LAS REVELACIONES DE EL MUNDO DOMINAN EL FINAL DE LA CAMPAÑA EN
CATALUÑA
Los fiscales del caso Palau a la Policía:
'Dedicaos a otra cosa'
Argumentando que «el juez no estaba por la labor» se negaron el 29 de octubre
a solicitar el registro del domicilio del tesorero de CDC «que alardeó de tener
en un disco duro todos los pagos por si le pasaba algo»
Ni el juez, ni los fiscales anticorrupción de Barcelona querían investigar la
supuesta relación de los dirigentes del partido que dirige Artur Mas,
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), con el caso Palau. Al menos, así lo
ha constatado el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en fuentes policiales que
considera que «tienen credibilidad».
El 29 de octubre, el ex jefe de la UDEF y hoy director del Centro de
Inteligencia contra el Crimen Organizado, José Luis Olivera, y el jefe de
Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, se reunieron con dos fiscales
anticorrupción de Barcelona, Emilio Sánchez Ulled y Fernando Bermejo. En el
encuentro, les enseñaron «un informe de situación» y les plantearon «la
necesidad de hacer registros en los domicilios más significativos», entre ellos
el del tesorero del partido y de la Fundación Trias Fargas, Daniel Osàcar, que
«había alardeado de tener en un disco duro todos los pagos por si le pasaba
algo».
La respuesta que obtuvieron de los fiscales no pudo ser más taxativa:
«Dedicad vuestros esfuerzos a otra cosa».
Según el relato del informante de Sánchez Fornet, los dos fiscales
anticorrupción explicaron a los mandos policiales que «no estaba el juez por la
labor de seguir» y que para hacer un registro como el que reclamaban «había que
motivar muy mucho» dicha petición ante el magistrado. Incluso haciéndolo así,
añadieron que «en época de precampaña lo veían poco factible».
«En suma, les dijeron que dedicaran los esfuerzos a otra cosa», detalló por
escrito el líder del SUP en un documento en el que transcribió la información
más relevante que recibió. Ayer, entregó ese documento en el Juzgado de
Instrucción 30 de Barcelona, que investiga el caso. Después convocó una rueda de
prensa y también se lo dio a todos los periodistas.
Fuentes del sindicato explicaron a este diario que sus confidentes son
«personas solventes» que «saben de lo que hablan». Y que quien les ha entregado
distinta documentación, como el borrador del informe policial que adelantó EL
MUNDO, es «una fuente identificada y fiable». Eso sí, el SUP no se hace
responsable al 100% de las informaciones que ha recibido verbalmente, a pesar de
que sí les da credibilidad.
En la reunión de la Fiscalía de Barcelona, los policías también hablaron de
«otros anónimos y de informaciones de confidentes». Sin embargo, los fiscales
dieron carpetazo a ese tipo de vías de investigación porque «si no se
identificaba las fuentes, no tendrían validez». «Ni siquiera para verificar si
era verdad lo que decían...», termina el documento de Sánchez Fornet.
La Fiscalía de Cataluña confirmó ayer que esta reunión se produjo en la fecha
desvelada por el SUP. Y que los policías pidieron abrir nuevas vías de
investigación que fueron frenadas (ver la información inferior).
Fuentes del Sindicato Unificado de Policía entienden que esta reunión fue
«crucial» para detener las investigaciones del caso Palau e impedir que se hayan
ampliado las pesquisas para averiguar las posibles responsabilidades en que
podrían haber incurrido dirigentes políticos de Convergència i Unió como Artur
Mas, Jordi Pujol, Oriol Pujol o Felip Puig.
El secretario general de esta central, mayoritaria en el Cuerpo Nacional de
Policía, recibió el jueves el borrador de informe de la UDEF que adelantó EL
MUNDO. Y decidió entregarlo en primer lugar al juez, que lo desconoce. Después,
convocó una multitudinaria rueda de prensa en la sede del SUP y lo distribuyó a
los periodistas para que el magistrado «no lo guarde en un cajón». Sánchez
Fornet entiende que el informe «ya no es secreto, porque ha sido publicado» por
este diario y «a él se ha referido el Ministerio del Interior». Por último,
consideró saludable que sea conocido por la opinión pública «en bien de la
transparencia y porque incluso ha sido objeto de polémica su propia existencia».
Fuentes del Juzgado de Joan Maria Pijuan citadas por Efe aseguran que «de
entrada no da validez» al documento que ayer le entregó el SUP porque «no está
firmado». Si la Policía no le valida el borrador, el juez lo adjuntará a la
causa igual que los anónimos recibidos hasta ahora, indican esas fuentes.
A lo largo de todo el día de ayer, todos los medios de comunicación se
hicieron eco del contenido del informe policial. Sin embargo, ningún dirigente
de CiU anunció nuevas querellas contra todos los medios, a pesar de que Artur
Mas la interpuso contra EL MUNDO por hacer lo mismo hace unos días.
Sánchez Fornet explicó ayer ante más de 40 periodistas que el informe
«llevaba varios meses metido en un cajón de la UDEF» (Unidad contra la
Delincuencia Económica y Fiscal) y que le fue entregado en mano el día anterior,
el jueves 22, a través de una persona a la que da «credibilidad» y que «conoce
este tipo de investigaciones».
A la vista del informe y de las informaciones que ha obtenido de diversas
fuentes, tanto de la Policía Nacional como de los Mossos d'Esquadra, Sánchez
Fornet deduce que este documento no llegó nunca a ser oficial porque «así lo
decidiría el responsable policial de turno por el motivo que fuera».
Tras su lectura, Fornet entiende que ha sido elaborado «por un policía que
conoce bien lo que ha investigado». Aunque todo ese trabajo «se quedó después en
un cajón».
Sánchez Fornet ha confirmado a los periodistas que, además de esa
comunicación, obra en su poder otra documentación que no ha podido contrastar y
que, por ese motivo, no ha hecho pública en la rueda de prensa. «Hay acusaciones
contra empresarios muy importantes y políticos concretos de CiU y de otros
partidos sobre los que se vierten imputaciones salvajes», aseguró.
Entre esas acusaciones, citó que «un responsable político» fue pillado por
los Mossos d'Esquadra con «bolsas de billetes de 500 euros» en su vehículo y que
les amenazó para que no contaran esos hechos. Pero no quiso concretar más hasta
que pueda confirmar la veracidad de estos extremos o disponga de alguna prueba
sobre los hechos.
Sánchez Fornet explicó que hay «mucha indignación» y «un gran malestar» tanto
en el Cuerpo Nacional de Policía como en los Mossos d'Esquadra porque muchas
investigaciones «se detienen» cuando pueden afectar «a políticos de todos los
partidos». Según su denuncia, en algunos casos los que paralizan las
investigaciones para que no afecten a políticos son los jueces y fiscales y en
otras, los mandos policiales.
En otros casos, indicó, en las diligencias se omiten los nombres «de
importantes empresarios y políticos». «Hay diligencias donde aparecen
importantes empresarios, importantes políticos y luego no se les incluye. Yo
creo que eso es lo que ha provocado todo este asunto», aseguró también.
El representante policial dijo «no entender» la respuesta del Ministerio del
Interior, que que no ha encontrado este borrador que supuestamente estaba en la
UDEF. «No entiendo por qué Interior dice que no lo encuentra», apuntó, «porque a
la vez que afirma eso, asegura que está basado en cuatro informes ya
judicializados. Si no lo conocen, ¿cómo pueden saber en qué se basa?»,
preguntó.
La larga rueda de prensa incluyó incluso preguntas políticas sobre las
elecciones del domingo. Fornet quiso aclarar que su sindicato quiere «que se
investigue y se acabe con la corrupción» en todos los partidos políticos. E
igual que habló del informe que vincula a CDC con supuestas comisiones ilegales,
habló también de las investigaciones sobre el ático de lujo que tiene en
Marbella el ahora presidente de la Comunidad de Madrid, el popular Ignacio
González. Otra investigación policial no concluida, en su opinión.
Preguntado sobre el efecto que puede tener que esta investigación se haya
hecho pública ahora, a escasas fechas de las elecciones del domingo, Fornet dijo
creer que no va a perjudicar a Artur Mas, ni a CiU. «Se vio en la Comunidad
Valenciana que las investigaciones sobre corrupción en el PP luego no afectaron
a este partido», aseguró.
En tal caso, apuntó, «a Artur Mas y a CiU es posible que les beneficie porque
el informe se ha hecho en Madrid; si se hubiera hecho en Barcelona sería
distinto».
>Videoanálisis de Luis Ángel Sanz.
5 millones para la fundación del juez
La fundación Instituto para la Reinserción Social (IReS),
de la que es patrono de honor el juez Josep Maria Pijuan, tuvo un presupuesto el
año pasado de más de cinco millones de euros, la mayoría conseguidos de fondos
públicos. A mediados de 2011, poco después de que el magistrado si hiciese con
la instrucción del 'caso Palau', esta fundación, dedicada a la reinserción de
presos, paliar la pobreza infantil y ayudar a las víctimas de la violencia de
género, recibió una subvención de unos 677.000 euros por parte de la
Generalitat, según publicó 'La Gaceta'. La mayoría de las acciones de la
fundación se centran en mejorar la calidad de vida de los grupos más
vulnerables, con propuestas de apoyo familiar y sociolaboral. El presupuesto de
la fundación pasó de casi 8,5 millones de euros en 2009 a unos 5,5 en 2010, la
mayoría destinado a estos programas.
Un borrador muy esclarecedor
Hace ahora un año, el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Salinas,
requirió al entonces comisario jefe de la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y
Fiscales), José Luis Olivera, para que su unidad se hiciera cargo de la
investigación del llamado caso Palau, en el que se indaga la presunta
financiación irregular de CiU.
Hasta ese momento, el asunto estaba a cargo de los Mossos d'Esquadra, pero
parecía dormir el sueño de los justos. Y no porque los policías no hicieran su
trabajo, sino porque alguno de sus jefes prefería mirar para otro lado. Había
que darle un empujón al sumario y por ello Salinas recurrió a uno de los grupos
de elite de la Policía con acreditada trayectoria en la persecución de los
delitos relacionados con la corrupción.
Salinas y Olivera marcharon a Barcelona, donde se entrevistaron con el juez
del caso. Josep María Pijuan dio su visto bueno al relevo y los Mossos
entregaron una abundante documentación a los expertos de la UDEF.
Entre el material aportado había jugosas grabaciones telefónicas, disquetes,
números de cuentas en España y en el extranjero... y una abultada agenda de
Félix Millet, ex presidente del Palau de la Música. Millet, un hombre minucioso,
lo apuntaba todo en ese cuadernillo lleno de secretos inconfesables: nombres,
porcentajes de comisiones, números de cuentas, etcétera.
Siguiendo su procedimiento habitual, la UDEF comenzó a trabajar partiendo de
cero; es decir, escudriñando los papeles incautados y las grabaciones realizadas
a los imputados. Todo ese trabajo se fue volcando en un documento al que se
denomina borrador. A él se van integrando nuevas informaciones, se eliminan
otras cuya veracidad no se ha podido comprobar, etcétera.
Es decir, el borrador es un texto dinámico que se va actualizando a medida
que se avanza en la investigación.
Cuando los agentes encargados del caso consideran que esa pieza está
concluida, el borrador se convierte en informe, que es visado por el jefe de
grupo, y, posteriormente, por el jefe de la Unidad, que le da el visto bueno
definitivo y que, posteriormente, lo remite al fiscal y al juez. Así se
judicializan las investigaciones policiales.
La UDEF, también desde hace un año, se hizo cargo del caso Campeón, que tiene
como imputado, entre otros, al ex ministro de Fomento José Blanco.
Pues bien, ese sumario tiene su derivación catalana (conocida como caso de
las ITV) y en ella aparecen personas ligadas a CiU. Entre otros, su secretario
general, Oriol Pujol, al que uno de los imputados se refiere como «el primo de
Zumosol». En una de las grabaciones aparece el propio Oriol Pujol hablando con
uno de los implicados en esa trama corrupta que no sólo tenía como fin la
adjudicación irregular de ITV, sino otros negocios, como la creación de una
empresa en Andorra para la exportación de medicamentos.
Los medios afines a Mas celebraron el viernes con alborozo la declaración
ante el juez del jefe de la UDEF, Manuel Vázquez (que sustituyó a Olivera en el
mes de julio), en el sentido de que él desconoce el borrador publicado por EL
MUNDO y que ha centrado la campaña catalana durante la última semana.
La nota distribuida por la Policía aclara, sin embargo, un aspecto
sustancial. El borrador publicado por EL MUNDO incluye datos de los dos sumarios
(Palau y Campeón), algunos de ellos judicializados en cuatro informes, además de
documentación obtenida a través de confidentes, etcétera.
Ayer, en rueda de prensa, el SUP (Sindicato Unificado de Policía), a través
de su secretario general, José ManuelSánchez Fornet, difundió el borrador
publicado por EL MUNDO, asumiendo que había sido realizado por funcionarios de
la UDEF y que su filtración obedece al «cabreo» de los policías. El SUP denunció
la obstrucción que sufre el trabajo policial cuando éste afecta a personajes
poderosos.
El SUP también repartió un anónimo que pone de relieve la protección especial
de la que goza el tesorero de CDC. Un jefe policial reconoce a EL MUNDO: «A
Osàcar no había manera de hacerle un
registro».
Anticorrupción: «No hay datos nuevos»
La Fiscalía Anticorrupción hizo público ayer un comunicado en el que asegura
que «ha investigado y sigue investigando» el caso Palau con base en «pruebas e
indicios sólidos y fundados».
Además, recalca que ni la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), ni
ninguna otra del Cuerpo Nacional de Policía «entregó al juez o al fiscal datos
nuevos y relevantes distintos de los que ya obraban en el procedimiento», ni en
la reunión citada, ni en ninguna otra.
De forma más concreta y en la misma línea, fuentes de la Fiscalía de
Barcelona confirmaron a este diario que en octubre, mandos de CNP llamaron a la
Fiscalía para solicitar una reunión ya que querían presentar una nueva unidad de
análisis de corrupción policial. El encuentro se concretó para el 29 de octubre
en la Ciutat de la Justícia, adonde acudieron el antiguo jefe de la Unidad de
Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), José Luis Olivera, y otro comisario de la
Unidad de Asuntos Internos.
Fuentes judiciales explicaron que tras hablar de esta unidad, los policías se
ofrecieron a los fiscales para colaborar en la investigación del caso Palau.
Para ello, presentaron un informe sobre el caso -que no era más que una
«cronología de hechos», según varias fuentes- y propusieron investigar a
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y registrar el domicilio de su ex
tesorero Daniel Osàcar, imputado en el procedimiento.
También se habló de cartas anónimas y de informaciones que tenían algunos
confidentes, aunque no se llegó a concretar de qué tipo de datos se trataba.
Los fiscales requirieron a los policías si disponían de nueva información que
permitiese abrir nuevas vías de investigación en este caso, aunque sólo se
aportaron estas sospechas. Ante la falta de indicios nuevos, la Fiscalía rechazó
el ofrecimiento destacando también que la instrucción judicial está
prácticamente cerrada.
Pese a esto, los representantes del Ministerio Público explicaron a los
mandos policiales que cualquier nueva aportación debía pasar por el Juzgado de
Instrucción número 30 de Barcelona, que instruye la causa, aunque los agentes no
se reunieron con el juez.
En este encuentro no se presentó ante Fiscalía «ningún informe o borrador»,
según las mismas fuentes, que también apuntan que los fiscales se «extrañaron»
de este ofrecimiento policial.
En la misma línea, la Fiscalía Anticorrupción también dice en su nota que ni
el juez ni el fiscal han encomendado a la UDEF «investigación alguna sobre el
enriquecimiento particular de las personas a las que se refiere el borrador
policial publicado».
El pasado jueves, el actual responsable de esta unidad le dijo al juez que no
tenía conocimiento de ningún informe o borrador sobre el caso Palau tras
concluir la investigación en mayo pasado.
PORTADA
Santamaría: «Los jueces tienen que investigar
las acusaciones»
El Gobierno habló ayer para otorgar un primer sello de validez al borrador
policial que atribuye al president, Artur Mas, y a su predecesor, Jordi Pujol,
presuntos delitos de fraude fiscal. El Ejecutivo dio cancha al documento al
pedir a la Justicia, a través de la vicepresidenta, que investigue los hechos, y
lo haga «con independencia y neutralidad».
Además, la número dos del Gobierno, aprovechó para recordar que la próxima
semana concluye el plazo abierto para regularizar con Hacienda las cuentas en el
exterior no declaradas y cumplir con las obligaciones tributarias,
excepcionalmente laxas, que contempla el procedimiento extraordinario de
amnistía fiscal aprobado el pasado mes de marzo.
El recordatorio de Soraya Sáenz de Santamaría sonó a aviso para navegantes y,
además, unido a la afirmación tajante de que es obligación de la Agencia
Tributaria investigar la existencia de dichas cuentas -algo para lo que no
necesita de mandamiento judicial-, hizo que sus palabras llegaran a
interpretarse como una insinuación de que el Ejecutivo cuenta con indicios que
le llevan a sospechar que el presidente catalán es titular o beneficiario de una
de ellas.
La vicepresidenta rechazó poner nombres al «procedimiento» con el argumento
de que si lo hiciera «probablemente estaría incumpliendo alguna norma
tributaria».
«Es bueno que se haga pedagogía y que todos los ciudadanos que tengan cuentas
fuera y no las declaren, sepan que la obligación de la Agencia Tributaria es
investigarlas, averiguar si existen y hacer pagar por lo que no han pagado».
En referencia directa al caso de los presuntos delitos fiscales de Mas y
Pujol recogidos en un informe policial publicado por EL MUNDO, Santamaría fue
clara: «El criterio debe ser siempre el mismo: investigar las filtraciones, pero
también las circunstancias que se denuncian». Y este último extremo es algo que,
puntualizó, no le corresponde al Gobierno sino a los jueces que deben
«dictaminar» sobre los presuntos delitos que contiene el informe. «Y espero que
así lo hagan», recalcó.
La parte que compete al Ejecutivo ya está en marcha puesto que el Ministerio
del Interior ha abierto una investigación interna sobre la filtración del
borrador policial.
También tuvo palabras Santamaría -y aquí si fue clara y tajante- cuando se
refirió al enfrentamiento que a raíz de este asunto se ha producido entre el
fiscal superior de Cataluña, Martín Rodríguez Sol, y el fiscal general del
Estado, Eduardo Torres-Dulce.
El primero decidió por su cuenta, y a petición de la Generalitat, anunciar
diligencias contra EL MUNDO acusándolo abiertamente de calumniar con
informaciones falsas y mendaces; el segundo, expresó claramente su discrepancia
y advirtió de que dicha decisión no contaba con su respaldo.
Ayer, la vicepresidenta no dudó en recordar al fiscal catalán que, por
mandato constitucional, está sometido a los principios de unidad de acción y
actuación y de dependencia jerárquica, por lo que es al fiscal general del
Estado a quien corresponde fijar posición.
También insistió en que la Justicia, en un Estado de derecho con separación
de poderes, debe ser «especialmente independiente de otras administraciones».
En su calidad de miembro del Gobierno se negó, sin embargo, a hacer
valoraciones sobre cómo todo este asunto puede afectar a la formación
nacionalista (CiU) que mañana mismo se someterá a la prueba de fuego de las
urnas tras una durísima campaña electoral que ha basculado entre el debate
independentista y las graves acusaciones de corrupción.
La número dos de Rajoy se limitó a recordar que en el curso de los últimos
años ha habido muchos procedimientos judiciales que han afectado a CiU y es a
sus dirigentes a quienes corresponde dar explicaciones políticas.
ESPAÑA
Rajoy elude el «espectáculo»
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no quiso echar ayer más leña al fuego
de lo que, a su juicio, es un «espectáculo». Durante su comparecencia en
Bruselas, fue preguntado sobre la polémica que ha salpicado a Artur Mas: «No me
lo tome como una descortesía, porque no lo es, pero no voy a contribuir más a
este espectáculo», zanjó. De lo que sí habló Rajoy fue de la propuesta
soberanista de Mas, que calificó de proceso propio «de otras épocas de la
Historia». «El mundo ya no va por ahí», añadió. «Lo que espero es que la
sensatez y el sentido común vuelvan porque, si no, las cosas van a ser muy
complicadas», concluyó
ESPAÑA
Hacienda descartó comisiones a Faes
La Fundación del Partido Popular Faes fue investigada por la Agencia
Tributaria después de que un confidente denunciase a los Mossos d'Esquadra que
había percibido una mordida de 1,8 millones de euros por la construcción del
Petit Palau, un edificio anexo al Palau de la Música. Esta circunstancia se
mencionaba en el informe de la Udef que vincula la corrupción de CiU con las
cuentas de la familia Pujol y de Artur Mas, y EL MUNDO así lo recogió en su
edición impresa del lunes.
Sin embargo, esa investigación fue archivada por la Agencia Tributaria al no
encontrarse «referencias, pruebas o indicios». Así lo publicaron el diario El
País y El Periódico de Catalunya.
En el encabezado de la reproducción completa del documento que hizo EL MUNDO
el lunes se explicaba muy claramente que el texto destacado en cursiva se
correspondía con los fragmentos más importantes, en los que se respetaba la
literalidad del documento policial, mientras que en redonda se exponían otras
partes extractadas y contextualizadas. Entre éstas últimas se encontraba la
referencia a la supuesta mordida de la fundación del PP, que se consideró menos
relevante puesto que ya había sido investigada y descartada.
El párrafo que publicó EL MUNDO en su página 9 era exactamente éste: «Esa
misiva referenciaba, asimismo, una supuesta mordida a favor de la Fundación del
PP Faes de 1.800.000 euros por las obras en el Petit Palau, extremo que, sin
embargo, la Agencia Tributaria no pudo confirmar en su investigación posterior».
Que se corresponde igual de exactamente con lo que ocurrió en realidad.
El informe de la Udef decía lo siguiente: «De las posibles irregularidades
denunciadas destaca la presunta exigencia de comisiones por todas las
actividades contratadas por el Palau de la Música, extremo que no ha podido ser
confirmado en el examen de la documentación llevada a cabo por estos peritos, y
la circunstancia de que la Fundación Faes obtuvo una comisión de más de un
millón ochocientos mil euros (1.800.000) por las obras en el Petit Palau».
Llama la atención que sea precisamente El País quien se alarme por una
posible ocultación o manipulación del extremo referente a Faes, cuando EL MUNDO
simplemente se hacía eco de un informe de la Agencia Tributaria que ya fue
publicado en ese diario. La hemeroteca de El País en internet está abierta para
todos los usuarios, también para sus periodistas.
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El baremo para juzgar a Mas tras el 25-N lo dio él mismo cuando reclamó a los
ciudadanos una «mayoría excepcional». Todo lo que no sea alcanzar la mayoría
absoluta será un fracaso. Si no la consigue, debería pagar el coste político de
haber enturbiado la convivencia en Cataluña y de haber sometido a las
instituciones a un gran desgaste en pos de una «quimera», por emplear la
acertada expresión del Rey. Pero en el caso de que la obtuviera, seguiría
teniendo un problema: no puede saltarse los límites de la ley. 
LAS DUDAS sobre el borrador de la UDEF quedaron ayer totalmente disipadas en
la comparecencia de José Manuel Sánchez Fornet, secretario general del SUP, que
aseguró que ese informe había sido realizado por agentes de esa unidad de la
Policía Nacional. Sánchez Fornet atribuyó la filtración a «policías cabreados»
adscritos a la investigación del caso Palau. La propia vicepresidenta convalidó
ímplicitamente su afirmación al solicitar que los jueces investiguen «todos los
extremos» del documento. 
