EDITORIALES: CiU pierde también la buena educación
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Oriol Pujol y Duran cargan contra Chacón
CiU pierde también la buena educación
LOS DIRIGENTES de CiU no sólo están en una peligrosa deriva política, sino que
también han perdido la buena educación. El número dos de Convergència, Oriol
Pujol, declaró ayer a una emisora que el PSC tiene «una relación sodomita» con
el PSOE. Al margen de la grosería intolerable que se califica sola -y por la que
debería pedir disculpas-, tanto las palabras de Pujol como las declaraciones de
Duran contra Carme Chacón ponen de manifiesto que a los nacionalistas les
preocupa que los dirigentes del PSC hablen claro y denuncien la impostura de
Artur Mas. Las descalificaciones personales hacia la ex ministra indican la
prepotencia y el autoritarismo con los que se conduce CiU en Cataluña
Por la imposición de un euro por receta
Gobierno y Comunidad de Madrid, enfrentados
EL GOBIERNO dejó claro ayer que no comparte en absoluto la medida de un euro por
receta anunciada por la Comunidad de Madrid. La vicepresidenta Sáenz de
Santamaría aseguró que el Ejecutivo se da un plazo -como ha hecho con la
Generalitat de Cataluña- para decidir si recurre la iniciativa ante el
Constitucional. El conflicto entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid, ambos
del PP, es un asunto preocupante. Sin embargo, hay que subrayar que las
autoridades madrileñas han actuado más en consonancia con la doctrina del PP de
realizar los ajustes a través de un sistema de copago, y no de subidas de
impuestos indiscriminadas
Caen las ventas, pero hay mil reservas al día
El Plan Pive reanimará la venta de automóviles
LA CAÍDA de más del 21% en las matriculaciones de coches del mes de octubre
-primero de vigencia del plan de ayuda aprobado por el Gobierno- es sin duda un
mal dato, pero sólo aparentemente. El Plan Pive, en efecto, entró en vigor a
mediados de octubre, aunque no ha habido tiempo material para tramitar las
peticiones de los compradores. De hecho, las asociaciones del sector indican que
se están registrando más de 1.000 reservas diarias de automóviles acogidas al
citado plan. Indudablemente, estas operaciones ahora en marcha se trasladarán a
los datos del mercado a lo largo de los próximos meses. Es por ello que las
expectativas del sector son moderadamente optimistas y que las ayudas sí
servirán para dinamizar el mercado del automóvil.
LA CONSTATACIÓN de que en la organización de la fiesta del Madrid Arena que
acabó en tragedia se cometieron numerosas irregularidades obliga a una clara
respuesta por parte de las autoridades para que algo así no vuelva a suceder. El
Ayuntamiento de Madrid reaccionó ayer de forma contundente y con transparencia:
la alcaldesa Botella anunció que el Consistorio no volverá a ceder instalaciones
para albergar macrofiestas, anunció medidas legales contra la empresa
organizadora, se sometió durante más de una hora, junto a los máximos
responsables municipales y policiales, a las preguntas de los periodistas, y
aceptó crear una comisión de investigación en el Ayuntamiento.
La loable actitud de Ana Botella no es óbice para que, llegado el caso, deban depurarse responsabilidades si se acreditan fallos en la actuación municipal. Aunque la alcaldesa eludió asumir errores, aún quedan lagunas que la propia comisión de investigación y la Justicia deben ayudar a esclarecer.
Es obvio que el vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva, se precipitó el jueves cuando afirmó que la organización había cumplido «todas las normas de seguridad». Hoy ya sabemos que se excedió con mucho el aforo permitido -se habla de cerca de 20.000 personas pese a que la autorización era para 10.000-, sabemos que los controles de acceso no funcionaron correctamente -entraron menores y se introdujo material pirotécnico- y sabemos que el número de vigilantes de seguridad y sobre todo, de efectivos médicos -dos doctores y dos auxiliares- era manifiestamente escaso para la envergadura del evento.
Aunque es evidente que la empresa encargada de organizar la macrofiesta es la primera que ha de responder de estas deficiencias y sobre ella deberá caer todo el peso de la Justicia, habrá que afinar más en la asunción de responsabilidades de lo que ayer hizo el Ayuntamiento. La versión de que, una vez cedido el local, todo lo que suceda a partir de ese momento en su interior hay que apuntárselo en el debe al organizador, no resulta convincente. Habrá que comprobar hasta qué punto se cumplió con el deber de inspeccionar el uso que se iba a dar al Madrid Arena.
Es cierto que no conviene precipitarse, que no hay que conjeturar ni avanzar conclusiones. En ese sentido, el juez decano de Madrid, González Armengol, cometió ayer el error de adelantarse a la investigación para asegurar que el aforo de la fiesta «superó con creces lo legalmente permitido» y que había «cuatro personas por metro cuadrado». Si hay alguien que no debería hacer públicas sus impresiones en un asunto sub iudice es un profesional de la Justicia.
La lógica alarma generada por este caso debe servir para extremar las precauciones en la organización de fiestas y también para poner en alerta a todos los ayuntamientos del país que ceden instalaciones para este tipo de actividades. Nadie se opone a rentabilizar los recintos, pero seguramente ha llegado el momento de medir mejor el uso que se da al patrimonio público. Nada devolverá la vida a las tres jóvenes fallecidas, pero al menos sus familias deben poder encontrar el consuelo de que su muerte no ha sido en vano.
Las instalaciones municipales han de tener otros usos
LA CONSTATACIÓN de que en la organización de la fiesta del Madrid Arena que
acabó en tragedia se cometieron numerosas irregularidades obliga a una clara
respuesta por parte de las autoridades para que algo así no vuelva a suceder. El
Ayuntamiento de Madrid reaccionó ayer de forma contundente y con transparencia:
la alcaldesa Botella anunció que el Consistorio no volverá a ceder instalaciones
para albergar macrofiestas, anunció medidas legales contra la empresa
organizadora, se sometió durante más de una hora, junto a los máximos
responsables municipales y policiales, a las preguntas de los periodistas, y
aceptó crear una comisión de investigación en el Ayuntamiento. La loable actitud de Ana Botella no es óbice para que, llegado el caso, deban depurarse responsabilidades si se acreditan fallos en la actuación municipal. Aunque la alcaldesa eludió asumir errores, aún quedan lagunas que la propia comisión de investigación y la Justicia deben ayudar a esclarecer.
Es obvio que el vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva, se precipitó el jueves cuando afirmó que la organización había cumplido «todas las normas de seguridad». Hoy ya sabemos que se excedió con mucho el aforo permitido -se habla de cerca de 20.000 personas pese a que la autorización era para 10.000-, sabemos que los controles de acceso no funcionaron correctamente -entraron menores y se introdujo material pirotécnico- y sabemos que el número de vigilantes de seguridad y sobre todo, de efectivos médicos -dos doctores y dos auxiliares- era manifiestamente escaso para la envergadura del evento.
Aunque es evidente que la empresa encargada de organizar la macrofiesta es la primera que ha de responder de estas deficiencias y sobre ella deberá caer todo el peso de la Justicia, habrá que afinar más en la asunción de responsabilidades de lo que ayer hizo el Ayuntamiento. La versión de que, una vez cedido el local, todo lo que suceda a partir de ese momento en su interior hay que apuntárselo en el debe al organizador, no resulta convincente. Habrá que comprobar hasta qué punto se cumplió con el deber de inspeccionar el uso que se iba a dar al Madrid Arena.
Es cierto que no conviene precipitarse, que no hay que conjeturar ni avanzar conclusiones. En ese sentido, el juez decano de Madrid, González Armengol, cometió ayer el error de adelantarse a la investigación para asegurar que el aforo de la fiesta «superó con creces lo legalmente permitido» y que había «cuatro personas por metro cuadrado». Si hay alguien que no debería hacer públicas sus impresiones en un asunto sub iudice es un profesional de la Justicia.
La lógica alarma generada por este caso debe servir para extremar las precauciones en la organización de fiestas y también para poner en alerta a todos los ayuntamientos del país que ceden instalaciones para este tipo de actividades. Nadie se opone a rentabilizar los recintos, pero seguramente ha llegado el momento de medir mejor el uso que se da al patrimonio público. Nada devolverá la vida a las tres jóvenes fallecidas, pero al menos sus familias deben poder encontrar el consuelo de que su muerte no ha sido en vano.
posted by e-pesimo | 08:15
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