se envalentone y se reafirme en su actitud. Quizás eso ha influido en el ánimo de quienes el martes decidieron colocar una boya con la bandera española para tirotearla. Desde luego, sorprende que barcos de guerra hagan prácticas de tiro en una zona de tanto tráfico como es la del Estrecho, a menos que el objetivo sea simple y llanamente el de la provocación.

Toda vez que Zapatero ha sido el presidente español que más concesiones ha hecho a Gran Bretaña en el conflicto con Gibraltar -permitiendo incluso la primera visita oficial de un ministro de Exteriores a la colonia- y dado que no ha obtenido contrapartidas a cambio, tal vez ha llegado el momento de que el Gobierno español se replantee la estrategia. Por lo pronto, debería solicitar formalmente a Londres que abra una investigación sobre los hechos y, llegado el caso, sancione a los responsables, pida disculpas y obtenga el compromiso de que episodios así no se volverán a repetir.

Es impropio e insultante que militares de un país elijan como blanco de tiro la bandera de otro, pero resulta absolutamente inadmisible cuando hablamos de dos estados aliados y socios de la Unión Europea. Más aún, cabría añadir, después de que el presidente Zapatero haya apoyado a una británica prácticamente desconocida para ser la nueva superministra de Exteriores de la UE.

Por el bien de las relaciones bilaterales, el Gobierno británico debe dar cuanto antes una explicación convincente a España

DECEPCIONANTE ACUERDO DE LOS VEINTISIETE:
Dos pilotos para Europa sin carisma ni pujanza

NI TIMONEL ni rumbo a seguir. La Unión Europea ha vuelto a encallar con la elección del primer ministro belga, Herman Van Rompuy, como primer presidente estable, y de la comisaria británica, Catherine Ashton, como superministra de Exteriores. El acuerdo alcanzado ayer por los líderes de los Veintisiete resulta muy decepcionante, porque confirma el peor presagio: no hay voluntad de crear una UE fuerte. De ahí el nombramiento de una baronesa sin apenas experiencia, que responde a una cuota de género ofensiva para cualquiera -y en especial para las mujeres-, y de Van Rompuy, un político sin carisma y desconocido, que, si bien cuenta con un currículum meritorio, tiene un perfil muy alejado del que necesita Europa para devolver a los ciudadanos la ilusión en el proyecto comunitario. Porque su cargo exige una personalidad con encanto y autoridad para tratar de tú a tú a los líderes mundiales. Pero claro, ni Alemania, ni Francia, ni nadie, quiere dirigentes que les hagan sombra, y con Van Rompuy lo tienen garantizado, a costa, eso sí, de que Europa siga instalada en la irrelevancia internacional

NOS CUENTAN QUE... Fredrik Reinfeldt, el primer ministro sueco, afrontó anoche una difícil tarea en Bruselas. Cerrar el nombramiento del presidente y el superministro de Exteriores de la UE resultaba complicado, pero aún más lo era convencer a sus 26 colegas de las bondades de la gastronomía nórdica, ya que su país ejercía de anfitrión de la cena. Reinfeldt estaba nervioso por Nicolas Sarkozy, que ofendió a eslovenos y checos en cumbres de sus presidencias de turno al rechazar su comida y pedir tortilla francesa (el chef no disponía de huevos y recurrió a un sucedáneo). José Luis Rodríguez Zapatero dijo estar cansado de salmón, un pescado delicado, como descubrió el finlandés Matti Vanhanen. En una cita de similares características, se topó con kilos en mal estado por un descuido en el transporte desde su país. La trufa blanca, la lubina y el chocolate fundido con cáscara de lima sí ofrecieron anoche su mejor aroma

SENTENCIA HISTóRICA DE LA CORTE INTERAMERICANA:
Ciudad Juárez: justicia para las asesinadas

LA SENTENCIA de la Corte Interamericana que considera al Gobierno mexicano responsable de las muertes de ocho mujeres en Ciudad Juárez tiene una indudable trascendencia, ya que es la primera decisión judicial de importancia que se produce desde que en 1993 comenzaran los llamados feminicidios en la ciudad fronteriza. La extrema violencia contra mujeres trabajadoras -secuestros, violaciones, mutilaciones y asesinatos- se ha cobrado ya 480 vidas y es un drama que ha sido denunciado por asociaciones de Derechos Humanos, cineastas, artistas y escritores, pero que nunca ha logrado despertar el celo de las autoridades mexicanas por esclarecer estas muertes. Prácticamente todos los asesinatos han quedado impunes en una ciudad en la que nadie se atreve a imponer la ley. La sentencia que concede amparo a las víctimas es una buena noticia y debería llevar al Gobierno mexicano a hacer justicia

POLéMICA POR EL GOL ILEGAL DE HENRY:
El fútbol debe incorporar las nuevas tecnologías

LA MANO de Henry que permitió a Francia marcar el gol de clasificación para el Mundial ha creado una gran polémica. La Federación de Irlanda pidió ayer la repetición del partido, algo casi sin precedentes. Lo cierto es que el conjunto irlandés se vio apeado del Mundial por un fallo garrafal en la prórroga del juez de la contienda. A España le sucedió algo muy similar en el Mundial de 2002 ante la local Corea con la anulación de un gol legal de Morientes. Una solución para evitar estas injusticias sería la implantación de un sistema similar al ojo de halcón que se emplea en el tenis. El árbitro podría parar el juego unos segundos para ver una grabación de vídeo de las jugadas confusas, al menos de las decisivas. También los entrenadores podrían pedir este recurso en dos o tres ocasiones como máximo por partido. Ello evitaría errores que causan un perjuicio económico y deportivo que luego no es posible evitar. El mundo del fútbol tiene que dar un paso e incorporar las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, como defendió ayer Sánchez Arminio, presidente del Comité Técnico de Árbitros
El Mundo en dos minutos
Un agudo problema de credibilidad

DELINCUENCIAS ZP: El PP «quiere que Sitel se legalice» y ofrece un pacto a Rubalcaba

2009-11-20T09:29:00.000+01:00

El PP «quiere que Sitel se legalice» y ofrece un pacto a Rubalcaba

«No queremos que se anule el juicio del 'caso Gürtel'», afirma González Pons

CARMEN REMÍREZ DE GANUZA

Madrid

Los populares dejaron ayer a un lado sus últimas acusaciones sobre las escuchas de Sitel para insistir en su regulación, y ofrecer al Gobierno un pacto para «hacer juntos una ley que legalice el sistema».

Así lo expresaba el vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, al tiempo que afirmaba a este diario: «Nosotros queremos que Sitel se legalice. Por eso, ofrecemos a Rubalcaba un pacto para hacer una ley orgánica, cuya iniciativa dejaríamos al Gobierno, para que la garantía de los derechos civiles de los españoles esté a salvo».

De este modo, Pons venía ayer a reconducir el debate sobre Sitel al tono de su primera comparecencia de prensa, en la que denunció la alegalidad del sistema. En aquella ocasión, el portavoz popular se negó a trasladar explícitamente sus sospechas sobre el caso Gürtel, pero sí sugirió problemas de «nulidad» para procesos como éste que afecta al PP.

Pero ayer, para desmentir precisamente éstas y otras sospechas expresadas por Rubalcaba, el portavoz popular fue muy directo al negar la mayor: «No queremos que se anule el juicio del caso Gürtel por culpa de Sitel, porque eso dejaría una nube de sospecha injusta e innecesaria».

Y aún insistió en diluir su hipótesis de hace 15 días: «El peligro de que se anulen juicios por la utilización ilegal de Sitel no es tan grande si recordamos que la inconstitucionalidad de la Ley Corcuera no implicó la anulación de los juicios en los que se había aplicado». Para el dirigente popular, «lo importante es preservar los derechos humanos de los españoles en una ley orgánica».

Pons negaba, en todo caso, que la sentencia dictada ayer por el Tribunal Supremo sobre la legalidad de las grabaciones a unos narcos por el sistema Sitel haya frenado el ímpetu opositor del PP. Muy al contrario, el portavoz popular aseguraba que la sentencia les «da la razón».

Se atenía, para ello, a un párrafo de la sentencia [motivo octavo] en la que, asumiendo otra sentencia anterior, el Alto Tribunal establece que «es un tema que interesa a la Administración y el Poder Legislativo determinar el sistema a seguir para conservar o no conservar, y controlar las conversaciones telefónicas legalmente intervenidas y grabadas». Según Pons, la propia sentencia reconoce que el Parlamento debe regular qué hacer con el material sobrante de las grabaciones.

Pero ello no le impidió llegar a reprochar al Supremo que le resulte «indiferente» que «la custodia de lo que Sitel graba y no utiliza el juez, quede en poder del Ministerio del Interior o del Poder Judicial». «Sólo el Poder Judicial puede garantizar a los ciudadanos que conservará con imparcialidad y sin manipulaciones el pedazo de su intimidad que Sitel le haya sustraído», dijo; y aún añadió: «Tengo la sensación de que el magistrado que ha escrito la sentencia no sabe en realidad cómo funciona técnicamente Sitel».

A la espera de «próximas sentencias contrarias a Sitel», el PP pide que los jueces no tengan que «suplir» la «pereza» de los legisladores.

ELMUNDO.es Gráfico: Así funciona Sitel

El vicepresidente del CGPJ pide una ley orgánica para regularlo

Madrid

El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, defendió ayer que el sistema de interceptación de comunicaciones Sitel esté regulado por una ley orgánica para que haya más seguridad jurídica y tranquilidad. En la misma línea se manifestó el juez decano de Madrid, José Luis González-Armengol.

De Rosa, que expresó su respeto por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, considera que, cuando se trata de restringir derechos, una ley que regule ese tipo de actuaciones afianza al Estado de Derecho, recordando que así lo demandaba un informe del CGPJ cuando el sistema Sitel iba a ponerse en marcha.

González Armengol, señaló que, en consonancia con la doctrina del Tribunal Constitucional, cualquier sistema que suponga restricción o limitación de derechos y libertades debería ser regulado por ley orgánica, según informa Europa Press.

El juez decano declinó valorar la sentencia, ya que aún no la ha leído, si bien coincidió con De Rosa, en el sentido de que cualquier restricción de derechos fundamentales, en este caso del derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, precisa ser regulada mediante ley orgánica.

En sentido opuesto, el secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, aseguró que el «marco legal» con el que cuenta España en materia de intervención de las comunicaciones telefónicas, unido a un «sistema tremendamente garantista», le da «absoluta tranquilidad» sobre la legalidad del sistema de escuchas Sitel.

El secretario de Estado explicó que las leyes orgánicas sólo son necesarias para regular derechos fundamentales, pero no «cuestiones técnicas o instrumentales», y que Sitel «es un instrumento técnico».

La Sala Penal del Supremo tacha de «raquítica e insuficiente regulación legal» del empleo del sistema de escuchas SITEL

MARÍA PERAL

Madrid

La Sala Penal del Supremo notificó ayer una sentencia en la que vuelve a avalar la utilización del sistema de escuchas Sitel, esta vez en un caso de narcotráfico. Es la quinta sentencia en la que la jurisdicción penal del Alto Tribunal no aprecia tacha de legalidad en el uso de Sitel, aunque se trata de la primera resolución que se conoce después de que el PP iniciase, el 4 de noviembre, una campaña sobre la supuesta ilegalidad de ese sistema.

Esta última sentencia rechaza el recurso interpuesto por dos personas condenadas por la Audiencia de Orense a cuatro años y medio de prisión por tráfico de cocaína. Entre otros argumentos, el recurso sostenía que el sistema Sitel «es inconstitucional» por la «deficiente» cobertura normativa reguladora de las intervenciones telefónicas. Se quejaba, asimismo, de que la Audiencia de Orense había denegado la práctica de una prueba pericial para determinar la «naturaleza, alcance y efectos» de Sitel.

La Sala Penal rechaza todas las alegaciones. Por lo que se refiere a la cobertura normativa de las interceptaciones telefónicas, recuerda que el Supremo ha establecido «un sólido y coherente cuerpo doctrinal sobre el protocolo a seguir cuando se solicita la intervención telefónica como medio excepcional de investigación, que completa la raquítica e insuficiente regulación legal contenida en el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal». El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha aceptado esta regulación «complementada» con la doctrina del Supremo. Es la misma respuesta que la Sala dio en una anterior sentencia, dictada el pasado 6 de julio, que avaló igualmente el empleo de Sitel.

En cuanto a la prueba pericial solicitada para determinar qué es Sitel, la Sala reitera el criterio ya expuesto en su sentencia de 13 de marzo de 2009, en la que dio por buenos los principios de actuación del sistema -centralización del servidor y administrador, seguridad, automatización y procedimiento de trabajo- descritos de forma detallada. «Todo lo cual pone en evidencia la superfluidad de la pericia propuesta y la pertinencia de su no admisión» por la Audiencia de Orense, concluye el Supremo.

La Sala también menciona la jurisprudencia constitucional según la cual el control de las escuchas no exige que la Policía remita al juez las transcripciones íntegras, sino que «resulta suficiente el conocimiento de los resultados obtenidos a través de las transcripciones de las conversaciones más relevantes y de los informes policiales».

DELENDA EST HISPANIA: El PSOE echa a un alumno de un centro por cuestionar el catalán

2009-11-20T09:28:00.000+01:00

Echan a un alumno de un centro por cuestionar el catalán

Opinó sobre su imposición en Baleares y 5 compañeros se quejaron a la profesora

MANUEL AGUILERA

Palma

«Me he enterado de la discusión que tuviste la semana pasada... lamento pedirte que no vuelvas por clase». Un «alumno oyente» de la clase de francés de la Escuela Oficial de Idiomas de Palma -centro dependiente de la Consejería de Educación- ha sido expulsado por discutir con algunos de sus compañeros fuera del centro sobre la imposición del catalán. El estudiante excluido, enfermero del hospital de Son Dureta, opinó que no era justo que se exigiera esta lengua a los sanitarios y algunos alumnos presentes se quejaron a la profesora, que procedió a echarle mediante un correo electrónico.

El estudiante, que prefiere quedar en el anonimato, es natural de Guadalajara y hace dos años y medio que vive en Mallorca. Como vivió cinco años en Francia, quería seguir practicando el idioma galo pero se le pasó el plazo para apuntarse en la Escuela Oficial. Habló con la profesora y ésta le permitió acudir de «oyente» para después presentarse al examen.

Después de un mes y medio de clase sin problemas, un día el denunciante se fue con algunos de sus compañeros a una cafetería fuera del centro educativo. Estuvieron tomando algo tranquilamente hasta que surgió el tema de la imposición del catalán. Según su versión y el de otra chica presente, la discusión fue dura pero no hubo insultos ni nada más grave. Él, junto a otros, se oponía a que fuera obligatorio acreditar un nivel de catalán para trabajar en la Sanidad balear mientras que otro grupo, unos cinco, opinaba lo contrario. Al parecer, le llamaron «fascista» y le invitaron incluso a irse de la isla varias veces. Los otros acabaron abandonando el local debido al enfado y comunicaron lo ocurrido a la profesora. Ésta optó por echar al «alumno oyente» mediante un correo electrónico.

El joven no daba crédito a la comunicación que había recibido. Contestó a la profesora manifestándole su estupefacción por la decisión tomada debido a un asunto extraescolar. Le pidió, además, que le indicara «los temas de los que se permite hablar fuera del recinto, para no causarle a usted ni a otros alumnos problemas». Añadió que «el intercambio de diferentes opiniones en un país democrático y con plena libertad de expresión no debería suponer ningún malestar para nadie». La docente, de origen francés y que llegó al centro a principio de curso, ya no le contestó.

El director de la escuela, Rafael Monreal, asegura que no hay discriminación: «Sea justificado o no, se ha creado un mal ambiente en el grupo y esta persona es corresponsable de esta situación». Reconoce que «la profesora se ha equivocado porque admitió a un alumno oyente y luego se ha visto en la tesitura de echar a alguien, pero tampoco la vamos a crucificar por ello».

El correo de la profesora

>«Hola [...] me he enterado de la discusión que tuviste con los demás alumnos de la clase de avanzado 2 de francés la semana pasada. Dado que esto ha desencadenado un malestar entre la gente y como tú no eres alumno oficial, lamento pedirte que no vuelvas a clase. Gracias por tu comprensión. Atentamente [...]. PD. Enviaré una copia adjunta al jefe de estudios de la Escuela Oficial de Idiomas».

Contra el monolingüismo

El PP alegará contra el nuevo reglamento que blinda el catalán en el Ayuntamiento y opta por una solución bilingüe

LUIS GARRIDO

Barcelona

La eliminación del castellano en todas las comunicaciones del Consistorio barcelonés ha dejado un muy mal sabor de boca en las filas populares, el único grupo municipal que se opuso al nuevo Reglamento de Uso del Catalán. La nueva norma -que deja de regir los usos lingüísticos para dejar al catalán como idioma omnipresente y desplazar al español a un lado- ha provocado que el líder del PP en el Ayuntamiento, Alberto Fernández-Díaz, anunciase ayer que presentaría un nuevo texto como alternativa al aprobado el pasado miércoles.

«Será un texto alternativo, que tendrá el mismo esquema aprobado en comisión, pero se centrará en el bilingüismo», explica la portavoz del PP, Àngels Esteller, que subraya que no se tratará de una versión similar, ya que «se cambiarán puntos concretos, pero también el eje central de todo el reglamento». Una norma que, en lugar de centrarse en el predominio del catalán, apueste por un bilingüismo total en las comunicaciones que realice el Consistorio, manifiesta la popular.

De esta forma, el grupo liderado por Fernández-Díaz quiere plantar cara a un nuevo reglamento que se escuda en el Estatut para eliminar el castellano de todos los usos del Ayuntamiento. Tanto la comunicación de los empleados como todos los anuncios, solicitudes, contratos e incluso publicidades que tengan que ver con el municipio serán en catalán, mientras que el castellano únicamente podrá ser usado en notificaciones al ciudadano que lo solicite o impresos para rellenar, que también tendrá que pedir en español ya que, por norma, se entregarán en catalán.

Tras haber sido votada y aprobada la nueva regulación, ahora el PP tiene un mes para presentar alegaciones si quiere paralizar una legislación que aprobó el ejecutivo que lidera Jordi Hereu. Esteller confirma que esperan tener un texto que se base en el bilingüismo en una semana aproximadamente, que debería abandonar las premisas discriminatorias del castellano que impulsaron Esquerra y CiU en el texto que fue votado favorablemente.

Además del grupo popular, el diputado del grupo mixto en el Parlament José Domingo confirmó ayer que encabezaría una alegación en nombre de Impulso Ciudadano, la asociación por el bilingüismo que él mismo lidera. Tal y como explicó el ex miembro de Ciutadans, la nueva regulación «limita los derechos del ciudadano y de los empleados del Ayuntamiento» y hace que Barcelona «sea aún más provinciana». Domingo presentará su texto contra el reglamento a partir del lunes de la próxima semana.

CORRUPCIÓN SOCIALISTA EN CATALUÑA: La Audiencia Nacional investiga otro proyecto urbanístico del ex diputado del PSOE catalán en Areyns de Mar

2009-11-20T09:27:00.000+01:00

Garzón investiga otro proyecto urbanístico de 'Luigi' en Arenys de Mar

El ex diputado del PSC quería hacer un bloque de pisos en la zona del Cònsol

GERMÁN GONZÁLEZ / J. RIBALAYGUE

Barcelona

Cualquier proyecto urbanístico del ex diputado socialista Luis García Sáez Luigi, uno de los principales implicados en la trama Pretoria 2, está bajo sospecha. Hace unas semanas el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, pidió información al Ayuntamiento de Arenys de Mar sobre unos terrenos en la zona del Cònsol que Luis García compró a través de una de sus sociedades. Según el plan urbanístico de 1984 en estos terrenos sólo se podrían construir casas unifamiliares aunque en el año 2006, tras la elaboración inicial del nuevo plan, se recalificó para poder edificar un bloque de pisos con más capacidad de viviendas.

En la elaboración inicial del nuevo plan urbanístico del municipio participó como responsable del Área de Planeamiento, Genís Carbó, que fue jefe de Planificación Territorial del Departamento Político Territorial y Obras Públicas en época de CiU. Carbó también declaró la semana pasada como imputado ante la Guardia Civil por el caso Pretoria 2, ya que aparece en el auto de Garzón por haber cobrado una comisión de unos 244.000 euros de la empresa de Luigi Niesma por una actuación urbanística en Sant Andreu de Llavaneres.

Fuentes del Ayuntamiento de Arenys de Mar explicaron que el Plan General de Ordenación Urbana tendrá que aprovar qué tipo de edificaciones se permite construir en la zona de la Urbanización del Cònsul. El Consistorio pretendía hacer la aprobación provisional de este plan a principios de año, aunque la trama de Pretoria 2 ha trastocado los planes iniciales. Arenys de Mar ha acordado con la Generalitat revisar este documento urbanístico para constatar que todos los proyectos están dentro de la legalidad. Por eso esta aprobación inicial del plan se prevé ahora para junio del año próximo.

Pero el proyecto de Cònsol no será el único que investigue Garzón. Hace unas semanas, pidió al Ayuntamiento un proyecto promovido por Luis García en una zona conocida como Villa Betania, aunque finalmente la empresa Edisan, gestionada por Luigi, quebró en 2008.

Además, la Fiscalía de Barcelona tiene previsto remitir al juez una investigación que se hizo a partir de la denuncia del ex concejal de Urbanismo de Arenys de Mar, Lluís Blanchart en 2006 donde acusaba a Genís Carbó y al ex alcalde de la localidad, Miquel Rubirola, de CiU, de facilitar información privilegiada a algunos promotores urbanísticos mientras se redactaba el Plan General de Ordenación Urbana del municipio. El Ayuntamiento creó una comisión de investigación que no encontró irregularidades en la gestión del ex alcalde y del jefe de Planificación. Incluso un juzgado de Arenys de Mar archivó la causa sin encontrar delitos.

Cesan a un imputado

El Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet cesó ayer a Pascual Vela como director general de servicios. Vela está imputado por un delito de fraude y encubrimiento en la trama 'Pretoria 2'. A pesar de que el PSC lo expulsó del partido a la vez que Bartomeu Muñoz y Manuel Dobarco, Vela se reincorporó a su despacho del Consistorio el mismo día en que pagó los 25.000 euros de fianza. Tras su nombramiento, la nueva alcaldesa, ha reestructurado las direcciones generales del Ayuntamiento, cesando a los tres responsables que había que eran hombres de confianza del ex alcalde. Sus funciones se unificarán en una gerencia

Llinares cree que Millet y Montull todavía pueden destruir pruebas

El juez ordena al Consorcio que aporte sus estatutos para saber si se cometió un delito de malversacion de fondos públicos

GERMÁN GONZÁLEZ

Barcelona

Con la constatación, gracias a las Auditorías, del desvío de dinero de fondos del Palau de la Música, los nuevos responsables de la fundación se han lanzado a atacar duramente a los antiguos gestores imputados. En diversas entrevistas, el director ejecutivo del Palau de la Música, Joan Llinares, aseguró que la libertad de Fèlix Millet y Jordi Montull les permite «destruir pruebas» o dificultar la investigación, y por eso no entiende la decisión judicial.

Llinares considera que detrás del desvío de dinero del Palau de la Música había una trama «bien organizada» ya que «sin una organización, era imposible hacer lo que se ha hecho». Por eso piensa pedir explicaciones a las empresas que ayudaron a falsificar facturas, y cree que saldrán más irregularidades en la investigación con el análisis de las obras de ampliación del Palau y otras gestiones de la entidad del periodo del ex presidente Fèlix Millet y el ex administrador Jordi Montull, incluso más allá del 2000.

Sobre la confesión de Millet, Joan Llinares afirmó que «si no es verdadera y completa, si lo que busca es burlar a la justicia y a las víctimas, aquella confesión se convierte en una burla», y destacó que «la confesión era un intento de crear un cortafuegos».

Estas manifestaciones de Llinares fueron respondidas por Jordi Pina, uno de los abogados que llevan las defensas de los imputados. El letrado negó que sus clientes puedan estar destruyendo pruebas, ya que no tienen necesidad de ello ni tendría sentido tras su confesión. En este sentido considera que las auditorías presentadas ya confirman los hechos admitidos por los acusados. Pina considera que el director ejecutivo del Palau quiere hacer «presión pública» para que la Audiencia de Barcelona admita el recurso del Palau y la Fiscalía y revoque la decisión del juez de Instrucción de dejar en libertad sin fianza a los imputados.

Mientras sigue la polémica sobre la gestión del Palau, el juez Juli Solaz continua con el procedimiento judicial. En una providencia pidió ayer al Consorcio del Palau de la Música que aporte los estatutos de la institución y un certificado de los ingresos que la nutren, tanto públicos como privados en los últimos años. Con esta información, el juez puede determinar si Millet y Montull cometieron un delito de malversación de fondos públicos como apuntan la Fiscalía y las acusaciones particulares.

En declaraciones a este diario, Jordi Pina destacó que en su escrito de impugnación contra los recursos de las acusaciones se insistía en que no existe este delito de malversación ya que, en el caso de la fundación, el 60% de los ingresos son particulares. Además, consideró que, con su petición, el juzgado pretende descubrir si el Consorcio es un organismo jurídico de titularidad pública o privada. De esta forma se quiere determinar si los casi tres millones de euros desviados de esta entidad, según la auditoría de la Generalitat, constituyen un delito de malversación de caudales públicos que incrementaría la pena para los acusados. El Consorcio Palau de la Música está formado por el Ministerio de Cultura, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, que aportaban dinero para la fundación y la asociación de esta entidad cultural.

Fuentes judiciales, destacaron que el juez también aceptó separar en otra causa judicial el supuesto pago de comisiones de los imputados a varias personas de la Ametlla del Vallès, localidad donde Millet tiene una vivienda, para conseguir algún favor urbanístico. La representación letrada de la Fundación Orfeó Català-Palau de la Música presentó varios documentos encontrados en algunas dependencias de los antiguos gestores de la entidad, en los que, supuestamente,se hablaría de comisiones por conseguir la recalifiación urbanística de unos terrenos propiedad de Fèlix Millet.

El juez tiene previsto envíar esta documentación a un juzgado de Granollers para que investiguequiénes fueron los beneficiados con el pago de este dinero. . Por otro lado, los abogados de la fundación se plantean pedir nuevas diligencias judiciales tras la citación de seis nuevos imputados

Un juez critica los intereses urbanísticos de un senador

La sentencia ve de «dudosa moralidad» la actuación del ex alcalde de Amposta Joan Maria Roig ante una recalificación

Barcelona

Que un alcalde sea a la vez consejero de una promotora urbanística de su municipio, la misma empresa que se beneficia del intento del Consistorio de recalificar unos terrenos no urbanizables, puede no ser delito, pero al menos es de dudosa moralidad. Y que el concejal de Urbanismo de la localidad haya trabajado como abogado de la promotora y tenga una vivienda muy cerca de la zona a urbanizar que resultará beneficiada con la operación es también incuestionable.

Así lo ha manifestado un juez de Barcelona en una sentencia en la que absuelve a EL MUNDO de CATALUNYA de toda responsabilidad penal en relación a una denuncia por calumnias del senador de CiU y ex alcalde de Amposta Joan Maria Roig, y el ex concejal de Urbanismo Daniel Rius. Ambos llevaron al juzgado las noticias que destapó este diario en 2006 acerca de sus vinculaciones empresariales con la promotora de una urbanización en Amposta, a la que ambos cargos intentaron beneficiar con la recalificación urbanística de una zona que quería acometer el Consistorio.

De hecho, el juez también deja ir una crítica velada a Roig al subrayar que «sigue ostentando en la actualidad pese a su condición de senador diferentes intereses empresariales», aludiendo a su cargo en otra promotora, Club de Campo y Golf de Ronda.

La sentencia, del juzgado penal 4 de Barcelona, considera que «desde el punto de vista de la ética democrática» no parece ser conducta «muy adecuada y digna del respeto ciudadano, sobre todo si lo que se quiere transmitir a la ciudadanía son criterios de rigor y apariencia de legalidad» que se lleve a cabo una recalificación municipal «sobre un terreno extenso de uno de los concejales -o de su familia- del propio grupo político», de alguien que además ha sido el anterior alcalde de la localidad, «y que se apruebe la misma con ese voto del primer regidor municipal y que tiene además la máxima facultad de dirección del Ayuntamiento».

Durante el juicio, tanto Joan Maria Roig como Daniel Rius sostuvieron que sus cargos en la promotora Hort dels Capellans nada tenían que ver con sus funciones públicas, lo que al juez le llama la atención, «como si aquellos cargos empresariales pudieran calificarse de meramente honoríficos».

Así las cosas, la sentencia concluye que «se ha probado la vinculación de dichas personas públicas, cuyos cargos son de elección popular y deben rendir cuentas no sólo a sus electores sino también a los ciudadanos del municipio que gobiernan, con las empresas que ostentaban intereses empresariales y urbanísticos en el municipio».

El juez apunta que no es esencial que los terrenos sobre los que se plasmaban los intereses de la promotora fueran ya «urbanos, urbanizables o no urbanizables», porque en cualquier caso «fue necesario un cambio en el planeamiento que de alguna manera benefició» al ex alcalde y al que fuera concejal de urbanismo.

El juez rompe asimismo una lanza en favor de los medios de comunicación y de fiscales y jueces «gracias a cuyo trabajo», señala, «han salido a la luz muchas e importantes irregularidades jurídicas o de dudosa índole moral precisamente en el ámbito político municipal y especialmente por lo que se refiere a materia urbanística». Y además, añade, «es fácil establecer que los ciudadanos están muy interesados en conocer este tipo de cuestiones que afectan directamente a la buena o mala gestión de lo público», lo que convierte en necesarias estas noticias «en un contexto general de mala política urbanística y de necesaria persecución institucional de la corrupción - incluso moral o política, que no necesariamente penal- de este tipo de actuaciones».

CORRUPCIÓN SOCIALISTA EN MADRID: Aguirre pide al Gobierno de la nación que disuelva el Ayuntamiento socialista de Pinto y convoque elecciones

2009-11-20T09:26:00.000+01:00

Aguirre pide elecciones en Pinto

EL MUNDO

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, pidió ayer al Gobierno de la nación que disuelva el Ayuntamiento de Pinto y convoque elecciones en la localidad para que «los pinteños elijan quienes quieren que les gobiernen». En su opinión, ésa es la única forma de evitarles dos años más de «escándalos diarios».

Aguirre tilda de «escándalo» lo que está ocurriendo en la localidad a instancias del Gobierno socialista. La última irregularidad denunciada ha sido la de pagar la sede del PSOE con la subvención municipal destinada a los concejales de este partido, según ha publicado 'La Razón'.

Aguirre, en su calidad de presidenta regional, ha pedido la intervención del Gobierno de España en este Ayuntamiento «para preservar la dignidad de todos los políticos madrileños», sea cual sea el partido al que pertenezcan.

Por su parte, el alcalde de Pinto, Juan José Martín, considera «inadmisible» la «permanente intromisión» de Aguirre. «Es de una tremenda irresponsabilidad y cinismo pretender considerar sus escándalos y tramas como algo generalizado a nivel institucional en otras administraciones», dijo el edil, según informa Efe

CORRUPCIÓN EN EL GOBIERNO SOCIALISTA BALEAR: El tribunal de cuentas balear censura a Munar

2009-11-20T09:25:00.000+01:00

El tribunal de cuentas balear censura a Munar

Denuncia que dio 440.000 euros a dedo y «sin facturas» a una productora investigada

EDUARDO COLOM / EDURNE URREIZTIETA

Palma

La Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares, el organismo encargado de auditar las cuentas públicas de la Comunidad Autónoma, acaba de denunciar en un informe que la ex presidenta del Consell ahora imputada en un caso de corrupción, Maria Antònia Munar, abonó de forma irregular al menos 440.000 euros a la productora de televisión Vídeo U, que surtía de contenidos audiovisuales a la cadena pública que ella misma impulsó desde la institución.

Esta productora está siendo investigada por un juez de Palma y el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía, por orden de la Fiscalía Anticorrupción, requisó recientemente en su sede diversos contratos en el marco de la operación Maquillaje. La compañía, según desveló EL MUNDO, está participada en una cuarta parte por un gestor de los negocios particulares de Miquel Nadal, vicepresidente del Consell durante el mandato de Munar.

Según revela en su último análisis la Sindicatura, el Tribunal de Cuentas balear, hubo dos pagos de 270.000 y 170.000 euros respectivamente realizados durante el ejercicio 2006 por el Consell de Mallorca, entonces presidido por Munar, a la citada empresa. Ambos pagos se produjeron sin que consten «facturas, ni originales ni copia, sino una relación de gastos diferentes de aquellos que figuran en el presupuesto de gastos presentado», según indica el informe de fiscalización, al que ha tenido acceso este diario.

Asimismo, los auditores públicos denuncian que no estaba motivado el mecanismo recurrente que se empleó para pagar con fondos públicos a esta productora: mediante subvenciones nominativas. O sea, a dedo. Un procedimiento que habitualmente la ley circunscribe a casos urgentes e inaplazables pero que, como especifica también la Sindicatura, se usó en un 80% de los casos aquel año.

En el caso de los pagos a Vídeo U, ni «están determinadas las razones de la exclusión del principio de concurrencia» ni «se trataba de pagos inaplazables».

GIBRALTAR: la Royal Navy practica el tiro con una bandera española

2009-11-20T09:24:00.002+01:00

Gibraltar: la Royal Navy practica el tiro con una bandera española

La Guardia Civil sorprendió, a siete millas del Peñón, a una patrullera británica cuando acababa de ametrallar una boya con la enseña nacional

FERNANDO LÁZARO

Madrid

La tensión, lejos de relajarse, se acrecienta a pasos agigantados. La situación en el Estrecho no se enfría sino que está cada vez más caldeada. Los incidentes entre la Guardia Civil y las patrulleras de la Armada británica en los alrededores de Gibraltar se suceden con frecuencia. El último se produjo el pasado martes y tuvo como protagonista a la bandera española.

Según explicaron fuentes del Instituto Armado, una patrullera de la Guardia Civil descubrió a otra de la Royal Navy recogiendo una boya con la bandera de España. Los británicos guardaron sus enseres a toda prisa al detectar la presencia de la Guardia Civil. Hasta ese momento habían estado realizando prácticas de tiro contra la enseña nacional.

El incidente se produjo al día siguiente de que EL MUNDO desvelara que los conflictos en aguas españolas entre la Royal Navy y la Guardia Civil son casi diarios.

Según el relato realizado por fuentes del Instituto Armado, el incidente se produjo sobre las 13.00 horas del pasado miércoles. La patrullera del Servicio Marítimo de Algeciras M-22 navegaba rumbo noreste procedente del canal, aproximadamente a unas siete millas náuticas de Punta Europa (el enclave más meridional de Gibraltar, situado en el extremo del Peñón).

En ese momento observaron lo que en principio parecía un pesquero y se acercaron hacia la posición de la nave avistada. Al aproximarse, se percataron de que se trataba de la patrullera de la Royal Navy P-284. Su tripulación estaba recogiendo una boya que en ese momento estaba a «1 cable», (unos 200 metros) de la misma.

Sobre la boya, según consta en el informe elaborado por la patrullera de la Guardia Civil, había una bandera «con los colores de la española, es decir, roja-gualda-roja». En la nota informativa sobre el incidente, la tripulación de la embarcación española aclara que la patrullera británica «llevaba dos ametralladoras emplazadas en popa».

Según la nota informativa explicativa de este enésimo incidente en las aguas gaditanas, la nave británica, «al percatarse de la aproximación de la patrullera de la Guardia Civil, procedió a tratar de recoger la boya con la bandera».

Además, con el fin de evitar que la embarcación española se acercara más a ellos, lanzó advertencias por megafonía: «No pueden estar ustedes aquí, son aguas internacionales, están cortando nuestra proa, aléjense inmediatamente», precisa la Guardia Civil en su nota sobre la comunicación recibida desde la nave británica.

Los agentes del Instituto Armado interpretaron que los británicos trataban de evitar, por todos los medios, que los guardias civiles se acercaran más a ellos mientras recogían a toda la prisa la boya con la bandera española, una insignia que sobresalía más de un metro en altura.

Los agentes concluyen en su informe, que, pese a que no llegaron a ver disparar las armas, saben que los británicos estaban haciendo prácticas de tiro contra la bandera nacional. Y es que, en cuanto les vieron, comenzaron a desmontar las ametralladoras de la popa y a taparlas mientras recogían a toda velocidad la boya con la bandera y trataban desesperadamente de que la Guardia Civil no pudiera ser testigo de esas prácticas de tiro y, sobre todo, de sus consecuencias. Es más que probable que alguno de los disparos alcanzara la enseña nacional.

Según explicaron las citadas fuentes de la Guardia Civil, el Instituto Armado elevó una nota informativa sobre este último incidente con los británicos a sus superiores del servicio marítimo de Algeciras. Desde allí, la notificación del relato fue trasladada a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil.

Hasta hoy, sin respuesta.

Moratinos negó problemas con Gran Bretaña

Cuando el pasado lunes EL MUNDO desveló la tensión que se vive en la zona de Gibraltar entre las embarcaciones de la Guardia Civil y las patrulleras de la Royal Navy, el titular de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, trató de restarle importancia.

Este periódico desveló también que los británicos habían elevado una queja al Ejecutivo español al entender que las patrulleras de la Guardia Civil que navegan cerca de Gibraltar invaden territorio británico.

Moratinos recordó entonces que el asunto de las aguas territoriales «está excluido» del Foro de Diálogo Tripartito sobre Gibraltar. Este foro se puso en marcha el pasado verano tras celebrarse una reunión entre Moratinos, autoridades británicas y autoridades de Gibraltar en el Peñón. Desde entonces, según explicaron fuentes de la Guardia Civil, los incidentes mínimos que se sucedían hasta ese momento se elevaron a la enésima potencia.

Moratinos quitó hierro a las quejas británicas presentadas a finales del pasado mes de septiembre. «Cada día hay viejas noticias que aparecen», aseguró el lunes desde Bruselas Moratinos. El jefe de la diplomacia española lamentó que «siempre» se intente «sacar alguna especie de problema oculto cuando no lo hay» y resaltó la «buena relación» y «buena sintonía» que existe entre los gobiernos español e inglés, según informó Europa Press. El titular de Exteriores apuntó que las cuestiones relacionadas con Gibraltar se tratan «dentro del marco de diálogo trilateral» y que es en ese foro donde Londres puede presentar su posición. No obstante, apuntó que España también tiene su postura al respecto y es que «el tema de las aguas no es un asunto que se debata».

Presión día a día

Día sí, día también, las patrulleras de la Guardia Civil están sometidas a situaciones de enorme tensión en el Estrecho, en aguas territoriales españolas cercanas a Gibraltar. Recientemente, embarcaciones de la Royal Navy bloquearon la navegación de las patrulleras del Instituto Armado cuando se dirigían al denominado «boquete de poniente», una dársena que está en la zona del Estrecho. En la fotografía se observa la embarcación británica bloqueando el tránsito de la española

COMUNIDAD DE MADRID: “Aniversario del triunfo electoral. Seis años de pico y pala”,

2009-11-20T09:23:00.005+01:00

'Cumpleaños' a ritmo de rap.

La presidenta de la Comunidad de Madrid celebró ayer el sexto aniversario de su llegada al Gobierno regional arropada por su equipo.

En un acto celebrado en Navalcarnero, Esperanza Aguirre se arrancó incluso a bailar una versión discotequera del himno del Partido Popular.

Aguirre: “En tiempos de crisis, el dinero está mejor en los bolsillos de los contribuyentes”

18 Noviembre 2009

Bajo el lema, Aniversario del triunfo electoral. Seis años de pico y pala”, el Ejecutivo de Esperanza Aguirre ha celebrado su sexto año de Gobierno. En el evento, celebrado en Navalcarnero, han participado además los consejeros del Gobierno y numerosos diputados, alcaldes y afiliados del PP de Madrid.

El Partido Popular de Madrid ha celebrado este jueves un acto cuando se cumplen seis años del Gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid.

La Presidenta regional, que ha realizado un balance de gestión, ha señalado algunos de los numerosos fallos del Gobierno socialista. Aguirre ha sostenido que “a Zapatero le da igual que expertos económicos le aconsejen dejar esas medidas populistas que enmascaran las cifras del paro y acometer medidas estructurales para solucionar los fallos de la economía”.

La presidenta también ha criticado que Zapatero “no haga lo que tenía que hacer, lo que está teniendo un efecto demoledor de endeudamiento del Estado para futuras generaciones”.

En su intervención, Aguirre aseguró que su Gobierno da la cara y da soluciones a los madrileños en tiempos de crisis. “Nos hemos apretado el cinturón presupuestario para administrar mejor el dinero que los madrileños ponen en nuestras manos. En tiempos de crisis, el dinero está mejor en los bolsillos de los contribuyentes. Por eso bajamos los impuestos”, agregó.

Además, la presidenta regional recordó que en estos años hay 100 nuevos kilómetros de la red de Metro, se han construido ocho nuevos hospitales, hay 24 colegios bilingües más, 20.000 plazas para dependientes, se ha reducido a 30 días las listas de espera para operaciones quirúrgicas, y se han bajado los impuestos.

“Madrid es la Comunidad más atractiva para crear riqueza, empleo y prosperidad”, añadió Aguirre, que recalcó que el 82 por ciento de la inversión extranjera llega a la región.