MARISA CRUZ MADRID
30/06/2012 ESPAÑA
PP y PSOE se reparten la tarta institucional
l Los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional tienen claro perfil ideológico
l La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, tendrá de adjunto a un histórico socialista
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PP y PSOE se han repartido de nuevo la tarta en los órganos constitucionales y cada uno la ha adornado más a su gusto.
Las cuatro vacantes a cubrir en el Tribunal Constitucional, pendientes una de ellas desde 2008 y las otras tres desde 2010, serán ocupadas por magistrados de fuerte perfil ideológico; la Defensora del Pueblo y su adjunto también tienen clara adscripción, y en el Tribunal de Cuentas y la Junta Electoral Central, lo más que han permitido ha sido la entrada de una jurista pactada entre IU y PSOE, y la repetición en el cargo de uno propuesto en su día por CiU .
Los nombres presentados por el PP para el Constitucional son: Juan José González Rivas, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, y Andrés Ollero, ex diputado popular y catedrático de Filosofía del Derecho.
El PSOE, por su parte, ha situado a Fernando Valdés, catedrático de Derecho del Trabajo, y a Encarnación Roca, magistrada de la Sala de lo Civil del Tribunal Constitucional.
González Rivas y Valdés son los más claros exponentes de cada una de las dos fuerzas políticas que los avalan. El primero, por ejemplo, encabezó en el Supremo la facción discrepante con la asignatura de Educación para la Ciudadanía significándose como el más claro defensor de la objeción de conciencia a cursarla.
Por su parte, Fernando Valdés se ha manifestado en los últimos meses como un crítico firme a la reforma laboral aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy porque, en su opinión, está provocando un aumento del desempleo y, además, no es fruto del consenso.
Encarnación Roca es, por su parte, uno de los dos nombres que se pactaron en su día en el Parlamento catalán, junto al de Antoni Rovira, favorito frustrado de CiU. En este caso, Roca forma parte de la cuota socialista, aunque su candidatura satisface a los nacionalistas catalanes.
Ella y el jurista Juan Manuel Trayter, que repetirá como miembro de la Junta Electoral Central, pueden considerarse como el trocito de pastel que se le ha ofrecido a CiU.
Las dos principales fuerzas políticas apuraron ayer hasta el último minuto del plazo marcado por el presidente del Congreso, Jesús Posada, para presentar los nombres en el Registro de la Cámara. Y tanto PP como PSOE expresaron su «satisfacción» por el pacto alcanzado, que fue posible, según el portavoz de los populares, Alfonso Alonso, porque «los candidatos eran todos magníficos y con un currículo sólido».
Alonso también añadió que, en época de crisis como la actual, «la credibilidad se gana no sólo con reformas económicas, sino también dando estabilidad y fortaleciendo las instituciones democráticas».
Junto a los nombres para ocupar las vacantes del Constitucional, PP y PSOE también acordaron los nombres de la que será nueva Defensora del Pueblo -la ex parlamentaria del PP y ex alcaldesa de Sevilla, Soledad Becerril- y, aunque no era necesario presentarlo ayer, también anunciaron su pacto para que el sillón de su adjunto lo ocupe el ex diputado socialista Francisco Fernández Marugán. También en el caso de este órgano, el reparto de poder entre los dos grandes partidos es nítido.
Desde el PP se destacó la «larga trayectoria política y de trato directo con los ciudadanos» de Becerril, y el «espíritu de diálogo» de Fernández Marugán, «una persona muy querida por todos».
Marugán, diputado socialista histórico, fue apartado en los últimos comicios de las listas electorales. A modo de compensación fue propuesto por el PSOE para presidir el Tribunal de Cuentas pero el Gobierno, argumentando su clarísima adscripción política, lo rechazó.
De acuerdo con el calendario parlamentario, todos estos candidatos serán ratificados por votación cualificada en el pleno Congreso y Senado de los días 17 y 18 de julio.
MARÍA PERAL MADRID
30/06/2012 ESPAÑA
RENOVACIÓN DEL TC.Un Constitucional más ideologizado</b> </h1>PP y PSOE se aseguran con los candidatos propuestos ayer al Tribunal Constitucional la introducción de magistrados cuya ideología en cuestiones clave pendientes de decisión (aborto, matrimonio homosexual o reforma laboral) no les ofrece dudas.
Sólo a medias se puede hablar de candidatos despolitizados: Andrés Ollero (Sevilla, 1944), catedrático de Filosofía del Derecho, lleva nueve años fuera de la actividad de partido, pero durante 17 años fue diputado del PP y beligerante portavoz de Justicia del Grupo Popular del Congreso.
Su opinión sobre la ley del matrimonio homosexual es de una claridad meridiana: «Hablar de matrimonio homosexual no tiene sentido alguno en términos jurídicos, es algo inconcebible», dijo en un seminario en Pamplona.
Fernando Valdés (Valladolid, 1945), catedrático de Derecho del Trabajo, ha sido un jurista muy activo en las protestas contra la reforma laboral del PP. El pasado 24 de marzo participó en Madrid en un acto de respaldo a la huelga general convocada por los sindicatos mayoritarios bajo el lema Quieren acabar con todo. En ese acto protagonizó una intervención en la que vinculó la reforma laborar a «la ideología autoritaria, la que, en nombre de la defensa de las libertades (sobre todo de la libertad de empresa), recorta libertades cívicas y derechos fundamentalesValdés participó en 2004 en la coordinación del programa electoral del PSOE en materia de economía, trabajo y pensiones con el que Rodríguez Zapatero se presentó a sus primeras elecciones.
Juan José González Rivas, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, defendió en 2009 una ponencia para avalar la objeción a la asignatura Educación para la Ciudadanía, tesis que quedó en minoría en el Pleno de la Sala. Miembro de la Junta Electoral Central, fue el único vocal de este organismo que, en las pasadas elecciones autonómicas en Asturias, propugnó la estimación del recurso del Foro de Ciudadanos contra el escrutinio del voto de los residentes ausentes, que le daba un escaño al PSOE.
Encarnación Roca (Barcelona, 1944) es una jurista de inequívoco perfil progresista y pionera en su carrera: fue la primera catedrática de Derecho Civil en España, la primera magistrada de la Sala Civil del Supremo (puesto que ocupa en la actualidad) y la primera mujer que ingresó en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.
Los cuatro candidatos deberán superar el examen de ideoneidad del Congreso, previsto para el día 10. Su incorporación al TC pondrá fin a una larga etapa de provisionalidad en la composición del tribunal, que debió ser renovado hace año un medio (y aun antes, desde 2008, en el caso de la vacante creada por el fallecimiento de Roberto García-Calvo).
La llegada del cupo del Congreso obligará a elegir a un nuevo vicepresidente (el actual, Eugenio Gay, es uno de los jueces salientes) y permitirá debatir el mantenimiento en la presidencia de Pascual Sala. El equilibrio de fuerzas será inestable, ya que seis jueces habrán sido propuestos por el PSOE y cinco por el PP, pero a éstos suele unirse un sexto, Manuel Aragón..
MADRID
30/06/2012 PORTADA
Un defensor de la impunidad del crimen de Estado elevado al TC
Valdés alegó, como director del Servicio Jurídico, que el secreto de Estado prevalecía sobre la investigación del GAL
. El catedrático Fernando Valdés, candidato al Tribunal Constitucional a propuesta del PSOE, defendió en un informe del Servicio Jurídico del Estado, del que fue director entre 1986 y 1990, que el secreto de Estado tiene un carácter absoluto que prevalece incluso por encima de la investigación judicial de los delitos. Este criterio, contradicho a la postre por el Supremo, fue mantenido por Valdés en el tenso conflicto que enfrentó a Baltasar Garzón con el Ministerio del Interior cuando el entonces juez reclamó los datos sobre los fondos reservados entregados al ex policía Amedo.
«El legislador penal y procesal ha colocado a los secretos de Estado por encima de la investigación y la represión de los delitos, por lo que le está negada al juez toda la potestad para comprobar directamente si la invocación es o no abusiva: tampoco puede aquí obligar a violar los secretos sólo para comprobar que no ha habido abuso en su invocación». El párrafo fue un argumento central del informe de la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado en el que se apoyó el Ministerio socialista del Interior para negar en 1988 al entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Baltasar Garzón, la información que éste reclamaba con el fin de averiguar si los atentados de los GAL se financiaron con fondos reservados.
El director general del Servicio Jurídico del Estado era en aquel momento Fernando Valdés, propuesto ayer por el PSOE para ser nombrado por el Congreso magistrado del Tribunal Constitucional.
El dictamen del Servicio Jurídico del Estado fue la base que utilizaron tanto el ex ministro del Interior José Barrionuevo como sus sucesores y subordinados para negarse a proporcionar cualquier tipo de información al juez instructor sobre el uso de los fondos reservados.
Fue un durísimo enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, que tres años después acabó con la condena a 108 años de prisión de los dos policías investigados, José Amedo y Michel Domínguez. La cúpula de Interior, con Barrionuevo a la cabeza, sería condenada en julio de 1998 por otro crimen de los GAL, el secuestro de Segundo Marey. El Tribunal Supremo, en contra de la tesis que mantuvo el Servicio Jurídico del Estado, sentó la doctrina de que ningún secreto oficial puede amparar la comisión de delitos.
Garzón supo el 23 de mayo de 1988, durante la declaración del director general de la Policía, José María Rodríguez Colorado, que un viaje de Amedo y Domínguez a Portugal fue financiado con fondos reservados. Durante ese viaje (febrero de 1986) los ex policías contrataron a los mercenarios portugueses que llevaron a cabo los atentados de los GAL en los bares Batzoki, de Bayona, y Consolation, en San Juan de Luz, en los que resultaron heridas seis personas.
A lo largo de mayo y junio de 1988 Garzón formuló insistentes peticiones de información sobre los fondos reservados entregados a Amedo y su justificación documental. El 7 de julio, el Ministerio del Interior remitió al juez un informe de la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado que sostenía que los responsables de Interior estaban obligados a guardar silencio sobre los fondos reservados.
El Servicio Jurídico del Estado, dirigido por Fernando Valdés, señalaba que los fondos reservados tenían el carácter de «secretos oficiales» al estar legalmente clasificados. Añadía que los secretos oficiales «no podrán ser comunicados» y el incumplimiento de esa prohibición era motivo de sanción penal y disciplinaria.
Según el informe, esa regulación era igualmente aplicable a los jueces y tribunales porque la publicidad de los asuntos judiciales «es absolutamente incompatible con el secreto amparado por la ley».
Por ello, señalaba, «no existe en este caso resistencia ni negativa a declarar, sino cumplimiento estricto de un deber legal».
También argumentaba que la ley de secretos oficiales establecía que la declaración de materia clasificada no afectará únicamente al Parlamento, «que tendrá siempre acceso a cuanta información reclame (...) en sesiones secretas». «Pero en estas excepciones no se incluyen los procesos judiciales, ni aun los de tipo penal». «La potestad judicial queda detenida por la invocación del secreto», sostenía.
A la vista de ese informe, Garzón elevó una exposición a la Sección Penal Tercera de la Audiencia Nacional sobre la necesidad de investigar si los GAL se habían financiado con fondos reservados. En ese documento, el instructor incluyó su famoso gráfico sobre la X de los GAL.
C. REMÍREZ DE GANUZA MADRID
30/06/2012 ESPAÑA
SOLEDAD BECERRIL
Defensora del Pueblo
Un reconocimiento a la primera ministra de la democracia
.Parecía que se había ido por la puerta de atrás de la política. Su salida fue tan discreta como lo habían sido sus 34 largos años de vida pública. Corría el pasado mes de noviembre cuando la que fuera diputada durante seis legislaturas, alcaldesa de Sevilla y, sobre todo, primera ministra de la democracia española, se despedía de sus compañeros del PP de Andalucía.
Ni las protestas de Javier Arenas -«no te perdono», le dijo en la reunión del partido-, ni los elogios del actual alcalde, Juan Ignacio Zoido, ablandaron a esta mujer de carácter, seria de toda seriedad, cálida y leal en el trato con los amigos, en su renuncia a formar parte de las listas que acompañaban en su seguro triunfo a Mariano Rajoy.
A sus 60 y tantos, Soledad Becerril creía haber cumplido ya un «fin de etapa», y haberse ganado el tiempo de visitar jardines -sobre los que es una auténtica especialista- y dedicarse a la pintura -de la que es una gran estudiosa, y hasta autora de algún cuadro- y a los libros de viejo.
Pero la política, en raras ocasiones como ésta, sorprende con algunos reconocimientos. Y ayer fue el día en que aquella «marquesita» de la que con tanta desidia se hablaba en las filas antifranquistas para señalar a una joven madrileña casada con el marqués de Salvatierra y metida en política con la UCD sevillana, ha sido coronada con el título de Defensora del Pueblo.
Licenciada en Filología Inglesa, formada en Oxford y en Columbia, y fundadora de la Ilustración Regional -una revista desde la que se dejó envenenar por la política-, aquella Sole de andar por casa acabó siendo diputada de la primera legislatura, y ministra de Cultura. Becerril sobrevivió entonces a los machistas comentarios sobre el color de sus medias. Pero el pueblo al que ahora va a defender le coronó en Sevilla cuando, siendo alcaldesa, se deshizo en lágrimas por el asesinado Alberto Jiménez Becerril.
L. Á. S. MADRID
30/06/2012 ESPAÑA
RAFAEL ÁLVAREZ DE MIRANDAPres. del Tribunal de Cuentas
Un profesional de dilatada experiencia
. El ex diputado de UCD Rafael Álvarez de Miranda, integrante desde 2001 del Tribunal de Cuentas, será a partir de ahora el nuevo presidente de esta institución, según el pacto alcanzado por el Partido Popular y el PSOE.
La experiencia y su capacidad técnica es algo que nadie le puede negar. Nacido en Madrid en 1955, entró en la institución que ahora va a presidir en 1984, donde comenzó como técnico especialista en auditoría, informa Efe.
En 1986, fue nombrado contador diplomático del Tribunal y en 1991 ganó la oposición a auditor de cuentas. También ha sido subdirector técnico del departamento financiero y subdirector técnico de la Presidencia del órgano fiscalizador.
Álvarez de Miranda es hijo del ex presidente del Congreso y ex defensor del Pueblo Fernando Álvarez de Miranda. En 1979, se convirtió en el diputado más joven del Congreso salido de las elecciones generales de aquel año, con sólo 24 años.
El Tribunal de Cuentas cobrará en esta legislatura más peso y fuerza, ya que su papel como órgano fiscalizador de los partidos se verá reforzado con su nueva capacidad para sancionar y bloquear las subvenciones de las formaciones políticas que incumplan las normas de contabilidad, no presenten sus cuentas en plazo o no lo hagan de forma completa.
OLGA R. SANMARTÍN MADRID
30/06/2012 PORTADA
Wert recupera las reválidas para aprobar primaria, ESO y bachillerato
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Vuelve la reválida. El Gobierno ha recuperado esta figura de evaluación al final de primaria, secundaria y bachillerato. Los alumnos realizarán estas tres pruebas en centros oficiales y estarán obligados a aprobarlas si quieren pasar de curso. Es uno de los pilares de la reforma educativa que prepara el Gobierno.
«Un sistema educativo que renuncia a la evaluación es un sistema que no puede progresar». El ministro de Educación, Cultura y Deportes, José Ignacio Wert, aseguró ayer que la ausencia de este tipo de exámenes a lo largo de las distintas etapas educativas es uno de los grandes «problemas» del sistema, caracterizado por altos índices de fracaso y abandono escolar temprano (casi el doble que la media de la UE) y estigmatizado por un paro juvenil del 52%.
Wert presentó en el Consejo de Ministros las líneas maestras de la futura Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), la sexta ley educativa que se aprueba en democracia y la segunda del PP. La anterior ni pudo ponerse en marcha, porque fue derogada por el PSOE al llegar al poder en 2004.
Como Wert aspira a que su ley dure los próximos 20 años, gobierne quien gobierne, está decidido a obtener el «máximo consenso» de la comunidad educativa y de los distintos partidos. El borrador que les presentará contempla realizar evaluaciones externas en toda España. El objetivo será ver cómo rinde el alumno, pero también valorar cómo se comporta el centro y las diferencias que hay entre las comunidades autónomas.
La idea es que los estudiantes tengan que pasar por tres pruebas que ahora no existen. La primera será en 6º de primaria y consistirá en que el alumno demuestre que sabe leer y escribir, domina la aritmética básica, conoce la lengua propia y tiene alguna noción del idioma extranjero. Si no la aprueba, tendrá que repetir curso. Si ya era repetidor, podrá pasar a 1º de la ESO, pero con un informe que advierta de que ha suspendido el examen.
En 4º de la ESO habrá una segunda evaluación a la que tendrán que someterse todos los que quieran continuar sus estudios. Existirá un modelo de preguntas para los que opten por la vía académica y otro para los que quieran FP. «A pesar de que el alumno haya aprobado todas las asignaturas», explican fuentes del Ministerio, «no podrá pasar si no aprueba la evaluación». Eso sí, si supera la prueba tendrá derecho al título, aunque no haya aprobado todas.
La tercera evaluación se hará en 2º de bachillerato. Aprobarla (con al menos un 5) es condición imprescindible para obtener el título de bachiller y, por tanto, para poder ir a la Universidad.
Para calcular la nota final, se tendrá en cuenta en un 60% la media de toda la etapa educativa y en 40% el resultado de la prueba final. Hasta ahora, se valoraba el bachillerato en un 50% y la Selectividad (o Pruebas de Acceso a la Universidad) en un 50%.
En realidad, esta reválida sustituye a la Selectividad que hay ahora, en la que se puede pasar con un 4,5. Pero, además, las universidades podrán poner sus propias pruebas para escoger a sus alumnos, algo que hacen sólo las privadas. En el Ministerio también quieren que una parte de la prueba sea oral.
El Gobierno pretende rematar esta reforma antes de Navidad, con el fin de que sea validada en las Cortes para el curso 2013-2014. Se irá aprobando de forma progresiva en los próximos tres años. Otras de sus bases son:
e ELEGIR ANTES. Se quiere adelantar la edad en la que el alumno decide si quiere seguir estudiando o prefiere optar por la vía profesional. Hasta ahora, esta elección se tomaba al final de secundaria, con 16 años. La reforma la adelantará «como mínimo un año y, en ocasiones, dos». 4º de la ESO se concibe como un curso de iniciación al bachillerato.
e MENOS 'MARÍAS'. Matemáticas, Lengua, Ciencias y Lengua Extranjera aumentarán su carga lectiva en al menos un 25%, en detrimento de las optativas. Se pretende reforzar el aprendizaje del Inglés.
eEPC. La polémica Educación para la Ciudadanía desaparece de primaria y se queda sólo en un curso de secundaria con el nombre cambiado y con perfil discreto.
OLGA R. SANMARTÍN MADRID
30/06/2012 ESPAÑA
Si el estudiante no aprueba el 50%, tendrá que devolver la beca
Los alumnos universitarios que hayan recibido una beca salario tendrán que devolver el importe de la misma si no consiguen aprobar al menos el 50% de los créditos en los que se han matriculado. Lo dice el real decreto que regula las ayudas para el curso que viene, aprobado ayer por el Consejo de Ministros.
Hasta ahora, los estudiantes becados sólo tenían que justificar que se presentaban a un tercio de los exámenes, pero los rectores habían detectado «fraudes». Había alumnos que iban al examen, lo dejaban en blanco y se marchaban, y disfrutaban así de la beca sin obtener los rendimientos esperados.
El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, señaló ayer que, «cuando a la sociedad les cuesta lo que les cuesta las becas, parece razonable que exija al estudiante una contrapartida en términos de responsabilidad».
Hacienda será la encargada de recuperar el dinero y tiene capacidad para bloquear las cuentas bancarias de los que no quieran pagar.
En el real decreto se contemplan otras novedades. Se exigirá una nota media de 5,5 para disfrutar en el primer curso de bachillerato de una beca salario. Hasta ahora bastaba con matricularse. Para obtener esta beca salario en los segundos y posteriores cursos de bachillerato, se requerirá pasar de curso con, como máximo, una única asignatura pendiente.
Ganan los rectores
En el primer curso de la Universidad, hasta ahora bastaba también con matricularse. Ahora se exigirá una nota de al menos 5,5 en las pruebas de acceso para disfrutar de todo tipo de becas. Aquí se incluyen las becas salario, para las que el Ministerio pedía un 6 y los rectores reclamaban un 5,5. Al final, ha prevalecido la demanda de los rectores.
En segundo y posteriores cursos será necesario haber superado un porcentaje de los créditos matriculados el curso anterior que varía en función de la rama de conocimiento a que se adscriba el título. Por ejemplo, en Arquitectura e Ingeniería, el 65% de los créditos matriculados (antes era el 60%); en Ciencias y Ciencias de la Salud, el 80%, como hasta ahora, y en Artes y Humanidades y en Ciencias Sociales y Jurídicas, el 90% de los créditos, un 10% más. Los sindicatos UGT y Anpe creen que las becas «no pueden vincularse sólo al expediente».
Hubo críticas también desde la Asocación Nacional de Catedráticos de Instituto. Su presidente, Felipe de Vicente, expresó su «desilusión» por el hecho de que el PP prometiera un bachillerato de tres años y al final lo haya dejado en dos.
ROBERTO BENITO MADRID
30/06/2012
15
ESPAÑA
El Supremo avala la participación de las FAS en actos religiosos
La asistencia debe ser voluntaria, salvo en las honras fúnebres
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El Tribunal Supremo ha avalado la participación de las Fuerzas Armadas en actos religiosos, rechazando un recurso que había presentado la Asociación Unificada de Militares Españoles (Aume) contra el Reglamento de Honores Militares aprobado en 2010.
Aume consideraba que la asistencia oficial de miembros de las Fuerzas Armadas a actos de carácter religioso vulneraba el deber de neutralidad al que están constitucionalmente obligados los poderes públicos. E igualmente, defendía que no se puede obligar a ningún militar a participar en un acto de este tipo, aunque se trate de honras fúnebres, como establece el reglamento.
Citando la doctrina del Tribunal Constitucional, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo recuerda que la neutralidad en relación con el hecho religioso «no excluye que los poderes públicos tengan en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española, y mantengan relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones».
En este sentido, el Alto Tribunal constata que lo que el reglamento de honores militares recoge es la posibilidad de que se autorice la participación de «comisiones, escoltas o piquetes para asistir a celebraciones de carácter religioso», no «actos oficiales propios de las Fuerzas Armadas».
La sentencia explica además que el propio reglamento establece, «como no podía ser de otro modo», que la presencia de los militares en este tipo de actos es «voluntaria». Sólo hay una excepción, que también era recurrida por Aume, en la que la asistencia será obligatoria: las honras fúnebres de carácter religioso. Dice el Supremo que, en este caso, «el militar no participa, aunque esté presente, en el acto religioso», sino que asiste a él, y que su presencia en el mismo tiene «la consideración de acto de servicio».
R. S. R. J. Á. MADRID
30/06/2012
15
ESPAÑA
Almax, Romilar o Voltaren dejan de estar subvencionados
El Ministerio de Sanidad hace pública la lista de los 426 fármacos excluidos del sistema público por tratar «síntomas menores»
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Aunque el Ministerio de Sanidad juró y perjuró el miércoles que no habría lista de los medicamentos que serán excluidos de la financiación pública, ayer colgó en su página web la relación completa de los 426 fármacos que a partir del próximo mes de agosto los ciudadanos tendrán que costear íntegramente de su bolsillo.
Hay nombres muy populares. Entre los antidiarréicos se encuentra el Fortasec, que ya figuraba en algunas presentaciones en el anterior medicamentazo, de 1998. Entre los tratamientos del herpes labial, aparece el Zovirax y el Aciclovir. En los jarabes para la tos, se cuenta el Mucosan o el Romilar. Entre los antiinflamatorios, el Voltaren. Y también desaparece el mítico Almax en todos sus formatos: sobres, comprimidos masticables, pastillas blandas, suspensión oral... Algunos expertos han advertido que la desfinanciación de este protector gástrico derivará hacía un uso mayor del Omeprazol, a pesar de que no debe sustituirse uno por otro, lo que elevará a la larga el coste sanitario.
La lista incluye un total de 426 fármacos, de 18 grupos terapéuticos, con los que Sanidad pretende conseguir un ahorro de 458 millones de euros. En el texto, firmado por la Dirección General de Cartera Básica de Servicios y Farmacia, se dice que los laboratorios farmacéuticos tendrán que comunicar a Sanidad en un plazo de 15 días «los precios a los que van a comercializar dichos medicamentos». La ministra, Ana Mato, ha asegurado que el Gobierno velará por que no se disparen los precios.
La mayoría de los medicamentos se excluyen «por estar indicados en el tratamiento de síntomas menores», pero también los hay porque hay fármacos sin receta que tienen el mismo principio activo y dosis o porque no responden a las necesidades terapéuticas actuales.
No obstante, se establecen siete grupos de enfermos que seguirán disfrutando de la subvención pública. Se trata, entre otros, de los pacientes oncológicos; los que tengan la enfermedad de Crohn, o colón irritable, y los pacientes neoplásticos con tos persistente.
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EL CONSEJO Europeo que terminó ayer en Bruselas se había considerado clave para el futuro del euro. Así ha sido y los resultados conseguidos parecen invitar al optimismo. Hay que alegrarse, fundamentalmente, porque la moneda única ha salido fortalecida. Si nadie duda de que una cumbre sin acuerdos hubiera supuesto iniciar el proceso de defunción del euro, el esfuerzo conjunto por conseguirlos demuestra que todos los países mantienen su confianza en este proyecto común. Por ejemplo, seis meses para que el BCE pueda estar en condiciones de supervisar a la banca europea es un plazo muy corto para los tiempos comunitarios y, sin embargo, así se ha acordado en el Consejo.
Rajoy abandona Bruselas, sí, con un colchón de seguridad otorgado por sus socios, pero también plenamente consciente de que debe acometer sin demora los deberes que ya tenía impuestos. Si hemos llegado a finales de junio en estas precarias condiciones no ha sido sólo por el ataque de los mercados o por la intransigencia alemana. Se ha debido también a que el Gobierno se ha quedado corto en las reformas que necesitaba el país, y la mejor muestra la tenemos en que el Gobierno apenas ha podido reducir hasta mayo el déficit público respecto a 2011, a pesar de haber emprendido el mayor ajuste de la historia democrática.
. Mariano Rajoy y Mario Monti tendrán tiempo de comentar este domingo, durante al menos 90 minutos, el resultado de la cumbre europea donde destacaron como los dos grandes protagonistas de la madrugada del viernes. El escenario no será Bruselas, ni Madrid, ni Roma, sino Kiev, la capital de un país que se ha ganado la animadversión de la Unión Europea por su baja calidad de democracia y justicia.
