TRATANDO DE SOLUCIONAR LA DEUDA SOCIALISTA PARA NO PERECER COMO GRECIA
Los extranjeros huyen despavoridos vendiendo 80.000 millones en deuda española
Poseen un 28% menos mientras la banca acumula un 89% más
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La deuda pública española resulta menos atractiva para los extranjeros que hace un año. La inversión que éstos han realizado en bonos españoles ha bajado en 78.168 millones, un 27,7%, en los seis primeros meses del año. Así, en manos no españolas se sitúan 203.271 millones de euros, frente a los 281.439 millones que tenían al cierre de 2011.
Según datos de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, a los que ha tenido acceso Europa Press, los inversores foráneos acumulaban al cierre del mes de junio el 35,24% de la deuda soberana española, frente al 50,48% que sumaban el año pasado.
Los mayores descensos se registraron en los meses de febrero y marzo (24.832 y 24.994 millones, respectivamente). En mayo, la caída se moderó, ya que la inversión extranjera sólo se redujo en 922 millones, aunque en junio ha vuelto a caer en 9.235 millones.
Pese a este descenso en el primer semestre, los extranjeros siguen siendo el colectivo que más deuda pública española acumula, seguidos de las entidades de crédito, que tienen el 30,90% del total.
Las entidades financieras han tenido el comportamiento contrario. Han elevado su exposición a la deuda soberana española en 83.835 millones en lo que va de año, lo que supone un 88,8%, hasta 178.213 millones.
Así, la inversión en todo tipo de deuda por parte de la banca ha vuelto a marcar un máximo histórico, al crecer en 15.954 millones tras la leve moderación de mayo, superando los registros existentes en el Tesoro.
Por su parte, las administraciones públicas, que habían acelerado su compra de deuda en mayo, la han moderado en junio en 4.064 millones y cuentan ahora con el 14,37% del total. En lo que va de año, han elevado en 13.329 millones el nivel acumulado y suman ahora 82.896 millones, frente a los 68.456 millones de cierre de 2011.
El Gobierno quiere ahorrar 2.500 millones sin la jubilación parcial
La medida, que se decidirá en el Pacto de Toledo, afecta a 130.000 trabajadores
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El Gobierno quiere poner todas las trabas posibles al adelanto de la jubilación para que la edad real de salida del mercado laboral se aproxime a la legal, los 65 años actuales.
El Ejecutivo estudia restringir las jubilaciones parciales que permiten, a las empresas, reducir los costes laborales de los trabajadores con mayor antigüedad, y, a los empleados, ir al trabajo un mes a lo largo de un año garantizándose el 100% de la pensión cuando cumplan los 65 años. Esta posibilidad, que empezó a aplicarse en 2002 y que ha sido modificada en varias ocasiones (la última vez en 2010), tiene un coste anual para la caja de las pensiones de 2.500 millones.
Además, según ha adelantado la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, también se va a incentivar aún más la continuidad en el empleo, incluso a tiempo parcial, de quienes lleguen a la edad de jubilación. En la actualidad, tienen un complemento de la pensión de un 2% según el número de años cotizados. La idea es establecer un incremento cerrado de percepción a quienes prorroguen su vida laboral.
En la actualidad hay unos 130.000 personas que se han acogido a la jubilación parcial, de ellas casi 26.000 se apuntaron en 2011. Es decir, prácticamente el 10% de todas las altas de jubilados en el último año se hicieron bajo esta modalidad parcial.
Se trata de una fórmula que, por ejemplo, permite al trabajador jubilarse de forma anticipada a partir de los 60 años (si cotizó antes de 1967) o de los 61 años (con al menos 30 años cotizaciones y seis años de antigüedad en la sociedad) pudiendo reducir su jornada laboral hasta un 85% y cobrando ese mismo porcentaje de la pensión que le corresponda a esa edad. Todo ello sin coeficientes reductores.
El otro 15% de la nómina lo abona la empresa cotizando a la Seguridad Social por este porcentaje (también el trabajador). Mientras, la sociedad deberá contratar a un trabajador a jornada completa en este supuesto (o a tiempo parcial si la reducción de jornada en inferior, como mínimo debe ser del 25%) mediante un contrato de relevo. En este supuesto, la empresa fijará condiciones salariales inferiores y se ahorrará cotizaciones.
En todo caso, se exige que el contrato de relevo sea para realizar actividades similares. Sin embargo, en muchos casos se ha empleado para sustituir a profesionales con cierta cualificación, y salario, por otros de inferior formación y remuneración.
Estos asuntos han sido objeto frecuentemente de pleitos en la magistratura entre la inspección de Trabajo y las empresas. También se ha detectado que en muchos situaciones ni siquiera el trabajador cumple ese 15% de jornada anual (que suele acumularse a veces en un mes de asistencia) o que la empresa sólo le llama para picos de producción solapando su trabajo con el trabajador que le ha relevado.
La ventaja para el trabajador que se jubila de forma parcial es que aunque sus cotizaciones se adapten al tiempo de trabajo reducido (hasta el 15%mencionado), cuando cumpla la edad legal de jubilación, los 65 años, la Seguridad Social le reconocerá cotizaciones equivalentes a la jornada completa. Por tanto, podrá recibir el 100% de la pensión que le correspondería si no se hubiera jubilado parcialmente.
El coste medio para la de esta modalidad es de unos 100.000 euros por persona. Y obviamente son los trabajadores con 60 y 61 los que más utilizan esta fórmula, que también potencian las empresas para aligerar sus plantillas (incluso figura en muchos convenios) a bajo coste (no existe indemnización alguna).
Por ejemplo, en 2011, la mitad de los casi 26.000 empleados que utilizaron esta modalidad tenían 60 años (con una media de 40 años cotizados) con una jornada media de trabajo del 18%.
¿Qué cambios se estudian? El Gobierno considera que el diseño actual de las condiciones de acceso a esta jubilación parcial «es poco coherente» con el objetivo de alargamiento de la vida activa que se contempla en el pacto de Toledo o incluso en las recomendaciones de Bruselas.
Según las fuentes consultadas, «este diseño facilita comportamientos oportunistas» de empresarios y de trabajadores de mayor edad. Por ello, las primeras propuestas de modificación para recortar estos chollos van desde elevar la edad desde los 61 a 63 años ya en 2013, en coherencia con el alargamiento de la vida activa que entra en vigor este año con la nueva reformas de las pensiones.
También se podría aumentar el límite mínimo de jornada laboral desde ese 25% hasta al menos el 50% (aumentaría además la recaudación). Otra posibilidad sería aplicar a esta jubilación parcial los coeficientes reductores vigentes por anticipo de edad de jubilación (entre el 6,5% y 7,5% anual a partir de 2013). En este caso, supondría reducir la pensión en función de los años de anticipo desincentivando el abandono temprano de la vida activa. El ahorro estimado de esta racionalización es de unos 115 millones en 2013 y más de 340 en 2014.
En cualquier caso, en fuentes del Gobierno se reconoce que, dada la situación de las arcas de la Seguridad Social, tampoco se descarta la posibilidad de una supresión temporal, de unos dos años, de esta modalidad.
La recesión se tragará el alza de ingresos por IVA
Un estudio limita a algo más de 6.600 millones el aumento de la recaudación
. La subida del IVA no parece llevar camino de solucionar los problemas de recaudación de la economía nacional. El Gobierno anunció un aumento de la recaudación prevista de 10.000 millones anuales a partir del momento en el que la subida del impuesto afectase al ejercicio completo (a partir de 2013). 10.000 millones totalmente necesarios para cuadrar el plan de reconducción del déficit de 56.000 millones en dos años. Pero los cálculos realizados por analistas independientes consideran esa estimación excesivamente optimista.
Las previsiones privadas limitan a poco más de 6.600 millones el efecto total de la subida de tres puntos en el tramo general del IVA (hasta el 21%), de dos en el reducido (hasta el 10%) y los desplazamientos de distintos bienes desde tipos inferiores del impuesto hasta los más elevados.
Ésta es, de hecho, la principal conclusión a la que llega el estudio recién realizado por el catedrático de la Universidad Complutense José Félix Sanz y el profesor de la Rey Juan Carlos Desiderio Romero-Jordán. Un estudio que aclara que los hogares, responsables del 75% del pago final de este impuesto, asumirán un incremento anual real del pago fiscal de 5.010,5 millones, mientras que las empresas y la Administración, que asumen el resto, elevarán la cifra total hasta los 6.680,7 millones de euros anuales.
El informe explica estas cifras. «Por lo que respecta a los hogares, los resultados muestran que la reforma de IVA aumentaría la recaudación un 14,387%, equivalente a 5.329,8 millones de euros anuales», pero «los cambios en los precios relativos de los bienes alteran las decisiones de consumo de los hogares de modo que les lleva a consumir más de unos bienes y menos de otros. Por este motivo, la reforma tiene un impacto negativo sobre los impuestos especiales cuya recaudación disminuye en términos anuales en 319,3 millones de Euros (-2,243%)». Factor por el que los dos expertos rebajan «el impacto recaudatorio total de la reforma de IVA sobre los hogares a 5.010,5 millones de euros anuales».
La segunda parte del cálculo es la que se refiere al esfuerzo que recae sobre empresas y Administración. «Asumiendo que el patrón de consumo de estos tres agentes permanece constante, el impacto total esperado de la reforma será en términos de recaudación anual de 6.680,7 millones de euros». Ambos profesores aclaran que «en ausencia de comportamiento, la recaudación total habría sido de 7.445,6 millones de euros (5.584,2 millones de euros de los hogares). Es decir, no tener en cuenta la respuesta del consumo de los hogares a los cambios de precios relativos inducidos por el aumento del IVA genera una sobreestimación recaudatoria de 845 millones de euros, que es probablemente lo que ha sucedido a algunas cifras oficiales publicadas recientemente».
Pero lo cierto es que incluso la estimación de 6.680,7 millones podría llegar a ser optimista dependiendo de la respuesta que tenga la economía al desincentivo que provoca una subida de impuestos de esta magnitud.
Los propios expertos lanzan una advertencia más en su estudio y señalan que, pese a las cautelas adoptadas en la elaboración de los cálculos, «las cifras finales de recaudación incluso podrían llegar a ser ligeramente inferiores, si a lo largo del año se producen cambios significativos en las variables que afectan a la renta disponible de los consumidores como el salario medio, la tasa de paro, la tasa de ahorro, las expectativas de los agentes económicos, sin olvidar tampoco la predisposición al fraude», fruto, precisamente de la propia subida del IVA.
Los investigadores también destacan que la medida fiscal se topará «con el inconveniente de que hace algo más de seis meses el Gobierno optó por un incremento de los tipos marginales en el IRPF. Sin revisar previamente aquella fuerte elevación de tipos marginales, el requerido incremento de la carga fiscal por IVA se encuentra francamente limitado. Los ingresos generados por este tributo cayeron durante el primer cuatrimestre de 2012 un 7,2%. Esta caída es, en buena medida, consecuencia de la crisis económica y de la propia subida de tipos marginales».
El estudio de los dos profesores tumba otro de los mitos mantenidos por los políticos de forma habitual. Así, tanto el PSOE como el PP, han defendido la necesidad de subir prioritariamente el IRPF porque el IVA «afecta por igual a ricos y pobres» y, según sus planteamientos, se convierte, en consecuencia, en un impuesto más injusto.
El estudio demuestra que el patrón de consumo propio de cada tipo de renta hace que los trabajadores de rentas más bajas vayan a asumir un incremento anual del pago del impuesto de 94,9 euros, los de rentas medias, de 278,6 euros y los de ingresos más elevados, de 866,4 euros. El resultado será una subida media de los impuestos indirectos de 356,8 euros por hogar y año siendo el incremento porcentual del 10,13%.
«Se puede decir, por tanto, que la subida aprobada combinada con la forma concreta en que se distribuye el gasto en España hace que este incremento impositivo se pueda calificar de proporcional. Es decir, se puede afirmar que, contrariamente a la percepción generalizada, la subida aprobada en el IVA no es especialmente regresiva en términos distributivos», concluye el estudio
. La subida del IVA no parece llevar camino de solucionar los problemas de recaudación de la economía nacional. El Gobierno anunció un aumento de la recaudación prevista de 10.000 millones anuales a partir del momento en el que la subida del impuesto afectase al ejercicio completo (a partir de 2013). 10.000 millones totalmente necesarios para cuadrar el plan de reconducción del déficit de 56.000 millones en dos años. Pero los cálculos realizados por analistas independientes consideran esa estimación excesivamente optimista.
Las previsiones privadas limitan a poco más de 6.600 millones el efecto total de la subida de tres puntos en el tramo general del IVA (hasta el 21%), de dos en el reducido (hasta el 10%) y los desplazamientos de distintos bienes desde tipos inferiores del impuesto hasta los más elevados.
Ésta es, de hecho, la principal conclusión a la que llega el estudio recién realizado por el catedrático de la Universidad Complutense José Félix Sanz y el profesor de la Rey Juan Carlos Desiderio Romero-Jordán. Un estudio que aclara que los hogares, responsables del 75% del pago final de este impuesto, asumirán un incremento anual real del pago fiscal de 5.010,5 millones, mientras que las empresas y la Administración, que asumen el resto, elevarán la cifra total hasta los 6.680,7 millones de euros anuales.
El informe explica estas cifras. «Por lo que respecta a los hogares, los resultados muestran que la reforma de IVA aumentaría la recaudación un 14,387%, equivalente a 5.329,8 millones de euros anuales», pero «los cambios en los precios relativos de los bienes alteran las decisiones de consumo de los hogares de modo que les lleva a consumir más de unos bienes y menos de otros. Por este motivo, la reforma tiene un impacto negativo sobre los impuestos especiales cuya recaudación disminuye en términos anuales en 319,3 millones de Euros (-2,243%)». Factor por el que los dos expertos rebajan «el impacto recaudatorio total de la reforma de IVA sobre los hogares a 5.010,5 millones de euros anuales».
La segunda parte del cálculo es la que se refiere al esfuerzo que recae sobre empresas y Administración. «Asumiendo que el patrón de consumo de estos tres agentes permanece constante, el impacto total esperado de la reforma será en términos de recaudación anual de 6.680,7 millones de euros». Ambos profesores aclaran que «en ausencia de comportamiento, la recaudación total habría sido de 7.445,6 millones de euros (5.584,2 millones de euros de los hogares). Es decir, no tener en cuenta la respuesta del consumo de los hogares a los cambios de precios relativos inducidos por el aumento del IVA genera una sobreestimación recaudatoria de 845 millones de euros, que es probablemente lo que ha sucedido a algunas cifras oficiales publicadas recientemente».
Pero lo cierto es que incluso la estimación de 6.680,7 millones podría llegar a ser optimista dependiendo de la respuesta que tenga la economía al desincentivo que provoca una subida de impuestos de esta magnitud.
Los propios expertos lanzan una advertencia más en su estudio y señalan que, pese a las cautelas adoptadas en la elaboración de los cálculos, «las cifras finales de recaudación incluso podrían llegar a ser ligeramente inferiores, si a lo largo del año se producen cambios significativos en las variables que afectan a la renta disponible de los consumidores como el salario medio, la tasa de paro, la tasa de ahorro, las expectativas de los agentes económicos, sin olvidar tampoco la predisposición al fraude», fruto, precisamente de la propia subida del IVA.
Los investigadores también destacan que la medida fiscal se topará «con el inconveniente de que hace algo más de seis meses el Gobierno optó por un incremento de los tipos marginales en el IRPF. Sin revisar previamente aquella fuerte elevación de tipos marginales, el requerido incremento de la carga fiscal por IVA se encuentra francamente limitado. Los ingresos generados por este tributo cayeron durante el primer cuatrimestre de 2012 un 7,2%. Esta caída es, en buena medida, consecuencia de la crisis económica y de la propia subida de tipos marginales».
El estudio de los dos profesores tumba otro de los mitos mantenidos por los políticos de forma habitual. Así, tanto el PSOE como el PP, han defendido la necesidad de subir prioritariamente el IRPF porque el IVA «afecta por igual a ricos y pobres» y, según sus planteamientos, se convierte, en consecuencia, en un impuesto más injusto.
El estudio demuestra que el patrón de consumo propio de cada tipo de renta hace que los trabajadores de rentas más bajas vayan a asumir un incremento anual del pago del impuesto de 94,9 euros, los de rentas medias, de 278,6 euros y los de ingresos más elevados, de 866,4 euros. El resultado será una subida media de los impuestos indirectos de 356,8 euros por hogar y año siendo el incremento porcentual del 10,13%.
«Se puede decir, por tanto, que la subida aprobada combinada con la forma concreta en que se distribuye el gasto en España hace que este incremento impositivo se pueda calificar de proporcional. Es decir, se puede afirmar que, contrariamente a la percepción generalizada, la subida aprobada en el IVA no es especialmente regresiva en términos distributivos», concluye el estudio
posted by e-pesimo | 08:13
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