EDITORIALES: Los dos frentes de un escándalo descomunal

Los dos frentes de un escándalo descomunal
.LA LECTURA de las entregas de ayer y hoy de este periódico sobre las actividades de Interligare, empresa vinculada a altos cargos de Interior, vuelve a evocar las peores pesadillas de la corrupción y la guerra sucia en el entorno de la Seguridad del Estado.Por un lado, lo publicado hasta ahora describe la existencia de una trama montada para utilizar el dinero público con fines de enriquecimiento particulares. Por otro, la información de hoy genera fundadas sospechas de que también estamos ante un caso de espionaje político.
En relación a lo primero, los testimonios de los trabajadores de Interligare no dejan lugar a dudas sobre lo sucedido: que un grupo de ex altos cargos de Interior -entre los que destaca Gabriel Fuentes, ex comisario general de Información- se aprovecharon de su relación con el entonces director general de Infraestructuras, Luis Luengo, para amañar contratos de Interior sobre proyectos de seguridad. A cambio, Interligare colocó a los hijos de Luengo y pagó cantidades no determinadas a los ex altos cargos policiales Gabriel Fuentes y Fernández Rancaño, que colaboraban en la dirección de la empresa.
La trama era tan burda que la número dos de Luengo en Infraestructuras era quien pasaba los pliegos de los concursos a los hijos de Luengo, que la consideraban una empleada más de Interligare. Es lógico pensar que si esos ex altos cargos de Interior actuaban con tanto descaro es porque estaban convencidos de su impunidad, pero, en cualquier caso, los ingredientes de tráfico de influencias, corrupción y falta de ejemplaridad de este caso no dejan de ser un motivo de vergüenza y de desmoralización social en unos momentos como los que atraviesa nuestro país.Ello plantea la pregunta de si es posible que el entonces ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, desconociera estas actividades. ¿Es creíble que el ex ministro, que siempre se ha jactado de ser una persona muy bien informada, ignorara que sus subordinados tenían una empresa que obtenía contratos de su departamento? La hipótesis de que Rubalcaba lo supiera refuerza la presunción de la Brigada de Delincuencia Económica que está investigando el asunto de que esta empresa, vinculada con multinacionales de la seguridad, realizaba trabajos sucios de espionaje. Ello explicaría por qué Interligare alquiló en febrero de 2009 dos pisos a unos pocos metros de la sede del PP en la calle Génova. Resulta difícil de creer que fuera casual la ubicación de estos locales entre la enorme oferta inmobiliaria de Madrid.
Interligare tenía acceso a la tecnología y los medios para espiar al PP y disponía del lugar adecuado, por lo que es imposible no relacionar este hecho con las denuncias de Dolores de Cospedal en agosto de 2009 de que su partido era objeto de escuchas telefónicas. Y también con la singular advertencia del propio Rubalcaba en los pasillos del Congreso al diputado popular Carlos Floriano tres meses después: «Yo oigo todo lo que tú dices». Floriano tenía un despacho en Génova.
El caso es de tal gravedad que merecería una reunión de la Diputación Permanente del Congreso para que Rubalcaba diera explicacionCON el desmantelamiento, por motivos de ahorro, de dos embajadas (Yemen y Zimbabue) y tres consulados (dos en Portugal y otro en Marruecos), el Gobierno acaba de mostrar a algunas comunidades el camino que aún se resisten a andar. Es lamentable que varios ejecutivos autonómicos estén cerrando quirófanos o hayan dejado de pagar la luz y el agua de sus instalaciones, mientras se niegan a desmontar su red en el exterior. Hace tiempo que el centenar y medio largo de embajadas autonómicas repartidas por todo el mundo superaron en número a las del Estado. Su coste para las arcas públicas es de más de 200 millones de euros al año. Si ni siquiera la situación de emergencia nacional que afronta el país obliga a redimensionar ese entramado, nacido al calor de las veleidades nacionalistas, difícilmente podrá hacerse ya en el futuroes. Pero lo esencial es que la Justicia llegue hasta el final en este asunto. Para ello es imprescindible que se resuelva pronto la cuestión de competencias suscitada por el juzgado de Aranjuez que abrió diligencias previas, pero que en noviembre del año pasado se inhibió en favor de los juzgados de Madrid. Unos hechos tan graves requieren una instrucción judicial que responda a las muchas incógnitas que rodean el caso. De momento, las peores sospechas se ciernen sobre el mismo dirigente político que encubrió los GAL y el chivatazo del Faisán. Todo tiene la marca de la casa.
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CON el desmantelamiento, por motivos de ahorro, de dos embajadas (Yemen y Zimbabue) y tres consulados (dos en Portugal y otro en Marruecos), el Gobierno acaba de mostrar a algunas comunidades el camino que aún se resisten a andar. Es lamentable que varios ejecutivos autonómicos estén cerrando quirófanos o hayan dejado de pagar la luz y el agua de sus instalaciones, mientras se niegan a desmontar su red en el exterior. Hace tiempo que el centenar y medio largo de embajadas autonómicas repartidas por todo el mundo superaron en número a las del Estado. Su coste para las arcas públicas es de más de 200 millones de euros al año. Si ni siquiera la situación de emergencia nacional que afronta el país obliga a redimensionar ese entramado, nacido al calor de las veleidades nacionalistas, difícilmente podrá hacerse ya en el futuro
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