TERRORISMO:
A 30 metros de la comisaría de la Ertzaintza
. En plena calle, en la céntrica plaza Easo de San Sebastián, a escasos 30 metros de la comisaría de la Ertzaintza, una txozna recibe a los clientes con un gran «Gora ETA» a modo de bienvenida. El bar de la izquierda abertzale no oculta ni disimula su afinidad con los terroristas. A plena luz del día, este local instalado por los radicales con motivo de las fiestas de San Ignacio exhibe la pintada.Mientras suena la música, el camarero de este local sirve cervezas con el reclamo de la gran pintada que ensalza a la banda situada en el interior, y sin que los consumidores parezcan molestarse.
La txozna, operativa desde el fin de semana, está situada estratégicamente, en el centro de la plaza, junto a un escenario para conciertos con mensajes en favor de los presos de ETA y cercada por banderas en árboles y farolas que piden su reagrupamiento en las cárceles de Euskadi. Todo un poblado abertzale de ensalzamiento a la banda terrorista por el que diariamente transitan las miles de personas que utilizan la colindante estación del Topo, la principal de la ciudad, para trasladarse a los barrios y a las localidades vecinas.
Los radicales se sienten con total impunidad para exhibir su apoyo a ETA en unas fiestas muy concurridas. Ni se inmutan porque a escasos 30 metros haya una comisaría de la Ertzaintza y las patrullas policiales ronden la zona de forma habitual. Tampoco esperan a que caiga la luz del día para mostrar su apoyo a ETA. El objetivo es que este mensaje llegue a la población, sobre todo a los numerosos turistas que visitan San Sebastián y a quienes la izquierda abertzale ya se ha encargado de recibir con los mensajes de «Tourist, remember, you are not in Spain» por las calles.
Pero el montaje de la plaza Easo no es una excepción estos días. Con motivo de los san ignacios, los batasunos han vestido con toda la iconografía abertzale barrios de la ciudad que celebran estos días sus fiestas, como Loiola, Amara viejo o Gros, con numerosas banderas a favor de los presos de ETA. Además, la Parte Vieja, centro neurálgico de la ciudad, está cada vez más plagada de carteles con las tradicionales reivindicaciones abertzales.
Basta con dar una vuelta por estas zonas para constatar que las primeras fiestas del verano han evidenciado que los radicales se han vuelto a adueñar de las calles de San Sebastián. Los mensajes de apoyo a la banda terrorista pueblan los rincones de la ciudad con la connivencia del Ayuntamiento, gobernado por Bildu. De hecho, hace apenas dos semanas, el Consistorio liderado por Juan Karlos Izagirre se negó a retirar
una pancarta con fotografías y lemas alusivos a los reclusos de ETA del muro del Puerto de San Sebastián, a pesar de que la Ertzaintza instó a su retirada al servicio municipal de limpieza. Según censuró el Departamento vasco de Interior, «ante la falta de actuación» del Ayuntamiento, agentes de la Policía autonómica la retiraron dos días después del aviso.
El PSE presentó para su debate en el pleno de la pasada semana una moción institucional para obligar al Gobierno municipal a retirar este tipo de carteles a la vista de su proliferación, pero Bildu se niega a cumplir este cometido con el argumento de que no va a «coartar la libertad de expresión» de los ciudadanos.
Con un Ayuntamiento que apoya públicamente los actos en favor de los presos de ETA mientras se niega a hacer un mínimo gesto a las víctimas del terrorismo, las fiestas dan cobertura a las proclamas abertzales. El portavoz del PSE, Ernesto Gasco, denunció ayer que Bildu «ha tenido secuestradas» las diferentes zonas de la ciudad. «O tragas con las banderolas y los carteles o los más pequeños y los vecinos se quedan sin fiestas. Es una vergüenza», censuró el concejal, quien apostó por retirar las subvenciones a los barrios que contribuyan a dar esta «imagen deplorable» de la ciudad.
En previsión de lo que pueda suceder en la Semana Grande, escenario habitual de reivindicaciones radicales, Gasco solicitó a Izagirre que impida que se «politicen» las fiestas.
>Vea hoy el videoanálisis de Josean Izarra
Ibazeta, ex asesor de Bildu, imputado
El juez Ruz le cita a declarar por supuestos delitos de amenazas y enaltecimiento de ETA
Josetxo Ibazeta, ex secretario personal del alcalde de San Sebastián, Juan Carlos Izagirre, de Bildu, tendrá que comparecer ante el juez instructor de la Audiencia Nacional Pablo Ruz para responder de posibles delitos de amenazas y enaltecimiento del terrorismo.
La cita, solicitada por la Fiscalía y atendida con diligencia por el instructor, ha sido fijada para el estreno de agosto: a las 10 horas del próximo jueves. Ibazeta tendrá que acudir como imputado tras protagonizar en la medianoche del 1 de julio un incidente con unos jóvenes que celebraban la victoria de España en la Eurocopa de fútbol, a los que supuestamente increpó y amenazó.
Los hechos fueron desvelados por EL MUNDO en su edición del pasado 11 de julio. Ibazeta, ex concejal de Batasuna y Euskal Herritarrok y en ese momento secretario personal de Izagirre, increpó a un grupo de aficionados que portaban una bandera española y les gritó Gora ETA militarra (viva ETA militar), a la vez que con la mano hacía el gesto de apuntarles con una pistola diciéndoles: «Voy a sacar la pistola y os voy a dar dos tiros».
Ibazeta dimitió de su puesto de secretario del alcalde tras conocerse el hecho alegando que no deseaba que «un incidente aislado y la utilización que del mismo pueda hacerse generen daño político alguno» al primer edil, al gobierno municipal o al Ayuntamiento. El propio Izagirre calificó de «actitud totalmente inaceptable» la de su ex colaborador.
Ruz ha solicitado a EL MUNDO y al Diario Vasco los vídeos sin editar del incidente. También ha ordenado a la Ertzaintza que identifique a los perjudicados y a los testigos de los hechos.
La cita, solicitada por la Fiscalía y atendida con diligencia por el instructor, ha sido fijada para el estreno de agosto: a las 10 horas del próximo jueves. Ibazeta tendrá que acudir como imputado tras protagonizar en la medianoche del 1 de julio un incidente con unos jóvenes que celebraban la victoria de España en la Eurocopa de fútbol, a los que supuestamente increpó y amenazó.
Los hechos fueron desvelados por EL MUNDO en su edición del pasado 11 de julio. Ibazeta, ex concejal de Batasuna y Euskal Herritarrok y en ese momento secretario personal de Izagirre, increpó a un grupo de aficionados que portaban una bandera española y les gritó Gora ETA militarra (viva ETA militar), a la vez que con la mano hacía el gesto de apuntarles con una pistola diciéndoles: «Voy a sacar la pistola y os voy a dar dos tiros».
Ibazeta dimitió de su puesto de secretario del alcalde tras conocerse el hecho alegando que no deseaba que «un incidente aislado y la utilización que del mismo pueda hacerse generen daño político alguno» al primer edil, al gobierno municipal o al Ayuntamiento. El propio Izagirre calificó de «actitud totalmente inaceptable» la de su ex colaborador.
Ruz ha solicitado a EL MUNDO y al Diario Vasco los vídeos sin editar del incidente. También ha ordenado a la Ertzaintza que identifique a los perjudicados y a los testigos de los hechos.
Más detenidos por el 'Riau riau'
Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Municipal de Pamplona, detuvieron ayer a cinco nuevos sospechosos de participar en los incidentes que impidieron en los Sanfermines la celebración del 'Riau riau', con lo que ya son nueve los arrestados. De los cinco detenidos, todos nacidos en Pamplona, tres tienen antecedentes por terrorismo y violencia, según el Ayuntamiento navarro. Uno de ellos, A. S. A, fue arrestado en 2007 por apología del terrorismo y otros dos en 2010 por pertenencia a banda armada
El TS revoca la primera condena a empresarios por el chantaje de ETA
No considera acreditado que las hermanas Bruño pagaran el 'impuesto revolucionario'</div>La Sala Penal del Tribunal Supremo ha decidido absolver a las hermanas Blanca e Isabel Bruño, dueñas de una empresa de Orio (Guipúzcoa) que fueron condenadas por la Audiencia Nacional el 1 de junio de 2011 por haber pagado el impuesto revolucionario a ETA.
De acuerdo con el criterio unánime de los cinco jueces que han integrado la Sala, el Supremo ha acordado revocar la sentencia que impuso a las hermanas Bruño, un año y tres meses de prisión a cada una de ellas por un delito de colaboración con banda armada.
La resolución de la Audiencia Nacional ahora anulada consideró probado que las acusadas «entregaron voluntariamente a ETA 6.000 euros» tras recibir en 2003 y en 2007 sendas cartas de la banda en la que les reclamaba 120.000 euros.
De acuerdo con el criterio unánime de los cinco jueces que han integrado la Sala, el Supremo ha acordado revocar la sentencia que impuso a las hermanas Bruño, un año y tres meses de prisión a cada una de ellas por un delito de colaboración con banda armada.
La resolución de la Audiencia Nacional ahora anulada consideró probado que las acusadas «entregaron voluntariamente a ETA 6.000 euros» tras recibir en 2003 y en 2007 sendas cartas de la banda en la que les reclamaba 120.000 euros.
La Audiencia Nacional bajó la pena dos grados respecto a la sanción mínima correspondiente al delito de colaboración con banda armada (el fiscal de este órgano Vicente González Mota pidió cinco años de prisión para cada una de las mujeres), al apreciar la circunstancia eximente incompleta de miedo insuperable en atención a la «grave situación de angustia y desasosiego» en que vivía la familia Bruño. La sentencia consideró hecho probado que el padre de las acusadas, que fue alcalde de Usúrbil por el PNV en los años 80, interrumpió un Pleno del Ayuntamiento para denunciar públicamente que ETA le estaba chantajeando con el impuesto revolucionario y manifestar que él se negaba a pagarlo. A partir de entonces, tuvo que ser protegido por la Policía.
La condena a las hermanas Bruño se basó esencialmente en una prueba -indiciaria- consistente en un documento intervenido en el domicilio que ocupaba en Burdeos (Francia) el ex cabecilla etarra Francisco Javier López Peña, alias Thierry. Hallado junto a numerosas cartas de extorsión, el documento dirigido a Rosa e Isabel les agradecía la «aportación» de 6.000 euros «por colaborar a favor de la libertad de Euskal Herria».
El Supremo ha estimado los recursos de casación promovidos por las hermanas Bruño tras llegar a la conclusión de que la condena vulneró su derecho a la presunción de inocencia al no haber pruebas de cargo fehacientes de que realmente pagaron a la banda terrorista cantidad alguna. Así lo apreció también durante el proceso en la Audiencia Nacional el magistrado José Ricardo de Prada, que formuló un voto discrepante a la condena respaldada por Fernando García Nicolás y Enrique López (ponente).
La condena a las hermanas Bruño se basó esencialmente en una prueba -indiciaria- consistente en un documento intervenido en el domicilio que ocupaba en Burdeos (Francia) el ex cabecilla etarra Francisco Javier López Peña, alias Thierry. Hallado junto a numerosas cartas de extorsión, el documento dirigido a Rosa e Isabel les agradecía la «aportación» de 6.000 euros «por colaborar a favor de la libertad de Euskal Herria».
El Supremo ha estimado los recursos de casación promovidos por las hermanas Bruño tras llegar a la conclusión de que la condena vulneró su derecho a la presunción de inocencia al no haber pruebas de cargo fehacientes de que realmente pagaron a la banda terrorista cantidad alguna. Así lo apreció también durante el proceso en la Audiencia Nacional el magistrado José Ricardo de Prada, que formuló un voto discrepante a la condena respaldada por Fernando García Nicolás y Enrique López (ponente).
El Alto Tribunal también considera que no puede cometer un delito de colaboración con banda armada quien, de forma probada, es víctima de la extorsión de ETA.
La revocación de la condena a las hermanas Bruño, que estuvieron un mes en prisión preventiva, incluye la de la pena a inhabilitación absoluta durante dos años y nueve meses, especialmente relevante para Isabel al trabajar en un colegio público.
ROBERTO BENITO MADRID
31/07/2012 ESPAÑA
La revocación de la condena a las hermanas Bruño, que estuvieron un mes en prisión preventiva, incluye la de la pena a inhabilitación absoluta durante dos años y nueve meses, especialmente relevante para Isabel al trabajar en un colegio público.
Las ONG acusan al Gobierno de ser cómplice de Rabat
No se creen la advertencia de «secuestro inminente» y volverán con los saharauis<br />Con graves acusaciones contra el Gobierno, las ONG pro saharauis tuvieron ayer una reacción furibunda a la decisión de repatriar a los cooperantes que estaban en los campamentos de refugiados. Entre otras cosas, acusaron al Ejecutivo de complicidad con Marruecos, negaron que haya un aumento del riesgo en el Sáhara y anunciaron que regresarán la semana que viene a la región.
Buena parte de su reacción proviene, según aseguraron, de la falta de explicaciones por parte del Gobierno, más allá de las declaraciones sobre un riesgo inminente.
Eso a pesar de que, ayer, y ante las denuncias de las ONG, el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, fue más allá de lo que había manifestado el sábado y aseguró que el Gobierno tenía información fidedigna de que «iba a haber un secuestro inminente» en los campos de refugiados.
Según informaron fuentes gubernamentales, España no está dispuesta a sufrir más secuestros en la región. Los dos que ha padecido -el de Roque Pascual, Albert Vilalta y Alicia Gámez, en 2009, y el de Ainhoa Fernández y Enric Gonyalons, en 2011-, no sólo ha significado costosas gestiones, sino una cantidad de dinero que determinadas fuentes han calculado que podría ascender hasta a 10 millones de euros.En ese sentido, el principal peligro no es tanto un ataque exterior contra los campos de Tinduf, como los infiltrados que las redes terroristas tienen en los mismos. Ya tras el secuestro de Fernández y Gonyalons se detuvo a un saharaui relacionado con los hechos y ayer el Frente Polisario admitió que no puede garantizar la seguridad al 100%.
Buena parte de su reacción proviene, según aseguraron, de la falta de explicaciones por parte del Gobierno, más allá de las declaraciones sobre un riesgo inminente.
Eso a pesar de que, ayer, y ante las denuncias de las ONG, el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, fue más allá de lo que había manifestado el sábado y aseguró que el Gobierno tenía información fidedigna de que «iba a haber un secuestro inminente» en los campos de refugiados.
Según informaron fuentes gubernamentales, España no está dispuesta a sufrir más secuestros en la región. Los dos que ha padecido -el de Roque Pascual, Albert Vilalta y Alicia Gámez, en 2009, y el de Ainhoa Fernández y Enric Gonyalons, en 2011-, no sólo ha significado costosas gestiones, sino una cantidad de dinero que determinadas fuentes han calculado que podría ascender hasta a 10 millones de euros.En ese sentido, el principal peligro no es tanto un ataque exterior contra los campos de Tinduf, como los infiltrados que las redes terroristas tienen en los mismos. Ya tras el secuestro de Fernández y Gonyalons se detuvo a un saharaui relacionado con los hechos y ayer el Frente Polisario admitió que no puede garantizar la seguridad al 100%.
Más aún, e independientemente de la amenaza concreta sobre los campos saharauis, los analistas prevén un empeoramiento progresivo de la seguridad en todo el Sahel, con Mali como principal fuente de inestabilidad, con lo que no se espera que la situación mejore a corto plazo.
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, confirmó en rueda de prensa en Berlín que se está estudiando participar en una misión internacional en Mali, como publicó ayer EL MUNDO. El objetivo de la intervención sería «impedir una situación muy complicada» en el Sahel, explicó, y que el cinturón que bordea el sur del Sáhara no se convierta en un «refugio» de terroristas y delincuentes, informa Efe.
Los colectivos pro saharauis, sin embargo, negaron la mayor. Defendieron que la seguridad no ha empeorado tanto, recordaron que el Frente Polisario ha aumentado las medidas de protección en los campos y apuntaron a otras razones para explicar la decisión de la repatriación. Los calificativos contra el Gobierno oscilaron desde el «cambalache con Marruecos» al «montaje», pasando por supuestas maniobras contra el Polisario.
Paradigmático fue el caso de Mundubat. A esta ONG vasca pertenece Enric Gonyalons, que fue liberado hace dos semanas por el grupo terrorista que lo retenía en el norte de Mali, después de nueve meses de intensas gestiones del Gobierno. Ello, sin embargo, no fue un obstáculo para que su presidente, Iñaki Markiegi, fuera ayer uno de los más beligerantes contra el Ejecutivo.
Markiegi afirmó que no se aprecia «el riesgo extremo» que justifique la repatriación y anunció que su organización continuará trabajando en los campamentos saharauis, adonde tienen previsto llegar varios de sus miembros el 10 de agosto. Y sobre las razones del Gobierno para adoptar la medida, dijo que hay «motivaciones políticas ajenas a lo que se plantea públicamente, quizás un cambalache con Marruecos para debilitar a los saharauis».
La Coordinadora Estatal de las Asociaciones Solidarias con el Sáhara (Ceas) directamente anunció la intención de dar «una respuesta a esta acción grave del Gobierno», al que acusó de «intentar crear miedo en la sociedad» para que «no se visite los campamentos». La expresión de «montaje» para calificar la repatriación fue obra de su presidente, José Taboada, que también fue el encargado de anunciar el viaje que la Ceas va a organizar del 7 al 12 de agosto a los campamentos. En su página
web uno podía solicitar apuntarse a la visita, en la que, según Taboada, habrá «algún parlamentario».
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, confirmó en rueda de prensa en Berlín que se está estudiando participar en una misión internacional en Mali, como publicó ayer EL MUNDO. El objetivo de la intervención sería «impedir una situación muy complicada» en el Sahel, explicó, y que el cinturón que bordea el sur del Sáhara no se convierta en un «refugio» de terroristas y delincuentes, informa Efe.
Los colectivos pro saharauis, sin embargo, negaron la mayor. Defendieron que la seguridad no ha empeorado tanto, recordaron que el Frente Polisario ha aumentado las medidas de protección en los campos y apuntaron a otras razones para explicar la decisión de la repatriación. Los calificativos contra el Gobierno oscilaron desde el «cambalache con Marruecos» al «montaje», pasando por supuestas maniobras contra el Polisario.
Paradigmático fue el caso de Mundubat. A esta ONG vasca pertenece Enric Gonyalons, que fue liberado hace dos semanas por el grupo terrorista que lo retenía en el norte de Mali, después de nueve meses de intensas gestiones del Gobierno. Ello, sin embargo, no fue un obstáculo para que su presidente, Iñaki Markiegi, fuera ayer uno de los más beligerantes contra el Ejecutivo.
Markiegi afirmó que no se aprecia «el riesgo extremo» que justifique la repatriación y anunció que su organización continuará trabajando en los campamentos saharauis, adonde tienen previsto llegar varios de sus miembros el 10 de agosto. Y sobre las razones del Gobierno para adoptar la medida, dijo que hay «motivaciones políticas ajenas a lo que se plantea públicamente, quizás un cambalache con Marruecos para debilitar a los saharauis».
La Coordinadora Estatal de las Asociaciones Solidarias con el Sáhara (Ceas) directamente anunció la intención de dar «una respuesta a esta acción grave del Gobierno», al que acusó de «intentar crear miedo en la sociedad» para que «no se visite los campamentos». La expresión de «montaje» para calificar la repatriación fue obra de su presidente, José Taboada, que también fue el encargado de anunciar el viaje que la Ceas va a organizar del 7 al 12 de agosto a los campamentos. En su página
web uno podía solicitar apuntarse a la visita, en la que, según Taboada, habrá «algún parlamentario».
Ahora, el Ejecutivo tendrá que afrontar la situación que les plantean las ONG. El titular de Exteriores ya dijo ayer que los cooperantes «pueden volver si quieren, pero tienen que saber que cualquier cosa que les pase les afectará a ellos y a todos los españoles». Es decir, que si hay otro secuestro la repatriación habrá servido de muy poco, ya que habrá que volver a negociar y, probablemente, pagar a los grupos terroristas.
posted by e-pesimo | 08:11
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