¡QUÉ ASCO DE PARÁSITOS SINDICALES, SE ENQUISTAN EN TODAS PARTES!: 6.000 liberados sindicales dejarán de vivir del sudor de los que trabajan y contribuyen
Hacienda propone eliminar 6.000 liberados en la función pública
Para reducir en dos tercios los sindicalistas 'profesionales'/ Ahorraría en la Administración central 50 millones, 159 en la autonómica y 43 en la local
A partir del 1 de octubre, el Gobierno aplicará estrictamente la ley y unos 6.000 liberados de los más de 9.000 que actualmente tienen las tres administraciones (Central, autonómica y local) tendrán que reincorporarse a sus puestos de trabajo.
Por tanto, sólo podrá desempeñar funciones sindicales y de representación un tercio de ellos, es decir, prácticamente los 3.000 liberados legales que resultaron elegidos por los trabajadores públicos como delegados de los sindicatos. Según los cálculos de Hacienda, el ahorro será de 252 millones, ya que las administraciones podrán aligerar las plantillas al no tener que cubrir estos puestos.
Con esta medida, el Gobierno pretende poner orden a las regalías de las administraciones, que en algunos casos otorgaban horas sindicales a cambio de acuerdos en las mesas de negociación.
Aunque según indican en Hacienda, «no se dispone de datos cuantitativos específicos» del número de liberados sindicales reales en las administraciones territoriales, ya que ha sido el secreto mejor guardado de los representantes políticos y de los sindicatos, las estimaciones del ahorro previsto se han realizado «extrapolando» el coste en la Administración Central.
Así, el ahorro estimado en los ministerios es de 50,03 millones; 159,02 millones en las comunidades autónomas; y 43,41 millones en las entidades locales. Con esta medida, el Gobierno hace uso de las competencias que tiene, ya que se consideran «básicas» las normas que regulan el capítulo de personal de todas las administraciones. Es decir, dependen del Estado.
En cualquier caso, todos estos datos corresponden a los liberados a jornada completa de trabajo. Pero, también existe un número aún mayor de liberados con dispensas parciales. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que ya ha hecho el ajuste que ahora pretende Montoro (también se ha iniciado en Castilla-La Mancha), de los 1.846 liberados actuales, hay 712 a jornada completa y 1.134 a tiempo parcial. Hace menos de un año había 3.464 liberados en total y todos ellos lo eran a tiempo completo.
Con esta medida, el Gobierno pone fin a las regalías con las que muchas administraciones, sobre todo las autonómicas, han venido obsequiando a las organizaciones sindicales. Se han incrementando los créditos de horas sindicales, y por tanto el número de liberados, por encima de lo que estipulan las normas y como consecuencia de la estructura de mesas de negociación que establece el Estatuto Básico.
Este exceso de créditos horarios adicionales han proliferado en el sector público, y también en las grandes empresas privadas. Elevar el número de liberados mediante la ampliación de horas sindicales ha sido la moneda común en todos los procesos de negociación en las administraciones para alcanzar acuerdos.
De esta forma, los representantes políticos conseguían acuerdos para evitar, por ejemplo, el desgaste ante el electorado, mientras que los sindicatos obtenían más horas para liberar a más personal. Todo ello ha servido en muchos casos para que los dirigentes sindicales en los distintos ámbitos fueran pagados con la nómina de la caja pública en lugar de hacerlo con la de la propia organización.
Según los datos de Hacienda relativos a la Administración Central, en los ministerios hay exactamente 3.004 liberados. De ellos, 1.384 corresponden a los créditos de horas conseguidos de las juntas de personal y comités de empresa; 482 proceden de los delegados sindicales directos; 188, de los miembros de mesas de negociación y mesas de departamentales; y hay 950 liberados, casi un tercio del total, en función de acuerdos sectoriales y departamentales.
El coste total por la actividad representativa en los departamentos ministeriales es ahora mismo de 107,6 millones de euros anuales con casi cinco millones de horas derivadas de los créditos horarios a los sindicatos. Casi 100 millones (99,2 millones) corresponden a actividades representativas y los permisos a los liberados; y 8,4 millones es el coste de contratación de interinos y gastos de viaje y dietas.
CCOO es el sindicato que más volumen de horas dispone en la Administración Central, con 1,3 millones, que equivalen a las que desempeñan 792 empleados públicos y con un coste estimado de 26,1 millones. Le sigue UGT, que dispone de 1,2 millones de horas para 750 empleados a tiempo equivalente y con un coste estimado de 25 millones.
También figura CSIF, con casi un millón de horas, 602 empleados equivalentes a tiempo completo y un coste de 19,6 millones; y USO, con casi 600.000 horas sindicales al año, que equivalen a 361 empleos y con una coste para el erario público de casi 12 millones de euros.
Las estimaciones que ha realizado el equipo de Montoro implican una disminución de 1.941 liberados a tiempo completo. Por tanto, el número de liberados que debe quedar en los ministerios será de 1.063 frente a los 3.004 actuales. Es decir, la reducción es de dos tercios. De esta forma, el coste anual se reduciría a la mitad de esos 107 millones actuales.
Es lo que se pretende que hagan las autonomías y ayuntamientos. En este sentido, el Gobierno quiere llegar a acuerdos con los sindicatos en esta materia para «establecer un marco racional».
Estos cambios aparecen en el decreto de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria, aprobado por el Consejo del Ministro el viernes y que el sábado publicó el BOE.
Así, además de ajustar el número de liberados, el decreto realiza una nueva definición de las unidades electorales y de los centros de trabajo (por ejemplo, ha sido frecuente que en un mismo ministerio haya varios comités de empresa o incluso en las embajadas) para evitar la proliferación de órganos de representación (juntas de personas y comités).
Con estos cambios, sólo existirá una junta de personal y un sólo comité por cada ministerio, desapareciendo, por ejemplo, los que existen en los organismos autónomos que dependen de estos departamentos.
Además, el personal laboral en el exterior se integrará en una única unidad electoral.
LUIS ÁNGEL SANZ MADRID
18/07/2012 ESPAÑA
A partir del 1 de octubre, el Gobierno aplicará estrictamente la ley y unos 6.000 liberados de los más de 9.000 que actualmente tienen las tres administraciones (Central, autonómica y local) tendrán que reincorporarse a sus puestos de trabajo. Por tanto, sólo podrá desempeñar funciones sindicales y de representación un tercio de ellos, es decir, prácticamente los 3.000 liberados legales que resultaron elegidos por los trabajadores públicos como delegados de los sindicatos. Según los cálculos de Hacienda, el ahorro será de 252 millones, ya que las administraciones podrán aligerar las plantillas al no tener que cubrir estos puestos.
Con esta medida, el Gobierno pretende poner orden a las regalías de las administraciones, que en algunos casos otorgaban horas sindicales a cambio de acuerdos en las mesas de negociación.
Aunque según indican en Hacienda, «no se dispone de datos cuantitativos específicos» del número de liberados sindicales reales en las administraciones territoriales, ya que ha sido el secreto mejor guardado de los representantes políticos y de los sindicatos, las estimaciones del ahorro previsto se han realizado «extrapolando» el coste en la Administración Central.
Así, el ahorro estimado en los ministerios es de 50,03 millones; 159,02 millones en las comunidades autónomas; y 43,41 millones en las entidades locales. Con esta medida, el Gobierno hace uso de las competencias que tiene, ya que se consideran «básicas» las normas que regulan el capítulo de personal de todas las administraciones. Es decir, dependen del Estado.En cualquier caso, todos estos datos corresponden a los liberados a jornada completa de trabajo. Pero, también existe un número aún mayor de liberados con dispensas parciales. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que ya ha hecho el ajuste que ahora pretende Montoro (también se ha iniciado en Castilla-La Mancha), de los 1.846 liberados actuales, hay 712 a jornada completa y 1.134 a tiempo parcial. Hace menos de un año había 3.464 liberados en total y todos ellos lo eran a tiempo completo.
Con esta medida, el Gobierno pone fin a las regalías con las que muchas administraciones, sobre todo las autonómicas, han venido obsequiando a las organizaciones sindicales. Se han incrementando los créditos de horas sindicales, y por tanto el número de liberados, por encima de lo que estipulan las normas y como consecuencia de la estructura de mesas de negociación que establece el Estatuto Básico.
Este exceso de créditos horarios adicionales han proliferado en el sector público, y también en las grandes empresas privadas. Elevar el número de liberados mediante la ampliación de horas sindicales ha sido la moneda común en todos los procesos de negociación en las administraciones para alcanzar acuerdos.
De esta forma, los representantes políticos conseguían acuerdos para evitar, por ejemplo, el desgaste ante el electorado, mientras que los sindicatos obtenían más horas para liberar a más personal. Todo ello ha servido en muchos casos para que los dirigentes sindicales en los distintos ámbitos fueran pagados con la nómina de la caja pública en lugar de hacerlo con la de la propia organización.
Según los datos de Hacienda relativos a la Administración Central, en los ministerios hay exactamente 3.004 liberados. De ellos, 1.384 corresponden a los créditos de horas conseguidos de las juntas de personal y comités de empresa; 482 proceden de los delegados sindicales directos; 188, de los miembros de mesas de negociación y mesas de departamentales; y hay 950 liberados, casi un tercio del total, en función de acuerdos sectoriales y departamentales.
El coste total por la actividad representativa en los departamentos ministeriales es ahora mismo de 107,6 millones de euros anuales con casi cinco millones de horas derivadas de los créditos horarios a los sindicatos. Casi 100 millones (99,2 millones) corresponden a actividades representativas y los permisos a los liberados; y 8,4 millones es el coste de contratación de interinos y gastos de viaje y dietas.
CCOO es el sindicato que más volumen de horas dispone en la Administración Central, con 1,3 millones, que equivalen a las que desempeñan 792 empleados públicos y con un coste estimado de 26,1 millones. Le sigue UGT, que dispone de 1,2 millones de horas para 750 empleados a tiempo equivalente y con un coste estimado de 25 millones.
También figura CSIF, con casi un millón de horas, 602 empleados equivalentes a tiempo completo y un coste de 19,6 millones; y USO, con casi 600.000 horas sindicales al año, que equivalen a 361 empleos y con una coste para el erario público de casi 12 millones de euros.
Las estimaciones que ha realizado el equipo de Montoro implican una disminución de 1.941 liberados a tiempo completo. Por tanto, el número de liberados que debe quedar en los ministerios será de 1.063 frente a los 3.004 actuales. Es decir, la reducción es de dos tercios. De esta forma, el coste anual se reduciría a la mitad de esos 107 millones actuales.
Es lo que se pretende que hagan las autonomías y ayuntamientos. En este sentido, el Gobierno quiere llegar a acuerdos con los sindicatos en esta materia para «establecer un marco racional».
Estos cambios aparecen en el decreto de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria, aprobado por el Consejo del Ministro el viernes y que el sábado publicó el BOE.
Así, además de ajustar el número de liberados, el decreto realiza una nueva definición de las unidades electorales y de los centros de trabajo (por ejemplo, ha sido frecuente que en un mismo ministerio haya varios comités de empresa o incluso en las embajadas) para evitar la proliferación de órganos de representación (juntas de personas y comités).
Con estos cambios, sólo existirá una junta de personal y un sólo comité por cada ministerio, desapareciendo, por ejemplo, los que existen en los organismos autónomos que dependen de estos departamentos.
Además, el personal laboral en el exterior se integrará en una única unidad electoral.
Paga extra para algunos funcionarios
Los que cobran menos de 962 euros, sólo un 0,5% del total, tendrán la gratificación
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, anunció ayer en el Pleno del Senado que los «funcionarios mileuristas» -en expresión suya- sí tendrán paga extraordinaria de Navidad. La supresión de la paga de diciembre, como detalló el ministro y se publicó en el BOE el sábado -aunque pocos repararon en ello-, no afectará a los que cobren menos de 1,5 veces el salario mínimo interprofesional (SMI), 962 euros brutos al mes. «A ver si tengo suerte», dijo el ministro en una respuesta posterior, «y muchas personas que ven con angustia esta medida se sienten liberados porque lo están efectivamente».
Los funcionarios beneficiados son entre 12.000 y 15.000, según una extrapolación del Ministerio, un 0,5% del total de empleados públicos de todas las administraciones. El ministro se equivocó en un primer momento y aseguró que esos 15.000 trabajadores mileuristas eran empleados del Estado. Posteriormente, su Ministerio corrigió el dato: son de todas las administraciones.
Montoro respondió así a una pregunta del portavoz de Entesa pel Progrés de Catalunya, José Montilla, que le preguntó si cree que la subida del IVA y las demás medidas adoptadas «ayudarán a recuperar la economía y el empleo».
Montilla acusó al ministro de haber «incumplido la mayoría de sus promesas». «Ningún Gobierno desde los inicios de la democracia ha incumplido tanto su programa en seis meses, sin que hayan cambiado las circunstancias». Esas medidas, en su opinión, traerán «más paro, menos crecimiento y más deuda».
Montoro admitió que las medidas son «dolorosas» y que «al Gobierno no le ha gustado tomar estas decisiones», pero que son consecuencia de «circunstancias inesperadas» como «el déficit oculto». «Si usted no hubiera dejado como dejó a Cataluña, realmente hoy podríamos tener un sector público mucho más saneado y no haría falta tomar decisiones como las que estamos adoptando», le espetó a Montilla.
Montoro tuvo que responder ayer en el Senado a una ofensiva de la oposición (PSOE, Entesa y CiU). Casi todos le echaron en cara haber subido los impuestos en contra de lo que había defendido, haber aprobado una «amnistía fiscal para los defraudadores» y de perjudicar el sistema de financiación catalán.
MARISA CRUZ MADRID
18/07/2012 PORTADA
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, anunció ayer en el Pleno del Senado que los «funcionarios mileuristas» -en expresión suya- sí tendrán paga extraordinaria de Navidad. La supresión de la paga de diciembre, como detalló el ministro y se publicó en el BOE el sábado -aunque pocos repararon en ello-, no afectará a los que cobren menos de 1,5 veces el salario mínimo interprofesional (SMI), 962 euros brutos al mes. «A ver si tengo suerte», dijo el ministro en una respuesta posterior, «y muchas personas que ven con angustia esta medida se sienten liberados porque lo están efectivamente».
Los funcionarios beneficiados son entre 12.000 y 15.000, según una extrapolación del Ministerio, un 0,5% del total de empleados públicos de todas las administraciones. El ministro se equivocó en un primer momento y aseguró que esos 15.000 trabajadores mileuristas eran empleados del Estado. Posteriormente, su Ministerio corrigió el dato: son de todas las administraciones.
Montoro respondió así a una pregunta del portavoz de Entesa pel Progrés de Catalunya, José Montilla, que le preguntó si cree que la subida del IVA y las demás medidas adoptadas «ayudarán a recuperar la economía y el empleo».
Montilla acusó al ministro de haber «incumplido la mayoría de sus promesas». «Ningún Gobierno desde los inicios de la democracia ha incumplido tanto su programa en seis meses, sin que hayan cambiado las circunstancias». Esas medidas, en su opinión, traerán «más paro, menos crecimiento y más deuda».
Montoro admitió que las medidas son «dolorosas» y que «al Gobierno no le ha gustado tomar estas decisiones», pero que son consecuencia de «circunstancias inesperadas» como «el déficit oculto». «Si usted no hubiera dejado como dejó a Cataluña, realmente hoy podríamos tener un sector público mucho más saneado y no haría falta tomar decisiones como las que estamos adoptando», le espetó a Montilla.
Montoro tuvo que responder ayer en el Senado a una ofensiva de la oposición (PSOE, Entesa y CiU). Casi todos le echaron en cara haber subido los impuestos en contra de lo que había defendido, haber aprobado una «amnistía fiscal para los defraudadores» y de perjudicar el sistema de financiación catalán.
El Gobierno preocupado por la escalada de la ira ciudadana
PSOE e IU protestan por el blindaje policial del Congreso
. El Gobierno se ha replegado sobre sí mismo y ha pedido al PP que cierre filas en defensa de Rajoy y las duras medidas de ajuste aprobadas por decreto el viernes y que mañana se convalidarán con los votos de la mayoría absoluta popular.
El Ejecutivo destila preocupación ante las reacciones espontáneas de ciudadanos que hasta ahora, sin el liderazgo expreso de sindicatos o fuerzas políticas, salen a la calle a mostrar su ira.
En el partido y en el Gobierno se mantiene una defensa firme de las decisiones adoptadas. «No había alternativa», afirma la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal. «Nos han dejado un país arruinado», argumenta el portavoz parlamentario Alfonso Alonso. Sin embargo, detrás de estos razonamientos, tanto en Génova, como en Moncloa y en la Carrera de San Jerónimo, hay cada vez más voces que comparten la idea de que se han cometido errores, muchos de ellos formales, que han contribuido a enervar el ánimo de los españoles.
Ahora, en el Gobierno y en el partido se muestran dispuestos a analizar las equivocaciones y estudian de qué manera afrontar un malestar creciente, intentando no ahondar en la brecha que se ha abierto entre ellos y la ciudadanía, y que los grupos de la oposición no dudan en poner de manifiesto.
Para frenar a los socialistas hay argumentos. La herencia sigue estando en vigor. Ayer lo demostró el portavoz del Grupo Popular, cuando cuestionó la «legitimidad» del PSOE «para salir a la calle». «Debería darles vergüenza», recalcó Alonso tras recordar que los españoles «estamos endeudados hasta las cejas» por su mala gestión.
Menos razones encuentran para lanzar reproches contra Izquierda Unida, una formación que ayer mismo pidió al presidente de la Cámara, Jesús Posada, que haga gestiones ante el ministro del Interior para retirar el blindaje, desconocido hasta ahora, de vallas y policías en torno al Congreso. «Un Parlamento vallado es un Parlamento temeroso. Nosotros no necesitamos ser protegidos de los ciudadanos. Es el Gobierno el que tiene miedo», afirmaban los diputados de la Izquierda Plural José Luis Centella y Joan Coscubiela.
También la portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, consideró «excesivo e injustificado» el dispositivo policial que durante todo el día mantuvo aislado el palacio de las Cortes.
En los corrillos se recordaba, además, cómo el presidente del Gobierno decidió adelantar por sorpresa de domingo a sábado la clausura del congreso del PP andaluz por temor a las protestas que se habían anunciado en Sevilla.
Por parte de los populares se intentó ayer restar trascendencia a la fuerte protección policial recalcando que su amplitud correspondía a una decisión del Ministerio del Interior -y no a una petición de Presidencia del Gobierno-, que «sabe lo que debe hacer». En cualquier caso, Rajoy no acudió ayer a la Cámara a votar en la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y de la Junta Electoral Central.
Al margen del debate sobre las vallas y el número de agentes apostados en el perímetro del Congreso, que fue recurrente durante toda la jornada, entre los diputados populares se admitía la necesidad de imprimir un giro a la estrategia de comunicación del Ejecutivo.
«Hay que demostrar más empatía, más comprensión, más solidaridad y, sobre todo, hay que explicar más y mejor», reconocía un diputado miembro de la dirección de Génova que admitía también, en carne propia, un déficit de datos e información.
Sus palabras encontraron eco incluso en el portavoz parlamentario del PP. «Las medidas suponen una pérdida de capacidad adquisitiva y de bienestar. Son muy difíciles (...). Al Gobierno le corresponde dar la cara y tratar de explicar. Los ciudadanos tienen derecho a salir a la calle y a recibir esas explicaciones, pero el PSOE no es nadie para engancharse a las manifestaciones espontáneas», afirmó Alfonso Alonso, sin ánimo de reproche al Gobierno, pero poniendo inesperadamente el dedo en la llaga.
El portavoz de los populares se expresó así después de que, desde los grupos de izquierda, se alzaran voces apuntando a la «ruptura de los límites democráticos» por parte de un Ejecutivo que ha gobernado a base de decretos -algunos de ellos del tamaño de un «portaaviones»-, sin diálogo con el resto de fuerzas políticas -a esta queja se suman todas las formaciones-, e incurriendo en el «engaño», no sólo por haber «incumplido radicalmente su programa electoral», sino también porque «tratan de ocultar sus decisiones» cuando el propio presidente «se digna a debatir en el Parlamento», e incluso en las comparecencias de la vicepresidenta para informar de los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros.
Hoy, Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría y muchos de los ministros tendrán que responder -a tiempo tasado- en la sesión de control a una catarata de preguntas dirigidas a desbrozar el paquete del ajustazo.
>El Gobierno teme la creciente ira ciudadana. Videoanálisis de Victoria Prego.
OLGA R. SANMARTÍN MADRID
18/07/2012 ESPAÑA
. El Gobierno se ha replegado sobre sí mismo y ha pedido al PP que cierre filas en defensa de Rajoy y las duras medidas de ajuste aprobadas por decreto el viernes y que mañana se convalidarán con los votos de la mayoría absoluta popular.El Ejecutivo destila preocupación ante las reacciones espontáneas de ciudadanos que hasta ahora, sin el liderazgo expreso de sindicatos o fuerzas políticas, salen a la calle a mostrar su ira.
En el partido y en el Gobierno se mantiene una defensa firme de las decisiones adoptadas. «No había alternativa», afirma la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal. «Nos han dejado un país arruinado», argumenta el portavoz parlamentario Alfonso Alonso. Sin embargo, detrás de estos razonamientos, tanto en Génova, como en Moncloa y en la Carrera de San Jerónimo, hay cada vez más voces que comparten la idea de que se han cometido errores, muchos de ellos formales, que han contribuido a enervar el ánimo de los españoles.
Ahora, en el Gobierno y en el partido se muestran dispuestos a analizar las equivocaciones y estudian de qué manera afrontar un malestar creciente, intentando no ahondar en la brecha que se ha abierto entre ellos y la ciudadanía, y que los grupos de la oposición no dudan en poner de manifiesto.
Para frenar a los socialistas hay argumentos. La herencia sigue estando en vigor. Ayer lo demostró el portavoz del Grupo Popular, cuando cuestionó la «legitimidad» del PSOE «para salir a la calle». «Debería darles vergüenza», recalcó Alonso tras recordar que los españoles «estamos endeudados hasta las cejas» por su mala gestión.
Menos razones encuentran para lanzar reproches contra Izquierda Unida, una formación que ayer mismo pidió al presidente de la Cámara, Jesús Posada, que haga gestiones ante el ministro del Interior para retirar el blindaje, desconocido hasta ahora, de vallas y policías en torno al Congreso. «Un Parlamento vallado es un Parlamento temeroso. Nosotros no necesitamos ser protegidos de los ciudadanos. Es el Gobierno el que tiene miedo», afirmaban los diputados de la Izquierda Plural José Luis Centella y Joan Coscubiela.
También la portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, consideró «excesivo e injustificado» el dispositivo policial que durante todo el día mantuvo aislado el palacio de las Cortes.
En los corrillos se recordaba, además, cómo el presidente del Gobierno decidió adelantar por sorpresa de domingo a sábado la clausura del congreso del PP andaluz por temor a las protestas que se habían anunciado en Sevilla.
Por parte de los populares se intentó ayer restar trascendencia a la fuerte protección policial recalcando que su amplitud correspondía a una decisión del Ministerio del Interior -y no a una petición de Presidencia del Gobierno-, que «sabe lo que debe hacer». En cualquier caso, Rajoy no acudió ayer a la Cámara a votar en la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y de la Junta Electoral Central.
Al margen del debate sobre las vallas y el número de agentes apostados en el perímetro del Congreso, que fue recurrente durante toda la jornada, entre los diputados populares se admitía la necesidad de imprimir un giro a la estrategia de comunicación del Ejecutivo.
«Hay que demostrar más empatía, más comprensión, más solidaridad y, sobre todo, hay que explicar más y mejor», reconocía un diputado miembro de la dirección de Génova que admitía también, en carne propia, un déficit de datos e información.
Sus palabras encontraron eco incluso en el portavoz parlamentario del PP. «Las medidas suponen una pérdida de capacidad adquisitiva y de bienestar. Son muy difíciles (...). Al Gobierno le corresponde dar la cara y tratar de explicar. Los ciudadanos tienen derecho a salir a la calle y a recibir esas explicaciones, pero el PSOE no es nadie para engancharse a las manifestaciones espontáneas», afirmó Alfonso Alonso, sin ánimo de reproche al Gobierno, pero poniendo inesperadamente el dedo en la llaga.
El portavoz de los populares se expresó así después de que, desde los grupos de izquierda, se alzaran voces apuntando a la «ruptura de los límites democráticos» por parte de un Ejecutivo que ha gobernado a base de decretos -algunos de ellos del tamaño de un «portaaviones»-, sin diálogo con el resto de fuerzas políticas -a esta queja se suman todas las formaciones-, e incurriendo en el «engaño», no sólo por haber «incumplido radicalmente su programa electoral», sino también porque «tratan de ocultar sus decisiones» cuando el propio presidente «se digna a debatir en el Parlamento», e incluso en las comparecencias de la vicepresidenta para informar de los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros.
Hoy, Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría y muchos de los ministros tendrán que responder -a tiempo tasado- en la sesión de control a una catarata de preguntas dirigidas a desbrozar el paquete del ajustazo.
>El Gobierno teme la creciente ira ciudadana. Videoanálisis de Victoria Prego.
La crisis provoca la huida de 40.000 españoles al extranjero en sólo 6 meses
En el primer semestre de 2012, se marcharon 228.000 inmigrantes y llegaron 178.000
.El encrudecimiento de la crisis ha provocado en los últimos seis meses una veloz huida de españoles al extranjero. Sólo entre enero y junio han abandonado el país 40.625, un 44% más que los 28.162 que se fueron en el mismo semestre de 2011.
España vuelve a ser un país de emigrantes, como en los 70, según las Estimaciones de la Población Actual del INE. Frente a los 40.625 españoles que se marcharon, sólo regresaron 17.517. Frente a los 178.021 extranjeros que vinieron, hay 228.890 que se fueron. Ya se van más personas que llegan (269.513 frente a 195.539), una tendencia que comenzó el año pasado y que se consolida éste a gran velocidad. Antes se iban, como mucho, 3.000 españoles al mes. Ahora la estampida ha llegado al insólito ritmo de 7.000 mensuales. El INE no detalla si estos españoles nacieron aquí o son extranjeros nacionalizados. Los expertos consultados creen que son más numerosos los del segundo grupo, pero que cada vez hay más del primero. Según datos de 2011, los principales destinos fueron Reino Unido, Francia, EEUU, Alemania, Ecuador y Suiza.
Julio Pérez Díaz, demógrafo del CSIC recuerda que, «durante la década pasada, España tuvo una ola migratoria muy fuerte. Llegaron a venir unas 700.000 personas al año. Esto ha terminado. El principal reclamo, que era el trabajo, se ha acabado». El sociólogo Juan Díez Nicolás cree que la marcha de españoles «no es tan mala»: «Los noruegos son muy ricos y te los encuentras trabajando por todas partes».
.El encrudecimiento de la crisis ha provocado en los últimos seis meses una veloz huida de españoles al extranjero. Sólo entre enero y junio han abandonado el país 40.625, un 44% más que los 28.162 que se fueron en el mismo semestre de 2011.
España vuelve a ser un país de emigrantes, como en los 70, según las Estimaciones de la Población Actual del INE. Frente a los 40.625 españoles que se marcharon, sólo regresaron 17.517. Frente a los 178.021 extranjeros que vinieron, hay 228.890 que se fueron. Ya se van más personas que llegan (269.513 frente a 195.539), una tendencia que comenzó el año pasado y que se consolida éste a gran velocidad. Antes se iban, como mucho, 3.000 españoles al mes. Ahora la estampida ha llegado al insólito ritmo de 7.000 mensuales. El INE no detalla si estos españoles nacieron aquí o son extranjeros nacionalizados. Los expertos consultados creen que son más numerosos los del segundo grupo, pero que cada vez hay más del primero. Según datos de 2011, los principales destinos fueron Reino Unido, Francia, EEUU, Alemania, Ecuador y Suiza.
Julio Pérez Díaz, demógrafo del CSIC recuerda que, «durante la década pasada, España tuvo una ola migratoria muy fuerte. Llegaron a venir unas 700.000 personas al año. Esto ha terminado. El principal reclamo, que era el trabajo, se ha acabado». El sociólogo Juan Díez Nicolás cree que la marcha de españoles «no es tan mala»: «Los noruegos son muy ricos y te los encuentras trabajando por todas partes».
posted by e-pesimo | 08:13
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