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sábado, 15 de septiembre de 2012

EDITORIALES: Un Código Penal adecuado a la percepción social



Un Código Penal adecuado a la percepción social

El payaso de Artur Mas delira con el reino de la Gran Cataloño.

EL MINISTRO de Justicia presentó ayer la reforma del Código Penal cuyo anteproyecto aprobará el Gobierno en las próximas semanas. Se trata de una reforma muy profunda que da respuesta a las demandas de una gran parte de la sociedad y que obedece al cumplimiento del programa electoral del PP. La modificación más relevante es la que introduce por primera vez en el Código Penal español la llamada prisión permanente revisable -reclamada en estas mismas páginas desde hace años- que ya figura en la legislación de otros países europeos. Esta figura penal se aplicará en casos de terrorismo, y también a los crímenes que causan especial repulsa social por su brutalidad, cuando la víctima sea menor de 16 años o exista un delito previo contra la libertad sexual. Tal y como reconoció ayer el ministro Gallardón, en la mente de todos están los delitos que han conmocionado a la sociedad española, como los asesinatos de Mari Luz, Sandra Palo, Ruth y José o la joven Marta del Castillo. Si no apareciera el cadáver de la víctima, se fijará una pena única de homicidio. No se puede objetar que la reforma se ha hecho ad hoc para estos casos, puesto que sólo se aplicará a los delitos similares cometidos a partir de su entrada en vigor. Es decir, si apareciera en el futuro otro De Juana Chaos u otro José Bretón, que fuera declarado culpable. La nueva regulación es compatible con el principio constitucional de orientar las penas a la reinserción del delincuente, dado que tras un tiempo establecido de cumplimiento de condena -de 25 a 35 años- ésta se podrá revisar cada dos años. Si cumple con los requisitos establecidos para reinsentarse, el preso podrá salir de la cárcel. Si no, cumplirá en la práctica una merecida cadena perpetua. Hay aspectos de la reforma, sin embargo, que generan incertidumbre como su compatibilidad con el tercer grado y la libertad condicional.Otra de las novedades importantes es la inclusión de la llamada custodia de seguridad, una pena privativa de libertad con una duración máxima de 10 años para quienes hayan cumplido condena, pero puedan reincidir. Esta figura no sólo afectará a los delitos sexuales -los expertos consideran que en muchos casos no hay posibilidades de reeducación-, sino también al narcotráfico, terrorismo y delincuencia internacional.

El Código Penal endurece asimismo los requisitos de la libertad condicional, que pasa a ser considerada técnicamente como una suspensión de la pena. Ello quiere decir que si el penado vuelve a delinquir, podrá ser devuelto a la cárcel para que siga cumpliendo la condena suspendida.

Resulta imposible no apreciar detrás de esta reforma -por el momento elegido para su presentación, sin haber sido aprobada definitivamente- un intento del Gobierno por reconciliarse con buena parte de su base electoral, profundamente descontenta por la puesta en libertad del etarra Bolinaga. En coherencia con el espíritu de estos cambios de calado, al ministro sólo le ha faltado establecer criterios más concretos sobre la excarcelación de presos enfermos para evitar la discrecionalidad que ha permitido a los jueces poner en libertad al etarra que secuestró a Ortega Lara.
La reforma establece un nuevo impuesto del 6% sobre los ingresos

El Gobierno carga sobre las empresas la reducción del déficit eléctrico

EL GOBIERNO dio luz verde ayer a una reforma energética que supone un paso trascendental para acometer un gran problema de la economía española: el déficit de tarifa que soporta el sector. Ese desfase -la diferencia entre los costes de producir la electricidad y los ingresos por facturación- es de 24.000 millones de euros y crece a un ritmo de 6.000 millones anuales, lo que estaba poniendo en peligro de estrangulamiento al sector. La reforma establece un impuesto lineal del 6% por la generación de electricidad, crea nuevos gravámenes para las nucleares y las hidroeléctricas e impuestos especiales -el céntimo verde- para el gas, el carbón y el fuel. Ese impuesto lineal es la gran novedad, porque Industria pretendía establecer tasas distintas según el tipo de electricidad, más baratas para la hidroeléctrica y más caras para las renovables. Con todo, el Gobierno prevé recaudar así 2.700 millones de euros este año con los que reducir el déficit de tarifa. Así, el Ejecutivo, con buen criterio, carga sobre las compañías el mayor peso del coste de la reforma y solventa de forma rápida y eficaz el encontronazo entre los ministros de Industria y Hacienda de finales de agosto.

Mientras la deuda de la Generalitat asciende ya a 44.000 millones

Mas desvaría con sus sueños de una Cataluña monárquica y sin Ejército

El payaso de Artur Mas delira con el reino de la Gran Cataloño .A LA PREGUNTA de si la Cataluña independiente sería una república, Artur Mas respondió ayer: «No habría de ser necesariamente así». El presidente de la Generalitat afirmó que esa futura Cataluña no tendría Ejército y que respetaría el medio ambiente. También dio por hecho que entraría en la UE y en la OTAN. Lo segundo resulta sorprendente porque es difícil estar en la OTAN sin Ejército. Pero lo más llamativo de sus declaraciones es la sugerencia de que Cataluña podría ser una monarquía. Una de dos: o Mas está improvisando y no es consciente de lo que declara o sí sabe lo que está diciendo. En este caso, estaría sugiriendo una confederación entre España y Cataluña con el mismo monarca como jefe de Estado. O a tal vez Artur Mas esté pensando en convertir a Cataluña en una especie de principado como Mónaco, con sus casinos y con el Barça jugando en la Liga española, como propone Sandro Rosell. De lo que no habló el presidente es de los 44.000 millones que ya debe Cataluña. Se supone que esa deuda sí se la cedería gustosamente a España, con la que asegura que quiere mantener unas relaciones cordiales. Todo un disparate.
 

GOBERNANDO: El Gobierno aprueba la prisión permanente


Cadena perpetua revisable para los peores asesinos

Con la 'reforma Gallardón' los terroristas y quienes maten a menores o seensañen con sus víctimas pasarán su vida en la cárcel si no se arrepienten
El payaso de Artur Mas delira con el reino de la Gran Cataloño. Los autores de delitos de extrema gravedad -homicidios terroristas, asesinatos múltiples, magnicidios, crímenes contra la humanidad o asesinatos de niños- serán condenados a una nueva pena, la prisión permanente, que tendrá una duración indefinida y sólo se revisará cuando se hayan cumplido en torno a los 25 años de cárcel.

El Consejo de Ministros dio ayer el visto bueno a un informe del titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, sobre la que será una profunda reforma del Código Penal que introducirá recursos de lucha contra la criminalidad inéditos en España -aunque existentes en otros países europeos- como la citada prisión permanente revisable o la custodia de seguridad (una prolongación de la privación de libertad para condenados por delitos muy graves que tras cumplir la pena mantengan un pronóstico de peligrosidad).

La reforma se produce tras la conmoción social producida por casos como el de Mari Luz Cortés, Sandra Palo, Marta del Castillo o Ruth y José Bretón, aunque no tendrá efecto retroactivo. También habrá que esperar a comprobar su alcance, ya que la prisión permanente será compatible con los beneficios penitenciarios, el tercer grado o la libertad condicional.
Ruiz-Gallardón, que está negociando con el PSOE otras reformas de calado como la que afectará a la estructura y al sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, no ha hablado aún con la oposición sobre la modificación del Código Penal perfilada ayer por el Consejo de Ministros y que en las próximas semanas se transformará en anteproyecto de ley.

La reforma responde al programa electoral del PP y «da respuesta a aquellos delitos que más repugnan a las personas que queremos convivir en un Estado democrático», dijo el titular de Justicia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Aunque no los mencionó, se refería a casos como el de Mari Luz Cortés, Marta del Castillo, Sandra Palo o Ruth y José Bretón. El ministro se había comprometido con las familias de algunas de estas víctimas a modificar la legislación criminal.

Ruiz-Gallardón indicó que el proyecto se tramitará «sin demora, pero sin urgencia» y aseguró que la modificación «tiene vocación de estabilidad», lo que haría necesario un consenso con los socialistas que, a priori, se prevé dificultoso.

El cambio del Código Penal aún no está cerrado en algunos aspectos relevantes, como
cuál será el tiempo mínimo de cumplimiento efectivo de la pena de prisión permanente antes de que los tribunales puedan revisar si la mantienen o excarcelan al condenado. En principio, los sentenciados a esa pena tendrán que cumplir al menos entre 25 y 35 años de cárcel antes de que su aplicación pueda reconsiderarse, pero ese plazo no será el mismo para todos los delitos que conllevarán esa sanción.

Tampoco se ha fijado qué tiempo de cumplimiento de la pena se va a exigir para poder acceder al tercer grado o a la libertad condicional. Fuentes del Ministerio de Justicia explicaron que la prisión permanente revisable «no será obstáculo» para acceder a beneficios penitenciarios, a la clasificación en régimen abierto o a la libertad condicional, compatibilidad que se considera insoslayable debido a que, por mandato constitucional, todas las penas privativas de libertad deben estar orientadas a la reeducación y reinserción social.

A falta de conocer los términos exactos de la reforma, la prisión permanente revisable se trataría más bien de una pena de privación de libertad de duración indeterminada y que no en todos los casos se cumplirá entre rejas.

No tendrá un límite máximo, ya que dependerá de que los tribunales decidan periódicamente si se puede o no levantar. De esta forma, es posible que un condenado a esa sanción permanezca en la cárcel hasta los 70 años de edad, límite que el Código Penal establece para la libertad condicional y que se mantendrá.

De acuerdo con los datos que han trascendido, la prisión permanente revisable se aplicará a los siguientes delitos:

- Homicidios terroristas.
- Homicidio del Rey, príncipe heredero y o jefes de Estado extranjeros.
- Genocidio y crímenes de lesa humanidad con homicidio, así como en el primer caso con agresión sexual.

- Asesinatos agravados: cuando la víctima sea menor de 16 años o se trate de una persona especialmente vulnerable; cuando se cometa tras perpetrar un delito contra la libertad sexual; cuando los asesinatos sean múltiples y cuando se cometan por miembros de una organización criminal.

En este catálogo de delitos -en la actualidad sancionados con un máximo de 40 años de cumplimiento efectivo de la privación de libertad- la aplicación de la prisión permanente será imperativa, no discrecional, para los tribunales.

Tras un tiempo mínimo de cumplimiento (que aún no ha sido determinado por el equipo de Justicia y que será diferente según el delito cometido), los jueces valorarán el mantenimiento o la revocación de la pena. Para ello deberán tener en cuenta un conjunto de requisitos que, según fuentes de Justicia, coincidirán con los establecidos para la libertad condicional: estar en el tercer grado de tratamiento penitenciario; haber extinguido un cierto tiempo de la condena (tampoco se ha concretado aún); haber observado buena conducta en la cárcel; contar con un pronóstico favorable de reinserción social; haber satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito, y, en los casos de delitos de terrorismo o cometidos por organizaciones criminales, acreditar el arrepentimiento y el abandono de la violencia. La revisión de la pena se podrá realizar a petición del condenado, pero también deberá hacerlo de oficio el tribunal al menos cada dos años.

>Vea hoy el videoanálisis de Enrique Gimbernat.


Los autores de delitos de extrema gravedad -homicidios terroristas, asesinatos múltiples, magnicidios, crímenes contra la humanidad o asesinatos de niños- serán condenados a una nueva pena, la prisión permanente, que tendrá una duración indefinida y sólo se revisará cuando se hayan cumplido en torno a los 25 años de cárcel.

El Consejo de Ministros dio ayer el visto bueno a un informe del titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, sobre la que será una profunda reforma del Código Penal que introducirá recursos de lucha contra la criminalidad inéditos en España -aunque existentes en otros países europeos- como la citada prisión permanente revisable o la custodia de seguridad (una prolongación de la privación de libertad para condenados por delitos muy graves que tras cumplir la pena mantengan un pronóstico de peligrosidad).

La reforma se produce tras la conmoción social producida por casos como el de Mari Luz Cortés, Sandra Palo, Marta del Castillo o Ruth y José Bretón, aunque no tendrá efecto retroactivo. También habrá que esperar a comprobar su alcance, ya que la prisión permanente será compatible con los beneficios penitenciarios, el tercer grado o la libertad condicional.
Ruiz-Gallardón, que está negociando con el PSOE otras reformas de calado como la que afectará a la estructura y al sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, no ha hablado aún con la oposición sobre la modificación del Código Penal perfilada ayer por el Consejo de Ministros y que en las próximas semanas se transformará en anteproyecto de ley.

La reforma responde al programa electoral del PP y «da respuesta a aquellos delitos que más repugnan a las personas que queremos convivir en un Estado democrático», dijo el titular de Justicia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Aunque no los mencionó, se refería a casos como el de Mari Luz Cortés, Marta del Castillo, Sandra Palo o Ruth y José Bretón. El ministro se había comprometido con las familias de algunas de estas víctimas a modificar la legislación criminal.

Ruiz-Gallardón indicó que el proyecto se tramitará «sin demora, pero sin urgencia» y aseguró que la modificación «tiene vocación de estabilidad», lo que haría necesario un consenso con los socialistas que, a priori, se prevé dificultoso.

El cambio del Código Penal aún no está cerrado en algunos aspectos relevantes, como
cuál será el tiempo mínimo de cumplimiento efectivo de la pena de prisión permanente antes de que los tribunales puedan revisar si la mantienen o excarcelan al condenado. En principio, los sentenciados a esa pena tendrán que cumplir al menos entre 25 y 35 años de cárcel antes de que su aplicación pueda reconsiderarse, pero ese plazo no será el mismo para todos los delitos que conllevarán esa sanción.

Tampoco se ha fijado qué tiempo de cumplimiento de la pena se va a exigir para poder acceder al tercer grado o a la libertad condicional. Fuentes del Ministerio de Justicia explicaron que la prisión permanente revisable «no será obstáculo» para acceder a beneficios penitenciarios, a la clasificación en régimen abierto o a la libertad condicional, compatibilidad que se considera insoslayable debido a que, por mandato constitucional, todas las penas privativas de libertad deben estar orientadas a la reeducación y reinserción social.

A falta de conocer los términos exactos de la reforma, la prisión permanente revisable se trataría más bien de una pena de privación de libertad de duración indeterminada y que no en todos los casos se cumplirá entre rejas.

No tendrá un límite máximo, ya que dependerá de que los tribunales decidan periódicamente si se puede o no levantar. De esta forma, es posible que un condenado a esa sanción permanezca en la cárcel hasta los 70 años de edad, límite que el Código Penal establece para la libertad condicional y que se mantendrá.

De acuerdo con los datos que han trascendido, la prisión permanente revisable se aplicará a los siguientes delitos:

- Homicidios terroristas.
- Homicidio del Rey, príncipe heredero y o jefes de Estado extranjeros.
- Genocidio y crímenes de lesa humanidad con homicidio, así como en el primer caso con agresión sexual.

- Asesinatos agravados: cuando la víctima sea menor de 16 años o se trate de una persona especialmente vulnerable; cuando se cometa tras perpetrar un delito contra la libertad sexual; cuando los asesinatos sean múltiples y cuando se cometan por miembros de una organización criminal.

En este catálogo de delitos -en la actualidad sancionados con un máximo de 40 años de cumplimiento efectivo de la privación de libertad- la aplicación de la prisión permanente será imperativa, no discrecional, para los tribunales.

Tras un tiempo mínimo de cumplimiento (que aún no ha sido determinado por el equipo de Justicia y que será diferente según el delito cometido), los jueces valorarán el mantenimiento o la revocación de la pena. Para ello deberán tener en cuenta un conjunto de requisitos que, según fuentes de Justicia, coincidirán con los establecidos para la libertad condicional: estar en el tercer grado de tratamiento penitenciario; haber extinguido un cierto tiempo de la condena (tampoco se ha concretado aún); haber observado buena conducta en la cárcel; contar con un pronóstico favorable de reinserción social; haber satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito, y, en los casos de delitos de terrorismo o cometidos por organizaciones criminales, acreditar el arrepentimiento y el abandono de la violencia. La revisión de la pena se podrá realizar a petición del condenado, pero también deberá hacerlo de oficio el tribunal al menos cada dos años.

>Vea hoy el videoanálisis de Enrique Gimbernat.
  • MARÍA PERAL MADRID
  • 15/09/2012 ESPAÑA

  • Más cárcel tras cumplir la condena

    El Gobierno incluye en la modificación la polémica custodia de seguridad


    La reforma del Código Penal que ultima el Ministerio de Justicia incluye como «medida hiperexcepcional» -tal como la calificaron los autores del proyecto- la polémica figura de la custodia de seguridad, que se aplica (incluso con más extensión de la que se prevé en la reforma española) en países como Alemania o Francia, aunque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha cuestionado su forma de cumplimiento.
    No es una pena. Se trata de una medida de seguridad que no responde a la culpabilidad del reo por hechos cometidos sino al pronóstico de que va a volver a delinquir si es excarcelado.
    Consiste en una prolongación de la privación de libertad durante un período máximo de 10 años (no ampliable) y empieza a cumplirse una vez que el reo extingue la condena impuesta. No obstante, el tribunal puede poner fin en cualquier momento a la medida de seguridad si estima que desaparecen las circunstancias que la hacían necesaria. Esas circunstancias se circunscriben, en esencia, a la peligrosidad del reo si es puesto en libertad. Se cumple en establecimientos especiales o en cárceles ordinarias pero con un régimen diferenciado.

    Sólo se aplicará a condenados por crímenes de especial gravedad como delitos contra la vida, la integridad física, la libertad, la indemnidad sexual, los cometidos con violencia o intimidación, contra la comunidad internacional, terrorismo o tráfico de drogas.

    Únicamente podrá aplicarse, de un lado, a quienes ya han sido penados con anterioridad por alguno de esos delitos graves y tras salir de prisión hayan reincidido y, de otro, a quienes cometan por primera vez una pluralidad de esos delitos.

    Aunque la medida de seguridad empieza a cumplirse una vez extinguida la condena, el tribunal debe establecerla en la sentencia condenatoria, de forma discrecional y no obligatoria. No cabe aplicarla a posteriori dado que el Tribunal Europeo ha exigido que esté conectada a un pronóstico de peligrosidad vinculado a los hechos delictivos cometidos, por lo que la necesidad de la medida debe valorarse de forma coetánea a esos hechos.

    EL DELIRIUM TREMENS DEL CEREBRO DE ESPARDENYA DEL CATALANISMO hace que vean a la Cataluña engreída, antipática, egoísta, insolidaria y fracasada como una monarquía que se codeará, entre canapé y canapé, con las familias reales europeas



  • JAVIER OMS BARCELONA
  • 15/09/2012 PORTADA

  • Mas apunta a una monarquía sin ejército pero en la OTAN para la Cataluña independiente

    El payaso de Artur Mas delira con el reino de la Gran Cataloño. Poco a poco, y animado por la euforia que ha generado en el soberanismo la manifestación de la Diada, Artur Mas va dibujando el esbozo de lo que debería ser el «Estado catalán» si algún día Cataluña logra independizarse. Además de seguir manteniendo «una relación intensísima» con España, no contaría con un ejército propio al dar por hecho el manto de la OTAN; mantendría el actual sistema educativo y no descarta la monarquía frente a la república como modelo de Estado.
    Empeñado en no desperdiciar el ritmo que parecen haber tomado los acontecimientos a partir de la gran marcha del pasado martes, el presidente de la Generalitat no deja escapar un solo día sin explicar detalles sobre su hoja de ruta para culminar una independencia que, admite, «no se dará a cortísimo plazo». Sin embargo, la espera hasta culminar su proyecto no ha evitado que empiece ya a verbalizar qué forma quiere darle.

    Así, por ejemplo, la Cataluña independiente carecería de ejército propio, al entender que «el paraguas de la OTAN», tal y como sucede con España, también incluiría su territorio. «Cataluña no quiere un Estado para tener ejército», subrayó.

    El payaso de Artur Mas delira con el reino de la Gran CataloñoTampoco muestra dudas el president en torno al uso del castellano en Cataluña, donde asegura que se mantendría el mismo régimen actual. Según explicó en Punto Radio, «el castellano seguiría siendo una lengua de uso común», entre otras razones porque «es una parte importantísima del sistema educativo catalán» y porque «es la lengua común de muchos catalanes». Además, según puntualizó, «tener un Estado propio no quiere decir que te conviertas en un tonto». Según argumentó, «el castellano es un patrimonio universal de primera línea y a los catalanes nos conviene conocerlo».

    El jefe del Ejecutivo catalán, en cambio, se mostró más dubitativo en torno a un eventual salto de Cataluña hacia una República: «No tendría por qué ser así», zanjó, antes de insistir por enésima vez esta misma semana en que «hay preguntas que todavía no tienen respuestas».

    Más relajado ayer tras haber explicado el jueves en Madrid los grandes trazos de su plan, Mas comenzó a señalar los principales obstáculos con los que se puede encontrar el tren soberanista. Entre ellos considera que se encuentra la propia Constitución, a la que definió como «una pared para contener la voluntad democrática de un pueblo» durante la inauguración de la escuela de verano de Convergència (CDC), informa Héctor Marín.

    Rodeado de sus huestes, el president llamó a cerrar filas ante un camino que se prevé «difícil y lleno de pieles de plátano» y durante el cual el Gobierno central no dudará en utilizar la Carta Magna, «tal y como hicieron con el Estatut».

    Además de los aplausos de los militantes de su propio partido, el president también recabó ayer la felicitación de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), responsable de la manifestación de la Diada, desde donde consideran que Mas ha demostrado «que va hacia la independencia».

    Durante la reunión que mantuvieron durante más de una hora, los representantes de la ANC instaron al presidente catalán a trabajar para que se celebre una consulta por la secesión en 2014. Sin embargo, Mas considera que todavía no es el momento adecuado para trabajar con fechas concretas, pese a que desde el Govern se ve el referéndum como un «planteamiento rotundamente democrático».
  • BARCELONA
  • 15/09/2012 ESPAÑA

  • La rojigualda 'secuestrada', al Museo de Historia

    Los diputados de Solidaritat per la Independència en el Parlamento catalán Alfons López Tena y Uriel Bertran entregaron al Museo de Historia de Cataluña la bandera española que arriaron y retiraron del hemiciclo el miércoles, al día siguiente de la Diada. Pero la enseña estuvo pocas horas en manos museísticas. La bandera llegó empaquetada la tarde del jueves a la recepción del museo pero no se inscribió en el registro oficial, proceso que debe seguirse para legalizar las donaciones a la entidad, circunstancia por la cual el museo la devolvió ayer tarde a la institución. No obstante, el Parlament había colocado otra bandera la misma mañana del miércoles.

    En un comunicado, los diputados responsables del acto defendieron su actuación y argumentaron que la bandera serviría para que en el museo se pueda explicar «los acontecimientos de los últimos años de la Cataluña autonómica».

    El diputado popular Santi Rodríguez calificó de «indigno» el comportamiento de los nacionalistas Alfons López Tena y Uriel Bertran y pidió a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, que abra medidas disciplinarias. Rodríguez reclamó además «otras responsabilidades», al considerar que no se puede jugar con los símbolos de todos y la legalidad vigente
  • C. ÁLVAREZ BARCELONA
  • 15/09/2012 ESPAÑA

  • La línea roja es «la cohesión social»

    Duran apoya al 'president' pero alerta ante posturas demasiado «sentimentalistas»

    El líder de Unió Democràtica, Josep Antoni Duran Lleida, rompió ayer el silencio que mantenía desde la celebración de la marcha independentista de la Diada y lo hizo para poner coto a la deriva del Govern. En su carta web semanal, Duran Lleida apuntaló los deseos expresados por el president, Artur Mas, en orden a obtener estructuras de Estado, pero advirtió de que la aventura ha de tener un límite: que se garantice la cohesión social. «Para nosotros, la soberanía solo tiene un límite: la cohesión social», señala en su misiva, en la que también llama a huir del «maniqueísmo», del tener que identificarse como independentista o unionista. «Hay gente que no quiere ni una cosa ni la otra, o sencillamente le cuesta definirse», recuerda Duran, para añadir que «los necesitamos a todos».

    En esta misma clave, Duran alerta de que, más allá de la «defensa nacional» de Cataluña, «la nación es un conjunto de personas y que una buena parte sufre hoy la crisis económica y sus tremendas consecuencias sociales».

    Así, pese a reivindicar la manifestación de la Diada como «histórica», lanzó un nuevo aviso para navegantes al señalar que «no avanzaremos si lo único que nos guía son los sentimientos», y que, si no se racionalizan, «la frustración será inevitable» y las consecuencias no sólo las sufrirían las catalanes, sino también sus responsables políticos.

    Duran quiso ayer salir al paso de las voces que apuntaban a un desencuentro de pareceres con el president Mas a raíz de la respuesta que ha dado el Govern a la marcha multitudinaria y subrayó que «el president y yo hablamos, y a fondo, de lo que ha de hacer y decir CiU».
  • MARISA CRUZ MADRID

  • 15/09/2012 ESPAÑA

  • Rajoy espera a Mas con la Constitución y la ley en la mano

    Santamaría avisa del «perjuicio económico»que puede acarrear el debate secesionista


    Ni con crisis ni sin crisis. Los planteamientos secesionistas catalanes y las demandas de pacto fiscal no encontrarán terreno para la negociación con el Gobierno. Mariano Rajoy fijará posición con claridad en la reunión que mantendrá con Artur Mas el próximo jueves. El presidente espera la cita con la Constitución y las leyes en la mano.
    Mas no debería sorprenderse. La número dos del Ejecutivo avanzó ayer, sin dejar margen para la duda, la filosofía gubernamental en relación con las peticiones oficiales de la Generalitat y las oficiosas expresadas en la calle el día de la Diada.

    Carta Magna y nada más. Y ésta, que fue aprobada en 1978 por el 90,4% de los votantes catalanes, es «muy clara», según Sáenz de Santamaría.

    Primero, porque «no conoce otra nación que la española», como apuntaba la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, y, segundo, porque consagra «la indisoluble unidad» de la misma que es «patria común e indivisible de todos los españoles».

    Y a todo ello añade el reconocimiento a la «autonomía» de las nacionalidades y regiones que la integran y garantiza la «solidaridad entre todas ellas».

    Con estos mimbres, de sobra conocidos, construirá Rajoy sus argumentos ante Mas. Y no habrá citas preparatorias del encuentro: la reunión de la Comisión Bilateral de Transferencias, que estaba prevista para el martes 17, finalmente no se celebrará y desde Moncloa, después de la multitudinaria manifestación del día 11, nadie ha contactado con el palacio de la plaza de Sant Jaume. Ahora mismo, el vacío es total, como lo fue el jueves cuando el presidente de la Generalitat explicó sus posiciones en un desayuno-coloquio en Madrid. «No era un acto institucional, sino de comunicación, y la asistencia no era obligada», explica Santamaría.

    La firmeza de la postura gubernamental no implica, sin embargo, despreocupación. En el Ejecutivo hay inquietud ante el cariz que han tomado los acontecimientos. Mantienen en Moncloa que el debate se le ha ido de las manos al president y que, muy probablemente, será él el primero en resultar arrollado.

    La vicepresidenta del Gobierno pidió ayer nuevamente «moderación y responsabilidad» y avisó además de los «perjuicios económicos que puede acarrear para los ciudadanos» la imagen de inestabilidad que traslada Cataluña cuando plantea propuestas rupturistas.

    «En momentos muy difíciles para muchos catalanes y para muchos españoles, la estabilidad y la confianza son un grado y no se está contribuyendo a ello», afirmó haciendo alusión a las lecturas negativas que las agencias de calificación de riesgo han hecho de la deuda catalana cuando han percibido tensiones con Madrid.

    «El mundo va por otro lado», insistió, «y conviene acertar con las prioridades, que ahora son crear empleo y salir de la crisis y hacerlo, además, en el marco de la Constitución y las leyes, que son muy claras».
    Sáenz de Santamaría advirtió de que se corren riesgos importantes tanto en el plano nacional como en el exterior.

    Dentro de España opina que los ciudadanos están «sorprendidos» porque «perciben que el debate es ajeno a su situación, precisamente cuando lo están pasando muy mal». Y desde fuera, porque los mercados, los inversores y los países de nuestro entorno se muestran especialmente atentos a la situación política española, pendientes de su cohesión y de su estabilidad.

    «Uno», recalcó, «debe saber para quiénes gobierna y los principales problemas que tienen, y dedicarse a eso, sin distraer o distraerse con otro tipo de debates que no son los que a la gente le importan».
  • 15/09/2012 ESPAÑA

  • «Pide un flotador y hunde al resto»

    LA SECRETARIA GENERAL DEL PP, MARÍA DOLORES DE COSPEDAL, OFRECIÓ AYER LA RESPUESTA MÁS ELOCUENTE QUE HA RECIBIDO HASTA AHORA EL DESAFÍO DE ARTUR MAS DESDE EL PARTIDO EN EL GOBIERNO: «SE EQUIVOCA SI QUIERE ABANDONAR EL BARCO PERO PEDIR UN FLOTADOR Y HUNDIR AL RESTO», DIJO LA 'NÚMERO DOS' DEL PARTIDO DE RAJOY, SIN CITAR AL 'PRESIDENT' CATALÁN, DURANTE LA CENA CON LA QUE EL PP VALENCIANO CELEBRÓ EN GANDÍA EL COMIENZO DEL CURSO POLÍTICO. «NO ES EL MOMENTO DE LOS DESAFÍOS NI LAS AMENAZAS NI LOS CHANTAJES», AÑADIÓ. PARADÓJICAMENTE, EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, ALBERTO FABRA, APROVECHÓ PARA QUEJARSE DE QUE LA FINANCIACIÓN QUE RECIBE TAMBIÉN LE PARECE POCA, INFORMA EUROPA PRESS
     
  • JAVIER OMS BARCELONA
  • 15/09/2012 ESPAÑA

  • La Generalitat critica el desdén del Gobierno hacia su plan (¡Es indignante, no muestran ningún respeto a la Constitución y consideran al Gobierno de España como incapaz, mansurrón y conformista!)

    Descarta cualquier «represalia» en torno al Fondo de Liquidez

     Artur Mas acudió el jueves a Madrid a explicar su particular hoja de ruta hacia la construcción del «Estado catalán» y entre el público encontró caras amigas, rivales políticos fuera ya de la primera línea y a algún compañero de gabinete. Sin embargo, entre los asistentes no halló a ningún miembro del Gobierno del PP que le quisiera escuchar. Un ninguneo evidente a la gran puesta de largo del presidente catalán en Madrid tras el éxito de la Diada que, además de «sorprender» al Ejecutivo catalán, ha despertado «mucha preocupación» en el Palau de la Generalitat por el desdén con el que el Gobierno de Mariano Rajoy parece haber afrontado la apuesta abiertamente soberanista del presidente catalán.

    La conferencia de Mas, interpretada en Barcelona como colofón al pulso al Gobierno que comenzó con la gran manifestación durante la Diada, fue poco menos que ignorada por el equipo de Rajoy. Una actitud que, según explicó ayer el portavoz del Govern, Francesc Homs, les «preocupa, y mucho», por el hecho de que «continúan sin querer escuchar» lo que tratan de explicarles desde la plaza de Sant Jaume.

    La simbólica ausencia de los ministros, en todo caso, consideran que acabará perjudicando al mismo Gobierno. Según vaticinó ayer Homs en rueda de prensa, el aparente vacío a las reclamaciones catalanas y a las insistentes palabras de Mas en torno al pacto fiscal y a la construcción de un Estado propio hará que el Ejecutivo central tenga «todos los números de equivocarse después en las decisiones que deban tomar».

    Eco internacional
    En un intento de evidenciar la falta de visión del Gobierno en cuanto a la dimensión de las reivindicaciones catalanas, el portavoz del Govern recordó ayer que la movilización masiva del pasado martes en Barcelona sí tuvo eco internacionalmente.

    Para el Ejecutivo catalán, la demostración de fuerza del soberanismo en las calles representa «sólo la punta del iceberg» de un proceso que esta semana «ha empezado a tomar mayor velocidad». Es por ello que lamentan que el Gobierno «se duerma en los laureles», ignore los movimientos de la Generalitat y deje escapar la ocasión de «analizar» los acontecimientos. Una actitud que «les hará a ellos responsables» de las consecuencias.
    El órdago lanzado esta semana contra el Gobierno, en todo caso, no hace temer a la Generalitat que Rajoy responda frenando el rescate de 5.023 millones de euros que Cataluña ha pedido a España para salvar sus cuentas.

    Las arcas públicas catalanas deberían recibir el dinero del Tesoro Público a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) a finales del mes de septiembre, tal y como sucederá también con la Comunidad Valenciana o Murcia.
    Un calendario que, según señaló Francesc Homs, consideran que se cumplirá sin problemas al no temer ningún tipo de «represalia» por parte del equipo de Mariano Rajoy.

    Según apuntó, no le «pasa por la cabeza que pueda haber represalias del Gobierno». Si eso sucediera, añadió, «sería ir sumando errores por su parte», por lo que consideró que no se lo puede «imaginar de ninguna de las maneras».

    En todo caso, y por si hubiera alguna sorpresa de última hora, el Govern aseguró que llegado el momento podría activar alguna otra vía de apoyo financiero sobre la que ayer no se dio, sin embargo, ninguna pista.


    Artur Mas acudió el jueves a Madrid a explicar su particular hoja de ruta hacia la construcción del «Estado catalán» y entre el público encontró caras amigas, rivales políticos fuera ya de la primera línea y a algún compañero de gabinete. Sin embargo, entre los asistentes no halló a ningún miembro del Gobierno del PP que le quisiera escuchar. Un ninguneo evidente a la gran puesta de largo del presidente catalán en Madrid tras el éxito de la Diada que, además de «sorprender» al Ejecutivo catalán, ha despertado «mucha preocupación» en el Palau de la Generalitat por el desdén con el que el Gobierno de Mariano Rajoy parece haber afrontado la apuesta abiertamente soberanista del presidente catalán.

    La conferencia de Mas, interpretada en Barcelona como colofón al pulso al Gobierno que comenzó con la gran manifestación durante la Diada, fue poco menos que ignorada por el equipo de Rajoy. Una actitud que, según explicó ayer el portavoz del Govern, Francesc Homs, les «preocupa, y mucho», por el hecho de que «continúan sin querer escuchar» lo que tratan de explicarles desde la plaza de Sant Jaume.

    La simbólica ausencia de los ministros, en todo caso, consideran que acabará perjudicando al mismo Gobierno. Según vaticinó ayer Homs en rueda de prensa, el aparente vacío a las reclamaciones catalanas y a las insistentes palabras de Mas en torno al pacto fiscal y a la construcción de un Estado propio hará que el Ejecutivo central tenga «todos los números de equivocarse después en las decisiones que deban tomar».

    Eco internacional
    En un intento de evidenciar la falta de visión del Gobierno en cuanto a la dimensión de las reivindicaciones catalanas, el portavoz del Govern recordó ayer que la movilización masiva del pasado martes en Barcelona sí tuvo eco internacionalmente.

    Para el Ejecutivo catalán, la demostración de fuerza del soberanismo en las calles representa «sólo la punta del iceberg» de un proceso que esta semana «ha empezado a tomar mayor velocidad». Es por ello que lamentan que el Gobierno «se duerma en los laureles», ignore los movimientos de la Generalitat y deje escapar la ocasión de «analizar» los acontecimientos. Una actitud que «les hará a ellos responsables» de las consecuencias.
    El órdago lanzado esta semana contra el Gobierno, en todo caso, no hace temer a la Generalitat que Rajoy responda frenando el rescate de 5.023 millones de euros que Cataluña ha pedido a España para salvar sus cuentas.

    Las arcas públicas catalanas deberían recibir el dinero del Tesoro Público a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) a finales del mes de septiembre, tal y como sucederá también con la Comunidad Valenciana o Murcia.
    Un calendario que, según señaló Francesc Homs, consideran que se cumplirá sin problemas al no temer ningún tipo de «represalia» por parte del equipo de Mariano Rajoy.

    Según apuntó, no le «pasa por la cabeza que pueda haber represalias del Gobierno». Si eso sucediera, añadió, «sería ir sumando errores por su parte», por lo que consideró que no se lo puede «imaginar de ninguna de las maneras».

    En todo caso, y por si hubiera alguna sorpresa de última hora, el Govern aseguró que llegado el momento podría activar alguna otra vía de apoyo financiero sobre la que ayer no se dio, sin embargo, ninguna pista.
  • LEYRE IGLESIAS BILBAO
  • 15/09/2012 ESPAÑA

  • ETA-Batasuna prevé una «declaración unilateral de independencia»

    «No seremos los primeros, pero tenemos derecho a sobrevivir como pueblo», asegura

    La izquierda abertzale tiene envidia de la explosión soberanista que -sin medio siglo de terrorismo- se ha vivido esta semana en Cataluña. Lo reconocía hace poco en un acto en Barcelona el dirigente Pernando Barrena y se respiraba ayer en la rueda de prensa que convocaron en San Sebastián las candidatas de Euskal Herria Bildu Maribi Ugarteburu -número dos por Vizcaya- y Marian Beitialarrangoitia -número tres por Guipúzcoa-, aunque lo hicieron únicamente bajo las siglas de Ezker Abertzalea (izquierda abertzale).

    Ante una CiU entregada al independentismo y un PNV más centrado en lo económico, las políticas abertzales, rostros clave de la renovada Batasuna, prometieron que su partido no se quedará «esperando» a que el Partido Popular cambie de actitud y acceda a abordar con ellos la «resolución integral del conflicto», sino que promoverá una «declaración unilateral de independencia».

    Para la izquierda radical -integrada con EA, Alternatiba y Aralar en la coalición EH Bildu-, el escenario ideal es que el Gobierno de Mariano Rajoy ceda a sus pretensiones, resumidas en la conferencia celebrada hace casi un año en el Palacio de Ayete: salida de los presos, retirada de las fuerzas de seguridad del País Vasco y, finalmente, conformación de una mesa de partidos para acordar los términos en que el «pueblo vasco» se hará independiente de España y Francia.

    Pero como, «por desgracia», lo previsible es que el Ejecutivo popular siga «negando el futuro» del País Vasco «mediante la imposición», se hará necesario que los vascos se doten de «los instrumentos necesarios», articulen «mayorías sociales independentistas» y, desde el ámbito institucional, manifiesten «una voluntad inequívoca para una declaración unilateral de independencia». ¿Cómo? «Articulando mayorías suficientes que se vean cristalizadas en decisiones unilaterales», explicó Maribi Ugarteburu.

    «No seremos los primeros en esto [la gran referencia parece ser Kosovo, que en febrero de 2008 proclamó unilateralmente su independencia de Serbia]», leyó en euskara Marian Beitialarrangoitia, ex alcaldesa de Hernani (Guipúzcoa) con ANV y actual responsable de comunicación de la Diputación guipuzcoana, en manos de Martin Garitano (Bildu). «Pero tenemos todo el derecho a sobrevivir como pueblo», añadió.

    La izquierda abertzale agita esta bandera tras la colosal manifestación en Barcelona y después de que la Comisión Europea, a través de su portavoz Olivier Bailly, advirtiera de que si una región declarase su independencia respecto a un Estado europeo, dejaría de formar parte automáticamente de la UE y tendría que negociar de nuevo su adhesión al espacio comunitario

    Ugarteburu asumió que le gustaría un lehendakari que defendiera la independencia como ha hecho el president esta semana en Madrid. En la declaración, Beitialarrangoitia preguntó a los vascos si quieren dejar el futuro de sus hijos y nietos «en manos del Estado español sine die».
  • MIKEL SEGOVIA BILBAO
  • 15/09/2012 ESPAÑA

  • Urkullu tomará parte del 'plan Ibarretxe'

    López denuncia que el PNV quiera volver a la «confrontación» de la sociedad

    Para el PNV, ni Ibarretxe ni su plan han dejado de ser un referente. Su candidato a lehendakari, Iñigo Urkullu, volvió a reiterarlo ayer al afirmar que el modelo de nuevo estatus que planteará «rescatará» parte de sus contenidos, en especial los relativos a los niveles competenciales. Subrayó, sin embargo, que en su propuesta la búsqueda de acuerdos será un pilar esencial antes de someter cualquier propuesta a debate en el Parlamento vasco.

    Entrevistado en Radio Nacional, Urkullu abogó por actualizar el actual marco estatutario y la conformación del modelo autonómico. Recordó que pese a que el PNV siempre ha defendido la independencia de Euskadi, ahora ese concepto requiere ser «trabajado y modulado» antes de iniciar cualquier proyecto hacia la soberanía, teniendo en cuenta «en qué siglo vivimos».

    Respecto al nuevo marco político para el País Vasco que defenderá el PNV, el presidente del EBB recordó que se basa en fijar una relación «bilateral» con España. Para ello, consideró necesario lograr previamente «constitucionalizar» el respeto a la voluntad expresada por la sociedad. Además, Urkullu cree necesario iniciar una labor pedagógica para alcanzar no sólo apoyos sociales, sino también políticos, lo que requeriría un proceso de reflexión sobre el modelo y la estructura de España. En su opinión, el modelo autonómico ha fallado en adecuar y encajar «los hechos nacionales», como el vasco y el catalán, y debe ser actualizado.

    El candidato jeltzale reivindicó la apertura de una fase de «reflexión» sobre la evolución del Estado desde la Transición hasta la actualidad para «trabajar y estudiar» otros conceptos como el federalismo asimétrico o la cofederalidad. Urkullu reiteró que el Estatuto de Guernica fue aprobado hace más de tres décadas, por lo que se ha quedado desfasado.

    El lehendakari Patxi López respondió a las palabras de Urkullu denunciando que quiera «volvernos a enfrascar en la confrontación permanente». El presidente vasco acusó al candidato nacionalista de querer que la sociedad «vuelva a derrochar energías en debates que no llevan a ninguna parte más que a la división social y la fractura del país», y subrayó que los socialistas están «radicalmente en contra» de todo lo que divida, ya que lo que necesita el País Vasco son «entendimientos y no conflictos».

    TERRORISMO: «Llegarán más casos como el de Bolinaga, y más en elecciones»


  • NATALIA ESCRIBANO BURGOS
  • 15/09/2012 ESPAÑA

  • «Una irreparable injusticia»

    Un millar de personas apoya en Burgos a Ortega Lara tras la liberación de Bolinaga
     
    El payaso de Artur Mas delira con el reino de la Gran Cataloño. El ex funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara estuvo ausente ayer de la Plaza Mayor de Burgos, en la concentración contra la excarcelación del etarra Josu Uribetxeberria Bolinaga, el mismo que le custodió durante 532 días de degradante cautiverio. Sin embargo, se hizo presente en el corazón de sus vecinos, que se dieron cita para recordar su sufrimiento y el de las familias de los tres guardias civiles asesinados por este terrorista.

    Sí acudieron a manifestar su malestar otras víctimas de ETA, como los padres de Carlos Sáenz de Tejada, el guardia civil asesinado en el verano de 2009 en su puesto de Palmanova, en las Islas Baleares.

    Junto a ellos y a los convocantes, alrededor de un millar de personas respaldó la cita del Foro Burgalés de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, en la única concentración, hasta ahora, que se ha celebrado en España en contra de la excarcelación de Bolinaga.

    Dos banderas de España con crespones negros y otra más sujetada por unos niños componían un escenario sobrio para un momento de recogimiento que pretendía mostrar «apoyo y afecto» a «nuestro vecino y amigo» José Antonio Ortega Lara.

    La convocatoria comenzaba con un minuto de silencio a las 20.15 horas. Después, los portavoces del Foro, Roberto Ranz e Íñigo Arina, desgranaron el contenido del comunicado en el que, una a una, recordaron a todas las víctimas de Bolinaga. El texto fue crítico con los jueces de la Sección Primera de la Audiencia Nacional, pero también con el Gobierno de Mariano Rajoy. Así, señalaron lo que para las víctimas ha supuesto una «traición». «Estamos aquí porque no podemos dejar en silencio y sin denunciar la irreparable injusticia que han cometido los jueces de la Audiencia Nacional, con el beneplácito de Rajoy y del ministro del Interior, al dejar en libertad al etarra», indicaba el manifiesto.

    Los asistentes escucharon con atención el homenaje a los tres guardias civiles asesinados por el etarra ahora en libertad para recibir tratamiento médico por su enfermedad terminal. Recordaron las circunstancias de la muerte de Mario Manuel Leal Baquero (1985), Antonio López Colmenero y Pedro Galnares Barrera (1987). Precisamente, en la convocatoria de ayer también estuvieron presentes familiares de este último. Los responsables del Foro agradecieron la presencia en Burgos de sus hermanas y pidieron un aplauso que fue respondido por las personas congregadas en la Plaza Mayor.

    El recordatorio más especial fue para José Antonio Ortega Lara. «Muchos de nosotros
    hemos vuelto a llorar al ver de nuevo las imágenes de la liberación el 1 de julio de 1997», recogía el texto, que puso como ejemplo de «sacrificio y de victoria frente a ETA» a Ortega Lara.

    Los portavoces del Foro Burgalés se preguntaron por el dolor que estará reviviendo al recordar los detalles de esos 532 días pasados en un zulo en condiciones especialmente inhumanas.

    De esta manera, expresaron su apoyo tanto hacia Ortega Lara como hacia su familia. Según recordaron, «José Antonio ha liderado y ha hecho posibles innumerables actos en apoyo a las víctimas y en defensa de la nación española. Y siempre a sabiendas de que ETA le amenazó de muerte de por vida».

    Los portavoces señalaron que el funcionario tendrá el cariño y el afecto de sus convecinos y le dedicaron unas palabras. «Querido José Antonio: que sepas que estamos contigo en estos momentos difíciles para ti y que todavía existen en España miles y miles de ciudadanos que apoyan a las víctimas del terrorismo».

    Con estas frases terminaba el comunicado y el acto convocado por el Foro Burgalés de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo. Quince escasos minutos que recordaron el espíritu de las decenas de movilizaciones que se realizaron en la capital burgalesa durante más de un año de secuestro, cuando toda España se convirtió en un clamor por la liberación de Ortega Lara.

    Entre los asistentes, se encontraba buena parte de la Corporación municipal, como el vicealcalde, Ángel Ibáñez, así como el vicepresidente de las Cortes de Castilla y León, Fernando Rodríguez Porres. Además de dirigentes del PP, hubo representación de UPyD.


    El ex funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara estuvo ausente ayer de la Plaza Mayor de Burgos, en la concentración contra la excarcelación del etarra Josu Uribetxeberria Bolinaga, el mismo que le custodió durante 532 días de degradante cautiverio. Sin embargo, se hizo presente en el corazón de sus vecinos, que se dieron cita para recordar su sufrimiento y el de las familias de los tres guardias civiles asesinados por este terrorista.

    Sí acudieron a manifestar su malestar otras víctimas de ETA, como los padres de Carlos Sáenz de Tejada, el guardia civil asesinado en el verano de 2009 en su puesto de Palmanova, en las Islas Baleares.

    Junto a ellos y a los convocantes, alrededor de un millar de personas respaldó la cita del Foro Burgalés de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, en la única concentración, hasta ahora, que se ha celebrado en España en contra de la excarcelación de Bolinaga.

    Dos banderas de España con crespones negros y otra más sujetada por unos niños componían un escenario sobrio para un momento de recogimiento que pretendía mostrar «apoyo y afecto» a «nuestro vecino y amigo» José Antonio Ortega Lara.

    La convocatoria comenzaba con un minuto de silencio a las 20.15 horas. Después, los portavoces del Foro, Roberto Ranz e Íñigo Arina, desgranaron el contenido del comunicado en el que, una a una, recordaron a todas las víctimas de Bolinaga. El texto fue crítico con los jueces de la Sección Primera de la Audiencia Nacional, pero también con el Gobierno de Mariano Rajoy. Así, señalaron lo que para las víctimas ha supuesto una «traición». «Estamos aquí porque no podemos dejar en silencio y sin denunciar la irreparable injusticia que han cometido los jueces de la Audiencia Nacional, con el beneplácito de Rajoy y del ministro del Interior, al dejar en libertad al etarra», indicaba el manifiesto.

    Los asistentes escucharon con atención el homenaje a los tres guardias civiles asesinados por el etarra ahora en libertad para recibir tratamiento médico por su enfermedad terminal. Recordaron las circunstancias de la muerte de Mario Manuel Leal Baquero (1985), Antonio López Colmenero y Pedro Galnares Barrera (1987). Precisamente, en la convocatoria de ayer también estuvieron presentes familiares de este último. Los responsables del Foro agradecieron la presencia en Burgos de sus hermanas y pidieron un aplauso que fue respondido por las personas congregadas en la Plaza Mayor.

    El recordatorio más especial fue para José Antonio Ortega Lara. «Muchos de nosotros
    hemos vuelto a llorar al ver de nuevo las imágenes de la liberación el 1 de julio de 1997», recogía el texto, que puso como ejemplo de «sacrificio y de victoria frente a ETA» a Ortega Lara.

    Los portavoces del Foro Burgalés se preguntaron por el dolor que estará reviviendo al recordar los detalles de esos 532 días pasados en un zulo en condiciones especialmente inhumanas.

    De esta manera, expresaron su apoyo tanto hacia Ortega Lara como hacia su familia. Según recordaron, «José Antonio ha liderado y ha hecho posibles innumerables actos en apoyo a las víctimas y en defensa de la nación española. Y siempre a sabiendas de que ETA le amenazó de muerte de por vida».

    Los portavoces señalaron que el funcionario tendrá el cariño y el afecto de sus convecinos y le dedicaron unas palabras. «Querido José Antonio: que sepas que estamos contigo en estos momentos difíciles para ti y que todavía existen en España miles y miles de ciudadanos que apoyan a las víctimas del terrorismo».

    Con estas frases terminaba el comunicado y el acto convocado por el Foro Burgalés de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo. Quince escasos minutos que recordaron el espíritu de las decenas de movilizaciones que se realizaron en la capital burgalesa durante más de un año de secuestro, cuando toda España se convirtió en un clamor por la liberación de Ortega Lara.

    Entre los asistentes, se encontraba buena parte de la Corporación municipal, como el vicealcalde, Ángel Ibáñez, así como el vicepresidente de las Cortes de Castilla y León, Fernando Rodríguez Porres. Además de dirigentes del PP, hubo representación de UPyD.
  • MADRID  15/09/2012 ESPAÑA
  • El juez Poveda: «Llegarán más casos, y más en elecciones»

    El juez discrepante del caso Bolinaga, Nicolás Poveda, cree que casos similares pueden llegar en breve a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. «Nos imaginamos que llegarán más asuntos porque suele ser habitual y más ahora que están en elecciones. Quizás pretendan hacerlo porque los movimientos de esta gente siempre tienen un contenido político más que jurídico, aunque esa es otra historia...», dice en una entrevista en La Voz de Almería.

    Poveda, que ha anunciado un voto particular contrario a la confirmación de la libertad condicional para el etarra enfermo -«Discrepo en la forma y el fondo», dice-, atribuye al Gobierno otra parte de la responsabilidad de que lleguen nuevos casos: «[La libertad condicional] tiene un antecedente previo que es la concesión del tercer grado y esa es una función más bien de tipo político».
    El voto del magistrado almeriense se centrará en la trascendencia que debe darse a los informes médicos. «El tema que se debate en este asunto es una aplicación normativa, si corresponde aplicar un determinado precepto u otro, y ahí es donde está la discrepancia con mis compañeros, en los criterios médicos. Qué duda cabe que los criterios médicos tienen una incidencia sobre la diferencia jurídica que da lugar a la diferencia de criterio».

    Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, dijo ayer que la decisión que concede la libertad es «fundada» y que el caso ha sido «muy matizado y discutido», según informa Efe. Sobre el rechazo de las víctimas a la excarcelación, ha añadido: «Tienen todo el derecho del mundo a protestar porque se han visto afectadas en algo tan hondo como la muerte de un familiar. En esta situación, nadie les puede negar la posibilidad y el deber de no aceptar lo que se pueda producir con arreglo a las leyes».

    CON TANTO BANDOLERO SUELTO, ANDALUCÍA TENDRÁ QUE PEDIR RESCATE



  • CARMEN TORRES SEVILLA
  • 15/09/2012 ESPAÑA

  • Andalucía pedirá el rescate y el PP calcula que llegará a 4.000 millones

    La oposición exige a Griñán que detalle «a qué cuestiones va a destinar esos fondos»

    El payaso de Artur Mas delira con el reino de la Gran Cataloño. Sin complejos ni demoras, la Junta de Andalucía admite ya que le urgen más de 3.000 millones de euros del Estado para resolver sus acuciantes problemas de liquidez y poder cerrar las cuentas de 2012 sin que el déficit vuelva a dispararse, aunque los cálculos de la oposición elevan hasta los 4.000 millones el montante que acabará demandando el Gobierno andaluz que preside el socialista José Antonio Griñán al Ejecutivo de Mariano Rajoy. Una cifra que reviste cierta oficialidad si se suma el adelanto de tesorería de 1.000 millones ya solicitado formalmente a lo que se va a pedir de rescate al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

    Las cifras sorprenden sobre todo porque justo antes de iniciar las vacaciones de agosto, los socios del bipartito andaluz, PSOE e IU, descartaban rotundamente que fueran a recurrir al FLA. Incluso el vicepresidente de la Junta y líder regional de Izquierda Unida, Diego Valderas, llegó a insinuar en su día la necesidad de convocar un referéndum para consultar a los andaluces antes de adoptar una medida de este calado. No obstante, el temor de que otras comunidades agoten ese fondo, sus beneficios por el bajo interés que presenta y la imposibilidad de colocar deuda autonómica porque «no hay mercado» han hecho cambiar de opinión al Gobierno de la Junta.

    El secretario general del PP andaluz, José Luis Sanz, salió ayer en rueda de prensa a exigir a Griñán que detalle a qué cuestiones van a ir destinados estos fondos, ya que los populares temen que sean utilizados para mantener la superestructura política de la Junta. El número dos del PP-A también tachó de «cínica e hipócrita» la posición del presidente de la Junta, porque «negocia por una parte con el Gobierno central ayudas para pagar la deuda de la Junta y, simultáneamente, instiga una política de confrontación permanente contra el Gobierno de Rajoy».

    «La Junta y el señor Griñán están utilizando políticamente la nefasta situación económica de Andalucía creada tras 30 años de gobiernos socialistas», denunció José Luis Sanz, que recordó que el Gobierno central ya ha transferido en lo que va de año más de 4.000 millones de euros a la Junta para aliviar su endeudamiento, mediante ayudas del ICO, anticipos a cuenta o fondos para pagar proveedores. «Rajoy no va a dejar caer a ninguna comunidad autónoma, ni a Andalucía, a pesar del sectarismo de Griñán», añadió el dirigente del PP andaluz.

    Por su parte, el presidente de la Junta se resistió a dar una cifra ante los periodistas en un desayuno informativo celebrado en el Parlamento. Sí admitió que para el próximo 4 de octubre necesita sin más remedio 600 millones de euros para cubrir los vencimientos de deuda y que esa inyección de capital tiene que venir del Estado. «O te dan un anticipo o te dan el FLA, no hay más maneras que ésa», explicó Griñán, que asegura que ya tiene luz verde del Gobierno.
  • L. Á. S. MADRID
  • 15/09/2012 ESPAÑA

  • Los sindicatos esperan reunir hoy a 600.000 manifestantes

    Los sindicatos convocantes de distintas mareas humanas procedentes de toda España y que confluirán a las 12.00 en la plaza de Colón de Madrid esperan concentrar al menos a 600.000 personas contra los recortes del Gobierno y las drásticas medidas adoptadas en los últimos meses por el Gobierno de Mariano Rajoy.

    Desde los cuatro puntos cardinales de la capital partirán hoy a las 10.30 varias columnas de manifestantes compuestas por profesionales de distintos sectores afectados. A ellos se unirán todos los ciudadanos que libremente quieran protestar contra la política del Ejecutivo.

    Desde la plaza de Gregorio Marañón partirá la marea negra, que estará compuesta por funcionarios en general. De la glorieta de Carlos V saldrán las mareas blanca (sanidad) y naranja (servicios sociales y cooperación) y de la calle Alcalá (Ministerio de Educación), saldrá la marea verde de profesores y profesionales del sector. Cada una de ellas puede concentrar a unas 30.000 personas llegadas de todas las comunidades autónomas, según calculan CCOO y UGT. Y todas se unirán a las 12.00 en la plaza de Colón, uno de los espacios públicos más amplios de Madrid, para mostrar su indignación ante los recortes.

    El lema del acto público que se celebrará allí es Para defender el futuro. Marcha a Madrid. Quieren arruinar el país.

    La Delegación del Gobierno en Madrid ha calculado que hoy llegarán a la capital de España unos 1.500 autobuses fletados por los sindicatos para inundar el centro de Madrid en lo que quieren que sea «una marea humana» que frene al Gobierno. En pleno mes de julio, los sindicatos ya sacaron a la calle a centenares de miles de personas contra los recortes.
  • O. R. S. MADRID
  • 15/09/2012 ESPAÑA

  • Extremadura y Castilla-La Mancha, a la cola de la UE en nivel educativo

    Un informe de la Comisión muestra grandes desigualdades entre autonomías

    España, país de grandes contrastes educativos entre comunidades autónomas, se encuentra a la cola de la UE en cuanto a nivel de estudios. Extremadura, Castilla-La Mancha y la ciudad autónoma de Melilla figuran entre las 10 regiones europeas donde un mayor porcentaje de la población solamente tiene estudios básicos.

    Según un informe que publicó ayer la Comisión Europea (CE), estas autonomías se encuentran en los puestos sexto, séptimo y octavo de las regiones europeas con peores niveles educativos. El 67% de los extremeños mayores de 16 años, el 65% de los melillenses y el 64,8% de los castellanomanchegos no han llegado más allá de tener un título de educación infantil, de primaria o, como mucho, de secundaria obligatoria.

    Sólo están peor en Portugal -en las regiones del Alentejo (71%), Centro (78%) y Norte (77%)- y en Malta (74%).

    Lo llamativo de este estudio son las enormes diferencias existentes según la comunidad autónoma en que se viva. El País Vasco, por ejemplo, figura en el cuarto mejor puesto de entre las 10 regiones europeas con mayor porcentaje de población con niveles educativos superiores (estudios universitarios, FP superior, doctorado o máster). El 34% de los vascos ha cursado estos estudios, sólo superados por los habitantes del centro de Londres (41%), la región belga de Valonia Brabante (38%) y Estocolmo (34%).

    Frente a esto, sólo el 16% de la población extremeña, el 17% de la castellanomanchega y el 19% de la melillense han ido a la Universidad, asegura el informe de la CE. La Comunidad de Madrid se encuentra en el 30%.

    El informe Mind the Gap destaca también el porcentaje de personas de entre 25 y 64 años que tienen terminados los estudios de enseñanza secundaria obligatoria (es decir, que han estudiado sólo hasta los 16 años): en Melilla es el 63%; en Extremadura es del 62%, y en Castilla-La Mancha, el 59%.
    España también ostenta un triste récord: el primer puesto de toda la UE en cuanto a desigualdades entre comunidades autónomas respecto a accesibilidad geográfica a las universidades. Están, por un lado, la Comunidad de Madrid y el País Vasco, donde no tienen habitantes que vivan a más de una hora de la universidad más cercana. En el extremo opuesto se encuentra Ceuta, con un 99% con dificultades de movilidad para acceder al campus.

    El informe no concreta en qué año concreto recogió los datos correspondientes a España. Según las últimas cifras de abandono escolar temprano, que publicó Eurostat el pasado mes de junio, en nuestro país un 26,5% de jóvenes de entre 18 a 24 años deja de estudiar sin conseguir al menos un título de bachillerato o FP. En otras palabras: uno de cada cuatro alumnos cuelga los libros antes de tiempo, el doble de la media europea.

    Un estudio reciente de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas indica que los alumnos de 15 años de Castilla y León van con un curso y medio de adelanto respecto a los estudiantes de la misma edad de Canarias, Baleares o Andalucía.

    Distintas fuentes atribuyen el abandono escolar temprano al auge de la burbuja inmobiliaria, que abocó a miles de jóvenes a abandonar sus estudios para trabajar en la construcción. La OCDE sacó el pasado martes los colores a España por ser el país de la UE con más jóvenes que ni estudian ni trabajan: uno de cada cuatro.

    En su reforma educativa, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, tiene la intención de flexibilizar las trayectorias educativas y adelantar el camino hacia la formación profesional con el fin de favorecer la matriculación de más alumnos en FP de grado medio y reducir la elevada tasa de abandono escolar temprano.
  • MADRID
  • 15/09/2012 ESPAÑA
  • «Invasión competencial»

    El País Vasco y Cataluña están molestos con el fondo de la reforma educativa y con la forma en que la está cocinando el Gobierno. Los representantes de ambas comunidades autónomas le lanzaron una advertencia al ministro de Educación, José Ignacio Wert, tras leer en 'El País' que planea recortar los contenidos que controlan las autonomías. El 'lehendakari', Patxi López, se opuso a la «recentralización ideológica» que, en su opinión, pretende el Gobierno con la reforma educativa por su «invasión competencial», según informa Efe. La consejera vasca de Educación, Isabel Celaá, anunció su intención de pedir formalmente la dimisión del ministro, al tiempo que López advertía de que el Gobierno vasco no está dispuesto «a aceptar ni el 10% ni el 1% de marcha atrás». «No tenemos el articulado de la reforma y sin ella no podemos opinar, pero ya dijimos en julio, cuando se anunció la reválida, que no aceptaríamos una invasión de competencias», señalaron a EL MUNDO fuentes del Departamento de Enseñanza catalán. La consejera de Educación de Asturias, Ana González, afirmó que la reforma educativa supondrá «una involución ideológica». Por su parte, la consejera valenciana de Educación, María José Català, defendió a Wert y dijo que «hay que fijar el sistema educativo español para equipararlo a los estándares europeos» y aseguró que se mantendrá la identidad autonómica propia

    ECONOMÍA: La engreída, antipática e insolidaria Cataluña TRIPLICA su deuda por los gastos identitarios


  • FRANCISCO NÚÑEZ MADRID
  • 15/09/2012 ECONOMÍA

  • Cataluña triplica su deuda desde el inicio de la crisis con 4 3.954 millones

    Cada español debe 17.046 euros ya que el 'agujero' público alcanza el 75,9% del PIB
     
    El payaso de Artur Mas delira con el reino de la Gran Cataloño. La deuda de todas las administraciones públicas sigue cosechando máximos históricos. Según los datos facilitados ayer por el Banco de España, el agujero del conjunto del Estado alcanzó en junio el 75,9% del PIB, a cuatro puntos (79,8%) del objetivo para fin de año, superando por primera vez la barrera de los 800.000 millones (804.388). Lo que significa que cada español tiene ya una carga de 17.046 euros, que en algún momento tendrá que pagar con impuestos y que seguirá creciendo por el empeoramiento de la recesión.

    La deuda total creció un 3,8% en el último trimestre (29.688 millones); un 14% en el último año (99.100 millones); y un 110,4% desde que comenzó la crisis. Así, desde 2007 el endeudamiento público ha aumentado en casi 40 puntos del PIB y en 422.081 millones. Con esa cifra se podrían pagar las pensiones durante cuatro años sin ingresos por cotizaciones, y equivale a seis veces la recaudación por IRPF.

    Por administraciones, la central (ministerios) alcanzó un endeudamiento de 617.504 millones (el 77% del conjunto nacional) con un crecimiento del 4,4% trimestral (26.095 millones); del 16,1% anual (85.510 millones); y del 11,6% (325.661 millones) desde el inicio de la crisis. Por su parte, con un agujero de 36.306 millones, los ayuntamientos son la única administración que modera su crecimiento (un 1,5% menos respecto al trimestre anterior) porque el endeudamiento de las autonomías sigue imparable. En particular, el de Cataluña.

    En su conjunto, las 17 autonomías alcanzaron otro récord, ya deben 150.578 millones (el 57% son préstamos) con un incremento de casi 90.000 millones más desde que comenzó la crisis; 15.000 más que hace un año; y 4.183 más que hace tres meses.

    Y Cataluña ocupa con creces el primer lugar del ranking deudor de las autonomías. Cuando comenzó la crisis, debía 15.776 millones. Ahora, es casi el triple (43.954 millones). Así, prácticamente uno de cada tres euros que deben las CCAA corresponde a esta comunidad. En porcentaje de PIB, ocupa también el primer lugar porque ya debe el 22%, 1,2 puntos más que la Comunidad Valenciana (21.364 millones), que le sigue en el podio.

    La comunidad catalana, la primera economía del país, ya que genera casi el 20% del PIB, acumula una deuda que equivale a las que conjuntamente tienen otras 11 comunidades (Murcia, La Rioja, Galicia, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cantabria, Canarias, Baleares, Asturias y Aragón). Mientras tanto, el endeudamiento de la segunda economía nacional, Madrid, que genera más del 19% del PIB, alcanza los 17.108 millones, casi 27.000 millones menos. Y, en términos de PIB llega al 9,1%, casi 2,5 veces inferior al agujero catalán.
  • CARLOS SEGOVIA NICOSIA ENVIADO ESPECIAL
  • 15/09/2012 PORTADA

  • La UE impone a España nuevas medidas para cumplir el déficit

    Guindos promete otro paquete de reformas antes de fin de mes

    «La reunión fue más tensa de lo que cabía esperar en un momento de dulce tregua en los mercados», resumió uno de los asistentes al consejo de ministros de Finanzas del Eurogrupo en reunión informal en Chipre, que preside este semestre la Unión Europea. El Eurogrupo impuso al Gobierno español un nuevo plan de medidas de ajuste y reformas económicas para intentar consolidar de forma duradera la renovada confianza que están ofreciendo los inversores a la Eurozona o, en caso contrario, preparar el terreno para un rescate de España. La prima de riesgo continuó ayer por encima de los 400 puntos básicos con respecto al bono alemán.
    El ministro de Economía, Luis de Guindos, negó que se tratara de una exigencia europea, sino consecuencia de que el Gobierno se da como prioridad garantizar el cumplimiento del déficit y fomentar el crecimiento. Pero la puesta en escena de ayer dio toda la imagen de imposición, porque no fue el Ejecutivo español sino el presidente del Eurogrupo, Jean Claude Juncker, quien anunció en rueda de prensa internacional lo que va a hacer España en 15 días.

    El luxemburgués, en presencia de nada menos que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde y el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, desveló que «el ministro español ha reiterado el pleno compromiso de las autoridades españolas para cumplir los objetivos de déficit este año, como exige la recomendación revisada por déficit excesivo, incluso mediante la adopción de medidas adicionales si es necesario». Por su parte, desde la misma mesa, el comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn, agregó: «El ministro De Guindos también ha informado al Eurogrupo hoy de que el Gobierno español tiene previsto adoptar un programa nacional de reformas a finales de septiembre, basado en las recomendaciones de la UE, con compromisos muy claros y un calendario muy preciso». Previamente, De Guindos se había limitado a declarar a su entrada a la reunión que «habrá anuncios importantes en los próximos días» en cuestión de reformas. El anuncio llegó en realidad cinco horas después, en medio de las cuales el ministro español, aquejado de faringitis con fiebre desde hace días, tuvo que ausentarse durante parte de la reunión tras un largo debate sobre la situación española.

    Tras las palabras de Juncker y Rehn, De Guindos convocó a la prensa para explicar que, en efecto, «la idea es que el Consejo de Ministros de finales de este mes, el 27, presente conjuntamente con los presupuestos este plan de reformas económicas para fomentar el crecimiento económico y la competitividad».
    El ministro declinó dar detalles, aunque Rehn dio por hecho que incluirá sus recomendaciones. Éstas incluyen liberalización de servicios profesionales, la reforma de las políticas activas de empleo, medidas para retrasar de forma efectiva la edad de jubilación y mejorar la educación o la creación de una autoridad presupuestaria independiente. «Habrá también medidas nuevas no previstas», aseguraron en el Gobierno.

    De Guindos tampoco precisó qué medidas adicionales de ajuste puede emprender para cumplir el déficit tras la subida del IVA y recorte de paga de funcionarios de hace dos meses. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, mencionó «la lucha contra el fraude fiscal» como caladero de ingresos. El ministro, del ala más reformista del Gobierno, rechazó también que la nueva actuación sea un anticipo de las condiciones que se le pedirá a España si solicita el rescate. «No tiene nada que ver», afirmó tras asegurar que «nadie, absolutamente nadie» de los asistentes le había instado a acogerse ya al paraguas ofrecido desde hace una semana por el Banco Central Europeo. Sí lo hizo, al menos a la prensa, el ministro de Finanzas irlandés, Michael Noonan, que señaló que España debe «clarificar si lo va a pedir», porque, entre otros factores, retrasa en su opinión que el Eurogrupo acepte la recapitalización directa de la banca española y, por tanto, de la irlandesa. Al respecto dijo De Guindos en la reunión que cree que sólo necesitará 60.000 de los 100.000 millones del rescate europeo ofrecido, con lo que puede tener margen para intentar aprovechar el resto para apuntalar la situación financiera de España.

    En el Eurogrupo se cristalizó la división entre países como Alemania y Finlandia, partidarios de que Rajoy no solicite más dinero si no lo necesita -para no tener que aprobarlo en sus parlamentos- y los que sí creen que sería positivo para despejar incertidumbres. Sin embargo, el discurso oficial fue que «corresponde a España decidir».

    En lo que coincidieron es que ni Mariano Rajoy ni otros dirigentes europeos tienen margen de tregua. Según Rehn, el anuncio del BCE es para «proteger a los países vulnerables de la intensa presión del mercado, no para que dejen de apretar el pedal de las reformas, sino para que tengan tiempo de aplicar las reformas iniciadas».

    «No se debería esperar excesivamente sólo porque los mercados han sido relativamente benévolos la semana pasada (...) la situación es aún frágil», remachó el consejero ejecutivo alemán del BCE, Jörg Asmussen.
  • FRANCISCO NÚÑEZ MADRID
  • 15/09/2012
  • 1
  • PORTADA

  • 3.000 liberados sindicales de la Administración , a trabajar desde el 1 de octubre

    El lunes 1 de octubre, cerca de 3.000 liberados sindicales de los ministerios y las CCAA tendrán que incorporarse a sus antiguos puestos de trabajo por la equiparación de su número al de las empresas privadas. También afectará a las empresas públicas y ayuntamientos. El Gobierno estima un ahorro total de unos 250 millones.
    Aunque en total serán 6.000 los que tendrán que volver a sus puestos de trabajo en los próximos meses, el 1 de octubre deberán acudir a su antiguo empleo 1.260 en los ministerios y más de 1.600 (seguramente más) liberados sindicales de las comunidades autónomas.
    Se trata de la fecha en la que entra en vigor la aplicación del decreto de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria que el Gobierno aprobó en julio. Esta norma permitirá reducir el número de funcionarios y empleados públicos que se dedican a actividades sindicales.

    En realidad, lo que el decreto establece es la aplicación estricta de la ley. Así, sólo podrán desempeñar funciones de representación sindical los denominados liberados legales. Es decir, sólo aquellos que fueron elegidos en las urnas por los trabajadores como delegados.
    De esta forma, cuando se complete la reducción del número en agencias, organismos autónomos, entidades y en ayuntamientos, sólo quedarán 3.000 delegados de los 9.000 actuales estimados.

    Con esta medida, que tiene carácter básico (de obligado cumplimiento para todas las administraciones), el Gobierno pone fin a las regalías que muchas administraciones otorgaban a los sindicatos incrementando generosamente los créditos de horas de representación que luego se canjeaban por liberados. Con estas dádivas, que han servido en muchos casos para que algunos dirigentes sindicales fueran pagados con nómina pública en lugar de la caja de la organización, se determinaba la firma de acuerdos y convenios. Todo ello dio lugar a un progresivo aumento del número de liberados que no procedía de elección alguna.
    Según fuentes oficiales, la medida supondrá la incorporación automática a sus puestos en la Administración central (ministerios y delegaciones) de todo el arco sindical y de organizaciones de funcionarios: 400 liberados de UGT; 359 de CCOO; 251 de CSIF; 120 de USO; 31 de CIG; 16 de ELA; 15 de CEMSATSE; 13 de STES, 13 de Gestha; 10 de ANPE; 12 de CGT; 8 de CSIT-UP; 7 de STAJ; 3 de USAE; y 1 de FEDECA. Entre ellos hay varios miembros pertenecientes a comités ejecutivos de algunos de estos sindicatos. De estos 1.260 liberados, 997 son a tiempo completo y 232 a tiempo parcial.

    Por departamentos, en Hacienda deberán incorporarse 371, y, por ejemplo, 203 a Interior, 137 a Empleo y Seguridad Social y 136 a Defensa. Además, volverán otros 148 a Instituciones Penintenciarias, 125 a la Agencia Tributaria y 105 a Correos.

    Aunque aún se desconoce cuál es realmente el número en los municipios y en empresas públicas, el Gobierno prevé un ahorro de 252 millones en el conjunto de administraciones. De ellos, 50 corresponden a los ministerios; casi 160 en las autonomías y 43 millones a los ayuntamientos. A ellos hay que sumar el ahorro en dietas y viajes de estos liberados (1,2 millones al año). El coste medio estimado de cada uno asciende a unos 33.000 euros al año.

    Con estas incorporaciones ya no hará falta contratar a más personas para cubrir sus puestos. Por ejemplo, la Administración central se ahorrará 7,2 millones al no estar obligada a contratar a 285 interinos.
    El lunes 1 de octubre, cerca de 3.000 liberados sindicales de los ministerios y las CCAA tendrán que incorporarse a sus antiguos puestos de trabajo por la equiparación de su número al de las empresas privadas. También afectará a las empresas públicas y ayuntamientos. El Gobierno estima un ahorro total de unos 250 millones.
    Aunque en total serán 6.000 los que tendrán que volver a sus puestos de trabajo en los próximos meses, el 1 de octubre deberán acudir a su antiguo empleo 1.260 en los ministerios y más de 1.600 (seguramente más) liberados sindicales de las comunidades autónomas.
    Se trata de la fecha en la que entra en vigor la aplicación del decreto de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria que el Gobierno aprobó en julio. Esta norma permitirá reducir el número de funcionarios y empleados públicos que se dedican a actividades sindicales.

    En realidad, lo que el decreto establece es la aplicación estricta de la ley. Así, sólo podrán desempeñar funciones de representación sindical los denominados liberados legales. Es decir, sólo aquellos que fueron elegidos en las urnas por los trabajadores como delegados.
    De esta forma, cuando se complete la reducción del número en agencias, organismos autónomos, entidades y en ayuntamientos, sólo quedarán 3.000 delegados de los 9.000 actuales estimados.

    Con esta medida, que tiene carácter básico (de obligado cumplimiento para todas las administraciones), el Gobierno pone fin a las regalías que muchas administraciones otorgaban a los sindicatos incrementando generosamente los créditos de horas de representación que luego se canjeaban por liberados. Con estas dádivas, que han servido en muchos casos para que algunos dirigentes sindicales fueran pagados con nómina pública en lugar de la caja de la organización, se determinaba la firma de acuerdos y convenios. Todo ello dio lugar a un progresivo aumento del número de liberados que no procedía de elección alguna.
     
    Según fuentes oficiales, la medida supondrá la incorporación automática a sus puestos en la Administración central (ministerios y delegaciones) de todo el arco sindical y de organizaciones de funcionarios: 400 liberados de UGT; 359 de CCOO; 251 de CSIF; 120 de USO; 31 de CIG; 16 de ELA; 15 de CEMSATSE; 13 de STES, 13 de Gestha; 10 de ANPE; 12 de CGT; 8 de CSIT-UP; 7 de STAJ; 3 de USAE; y 1 de FEDECA. Entre ellos hay varios miembros pertenecientes a comités ejecutivos de algunos de estos sindicatos. De estos 1.260 liberados, 997 son a tiempo completo y 232 a tiempo parcial.

    Por departamentos, en Hacienda deberán incorporarse 371, y, por ejemplo, 203 a Interior, 137 a Empleo y Seguridad Social y 136 a Defensa. Además, volverán otros 148 a Instituciones Penintenciarias, 125 a la Agencia Tributaria y 105 a Correos.

    Aunque aún se desconoce cuál es realmente el número en los municipios y en empresas públicas, el Gobierno prevé un ahorro de 252 millones en el conjunto de administraciones. De ellos, 50 corresponden a los ministerios; casi 160 en las autonomías y 43 millones a los ayuntamientos. A ellos hay que sumar el ahorro en dietas y viajes de estos liberados (1,2 millones al año). El coste medio estimado de cada uno asciende a unos 33.000 euros al año.

    Con estas incorporaciones ya no hará falta contratar a más personas para cubrir sus puestos. Por ejemplo, la Administración central se ahorrará 7,2 millones al no estar obligada a contratar a 285 interinos.

    ECONOMÍA: Ajuste de 5250 millones para equilibrar el sistema eléctrico con 7 nuevos impuestos



  • VÍCTOR MARTÍNEZ MADRID
  • 15/09/2012 ECONOMÍA

  • Ajuste de 5.250 millones para equilibrar el sistema eléctrico

    El Gobierno gravará con siete nuevos impuestos a las compañías eléctricas
     
    El payaso de Artur Mas delira con el reino de la Gran Cataloño. Siete impuestos para devolver el equilibrio al sector energético. El plan del Gobierno para curar el desajuste eléctrico español se ha quedado, en principio, en una fuerte subida fiscal que recaerá sobre todos los agentes que integran el sistema. Empezando por las empresas y acabando -en la medida en que éstas repercutan el aumento de costes- en el consumidor. El objetivo de las medidas anunciadas ayer por el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, es reducir a cero en 2013 el desequilibrio entre los ingresos y gastos del sistema, conocido comúnmente como déficit de tarifa. Para lograr este objetivo, que viene marcado por Ley, al Gobierno no le ha temblado el pulso a la hora de estrujar los ingresos de las grandes eléctricas y, en menor medida, de las compañías dedicadas al sector de las renovables en el anteproyecto de Ley para la sostenibilidad energética aprobado ayer en Consejo de Ministros. El Tesoro también contribuirá asumiendo los costes de amortización de la deuda eléctrica, cifrada a finales de 2011 en 24.000 millones. En total, el ajuste anunciado ayer alcanza los 5.250 millones, de los cuales 2.734 millones se recaudarán directamente con los nuevos impuestos.
    TASA NUCLEAR. Se establece un impuesto sobre la producción de residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nuclear. El Gobierno pretende recaudar con este tributo 269,6 millones de euros anuales en los próximos tres ejercicios. El Ejecutivo entiende que algunas de las instalaciones nucleares en España están amortizadas y, en este sentido, pueden aportar más en la reducción del déficit. Las eléctricas, por su parte, niegan este extremo y aseguran que el nuevo marco fiscal «cuestiona la viabilidad de producir esta energía en España». En esta línea Nuclenor, sociedad a través de la cual Iberdrola y Endesa gestionan la central nuclear de Garoña, rechazó hace unos días solicitar la licencia para prorrogar la vida de la instalación. El Gobierno ya da por hecho su cierre -fechado el 6 de julio de 2013- y no ha tenido en cuenta la aportación de la central en su proyecto de reforma eléctrica.
    CANON HIDROELÉCTRICO. Esta tasa gravará la utilización de aguas continentales para la producción de energía eléctrica. Tendrá un tipo del 22% sobre el valor de la energía producida y supondrá una recaudación 304,3 millones de euros cada año. Las eléctricas centraron ayer gran parte de sus críticas sobre este tributo ya que, aseguran, «golpea de lleno las inversiones millonarias emprendidas en proyectos hidráulicos en marcha».

    CÉNTIMOS VERDES. El capítulo de impuestos continúa por la aplicación de una serie de tributos a las energías más contaminantes (gas, carbón, fuel-oil y gasóleo). Sólo el gas contribuirá a solucionar el problema eléctrico con 804 millones de euros anuales. El impuesto es de 2,79 céntimos por metro cúbico, sensiblemente inferior a los 4 céntimos por litro que en un principio pretendía aprobar Industria. En el caso del carbón supondrá una coste de 268 millones de euros anuales para los productores, mientras que la contribución del gasóleo y fuelóleo es mucho menor: 38 millones.

    IMPUESTO A LA GENERACIÓN. Es la medida estrella de la reforma fiscal presentada ayer. Este tributo ha sido el más polémico desde que se filtrara un primer borrador de la reforma en el mes de julio al establecer, en un primer momento, un tipo diferente según tecnología al recaer sobre el precio al que se vende el megavatio en el mercado. Esto hacía que algunas energías como la fotovoltaica tuvieran que pagar un impuesto del 19% frente al 4% pensado para la nuclear o la hidráulica. La medida provocó el enfrentamiento público entre Soria y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al entender este último que la medida era discriminatoria y contraria al derecho fiscal.

    Finalmente, el Gobierno aplicará un impuesto sobre la generación con un tipo único del 6% sobre los ingresos totales obtenidos por esta actividad (precio de mercado más prima a la producción recibida, si es el caso). Las tecnologías de Régimen Ordinario (Nuclear, Hidráulica, Carbón, Fuel/gas y ciclo combinados) aportarán 571,7 millones de euros mientras que las energías del Régimen Especial (Biomasa, Cogeneración, Solar Termoeléctrica, Eólica y Fotovoltaica) sufrirán un recorte de 688 millones.

    APAÑO FINANCIERO. El Tesoro también contribuirá a la solución del desajuste eléctrico al heredar los 2.066 millones de euros derivados de los costes anuales de amortización de la deuda eléctrica, que actualmente se cargaban al sistema. Además, la venta de derechos por la emisión de dióxido de carbono supondrán unos ingresos adicionales de 450 millones de euros.

    TERMOSOLAR. Las primas que reciben algunas plantas se reducirán a partir de 2013 ya que la retribución sólo se aplicará sobre la parte de la producción generada por el sol. El ministro de Industria aclaró ayer que en una pequeña proporción estas tecnologías usan gas en su actividad, que al eliminarse del tramo ayudado supondrá un ahorro de entre 50 y 60 millones de euros.
  • V. MARTÍNEZ MADRID
  • 15/09/2012
  • 42
  • ECONOMÍA

  • P&R

    ¿Subirá el recibo de la luz?

    José Manuel Soria aseguró ayer que el macroajuste de 5.250 millones de euros aprobado por el Gobierno le permitirá «congelar» la parte del recibo referida a los peajes eléctricos. Esta mitad engloba los costes relacionados con el sistema. El otro 50% viene referenciado al precio de la energía en el mercado mayorista, y es por aquí por donde podrían venir las próximas subidas.

    ¿Repercutirán las empresas al consumidor las nuevas tasas?
    En una de las principales compañías eléctricas no dudaban ayer de que la traslación de precios se llevará a cabo tarde o temprano: «Es de cajón. Los costes de producción se repercuten en los precios siempre». En el caso del gas el aumento de la tarifa que paga el consumidor podría llegar al 7%, según la patronal.

    ¿Qué proporción tendrá esta subida de tarifas?
    El incremento sería limitado ya que sólo afectaría a la mitad del recibo doméstico, fijado de forma trimestral mediante subastas mayoristas de electricidad. No obstante, Soria confirmó ayer que en los próximos meses aprobará una liberalización del mercado para sacar a millones de consumidores de la Tarifa de Último Recurso (TUR). Actualmente más de 18 millones de usuarios están acogidos a la tarifa protegida. El objetivo del Gobierno pasa por reducir este umbral y expulsar a muchos de ellos al mercado libre.

    ¿Quiénes saldrían de la tarifa regulada?
    En estos momentos pueden acogerse a la TUR aquellos consumidores con una potencia contratada inferior a 10 kilovatios. Los planes del ministro pasan por reducir el límite «a la mitad o algo menos». Si es a la mitad -5 kilovatios- la medida puede pecar de suave, ya que el 80% de los hogares está enmarcado en el rango inferior.

    ¿Realmente puede Soria congelar los peajes?
    Las eléctricas dudan de esta promesa ya que, según sus cálculos, las primas a las renovables seguirán engordando en los próximos años. Este aumento de costes obligaría a revisar los peajes. «Hay muchos proyectos comprometidos que entrarán en mercado y tendrán derecho a la retribución», dicen. Sólo en el primer semestre de este año la cantidad pagada en primas ha subido un 26%, en comparación con el mismo periodo de 2011, por este motivo.
  • M. VEGA V. MARTÍNEZ MADRID
  • 15/09/2012 ECONOMÍA

  • La mitad del beneficio, para las tasas

    El sector se dispara en Bolsa por el fin de la incertidumbre aunque los impuestos amenazan con reducir en un 50% el negocio de las grandes eléctricas en España

    La batería de impuestos que el Gobierno pretende imponer a las grandes compañías eléctricas para que financien una parte del déficit tarifario amenaza con reducir a la mitad el beneficio de estas compañías en España, según las primeras estimaciones facilitadas por el sector a este diario.
    Endesa, Iberdrola y Gas Natural se han llevado la peor parte del ajuste aprobado ayer por el Consejo de Ministros. Entre las tres tendrán que soportar un recorte de 2.046 millones de euros anuales. Estas compañías obtuvieron unos beneficios conjuntos próximos a 6.400 millones de euros en 2011 (incluido su negocio internacional), con lo que los nuevos impuestos representan más del 30% de sus ganancias totales, que en los últimos tiempos se han visto afectadas por el impacto del deterioro económico en la demanda de energía.

    La patronal eléctrica Unesa lamentó ayer que el Gobierno haya aprobado un proyecto de ley con medidas fiscales en vez de llevar a cabo la reforma eléctrica. Estos nuevos tributos «cuestionan seriamente la viabilidad», advirtieron, de algunas centrales hidroeléctricas, nucleares, carbón y gas en España. «No queremos que nos vendan la moto de que esto es una reforma. Lo que ha aprobado el Gobierno es una subida de impuestos y ya está», bramaban ayer en el sector.

    La patronal eléctrica señala que aumentar los impuestos en vez de reducir los costes regulados del sistema no es «en ningún caso» la solución del problema del déficit de tarifa. «En definitiva, se castiga a las energías eficientes para ayudar a las ineficientes», avisan.

    Pese al fuerte impacto de la reforma en su cuenta de resultados, las eléctricas subieron ayer en Bolsa gracias a que el plan de estímulo económico anunciado por la Reserva Federal el jueves por la noche impulsó ayer a todas las Bolsas mundiales y disparó los valores cíclicos, entre los que figuran las empresas del sector de la energía.

    El mercado llevaba meses esperando la reforma del sector energético en España y había barajado el peor de los escenarios posibles con nuevas tasas que podrían llegar a rondar los 4.000 millones de euros. Algunos analistas habían descontado incluso que estas empresas sufrieran una quita en los 24.000 millones de euros que se les debe por el desajuste eléctrico.

    No obstante, algunos expertos subrayaban ayer que el fin de la incertidumbre regulatoria podría ser un catalizador para la recuperación del sector en Bolsa. En lo que va de año, la mayoría de las empresas energéticas acumulan caídas bursátiles superiores a la media del Ibex 35 (que se deja desde enero un 4,8%).
    La compañía que se estaba viendo más perjudicada por la incertidumbre es Acciona (que pierde en 2012 más de un 33% lastrada por su importante negocio en energías renovables) y curiosamente ayer, fue la empresa del sector que más celebró los anuncios del ministro de Industria, José Manuel Soria con un avance del 7,10%. Junto a la empresa que preside José Manuel Entrecanales, experimentó una importante subida Gas Natural Fenosa (+5,4%), seguida por Iberdrola (+4,5%), Repsol (+3,9%), Abengoa (+2,8%) y Endesa (+2,5%)

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