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sábado, 28 de enero de 2012

EDITORIALES: El juez prevaricador inculpado también por extorsionar a bancos y grandes empresas 1,2 millones de $



  • 28/01/2012
  • Actuar ya para no tener un paro de seis millones



    Pepiño Blanco, nº 2 del PSOE, está denunciado por chorizo por altos cargos socialistas, socialistas de base, por simpatizantes socialistas y por detractores del socialismo


    ESPAÑA puede colocarse con seis millones de parados antes de acabar 2012 si el Gobierno no logra invertir la espiral de destrucción de empleo en la que entró nuestra economía hace cuatro años. Los datos de la EPA correspondientes al último trimestre del año pasado son sencillamente desastrosos, porque el desempleo se coloca en su máximo histórico: 5.273.600 ciudadanos sin trabajo. Durante ese periodo, el paro aumentó en 295.000 personas, lo que supone la impresionante media de 3.875 al día.

    Cualquier análisis de las estadísticas del paro es demoledor: el paro juvenil asciende ya al 48%, un verdadero récord en un país desarrollado. No hay probablemente un indicador mejor que éste de la gravedad de la crisis y de sus secuelas sociales. Estamos ya en el 22,8% de desempleo sobre el total de la población activa, una cifra que casi triplica a la de Italia, que sufre el 8,6%. Alemania tiene el 5,5%. España supera claramente incluso el desempleo de Portugal, que llega al 14%, y el de Grecia, en el 18%.

    Pepiño Blanco, nº 2 del PSOE, está denunciado por chorizo por altos cargos socialistas, socialistas de base, por simpatizantes socialistas y por detractores del socialismoLa destrucción de puestos de trabajo y la caída de la contratación son extensivas a todos los sectores de la economía, pero llama la atención que, por primera vez desde que comenzó la crisis, hay una fuerte disminución de empleo en las Administraciones Públicas: el número de funcionarios cae en 85.000 como consecuencia de la incipiente reducción de gasto de las comunidades.

    Ante este panorama desolador, Soraya Sáenz de Santamaría declaró que el Gobierno va a «acelerar» la reforma del mercado de trabajo, mientras que Fernando Jiménez Latorre, secretario de Estado de Economía, afirmó que la escalada del paro en el último trimestre de 2011 es la «cara más severa» del frenazo de la actividad y «evidencia la necesidad de una reforma laboral completa, equilibrada y valiente».

    Como decíamos ayer, ha llegado la hora de dejar de hablar para aprobar cuanto antes esa flexibilización laboral. La negociación entre patronal y sindicatos está agotada, la Comisión Europea presiona al Gobierno para que la lleve a cabo y los mercados empiezan a desconfiar de la tardanza. Sin ir más lejos, la agencia Fitch rebajó ayer dos escalones al nivel de solvencia de la deuda española, siguiendo los pasos de Standard & Poor's. Según su comunicado, la decisión refleja las malas perspectivas de la economía española, así como la «ausencia de un auténtico y creíble cortafuegos para la crisis de deuda europea». También apunta que la bajada está motivada por la desviación del déficit de 2011, que implica un mayor ajuste presupuestario para este año.

    Horas antes de la decisión de Fitch, el Consejo de Ministros había aprobado el anteproyecto de ley de estabilidad presupuestaria que, cuando entre en vigor, obligará a las comunidades a fijar un techo de gasto. La principal novedad de esta iniciativa es que el Gobierno podrá intervenir las cuentas de las comunidades si éstas son incapaces de cumplir ese techo.

    Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, aseguró que esta ley permitirá reducir el endeudamiento y, como consecuencia, liberar recursos para el sector privado. Ello nos parece absolutamente necesario, tanto para que vuelva a fluir el crédito a las empresas como para que los ciudadanos dispongan de una mayor renta. Ése es, sin duda, el camino. Pero el problema es ahora de tiempo. Y, por ello, el Ejecutivo debe empezar por aprobar una reforma laboral que sirva para crear empleo y una drástica reducción del gasto público para este ejercicio. Son las dos señales que esperan los mercados y que podrían cambiar esa dinámica negativa que nos conduce a los seis millones de parados.

    Hoy protagonizarán un acto juntos

    González apoya a Rubalcaba

    Pepiño Blanco, nº 2 del PSOE, está denunciado por chorizo por altos cargos socialistas, socialistas de base, por simpatizantes socialistas y por detractores del socialismoFELIPE González no es neutral en la batalla por el liderazgo del PSOE. El ex presidente del Gobierno participará hoy en Madrid en un acto de apoyo a Rubalcaba, quien intenta frenar así a Carme Chacón a una semana de la celebración del Congreso, ya que las posibilidades de éxito de la ex ministra han ido creciendo en la campaña interna. La salida de González al escenario precongresual es un indicador de que Rubalcaba -a pesar del respaldo del aparato del partido- sabe que puede perder la batalla. El ex presidente apuesta por el que fuera ministro portavoz en su último Gobierno. Todo queda en casa. Concretamente entre los responsables de la corrupción y la guerra sucia del felipismo y de su encubrimiento. Los delegados tendrán que decidir si es eso lo que quieren para el PSOE

    Recaudó 1,2 millones de entidades que él investigaba en la Audiencia

    Garzón, inculpado por la 'mordida' para sus actividades en Nueva York


    Pepiño Blanco, nº 2 del PSOE, está denunciado por chorizo por altos cargos socialistas, socialistas de base, por simpatizantes socialistas y por detractores del socialismo

    EL AUTO que inculpa a Garzón por un delito de cohecho impropio está tan fundamentado y es de tal rotundidad que se hace difícil pensar que no acabe sentándose en el banquillo también por este caso. El magistrado instructor del Supremo, Manuel Marchena, cree acreditado que el juez estrella recaudó 1,2 millones de dólares para sus cursos en Nueva York entre compañías y bancos cuyos directivos esta- ban entre sus investigados en la Audiencia Nacional, y que las entidades pagaron «en atención a su condición de juez». Es más, subraya que Garzón se aprovechó de su estatus judicial, pues se dirigía a estas personas con «la seguridad de que nunca iban a denegar el patrocinio». Marchena retrata la actuación de Garzón como una auténtica mordida. Señala que ninguna de las entidades «exigió justificación detallada» de qué se hacía con su dinero. Dicho de otro modo: pagaban no porque considerasen valiosas las actividades del juez, sino porque quien se lo pedía tenía encausados a responsables o ex directivos de la compañía. Marchena acredita documentalmente que Garzón tuvo un papel «relevante y decisivo» en la obtención de los fondos, desmintiendo así las alegaciones del acusado, que dijo que nunca pidió cantidad alguna. Refleja además su doble engaño: «ocultó» al CGPJ que su actividad en EEUU estaba siendo remunerada, y a la New York University que seguía cobrando su sueldo íntegro de la Audiencia. Garzón, que imputó a Camps por cohecho impropio por trajes valorados en 13.000 euros, deberá defenderse del mismo delito... pero por 1,2 millones de dólares.

    Irresponsabilidad y heroísmo

    Tragedia absurda en la costa gallega


    HAY MUCHAS tragedias absurdas provocadas por la irresponsable conducta de las personas. Como la que ha acabado con la vida de un joven eslovaco y tres policías -dos de los cuales aún no han sido rescatados del mar- en una playa de La Coruña. Una fiesta universitaria, mucho alcohol y unos jóvenes que acabaron de madrugada queriéndose bañar en un mar embravecido. Cuatro policías acudieron en auxilio del imprudente juerguista. Tres de ellos perecieron en el intento. El cuarto se salvó de milagro. Los ministros de Interior y Fomento se desplazaron ayer para seguir las labores de búsqueda de los policías desaparecidos, cuyas familias deben sentirse orgullosas de ellos. La heroicidad de su comportamiento sólo es comparable con la irresponsabilidad de quien les condujo a la muerte

    CORRUPCIONES SOCIALISTAS: El juez prevaricador imputado ahora por extorsionar a Bancos y grandes empresas 1,2 millones de dólares

  • MARÍA PERAL MADRID
  • 28/01/2012 PORTADA
  • Garzón inculpado por cohecho al recaudar entre sus investigados


    Pepiño Blanco, nº 2 del PSOE, está denunciado por chorizo por altos cargos socialistas, socialistas de base, por simpatizantes socialistas y por detractores del socialismo


    El juez Garzón está desde ayer inculpado por cohecho impropio por haber solicitado y obtenido 1,2 millones de dólares de grandes empresas y bancos españoles afectados por procesos penales tramitados en la Audiencia Nacional, algunos de ellos en manos del propio magistrado. El dinero fue destinado a financiar conferencias y seminarios dirigidos por él durante su estancia en la Universidad de Nueva York, de la que cobró un salario en paralelo a la percepción de su nómina de juez. El magistrado del Supremo Manuel Marchena considera que hay motivos para que Garzón sea juzgado por esos hechos.

    El magistrado Marchena, que ha investigado desde febrero de 2010 los patrocinios obtenidos por Baltasar Garzón de importantes entidades bancarias y empresas españolas, ha dado por terminada la instrucción y ha concluido que hay motivos para que el juez de la Audiencia Nacional responda en juicio oral de un posible cohecho impropio. Ese delito castiga con pena de multa de tres a seis meses (según la legislación aplicable en el momento de los hechos) a «la autoridad o funcionario publico que admitiere dádiva o regalo que le fuere ofrecido en consideración a su función (...)».

    El instructor del Supremo, que no ve indicios del delito de prevaricación que también fue objeto de querella, da un plazo de 10 días al fiscal y a la acusación popular que ejercen los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea para que presenten escrito de acusación o bien el archivo de la causa.

    Los hechos se refieren a la licencia de estudios que Garzón disfrutó entre marzo de 2005 y junio de 2006 en la Universidad de Nueva York (UNY), donde dirigió seminarios y conferencias para el Centro Rey Juan Carlos y para el Centro de Derecho y Seguridad.

    Esas actividades fueron sufragadas con patrocinios que Garzón solicitó personalmente por un importe inicial de 2,5 millones de dólares al Banco Santander, BBVA, Telefónica, Cepsa y Endesa.

    Pepiño Blanco, nº 2 del PSOE, está denunciado por chorizo por altos cargos socialistas, socialistas de base, por simpatizantes socialistas y por detractores del socialismoEl Banco Santander entregó 327.000 dólares al Centro Rey Juan Carlos, del que Garzón percibió retribuciones en especie por valor de 22.152 dólares y el pago de la matrícula de su hija en la Escuela Internacional de la ONU por importe de 21.650 dólares.

    BBVA, Telefónica, Cepsa y Endesa financiaron con 910.000 dólares un seminario dirigido por Garzón en el Centro de Derecho, del que cobró una nómina que el juez cifró en 160.333 dólares, aunque esa cantidad no coincide ni con los extractos de la cuenta bancaria que abrió en Nueva York ni con las sucesivas certificaciones de la UNY, que ha ido variando sus propias cifras.

    Garzón «ocultó» al Consejo General del Poder Judicial la remuneración obtenida de la UNY y también ocultó a la Universidad, con la que tenía un «deber contractual de incompatibilidad», que seguía cobrando su nómina íntegra de juez.

    Marchena destaca que «las cantidades abonadas por las distintas empresas implicaron la obtención de un aprovechamiento para él y, al propio tiempo, para un tercero», aunque el enriquecimiento personal no es exigido por el delito por el que Garzón es inculpado.

    A tenor de una abundante prueba documental que consta en los expedientes de los patrocinios y de las declaraciones de empresarios y banqueros, el instructor del Supremo afirma que fue el propio Garzón el que se dirigió a ellos solicitando el dinero «con la seguridad de que, precisamente en atención a su cargo, esas cantidades iban a ser entregadas». Garzón «tenía la seguridad de que nunca iban a denegar un patrocinio impulsado por él».

    «Algunos de esos responsables habían sido testigos o imputados en procedimientos instruidos por el propio Garzón» y «otros, sin haber sido investigados por él, habían tenido que responder por hechos delictivos atribuidos mediante denuncias o querellas tramitadas en la Audiencia Nacional», subraya Marchena.

    Así, el máximo responsable del BBVA, Francisco González, autorizó un patrocinio de 200.000 dólares sólo cinco meses después de que Garzón inculpara a la cúpula de Neguri, proceso penal que favoreció el ascenso de González a la presidencia del banco. «Lo hizo, además, cuando ese procedimiento se hallaba todavía abierto en el Juzgado del que Garzón era titular y al que habría de reincorporarse meses después».

    En el caso de Telefónica, que entregó 100.000 dólares, Garzón había investigado a su ex presidente, Juan Villalonga, por el caso Endemol y por el cobro de stocks options.

    Los dirigentes de Cepsa, sociedad que entregó 100.000 dólares, habían sido investigados en la Audiencia Nacional por concertarse con Repsol para fijar el precio de los carburantes.

    Y el presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, vio cómo Garzón archivaba una querella dirigida contra él a los cuatro meses de reincorporarse a la Audiencia Nacional.

    Ninguna de esas entidades se interesó por la justificación detallada del destino que tuvieron los fondos.

    28/01/2012 ESPAÑA

    «Mezcla de juez y exitoso gestor de fondos»


    El instructor del Supremo subraya que los expedientes de los patrocinios ponen de relieve la «interesada confusión de los planos en los que se desenvolvía la actuación de Garzón» como juez y como organización de actividades en la UNY para las que solicitaba patrocinios.

    Marchena da «especial valor indiciario» a la carta en la que Gonzalo de las Heras -en aquellas fechas de 2005 responsable del Grupo Santander en Estados Unidos- da cuenta al presidente, Emilio Botín, del almuerzo celebrado con Garzón. El juez plantea en ese encuentro que quiere organizar un ciclo de conferencias.

    De las Heras escribió a Botín que «Garzón rompió el hielo diciendo que acudía como español y como amigo y no como juez y que podíamos hablar de todo lo que quisiéramos sin temer que nos llamara para aclarar el sentido de lo dicho: 'como sabéis', dijo, 'aquí no tengo jurisdicción'».

    La resolución judicial destaca que en «ese primer contacto para la obtención de las cantidades se produce entre Baltasar Garzón y un grupo de directivos del Santander no existe presencia física alguna, ni siquiera testimonial, del cuadro académico de la Universidad de Nueva York».

    «El propio Garzón es consciente de que sus interlocutores tienen bien presente su condición de juez» y «busca artificialmente escindir dos facetas que aparecían indisociablemente unidas a los ojos de los directivos del Banco de Santander con quienes compartía almuerzo, llegando a aclarar que actúa como 'amigo y no como juez' y que, para tranquilidad de sus interlocutores, no podrá llamarles a declarar a su juzgado, pues 'aquí no tengo jurisdicción'».

    Para Marchena, «la mezcla entre el carácter de autoridad jurisdiccional del querellado y su condición de exitoso gestor de fondos vuelve a hacer acto de presencia en la carta que, con fecha 10 de junio de 2005, dirige a Botín. En ella, encabezada con un 'Querido Emilio', se dan las gracias por la financiación comprometida a partir del almuerzo con Gonzalo de las Heras, incluyendo como pie de firma: «Baltasar Garzón Real. Magistrado-Juez. Titular de la cátedra Rey Juan Carlos».

    28/01/2012 ESPAÑA

    «Abre las puertas con su intervención personal»


    Marchena sostiene que los fondos que sirvieron para sufragar las actividades de Garzón en la Universidad de Nueva York «fueron entregados por las distintas empresas en consideración a su cargo» de juez de la Audiencia Nacional, condición que invocaron permanentemente tanto él como las autoridades de la UNY.

    En las misivas que envió a empresarios y banqueros y en los correos electrónicos que se cruzó con los encargados de los patrocinios, Garzón hizo constar su estatus de juez.

    Por su parte, tanto la directora del Centro de Derecho de la UNY, Karen Greenberg, como el resto de las autoridades de esa Universidad destacaron de forma constante en sus contactos con los empresarios españoles el papel del «judge Garzón» como director de las actividades y como interviniente en la elaboración de los convenios de colaboración que fijaron las condiciones de los patrocinios.

    «El valor indiciario de esos documentos es más que relevante», señala el magistrado del Supremo, «pues acreditan que las cantidades solicitadas -y obtenidas- tuvieron siempre relación directa con la condición de juez del querellado».

    Garzón utiliza en su correspondencia folios impresos en los que, en el ángulo superior izquierdo, figura el anagrama y los datos de localización de la Universidad de Nueva York. «Es un impreso oficial que, por sí solo, debería ser suficiente si de lo que se trataba era de gestionar un patrocinio académico. Pero no».

    Garzón rubrica esos escritos haciendo constar su condición de magistrado-juez porque «sabía que esos documentos adquirían un valor adicional si a las menciones que reflejaba la institución universitaria para la que él prestaba sus servicios, sumaba una indicación que recordara a su interlocutor la condición de autoridad judicial de la persona con la que se estaba comunicando. Fue algo más que un mediador llamado a poner en contacto a una institución universitaria con una eventual fuente de financiación», fue quien «abre las puertas a los fondos con una intervención personal», subraya.

    28/01/2012 ESPAÑA

    Propuesta económica en un sobre del juzgado


    El modus operandi para la obtención de los fondos fue siempre el mismo. Garzón contactaba inicialmente con responsables de cada una de las empresas, les planteaba la propuesta y les anunciaba que otra autoridad de la UNY -normalmente Karen Greenberg, directora del Centro de Derecho y Seguridad- se dirigiría a ellos para concretar el patrocinio.

    En el caso de Endesa, Greenberg envió una carta al presidente, Manuel Pizarro, dando cuenta de la organización de un curso «bajo la codirección del Magistrado Baltasar Garzón, actualmente profesor distinguido visitante en este Centro».

    A esa carta acompañaba una propuesta de convenio de algo más de dos folios, con un presupuesto que ascendía a 500.000 dólares.

    «El responsable de patrocinios de Endesa, Gabriel Castro, consideró que ese documento no era 'adecuado, ni por su contenido ni por el importe del patrocinio', por lo que rechazó su firma, exigiendo una segunda propuesta», relata Marchena. «Dos días después, fue remitida una propuesta renovada por 250.000 dólares, de los cuales 125.000 iban a ser abonados antes del día 15 de noviembre de 2005 y los restantes 125.000 dólares lo serían con anterioridad al 28 de febrero de 2006».

    A la vista del retraso en el que incurrían los responsables de Endesa para el pago de la primera de las partidas, Karen Greenberg consideró oportuno recordar la obligación de abonar el importe comprometido. A tal fin, redactó una carta mediante la que requería el pago. Esta misiva fue impresa en un folio con la marca del Centre on Law and Security. Sin embargo, pese a estar firmada por la propia Greenberg, fue introducida en un sobre en el que podía leerse: «Baltasar Garzón Real. Magistrado-Juez Juzgado Central 5. Audiencia Nacional. Madrid».

    28/01/2012 ESPAÑA

    El carácter académico de la relación, ausente


    El magistrado del Supremo ha alcanzado la conclusión de que «el supuesto carácter académico de la relación entablada entre Baltasar Garzón y los responsables de las empresas con los que contactaba en la búsqueda de fondos [alegado por el juez] está ausente en los documentos que han sido incorporados a la causa».

    Bien al contrario, «todo indica que no se mantenía al margen de los aspectos económicos de los seminarios que organizaba, sino que asumía las riendas de la negociación en aquellas ocasiones en las que, por cualquier circunstancia, surgía la necesidad de aclarar algún punto relacionado con los aspectos económicos del proyecto».

    Así ocurrió en el caso del BBVA, al que se propuso un patrocinio de 300.000 dólares para un seminario cuyos objetivos se explicaban en seis folios con obviedades del tipo «el terrorismo es una realidad preocupante» y «el criminal siempre quiere volver a matar con los mismos métodos».

    Como quiera que el responsable de patrocinios del BBVA consideró tal propuesta «excesivamente simple o breve», fue necesaria una nueva propuesta que ajustara la discordancia surgida entre la cantidad presupuestada y la que el banco estaba dispuesto a asumir, que fue finalmente de 200.000 dólares.

    No fue ninguna autoridad de la UNY sino el propio Garzón el que se encargó de enviar al BBVA la propuesta económica rectificada.
  • J. M. MADRID
  • 28/01/2012 ESPAÑA
  • Un delito bumerán


    El cohecho pasivo impropio era un tipo penal que apenas se utilizaba para castigar a funcionarios de poca monta que habían caído en la tentación de ablandarse ante una paletilla ibérica o una botella de buen rioja. Desde hace tres años, es una de las estrellas del Código Penal, tanto que ha pasado por una reforma legislativa para agravar su castigo: ahora, el que la hace, la paga con inhabilitación y pena de prisión. En marzo de 2009, cuando el juez Baltasar Garzón provocó uno de sus habituales golpes de efecto al aplicárselo a Francisco Camps, sólo llevaba aparejada una pequeña multa.

    En el caso del entonces presidente valenciano, habría que añadir el 'sambenito' social que ha terminado poniendo fin (¿o no?) a su carrera política.

    La paradoja es que, dos días después de la absolución de Camps, es ahora Garzón el que cae en las redes de su propia criatura. Un delito bumerán.

    Viene al caso recordar el contenido del auto con el que el juez ahora suspendido, que instruía las primeras consecuencias de la 'operación Gürtel', consideró el 5 de marzo de 2009 que el entonces presidente valenciano había recibido trajes de regalo que constituían «sobornos en especie».

    Garzón precisaba hasta el mínimo detalle de los trajes, así como «cinco pantalones, un cinturón de piel, una deportiva, una chaqueta austriaca, una americana 'sport', una deportiva 'barbour' y una 'chaqueta fantasía'», además de un «chaleco blanco» para una recepción en El Vaticano.

    MÁS CORRUPCIONES SOCIALISTAS: La juez de los ERE imputa EN MASA a los directores de Empleo de la Junta de Andalucía

  • A. SALVADOR S. TORRES SEVILLA
  • 28/01/2012
  • 1
  • PORTADA
  • La juez de los ERE imputa a los dos últimos directores de Empleo de la Junta andaluza



    Rubalcaba, embustero y malignoLa juez Alaya escala un peldaño más en la pirámide del fraude de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) irregulares. La instructora dictó ayer un nuevo auto que supone un golpe a la línea de flotación del Gobierno de Griñán al imputar al actual director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, y a su inmediato antecesor.

    De hecho, Rivera llegó al cargo de la mano de Manuel Recio, uno de los consejeros más cercanos al presidente de la Junta. La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla amplió ayer el número de encausados con la imputación de 19 personas más, entre altos cargos de la Administración autonómica, intermediarios, empresarios, abogados y sindicalistas. Éstos se suman a la treintena sobre la que ya pesaban cargos.

    Junto a Daniel Rivera, también imputa al antecesor de éste en la Dirección General de Trabajo, Juan Márquez Contreras, quien a su vez sucedió a Javier Guerrero tras su destitución el 29 de abril de 2008. De esta forma, los tres últimos directores generales de Trabajo de la Junta están inculpados.

    Pepiño Blanco, nº 2 del PSOE, está denunciado por chorizo por altos cargos socialistas, socialistas de base, por simpatizantes socialistas y por detractores del socialismoEl caso cobra una nueva dimensión y deja en una situación más comprometida aún al Ejecutivo de Griñán a menos de dos meses de las elecciones autonómicas, en las que el PP puede poner fin a la histórica hegemonía socialista en Andalucía.

    Con las nuevas imputaciones, son ya seis los altos cargos de la Administración autonómica -sólo Rivera continúa en el puesto- acusados por el fraude de los ERE. Márquez y Rivera se suman al ex consejero de Empleo Antonio Fernández y a los ex delegados de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y Juan Rodríguez Cordobés, este último no por su gestión, sino por su inclusión como falso prejubilado en el ERE de la metalúrgica sevillana Calderinox.

    En el caso de Daniel Rivera, así como de Juan Márquez, la instructora los imputa por ordenar pagos para 26 beneficiarios de la póliza financiada por la Junta a favor de antiguos trabajadores de Surcolor, a los que se añadieron dos intrusos.

    La juez sustancia la acusación en que debieron «deducir fácilmente», de acuerdo con el expediente que ellos mismos invocaban en las órdenes de pago libradas a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea), que los empleados eran 24 y no 26. Los dos intrusos son Juan Manuel López Espadas, marido de la ex concejal socialista en el Ayuntamiento de Camas Concepción Ávila, y José Antonio Márquez Sánchez, concuñado de Antonio Rivas.

    «Como en el caso de Guerrero, se ordenan dichos pagos con total ausencia de procedimiento, pues no existe siquiera la menor solicitud o protocolo de colaboración», razona Alaya en el auto. Y agrega: «Sólo existe solicitud para la ayuda de 175.998 euros para el abono de la prima que correspondía a la empresa, resuelta por Daniel Rivera».

    No pasa por alto la instructora el hecho de que el actual director general de Trabajo alegara como normativa de aplicación la Ley de Subvenciones cuando, según establece ésta, «él no sería competente, por razón de su cargo, para su concesión».

    A la vista de la información remitida al juzgado por la Dirección General de Seguros, Mercedes Alaya ha constatado que la prima de la póliza de Surcolor ascendió a 2.674.175,83 euros, casi el doble del montante al que ascendían las indemnizaciones por despido pactadas en las conciliaciones celebradas en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC): 1.537.162,03 euros.

    La magistrada pone este caso como paradigma del «dispendio en que habría incurrido intencionadamente la Junta de Andalucía a través de sus altos cargos», al destinar fondos públicos al pago de elevadas comisiones a los intermediarios y asesores que intervenían en las operaciones.

    La acusación a Daniel Rivera podría ampliarse conforme avancen las indagaciones. La instructora pide que se investigue si la resolución del director general de Trabajo el 3 de septiembre de 2010 en respuesta a la solicitud de ayuda de 109.620 euros presentada por Encarnación Poto Monge, en nombre de la empresa sevillana Aceitunas y Conservas (Acyco), fue concedida «no para la finalidad que se dice en la mencionada resolución» sino para el abono de los honorarios al despacho Garrigues.

    La imputación del ex delegado de Trabajo Juan Márquez es cuádruple. Además de por el expediente de Surcolor, también es acusado por la juez Alaya en relación con las ayudas sociolaborales concedidas a Calderinox, Aglomerados Morell y Río Grande.

    En el auto dictado ayer por la juez Mercedes Alaya, se amplían las imputaciones contra el ex delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y contra el conseguidor Juan Lanzas. A éstos se suman dos directivos de la consultora Vitalia Vida, el admistrador único de la intermediaria Uniter, entre otros.
  • RAÚL SALGADO FERROL
  • 28/01/2012 ESPAÑA
  • Investigan al ex edil socialista de Urbanismo de Ferrol

    La Guardia Civil registra el Ayuntamiento por un fraude que supera el millón de euros


    El concejal del PSOE en Ferrol Gerardo López Castrillón, actualmente edil en la oposición pero titular del departamento municipal de Obras durante el pasado mandato, es una de las tres personas investigadas por un juzgado de la ciudad por posibles adjudicaciones irregulares de varias obras a una compañía local, la firma Albanese.

    Agentes de la Policía Judicial registraron ayer, durante toda la mañana, las dependencias del Ayuntamiento de Ferrol, en particular las oficinas de Obras y Contratación, en busca de los expedientes administrativos y de la documentación de esta empresa ferrolana.

    El juez instructor, Alejandro Morán, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Ferrol, estuvo presente en el registro y los agentes precintaron decenas de cajas con documentación de adjudicaciones realizadas entre 2010 y principios del 2011. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Galicia informaron de que, además, se han llevado a cabo otros registros «en domicilios de personas físicas y jurídicas».

    Uno de los proyectos incluidos en la investigación podría ser el de sustitución de la cubierta de un antiguo acuartelamiento del Ejército de Tierra, que ya fue objeto de polémica por la retirada irregular de este elemento, afectado por amianto.

    La portavoz socialista en el Ayuntamiento del Ferrol, Natividad González, reconocía ayer que su formación era conocedora de las investigaciones a través de los medios y, preguntada al respecto, rechazó posicionarse sobre un posible relevo del edil en caso de que, finalmente, sea imputado.

    Junto a López Castrillón, el proceso abierto salpica a dos aparejadores del Ayuntamiento, pero no han trascendido sus identidades ni constan por ahora detenciones vinculadas al caso. Sí se conoce que se mantienen abiertas diligencias previas por presuntos delitos contra la Administración pública y por falsedad en documento oficial.

    El Consistorio se personará en la causa. Pero el equipo de Gobierno evitó hacer «un juicio de valor» y el alcalde, José Manuel Rey Varela, optó por respetar la presunción de inocencia y abogó por esperar a que la Justicia se pronuncie, aunque lamentó que la investigación perjudique al Ayuntamiento.

    Rey Varela lanzó un mensaje de tranquilidad, afirmando que la Administración municipal mantiene su actividad habitual. Al primer edil no le constan denuncias previas que hayan provocado la apertura del caso.

    CUANDO EL DELINCUENTE ES LA CAMARILLA POLICIAL SOCIALISTA: 11 M: Un tercer testigo desmiente el testimonio del Comisario socialista Manzano

  • J. M. MADRID 28/01/2012 ESPAÑA
  • Un tercer testigo desmiente la versión de Manzano en el juicio del 11-M

    El director para Europa de la fábrica de explosivos niega que sus trabajadores informasen a los Tedax de que la dinamita de la Kangoo fuese Goma 2 Eco


    Pepiño Blanco, nº 2 del PSOE, está denunciado por chorizo por altos cargos socialistas, socialistas de base, por simpatizantes socialistas y por detractores del socialismoEl superior directo de los dos trabajadores de la compañía que fabrica la dinamita Goma 2 Eco que fueron convocados el 11-M por el imputado Juan Jesús Sánchez Manzano en el complejo policial de Canillas confirmó ayer ante la juez la misma versión que dieron aquéllos: al contrario de lo que afirmó el ex jefe de los Tedax ante el tribunal que juzgó la matanza, en esa cita no les enseñaron ningún cartucho de explosivo, sino sólo detonadores.

    «¿Recibieron alguna información de los especialistas cuando llegan a Canillas sobre el cartucho?», preguntaron en el juicio los abogados de la AVT. «Confirmaron que era de su producción y que era Goma 2 Eco», fue la respuesta de Manzano.

    Pues bien: según declararon hace dos semanas esos expertos, no fue así: sólo les mostraron detonadores. La persona que en el 11-M era director general para Europa de la compañía Maxam -entonces Unión Española de Explosivos- corroboró ayer ese testimonio. Dijo a la juez que, después de que sus dos especialistas regresasen aquel día de marzo de 2004 de su visita a la Policía, a él le comunicaron que les enseñaron detonadores, pero no un cartucho. Manzano está imputado por encubrimiento y omisión del deber de perseguir delitos, y también por falso testimonio en el juicio del 11-M.

    El testigo de ayer confirmó asimismo, como había dicho uno de sus trabajadores, que la Policía les llamó por la mañana, lo que no encajaría con la hora en la que los Tedax dicen que hicieron el registro oficial a la furgoneta Kangoo (después de las 15.00 horas). En este punto, en todo caso, no fue demasiado claro. Lo que dijo el directivo de Maxam fue que a él le informaron de que habían decidido enviar a esos dos expertos cuando salió de una reunión «que había durado toda la mañana», según detallaron fuentes presentes en su declaración.

    Ayer también testificó el director general de Ferrocarriles, Manuel Niño, que ocupaba ese cargo en 2004 y ha vuelto a ser nombrado para el mismo hace escasas fechas. Su comparecencia apenas se extendió cinco minutos: aseguró que la retirada y el desguace de los trenes del 11-M no tienen nada que ver con su competencia, por lo que nada sabe de ello.

    El que falló fue el ex presidente de Renfe Miguel Corsini. Al parecer, el juzgado comunicó la citación a la compañía, que respondió que desconoce cómo localizarlo. Será convocado de nuevo para próximas fechas.

    Además, la juez Coro Cillán ha aceptado para el miércoles que viene una batería de testimonios propuesta por Manos Limpias con el objeto de aclarar el destino de los trenes que explotaron el 11-M.

    Manzano y su perito están imputados por posible destrucción de pruebas desde el verano de 2009, cuando la juez aceptó una querella de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M. El procedimiento está pendiente de un recurso de apelación de la defensa ante la Audiencia Provincial desde hace casi nueve meses. La Fiscalía se opone porque ve indicios de delito.

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    ETA GOBIERNA por la acción criminal del PSOE: El 'lehendakari' defiende la legalización de los totalitarios subordinados a la banda terrorista ETA

  • MARISA CRUZ MADRID
  • 28/01/2012 ESPAÑA
  • López ve a Rajoy «receptivo» ante la reinserción

    El 'lehendakari' defiende la legalización de los herederos de la antigua Batasuna


    Pepiño Blanco, nº 2 del PSOE, está denunciado por chorizo por altos cargos socialistas, socialistas de base, por simpatizantes socialistas y por detractores del socialismo

    Patxi López salió satisfecho de su primer encuentro en La Moncloa con Mariano Rajoy. El lehendakari aseguró haber encontrado a un presidente «receptivo» a sus planteamientos, esencialmente la necesidad de aplicar una nueva política penitenciaria encaminada a impulsar la reinserción de los presos etarras propiciando el acercamiento a sus lugares de residencia y favoreciendo la concesión del tercer grado a los penados gravemente enfermos.

    López habló de sus impresiones que, a juzgar por la filosofía del encuentro que transmitió posteriormente La Moncloa, no se ajustan estrictamente a la posición del Ejecutivo.

    «La postura del Gobierno y del partido que lo sustenta en relación con ETA es de sobra conocida», puntualizó un portavoz autorizado haciendo referencia a la firmeza de la que siempre ha hecho gala el PP a la hora de enarbolar el cumplimiento estricto de la ley y exigir como condición previa a cualquier gesto de flexibilidad, la petición de perdón individual por parte de los terroristas presos.

    Patxi López aseguró incluso haber defendido ante Rajoy la conveniencia de conseguir la legalización de Sortu, heredera de la antigua Batasuna, porque en su opinión con ello simplemente se normalizaría una situación que ya es una realidad en las propias instituciones. Se refería así al hecho de que los representantes de la izquierda abertzale están ya sentados no sólo en los órganos de poder vascos sino también en el propio Congreso de los Diputados bajo la marca Amaiur.

    La teoría del lehendakari es la de que dar cauce a estas demandas serviría para «forjar una nueva concordia ciudadana» en la que se «fueran recuperando para la democracia a quienes apoyaron a ETA».

    El Gobierno vasco está decidido a trabajar en estos ámbitos de «reinserción» porque entiende que constituyen parte esencial de la «política de Estado necesaria para asentar la convivencia y conseguir definitivamente la libertad. Esta labor debe ser conjunta y colectiva».

    En definitiva, el lehendakari desplegó ayer un discurso dirigido a «no permitir el victimismo» de quienes han amparado a los violentos y, en su opinión, eso se consigue arrebatándoles la bandera de los presos y la de la ilegalidad.

    En su opinión, además, no cabe reclamar que se condene a ETA como requisito previo para la legalización de Sortu. «En ningún artículo de la Ley de Partidos se pone esta condición. En realidad es un requisito moral pero no legal», argumentó.

    A este último planteamiento, el presidente del Gobierno respondió con un recordatorio: «No es competencia en ningún caso del Ejecutivo legalizar fuerzas políticas; este es un cometido exclusivo de la Justicia».

    Este extremo fue reconocido por el lehendakari quien sin embargo insistió en su tesis: «Yo no soy fariseo. Si toda la vida les hemos pedido que rompan con la violencia, ¿por qué ahora cuando empiezan a hacerlo les ponemos todos los muros? Yo mantengo que cuanta más gente se integre en democracia mayor será la victoria de los demócratas».

    Pese a estas discrepancias, Patxi López afirmó ante los periodistas estar convencido de que el Gobierno central «antes o después acabará aplicando una política penitenciaria nueva que no debería calificarse como de flexibilidad puesto que la reinserción está en la ley y en la Constitución».

    Y cuando se le preguntó qué pasos está decidido a dar el Ejecutivo vasco para favorecer la reinserción de presos, respondió: «Estamos dispuestos a trabajar con el Gobierno de España para ver qué presos, cómo y en qué condiciones. No tienen por qué ser estas gestiones que salgan a la luz pública».

    Sí añadió que, en ningún caso, el Gobierno vasco está dispuesto a conceder ayudas directas a los presos. «No tenemos ninguna intención de premiar a quien no se lo merece», explicó antes de precisar que, además, el primer paso en el camino de la reinserción corresponde darlo a los penados individualmente.

    López y Rajoy también abordaron la difícil situación económica que padece España. Sobre este punto, el lehendakari pidió al presidente que defienda en Bruselas la necesidad de contar con una mayor flexibilidad a la hora de cumplir con el objetivo de reducción del déficit, así como la puesta en marcha de un plan de estímulos para impulsar el crecimiento y la creación de empleo.

    REFUNDAR EL PSOE: Felipe González sale en apoyo de Rubalcaba

  • LUIS ÁNGEL SANZ MADRID
  • 28/01/2012 ESPAÑA
  • Rubalcaba vuelve a tirar de Felipe González

    Presume de reunir a «todas las generaciones» y a «todos los territorios» del PSOE


    Pepiño Blanco, nº 2 del PSOE, está denunciado por chorizo por altos cargos socialistas, socialistas de base, por simpatizantes socialistas y por detractores del socialismo

    La campaña por el liderazgo socialista entra en su fin de semana decisivo. Y los dos candidatos quieren quemar sus cartuchos más espectaculares. Por eso, Alfredo Pérez Rubalcaba ha reservado para hoy uno de sus actos más importantes: será en Madrid y contará con el apoyo de Felipe González, histórico referente del socialismo y valedor del ex vicepresidente. Como decían ayer desde su candidatura, «todo el mundo sabe que Felipe apoya a Alfredo». Pero faltaba un gran acto como el de hoy en el Invernadero de Arganzuela en el que se vuelvan a dar cita «todas las generaciones del PSOE», como anunció ayer Rubalcaba en Twitter.

    Pepiño Blanco, nº 2 del PSOE, está denunciado por chorizo por altos cargos socialistas, socialistas de base, por simpatizantes socialistas y por detractores del socialismoAdemás de González, le arroparán el lehendakari, Patxi López, que representa «el futuro», según fuentes de su candidatura; la consejera andaluza Micaela Navarro, y la joven diputada por Murcia María González Veracruz, entre otros. Así se visualizará que con Rubalcaba están «todos los territorios», explican, en contraposición al importante apoyo catalán de Carme Chacón.

    Personas próximas al candidato dan mucha importancia al apoyo de González por el tirón que sigue teniendo entre la militancia. Además, su presencia con Navarro y López permitirá visualizar el pacto del Betis que ya ha reivindicado Rubalcaba. Se trata del pacto histórico en el socialismo español que aupó a González a la dirección del PSOE gracias al acuerdo de los socialistas vascos y andaluces.

    Felipe González ya participó en tres importantes mítines de la campaña de Rubalcaba en las pasadas elecciones generales: Dos Hermanas (Sevilla), Valencia y Zaragoza. Fue entonces cuando el ex presidente del Gobierno se puso a disposición del candidato: para hacer «lo que me pida». «Si me dice que me vaya a barrer la burocracia que sobra en Europa», dijo González, «me iré con una escoba; si me dice que me meta en la sala de máquinas de Durban [donde se celebró la Cumbre de la ONU], también iría». Eso sí, también prometió que no hará «sombra ni tutela» a Rubalcaba. «Menudo es éste para tutelarle», bromeó.

    Una hora antes del acto de González y Rubalcaba y también en Madrid, la otra candidata, Carme Chacón, se rodeará de mujeres en el Círculo de Bellas Artes. El acto ha sido promovido por Pilar del Río, viuda de José Saramago, entre otras, y en él se darán cita mujeres del mundo de la cultura, como la catedrática Rosario Valpuesta, la escritora Clara Sánchez o la actriz Paz Vega. También apoyará a Chacón la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro.

    A siete días de la elección del líder del postzapaterismo, los dos candidatos y sus equipos tratan de convencer a los últimos indecisos de todas las federaciones con la esperanza ambos de que pueden ganar.

    EL INDEPENDENTISMO CATALÁN SE ESTRELLA EN EL PRAT: El independentismo catalán se ve obligado a renunciar a su "compañía de bandera" despues de 140mill


  • MARIA TERESA COCA BARCELONA
  • 28/01/2012 PORTADA
  • Más de 20.000 pasajeros en tierra al cerrar Spanair por la falta de ayuda de la Generalitat



    Pepiño Blanco, nº 2 del PSOE, está denunciado por chorizo por altos cargos socialistas, socialistas de base, por simpatizantes socialistas y por detractores del socialismoSpanair se queda en tierra. La aerolínea semipública suspendió ayer todos sus vuelos después de que la Generalitat, que le ha inyectado ya 140 millones, le retirase su apoyo financiero. La negativa de Qatar Airways a comprar el 49% de la compañía precipitó la decisión. El cese de operaciones de la aerolínea, controlada en un 57% por instituciones públicas catalanas, dejó en la estacada a 20.000 viajeros, algunos de los cuales eran recolocados anoche en vuelos de Ryanair, Vueling, Iberia, Air Nostrum o Air Europa.

    La aerolínea catalana presentará concurso de acreedores en los próximos días. La retirada de Qatar está motivada por dos cuestiones: el hecho de que el control de Spanair iba a seguir en manos públicas y por el temor a que la UE considerara las aportaciones que había hecho la Generalitat como ayudas de Estado y reclame la devolución de estos fondos. Qatar Airways debía realizar una aportación directa de 150 millones para obtener el control de la aérea, y sin los que la compañía no podía afrontar su futuro.

    Pepiño Blanco, nº 2 del PSOE, está denunciado por chorizo por altos cargos socialistas, socialistas de base, por simpatizantes socialistas y por detractores del socialismoAnte esta situación, el consejo de administración de Spanair, reunido con urgencia, decidió el cese de las operaciones a partir de la medianoche de ayer, de forma que el último vuelo comercial aterrizó a las 22 horas. En breve comunicado, el órgano directivo que preside Ferran Soriano, argumentó que por «la falta de visibilidad financiera para los próximos meses, la compañía ha optado por cesar la operación de sus vuelos como medida de prudencia y seguridad, y tomara todas las medidas legales pertinentes», apuntando a la presentación de concurso de acreedores para la próxima semana.

    Dada la incertidumbre que se fue generando a lo largo de la jornada, la ministra de Fomento, Ana Pastor, confirmó que el Gobierno estaba acometiendo «actuaciones preventivas» para garantizar los derechos de los pasajeros y se ha constituido en Barcelona un comité de coordinación y seguimiento permanente para garantizar los derechos de los viajeros afectados. El posible desmantelamiento de Spanair será la primera crisis que tendrá que gestionar la ministra.

    Pese a las sucesivas inyecciones de capital público, a través de Iniciatives Empresarials Aeronautiques (Ieasa) que ostenta un 85%, la situación financiera de Spanair ha llegado a ser insostenible. Llevaba tres años en números rojos. Cerró el ejercicio 2010 con unas pérdidas de 115,7 millones de euros, frente a los números rojos de 185,4 millones del año anterior. Y arrastraba una deuda principal de un crédito participativo con la escandinava SAS -que controla un 10,9%- por valor de 158,8 millones de euros y que vence en febrero de 2014. El resto del capital es autocartera.

    SAS, que había sido el socio mayoritario de Spanair hasta el 2009 cuando se dio entrada a Ieasa, reconocía ayer en un comunicado una deuda total de 165 millones, con lo que seguramente será uno de los principales acreedores en el proceso concursal. Añadió que ha provisionado 28 millones a causa de lo que califica de «bancarrota» de Spanair, y señaló que «el valor de sus acciones ya se ha cuantificado como cero», lo que minimiza el impacto en el balance contable.

    A las maltrechas finanzas, Spanair ha sumado el aumento del precio de los carburantes y la cada vez más agresiva competencia de las compañías low cost -un segmento en el que Spanair no ha entrado- han abocado al fracaso a la aérea que instituciones, entidades y el sector económico y empresarial de Cataluña querían convertir en la principal bandera del aeropuerto de Barcelona-El Prat para convertirlo en un hub de vuelos intercontinentales, plantando cara a Madrid-Barajas.

    Las instituciones y entidades que configuran Ieasa -Fira de Barcelona, Turismo de Barcelona, Catalana de Iniciativas, Cimalsa, Advançsa y la agrupación de empresarios Volcat 2009- no entraron a valorar la decisión que habían tomado y remitían al comunicado oficial.

    La aerolínea se lamentó de que las informaciones aparecidas sobre la retirada del apoyo financiero de la Generalitat hayan precipitado los acontecimientos, ya que, según el portavoz, la compañía confiaba en una nueva inyección de capital este mismo fin de semana, con la que preveía hacer frente al pago de las nóminas y de otras partidas.

    Hace tan sólo dos días, su presidente Ferran Soriano se mostraba convencido de que, antes de cerrar el mes de marzo, se cerraría un acuerdo con un inversor internacional. Además de Qatar, en su momento, se había interesado por el proyecto el grupo chino HNA -propietario de Hainan Airlines y Hong Kong Airlines- y era una de estas alternativas que barajaba el banco de negocios Lazard, que los socios de la aerolínea catalana contrataron para buscar posibles accionistas.

    Según Soriano, la entrada del socio industrial permitiría consolidarse con vuelos de larga distancia. De ahí, la necesidad de disponer de recursos necesarios para abarcar la compra de aviones de gran capacidad con una inversión que, el presidente de Spanair, cifró entre 2.000 y 3.000 millones de euros.

  • MARISA RECUERO MADRID
  • 28/01/2012 ECONOMÍA
  • El soberanismo arruina a una empresa 'maldita'

    La obsesión de los partidos catalanes por su aerolínea de bandera hunde a Spanair


    Nada de sorpresas. «Spanair no tiene futuro, y eso todo el mundo lo sabe». Lo dijo Antonio Vázquez hace apenas cinco días en un aforo repleto de empresarios. El flamante presidente de Iberia acertó. Una aerolínea que vive como Iberia y Air Europa, pero opera como Vueling y Ryanair, no se sostiene. Y mucho menos cuando su principal accionista es una administración pública -el Gobierno catalán- inmersa en una crisis económica.

    El capricho de tener una compañía aérea transoceánica de bandera catalana fracasó. Ninguna empresa financiada en más de un 60% por dinero público puede salir adelante en una situación como la que atraviesa España en este momento. Desde que los catalanes se hicieron con Spanair, el 31 de febrero de 2009, la Generalitat ha inyectado más de 130 millones de euros en esta empresa, pero sin ningún resultado positivo. Es más, la compañía necesitaba 150 millones más antes de que terminase 2011 para compensar las pérdidas que registraba su cuenta de resultados. Desde que la adquirieron, Spanair no dejó de perder dinero. Sólo en 2009, se dejó más de 186 millones de euros en el camino.

    Hace apenas tres meses, Qatar Airways se presentó como el socio idóneo para rescatar a la compañía. Representantes de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona se personaron, incluso, en Doha para conocer de primera mano la oferta de la aerolínea de los Emiratos Árabes. Qatar estaba dispuesta a comprar el 49% del capital de Spanair, lo que significaba que la administración catalana seguiría teniendo el poder sobre la compañía.

    Sin embargo, los planes de la Generalitat no convencieron a la empresa qatarí. Fuentes del sector confirmaron a este diario que Qatar Airways retiró su propuesta por dos motivos. Primero, el temor a que Spanair tenga que devolver las ayudas públicas tras la denuncia elevada a la Comisión Europea. Y segundo, su rechazo a formar parte de «una empresa dirigida por políticos».

    En los últimos cuatro años, la trayectoria de Spanair estuvo marcada por el fracaso. El ex presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y su socio Gonzalo Pascual -fundadores de la compañía en 1986 e implicados en un procedimiento judicial por el concurso de acreedores del Grupo Marsans- se deshicieron de ella en 2007, dejando el mando al grupo escandinavo SAS, que marcó el turning point de la aerolínea. Desde entonces, Spanair cayó en un pozo sin fondo, empujada por el accidente de uno de sus aviones en el aeropuerto de Madrid-Barajas, el 20 de agosto de 2008. Murieron 154 personas.

    La aerolínea no supo levantar cabeza. SAS hizo todo lo posible por dehacerse de la compañía y lo consiguió siete meses después, vendiéndola a inversores catalanes. Cataluña encontró aquí la oportunidad de tener una aerolínea propia que liderase las operaciones en el aeropuerto de El Prat y compitiese muy de cerca con Iberia y Barajas. Sin embargo, los nuevos dueños no contaron con el negocio low cost que ya estaba dañando a la industria aérea tradicional en Europa.

    La Generalitat quiso hacer de Spanair una compañía similar a Iberia, con los mismos costes operativos, pero con vuelos operados por empresas de bajo coste. Los nuevos accionistas dieron un vuelco a la imagen de la compañía. Cambiaron el logotipo, renovaron la flota de aviones con aeronaves Airbusfirmaron acuerdos comerciales con aerolíneas europeas y estaunidenses, y tiraron los precios.

    Sin embargo, todo fue un mero lavado de cara, ya que la compañía no terminó de salir del agujero. Tras el accidente aéreo, la empresa pasó de perder 37 millones de euros, en 2007, a anotarse unas pérdidas de 150 millones, en 2008. Un año después, esa cifra alcanzó los 186 millones de euros. Los últimos datos disponibles señalan números rojos de 116 millones, en 2010.

    Casualmente, hace apenas dos años, otra aerolínea española tuvo que dejar de operar por atravesar dificultades económicas. Se trata de Air Comet. Precisamente, Díaz Ferrán y Pascual fueron también gestores de esta compañía. No obstante, en este caso, fue el Ministerio de Fomento, a través de su Dirección General de Aviación Civil, el que le obligó a dejar de operar, retirándole la licencia de explotación por inviabilidad económica.

    La ley establece que «las autoridades podrán dejar la licencia de explotación en suspenso o revocarla si dejare de constarles que la compañía puede hacer frente por 12 meses a su obligaciones». La renovación de una licencia de explotación de vuelo está regulada por el reglamento comunitario 1008/2008, que permite el mantenimiento de licencias a compañías que atraviesan dificultades económicas si pueden hacer frente a ellas. Spanair tendrá que demostrarlo.

    >Vea el análisis de Marisa Recuero sobre la crisis de Spanair.
  • JOHN MÜLLER 28/01/2012 ECONOMÍA
  • El fin del vuelo nacionalista


    La Generalitat catalana, en un acto de pura racionalidad económica y sentido común, cerró ayer el grifo del dinero público a la aerolínea Spanair, lo cual la aboca al cierre. Desde diciembre de 2008, cuando el tripartito adquirió el 80,1% de la compañía a través de un consorcio promovido por el sector público, los políticos catalanes han venido jugando a disimular el carácter estatal de la línea aérea. Tenía orejas de cerdo, cola de cerdo, pero no era un cerdo, decían.

    No era verdad. En Spanair confluyeron los objetivos políticos del tripartito con las apiraciones de FemCat, un grupo de presión fundado en 2004 bajo la inspiración de un mensaje de Jordi Pujol («fem país»). Ahí se encontraron el catalanismo y la excelencia empresarial. Bien regados con el dinero público que los socialdemócratas del tripartito y los nacionalistas democristianos de CiU administran con criterios muy laxos cuando no están sometidos a estrecheces fiscales, FemCat creó Volcat, un instrumento que promovió un consorcio empresarial (Iniciatives Empresarials Aeronàutiques) que se hizo con Spanair con la intención de completar el kit de regalos que la Generalitat se merecía en la Navidad de 2008: su propia aerolínea, su propio aeropuerto, su tren de cercanías y su canesú.

    Pero el embuste no se podía mantener durante mucho tiempo y la Asociación Europea de Aerolíneas de Bajo Coste la denunció ante Bruselas por recibir ayudas públicas. El proceso está en trámite de sustanciación.

    La Generalitat, que había tenido que acudir en auxilio de la empresa en varias ocasiones, llevaba desde mayo de 2011 presionando para que se encontrara un socio industrial. Primero se buscó infructuosamente entre las aerolíneas del grupo Star Alliance y las últimas gestiones fueron con Turkish Airlines y con Qatar Airways.

    Ahora que no hay dinero para seguir financiando ensoñaciones soberanistas, Spanair ha caído víctima de la pura lógica del mercado. Aunque la compañía decía contar con el 22% del tráfico de pasajeros, una aerolínea así no podía seguir siendo viable con el esquema de costes que arrastraba, más parecido al de una vieja aerolínea de bandera que al de las low cost, que son las que se están llevando por delante el mercado. Con su habitual rapidez de reflejos, Ryanair lanzó anoche una «tarifa de rescate» de 49 euros para repatriar a aquellos pasajeros de Spanair que se quedarán tirados fuera de sus hogares. La desaparición de la compañía beneficiará a Vueling o a Iberia Express, la low cost de Iberia que se estrenará en marzo.

    De hecho, los problemas de la aerolínea venían de muy atrás, casi de 2007, cuando Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, sus fundadores en 1986 junto con la escandinava SAS,salieron de su accionariado. Ya entonces tenían graves problemas estructurales que nunca se resolvieron.

    Éstas y otras disfunciones quedaron siempre ocultas por el control público o semipúblico de la empresa, por el supuesto objetivo nacional que se perseguía. El auténtico fraude de Spanair no es que fuera catalana, sino que era pública, pero es verdad que era pública por querer ser catalana.

    john.muller@elmundo.es
  • VÍCTOR MARTÍNEZ MADRID 28/01/2012 ECONOMÍA
  • P&R

    ¿Y qué hago con mi billete?


    El cese de operaciones anunciado por Spanair ha dejado sin vuelo a aquellos viajeros que ya habían contratado un billete con la compañía aérea. Sólo este fin de semana se calcula que hay unos 23.000 afectados.

    ¿Quién tiene la obligación de atender a estos pasajeros?

    El Ministerio de Fomento aclaró ayer que es la aerolínea quien tiene la obligación legal de atender a los viajeros afectados por sus actuaciones. En concreto, Spanair debe garantizar una correcta asistencia, el reembolso del billete o transporte alternativo, la prestación de información y, en su caso, la compensación que corresponda.

    ¿Qué medios ha dispuesto la compañía para atender a sus clientes?

    La aerolínea ha remitido a los pasajeros afectados a su página web www.spanair.com -que ayer permaneció colapsada durante toda la tarde por «exceso de usuarios»- para consultar el modo de actuación. No obstante, la compañía ha facilitado el número de teléfono 902 13 14 15 para atender sus consultas.

    ¿Y para aquellos que han quedado atrapados en el aeropuerto?

    Aena ha activado un comité de seguimiento y coordinación para responder al caos que pudiera desatarse de la situación. El gestor aeroportuario asegura haber «reforzado los servicios de información al pasajero» instalando puntos de reunión en la T1 del aeropuerto de El Prat y en la T2 de Barajas. Además, se han incrementado los servicios de restauración, seguridad, limpieza y atención médica. En el resto de aeropuertos donde había vuelos programados de Spanair también se han iniciado las gestiones para atender el transporte alternativo de los viajeros afectados.

    ¿Qué alternativas se ofrecen para viajar?

    El plan de choque elaborado por Fomento incluye la recolocación de los viajeros que hayan perdido su viaje con Spanair. En el aeropuerto de El Prat se han reservado 14 mostradores de facturación para que los afectados reciban información de vuelos alternativos, atendidos todos por Vueling. En Barajas, por su parte, se está coordinando la recolocación de los pasajeros afectados con las compañías Air Europa, Air Nostrum, Iberia y Vueling. Además, se han reforzado otros sistemas de transporte como el tren, taxi o autobuses.

    Ya ha sido recolocado ¿tiene derecho a una compensación?

    Sí, aunque depende de la distancia del vuelo esta retribución oscilará entre 125 y 600 euros. Además, el retraso de los vuelos de más de tres horas en la llegada al destino ante posibles reubicaciones en aviones de otra compañía implica el derecho de los pasajeros a asistencia, con comida y bebida durante la espera, más alojamiento en hoteles si resulta necesario, recuerda la asociación de consumidores Facua.

    ¿Cuál es el procedimiento a seguir para poner una reclamación?

    Lo más importante es conservar el título de transporte, tarjeta de embarque, correo electrónico o cualquier otro justificante (facturas de manutención, alojamiento de urgencia...) que acredite que usted había contratado un vuelo.

    ¿A quién tengo que dirigirme?

    Hay varias vías, al margen de la propia compañía aérea, para poner una queja. El pasajero afectado puede interponer su reclamación ante Aena, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa), el Ministerio de Fomento o en los propios juzgados reclamando daños y perjuicios.

    RAJOY RECIBE DEL PSOE UN ESTADO EN QUIEBRA: Zapatero cierra su mandato con 5.273.600 parados/ Las CCAA que no cumplan serán intervenidas.


  • FRANCISCO NÚÑEZ MADRID 28/01/2012 ECONOMÍA
  • La crisis destruye 3.875 empleos al día

    El paro aumentó en 295.300 personas en el cuarto trimestre de 2011 hasta 5.273.600

    Casi la mitad de los jóvenes no tiene trabajo y representan uno de cada tres parados

    Pepiño Blanco, nº 2 del PSOE, está denunciado por chorizo por altos cargos socialistas, socialistas de base, por simpatizantes socialistas y por detractores del socialismoEl mercado laboral ya está descontando, en términos de destrucción de empleo y de aumento del paro, la dureza de la doble recesión a la que llegará la economía a finales de marzo. Así, en plena contracción económica (el INE confirmará el lunes el decrecimiento del PIB en el cuarto trimestre de 2011), la falta de actividad y de expectativas destruyó 384.700 puestos de trabajo (2,5 veces más que en los tres meses precedentes); un volumen que no se producía desde el primer trimestre de 2009. Es decir, según los datos que ayer facilitó la EPA, en este periodo se dilapidaron 3.875 empleos diario. Mientras, el paro creció en 295.300 personas (el doble que en el trimestre anterior) a una media diaria de 3.281, hasta alcanzar otro nuevo máximo: 5.273.600, cifra que se eleva a 5.319.500 en términos desestacionalizados.

    La tasa de desempleo repuntó de golpe en 1,3 puntos en este periodo hasta situarse en el 22,85%. Desde el primer trimestre de 1995 no se producía un registro similar. Y es en el colectivo de jóvenes donde la estadística demuestra el lado más dramático de la situación. Casi la mitad, el 48% de los jóvenes menores de 30 años, se encuentra ya en paro frente al 17% existente al inicio de la crisis a finales de 2007. El paro en este colectivo ha crecido en 30 puntos. La gravedad se acentúa en los grupos con menor edad. Así, la tasa de paro entre los jóvenes entre 16 y 19 años alcanza el 69,4%; al 44,45 llega la de quienes tienen entre 20 y 25 años; y al 28% entre el colectivo de 25 y 29 años. Todas ellas se encuentran muy por encima de la media nacional, que ha aumentado en casi 14 puntos desde el inicio de la crisis (22,85% frente al 8,03%).

    Otro dato importante es que casi un tercio del conjunto de parados (más de 1,6 millones) tienen menos de 30 años. De ellos, el 43% (687.000) llevan buscando empleo más de un año y, de esta cifra, más de la mitad (325.000) se les considera ya parados de larga duración ya que suman más de dos años intentado encontrar un puesto de trabajo.

    El drama también se acentúa en algunas autonomías. De esos casi 5,3 millones de parados, casi 1,3 millones (el 24%) se encuentran en Andalucía, que lidera el ranking de la tasa de paro hasta alcanzar el 31,23% (más de nueve puntos por encima de la media nacional). Es decir, uno de cada cuatro parados españoles está en Andalucía y uno de cada tres andaluces está en desempleo.

    A pesar de la alarma que crean estas cifras, el paro hubiera superado ya los 5,5 millones en este trimestre si no se hubiera prolongado, por ejemplo, la recogida de la aceituna o la vendimia, ya que la agricultura es el único sector que no registra aumento de paro. Pero lo que más ha evitado un registro similar a los de 2008 (el paro aumentó en el cuarto trimestre en 609.000 personas) es otro nuevo descenso de la población activa, que ya acumula siete trimestres consecutivos de caída. En el lado opuesto, crece el número de inactivos (los que no trabajan ni piensan hacerlo).

    Es decir, hay menos personas entre 16 y 65 años que dice no estar dispuesta a trabajar porque sabe que no va a encontrar un empleo. Este efecto desánimo se está acentuando, ya que la población activa decreció en 53.400 personas en este trimestre, hasta 22,3 millones de personas, frente al descenso de 2.100 en el trimestre anterior.

    Sin embargo, como consecuencia de la presión sobre los planes de estabilidad en CCAA y ayuntamientos, el sector público -que ha iniciado demasiado tarde su ajuste- empieza a sumarse a esta tormenta perfecta del desempleo. Por primera vez desde que comenzó la crisis, y en la historia, el empleo público decreció, en concreto en 84.500 personas. Por tanto, uno de cada cuatro empleos destruidos en este periodo era público, aunque las administraciones aún acumulan 3.136.100 efectivos, 204.200 más desde que empezó la crisis. Mientras, en el sector privado hay 2,7 millones de empleos menos.

    Que la situación ha empeorado aún más, lo demuestra otro dato: si en un año se han destruido 600.600 empleo, sólo en el último trimestre se volatilizaron 348.700, 248.800 más que en el trimestre anterior y 210.200 que en los últimos tres meses de 2010.

    El recorte de empleo por la falta de actividad se concentró en los servicios, en los hombres y entre los más jóvenes. Por ejemplo, a pesar de la campaña navideña, el empleo se redujo para 91.200 personas con menos de 30 años. Curiosamente, se observa una menor destrucción en los grupos de edad laboral más avanzada -quizá las empresas optan por su experiencia-. Un ejemplo: el empleo aumentó en 15.000 personas en los mayores de 65 años.

    Y que de momento la situación no va a cambiar, lo anticipa el dato de la contratación. En este último trimestre del año se hicieron 246.000 contratos temporales y 104.200 indefinidos menos que en el anterior. Por si había dudas del ajuste, a finales de 2011 sólo quedaban 11.088.700 personas con contrato fijo, 417.800 menos que hace un año. La cifra de trabajadores temporales era de 3.704.400, 245.000 menos que en diciembre de 2010.

  • MADRID 28/01/2012 ECONOMÍA
  • La reforma laboral irá «más allá» del acuerdo salarial

    Cambiará la negociación colectiva, los contratos y las prestaciones de desempleo

    Los 5,27 millones de parados que ha contablizado la Encuesta de Población Activa (EPA) han forzado al Gobierno a «acelerar» la reforma laboral. No sólo trabaja «con mayor intensidad» en ella, como reveló ayer la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, sino que, además, irá «más allá de lo acordado» por la patronal y los sindicatos en su último gran pacto, según adelantó el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre.

    Tras el Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría aseguró que el Acuerdo de Negociación Colectiva (ANC) hasta 2014 tendrá una «importancia especial» en la reforma y destacó que «por primera vez» vincule el alza de los salarios al crecimiento económico y a la competitividad de las empresas. Pero, sobre el texto que prepara el Gobierno, se limitó a repetir que introducirá «mecanismos de flexibilidad» en las empresas «para permitir que se mantenga el empleo».

    Jiménez Latorre fue un poco más preciso. Y anunció una reforma «completa, equilibrada y valiente». Completa, porque tocará la negociación colectiva, la contratación y las políticas activas -cursos de formación- y pasivas -prestaciones- de empleo. Valiente, porque «llegará hasta donde sea necesario» para eliminar los «problemas estructurales» del mercado laboral español.

    Aun así, el secretario de Estado elogió el acuerdo salarial «sin precedentes» alcanzado por los agentes sociales. En concreto, resaltó también que vincule salarios y productividad, y que permita a las empresas en crisis descolgarse -dejar de aplicar- las condiciones de trabajo y sueldo pactadas en su convenio sectorial.

    En favor de la reforma laboral como solución a las «horribles» cifras del paro se pronunciaron ayer igualmente las patronales CEOE y Cepyme, las cámaras de comercio y las asociaciones de autónomos. Las dos primeras, que la reclaman con «urgencia», firmaron hace tres días con los sindicatos el acuerdo salarial. El presidente del área laboral de CEOE, Francisco Aranda, fue más dramático al apuntar que en 2011 se perdieron casi 70 empleos por hora y calificar de «emergencia nacional» que se apruebe «ya» una reforma laboral «profunda».

    En la misma dirección apuntó, además, el consejero del Banco Central Europeo (BCE) José Manuel González Páramo, en TVE. «La prórroga se ha acabado», sentenció, «la cifra que arroja la EPA es poco aceptable, y no es más que un reflejo de nuestras rigideces».

    Por el contrario, tanto UGT y CCOO como el PSOE e Izquierda Unida culparon a las políticas de ajuste del déficit del deterioro de la situación económica y del empleo. El secretario de Comunicación de CCOO, Fernando Lezcano, tachó de «sinsentido» y de «absurdo» la intención del Ejecutivo de incluir la negociación colectiva en la reforma laboral, informa Servimedia. «Lo esencial ya está trazado en el acuerdo», explicó. «El problema está en cómo reactivar la economía», abundó el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer. «Ningún empresario contratará a un nuevo trabajador -por muy barato que sea-, si no logra sacar adelante la producción de su empresa», advierte el sindicato.

    El portavoz de Empleo del PSOE en el Congreso, Jesús Caldera, también clamó contra los ajustes y auguró que, sin políticas de crecimiento económico, la destrucción de empleo continuará. Para el portavoz del PNV, Josu Erkoreka, el Ejecutivo tiene que decir ahora al país qué debe hacerse para evitar que crezca el paro, después de haber repetido «en muchas ocasiones», cuando aún estaba el PP en la oposición, «lo que no debía hacerse». Erkoreka criticó a los populares por «retrasar excesivamente» sus planes contra el desempleo.

    Sáenz de Santamaría aseguró que el Ejecutivo presentará «inmediatamente» la reforma del sistema financiero y, después, la laboral.

    Mientras la escuela de negocios Esade coincidió en el análisis negativo de las cifras de paro reveladas por la EPA, la única nota optimista la puso ayer el portal Infojobs, que espera un «pequeño repunte» del empleo a final de año. A su juicio, además, se producirán entonces un punto de inflexión hacia un nuevo periodo de «moderada recuperación».

    En cualquier caso, tras señalar las tecnologías de la información y la investigación de mercados como los sectores donde ve las principales oportunidades de trabajo, Infojobs termina recomendando a los parados españoles que busquen trabajo en el extranjero: «Es un buen momento».


  • PABLO RODRÍGUEZ SUANZES MADRID
  • 28/01/2012 ECONOMÍA
  • Las CCAA que no cumplan serán intervenidas

    El Ejecutivo impondrá el déficit cero para las autonomías a partir de 2020


    Déficit cero, vigilancia férrea de sus cuentas, multas y, llegado el caso, una intervención. A partir de 2020 así será el proceso al que someterá el Gobierno central a las comunidades autónomas y los ayuntamientos, un plan más duro que el que desde Bruselas se pide a España y de lo estipulado incluso por Rajoy y Zapatero en la reforma constitucional del pasado verano.

    Lo explicaron ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, y el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, desde La Moncloa, aunque, minutos antes, lo había adelantado desde Davos (Suiza) el ministro de Economía e Innovación, Luis de Guindos. El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, cuyo objetivo. Según lo avanzado, el Ejecutivo quiere «garantizar la sostenibilidad presupuestaria de todas las administraciones, fortalecer la confianza en la economía española y reforzar los compromisos con la UE». Y para ello dice estar dispuesta a meter mano en las CCAA, pero sin tocar su «autogobierno».

    Si una comunidad o corporación local incumple sus objetivos de déficit, el Gobierno «exigirá la presentación de un plan económico-financiero a un año». Y si éste se incumple de nuevo, se aprobará de forma automática «una no disponibilidad de créditos que garantice el cumplimiento». A partir de la próxima década, el Estado tendrá en cuenta el cumplimiento de los objetivos de déficit para «autorizar emisiones de deuda, conceder subvenciones o para suscribir convenios». Pero además, cerrará el grifo a los que despilfarren. Para empezar, las posibles sanciones que imponga la UE serán «asumidas por la administración responsable». Después, los incumplidores crearán un «depósito retribuido del 0,2% de su PIB nominal». Si transcurridos seis meses persiste el incumplimiento, «el depósito se podrá convertir en multa». Y a los nueve, si nada ha cambiado, Hacienda enviará «delegaciones a la administración incumplidora para actuar».

    «La visita no será amable» explicó Montoro, sino que «es una forma de intervención, lo mismo que la Troika» ha hecho en Grecia o Portugal. Con un guión muy claro: «poner deberes, trabajar en paralelo con la administración afectada y hacer los ajustes». Es decir, que el Gobierno central «impondrá recortas específicos» en las partidas presupuestarias que estime oportuno. «Ése es el espíritu de la ley. Exactamente eso, devolver la estabilidad», señaló Montoro. Será «una intervención no agresiva», matizó la vicepresidenta.

    Montoro afirmó que esta ley, más que castigar, lo que trata es de impedir es que «haya sanciones a España». Por ello, ninguna administración «podrá incurrir en déficit estructural», salvo si hay «reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo», en cuyo caso se autorizaría «un déficit estructural del 0,4% del PIB». O bien en «situaciones excepcionales, como catástrofes naturales, una recesión económica» o una categoría más imprecisa, una «situación de emergencia extraordinaria».

    Al mismo tiempo, las administraciones no podrán aumentar su gasto por encima de la tasa de crecimiento del PIB -tal y como refleja la actual normativa europea-. Pero, sin embargo, si España sufre una recesión del 1,5% este año, como pronostica el Banco de España, el ajuste no deberá ser igual. «Es la única excepción», explicó Montoro.

    Mientras, hasta 2020 el Gobierno apuesta por «ir reduciendo la deuda pública» cuando «la economía nacional experimente una tasa de crecimiento real positiva». Más concretamente, «cuando se alcance una tasa de crecimiento del 2% o se genere empleo neto en términos anuales, la ratio de deuda se reducirá, como mínimo, en dos puntos del PIB», mientras que el déficit del conjunto de las administraciones lo haría en un 0,8% del PIB. Eso sí, los máximos responsables del Ejecutivo no señalaron en qué año creen que esto pueda ocurrir.
  • BALTASAR MONTAÑO MADRID 28/01/2012 ECONOMÍA
  • El Gobierno frena las ayudas a las renovables para combatir el déficit

    El ministro de Industria afirma que es 'temporal' y no afecta a las instalaciones en activo



    Abrió la veda, el pasado día 5, Portugal, un país que ha sido rescatado y a cuyo nuevo Gobierno no le tembló el pulso a la hora de aprobar una moratoria al desarrollo de las energías renovables. También hay nuevo Ejecutivo en España y no ha tardado en seguir la misma senda, por poco glamourosa que parezca en una Europa que, obsesionada por ir vestida de verde, ha abanderado una lucha contra el cambio climático que, a nivel mundial, ha resultado un tremendo fracaso por el pasotismo reiterado de las grandes potencias económicas, EEUU y China.

    Pero lo que toca ahora es demostrarle a Europa, en especial a la canciller alemana Angela Merkel, al FMI y a los mercados financieros que en España no se va a permitir que por ninguno de los sumideros de gasto por los que antes se escapaban millones y millones sin control ahora se escurra ni un euro. Llámense comunidades autónomas, ayuntamientos, nuevos AVE o primas a las energías renovables. Para todos ellos, públicos o privados, el grifo se ha cerrado.

    En ese contexto, el Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto ley en materia energética que recoge un parón total a la puesta en marcha de nuevas instalaciones renovables con prima. El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, anunció que se suprimirá el prerregistro de retribución de los proyectos renovables, así como todos los incentivos económicos no sólo a estas energías (eólica, fotovoltaica, termosolar...) sino también a la cogeneración (industrias que aprovechan el calor sobrante de sus procesos para generar energía) y a la generación eléctrica a partir de residuos. La medida se enmarca en la necesidad de «contribuir desde todos los ámbitos a reducir el déficit público», defendió el ministro.

    El que quiera desarrollar nuevos parques eólicos o huertos solares, que lo haga, pero será sin ayudas externas. Pese a lo drástico de la medida, Soria trató de amortiguar su impacto al dejar claro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que es «temporal» y no afectará a las instalaciones que ya están en marcha, a las primas ya autorizadas ni a las plantas ya inscritas en los registros. «No hay retroactividad», sentenció el ministro, que aclaró que su objetivo es frenar un déficit de tarifa imparable, que ya supera los 24.000 millones de euros, y que se ha creado porque desde principios de la década pasada el precio de la luz ha sido inferior al coste real de producirla.

    Y las primas son la parte mollar de esos costes, aunque no la única. Según Soria, el déficit crece anualmente entre 3.000 y 4.000 millones de euros y corre el riesgo de convertiste en un problema financiero para un país que ya carga sobre sus espaldas con otros problemas financieros mucho más desasosegantes.

    Las primas o subvenciones al régimen especial superaron el pasado año los 6.400 millones(aquí se incluye también la cogeneración, que no es en puridad renovable) y en 2012 podrían ascender a 7.200 millones. Del monto total, un 71 % estaría destinado a retribuir a las renovables (27 % a la eólica y 44 % a la solar) y el resto a la cogeneración y a la producción con residuos. Para el Ejecutivo, esto es insostenible.

    «Es sólo un primer paso», que forma parte de un «paquete más amplio», aclaró Soria, que ya ha avisado a las compañías eléctricas, las que financian ese déficit y luego lo cobran a través del recibo, de que tendrán que contribuir también a pagarlo. Eso sí, para evitar guerras con un lobby tan poderoso como éste, dijo que ni se ha planteado aplicarles una quita de esos gravosos 24.000 millones ni la implantación de una tasa nuclear.

    Pero la decisión es un varapalo a dos de las grandes, Iberdrola y especialmente Gas Natural Fenosa, que habían exigido reiteradamente esa moratoria, pero sólo para las energías fotovoltaica y termosolar. Nunca para la eólica, donde son dos de los productores principales.

    El titular de Industria explicó ayer que la decisión de paralizar la concesión de primas no pone en riesgo la seguridad de suministro del sistema eléctrico e insistió en que la apuesta del Gobierno por renovables seguirá siendo «firme». Actualmente, con la fuerte caída de la demanda por la crisis económica, hay sobrecapacidad de producción eléctrica en España. En los momentos de mayor consumo, se puede producir el doble de lo que se demanda.

    Para este año, ya está aprobada la instalación de unos 1.700 MW eólicos y 500 MW termoléctricos. Se quedarán fuera del sistema los 500 megavatios que han solicitado entrar en el prerregistro, lo que supondrá un ahorro de 160 millones de euros sólo este año. Sobre los próximos ejercicios no hay datos.

    El Gobierno devolverá los avales a las instalaciones en trámite que no estuvieran inscritas en el prerregistro en el momento de entrada en vigor de la norma y a las inscritas que, en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la norma, opten por no llevar a cabo la ejecución de la instalación. El sector removable se mostró ayer «sorprendido» por la medida.
  • BALTASAR MONTAÑO MADRID 28/01/2012 ECONOMÍA
  • P&R

    Quién gana y quién pierde con la medida



    De ser un sector de moda, las energías renovables han pasado a convertirse en un elemento de disputa pública por el alto coste de su desarrollo. El hachazo de Soria, ¿a quién beneficia y a quién perjudica?

    Compañías tradicionales versus empresas verdes

    El lobby eléctrico (Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa) ha liderado una guerra contra las renovables y ahora logra parte de sus pretensiones. Estas empresas tienen que cargar con la financiación del déficit de tarifa, causado por la mayoría de los costes del sistema, incluidas las renovables, y creen que España ahora no puede permitirse este dispendio económico. Su argumento lo ha comprado el Gobierno, pero con una píldora envenenada: la moratoria afectará a todas las energías verdes, en contra de lo que defendían Iberdrola y Gas Natural, que querían que el sector eólico no se viese afectado.

    ¿Esta decisión acaba con la industria renovable en España?

    Un poco, pero sectores como el fotovoltaico ya se habían reestructurado tras los fuertes recortes de las primas aplicados por el anterior gobierno, aunque ahora será más duro. El eólico mira más hacia mercados internacionales que al nacional, en el que hay pocas oportunidades. Y el termoeléctrico, muy caro y poco productivo, ve cercenado su desarrollo radicalmente, lo que afecta a grandes empresas como Acciona, Abengoa o ACS y a muchas pequeñas.

    ¿Es esta decisión un impulso indirecto a la energía nuclear?

    No. El Gobierno tiene claro que Garoña seguirá abierta hasta 2019 y que si el resto de reactores cumple con los requisitos de seguridad tendrán una vida útil superior a los 40 años. Pero el Ejecutivo no pretende fomentar el desarrollo de más potencia cuando el parque de generación eléctrica están tan sobredimensionado que duplica, en los momentos de máximo consumo, lo que se demanda. La culpa, de la crisis económica y la caída de la demanda energética industrial en España.

    ¿Cómo afecta al consumidor y al precio de la luz?

    No hay duda que el alto coste de las renovables ha incidido en que la luz sea más cara. Pero, para evitar que el recibo se dispare, los gobiernos trasladan la mayor parte de su coste al déficit de tarifa, que asumen las eléctricas, y que se va pagando anualmente en el recibo. Cuanto más baratas sean las renovables, menos afectará al recibo, pero a cambio son buenas en la lucha contra el cambio climático y han creado una industria nacional de alto componente tecnológico. Algunos expertos creen que lo mejor es frenar ahora su desarrollo para recortar el déficit. Otros defienden que son necesarias para cumplir con los objetivos europeos.

    FIRMAS: Federico Jiménez Losantos, D Gistau, R del Pozo, J Müller, S González, PG Cuartango, V de la Serna


  • LAS CUATRO ESQUINAS
  • 28/01/2012 FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS


  • Reformas legales, bienvenidas

    Ruiz-Gallardón, la mayúscula sorpresa


    La semana política se abrió con la comparecencia en sede parlamentaria del ministro de Justicia. Lo que nadie esperaba es que, junto al cambio en la elección del CGPJ -que había adelantado la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría el viernes anterior y que vuelve a lo que mandan la letra y el espíritu de la Constitución-, el ex alcalde madrileño planteara un ambicioso plan de modernización de la totalidad de la Administración de Justicia, partiendo de su despolitización y la modernización de códigos como el Mercantil, intocados desde hace un siglo.

    Que la politización quedaría herida de muerte lo demostró la reacción de la Izquierda y los nacionalistas, que saltaron como panteras. Sólo UPyD apoyó a Alberto Ruiz-Gallardón y criticó a quienes pretender elegir jueces y dictar sentencias en el Parlamento.

    Tan sorprendente como la amplitud y profundidad de las reformas -desde la Ley del Aborto al tratamiento judicial de los menores, entre otras- es la identidad del reformador, caracterizado por su escaso apego por la Libertad y su seguidismo del PRISOE. Pero sus reformas son dignas de apoyo, porque la Justicia es la Justicia, defiéndala Agamenón o Gallardón.

    'In dubio pro reo'

    La primera absolución de Camps


    Un jurado popular, por cinco votos contra cuatro, declaró «no culpable» al ex presidente valenciano Francisco Camps por el célebre caso de los trajes que presuntamente le regalaron los pájaros de la bandada gurteliana. En rigor, lo que decidió el jurado es que no había pruebas suficientes para acreditar que los de Gurtel le regalaron los dichosos trajes, aunque tampoco las había de que Camps los hubiera pagado, así que, ante lo que en los USA llaman una duda razonable y en latín in dubio pro reo, lo absolvieron.

    La alegría de Camps y una parte del PP era lógica y estaba en consonancia con la campaña del PSOE y medios anejos contra lo que creyeron baluarte esencial del PP en Valencia, cuya caída les permitiría recuperar el Poder. Fracasaron en las elecciones regionales y han fracasado ahora. La parte del PP que se alegró menos con la sentencia temía que Camps quisiera volver a ocupar la presidencia de la Generalidad que, tras ser imputado, Rajoy le obligó a ceder a Alberto Fabra. Temor infundado, porque en pocas semanas Camps debe afrontar tres nuevos juicios. El más escandaloso, el de Urdangarin.

    Una cifra de paro diabólica

    Legado laboral del Gobierno socialista


    La última EPA aparecida el viernes ha certificado lo que se temía: el paro registrado en España a 31 de diciembre de 2011 alcanza los cinco millones doscientos setenta mil personas, que más que cifra es maldición diabólica.

    Un millón y medio de familias españolas no tienen en estos momentos ningún ingreso laboral, con lo que la pobreza alcanza niveles desconocidos desde la inmediata posguerra. Añádanse a esta ruina del mercado de trabajo sin precedentes históricos, el déficit disparatado, el colapso del sector financiero y la semiquiebra del Estado, en especial por su flanco autonómico, y se tendrá un visión terrorífica del legado económico del último Gobierno socialista que ha padecido España, con José Luis Rodríguez Zapatero a la cabeza.

    Han pasado menos de cuatro años desde que Zapatero, con esa sonrisa suya de «optimista antropológico» a lo Forrest Gump, proclamaba en las vallas electorales su programa en el área laboral: «Por el pleno empleo». Lo cierto es que ha legado casi el pleno paro. Y que España, incluso si el Gobierno del Partido Popular lo hace bien -de momento, no hace nada- tardará años en recuperarse.

    Blanco, agencia de colocación

    Pepiño, campeón; y el testaferro, colocado


    Poco antes de tener que ir a la fuerza, el ex-ministro de Fomento José Blanco acudió voluntariamente a declarar ante el Supremo por el caso Campeón, del que se desprenden severísimos indicios de tráfico de influencias, prevaricación y cohecho. El popularmente conocido como Pepiño no estuvo muy brillante al justificar sus ayudas a empresarios amigos por la «creación de puestos de trabajo», que seguramente hubieran podido crear otros empresarios aunque no fueran amigos de Blanco.

    Pero tras la revelación de sus tratos laborales en las gasolineras, lo peor para Blanco ha sido la publicación en EL MUNDO de un dato que puede ser decisivo: la identidad de un presunto testaferro del político lucense. Se trataría de Luis Vilariño, cuya empresa Antalsis era conocida como la milagrosa tras pasar de 1,5 millones de euros de facturación a más de 56 millones gracias a su fortuna en las concesiones de obra pública, siempre con Blanco en el Gobierno y, en la última legislatura, de ministro de Fomento. Además de Jorge Dorribo, lo ha reconocido un íntimo amigo de Pepiño, que no barrunta nada bueno.
  • EL CORREO CATALÁN
  • 28/01/2012 ARCADI ESPADA
  • El Sacramento de la política




    Querido J:

    Sabrás que el nuevo Gobierno, al mes de organizarse, ha querido ya dejar su particular marca del Zorro en la cansada piel ideológica de España. El encargado ha sido el ministro Gallardón y el motivo, la Ley del Aborto. Al parecer, los gobiernos no pueden pasar sin estas tomatinas. Un gran especialista en abrir conflictos, que aunque se agriaran nunca dejaban de ser pueriles, fue el presidente Zapatero. El Gobierno popular no ha tardado en seguirle. Evidentemente, en una España sometida a la EPA, al déficit y a la prima de riesgo, la Ley del Aborto y sus presuntos conflictos éticos y técnicos son un problema indistinguible en el fondo de armario estadístico. Pero no hay duda de que la apertura de estos conflictos tiene para los gobiernos dos virtudes: da fe de vida de la nueva época y procura aliento a la militancia (¡ya hemos pasao!) y afloja la presión sobre los verdaderos y arduos problemas de la coyuntura. Además, el costo electoral de los subsiguientes debates es mínimo: sólo se ven involucrados los extremos de cada segmento (a la enorme bolsa centrista ni le van ni le vienen estos coloquios) y el periodismo, siempre cómplice de las alegrías pirotécnicas.

    La vigente Ley del Aborto, cuya elaboración desencadenó hace un par de años el mismo debate que ahora va a producirse con resultados previsiblemente distintos, afecta a unas cien mil personas al año. La inmensa mayoría de ellas, sin embargo, no parecen ser abortistas por la nueva ley, por así decirlo. Bastará citar el número total de mujeres que se aprovecharon de la característica más llamativa de la nueva ley, y cuya reforma explícita ya ha adelantado el Gobierno. Es decir, las mujeres que se beneficiaron de la posibilidad de abortar sin informar previamente a los padres: que fueron, exactamente, 151. Por lo tanto éste, como el matrimonio homosexual, es uno de esos asuntos cuya capacidad de formar parte de la conversación no se corresponde con el número de afectados. Obviamente, la audiencia no es el único criterio que debe regir la toma de decisiones políticas y morales; pero es pedagógico conocer cuántas personas hablan y opinan de un asunto sin rozarse ni siquiera con él. Por lo demás, ya sabes que me parece bien la decisión del anterior gobierno de darles a las mujeres de edades comprendidas entre los 16 y los 18 años la responsabilidad exclusiva de sus abortos. Porque creo que, por lo general, están maduras para ejercerla y porque creo que ningún padre puede imponer un nacimiento o un aborto a su hija. Yo soy partidario de la absoluta libertad para la embarazada, con la excepción de los matices que pueda aportar su espermatozoide de cabecera; o sea, la degradada condición insuficiente, aunque lamentablemente imprescindible, de toda fertilización.

    La descripción de los planes del Gobierno en cuanto a la reforma del aborto ha coincidido en el tiempo con un hecho, en apariencia anecdótico, pero cuya vinculación con el sustrato ideológico de la reforma da una textura polémica interesante. Quizá sepas que al obispo de Valladolid (un tal Blázquez, decía Arzalluz) no le parece muy conveniente que una mujer que vive en concubinato (religioso) dé el pregón de la Semana Santa de Valladolid. Y no ha hecho variar su criterio el que la concubina sea vicepresidenta del Gobierno. El obispo esgrime que se trata del pregón de Semana Santa (y no de las Fiestas de Primavera de la ciudad, por así decirlo) y que, además, e ininterrumpidamente desde 1998, se celebra en la catedral de la ciudad. Desde ese año, por cierto, el pregón lo han dado sólo tres mujeres más, ninguna concubina: Paloma Gómez Borrero, mi santa preferida, y autora de un libro espléndido, casi diabólico, para cocinar pasta italiana (tú has gozado más de una vez de mis impresionantes espaguetis a lo Sofia Loren, con laurel y tomate, y vienen de allí); Ana Botella, alcaldesa de Madrid, de la que recuerdo vivamente, para no hablar de política, la emoción que me produjo su posado en la playa de Oropesa, y Concepción Velasco, nuestra segunda doña Concha, que dio el pregón en 1999, casada, al menos en la vida real. El sosiego matrimonial de los pregoneros masculinos es también generalizado. Es cierto que el torero Roberto Domínguez no vivía con su esposa en el año de su pregón, pero entonces no constaba la materialización jurídica de semejante avatar. Por lo tanto, observada y analizada la lista, esta va a ser la primera vez que una concubina pregone en la catedral de Valladolid. ¡Para que se diga que el Partido Popular no va a cambiar las cosas!

    Creo que el obispo tiene razón en su queja. La vicepresidenta no vive conforme a lo que espera de ella la religión católica y debería haber rechazado discreta y elegantemente la invitación. Es cierto que la que prescribe la jerarquía no es la única manera de ser católico; pero si uno tiene otra no debe participar en ceremonias donde la jerarquía está implícita y explícita. Porque imprimen carácter. Hay muchas maneras de ser conservador; pero una, específica, es la de ser militante del Partido Popular. Y en ese caso deben asumirse, lógicamente, las reglas. Hay algo más, y aún más delicado, que trasciende lo personal para hacerse arrebatadoramente político. Algunas de las decisiones ideológicas del Partido Popular están inspiradas en lo que se llama «una concepción cristiana de la vida». Nadie puede dudar que es la concepción (e incluso la concha) que inspira la reforma de la Ley del Aborto que planea el ministro Gallardón.

    Los miembros de un gobierno que justifica algunas de sus decisiones morales en una concepción cristiana de la vida deben vivir con arreglo a ella. De lo contrario, incurrirían en el defecto de esos príncipes que se casan con plebeyas o de esos socialdemócratas, catalanes y nacionalistas, que llevan a sus hijos a la escuela privada alemana. Es decir, incurrirían en un caso más, y muy práctico, de doble vida. Ser católico tiene cosas estupendas: permite agonizar con esperanza y da respuestas claves y rápidas a infinidad de dilemas morales. Eso sí, tiene algunas incomodidades y algunas de ellas revisten una inexorable forma sacramental. Pero, a lo visto, la vicepresidenta no sólo quiere vivir como laica y gobernar como católica, sino que encima quiere dar pregones de Semana Santa en la catedral, y de Valladolid. Una mujer poderosa, ciertamente.

    Sigue con salud

    A.
  • DE CUERPO PRESENTE
  • 28/01/2012 RUBÉN AMÓN
  • La hora de los justos




    EL ESLOGAN patriarcal de «preservar el derecho a la vida», aunque sea entre los barrotes de la cadena perpetua, convierte al legislador en una figura totémica. Por ejemplo Gallardón, cuyas bulímicas reformas de la Justicia se resienten de la moral y de la ideología. Podrá objetarse que muchas de ellas figuraban en el programa electoral, pero cuesta trabajo sustraerlas a la tentación del oportunismo y del populismo. Oportunismo porque Gallardón asume la hiperactividad reformista en ausencia del mesianismo económico. Populismo porque se incitan y cultivan contradictoriamente los instintos justicieros de Celtiberia.

    La propuesta intimidatoria de la «prisión permanente» representa un caso inequívoco. Viene a complacerse la expresión plebiscitaria de «pudrirse en la cárcel», a cuestionarse ciertas garantías constitucionales -reeducación, reinserción- y a olvidarse que el preso Montes Neira ha sido indultado tras haber permanecido 36 años en prisión sin delitos de sangre.

    Gallardón despeja las inquietudes plebiscitarias incurriendo, incluso, en la incoherencia. Por un lado se convierte al delincuente menor de edad en una especie adulto experimental. Por otro se rebaja a la inopia la madurez de las chicas de 16 y 17 años embarazadas accidentalmente.

    No pueden abortar sin el permiso de los padres, pero no se requiere su autoridad para casarse ni para implantarse silicona, de tal forma que el discurso gallardoniano entronca con el mantra de la falta de valores, reivindica el edén de la disciplina familiar y antepone la incolumidad del nasciturus desde una fórmula pintoresca: el derecho a la vida no lo decide la conciencia de la madre sino el veredicto de los abuelos en una carambola doméstica.

    Siempre y cuando, como parece, las intenciones del ministro no trasciendan la mera rectificación de la ley que Zapatero promovió en 2010. Gallardón estaba obligado a «revocarla» porque el PP la cuestionó ante el Constitucional, pero las ambiciones de la contrarreforma conllevan una regresión al escenario de 1985.

    Interviene un factor sentimental inesperado: Gallardón insinúa en 2012 el mismo argumentario que su padre opuso a le ley de Felipe hace 27 años. La diferencia es que las madres en pecado mortal no tendrán que viajar únicamente a Londres. Podrán aliviarse en otras legislaciones europeas que preservan la ley de los patriarcas y de los legisladores totémicos.

    >Vea de martes a sábado el videoblog de Carlos Cuesta sólo en EL MUNDO en Orbyt, hoy: ¿Y si los siguientes parados fuéramos nosotros?
  • 28/01/2012 PEDRO G. CUARTANGO
  • No culpables

    FRANCISCO CAMPS / O. J. SIMPSON




    Aunque el PP ha acogido con bastante prudencia el veredicto sobre Francisco Camps, no han faltado voces que exigen una reparación para el que señalan como víctima de una conjura para apartarle del cargo.

    Es fácil responder a quienes así opinan porque es evidente que el fallo judicial no le exime a Camps de sus responsabilidades políticas por rodearse de malas compañías.

    Pero es que Camps no ha sido declarado «inocente» por el jurado, que lo que ha considerado «no culpable». Escuché con atención la lectura de las consideraciones de ese jurado en las que quedaba claro que no se le condenaba por haber una duda racional sobre si había pagado o no los trajes.

    Lo que dijo su portavoz es que se le aplicaba el principio de in dubio pro reo al no haberse podido probar, debido a la existencia de testimonios contradictorios, que no había pagado las prendas. Eso es muy diferente a ser declarado inocente, que significa que uno no ha cometido aquello de lo que se le acusa.

    El derecho anglosajón, según mi querido amigo Manuel Conthe, llama a este tipo de sentencias not proven o veredicto bastardo porque no es ni una absolución plena ni una condena.

    Hay un precedente muy conocido de este tipo de sentencia judicial: el que se produjo en el caso de O. J. Simpson, el famoso ex jugador de fútbol americano. Como muchos recordarán por su impacto mediático, O. J. Simpson fue declarado en 1995 «no culpable» por un jurado popular de la acusación de haber asesinado a su mujer y su amante.

    Había sólidos indicios de su culpabilidad, pero la investigación policial fue irregular. El abogado de Simpson realizó una defensa magistral y logró que el jurado dictara un veredicto de «no culpable».

    Dos años más tarde, O. J. Simpson fue de nuevo juzgado por un procedimiento civil y condenado a pagar 33 millones de dólares a las familias de las víctimas. Esto no es posible judicialmente en España, pero el ejemplo sirve para ilustrar cómo, a veces, es difícil hacer justicia cuando un jurado tiene que examinar hechos complejos y discernir la veracidad de los alegatos de abogados que se saben el oficio.

    No faltará quien argumente que el ex presidente valenciano tiene derecho a ser considerado inocente al no haberse probado su culpabilidad. Este razonamiento sólo vale para el ámbito penal, pero no para el político porque Camps nunca ha dado una explicación convicente de su conducta y además tiene asuntos pendientes con la Justicia como la eventual financiación ilegal de su partido en Valencia.

    Rubalcaba tenía mucha razón cuando dijo que, si el PP cree que Camps es ejemplar, que lo restablezca en el cargo. Pero no lo es. Sigue siendo un político bajo sospecha y un gestor que ha dejado una herencia nefasta a su sucesor. Por ello, no debería volver jamás a desempeñar cargos públicos.
  • BREVETE
  • 28/01/2012 SECONDAT
  • El desprecio del jurado


    Se ha afirmado, en defensa del jurado, que con esta institución, comparada con los tribunales de jueces y magistrado, se consigue un mejor desarrollo y aplicación de algunos de los principios básicos del proceso penal, como son la oralidad, la inmediación y la publicidad. Pero cuando se opta por el jurado a nadie se le plantea que los componentes del mismo sean analfabetos. En tal caso, tales individuos carecen del nivel mental suficiente para juzgar y decidir. Increíble, pero cierto. Ayer conocimos las faltas graves de ortografía del acta del juicio realizado con jurado en Valencia y seguido con interés en todos los medios de comunicación. ¿Hemos de aceptar, sin reacción alguna, este desprecio de la cultura de los españoles? Y aunque los componentes de tal jurado no lo sepan, el desprecio del ofendido puede ser una agravante a tener en cuenta
  • LA POLÉMICA NACIONAL
  • 28/01/2012 VÍCTOR DE LA SERNA
  • La sentencia de Camps: entusiasmo descriptible


    >EL JURADO POPULAR DECLARA NO CULPABLE AL EX PRESIDENTE

    La exoneración judicial de Francisco Camps, no excesivamente sorprendente considerando que todo un juicio por supuesto cohecho se basaba en unos trajes, no ha sido recibida por la prensa más afín al PP con el mismo entusiasmo desbordado que enfrente causa, por ejemplo, Garzón. Estos suelen servir de varas de medir sectarismos.

    Eduardo San Martín, en ABC, proporcionaba un buen ejemplo de reacción crítica: «Que cada cual juzgue de qué lado se inclinó la moneda en el 'caso Camps'. Pero muchos de los que hoy lamentan un fallo exculpatorio quizá sean los mismos, ¡oh ironía!, que con más ahínco defendieron la introducción del jurado en nuestra ley. La institución remite a un tiempo histórico distinto. Hoy, la llamada 'justicia popular' no garantiza la equidad ni la limpieza en mayor medida que un juez liberado de las ataduras del ancien régime».

    Desde El País, periódico que San Martín conoce bien, venía una de esas quejas, transformada -en un editorial, nada menos- en bien poco socialdemócrata descalificación del jurado valenciano: «La absolución de Camps y Costa por un jurado popular podría ser interpretada como un gesto más de complacencia ciudadana con los políticos corruptos; como el voto en las urnas a favor de ellos». Pero no hay mal que por bien no venga, parecía decir Carlos E. Cué frotándose metafóricamente las manos: «Si Camps quiere seguir mandando en Valencia, e incluso volver a ser presidente, la situación puede volverse incontrolable y el PP valenciano una auténtica olla a presión».

    Por otro lado iba, de nuevo en ABC, José María Carrascal, que titulaba su columna Al fin, justicia: «Un hombre que sale de la política con menos dinero que con el que entró es, no ya una rareza, sino un santo. Y, desde luego, no se vende por tres trajes». Pero terciaba Manuel Martín Ferrand: «Las propias maneras de su defensa y los modos de relación con los demás que han quedado probados a lo largo de estos tres últimos años, descalifican la dimensión política de Camps aunque quiera vérsele como un monumento vivo a la honradez».

    Todo lo que antecede no ha sido óbice, por cierto, para que el selectivo analista de prensa de El Periódico, Xavier Campreciós, titulase que «la derecha mediática» (a la que también llama, jaranero él, «el cazalla party») «jalea la sentencia de los trajes».

    Sí que se celebraba sin tapujos en La Razón y en La Gaceta, donde Jorge Bustos resaltaba, desconcertado, que en EL MUNDO no se escribe a piñón fijo: le gustaba mucho más el titular de Arcadi Espada, Justicia 5, Prensa 4, que el de nuestra portada, en el que se recalcaba que de lo que han absuelto a Camps es de su «responsabilidad penal», no la política. Pero, miren por dónde, Bustos no citaba esto de Espada: «Se pregunta muy retóricamente la señora Cospedal quién va a reponer la honorabilidad de Camps y Costa. Realmente extraño. La honorabilidad de Camps y Costa sólo puede reponerla el que se la quitó: es decir el partido de la señora Cospedal, de Camps y de Costa».

    En Público, Isaac Rosa observaba que Camps es un cadáver político aunque él «no se ha dado cuenta» y «de ahí que el juicio, con el desfile de testigos, facturas y conversaciones telefónicas, mereciera terminar con un certificado de defunción, ése que cinco ciudadanos no han querido firmar».

    Maldito jurado popular. Cosa de fachas, es evidente.
  • A DIESTRA Y SINIESTRA
  • 28/01/2012 DAVID TORRES
  • Los pobres no se ven




    AL IGUAL que la relatividad de Einstein, pero mucho más en crudo, la pobreza es un concepto que no entiende ni Cristo, quien confeccionó las Bienaventuranzas como consuelo supremo, un bocata metafísico para aquellos que no tienen qué llevarse a la boca. ¿Qué es ser pobre? Depende. Por ejemplo, en Europa, ser pobre es igual que ser español, una nacionalidad penada con un sueldo mínimo raquítico, apenas 600 euros, cantidad ridícula que nos duplican en Francia y nos triplican en Luxemburgo. Somos el hazmerreír de los vecinos aunque, eso sí, nuestros banqueros y políticos podrían cenar caviar con Paris Hilton.

    Relatividad. En sus memorias, Kirk Douglas cuenta que su primer encuentro con Anthony Quinn se tiñó de amenaza cuando el mexicano le acusó de ser sólo un señorito. Douglas dijo que se equivocaba, que él era hijo de inmigrantes judíos rusos, que su padre fue trapero y que de niño probó el sabor hueco del hambre. «No es lo mismo ser pobre en Nueva York que en Chihuahua», replicó Quinn sin inmutarse. «Es verdad», confesó Douglas. «Y me he pasado toda la vida intentando ignorar la diferencia».

    Los españoles pobres que vamos sobreviviendo con sueldos de chiste somos potentados del acero al lado de, digamos, los pobres de Perú o de la India, países donde ciertos viajeros sin escrúpulos confunden miseria y exotismo y sacan fotos de niños esqueléticos como si fuesen Taj Majales hechos de huesos y moscas. La pobreza es, ante todo, invisibilidad: ésa es la tesis que William T. Vollman defiende en Los pobres, un monumental reportaje sobre los desheredados de la Tierra. Vollman cruzó medio mundo, de China a Colombia y de Birmania a Siria, en busca del secreto de la indigencia, preguntando a los pobres por qué creían que lo eran y las respuestas varían de la religión al destino, del espiritismo a la culpa, para acabar concluyendo que la pobreza es el misterio máximo, la Santísima Trinidad de la economía, el gran agujero negro por donde se cuela toda compasión y toda plusvalía.

    Los pobres no se ven no porque haya pocos, más bien al contrario: hay tantos que, si tuviesen carne, no se vería otra cosa. Se confunden con el paisaje, forman el fondo de chabolas, lágrimas y chapa necesario para que resalten los palacetes de los reyes y las mansiones millonarias. Nadie los ve por las mismas razones que no cuentan los ceros a la izquierda, las camas de cartón al pie de los cajeros automáticos y el espacio en blanco de los átomos. Cinco millones y pico y subiendo. Suyo será el reino de los cielos porque el de aquí abajo está claro que es de los banqueros.
  • HILO DE ARIADNA
  • 28/01/2012 ÁLVARO VARGAS LLOSA
  • ¿La primavera venezolana?




    Durante algún tiempo se dijo -dijimos muchos- que, a pesar de su coraje y de nadar contra una corriente que equivalía a un maremoto, la oposición venezolana era parte del problema. Dividida, mediocre, populistona, parecía incapaz de erigirse en una alternativa seria al bufón de Miraflores. Todo eso cambió. Lo que ha conseguido la oposición antes y durante la campaña de las primarias que tendrán lugar el 12 de febrero es notable.

    Primero, lograron la unidad, gracias a la cual obtuvieron más votos que el régimen en los comicios legislativos y, lo que es igual de importante, evitaron que las primarias se convirtiesen en un ejercicio caníbal. La firma, esta misma semana, de un programa de gobierno que todos se comprometen a respaldar bajo la candidatura de quien resulte ganador ratifica el éxito que ha sido la Mesa de la Unidad, donde se agrupa toda la oposición. En cambio, Hugo Chávez ha visto deshacerse la coalición, Polo Patriótico, que lo respaldó en su momento y su Partido Socialista Unido de Venezuela es él mismo una risible behetría. Para no hablar del ucase con que Chávez se ha autoproclamado candidato.

    El ejemplo que viene dando la oposición en estas primarias trasciende las fronteras. Mientras que, en Estados Unidos, los republicanos se sacan ahora los ojos y en Francia los socialistas hicieron hace poco otro tanto, en Venezuela los candidatos de la justa interna han guardado las formas y preservado el sentido del gran objetivo -devolverle al país su democracia y disparar su desarrollo- mientras dirimían sus diferencias ideológicas, que iban del liberalismo sin complejos de María Corina Machado, entrevistada en EL MUNDO, a la socialdemocracia menos confrontacional de Pablo Pérez.

    En las primarias norteamericanas suele votar un 10% del electorado total; en Francia lo acaba de hacer un porcentaje ligeramente menor. En Venezuela, en cambio, el propio Chávez ha vaticinado, sin saber que les hacía un elogio, que en las primarias opositoras votará «apenas» el 20% del registro electoral nacional (según los sondeos, podría ser hasta el 30%).

    Los números vaticinan que Henrique Capriles, el gobernador del estado Miranda, ganará las elecciones y será el rival de Chávez. Es un candidato joven de un partido relativamente nuevo, Primero Justicia, que representa claramente la línea democrática y la moderación económica, aunque prefiere eludir el cuerpo a cuerpo con Chávez por razones tácticas. Su posición se ha reforzado con el retiro -que lo honra- de Leopoldo López, otro candidato joven al que Chávez trata de destruir desde hace tiempo. Por lo demás, salvo Diego Arria, cuya admiración por el modelo de Fujimori en Perú es pública, todos los candidatos opositores representan inequívocamente la puesta al día de Venezuela con la corriente dominante de América Latina.

    Las primarias serán, claro, una primera etapa. Vendrá luego lo más arduo: superar a Chávez -es decir, superar el fraude «ambiental», como alguien lo calificó en su momento, que rodea todas las justas electorales en ese país- el próximo 7 de octubre. Las encuestas colocan al autócrata ligeramente por delante de la oposición a estas alturas, pero lo novedoso no es eso, sino que Miraflores no ha logrado partir, despintar o intimidar a una oposición que hoy está más fuerte que en ninguno de los comicios presidenciales anteriores. Todo, incluido lo impensable, es posible.

    ¿Quién dice que no hay una primavera venezolana?
  • AJUSTE DE CUENTAS
  • 28/01/2012 JOHN MÜLLER
  • El fin del vuelo nacionalista

    La Generalitat catalana, en un acto de pura racionalidad económica y sentido común, cerró ayer el grifo del dinero público a la aerolínea Spanair, lo cual la aboca al cierre. Desde diciembre de 2008, cuando el tripartito adquirió el 80,1% de la compañía a través de un consorcio promovido por el sector público, los políticos catalanes han venido jugando a disimular el carácter estatal de la línea aérea. Tenía orejas de cerdo, cola de cerdo, pero no era un cerdo, decían.

    No era verdad. En Spanair confluyeron los objetivos políticos del tripartito con las apiraciones de FemCat, un grupo de presión fundado en 2004 bajo la inspiración de un mensaje de Jordi Pujol («fem país»). Ahí se encontraron el catalanismo y la excelencia empresarial. Bien regados con el dinero público que los socialdemócratas del tripartito y los nacionalistas democristianos de CiU administran con criterios muy laxos cuando no están sometidos a estrecheces fiscales, FemCat creó Volcat, un instrumento que promovió un consorcio empresarial (Iniciatives Empresarials Aeronàutiques) que se hizo con Spanair con la intención de completar el kit de regalos que la Generalitat se merecía en la Navidad de 2008: su propia aerolínea, su propio aeropuerto, su tren de cercanías y su canesú.

    Pero el embuste no se podía mantener durante mucho tiempo y la Asociación Europea de Aerolíneas de Bajo Coste la denunció ante Bruselas por recibir ayudas públicas. El proceso está en trámite de sustanciación.

    La Generalitat, que había tenido que acudir en auxilio de la empresa en varias ocasiones, llevaba desde mayo de 2011 presionando para que se encontrara un socio industrial. Primero se buscó infructuosamente entre las aerolíneas del grupo Star Alliance y las últimas gestiones fueron con Turkish Airlines y con Qatar Airways.

    Ahora que no hay dinero para seguir financiando ensoñaciones soberanistas, Spanair ha caído víctima de la pura lógica del mercado. Aunque la compañía decía contar con el 22% del tráfico de pasajeros, una aerolínea así no podía seguir siendo viable con el esquema de costes que arrastraba, más parecido al de una vieja aerolínea de bandera que al de las low cost, que son las que se están llevando por delante el mercado. Con su habitual rapidez de reflejos, Ryanair lanzó anoche una «tarifa de rescate» de 49 euros para repatriar a aquellos pasajeros de Spanair que se quedarán tirados fuera de sus hogares. La desaparición de la compañía beneficiará a Vueling o a Iberia Express, la low cost de Iberia que se estrenará en marzo.

    De hecho, los problemas de la aerolínea venían de muy atrás, casi de 2007, cuando Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, sus fundadores en 1986 junto con la escandinava SAS,salieron de su accionariado. Ya entonces tenían graves problemas estructurales que nunca se resolvieron.

    Éstas y otras disfunciones quedaron siempre ocultas por el control público o semipúblico de la empresa, por el supuesto objetivo nacional que se perseguía. El auténtico fraude de Spanair no es que fuera catalana, sino que era pública, pero es verdad que era pública por querer ser catalana.

    john.muller@elmundo.es
  • PASADO MAÑANA
  • 28/01/2012ERNESTO SÁENZ DE BURUAGA
  • La batalla del Ebro

    Las hazañas de los más débiles siempre se escriben desde la épica. El martes se rendirá un homenaje a cientos de miles de españoles en un campo de fútbol. Será el momento de los que no ganan copas ni ligas ni juegan en Europa. Será el momento de los aficionados de ciudades que no tienen Cibeles ni Canaletas pero que vibran con el equipo de sus amores, que sufren y padecen.

    Será el momento de todos aquellos que juegan al fútbol en equipos modestos perdiendo horas de su descanso para entrenar y los domingos, sin apenas horas de sueño, ir a cualquier campo de España para disfrutar de su deporte. Será el momento de todos esos padres que llevan a sus hijos a entrenamientos y partidos como lo hicieron los padres de Torres, de Cesc o de Casillas y de tantos otros que soñaban con salir en los cromos de futbolistas y cuya inmensa mayoría se quedó sin conseguirlo. Será el momento de los que nunca llegaron a estrellas pero saben que en la vida tendrán su oportunidad, serán protagonistas.

    El viejo estadio municipal de Anduva recibirá a un modesto y grande C.D. Mirandés y al histórico Athletic de Bilbao. Pero sobre todo recibirá al fútbol en el que no hay enemigo pequeño, donde la pasión lleva a recuerdos imborrables, donde un gol es un abrazo, un grito, una explosión de gozo, una descarga de adrenalina. El Mirandés es el reflejo de lo posible. De la modestia, del esfuerzo, de la fe, de la normalidad. Sus jugadores trabajan y juegan con la naturalidad de lo cotidiano.

    Representan a todos. Al bombero lateral derecho, al estudiante que corre la banda, al frutero que remate el córner, al pintor que consigue las camisetas, al electricista que pone el coche para los desplazamientos, al panadero que regala los bocatas o al policía que deja la porra en casa para correr en pantalón corto detrás de una pelota. A tanto loco por el fútbol que anda suelto en todas las ciudades españolas.

    El martes, a orillas del Ebro, el fútbol abraza a su propio mundo, donde esta vez en el FIFA Player no figura Xavi sino

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