EL GOBIERNO DE ESPAÑA DISPUESTO A HACER CUMPLIR LA LEY POR PRIMERA VEZ A LAS REGIONES
El Gobierno amenaza por primera vez con el artículo 155 de la Constitución
«No tienen posibilidad alguna para la insumisión», sostiene la secretaria de Estado de Presupuestos / Advierte a Cataluña y Andalucía que el Gobierno dispone de «mecanismos fortísimos», incluido tomar el control autonómico
.
Todas saben que están obligadas a cumplir. Les guste o no. Con recursos ante el Constitucional o sin ellos, hayan votado en contra o hayan dejado vacía la silla. El Gobierno no cederá ni un milímetro en los topes de déficit y deuda para las comunidades autónomas, pese a que algunas han amagado con la sublevación.
Por si quedaba algún resquicio que pudiera dar alas a la esperanza de escapatoria, el Ejecutivo, por boca de la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, amenazó ayer, por primera vez en democracia, con la posibilidad de hacer uso del artículo 155 de la Constitución, en virtud del cual las CCAA que incumplan las obligaciones que les imponen las leyes -en este caso la de Estabilidad Presupuestaria- podrán ver cómo el Gobierno asume su control.
De esta manera, el Ejecutivo da por zanjado el conato de rebelión encabezado por Cataluña y Andalucía, y secundado por Canarias y Asturias, contra los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el martes, que fijan estrictamente los máximos de capacidad de endeudamiento de cada una de las comunidades para los ejercicios 2013, 2014 y 2015, además de consagrar los objetivos de déficit que, éstos sí, son idénticos para todas.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya advirtió al término de la tormentosa reunión del martes que no le preocupaba lo más mínimo la pataleta -«pose política», dijo él- de algunos -Cataluña le dio plantón, Andalucía se levantó de la silla y anunció un recurso ante el TC y Asturias y Canarias votaron en contra-, porque todas sin excepción alguna están obligadas por ley.
Ayer, su número dos para la política presupuestaria, fue mucho más explícita: «No hay hueco para la insumisión. No tienen posibilidad alguna de llevar a cabo la insumisión, entre otras cosas porque no tienen financiación».
Y es verdad: las comunidades autónomas pueden pedir límites de endeudamiento más altos, incluso infinitos, pero sería inútil porque en la actualidad prácticamente ninguna podría conseguir que le prestaran dinero en el mercado. La fiabilidad que suscitan sus emisiones de deuda es cero.
Pero aún más. Fernández Currás advirtió de que, en el improbable supuesto de que alguna se rebelara, «la ley de Estabilidad Presupuestaria cuenta con mecanismos fortísimos» para reconducir definitivamente la situación.
Y citó: «Desde recuperar las competencias en cesión de tributos, hasta llegar al artículo 155 de la Constitución». «Tenemos», dijo, «todo ese abanico; por lo tanto, la insumisión no es posible ni para las comunidades autónomas, ni para el Estado, ni para nadie».
La ley de Estabilidad Presupuestaria incluye todo un capítulo, el IV, que recoge ordenadamente una serie de medidas que en su primer estadio son «preventivas», que en una segunda fase pasan a ser «correctivas», después «coercitivas» y, finalmente, de «cumplimiento forzoso».
En este último apartado es en el que se contempla el recurso al artículo 155 de la Constitución. Así, si la comunidad en cuestión no cumpliere las obligaciones impuestas en este caso para alcanzar el objetivo de estabilidad -atentando al interés general de España, puesto que dicho objetivo compromete al Estado en su conjunto ante la UE- «el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas». O, dicho en otras palabras, podrá asumir el control pleno de la autonomía.
Antes de llegar a este punto, las CCAA incumplidoras serán advertidas y si no rectifican se les podrán retirar subvenciones. Además, tendrán que someter milimétricamente todas sus cuentas convenientemente corregidas al escrutinio del Gobierno, que incluso podrá imponerles un plan de reequilibrio, lo que en definitiva implica intervenirlas financieramente.
A ello puede sumarse la retirada de las competencias que se les atribuye en relación con los tributos cedidos, que serían ejercidas por el Estado, y se les podría exigir la constitución de un depósito equivalente al 0,2% de su PIB susceptible de convertirse en multa coercitiva y, por tanto, no reembolsable.
Si pese a todas las medidas anteriores, los incumplimientos se mantuvieran habría llegado el momento de utilizar el artículo 155 de la Carta Magna. Éste sería un recurso extremo y muy improbable dado que ayer todas las comunidades, con quejas o sin ellas, afirmaron su intención de atenerse a la ley.
MARISA CRUZ MADRID
02/08/2012 ESPAÑA
El Consejo de Política Fiscal y Financiera ha aprobado el límite de endeudamiento para cada Comunidad Autónoma y ha suscitado una fuerte polémica entre las cuatro no gobernadas por el PP y el Gobierno. Estas son las claves para entender las normas a las que habrán de atenerse todas para cumplir el objetivo de estabilidad financiera.
¿Cuáles son los pactos aprobados?
El CPFF estableció los límites máximos de déficit a los que pueden llegar las CCAA en los ejercicios 2013 (-0,7% del PIB regional); 2014 (-0,2%) y 2015 (superávit del 0,2%), así como los topes de endeudamiento para cada una de ellas. La Comunidad que más margen de endeudamiento tendrá en 2013 (23,6% del PIB regional, o 47.279 millones) será Cataluña, y la que menos, Madrid (10,7%, o 20.343 millones). La suma de los límites de endeudamiento de todas las CCAA no podrá superar el 16% del PIB nacional, es decir, 172.170 millones.
¿Qué fórmula se utiliza para fijar el límite de endeudamiento?
Hacienda toma como base el año 2012 y para ello aplica una fórmula que consiste en sumar la deuda viva de cada autonomía a 31 de diciembre de 2011 más la deuda acumulable en el ejercicio 2012 -este concepto se desglosa en otros tres: cantidad correspondiente al 1,5% de déficit, más liquidación del pago anual pendiente de los años 2008 y 2009, más variación de activos financieros- y a ello se añade la cifra correspondiente al déficit máximo de 2013 (0,7% del PIB regional) y el siguiente pago de anualidades a devolver por lo recibido de más en los años 2008 y 2009.
¿Por qué hay comunidades que se quejan de trato injusto?
Algunas comunidades se quejan de que se las discrimina fijándoles una capacidad pequeña de endeudamiento en relación con otras autonomías. El Gobierno responde que la fórmula aplicada es idéntica para todas y apunta que las cifras finales están marcadas decisivamente por la deuda viva que tenía cada una de ellas al término del año 2011. Precisamente por esto se da la circunstancia de que cuanto menor fuera su deuda viva menor resulta su capacidad de endeudamiento sobre el PIB regional.
¿Por qué se limita la capacidad de endeudamiento?
El techo de deuda para las autonomías se establece por primera vez como consecuencia de los compromisos adquiridos con la Unión Europea y por imperativo legal establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Fijando un límite máximo de deuda el Gobierno echa un segundo cerrojo sobre el riesgo de aumentar más el déficit. El objetivo es que nadie presupueste gastos con cargo a endeudamiento, es decir, confiando en que podrá financiarlos pidiendo un dinero que no tiene ya sea a los mercados ya sea a entidades financieras.
¿Cómo pueden las CCAA que no tienen liquidez a proveedores que ha situado a cero su deuda comercial a fecha de 1 de enero de 2012. Apagar sus servicios?
El Gobierno les facilitó el instrumento del pagodemás, han contado con líneas ICO -ya agotadas-, y a partir de septiembre podrán acudir al Fondo de Liquidez, dotado con 18.000 millones y para el que se fijarán condiciones individuales.
MANUEL MARÍA BECERRO SEVILLA
02/08/2012 ESPAÑA
La Junta de Andalucía puede cumplir con el nuevo tope de endeudamiento que le obliga a un recorte extra de casi 3.000 millones de euros sin detraer ni un céntimo en educación, sanidad o servicios sociales básicos. Bastaría con que el bipartito de PSOE e IU decidiera suprimir o reducir drásticamente la Administración paralela, que cada año le genera 3.321,52 millones de euros de coste.
Aunque el presidente, José Antonio Griñán, auguró ayer un terrible porvenir (pronosticó el despido de uno de cada cuatro trabajadores de la Junta, además del cierre de todos los hospitales públicos andaluces y de la mitad de los colegios), el recorte extra derivado de la reducción del límite de endeudamiento del 15,1% al 13,2% del PIB podría realizarse sin afectar a los servicios básicos.
Eso sí, la línea de puntos a seguir para el recorte dejaría considerablemente mermada la Administración paralela de la Junta, una opción que nunca ha sido contemplada por el Gobierno andaluz. De hecho, en la pasada legislatura el PSOE aprobó la polémica Ley de Reordenación del Sector Público, que supuso la absorción de los más de 20.000 trabajadores pertenecientes al entramado empresarial y de agencias y fundaciones de la Junta, un hecho que provocó multitudinarias manifestaciones e innumerables recursos judiciales de los funcionarios de carrera, por «funcionarizarse» a los «enchufados del PSOE».
Pero no sólo queda margen de ahorro en la Administración paralela. Griñán tiene encima de la mesa el plan para ahorrar 1.000 millones de euros en gasto corriente que le ofreció el pasado 23 de julio el nuevo líder del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido. Aparte de la «racionalización» del sector público, se planteaban medidas como la reducción a la mitad del personal de confianza, la eliminación de los privilegios a los altos cargos (desde las ayudas para alquiler de vivienda a las cesantías) o prescindir de la mitad de los coches oficiales.
Pero Griñán no está por la labor de seguir eliminando prebendas políticas tras rebajarse el sueldo. «Podemos seguir jugando con el número de altos cargos o de coches oficiales, pero eso, al final, se transforma en un esfuerzo ímprobo de 50 millones, no más. ¿Y eso qué es cuando estamos hablando de 3.000 o 4.000 millones? Estamos hablando de cosas serias», dijo ayer.
Más opciones para recortar salvaguardando servicios públicos esenciales: eliminar las subvenciones a los agentes sociales. En la pasada legislatura, por ejemplo, la Junta concedió dio ayudas a UGT y CCOO de al menos 268,6 millones de euros, en gran medida en cumplimiento del VII Acuerdo de Concertación Social, que expira el año que viene. Para entonces se calcula que Andalucía llevará gastado en estos acuerdos, aprobados desde 1993, 128.000 millones de euros.
De ese enorme pastel también recibe una generosa porción la patronal. Su líder, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Santiago Herrero, es una de las poquísimas voces que se han alzado para reclamar a PSOE e IU la eliminación de las empresas públicas de la Administración paralela, una medida que considera «esencial» porque muchas «compiten» con el sector privado.
MANUEL MARÍA BECERRO SEVILLA
02/08/2012 ESPAÑA
Aunque el presidente, José Antonio Griñán, auguró ayer un terrible porvenir (pronosticó el despido de uno de cada cuatro trabajadores de la Junta, además del cierre de todos los hospitales públicos andaluces y de la mitad de los colegios), el recorte extra derivado de la reducción del límite de endeudamiento del 15,1% al 13,2% del PIB podría realizarse sin afectar a los servicios básicos.
Eso sí, la línea de puntos a seguir para el recorte dejaría considerablemente mermada la Administración paralela de la Junta, una opción que nunca ha sido contemplada por el Gobierno andaluz. De hecho, en la pasada legislatura el PSOE aprobó la polémica Ley de Reordenación del Sector Público, que supuso la absorción de los más de 20.000 trabajadores pertenecientes al entramado empresarial y de agencias y fundaciones de la Junta, un hecho que provocó multitudinarias manifestaciones e innumerables recursos judiciales de los funcionarios de carrera, por «funcionarizarse» a los «enchufados del PSOE».
Pero no sólo queda margen de ahorro en la Administración paralela. Griñán tiene encima de la mesa el plan para ahorrar 1.000 millones de euros en gasto corriente que le ofreció el pasado 23 de julio el nuevo líder del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido. Aparte de la «racionalización» del sector público, se planteaban medidas como la reducción a la mitad del personal de confianza, la eliminación de los privilegios a los altos cargos (desde las ayudas para alquiler de vivienda a las cesantías) o prescindir de la mitad de los coches oficiales.
Pero Griñán no está por la labor de seguir eliminando prebendas políticas tras rebajarse el sueldo. «Podemos seguir jugando con el número de altos cargos o de coches oficiales, pero eso, al final, se transforma en un esfuerzo ímprobo de 50 millones, no más. ¿Y eso qué es cuando estamos hablando de 3.000 o 4.000 millones? Estamos hablando de cosas serias», dijo ayer.
Más opciones para recortar salvaguardando servicios públicos esenciales: eliminar las subvenciones a los agentes sociales. En la pasada legislatura, por ejemplo, la Junta concedió dio ayudas a UGT y CCOO de al menos 268,6 millones de euros, en gran medida en cumplimiento del VII Acuerdo de Concertación Social, que expira el año que viene. Para entonces se calcula que Andalucía llevará gastado en estos acuerdos, aprobados desde 1993, 128.000 millones de euros.
De ese enorme pastel también recibe una generosa porción la patronal. Su líder, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Santiago Herrero, es una de las poquísimas voces que se han alzado para reclamar a PSOE e IU la eliminación de las empresas públicas de la Administración paralela, una medida que considera «esencial» porque muchas «compiten» con el sector privado.
M. Mª B. SEVILLA
02/08/2012 ESPAÑA
M. Mª. B. SEVILLA
02/08/2012 ESPAÑA
Griñán considera que reducir a la Junta el techo de deuda «choca contra toda lógica fundamental», y advierte de que «discriminar a Andalucía es la peor forma de defender a España». El barón socialista andaluz sospecha que le quieren hacer pagar los platos rotos por otros: «El endeudamiento del Estado ha aumentado 100.000 millones por el rescate bancario, y a mí me parece que se está tratando de allegar recursos para salvar a la banca reduciéndolos de la educación y la sanidad, y es intolerable».
En este punto, el presidente andaluz sorprendió con su discurso sobre las competencias educativas: «A mí me da lo mismo quién las ejerza. Yo he dicho siempre que la clave de un país es la educación, y me da lo mismo que lo haga la Junta de Andalucía, el Estado o quien sea», aseguró Griñán. «Es la educación lo que puede hacer rico y próspero a un país, más allá de quién ejerza las competencias. Insisto: esto no es un problema de guerrear comunidades autónomas y Estado, es un problema de objetivos prioritarios, y para nosotros lo es la educación», reiteró.
Griñán aseguró que, con el nuevo techo de deuda impuesto a Andalucía, es «imposible» elaborar los presupuestos autonómicos andaluces para 2013, por lo que confía en que el Gobierno de Rajoy termine dando marcha atrás, porque «no tiene sentido, no es justo». «Una cosa es el objetivo de déficit y otra el nivel de endeudamiento, que lo aplaza de tal manera que lo convierte en superávit. Y, si en un momento de recesión, creemos que se puede tener superávit, es que nos hemos vuelto locos, a menos que se pretenda privatizar la educación, la dependencia y la sanidad».
A juicio de Griñán, la Junta estaría pagando el hecho de no estar gobernada por el PP. «Entiendo que hay dos comunidades autónomas, Andalucía y Asturias, a las que se les ha modificado el objetivo de déficit para obligarlas a un mayor recorte, y es curioso que ambas están gobernadas por socialistas», afirmó. El presidente de la Junta reveló que había mantenido dos conversaciones con el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y que éste «piensa exactamente lo mismo» que él.
Por último, volvió a descartar que «ahora mismo» Andalucía vaya a pedir el rescate con el fondo de liquidez establecido por el Gobierno, aunque denunció que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera «se incitó a las comunidades a acudir al fondo como si fuera una carrera para ver quién llega antes»
LEONOR MAYOR BARCELONA
02/08/2012 ESPAÑA
Todas saben que están obligadas a cumplir. Les guste o no. Con recursos ante el Constitucional o sin ellos, hayan votado en contra o hayan dejado vacía la silla. El Gobierno no cederá ni un milímetro en los topes de déficit y deuda para las comunidades autónomas, pese a que algunas han amagado con la sublevación.
Por si quedaba algún resquicio que pudiera dar alas a la esperanza de escapatoria, el Ejecutivo, por boca de la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, amenazó ayer, por primera vez en democracia, con la posibilidad de hacer uso del artículo 155 de la Constitución, en virtud del cual las CCAA que incumplan las obligaciones que les imponen las leyes -en este caso la de Estabilidad Presupuestaria- podrán ver cómo el Gobierno asume su control.
De esta manera, el Ejecutivo da por zanjado el conato de rebelión encabezado por Cataluña y Andalucía, y secundado por Canarias y Asturias, contra los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el martes, que fijan estrictamente los máximos de capacidad de endeudamiento de cada una de las comunidades para los ejercicios 2013, 2014 y 2015, además de consagrar los objetivos de déficit que, éstos sí, son idénticos para todas.El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya advirtió al término de la tormentosa reunión del martes que no le preocupaba lo más mínimo la pataleta -«pose política», dijo él- de algunos -Cataluña le dio plantón, Andalucía se levantó de la silla y anunció un recurso ante el TC y Asturias y Canarias votaron en contra-, porque todas sin excepción alguna están obligadas por ley.
Ayer, su número dos para la política presupuestaria, fue mucho más explícita: «No hay hueco para la insumisión. No tienen posibilidad alguna de llevar a cabo la insumisión, entre otras cosas porque no tienen financiación».
Y es verdad: las comunidades autónomas pueden pedir límites de endeudamiento más altos, incluso infinitos, pero sería inútil porque en la actualidad prácticamente ninguna podría conseguir que le prestaran dinero en el mercado. La fiabilidad que suscitan sus emisiones de deuda es cero.Pero aún más. Fernández Currás advirtió de que, en el improbable supuesto de que alguna se rebelara, «la ley de Estabilidad Presupuestaria cuenta con mecanismos fortísimos» para reconducir definitivamente la situación.
Y citó: «Desde recuperar las competencias en cesión de tributos, hasta llegar al artículo 155 de la Constitución». «Tenemos», dijo, «todo ese abanico; por lo tanto, la insumisión no es posible ni para las comunidades autónomas, ni para el Estado, ni para nadie».
La ley de Estabilidad Presupuestaria incluye todo un capítulo, el IV, que recoge ordenadamente una serie de medidas que en su primer estadio son «preventivas», que en una segunda fase pasan a ser «correctivas», después «coercitivas» y, finalmente, de «cumplimiento forzoso».
En este último apartado es en el que se contempla el recurso al artículo 155 de la Constitución. Así, si la comunidad en cuestión no cumpliere las obligaciones impuestas en este caso para alcanzar el objetivo de estabilidad -atentando al interés general de España, puesto que dicho objetivo compromete al Estado en su conjunto ante la UE- «el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas». O, dicho en otras palabras, podrá asumir el control pleno de la autonomía.
Antes de llegar a este punto, las CCAA incumplidoras serán advertidas y si no rectifican se les podrán retirar subvenciones. Además, tendrán que someter milimétricamente todas sus cuentas convenientemente corregidas al escrutinio del Gobierno, que incluso podrá imponerles un plan de reequilibrio, lo que en definitiva implica intervenirlas financieramente.
A ello puede sumarse la retirada de las competencias que se les atribuye en relación con los tributos cedidos, que serían ejercidas por el Estado, y se les podría exigir la constitución de un depósito equivalente al 0,2% de su PIB susceptible de convertirse en multa coercitiva y, por tanto, no reembolsable.
Si pese a todas las medidas anteriores, los incumplimientos se mantuvieran habría llegado el momento de utilizar el artículo 155 de la Carta Magna. Éste sería un recurso extremo y muy improbable dado que ayer todas las comunidades, con quejas o sin ellas, afirmaron su intención de atenerse a la ley.
P&R
La doble llave para frenar el gasto
.El Consejo de Política Fiscal y Financiera ha aprobado el límite de endeudamiento para cada Comunidad Autónoma y ha suscitado una fuerte polémica entre las cuatro no gobernadas por el PP y el Gobierno. Estas son las claves para entender las normas a las que habrán de atenerse todas para cumplir el objetivo de estabilidad financiera.
¿Cuáles son los pactos aprobados?
El CPFF estableció los límites máximos de déficit a los que pueden llegar las CCAA en los ejercicios 2013 (-0,7% del PIB regional); 2014 (-0,2%) y 2015 (superávit del 0,2%), así como los topes de endeudamiento para cada una de ellas. La Comunidad que más margen de endeudamiento tendrá en 2013 (23,6% del PIB regional, o 47.279 millones) será Cataluña, y la que menos, Madrid (10,7%, o 20.343 millones). La suma de los límites de endeudamiento de todas las CCAA no podrá superar el 16% del PIB nacional, es decir, 172.170 millones.
¿Qué fórmula se utiliza para fijar el límite de endeudamiento?
Hacienda toma como base el año 2012 y para ello aplica una fórmula que consiste en sumar la deuda viva de cada autonomía a 31 de diciembre de 2011 más la deuda acumulable en el ejercicio 2012 -este concepto se desglosa en otros tres: cantidad correspondiente al 1,5% de déficit, más liquidación del pago anual pendiente de los años 2008 y 2009, más variación de activos financieros- y a ello se añade la cifra correspondiente al déficit máximo de 2013 (0,7% del PIB regional) y el siguiente pago de anualidades a devolver por lo recibido de más en los años 2008 y 2009.
¿Por qué hay comunidades que se quejan de trato injusto?
Algunas comunidades se quejan de que se las discrimina fijándoles una capacidad pequeña de endeudamiento en relación con otras autonomías. El Gobierno responde que la fórmula aplicada es idéntica para todas y apunta que las cifras finales están marcadas decisivamente por la deuda viva que tenía cada una de ellas al término del año 2011. Precisamente por esto se da la circunstancia de que cuanto menor fuera su deuda viva menor resulta su capacidad de endeudamiento sobre el PIB regional.
¿Por qué se limita la capacidad de endeudamiento?
El techo de deuda para las autonomías se establece por primera vez como consecuencia de los compromisos adquiridos con la Unión Europea y por imperativo legal establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Fijando un límite máximo de deuda el Gobierno echa un segundo cerrojo sobre el riesgo de aumentar más el déficit. El objetivo es que nadie presupueste gastos con cargo a endeudamiento, es decir, confiando en que podrá financiarlos pidiendo un dinero que no tiene ya sea a los mercados ya sea a entidades financieras.
¿Cómo pueden las CCAA que no tienen liquidez a proveedores que ha situado a cero su deuda comercial a fecha de 1 de enero de 2012. Apagar sus servicios?
El Gobierno les facilitó el instrumento del pagodemás, han contado con líneas ICO -ya agotadas-, y a partir de septiembre podrán acudir al Fondo de Liquidez, dotado con 18.000 millones y para el que se fijarán condiciones individuales.
Griñán ahorraría 3.300 millones sin la administración paralela andaluza
Cumpliría el techo de deuda sin recortar en sanidad, educación y servicios sociales
Aunque el presidente, José Antonio Griñán, auguró ayer un terrible porvenir (pronosticó el despido de uno de cada cuatro trabajadores de la Junta, además del cierre de todos los hospitales públicos andaluces y de la mitad de los colegios), el recorte extra derivado de la reducción del límite de endeudamiento del 15,1% al 13,2% del PIB podría realizarse sin afectar a los servicios básicos.
Eso sí, la línea de puntos a seguir para el recorte dejaría considerablemente mermada la Administración paralela de la Junta, una opción que nunca ha sido contemplada por el Gobierno andaluz. De hecho, en la pasada legislatura el PSOE aprobó la polémica Ley de Reordenación del Sector Público, que supuso la absorción de los más de 20.000 trabajadores pertenecientes al entramado empresarial y de agencias y fundaciones de la Junta, un hecho que provocó multitudinarias manifestaciones e innumerables recursos judiciales de los funcionarios de carrera, por «funcionarizarse» a los «enchufados del PSOE».
Pero no sólo queda margen de ahorro en la Administración paralela. Griñán tiene encima de la mesa el plan para ahorrar 1.000 millones de euros en gasto corriente que le ofreció el pasado 23 de julio el nuevo líder del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido. Aparte de la «racionalización» del sector público, se planteaban medidas como la reducción a la mitad del personal de confianza, la eliminación de los privilegios a los altos cargos (desde las ayudas para alquiler de vivienda a las cesantías) o prescindir de la mitad de los coches oficiales.
Pero Griñán no está por la labor de seguir eliminando prebendas políticas tras rebajarse el sueldo. «Podemos seguir jugando con el número de altos cargos o de coches oficiales, pero eso, al final, se transforma en un esfuerzo ímprobo de 50 millones, no más. ¿Y eso qué es cuando estamos hablando de 3.000 o 4.000 millones? Estamos hablando de cosas serias», dijo ayer.
Más opciones para recortar salvaguardando servicios públicos esenciales: eliminar las subvenciones a los agentes sociales. En la pasada legislatura, por ejemplo, la Junta concedió dio ayudas a UGT y CCOO de al menos 268,6 millones de euros, en gran medida en cumplimiento del VII Acuerdo de Concertación Social, que expira el año que viene. Para entonces se calcula que Andalucía llevará gastado en estos acuerdos, aprobados desde 1993, 128.000 millones de euros.
De ese enorme pastel también recibe una generosa porción la patronal. Su líder, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Santiago Herrero, es una de las poquísimas voces que se han alzado para reclamar a PSOE e IU la eliminación de las empresas públicas de la Administración paralela, una medida que considera «esencial» porque muchas «compiten» con el sector privado.
Griñán ahorraría 3.300 millones sin la administración paralela andaluza
Cumpliría el techo de deuda sin recortar en sanidad, educación y servicios sociales
La Junta de Andalucía puede cumplir con el nuevo tope de endeudamiento que le obliga a un recorte extra de casi 3.000 millones de euros sin detraer ni un céntimo en educación, sanidad o servicios sociales básicos. Bastaría con que el bipartito de PSOE e IU decidiera suprimir o reducir drásticamente la Administración paralela, que cada año le genera 3.321,52 millones de euros de coste.Aunque el presidente, José Antonio Griñán, auguró ayer un terrible porvenir (pronosticó el despido de uno de cada cuatro trabajadores de la Junta, además del cierre de todos los hospitales públicos andaluces y de la mitad de los colegios), el recorte extra derivado de la reducción del límite de endeudamiento del 15,1% al 13,2% del PIB podría realizarse sin afectar a los servicios básicos.
Eso sí, la línea de puntos a seguir para el recorte dejaría considerablemente mermada la Administración paralela de la Junta, una opción que nunca ha sido contemplada por el Gobierno andaluz. De hecho, en la pasada legislatura el PSOE aprobó la polémica Ley de Reordenación del Sector Público, que supuso la absorción de los más de 20.000 trabajadores pertenecientes al entramado empresarial y de agencias y fundaciones de la Junta, un hecho que provocó multitudinarias manifestaciones e innumerables recursos judiciales de los funcionarios de carrera, por «funcionarizarse» a los «enchufados del PSOE».
Pero no sólo queda margen de ahorro en la Administración paralela. Griñán tiene encima de la mesa el plan para ahorrar 1.000 millones de euros en gasto corriente que le ofreció el pasado 23 de julio el nuevo líder del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido. Aparte de la «racionalización» del sector público, se planteaban medidas como la reducción a la mitad del personal de confianza, la eliminación de los privilegios a los altos cargos (desde las ayudas para alquiler de vivienda a las cesantías) o prescindir de la mitad de los coches oficiales.
Pero Griñán no está por la labor de seguir eliminando prebendas políticas tras rebajarse el sueldo. «Podemos seguir jugando con el número de altos cargos o de coches oficiales, pero eso, al final, se transforma en un esfuerzo ímprobo de 50 millones, no más. ¿Y eso qué es cuando estamos hablando de 3.000 o 4.000 millones? Estamos hablando de cosas serias», dijo ayer.
Más opciones para recortar salvaguardando servicios públicos esenciales: eliminar las subvenciones a los agentes sociales. En la pasada legislatura, por ejemplo, la Junta concedió dio ayudas a UGT y CCOO de al menos 268,6 millones de euros, en gran medida en cumplimiento del VII Acuerdo de Concertación Social, que expira el año que viene. Para entonces se calcula que Andalucía llevará gastado en estos acuerdos, aprobados desde 1993, 128.000 millones de euros.
De ese enorme pastel también recibe una generosa porción la patronal. Su líder, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Santiago Herrero, es una de las poquísimas voces que se han alzado para reclamar a PSOE e IU la eliminación de las empresas públicas de la Administración paralela, una medida que considera «esencial» porque muchas «compiten» con el sector privado.
Entes 'intocables' por el Estatuto
La reforma del Estatuto de Autonomía andaluz no sólo blindó a la totalidad de las instituciones de la Junta, sino también a Canal Sur o a los derechos educativos reconocidos. Lo recordó ayer el presidente de la Junta, José Antonio Griñán: «El Estatuto te encomienda una serie de funciones, incluso tener una televisión pública o la gratuidad de los libros de texto, y son temas que hay que cumplir», sostuvo. El Gobierno andaluz transfiere este año 122 millones de euros a la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), igual que se gasta seis millones en mantener el Consejo Audiovisual andaluz, sólo suprimible con una nueva reforma estatutaria. El PP admite que el límite de la legalidad del Estatuto andaluz no es rebasable y aboga por reducir el presupuesto de algunos entesAndalucía da luz verde hoy a otro recurso al Constitucional
«Me da lo mismo quién ejerza las competencias de educación»
«Es un ataque clarísimo a los intereses de Andalucía que no vamos a consentir». Dicho y hecho: hoy mismo, José Antonio Griñán presidirá una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno andaluz para autorizar a los servicios jurídicos de la Junta a presentar «todos los recursos por vía contenciosa y constitucional» contra la rebaja en el objetivo de endeudamiento andaluz acordada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). El argumento es que «supone romper la igualdad de todos los españoles».Griñán considera que reducir a la Junta el techo de deuda «choca contra toda lógica fundamental», y advierte de que «discriminar a Andalucía es la peor forma de defender a España». El barón socialista andaluz sospecha que le quieren hacer pagar los platos rotos por otros: «El endeudamiento del Estado ha aumentado 100.000 millones por el rescate bancario, y a mí me parece que se está tratando de allegar recursos para salvar a la banca reduciéndolos de la educación y la sanidad, y es intolerable».
En este punto, el presidente andaluz sorprendió con su discurso sobre las competencias educativas: «A mí me da lo mismo quién las ejerza. Yo he dicho siempre que la clave de un país es la educación, y me da lo mismo que lo haga la Junta de Andalucía, el Estado o quien sea», aseguró Griñán. «Es la educación lo que puede hacer rico y próspero a un país, más allá de quién ejerza las competencias. Insisto: esto no es un problema de guerrear comunidades autónomas y Estado, es un problema de objetivos prioritarios, y para nosotros lo es la educación», reiteró.
Griñán aseguró que, con el nuevo techo de deuda impuesto a Andalucía, es «imposible» elaborar los presupuestos autonómicos andaluces para 2013, por lo que confía en que el Gobierno de Rajoy termine dando marcha atrás, porque «no tiene sentido, no es justo». «Una cosa es el objetivo de déficit y otra el nivel de endeudamiento, que lo aplaza de tal manera que lo convierte en superávit. Y, si en un momento de recesión, creemos que se puede tener superávit, es que nos hemos vuelto locos, a menos que se pretenda privatizar la educación, la dependencia y la sanidad».
A juicio de Griñán, la Junta estaría pagando el hecho de no estar gobernada por el PP. «Entiendo que hay dos comunidades autónomas, Andalucía y Asturias, a las que se les ha modificado el objetivo de déficit para obligarlas a un mayor recorte, y es curioso que ambas están gobernadas por socialistas», afirmó. El presidente de la Junta reveló que había mantenido dos conversaciones con el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y que éste «piensa exactamente lo mismo» que él.
Por último, volvió a descartar que «ahora mismo» Andalucía vaya a pedir el rescate con el fondo de liquidez establecido por el Gobierno, aunque denunció que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera «se incitó a las comunidades a acudir al fondo como si fuera una carrera para ver quién llega antes»
La Generalitat cumplirá el objetivo de déficit aunque lo ve «injusto»
Mas-Colell: «Prefiero explicarme y discutir con técnicos de Bruselas que de Madrid»
A la Generalitat le parece «injusto» el objetivo de déficit del 0,7% fijado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para las autonomías de cara al año que viene. No obstante, Cataluña hará todo lo posible para cumplir con ese mandato. «Estamos trabajando y haciendo los ajustes necesarios para llegar al límite de déficit del 1,5% del PIB para este ejercicio. Lo mismo haremos con el objetivo del año que viene, pese a considerarlo injusto», explican fuentes del Departamento de Economía.
El titular de la Conselleria, Andreu Mas-Colell, plantó a Montoro el martes al no acudir al Consejo General de Política Fiscal y Financiera. Además, mandó una carta al ministro en la que le exigió una «rectificación». El conseller ve ilógico que Europa haya permitido a España elevar su techo de déficit y que el Estado, en lugar de compartir ese regalo con las autonomías, «se otorgue para sí mismo todo el margen concedido por Bruselas».
Todo este embrollo se ha producido una semana después de que trascendiese que Cataluña pedirá su rescate al Estado, acogiéndose al fondo de liquidez autonómica, que el Gobierno central ha creado y ha dotado con 18.000 millones de euros para que las autonomías que no llegan a fin de mes, como es el caso de la catalana, puedan disponer de efectivo.
El portavoz del Govern, Francisco Homs, ha mantenido a lo largo de toda esta semana que acogerse al fondo no es sinónimo de rescate y que, para Cataluña, dar ese paso no implicará nuevos lastres, pues no existe diferencia entre este mecanismo y los anteriores créditos ICO, de los que la Generalitat hizo uso en su momento.
Pero el Departamento de Economía ha elaborado un cuadro comparativo de lo que suponen los créditos ICO en relación al fondo de liquidez autonómica. De este documento se desprende que «muchos de los requisitos que establece el fondo, en la práctica, ya eran necesarios para acceder a las otras líneas ICO, en aplicación del principio de prudencia financiera, pese a que no quedaban recogidos en la normativa».
No obstante, el cuadro desvela que, al acogerse al fondo, la Generalitat estará mucho más vigilada por el Estado. Por ejemplo, con los créditos ICO, la evaluación del plan de ajuste por parte del Ministerio era trimestral. Con el fondo, pasará a ser permanente.
Además, la adhesión al fondo obligará a la Generalitat a remitir mensualmente información sobre el cumplimiento del plan de ajuste y los nuevos tramos de préstamo estarán condicionados al cumplimiento de ese plan. Pero la medida más contundente es la que posibilita que el Estado envíe a Cataluña una misión de control.
Mas-Colell ha dejado claro que esa situación no le agradaría: «Prefiero explicarme y discutir con técnicos de Bruselas que de Madrid. Al menos, tienen una visión más global de la situación y no tienen necesariamente los instintos recentralizadores que a menudo encuentras en los que provienen del Estado».
JAVIER OMS BARCELONA
02/08/2012 ESPAÑA
La televisión pública catalana (TV3) se ha sumado al carro de los impagos que están protagonizando casi todos los estamentos de la Generalitat a cuenta de la falta de liquidez. El canal autonómico envió ayer una carta a todos sus proveedores en la que les anuncia que no va a poder afrontar el pago de sus servicios correspondientes a los meses de julio y agosto, comprometiéndose a saldar sus deudas «cuando la disponibilidad de tesorería nos los permita».
La carta, a la que ha tenido acceso este diario, está fechada el 31 de julio, aunque no fue recibida por decenas de empresas hasta ayer, día en el que esperaban precisamente recibir el pago. La misiva, firmada por el director económico de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), Joan Bosch Rovira, escuda el impago tras «los recientes problemas de tesorería de la Generalitat, la CCMA y sus empresas filiales». Una situación que les ha dejado sin la liquidez «necesaria para asumir (como siempre hemos hecho) todos nuestros compromisos de pago previstos».
Un portavoz de TV3 aseguró ayer que la medida afectará al abono de facturas por la compra de todo tipo de material destinado a las «actividades diarias», así como a arreglos informáticos, reparaciones eléctricas y pequeñas producciones audiovisuales, que requiere para su buen funcionamiento un ente que cuenta con siete canales.
La deuda excluye, según las mismas fuentes, a las productoras externas que cuentan con contratos de servicio propios y que son responsables del 25% del contenido total de la programación. Desde el ente público aseguraron, asimismo, que no están en disposición de cuantificar de momento los fondos que dejarán de pagar durante los dos próximos meses.
TV3 cuenta este año con un presupuesto de 213 millones de euros -27 menos que en 2011 y casi 80 menos que hace dos años- y una plantilla total en la CCMA de unos 2.100 trabajadores. Precisamente la plantilla es el próximo gran objetivo de los tijeretazos. Este mismo año se acaba el actual convenio, por lo que la empresa quiere aprovechar para rebajar salarios, además de no descartar que haya un ERE en 2013.
J. O. BARCELONA
02/08/2012 ESPAÑA
A la Generalitat le parece «injusto» el objetivo de déficit del 0,7% fijado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para las autonomías de cara al año que viene. No obstante, Cataluña hará todo lo posible para cumplir con ese mandato. «Estamos trabajando y haciendo los ajustes necesarios para llegar al límite de déficit del 1,5% del PIB para este ejercicio. Lo mismo haremos con el objetivo del año que viene, pese a considerarlo injusto», explican fuentes del Departamento de Economía.El titular de la Conselleria, Andreu Mas-Colell, plantó a Montoro el martes al no acudir al Consejo General de Política Fiscal y Financiera. Además, mandó una carta al ministro en la que le exigió una «rectificación». El conseller ve ilógico que Europa haya permitido a España elevar su techo de déficit y que el Estado, en lugar de compartir ese regalo con las autonomías, «se otorgue para sí mismo todo el margen concedido por Bruselas».
Todo este embrollo se ha producido una semana después de que trascendiese que Cataluña pedirá su rescate al Estado, acogiéndose al fondo de liquidez autonómica, que el Gobierno central ha creado y ha dotado con 18.000 millones de euros para que las autonomías que no llegan a fin de mes, como es el caso de la catalana, puedan disponer de efectivo.
El portavoz del Govern, Francisco Homs, ha mantenido a lo largo de toda esta semana que acogerse al fondo no es sinónimo de rescate y que, para Cataluña, dar ese paso no implicará nuevos lastres, pues no existe diferencia entre este mecanismo y los anteriores créditos ICO, de los que la Generalitat hizo uso en su momento.
Pero el Departamento de Economía ha elaborado un cuadro comparativo de lo que suponen los créditos ICO en relación al fondo de liquidez autonómica. De este documento se desprende que «muchos de los requisitos que establece el fondo, en la práctica, ya eran necesarios para acceder a las otras líneas ICO, en aplicación del principio de prudencia financiera, pese a que no quedaban recogidos en la normativa».
No obstante, el cuadro desvela que, al acogerse al fondo, la Generalitat estará mucho más vigilada por el Estado. Por ejemplo, con los créditos ICO, la evaluación del plan de ajuste por parte del Ministerio era trimestral. Con el fondo, pasará a ser permanente.
Además, la adhesión al fondo obligará a la Generalitat a remitir mensualmente información sobre el cumplimiento del plan de ajuste y los nuevos tramos de préstamo estarán condicionados al cumplimiento de ese plan. Pero la medida más contundente es la que posibilita que el Estado envíe a Cataluña una misión de control.
Mas-Colell ha dejado claro que esa situación no le agradaría: «Prefiero explicarme y discutir con técnicos de Bruselas que de Madrid. Al menos, tienen una visión más global de la situación y no tienen necesariamente los instintos recentralizadores que a menudo encuentras en los que provienen del Estado».
TV3 deja de pagar a sus proveedores por falta de liquidez
La autonómica tiene 2.100 trabajadores que podrían sufrir un ERE durante 2013
La televisión pública catalana (TV3) se ha sumado al carro de los impagos que están protagonizando casi todos los estamentos de la Generalitat a cuenta de la falta de liquidez. El canal autonómico envió ayer una carta a todos sus proveedores en la que les anuncia que no va a poder afrontar el pago de sus servicios correspondientes a los meses de julio y agosto, comprometiéndose a saldar sus deudas «cuando la disponibilidad de tesorería nos los permita».
La carta, a la que ha tenido acceso este diario, está fechada el 31 de julio, aunque no fue recibida por decenas de empresas hasta ayer, día en el que esperaban precisamente recibir el pago. La misiva, firmada por el director económico de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), Joan Bosch Rovira, escuda el impago tras «los recientes problemas de tesorería de la Generalitat, la CCMA y sus empresas filiales». Una situación que les ha dejado sin la liquidez «necesaria para asumir (como siempre hemos hecho) todos nuestros compromisos de pago previstos».
Un portavoz de TV3 aseguró ayer que la medida afectará al abono de facturas por la compra de todo tipo de material destinado a las «actividades diarias», así como a arreglos informáticos, reparaciones eléctricas y pequeñas producciones audiovisuales, que requiere para su buen funcionamiento un ente que cuenta con siete canales.
La deuda excluye, según las mismas fuentes, a las productoras externas que cuentan con contratos de servicio propios y que son responsables del 25% del contenido total de la programación. Desde el ente público aseguraron, asimismo, que no están en disposición de cuantificar de momento los fondos que dejarán de pagar durante los dos próximos meses.
TV3 cuenta este año con un presupuesto de 213 millones de euros -27 menos que en 2011 y casi 80 menos que hace dos años- y una plantilla total en la CCMA de unos 2.100 trabajadores. Precisamente la plantilla es el próximo gran objetivo de los tijeretazos. Este mismo año se acaba el actual convenio, por lo que la empresa quiere aprovechar para rebajar salarios, además de no descartar que haya un ERE en 2013.
Cataluña no abona 50 millones para dependientes y menores
El Gobierno comienza a aplicar el copago decretado por Mato
A la espera de que la Generalitat de Cataluña cuantifique el dinero que ha dejado de ingresar este julio en cientos de centros concertados de atención a personas dependientes, está siendo el mismo sector el que ha comenzado a esgrimir los números como parte de su campaña de reivindicación.
Así, según la Asociación Catalana de Directores de Centros Gerontológicos (Ascad), la Generalitat dejará de pagar este mes hasta 28 millones de euros destinados a la atención de 23.388 dependientes repartidos en centros de toda la comunidad. A ellos cabe sumar los aproximadamente 18 millones -según cálculos de este medio partiendo de aportaciones mensuales a centros adscritos a la Generalitat- que no recibirá la atención a menores que están bajo tutela pública.
El Govern, eso sí, ha solventado in extremis uno de los episodios más espinosos como el del impago de nóminas en la salud pública y concertada. Según anunció ayer el consejero de Salud, Boi Ruiz, todos los empleados de dichos centros han cobrado sus salarios después de cumplir con el pago de los 345 millones que cuestan los conciertos sanitarios mensualmente.
El calvario social y sanitario catalán coincide, además, con la aplicación del copago farmacéutico decretado por el Gobierno y que, aunque con un mes de retraso en comparación con el resto de España, comenzó a cobrarse ayer. La nueva tasa se suma, además, al euro por receta que desde junio abonan los catalanes en las farmacias y que ha reportado, en poco más de un mes, 10 millones a las arcas públicas, según informó ayer Ruiz.
MADRID
02/08/2012 ESPAÑA
GALICIA. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, calificó de «inútil» y «grave decisión» el comportamiento de Cataluña y Andalucía. «Es el peor servicio al Estado autonómico y yo soy un defensor del mismo», afirmó.
VALENCIA. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, pidió a Cataluña y Andalucía que sean «responsables» porque «nadie va a salir por sí solo de la crisis» y llamó a un esfuerzo «conjunto».
EXTREMADURA. El consejero de economía extremeño, Antonio Fernández, afirmó que «no tiene ningún motivo de queja» en relación con el objetivo marcado para su comunidad.
LA RIOJA. La consejera de Administración Pública y Hacienda, Concepción Arruga, considera justo el ajuste individual de los objetivos porque «la situación de partida de las distintas comunidades autónomas es muy diferente».
ASTURIAS. «Yo consideré que mi obligación era quedarme y mostré mi rechazo a la propuesta del Gobierno central con mi voto en contra», dijo la consejera de Hacienda y Sector Público de Asturias, Dolores Carcedo. Asimismo, afirmó que va a cumplir con los objetivos.
CANARIAS. El presidente, Paulino Rivero, afirmó que el Gobierno central «estrangula, asfixia y maltrata» a las islas con el objetivo de endeudamiento que obliga al archipiélago a un recorte de 120 millones de euros en sus cuentas
LUIS ÁNGEL SANZ MADRID
02/08/2012 ESPAÑA
A la espera de que la Generalitat de Cataluña cuantifique el dinero que ha dejado de ingresar este julio en cientos de centros concertados de atención a personas dependientes, está siendo el mismo sector el que ha comenzado a esgrimir los números como parte de su campaña de reivindicación.
Así, según la Asociación Catalana de Directores de Centros Gerontológicos (Ascad), la Generalitat dejará de pagar este mes hasta 28 millones de euros destinados a la atención de 23.388 dependientes repartidos en centros de toda la comunidad. A ellos cabe sumar los aproximadamente 18 millones -según cálculos de este medio partiendo de aportaciones mensuales a centros adscritos a la Generalitat- que no recibirá la atención a menores que están bajo tutela pública.
El Govern, eso sí, ha solventado in extremis uno de los episodios más espinosos como el del impago de nóminas en la salud pública y concertada. Según anunció ayer el consejero de Salud, Boi Ruiz, todos los empleados de dichos centros han cobrado sus salarios después de cumplir con el pago de los 345 millones que cuestan los conciertos sanitarios mensualmente.
El calvario social y sanitario catalán coincide, además, con la aplicación del copago farmacéutico decretado por el Gobierno y que, aunque con un mes de retraso en comparación con el resto de España, comenzó a cobrarse ayer. La nueva tasa se suma, además, al euro por receta que desde junio abonan los catalanes en las farmacias y que ha reportado, en poco más de un mes, 10 millones a las arcas públicas, según informó ayer Ruiz.
Feijóo: «Es el peor servicio al Estado autonómico»
Las comunidades gobernadas por el PP cerraron filas ayer con el Ejecutivo y criticaron el plante de Cataluña y Andalucía, mientras que Asturias y Canarias justificaron su voto en contra del techo de gasto.GALICIA. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, calificó de «inútil» y «grave decisión» el comportamiento de Cataluña y Andalucía. «Es el peor servicio al Estado autonómico y yo soy un defensor del mismo», afirmó.
VALENCIA. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, pidió a Cataluña y Andalucía que sean «responsables» porque «nadie va a salir por sí solo de la crisis» y llamó a un esfuerzo «conjunto».
EXTREMADURA. El consejero de economía extremeño, Antonio Fernández, afirmó que «no tiene ningún motivo de queja» en relación con el objetivo marcado para su comunidad.
LA RIOJA. La consejera de Administración Pública y Hacienda, Concepción Arruga, considera justo el ajuste individual de los objetivos porque «la situación de partida de las distintas comunidades autónomas es muy diferente».
ASTURIAS. «Yo consideré que mi obligación era quedarme y mostré mi rechazo a la propuesta del Gobierno central con mi voto en contra», dijo la consejera de Hacienda y Sector Público de Asturias, Dolores Carcedo. Asimismo, afirmó que va a cumplir con los objetivos.
CANARIAS. El presidente, Paulino Rivero, afirmó que el Gobierno central «estrangula, asfixia y maltrata» a las islas con el objetivo de endeudamiento que obliga al archipiélago a un recorte de 120 millones de euros en sus cuentas
El PSOE acusa a Montoro de cambiar criterios para perjudicar a sus CCAA
Rubalcaba exige su comparecencia y dice que les forzará a «cerrar hospitales y escuelas»
El Partido Socialista, con su líder, Alfredo Pérez Rubalcaba, a la cabeza, acusó ayer al Gobierno y al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de haber cambiado criterios de financiación autonómica en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del martes para perjudicar a las comunidades gobernadas por el PSOE, y especialmente a Andalucía y Asturias.
La primera en lanzar la acusación de forma velada fue la número dos socialista, Elena Valenciano. En una entrevista en la cadena Ser, aseguró que el nuevo baremo para fijar un techo de deuda a las comunidades «favorece bastante a las autonomías del PP». «Aquí hay gato encerrado», dijo.
Rubalcaba fue después más explícito en la sede federal del PSOE, donde afirmó que el cambio de criterio de Hacienda perjudica especialmente a «las que están gobernadas por el PSOE, ¡qué casualidad!»
El secretario general del PSOE no explicó en qué basaba exactamente su acusación y emplazó a un posterior detalle estadístico contenido en un gráfico. Sin embargo, los datos que envió el PSOE reflejaban el techo de deuda de cada comunidad, del que ya informó también el Ministerio.
Rubalcaba explicó que ese nuevo criterio de techo de deuda «sorpresivo», «discriminatorio» e «injusto» perjudicará a las regiones que tienen una deuda de menos del 16% del PIB. Según argumentó, «no puede ser que las que mejor han gestionado tengan ahora menos margen de maniobra y las que han gestionado peor tengan un mejor trato».
Efectivamente, Andalucía y Asturias tienen deudas inferiores al 16% (9,8% y 9,1%, respectivamente). Pero ocurre lo mismo con al menos ocho comunidades gobernadas por el PP: Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia.
Sin embargo, Rubalcaba insistió en que «las comunidades peor paradas» y las que tendrán que aplicar «los ajustes más brutales» son las dos citadas. Por eso, el PSOE pidió ayer la comparecencia en el Congreso del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, para que lo explique.
«Por vía de la deuda se hace un ajuste presupuestario brutal», dijo Rubalcaba en rueda de prensa tras reunirse con los responsables de función pública de UGT, CCOO y CSIF, «un ajuste dramático para la vida de los ciudadanos que se traducirá en cierre de hospitales y escuelas» y en «menos maestros y menos médicos». «No sé qué intención política hay detrás de ello», añadió. Además, este ajuste «se impone por el método del ordeno y mando», criticó.
El PSOE, como explicó Rubalcaba, va a respaldar todas las medidas que adopten desde ahora los ejecutivos de Andalucía, el País Vasco, Asturias y Canarias -en esta última comunidad gobierna en coalición con CC-. Entre esas medidas, el recurso de inconstitucionalidad que el presidente andaluz, José Antonio Griñán, ha anunciado.
El secretario general socialista aseguró que Montoro citó a los consejeros para «dictarles instrucciones», no para discutir y acordar con ellos cómo se afronta el objetivo de déficit, que no ha sido puesto en duda por los socialistas.
«Si en siete meses hemos hecho algo es perder confianza a chorros porque no se cuenta con nadie», concluyó; «un país con esta crisis debe tener un gobierno capaz de unir y no de fragmentar. El Gobierno lo está haciendo muy mal, cada día peor».
ROBERTO BENITO MADRID
02/08/2012 ESPAÑA
El Partido Socialista, con su líder, Alfredo Pérez Rubalcaba, a la cabeza, acusó ayer al Gobierno y al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de haber cambiado criterios de financiación autonómica en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del martes para perjudicar a las comunidades gobernadas por el PSOE, y especialmente a Andalucía y Asturias.La primera en lanzar la acusación de forma velada fue la número dos socialista, Elena Valenciano. En una entrevista en la cadena Ser, aseguró que el nuevo baremo para fijar un techo de deuda a las comunidades «favorece bastante a las autonomías del PP». «Aquí hay gato encerrado», dijo.
Rubalcaba fue después más explícito en la sede federal del PSOE, donde afirmó que el cambio de criterio de Hacienda perjudica especialmente a «las que están gobernadas por el PSOE, ¡qué casualidad!»
El secretario general del PSOE no explicó en qué basaba exactamente su acusación y emplazó a un posterior detalle estadístico contenido en un gráfico. Sin embargo, los datos que envió el PSOE reflejaban el techo de deuda de cada comunidad, del que ya informó también el Ministerio.
Rubalcaba explicó que ese nuevo criterio de techo de deuda «sorpresivo», «discriminatorio» e «injusto» perjudicará a las regiones que tienen una deuda de menos del 16% del PIB. Según argumentó, «no puede ser que las que mejor han gestionado tengan ahora menos margen de maniobra y las que han gestionado peor tengan un mejor trato».
Efectivamente, Andalucía y Asturias tienen deudas inferiores al 16% (9,8% y 9,1%, respectivamente). Pero ocurre lo mismo con al menos ocho comunidades gobernadas por el PP: Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia.
Sin embargo, Rubalcaba insistió en que «las comunidades peor paradas» y las que tendrán que aplicar «los ajustes más brutales» son las dos citadas. Por eso, el PSOE pidió ayer la comparecencia en el Congreso del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, para que lo explique.
«Por vía de la deuda se hace un ajuste presupuestario brutal», dijo Rubalcaba en rueda de prensa tras reunirse con los responsables de función pública de UGT, CCOO y CSIF, «un ajuste dramático para la vida de los ciudadanos que se traducirá en cierre de hospitales y escuelas» y en «menos maestros y menos médicos». «No sé qué intención política hay detrás de ello», añadió. Además, este ajuste «se impone por el método del ordeno y mando», criticó.
El PSOE, como explicó Rubalcaba, va a respaldar todas las medidas que adopten desde ahora los ejecutivos de Andalucía, el País Vasco, Asturias y Canarias -en esta última comunidad gobierna en coalición con CC-. Entre esas medidas, el recurso de inconstitucionalidad que el presidente andaluz, José Antonio Griñán, ha anunciado.
El secretario general socialista aseguró que Montoro citó a los consejeros para «dictarles instrucciones», no para discutir y acordar con ellos cómo se afronta el objetivo de déficit, que no ha sido puesto en duda por los socialistas.
«Si en siete meses hemos hecho algo es perder confianza a chorros porque no se cuenta con nadie», concluyó; «un país con esta crisis debe tener un gobierno capaz de unir y no de fragmentar. El Gobierno lo está haciendo muy mal, cada día peor».
Rajoy introduce el déficit entre los riesgos para la seguridad nacional
La Directiva de Defensa recuerda que España debe afrontar «amenazas no compartidas»
.
Por primera vez, el Gobierno ha introducido el déficit público entre los principales riesgos para la seguridad nacional, y la lucha contra él, como uno de los principales objetivos para asegurar la defensa frente a las amenazas exteriores de España.
La crisis económica y sus consecuencias figuran así en un lugar privilegiado en la nueva Directiva de Defensa, firmada por Mariano Rajoy el martes por la tarde y que ayer fue presentada por Pedro Morenés.
Lo hace de forma inédita, porque nunca la situación económica había estado entre los riesgos que deben afrontar las Fuerzas Armadas. En la última Directiva de Defensa, aprobada por Zapatero en diciembre de 2008, ni siquiera se mencionaba la crisis, a pesar de que España ya estaba en recesión.
El documento se hace así eco de la delicada situación de las Fuerzas Armadas, afectadas por un lustro continuado de restricciones presupuestarias derivadas del elevado déficit y que están a punto de empezar a perder capacidades necesarias para garantizar la seguridad del país, según ha advertido la cúpula militar.
En este sentido, la Directiva pone límites a los recortes en Defensa, al establecer que «España debe estar preparada para hacer frente a los riesgos» y que se debe asegurar un país «fuerte que permita mantener la influencia necesaria en el contexto internacional».
Hay, igualmente, advertencias. Algunas genéricas, como «el impacto negativo de la crisis en las capacidades defensivas», pero otras más concretas, como cuando el documento recuerda que España tiene «amenazas no compartidas» con sus aliados que debe afrontar por sí misma.
Más aún, se explica el viraje de la política de EEUU desde el Atlántico hacia el Pacífico, que inevitablemente obligará a las naciones europeas a aumentar sus esfuerzos en Defensa si quieren mantener la influencia internacional de la que han disfrutado hasta ahora.
Durante la presentación, Morenés incidió en este asunto -«la seguridad requiere recursos», «las restricciones en Defensa son una amenaza»-, pero, dado que parece inevitable que en los próximos presupuestos vuelva a haber recortes, terminó haciendo un ejercicio de realismo y prometió «hacer con lo que tengamos la mejor defensa para España».
Como se recoge en la Directiva, lo que está elaborando el Ministerio es un «replanteamiento del diseño de sus estructuras», que según informaron fuentes militares pasará principalmente por eliminar alguna brigada y unificar ciertas unidades.
En un plano más convencional, la Directiva define los escenarios con más riesgos para España y constata «el incremento de la inestabilidad en nuestro contexto más cercano», en referencia a la Primavera Árabe -que «puede salir bien o mal», dijo Morenés-, a Siria y al aumento del terrorismo en el Sahel. En el texto no hay ninguna referencia a Afganistán, el principal despliegue en el exterior de la última década, del que se retirarán las tropas esta legislatura.
. Por primera vez, el Gobierno ha introducido el déficit público entre los principales riesgos para la seguridad nacional, y la lucha contra él, como uno de los principales objetivos para asegurar la defensa frente a las amenazas exteriores de España.
La crisis económica y sus consecuencias figuran así en un lugar privilegiado en la nueva Directiva de Defensa, firmada por Mariano Rajoy el martes por la tarde y que ayer fue presentada por Pedro Morenés.
Lo hace de forma inédita, porque nunca la situación económica había estado entre los riesgos que deben afrontar las Fuerzas Armadas. En la última Directiva de Defensa, aprobada por Zapatero en diciembre de 2008, ni siquiera se mencionaba la crisis, a pesar de que España ya estaba en recesión.
El documento se hace así eco de la delicada situación de las Fuerzas Armadas, afectadas por un lustro continuado de restricciones presupuestarias derivadas del elevado déficit y que están a punto de empezar a perder capacidades necesarias para garantizar la seguridad del país, según ha advertido la cúpula militar.
En este sentido, la Directiva pone límites a los recortes en Defensa, al establecer que «España debe estar preparada para hacer frente a los riesgos» y que se debe asegurar un país «fuerte que permita mantener la influencia necesaria en el contexto internacional».
Hay, igualmente, advertencias. Algunas genéricas, como «el impacto negativo de la crisis en las capacidades defensivas», pero otras más concretas, como cuando el documento recuerda que España tiene «amenazas no compartidas» con sus aliados que debe afrontar por sí misma.
Más aún, se explica el viraje de la política de EEUU desde el Atlántico hacia el Pacífico, que inevitablemente obligará a las naciones europeas a aumentar sus esfuerzos en Defensa si quieren mantener la influencia internacional de la que han disfrutado hasta ahora.
Durante la presentación, Morenés incidió en este asunto -«la seguridad requiere recursos», «las restricciones en Defensa son una amenaza»-, pero, dado que parece inevitable que en los próximos presupuestos vuelva a haber recortes, terminó haciendo un ejercicio de realismo y prometió «hacer con lo que tengamos la mejor defensa para España».
Como se recoge en la Directiva, lo que está elaborando el Ministerio es un «replanteamiento del diseño de sus estructuras», que según informaron fuentes militares pasará principalmente por eliminar alguna brigada y unificar ciertas unidades.
En un plano más convencional, la Directiva define los escenarios con más riesgos para España y constata «el incremento de la inestabilidad en nuestro contexto más cercano», en referencia a la Primavera Árabe -que «puede salir bien o mal», dijo Morenés-, a Siria y al aumento del terrorismo en el Sahel. En el texto no hay ninguna referencia a Afganistán, el principal despliegue en el exterior de la última década, del que se retirarán las tropas esta legislatura.
posted by e-pesimo | 08:14
Links to this post:
Crear un enlace
Home