Cree que el juez aplica mal el artículo clave, cita precedentes falsos e incurre en nulidad al ocultar su viaje a San Sebastián
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ve numerosos motivos para recurrir la concesión de la libertad condicional a Josu Uribetxeberria Bolinaga. La previsible presentación del recurso la próxima semana paralizaría la libertad del etarra, que sólo se haría efectiva si la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmase el auto.
El Ministerio Público considera que la resolución del juez de Vigilancia Penitenciaria confunde los preceptos que deben aplicarse al caso y, con ello, los requisitos exigibles para conceder el máximo beneficio penitenciario. También estima que los precedentes que cita conducen a lo contrario de lo que pretende, y que el hecho de que ocultara al fiscal su visita al hospital podría desembocar en la nulidad del auto.
La Fiscalía, que dispone de cinco días desde la notificación del auto para presentar un recurso de apelación, considera que el magistrado José Luis de Castro ha cometido graves errores al manejar el artículo 92 del Código Penal, que a lo largo de tres apartados regula los casos de libertades condicionales para presos enfermos.
El Ministerio Público también discrepa de que el apartado en el que finalmente el juez encaja al etarra, el que habla de «enfermos graves con padecimientos incurables», permita eludir todos los requisitos habituales de la libertad condicional. La Fiscalía insiste en que ese apartado exonera a esos enfermos y a los septuagenarios de haber cumplido las tres cuartas partes de la condena, pero no del resto. Y que, en el caso de los terroristas, esas exigencias se refieren al arrepentimiento, algo de lo que el secuestrador de Ortega Lara no ha dado señal alguna. El juez, por contra, estima que en esos supuestos no se necesita el arrepentimiento, sino que basta apreciar la dificultad para delinquir del enfermo y su escasa peligrosidad, una interpretación que la Fiscalía considera un grave error.
El Ministerio Público insiste en que la norma por la que Instituciones Penitenciarias gestionó la libertad (el art. 92.3) -la única que permite, a su juicio, librarse de todos los requisitos para el beneficio penitenciario- exige que se trate de un enfermo terminal. Y que los informes no dicen que Bolinaga lo esté.
La Fiscalía también discrepa -aunque esto no sea en puridad un motivo de revocación- de lo afirmado por el juez sobre casos precedentes. De Castro dice que en dos ocasiones -con Mikel Ibáñez Oteiza y Sergio Pérez Fuertes- el fiscal dio el visto bueno a la libertad de etarras sin exigir el arrepentimiento. El Ministerio Público rebate que se trataba de enfermos terminales o en patente peligro para su vida, lo que no se da con Bolinaga. Por eso a ellos sí se les pudo dispensar de todos los requisitos conforme al artículo 92.3.
Además, fuentes del Ministerio Público critican duramente la actuación del juez central de Vigilancia al trasladarse a San Sebastián sin informar de ello a la Fiscalía. A su juicio, esa actuación podría ser un motivo para reclamar la nulidad del auto de libertad condicional.
En ese viaje, el juez trató con los médicos de Bolinaga un novedoso documento médico del que no tenían noticia ni el Ministerio Público ni la forense de la Audiencia que elaboró el informe sobre el preso. Ésta no contó con el diagnóstico que acababa de hacer el hospital pese a que se realizó dos días antes de que ella presentara el suyo. Tanto la forense como el fiscal indicaron expresamente en sus escritos sobre el caso que no disponían aún del diagnóstico del centro hospitalario, relevante para afinar mucho más en la valoración del estado de salud.
Si finalmente el Ministerio Público sigue adelante con la batalla jurídica, su recurso quedará en manos de la Sección Primera, encargada de todos los recursos de Vigilancia Penitenciaria. Esta presidida por Fernando Grande-Marlaska y la forman otros cuatro magistrados. Habitualmente, las resoluciones las adoptan tres de ellos, pero Grande-Marlaska explicó recientemente que quería que los casos relevantes sobre esos asuntos fueran estudiados por los cinco miembros de la Sección.
Sostuvo que el preso tiene que arrepentirse si no hay «riesgo inminente para su vida»
El juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis de Castro, recoge expresamente en su anterior auto de libertad condicional para un preso terrorista enfermo -Mikel Ibáñez Oteiza, en 2011- que, cuando la enfermedad incurable que padece el recluso no comporta «riesgo inminente para la vida», la ley le exige que cumpla los requisitos de haber satisfecho la responsabilidades civiles a sus víctimas y haber manifestado arrepentimiento. Es decir: exactamente lo que argumenta la Fiscalía para oponerse a la excarcelación del etarra Josu Uribetxeberria Bolinaga.
Sin embargo, en su auto del jueves, la interpretación que hace el juez es la opuesta: concluye que «no resulta necesario que los internos sean terminales, por lo que no puede darse la exigencia para la excarcelación de un peligro inminente o inmediato para la vida del recluso» Bolinaga, promovido por el Gobierno a la libertad condicional pero que nunca se ha mostrado arrepentido por sus crímenes: tres asesinatos y dos secuestros, entre ellos el crudelísimo de José Antonio Ortega Lara.
La jurisprudencia del Constitucional que cita José Luis de Castro para sostener tan opuestas conclusiones es, en ambos casos, la misma. Y el Código Penal no ha sufrido ninguna modificación desde entonces.
Ibáñez Oteiza fue clasificado por la administración penitenciaria en un régimen de prisión domiciliaria inmediatamente después de ser condenado por asesinato, ya que padecía un cáncer linfático que se traducía en numerosas limitaciones físicas. Le había sido extirpado un testículo, tuvo que soportar un autotrasplante de médula ósea y en julio de 2010 sufrió un infarto. Aun así, llegó a ser devuelto a la cárcel y no se le progresó a tercer grado hasta que estuvo a punto de morir en la UVI con una infección multiorgánica, en diciembre de ese año.
Días después, en enero de 2011, De Castro, sin oposición de la Fiscalía, aceptaba su libertad condicional, valorando que el preso mostraba ya incluso «deterioro mental» y «poca o nula capacidad de tomar decisiones». El juez argumentaba que «no son de aplicación los requisitos de satisfacción de responsabilidades civiles y de arrepentimiento que exige, de ordinario, el artículo 90 del Código Penal para los integrantes de actividades terroristas».
«Cuando de enfermedad grave sin riesgo inminente para la vida se trata, el legislador sí requiere el cumplimiento de ambas condiciones», decía el auto, para concluir que ése no era el caso de Oteiza, moribundo que malvivió tres meses más fuera de la cárcel sin valerse por sí mismo.
Esto es: que el propio De Castro admite que el Código Penal exige para conceder la libertad condicional a los presos terroristas que padezcan una enfermedad incurable que hayan pagado la responsabilidad civil y mostrado arrepentimiento, excepto si el peligro para su vida es inminente, como ocurría con Ibáñez Oteiza.
Bolinaga, en cambio, tiene una esperanza de vida reducida, pero tanto el informe forense -que añade que sólo presenta «leves síntomas físicos»- como el de la prisión de Nanclares niegan que se encuentre terminal, por lo que difícilmente existe un riesgo inminente para su vida.
El juez, en lugar de seguir la línea de su anterior auto y exigirle que muestre arrepentimiento, mantiene ahora que no hace falta que esté terminal. Más aún, dice que en anteriores resoluciones su criterio ha sido el mismo.
MADRID 31/09/2012 ESPAÑA
Pedraza declina la invitación del ministro para reunirse
La AVT entrega a Fernández Díaz una carta de «indignación y de rechazo total» y se niega a que se apunte la foto de la conciliación
La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, se aproximó apenas al puesto de control de la sede del Ministerio del Interior y los dos guardias civiles que había en el umbral se le cuadraron. Mostraban así respeto a una mujer que en estos momentos representa a muchas personas asesinadas o damnificadas por ETA, también a una buena cantidad de compañeros suyos.
Pedraza había acudido a Interior para dejarle una carta al ministro, Jorge Fernández Díaz, en la que las víctimas le transmiten el «dolor y la indignación» que sienten «ahora mismo» por la decisión de excarcelar a Bolinaga (asesino de guardias civiles, además de secuestrador), y su «rechazo total» a dicha iniciativa.
El ministro debió de darse cuenta de lo delicado del asunto y la llamó por teléfono para que no se fuera sin hablar con él, pero la presidenta de la AVT le dijo que no. El ministro la citó para el lunes, pero la presidenta de la AVT le respondió que el lunes no podía, que quizás otro día de la próxima semana.
Está claro que el enfado es sideral. Pedraza negó que se haya roto el diálogo con el Gobierno (aunque el ministro aseguró días pasados que su departamento se había puesto en contacto con las víctimas en varias ocasiones mientras éstas le reprocharon haberse enterado de las decisiones sobre Bolinaga por la prensa), pero dejó claro con su reacción que en estos momentos no quería imágenes conciliadoras, ni que Fernández Díaz se apuntase el titular de la comprensión. «Lo que tiene que haber es una exigencia por nuestra parte de cómo deben ser las cosas, y pedir al ministro que cambien las leyes», zanjó después de proclamar que la decisión de dejar en libertad al terrorista ha sido política y «el final de un montón de decisiones erróneas que comenzaron con su traslado a San Sebastián el pasado 1 de agosto.
La presidenta de la AVT confesó que su siguiente paso será llamar a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, porque confía en que se recurra la decisión adoptada por el juez José Luis Castro. Dejó de nuevo un apunte muy importante, dado el enfado que la postura del Gobierno ha provocado en su colectivo: se mostró contraria a que algunas víctimas inicien una huelga de hambre, como han anunciado.
Por otra parte, la Confederación Española de Policía (CEP) apostó por reformar el Código Penal y el Reglamento Penitenciario para impedir «que este tipo de reclusos, con condenas por delitos de extrema gravedad, puedan acogerse a medidas de gracia que ellos mismos no aplicaron en su día».
Pide además un pabellón para enfermedades graves en el que se compatibilice la asistencia médica con la necesidad de que el recurso cumpla su pena. «Su libertad causa alarma social porque ha cumplido 15 años de una condena de 313 años y ocho meses», alegan. La APROG, de guardias civiles cree que el lugar «más justo y digno» para Bolinaga es la prisión
J. M. ALONSO SAN SEBASTIÁN
01/09/2012 ESPAÑA
La izquierda 'abertzale' saca pecho por el triunfo político ante Rajoy
Seguirá movilizándose en la calle para lograr la libertad de otros 13 presos enfermos
Como era de esperar, la izquierda abertzale sacó ayer pecho por la libertad condicional concedida al preso de ETA Josu Uribetxeberria y lo celebró como un triunfo político ante el Gobierno de Mariano Rajoy. Bajo su prisma, la «movilización social» que ha impulsado el entorno radical ha sido «imprescindible» para lograr la excarcelación de quien fuera secuestrador del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara y partícipe en tres asesinatos.
A la vista de este éxito, la portavoz de la izquierda abertzale, Maribi Ugarteburu, llamó a la ciudadanía a continuar con las protestas en la calle ya que es «clave» para lograr la salida de prisión de los otros 13 presos que padecen enfermedades graves y, de este modo, «superar definitivamente la política penitenciaria de excepción».
La izquierda abertzale defiende que la «ola de movilizaciones surgida en Euskal Herria» ante la situación «extrema» de Uribetxeberria ha evidenciado que la implicación social es una medida eficaz de presión para desactivar la política penitenciaria, la cual se ha convertido en «uno de los principales instrumentos utilizados por los diferentes gobiernos españoles para condicionar la oportunidad abierta para la resolución del conflicto» en Euskadi. «La movilización ciudadana será la clave y el camino para superar el bloqueo que Madrid y París quieren imponer al proceso de soluciones», enfatizó Ugarteburu.
Los abertzales ven en la manifestación convocada para hoy en San Sebastián para exigir la libertad de los otros 13 presos con enfermedades graves una nueva ocasión para demostrar esta fuerza social con la que presionar al Gobierno de Rajoy. El mensaje es claro y ahora se trata de difundirlo a través de sus diferentes altavoces. Ya la candidata de EH Bildu a lehendakari, Laura Mintegi, lo dejó claro ayer; aún está «por ver» qué ocurrirá con los restantes 13 presos con enfermedades graves y con otras medidas como el acercamiento de los internos de ETA a cárceles de Euskadi. «Tenemos que aprender a vivir juntos y este caso nos va a enseñar cómo manejar una situación que se ha desorbitado, en gran medida por una actitud intransigente del Gobierno central, que incluso ha dado la espalda a la propia ley», afirmó.
En esta estrategia de presión, el colectivo de apoyo a los presos de ETA, Herrira, anunció ayer que continuarán con los actos de protesta para lograr la libertad de los demás reclusos que considera deberían estar en la calle, ya padezcan «cánceres, enfermedades cardiacas severas o trastornos psicológicos agudos».
Esta plataforma realizó ayer una última concentración ante el Hospital Donostia, donde ha permanecido diariamente para demandar la excarcelación de Uribetxeberria, aunque bajo un lema del diferente: del «libertad» para el recluso de ETA al «que no vuelva a suceder». En el acto ya no estaba la silla del secuestrador de Ortega Lara, que fue plegada la noche del jueves después de conocerse el auto del juez Castro que decreta su libertad condicional.
Herrira aseguró que seguirá «articulando mayorías y llamando a la movilización ciudadana» con nuevos actos. A este respecto, la plataforma ha solicitado entrevistarse con el diputado general de Álava, Javier de Andrés, el obispo de Vitoria, Miguel Asurmendi, y otros representantes institucionales de este territorio para que «se impliquen» a la hora de lograr la libertad de los reclusos con enfermedades graves. «Lo sucedido con Uribetxeberria no puede ni debe volver a repetirse», aseveró
MADRID 01/09/2012 ESPAÑA
Bermúdez autoriza una marcha de apoyo al etarra
El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez autorizó ayer la manifestación convocada para hoy en San Sebastián en favor del preso etarra Josu Uribetxeberria Bolinaga, al entender que la concesión de su libertad condicional «deja sin contendido» la denuncia que pedía su prohibición.
A lo largo del verano, sus compañeros jueces Santiago Pedraz e Ismael Moreno han prohibido sucesivas convocatorias con el mismo objeto al entender que, en sí mismas, constituían un enaltecimiento del terrorismo, pues pretendían ensalzar la figura de un criminal. Bermúdez, sin embargo, despacha la petición de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y sólo pide a la Ertzaintza que vigile la manifestación.
«No procede adoptar medida ad hoc alguna, sino la aplicación de la legislación vigente para el caso de que se produzca la manifestación y en ella se cometa algún tipo de delito, pues lo contrario implica la aplicación preventiva del derecho penal, lo que es contrario a nuestro ordenamiento constitucional y legal», se dice en el auto.
La AVT había reclamado la prohibición de la manifestación en un escrito en el que subrayaba que los convocantes formaban parte del grupo que convocó una marcha de cuatro días desde el hospital en el que está ingresado Uribetxeberria hasta Mondragón (Guipúzcoa), y que fue prohibida por la Audiencia Nacional.
A su juicio, el «único propósito» de esta nueva convocatoria es «ensalzar a quienes han sido condenados por pertenecer o colaborar con ETA», lo que supone una «clara ofensa y humillación» a la memoria de las víctimas, informa Efe
EL GOBIERNO aprobó ayer la tercera reforma financiera en lo que va de año, mucho más ambiciosa, compleja y extensa que las anteriores y de forma pactada con la UE, ya que será posible gracias a la ayuda de hasta 100.000 millones de euros concedida por Bruselas. Según explicó el ministro Luis de Guindos, el objetivo de la norma es impedir que se reproduzcan crisis en el sector financiero que acaben afectando a la actividad económica y el empleo. En línea con esta tesis, también el comisario Olli Rehn valoró positivamente estos cambios que consideró imprescindibles porque sin un sector bancario sano que conceda créditos a familias y empresas, la recuperación no es posible.
La reforma tiene como primer eje fundamental la creación de un banco malo -algo a lo que el Gobierno se había resistido hasta hace pocos meses- con el fin de liquidar los activostóxicos del ladrillo que acumulan las entidades españolas nacionalizadas. El plazo de liquidación serán 15 años y Economía ha optado por mantener la valoración de los activos para evitar el contagio a los balances de los bancos sanos. La decisión tiene lógica, ya que si la nueva entidad baja de forma drástica el precio de los pisos o del suelo, el mercado inmobiliario sufriría una grave distorsión. Además, hay que tener en cuenta que la vivienda ya ha experimentado un descenso sostenido en nuestro país y que los bancos ya provisionaron sus activos como consecuencia de las dos anteriores reformas financieras. 
LA DEGRADACIÓN de la deuda pública de Cataluña por la agencia de calificación S&P es una buena prueba de a dónde pueden conducir las obsesiones identitarias y la política nacionalista de vuelo corto. La noticia ha sido un duro golpe para el Gobierno de CiU -Mas-Colell se declaró «perplejo»- cuya principal reivindicación, el pacto fiscal, es precisamente la razón por la que la agencia norteamericana rebaja el nivel de su deuda. Argumentan los analistas que la exigencia «perjudica la coordinación con la Administración central» y ello no es bueno para la ejecución de la ayuda financiera del Estado. Jordi Pujol insistió ayer en que la sociedad civil reclame este pacto. Lo cual viene a ser como pedirle a los ciudadanos un ejercicio de masoquismo que perjudica a Cataluña en los mercados
