I. HDEZ.-VELASCO ROMA CORRESPONSAL
22/09/2012 ESPAÑA
«Creo que las subiremos»
«Yo creo que las pensiones las subiremos». Eso aseguraba ayer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante el encuentro informal que mantuvo en Roma con un grupo de periodistas. Rajoy respondía así a la noticia lanzada horas antes por la agencia Reuters, según la cual el Ejecutivo español se estaría planteando congelar las pensiones de jubilación con el fin de ahorrar 4.000 millones de euros. «Las únicas partidas que el año próximo van a subir van a ser las pensiones y los intereses de la deuda», bromeaba el presidente. Ya antes de las palabras de Rajoy, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, había desmentido que el Ejecutivo fuera a congelar las pensiones para 2013. Respecto a la posibilidad de que España pida un rescate, Rajoy indicó ayer en Roma que lo hará «cuando crea que conviene al interés general de España». Y aseguró que antes de pedir el rescate es preciso saber con certeza si es necesario, las condiciones que comportaría y si contaría con la aprobación de los otros Estados. Rajoy también reclamó avances en la unión monetaria, financiera y bancaria de la UE. Y se quejó de lo injusto que resulta una unión monetaria en la que unos se financian al 0% (en alusión a Alemania) y otros, como España, al 6%
CARLOS SEGOVIA MADRID
22/09/2012 PORTADA
La UE pide que las pensiones no se revaloricen con el IPC
Rajoy las actualizará este año con el Fondo de Reserva de la Seguridad Social / Bruselas quiere desvincular también los sueldos públicos
.La Comisión Europea y el Banco Central Europeo piden a España que acabe definitivamente con el sistema que vincula la subida de las pensiones a la inflación y también la tradición de revalorizar con ese parámetro los salarios públicos y privados, según confirmaron a este diario fuentes del Gobierno. «En Bruselas nos piden la desindexación y no es la primera vez», aseguraron. La posición de Bruselas es que ligar al IPC las subidas de sueldos o pensiones daña la competitividad del país y las arcas públicas y es una de las reformas pendientes que debe afrontar el Gobierno de inmediato.
La revalorización automática de las pensiones en función de la inflación fue de una de las decisiones más populares tomadas por el Ejecutivo de José María Aznar en 1998 tras amarrar el ingreso de España en el euro. Aquella medida, destinada a garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, debe tener ya los días contados, según los expertos de la UE.
Sin embargo, Rajoy tiene intención de desoír esta petición, al menos este año, y actualizar las pensiones en función de los precios. El problema para las arcas públicas es que la inflación hasta agosto se disparó hasta el 2,7% en plena recesión y si mantiene su tendencia creciente implicará un desembolso multimillonario en el mes de noviembre, el de referencia para actualizar las pensiones si se han desviado sobre el IPC estimado inicialmente. Se prevé el 3% entonces, con un coste de 3.000 millones para mantener el poder adquisitivo de la pensiones, uno de los más elevados de la historia de la Ley General de la Seguridad Social.
Las fuentes gubernamentales consultadas estiman que para afrontar tal gasto será necesario recurrir al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la llamada hucha de las pensiones, dada la precariedad presupuestaria para afrontar gastos imprevistos.
Esos mismos medios señalan que, precisamente para atenuar el golpe, el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha iniciado reuniones con las empresas petroleras con el fin de contener el coste de los carburantes, principales responsables de la actual espiral de precios en España.
Las pensiones tienen un alto valor simbólico para los socios europeos y los mercados, puesto que suele ser considerado un síntoma de la determinación de los gobiernos para cumplir sus compromisos. Fuentes próximas al anterior jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguran que justamente por eso introdujo en el paquete de medidas de mayo de 2010 la impopular congelación de las pensiones.
El Gobierno desmintió ayer que esté estudiando tal petición de la UE para 2013, aunque no con la rotundidad habitual. «Esa información ha sido desmentida tajantemente por el Ministerio de Economía, y a ese desmentido me remito», afirmó ayer escuetamente la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. No es habitual que en un asunto de tal calado delegue el desmentido en un Ministerio que, además, no es el más indicado al respecto en comparación con el de Hacienda o del Empleo y Seguridad Social. La frase de Rajoy ayer en Roma -«yo creo que las pensiones las subiremos»- tampoco es la más rotunda que ha pronunciado.
El Ejecutivo se maneja con prudencia porque está negociando al tiempo las condiciones de un eventual rescate a España que puede cambiar el actual mapa de decisiones. No obstante, Sáenz de Santamaría apuntó que la congelación de las pensiones sería «lo último» que haría el presidente del Gobierno.
Según ha podido saber EL MUNDO, el vicesecretario general de la patronal CEOE, Alberto Nadal, mantuvo una reunión técnica interna hace unos días en la que apostó por dos condiciones principales para el rescate y las consideró inevitables: la desindexación definitiva de salarios de la inflación y un adelantamiento de la reforma de pensiones para obligar antes a los ciudadanos a jubilarse a los 67 años.
El Gobierno del PSOE aprobó que esa extensión de la vida laboral se produjera en 2027, pero es demasiado tarde para Bruselas. En cuanto a los salarios, la patronal admite que en los convenios que se están renovando no se aplica el acuerdo CEOE-sindicatos de moderación salarial previsto para este año y desligado del IPC.
El directivo de CEOE dijo que, según la información de la que disponía, es lo que se exigía a España para que el BCE se lance a comprar deuda pública española. Nadal viajó a Bruselas el pasado martes y, además de respetado economista, es hermano del director de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, Álvaro Nadal.
El pasado miércoles, el presidente de la Comisión de Economía de CEOE, José Luis Feito, mencionó ante su Junta Directiva que la revalorización de las pensiones era precisamente uno de los factores que podían provocar un desvío y falta de credibilidad de España en el cumplimiento del objetivo de déficit. Señaló que si se revalorizan este año y también el próximo, el sobrecoste puede superar los 4.000 millones de euros.
> Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el análisis del corresponsal económico Carlos Segovia.
CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO
22/09/2012
ESPAÑA
Ahora toca reformar el Estado
. El año que viene amenaza con ser todavía más difícil de lo que está siendo 2012.
Éste ha sido un ejercicio caracterizado por los recortes (desempleo, salarios de funcionarios, sanidad, educación...) y las subidas de impuestos (IRPF, IVA, nuevas tasas al sector eléctrico...) con el principal objetivo de alcanzar el 6,3% de déficit impuesto por Bruselas. El Gobierno confía en lograrlo, aunque algunas instituciones lo dudan. Si lo consigue, supondrá haber aplicado un ajuste de casi tres puntos desde el 9,2% con que se cerró el nefasto 2011.
La tesis oficial era que este año iba a ser muy duro, pero que el año que viene sería un poco mejor. Sin embargo, las expectativas son, cada día que pasa, más negras.
En 2013 el Gobierno tendrá que alcanzar un déficit del 4,5% (lo que implica una rebaja de unos dos puntos sobre el cierre de este ejercicio). Ahora bien, esos dos puntos (unos 20.000 millones de euros), ¿de dónde saldrán? ¿De una mayor recaudación de impuestos o de nuevos recortes?
La práctica imposibilidad de cumplir el objetivo de déficit tiene su origen en el empeoramiento de las cifras de crecimiento. El Gobierno, en principio, mantiene que el PIB caerá un 0,5% en 2013. Aunque la subida del IVA acordada este año operará durante todo el ejercicio próximo, y aunque se ha decidido mantener la congelación de sueldos a los funcionarios (si bien Hacienda plantea introducir algún incentivo ligado a la productividad), es muy difícil que se logre esa meta, porque lo lógico es que se produzca una caída de ingresos fiscales (IRPF, sociedades e incluso IVA).
La UE ya le ha hecho saber al Gobierno español que las cifras del borrador de presupuesto bianual entregado a la Comisión no cuadran y que, por tanto, deberá aplicar o nuevos recortes o nuevas subidas de impuestos.
La preocupación en Hacienda es lógica. En primer lugar, porque existen muchas dudas en el propio ministerio de que se cumpla la previsión de caída del PIB de «sólo» un 0,5%. El consenso entre la mayor parte de los servicios de estudios
e instituciones es que en 2013 el PIB se reduzca en torno al 1,5%. Los más pesimistas hablan de un desplome del 2%.
El problema del Gobierno es que no ha logrado romper el círculo vicioso en el que está inmersa la economía española. Este año, por ejemplo, la inflación puede terminar en el 3%. Como los salarios apenas han subido y ha aumentado el paro, el resultado es una sensible pérdida de poder adquisitivo de los salarios que se traslada inmediatamente al consumo. Eso, por no hablar de las expectativas, que juegan en contra del aumento del gasto en las familias y de la inversión en las empresas.
Bruselas sabe que no puede apretar demasiado el dogal de una economía que se arrastra desde hace más de cuatro años por el lodo de la crisis y que podría superar, como prevé la propia CEOE, los seis millones de parados en 2013.
Por tanto, Bruselas va a apuntar a mecanismos que rompan la espiral de precios y que puedan impulsar la competitividad de la economía. Por ejemplo, acabando de una vez con el automatismo que existe en algunos convenios y en la jubilación entre las retribuciones y la inflación. Eso significaría para España suspender el mecanismo de revalorización de pensiones, que se calcula todos los años con el IPC del mes de noviembre. Aunque Rajoy se opone firmemente a tocar ese capítulo del gasto.
Tampoco se descartan para 2013 subidas de impuestos especiales (tabaco, alcohol y carburantes).
Sin embargo, ni siquiera esas medidas garantizarían el cumplimiento del 4,5% de déficit si el PIB cae en torno al 1% o más.
El problema es encontrar una salida a las ineficiencias que hacen que, con una recesión como la que tenemos encima, la subida de los precios se sitúe, como va a ocurrir este año, en el entorno del 3%.
Esas reformas no tienen nada que ver ni con los impuestos ni con los recortes en pensiones o en el desempleo.
Lo que está demostrando esta larga crisis es que la estructura del Estado resulta muy costosa e ineficaz. El peso burocrático del Estado de las Autonomías es excesivo e incompatible con el Estado de Bienestar en momentos de recesión. Hay que elegir: o el mantenimiento de 17 miniestados o el mantenimiento del Estado de Bienestar. Las dos cosas a la vez, con una economía cayendo por encima del 1%, son incompatibles.
Hay que romper con las trabas al mercado único que siguen existiendo y hay que facilitar mucho más la creación de empresas, reduciendo los trámites burocráticos.
El objetivo debe ser crear empleo y, por tanto, mejorar la competitividad de las
empresas, rompiendo las rigideces que dejó pendientes la reforma laboral.
Es decir, cambiar el foco de las prioridades. No se trata de abandonar el objetivo del déficit, sino de abordarlo no sólo con recortes, sino con creación de empleo.
Y eso no hay que hacerlo, como pretendió Zapatero, con planes de gasto desde el Gobierno, sino con el impulso a la iniciativa privada.
Ésa debería ser la hoja de ruta del plan de reformas que el ministro de Economía, Luis de Guindos, presentará en los próximos días y que ahora está negociando con el comisario Olli Rhen.
La economía española no se puede permitir el lujo de la diletancia. Retrasar la petición de ayuda al BCE para la compra de deuda es un error, como se han encargado de decir desde el propio Banco Central Europeo a destacados banqueros, como Francisco González.
Ni tampoco se puede perder tiempo en la reforma financiera. El saneamiento bancario y la constitución del llamado banco malo deben acelerarse para que en 2013 comience a fluir de una vez por todas el crédito a empresas y familias.
El Gobierno del PP tiene mayoría absoluta y es el que está en mejor disposición para hacer lo que la economía necesita imperiosamente. Pero el tiempo corre en su contra. Los ciudadanos no están en disposición de dar cheques en blanco a nadie. Ni siquiera a Mariano Rajoy.
MADRID
22/09/2012 ESPAÑA
Imputan a promotores del 25-S que cercaron el Congreso
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz citó ayer para que declaren como imputadas a ocho personas a las que la Policía identifica como promotoras de la manifestación que el próximo martes 25 de septiembre se propone rodear el Congreso de los Diputados. Todas ellas tendrán que comparecer el próximo 4 de octubre, bastante después de que el acto tenga lugar (si es que, efectivamente, lo tiene). Así lo informaron a Efe fuentes jurídicas, que precisaron que el magistrado ha adoptado esta decisión después de que los juzgados de Madrid se hayan inhibido en favor de la Audiencia Nacional para que investigue una denuncia presentada por estos hechos ya que este tribunal es el competente para instruir ese tipo de delitos. La denuncia se fundamenta en el artículo 494 del Código Penal, que dispone que «los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una asamblea legislativa de comunidad autónoma, cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento». Ese delito está castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses. Hace cinco días, la Policía irrumpió en una asamblea del 15-M que tenía lugar en el Retiro para preparar la manifestación y pidió la documentación a 40 personas
.EL CONSEJO de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de Ley para la Mejora de la Calidad Educativa, que plantea la séptima reforma de la enseñanza Primaria y Secundaria desde la Transición. Desgraciadamente, cada Gobierno ha tratado de reformar la educación al llegar al poder, pero todos los intentos sólo han servido para parchear una situación que se ha ido deteriorando.
Por último, la ley abre la posibilidad de que el Estado financie los centros con educación diferenciada por sexos siempre que cumplan unos requisitos, lo cual nos parece correcto porque acaba con una discriminación. Seguro que si existiera el cheque escolar, habría muchos padres que optarían por la enseñanza segregada.
.EL PRESIDENTE de CEOE, Joan Rosell, debería aclarar cuanto antes si está con la Generalitat o con los empresarios de todas las comunidades españolas. Ayer pidió «el máximo consenso» para estudiar el pacto fiscal de Artur Mas porque «Cataluña ha hecho una propuesta política que nace del Parlamento catalán». Y lo hizo un día después de que Mariano Rajoy descartara rotundamente la propuesta del presidente de la Generalitat por inconstitucional y por atentar contra la unidad de mercado y la solidaridad regional. El presidente de CEOE tiene todo el derecho a defender el pacto fiscal y acercarse a las propuestas soberanistas, pero a la vez debe pensar si esa postura es compatible con la representación de todos los empresarios españoles, sean de la región que sean.
. El portavoz del Gobierno de la Generalitat, Francesc Homs, fue el encargado de mantener ayer la efervescencia en la que vive el nacionalismo catalán desde la manifestación de la Diada. El president Artur Mas se ha dado un tiempo -hasta el debate de política general en el Parlament la semana que viene- para reflexionar después del no de Mariano Rajoy al pacto fiscal, pero Homs se ocupó de sostener la tensión abriendo la puerta a la proclamación unilateral de un Estado propio en la Cámara catalana.
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