Sin noticia alguna de las promesas de empleo de la reforma laboral, el paro
alcanzó en el tercer trimestre del año por primera vez en la historia la tasa
del 25,02%, con un aumento de 85.000 personas hasta un total de 5.778.100. Lo
que significa que uno de cada cuatro españoles en edad de trabajar no puede
hacerlo, y que al Gobierno también le ha fallado la previsión para este año de
una tasa del 24,6% (la media en lo que va de ejercicio es ya del 24,7%).
Y hay 16 provincias, entre ellas las ocho andaluzas, que superan el 30%. El
récord lo tiene Ceuta con el 41,03%. Le sigue Almería (38,44%), Jaén (39,13%) y
Córdoba (37,75%).
Además, la destrucción de puestos de trabajo continúa siendo imparable:
96.900 en total, de los que 49.400 son públicos.
Sólo quedan ahora 17.320.300 personas trabajando en España, una cifra que no
se registraba, con menor población entonces, desde el segundo trimestre de 2003
(17.241.000). Es decir, la crisis se ha llevado ya por delante nueve años de
generación de empleo.
El Gobierno de Rajoy, que en nueve meses ya acumula más de 500.000 parados
más y cerca de otros tantos puestos de trabajo destruidos (487.000 más), se
agarró ayer a que los datos de EPA eran menos malos que hace un año para
manifestar que «muestran una moderación en el incremento del desempleo», como
señaló la ministra de Empleo, Fátima Báñez, o a «la estabilización en el ritmo
de destrucción de puestos», como aseguró el secretario de Estado de Economía,
Fernando Jiménez Latorre.
Además, el Ejecutivo, ante las críticas recibidas de que el ajuste del
déficit se concentra más en los ingresos que en el gasto público, endosó estos
datos al cambio de tendencia que está invirtiendo «con un mayor crecimiento del
desempleo en el sector privado que en el público», señaló Báñez. Sin embargo,
todo esto tiene mucha letra pequeña y lo que es evidente es que sin actividad no
hay posibilidad de cambio alguno.
Por ejemplo, la ocupación, es decir, los más de 96.000 puestos de trabajo
destruidos son inferiores a los 146.800 del mismo periodo del año anterior. Sin
embargo, que la situación sigue empeorando se demuestra con el dato anual. Es
decir, en un año se han destruido (un 4,6%) 835.900 empleos, a una media de casi
2.300 diarios, mientras que en el año precedente (tercer trimestre de 2011 sobre
el mismo periodo de 2010) sólo desaparecieron 390.500 (un 2.15%). Es decir,
menos de la mitad. Dicho de otra manera, en el último año se ha duplicado la
destrucción de puestos.
Por otra parte, el Gobierno facilitó ayer por primera vez una estadística con
la evolución del empleo público y privado para señalar que el ajuste ha cambiado
de dirección.
Según los datos oficiales, se perdieron 47.400 puestos públicos y 47.600 en
el privado en este tercer trimestre. En realidad, se trata de datos del empleo
en su conjunto. Es decir, en las cuentas del sector privado se incluye a los
65.100 nuevos autónomos que trabajan por cuenta propia y que se han creado su
propio empleo en este periodo para aprovechar el efecto estacional del verano.
Sin embargo, en la estadística de los asalariados por cuenta ajena, los
homónimos de los empleados públicos, resulta que en este trimestre se han
volatilizado 114.7000 puestos, más del doble de los públicos como consecuencia
de la destrucción de 149.6000 empleos indefinidos y de la creación de 34.900
temporales.
De cualquier forma, en porcentaje, se percibe que el ajuste está llegando ya
a las administraciones públicas después de cinco años de crisis, aunque por
goteo y no hay mucha diferencia sobre el recorte permanente en el sector
privado.
Así, en la función pública se redujeron un 1,6% los empleos en el último
trimestre mientras que en los asalariados privados fue del 1%. En el último año,
este ajuste fue del 7% en el sector público y del 6% en el privado. Y desde que
empezó la crisis, han desaparecido un 19,3% de los empleos privados mientras que
todavía crecen un 2% los puestos en las administraciones.
Otro dato curioso es que cuando comenzó la crisis en 2007 el 17,5% de las
nóminas de trabajo en España correspondían a los funcionarios. Pero, ahora
representan el 21%. Es decir, una de cada cinco trabajadores que quedan está
empleado por las administraciones. Ello es consecuencia de la desaparición de
más de 2,7 millones de empleos privados durante la crisis y de la creación
todavía hasta este tercer trimestre de 59.800 netos en el público.
Esta reducción de 49.400 empleos en las administraciones (19.600 son
temporales a los que no se les renovado el contrato) se ha realizado básicamente
en las autonomías. En concreto, hay 44.300 puestos menos, pero aún mantienen
111.000 más desde que comenzó la crisis. Sin embargo, en este trimestre ha
crecido, por ejemplo, en 11.700 los contratados por la Administración central y
10.600 más por las empresas e instituciones públicas.
En su conjunto, por primera vez ha bajado el número de total de funcionarios
de los tres millones que se alcanzaron ya en el cuarto trimestre de 2008.
En cuanto al paro, el alza en otras 85.000 personas es inferior a los 144.700
del mismo periodo del año anterior. Pero, también en el desempleo se produce
ahora un mayor deterioro ya que el aumento anual en septiembre es de 799.700
cuando hace un año ese crecimiento respecto al mismo trimestre del ejercicio
precedente (2010) fue sólo de 403.600. La cifra podría haber sido aún mayor si
la población activa, no hubiera decrecido en 12.000 personas.
De cualquier forma, los datos de empleo y paro no han sido peores en este
trimestre por los efectos del adelanto de las compras ante la subida del IVA,
que también ha suavizado la caída de la demanda interna y el decrecimiento del
PIB (al -0,4%, el mismo que el trimestre anterior), como ha adelantado el Banco
de España.
Los expertos prevén que el último trimestre será muy duro aún en materia de
empleo ya que se concentrará el endurecimiento del ajuste en el sector público
para cumplir el objetivo de déficit, en particular en las autonomías, y el alza
del IVA contraerá aún más el consumo.
Empleo endurece ahora el despido de los
mayores
Las empresas con beneficios tendrán que pagar su paro y las
cotizaciones
El Consejo de Ministros aprobó ayer por decreto los reglamentos que
desarrollan los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos
o reducción de jornada, así como el que regula las aportaciones económicas que
deberán realizar las empresas con beneficios que presenten Expedientes de
Regulación de Empleo (ERE) que afecten a mayores de 50 años. Ambos decretos son
consecuencia de la reforma laboral que aprobó el Ejecutivo en marzo y que
posteriormente fue convalidada en el Congreso.
Con esta última norma, el Ejecutivo pretende desincentivar el uso del despido
colectivo objetivo para los mayores de 50 años, ya que acumulan largas carreras
de cotización y su contribución a la Seguridad Social, al desempleo, e incluso a
Hacienda, es más sostenida y elevada si se mantiene en el empleo. Con esta
fórmula de penalizar a las empresas con beneficios también se evita el uso
generalizado hasta ahora del sistema de prejubilaciones puesto en marcha por las
grandes compañías que cargaban el cobro del paro y el pago de las cotizaciones
sociales a las arcas públicas al menos durante dos años. Además, se evita el
adelanto de la jubilación, uno de los objetivos de la nueva reforma de las
pensiones y de los cambios que el Gobierno estudió ayer para enviar a la
Comisión del Pacto de Toledo.
En concreto, el Gobierno obligará a las empresas con beneficios durante los
dos años anteriores a la presentación del ERE de los empleados mayores de 50
años, también se introduce el requisito de tener más de 100 trabajadores en la
plantilla, a asumir el coste total de los despidos.
Es decir, tendrán que realizar una aportación económica al Estado, que será
anual, para cubrir los gastos del seguro de desempleo durante el periodo que
causen efecto los trabajadores así como las cotizaciones a la Seguridad Social.
Estos cargos corrían hasta ahora a cuenta del Inem.
El decreto recoge el sistema de cálculo de esas aportaciones. Con esta norma
se modifica parcialmente la denominada enmienda Telefónica que el PSOE introdujo
en la reforma laboral de 2011 para evitar precisamente que esta compañía, con
beneficios, volviera a cargar al erario público un nuevo ERE que inicialmente
anunció de 8.500 trabajadores.
Faltaba su regulación para este cobro, que es lo que ahora hace el Gobierno.
El PP anunció inicialmente que iba a endurecer esta medida del PSOE
introduciendo un periodo de referencia de tres años hacia atrás o hacia adelante
para su aplicación (podría alcanzar hasta los ERE de 2009) en las extinciones de
contratos realizadas sobre este colectivo de edad superior a los 50 años.
Sin embargo, mediante una nueva enmienda en la última reforma laboral, el
Gobierno actual modificó esta retroactividad y la limitó hasta el 27 de abril de
2011, fecha fijada en la reforma de las pensiones. Por tanto, los ERE a partir
de esa fecha, y no los anteriores (entre ellos, los de muchas cajas de ahorro),
son los que deberán asumir su coste.
En cuanto al reglamento de los demás ERE, el decreto aprobado ayer regula los
procedimientos que deben seguir las empresas en pérdidas durante tres trimestres
consecutivos, o que las prevean, para efectuar los despidos objetivos por causas
económicas, técnicas, organizativas o de producción.
También desarrolla este decreto la novedosa disposición adicional segunda de
la reforma laboral que permite a las administraciones públicas despedir por
causas objetivas a los empleados, pero sólo al personal laboral y no a los
funcionarios. Por ejemplo, se entenderá que concurren causas económicas cuando
se produzca «una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y
persistente para la financiación de los servicios correspondientes». Se
entenderá que existe insuficiencia cuando un departamento, órgano, ente u
organismo hubiera presentado una situación de déficit presupuestario y que en el
ejercicio en curso se hubiera minorado los créditos, las transferencias o las
aportaciones en un 15% respecto al ejercicio anterior.
En el caso de las empresas públicas, entidades o sociedades mercantiles en
cuyo capital participe el Estado, se aplicarán las mismas normas que para las
empresas privadas. Pero no podrán acordar reducir, por ejemplo, la jornada, para
evitar el despido colectivo. Y en el caso de las administraciones, se regula un
procedimiento específico. Será necesario un informe previo y vinculante del
órgano competente. La norma refuerza los criterios de documentación
justificativa. Así, cuando se trata de causas económicas, se deben añadir, entre
otros, los presupuestos del organismo o entidad.
Por otra parte, el Gobierno también aprobó ayer un informe sobre las
jubilaciones anticipadas y parciales en el que propone también facilitar la
compatibilidad entre el salario y el cobro de la pensión de jubilación (entre el
40% y el 60%) con el objetivo de incentivar que los trabajadores se mantengan en
activo cuando cumplan la edad de retiro. En ese informe, que presentó la
ministra de Empleo, Fátima Báñez, también sugiere la necesidad de endurecer la
edad real de jubilación, que se sitúa en 63,5 años, y acercarla a la edad legal
de 65 (67 en 2027 con la nueva reforma). Báñez pretende que la Comisión del
Pacto de Toledo abra un debate sobre esta reforma, así como la de la jubilación
parcial, que ahora permite abandonar el mercado de trabajo con 61 años sin
coeficientes reductores y con un coste anual de 7.258 millones. El Gobierno
quiere alternativas entre las que cabe la supresión de la jubilación parcial o
la elevación a, por ejemplo, 64 o más años, la edad para anticipar la
jubilación.
El incremento de los autónomos, el dato
«esperanzador» de la EPA
Hostelería y comercio impulsan en 65.100 los trabajadores por cuenta
ajena
El aumento en 65.100 personas del colectivo de trabajadores por cuenta propia
se convirtió en un «dato esperanzador» -en palabras de la ministra Fátima Báñez-
de un viernes negro para el empleo, como se desprende de los datos de la
Encuesta de Población Activa (EPA) publicados ayer viernes.
Preguntada por estos datos en la rueda de prensa posterior al Consejo de
Ministros, la titular de Empleo destacó que este incremento de trabajadores
autónomos se ha producido «en un contexto de recesión», cuando en el mismo
periodo de 2011 bajó en 33.200 personas.
En este colectivo de trabajadores por cuenta propia, el 86,8% son
trabajadores independientes o empresarios sin asalariados. Por esta razón, desde
entidades como la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT), se
ha insistido en la necesidad de «seguir desarrollando políticas de apoyo a los
emprendedores», puesto que se han revelado como una de las «vías más fructíferas
de abandonar el desempleo» y porque «facilitan que los emprendedores puedan
contratar a más personas para desarrollar su actividad».
En este incremento de trabajadores por cuenta propia, la hostelería es el
sector que más autónomos sumó en los nueve primeros meses del año, un 3% más.
Según la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA),
que cita datos de la Seguridad Social, hasta septiembre de 2012 se incorporaron
un total de 9.698 personas más al Régimen Especial de Trabajadores Autonómos
(RETA) como «emprendedores» del ramo de la hostelería. También en positivo están
las actividades sanitarias -un 3% y 2.431 autónomos más-, las artísticas -1,4% y
710 autónomos más- y las financieras -con una subida del 1% y 495 trabajadores
por cuenta propia-. En el lado contrario, la construcción (-5,3%), la educación
(-4,8%) y la industria (-2,2%), una caída, ésta última, que contrasta con los
datos de la EPA, que revelan que este sector creó 3.700 empleos en el tercer
trimestre y que, además, fue el único en hacerlo. Por regiones, Baleares, Ceuta
y Melilla son las únicas que han aumentado las cifras de trabajadores por cuenta
propia en el global del año hasta septiembre. Frente a ello, la Comunidad de
Madrid, País Vasco, Cataluña y Asturias lideran la destrucción de autónomos.
No obstante, desde ATA recuerdan que el presente ejercicio arroja «un balance
negativo» para los autónomos, con un decrecimiento del 0,8% (23.937 trabajadores
menos). También explican, más concretamente respecto al tercer trimestre, que el
aumento del IVA y la temporada de verano han motivado que las altas y bajas de
autónomos hayan sido importantes en el comercio y en la hostelería, sobre todo y
en este caso, en comunidades costeras. Además creen que los incrementos no son
suficientes «para frenar la sangría de bajas».
Según los datos del Ministerio de Empleo, a 30 de septiembre había en España
3.067.210 afiliados por cuenta propia a la Seguridad Social y 1.922.263
autónomos propiamente dichos, es decir, no integrados en sociedades mercantiles,
cooperativas u otras entidades. El trabajador por cuenta propia prototipo es un
varón español de entre 40 y 54 años (aunque empieza a tener peso la franja de 25
a 39 años de edad), que pertenece al sector servicios, que no tiene asalariados
a su cargo, que lleva más de cinco años en el trabajo y que cotiza por la base
mínima. Y, efectivamente, las mujeres representan un tercio de estos
trabajadores (33,4% frente a 66,6%).
PABLO PARDO WASHINGTON ESPECIAL PARA EL MUNDO 27/10/2012 ECONOMÍA
El FMI quiere que España «liquide los bancos
no viables cuanto antes»
Avisa que hace falta «mucho empeño» para que el 'banco malo' opere en
noviembre
España ya está bajo la supervisión del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Ayer este organismo publicó su primer informe sobre la evolución del sistema
bancario español. Mientras se lleve a cabo el rescate de la banca, el Fondo
emitirá cada trimestre un análisis acerca de la evolución del sector financiero
español, tal y como se acordó cuando el Gobierno pidió la ayuda a la UE el 20 de
junio.
El estudio se resume en dos ideas. La primera: España está haciendo los
deberes, pero no puede permitirse ni un momento de vacilación. Así, el Fondo
vuelve a repetir, casi una por una, sus recomendaciones y observaciones del 8 de
junio, cuando publicó su informe Evaluación de la Estabilidad del Sistema
Financiero de España, el documento que abrió las puertas al rescate de la
banca.
Otra cosa es la interpretación que se haga de ello. La optimista es que
España sigue avanzando en la resolución de la crisis. La pesimista, que no lo
hace lo suficiente. Todo ello en medio de un contexto de relativa mejoría en el
mercado financiero después de que el Banco Central Europeo (BCE) anunciase su
disposición a hacer compras masivas de activos. Una mejoría que no impide que
«las condiciones de los mercados financieros […] sigan siendo frágiles, y la
economía y los bancos siguen enfrentando presiones negativas».
El FMI, por ejemplo, afirma que «es preciso […] liquidar los bancos no
viables tan pronto como sea posible», una medida por la que las autoridades
españolas han mostrado escaso entusiasmo. Igualmente, advierte contra las
fusiones sin sentido económico, que se realicen juntando a entidades que no
saneadas o que concentren excesivamente el sector: «Es necesario evitar nuevas
fusiones que no generen valor de manera clara y restricciones excesivas sobre la
oferta de crédito a nivel del sistema».
Ésa es la parte más positiva. Porque la segunda conclusión del informe es que
el Gobierno no puede demorar la constitución del banco malo si quiere cumplir el
objetivo que él mismo se marcó de tenerlo operativo a finales de noviembre. En
este segundo apartado, el Fondo deja de lado el lenguaje bizantino que le
caracteriza al sostener que «será necesario poner mucho empeño para que [el
banco malo] esté en pleno funcionamiento dentro del plazo previsto de finales de
noviembre».
La idea que subyace en el análisis del Fondo gira alrededor del eslogan que
repiten sus responsables a la hora de plantear respuestas a la crisis de la
economía mundial: no se trata de un sprint, sino de una maratón. Eso sí, con la
sola excepción del banco malo, donde existe una aparente preocupación acerca del
posible incumplimiento de los plazos.
El FMI apoya el test de esfuerzo de los bancos realizado por la consultora
Oliver Wyman, que ha sido criticado por presentar un escenario económico
excesivamente optimista en 2013. Y, al igual que hizo en junio, deja entrever
preocupación ante la posible falta de despolitización y eficiencia de los
organismos supervisores del sistema financiero.
Hace cinco meses, el Banco de España se llevaba las críticas. Ahora los
problemas ponen de manifiesto que es necesario «un modelo de gobernanza para los
bancos nacionalizados que salvaguarde su autonomía». En el caso del banco malo
el FMI explica que es importante «asegurar que las estructuras de incentivos
sean adecuadas, especialmente para la independencia de la administración de la
sociedad y la gestión eficaz de los activos transferidos».
Bruselas prepara el primer tramo de ayuda
La Comisión y el BCE consideran que las reformas en el sector van a buen
ritmo
La Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE) han concluido su primera
revisión del programa de rescate a la banca española con una impresión positiva
de las reformas que está llevando a cabo el Gobierno, en cumplimiento con las
condiciones que se impusieron en julio. En líneas generales, «los avances por
parte de las autoridades españolas parecen ir a buen ritmo» por lo que se espera
que el primer tramo de ayuda llegue el próximo mes de noviembre.
La Troika ha mantenido durante 11 días reuniones con el Ministerio de
Economía y el Banco de España para evaluar in situ el grado de cumplimiento de
las reformas que fijaba el Memorándum con las condiciones. Entre ellas la mejora
de los registros de crédito, el aumento de la transparencia de los bancos y el
fortalecimiento del gobierno corporativo de las entidades. «En estas materias, y
a pesar de la complejidad de los temas en juego, los avances van a buen ritmo»,
señala Bruselas.
La Comisión también confía en que el bancomalo esté plenamente operativo el 1
de diciembre.
Para esa fecha ya se debería haber desbloqueado el primer tramo de
ayuda, que irá destinado a los bancos que ya están controlados por el Frob y
cuyo plan de reestructuración está siendo evaluado por Bruselas. En paralelo,
las entidades que mostraron carencias de capital en los test de estrés y no van
a poder suplirlas con recursos propios tendrán que comunicar en los próximos
días la cantidad de dinero público que necesitan y presentar en noviembre un
plan de reestructuración o liquidación. El dinero para este segundo grupo de
bancos debería llegar a finales de diciembre o principios de enero.
El vicepresidente de la Comisión Europea y titular de la cartera económica,
Olli Rehn, se felicitó ayer por este informe de la Troika que supone «otro paso
hacia la mejora del sistema financiero». Según Rehn, «este programa es uno de
los tres elementos clave de la respuesta a la crisis en España, junto con la
necesariamente ambiciosa estrategia de consolidación fiscal y un programa de
reformas estructurales igualmente ambicioso». El comisario volvió a recordar al
Gobierno que debe proceder «con determinación en todos estos frentes», así como
impulsar la economía española «para generar el crecimiento sostenible
imprescindible para impulsar la creación de empleo».
La próxima cita de Bruselas con España (y el resto de socios europeos) será
el próximo 7 de noviembre. La Comisión presentará ese día sus previsiones de
crecimiento y déficit para los ejercicios 2013 y 2014, en las que
previsiblemente mostrará que el Gobierno español no va a ser capaz de cumplir
con los objetivos pactados pese a los ajustes anunciados hasta ahora.
>Vea hoy el videoanálisis de Javier G. Gallego.
Acciona gana el 'gordo' eléctrico
Se adjudica el contrato de la luz de Adif, el mayor del país
Acciona se ha adjudicado el suministro de energía eléctrica a la red
ferroviaria española durante el año 2013 por un importe de 207,75 millones de
euros, según informó ayer Adif, la gestora estatal de infraestructuras
ferroviarias. Se trata del mayor contrato de luz del país.
El acuerdo permite que la práctica totalidad de los trenes que circulan por
España, incluidos todos los de Alta Velocidad (AVE), circulen con energía
generada a partir de fuentes renovables por la compañía presidida por José
Manuel Entrecanales.
Acciona deberá suministrar un consumo estimado de energía de 2.600 millones
de kilovatios a la hora (kw/h) para cubrir el suministro energético de todos los
trenes, de la red de alta tensión y de los edificios, estaciones y otras
instalaciones de Adif.
El consejo de administración de Adif adjudicó a la compañía de energías
renovables el suministro a 16 zonas de las 20 en que divide su concurso
eléctrico.
El grupo Villar Mir, a través de Enérgya VM Gestión, se encargará de aportar
energía a las otras cuatro zonas restantes del ferrocarril el próximo año por un
importe de 12,74 millones de euros, informó Adif
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Por otro lado, el número de desempleados creció en 504.000 personas desde
enero a finales de septiembre. Ayer el secretario de Estado de Economía aseguró
que el paro se está «estabilizando», pero reconoció que es muy posible que siga
aumentanto en los nueve meses que vienen hasta el verano del año 2013. 
JOSÉ ANTONIO Griñán salió ayer a la palestra con dos objetivos: exponer una
posición más contundente que la de su partido contra la deriva independentista
de Mas y distanciarse de Rubalcaba, con quien dijo no haber hablado después de
las elecciones gallegas y vascas. En una entrevista en La Ser, el presidente
andaluz afirmó categóricamente que su comunidad no permitirá una negociación
bilateral del Gobierno con Cataluña sobre un referéndum de audodeterminación
porque la soberanía reside en todos los españoles, según la Constitución. Griñán
rechazó el «federalismo asimétrico», alejándose así de las tesis del PSC
abrazadas por el propio Rubalcaba. (Si es así, ¿cómo es que Griñán ha sido el principal valedor de la insubstancial Chacón, "miembra" de un partido con un alma secesionista, para auparla a la Secretaría General del PSOE?). Tampoco fue muy complaciente con el
secretario general al subrayar que no se puede culpar del fracaso a la herencia
de Zapatero. Aunque Griñán ha advertido que hasta después de las catalanas no
expondrá sus planes para el futuro del PSOE, su candidatura para relevar a
Rubalcaba -cosa que él no descartó expresamente- puede estar en marcha
LA REINA ha presentado una demanda de protección del honor contra la agencia de
contactos adúlteros Ashley Madison por usar su imagen en una campaña
publicitaria. Doña Sofía ha recurrido para ello a un abogado particular, y no a
uno del Estado. El anuncio atenta contra el honor de la Reina y ella tiene todo
el derecho a defenderse. Lo que hace falta es que los tribunales se pronuncien
de forma tan contundente que a la citada agencia no le resulte más productiva la
notoriedad que conseguirá con la demanda que la sanción que se le podría imponer
