MÁS IMPUESTOS PARA PAGAR LOS INTERESES DE LA DEUDA SOCIALISTA: La Vicepresidenta admite que el Ejecutivo ha «abdicado» de su programa «para salvar al país»
MARISA CRUZ MADRID
Las cifras del ajuste son una incógnita
El Gobierno no logra aclarar cuánto recaudará vía ingresos ni cuánto ahorrará en gastos
Santamaría admite que el Ejecutivo ha «abdicado» de su programa «para salvar al país»
Santamaría admite que el Ejecutivo ha «abdicado» de su programa «para salvar al país»
.Viernes negro para los ciudadanos y también para el Gobierno. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y los ministros de Economía y de Hacienda, Luis de Guindos y Cristóbal Montoro, fueron los encargados ayer de presentar, tras la reunión del Gabinete, el gran recorte, el ajustazo, por cuantía de 65.000 millones de euros, que tendrá que asumir el país en dos años y sin garantía plena de que sea el definitivo.
Los españoles soportarán más impuestos y accederán a menos prestaciones, aunque ayer el Gobierno no pudo o no supo cuantificarlo más que en líneas muy generales. La ausencia de cifras precisas fue evidente, trasladando una sensación de proyecto a medio perfilar.Así, por ejemplo sigue en la incógnita cuánto espera recaudarse con la subida del IVA, que entrará en vigor el próximo 1 de septiembre, o cuál será el ahorro derivado de la supresión de la extra de Navidad a los funcionarios y empleados públicos. Tampoco se ha aclarado cómo se llegará a la cifra de 65.000 millones de ajuste, es decir, qué parte se logrará vía aumento de ingresos y qué parte corresponderá a reducción del gasto. Y menos aún, cuánto puede contraerse el consumo y la actividad como consecuencia de los nuevos recortes y durante cuánto tiempo.
El Ejecutivo asegura ser consciente y asumir el creciente malestar de los ciudadanos e incluso reconoce abiertamente que ello no sólo se deriva de la dureza de las medidas adoptadas, sino también del hecho de haber «abdicado» del que un día fue el programa que ofertó a los españoles para llegar al poder. La justificación que dan sólo es una: «Hay que hacerlo para salvar al país», en palabras de Sáenz de Santamaría.
«Decisiones inaplazables»
La vicepresidenta insistió con tono solemne en esta parte del discurso: «Las decisiones que hoy se toman son inaplazables porque España vive uno de sus momentos más difíciles y traumáticos. Las medidas no son fáciles ni populares (...) No hay que restar, por tanto, ni un ápice a las dificultades del país ni tampoco a la responsabilidad del Gobierno».
Con el plan de ajuste aprobado ayer, Mariano Rajoy se adentra definitivamente por una senda contraria a la que propuso a los ciudadanos y que, pese a las difíciles circunstancias que heredó, intentó preservar en la medida de lo posible en su primer recorte, cuando desechó la posibilidad de subir el IVA y optó por revisar el IRPF; o cuando prefirió no meter la tijera en la función pública y mucho menos rebajar las prestaciones por desempleo. Las elecciones andaluzas estaban a la vuelta de la esquina y no aconsejaban medidas de este calibre. Ahora, triunfan sin embargo estas propuestas, muchas de las cuales contaban con el apoyo de Luis de Guindos desde el principio.
Ayer fue, sin embargo, Cristóbal Montoro quien esbozó una explicación genérica del volantazo: «El sentido de las medidas que se toman hoy responden a la necesidad de adecuación al objetivo de déficit público planteado por Europa». En otras palabras, vienen de la mano de las exigencias de la UE, son sus condiciones. Después, el titular de Hacienda precisó más cuando explicó las razones para subir el IVA: «Es obligado hacerlo por las circunstancias, por las recomendaciones de la Comisión y por la prioridad absoluta de reducir el déficit».
No obstante, Montoro, que siempre desconfió del efecto que puede provocar la subida del impuesto al consumo no pudo evitar apuntar que «el IVA es un impuesto más ciego en términos de equidad» que el IRPF, que es progresivo.
El ministro de Hacienda también se apresuró a recordar que, a la par, y para compensar, se rebaja la imposición al trabajo reduciendo las cotizaciones sociales un punto en 2013 y otro en 2014. Y luego concluyó: «Ahora no hay más remedio, pero cuando podamos compensaremos la subida de impuestos».
Ayer, fue también él el único que aportó con una frase una nota de esperanza: «En 2015 seguro que viviremos otra economía; viviremos otra España». Y lo hizo después de explicar el plan que afectará a funcionarios y empleados públicos, que perderán este año una paga extra -aunque en 2015 la recuperarán en su fondo de pensiones- y a quienes se suprimirán días de libre disposición para asimilar su régimen al del sector privado; y esto si que no lo recuperarán.
De Guindos, por su parte, explicó las nuevas medidas de liberalización comercial - centradas sobre todo en la libertad de horarios- y la creación del nuevo mecanismo, o fondo, al que podrán acudir las comunidades autónomas para conseguir liquidez bajo unas condiciones estrictas que contemplan incluso la intervención. Y no olvidó advertir de que «lo peor que le puede pasar a la economía española es que las finanzas públicas se perciban como insostenibles».
>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el videoanálisis de John Müller.
Recuperación sin exclusiones
.Don Juan Carlos reclamó «rigor» y «visión de futuro» con «el interés general y el bien común de todos los españoles» como bandera .
Este fue el mensaje que el jefe del Estado trasladó ayer al Ejecutivo al inicio del Consejo de Ministros de carácter informativo que presidió en el palacio de la Zarzuela, según informó la Casa del Rey en un comunicado.
Don Juan Carlos insistió «particularmente en los jóvenes y en quienes sufren cada día la desazón por la falta de empleo y perspectivas de futuro».
Consciente de estar ante «una coyuntura económica particularmente complicada, tanto a nivel español como europeo», subrayó que la española es «una sociedad madura que sabe responder con responsabilidad, solidaridad, templanza y espíritu de sacrificio».
«No nos faltan experiencia ni ejemplos de superación en la historia de nuestra Nación», añadió, antes de insistir en que se debe actuar «codo con codo» con los socios europeos, porque sólo juntos se podrán afrontar las dificultades y resolver los desafíos que amenazan a la sociedad.
El Rey
El Rey pidió ayer al Gobierno que se esfuerce al máximo para que «nadie quede excluido de los efectos de la recuperación económica» por la que ahora se trabaja y se piden sacrificios. se mostró confiado confiado en que «la vieja vocación europeísta de España saldrá reforzada de esta dura prueba».
El Gobierno retrasa la subida del IVA a septiembre para salvar al turismo
Por un corte de pelo o por ir al cine habrá que pagar un 162% más de impuestos
. El Gobierno ha decidido aplicar la nueva subida del IVA a partir del 1 de septiembre para no perjudicar al comercio en agosto y sobre todo la campaña turística. La fecha decidida era inicialmente el 1 de agosto, pero se ha retrasado un mes más para no perjudicar el empleo y porque el turismo computa como exportaciones en la contabilidad nacional y es actualmente el único componente del PIB que tiene algo de vida.La subida del IVA es la decisión más importante del paquete de medidas, (muchas de ellas diferidas y otras sin fecha y reiteradas en todos los planes de reformas), que ayer aprobó el Gobierno por «la situación de prioridad del déficit público por el momento que atravesamos», según señaló el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El alza ha ido más lejos de lo anunciado por Rajoy en el Parlamento el pasado miércoles, ya que además del incremento en dos puntos del IVA reducido (del 8 al 10%) y del general del 18% al 21%, el Gobierno también ha trasladado al tipo general gran parte de los productos, bienes y servicios que hasta ahora estaban gravados con el 8%.
Es decir, por cortarse el pelo, ir al cine o al teatro, o comprar flores, habrá que pagar un 162,5% más de impuestos. Los servicios relacionados con el turismo (hoteles, restaurantes o bares), el transporte (autobuses, metro, taxis) o la cesta de la compra (alimentos elaborados) se quedan en el reducido, que sube un 25% (dos puntos) mientras que el general crece un 16,7% (tres puntos). Todo ello lleva a situar este impuesto por encima de la media europea, a pesar de que la demanda interna, sustentada en el consumo, está en tasas negativas y las familias han tenido que tirar del ahorro para llegar a fin de mes.
Montoro, que reconoció que «no cabe duda de que agosto es un mes importante para la actividad turística y comercial», recordó sin embargo que todas las subidas, salvo la de 1992 (en verano también), «han sido anunciadas con una antelación de seis meses «y ahora se va a hacer en seis semanas». Es verdad que las empresas y el comercio necesitan tiempo para adaptar la facturación o el etiquetado. Pero podía haberse resuelto en dos semanas, sobre todo si existía tanta urgencia por la caída de los ingresos.
El ministro intentó justificar la medida aludiendo a la imposición de Bruselas. «No íbamos a subir los impuestos, pero estamos obligados a ello por las circunstancias y por la recomendación» de la UE.
¿Cuánto va a recaudar el Gobierno por esta subida? No existe una cifra oficial, seguramente porque la pretensión inicial del Ejecutivo era tocar el IVA reclasificando los productos de un tramo a otro para evitar un alza de tipos, que no figura en su programa electoral.
Según algunas estimaciones, la recaudación por todos estos cambios podría llegar a los 10.000 millones anuales, si el consumo no se asusta aún más. Es decir, la caja pública podría ingresar unos 3.000 millones en los cuatro meses de aplicación en 2012. Pero la cifra, dado el agravamiento de la doble recesión y la entrada en vigor plena de la reforma laboral, que permite más flexibilidad en el despido, es muy optimista.
Montoro recordó que el aumento va en línea con la recomendación de Bruselas de subir la imposición indirecta y bajar los gravámenes sobre el empleo. Por ello, señaló que esa subida servirá para compensar la rebaja de cotizaciones de las empresas en 2013 y 2014 un punto cada año. Sin embargo, esto no significa que el Gobierno compense a la Seguridad Social por el descuento, a pesar de que prepara una revisión de la reforma de las pensiones por la caída de las cotizaciones.
Otra novedad es que el Ejecutivo ha decidido mantener hasta 2013 (cuando desaparece la deducción por compra en el IRPF) el IVA del 4% (superreducido) por la compra de vivienda nueva sin límite alguno de precio, que aprobó Zapatero y que prorrogó Rajoy. Por ejemplo, comprar una mansión de lujo estará gravado igual que el pan, la leche o los medicamentos. Esta medida, que se mantiene para seguir ayudando a los bancos a vender su parque inmobiliario, ha supuesto hasta mayo 500 millones menos de recaudación.
>'El IVA sube y salta de tramo'. Videoanálisis de Vicente Lozano.
Otro ajuste en inversión pública
.El Gobierno aprobó ayer un nuevo ajuste en los presupuestos ministeriales, esta vez de 600 millones, para hacer patente su participación en las medidas adoptadas ayer. Y de nuevo, el Ministerio de Fomento recibió, con un total de 156 millones, el mayor recorte en el acuerdo de no disponibilidad, lo que supone el 26 % del ajuste. Es decir, una cuarta parte del recorte se realiza directamente sobre el ministerio encargado de la inversión pública, que ha sido la principal víctima de todos los ajustes con especial implicación en la actividad y en la generación de empleo privado. El segundo ministerio con una mayor reducción es Economía y Competitividad, con 94,54 millones (el 15 % de los mencionados 600 millones). Este departamento es el encargado de las subvenciones al I+D. Le sigue Hacienda y Administraciones Públicas, con 59,76 millones (el 9,9 %). Por detrás se encuentra Industria, Energía y Turismo, con 55,43 millones (el 9,2 %), otro ministerio también inversor que tiene que reducir el gasto previsto. Por el contrario, los departamentos a los que menos afecta esta medida son el de Presidencia (1,62 millones de euros de merma), Asuntos Exteriores (14,61 millones) y Justicia (16,82 millones). Para la Casa Real, por ejemplo, no hay recorte alguno. El Rey presidió ayer el Consejo de Ministros. Tampoco se aplica al Congreso, Senado y demás instituciones del EstadoEl Gobierno echa mano de Loterías para rescatar CCAA
El grupo lotero estatal presta 6.000 millones al nuevo fondo para autonomías
El Gobierno tuvo ayer que recurrir a una extravagancia contable para intentar rescatar comunidades autónomas sin tener que endeudarse más en el exterior. Ayer, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto Ley de medidas de liquidez de las Administraciones Públicas en el ámbito financiero en el que nace el llamado Mecanismo de Financiación Territorial, el nuevo fondo de salvamento que prestará a las Comunidades Autónomas para cubrir sus necesidades de liquidez.El ministro de Economía, Luis de Guindos, hizo una estimación de que las CCAA pueden necesitar hasta 18.000 millones de euros este año como máximo y anunció que Loterías y Apuestas del Estado (LAE), que nada tiene que ver con el asunto, librará un préstamo al Estado con cargo a sus ingresos futuros de 6.000 millones. Cubierta esa cantidad inicial, el Tesoro la completará con el dinero que tiene en caja sin tener que emitir deuda.
Loterías estuvo a punto de ser privatizada por el Gobierno y está considerada una de las últimas joyas del Estado gracias a la pasión jugadora de los ciudadanos. Genera cada año cerca de 3.000 millones de euros de beneficio neto al Ministerio de Hacienda al que pertenece y unas ventas anuales superiores a los 9.000 millones.
Con la creación del nuevo fondo de rescate, el Consejo de Ministros renuncia definitivamente a crear los llamados hispabonos, emisiones conjuntas autonómicas al amparo del Estado para abaratar la financiación de todas ellas. De Guindos era defensor de esa fórmula, aunque el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró que «nunca estuvo sobre la mesa». Montoro se ha opuesto, porque en coincidencia con los argumentos de Angela Merkel en la UE, los hispabonos suponían «la mutualización de la deuda». Es decir, que el Estado asumía riesgos contraídos por las comunidades y podía disuadirlas de seguir haciendo el esfuerzo de ajuste.
El nuevo fondo prestará dinero con condiciones a cada autonomía que se acerque de manera voluntaria, que seguirá siendo responsable de su deuda. Según explicó De Guindos, las autonomías deberán asumir a cambio condiciones presupuestarias -deberán subir impuestos y recortar gastos más allá de lo ya previsto para mejorar su situación- y también financieras. Deberán presentar «un plan de ajuste» y, en caso de incumplimiento de éste o de sus obligaciones de pago, podrán ser intervenidas por la Administración Central. También deberán garantizar «prudencia financiera, que implica que los términos de endeudamiento sean consistentes con la sostenibilidad de deuda».
En caso de que no devuelvan el dinero prestado, la Administración Central se quedaría con lo que tiene que transferir a las autonomías en el modelo de financiación. «De esta manera, se garantiza que las Comunidades reciben la financiación pero mantienen la responsabilidad íntegra del pago». Cataluña y la Comunidad Valenciana se perfilan como las más beneficiadas por el mecanismo tras haber sido las que más lo han reclamado.
Los ex ministros no podrán cobrar sus cesantías
. El Gobierno decidió ayer acabar con las cesantías de que gozan los altos cargos cuando abandonan sus responsabilidades de Gobierno. Se trata de una indemnización por el 80% del salario, que pueden percibir durante 24 meses y que hasta ahora era compatible con cualquier otra percepción, tanto pública como privada.
Se trata de una dádiva que UCD y PSOE crearon en 1981 para ex presidentes del Gobierno y ex ministros, para acabar con las viejas pensiones vitalicias de los ministros del régimen franquista y que, curiosamente, el PP amplió, por ejemplo, a los secretarios de Estado.
Lo que en un principio se diseñó como una ayuda para la reintegración en la vida laboral de los políticos tras su paso por las responsabilidades públicas se había convertido en un sistema para coleccionar y acumular emolumentos. Así, por ejemplo, la ex vicepresidenta del Gobierno, Elena Salgado, podía compatibilizar su asesoría a una eléctrica con esta remuneración pública. Mientras, la mayoría de ex ministros del PSOE podrían sumar esta indemnización con el sueldo de diputado. Es decir, mientras las leyes impiden a cualquier ciudadano el cobro de dos sueldos del erario público, sí podían hacerlo los altos cargos. El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, había renunciado a la cesantía que le correspondía.
Incompatibilidad
El Consejo de Ministros aprobó ayer la incompatabilidad de esta percepción con cualquier otra retribución. Es más, quienes la estuvieran cobrando deberán optar igualmente entre esta percepción o cualquier otra pública o privada.
El caso es que los ministros y secretarios de Estado salientes aún no habían empezado a cobrar esta pensión indemnizatoria porque la ley de Presupuestos entró en vigor el 1 de julio. Sí afectará a quienes venían recibiendo esta paga antes. Pero, curiosamente, Zapatero no se verá perjudicado; tampoco Rajoy cuando proceda, ya que esta imcompatibilidad no afecta a los ex presidentes.
También ayer el Consejo aprobó la detracción de una paga a los miembros del Gobierno, en línea con la supresión de la extra de Navidad para los funcionarios. Se les realizará sobre una catorceava parte de las 12 mensualidades por las que perciben sus emolumentos. Según fuentes de Presidencia, esta paga suprimida ahora, que se extenderá a los altos cargos autonómicos y de la Administración local, no se compensará a futuro con la aportación a un fondo de pensiones, como se hará a partir de 2015 con la de los funcionarios.
R. B. MADRID
14/07/2012 ESPAÑA
De todas las formas de descuentos que existen en el comercio, las rebajas seguían estando limitadas a dos periodos anuales -uno después de Navidad y otro a comienzos del verano- y constreñidas a un máximo de dos meses de duración.
Ahora, la tradicional imagen de los clientes compitiendo a la carrera cada 7 de enero por adquirir las mejores gangas corre serio riesgo de desaparecer, porque el periodo de rebajas se liberaliza al 100%, de tal manera que los establecimientos podrán ofrecerlas en cualquier momento del año y de forma continuada, y además «se eliminan las trabas» que existían con los productos ofertados, según explicó el ministro Luis de Guindos.
Sobre los horarios, dijo que se establece la plena liberalización para los establecimientos con una superficie inferior a los 300 metros cuadrados -se elimina la capacidad de las comunidades autónomas para reducir la cifra a 150 metros cuadrados-, mientras que para el resto se amplían de las 72 horas semanales en días laborables actuales a 90.
También se aumenta de 12 a 16 el número de aperturas anuales en domingos y festivos, permitiendo a las autonomías reducirlo a 10 días al año, frente a los ocho actuales.
Igualmente, el Gobierno quiere instaurar la libertad de apertura comercial en determinadas zonas de 14 grandes ciudades turísticas.
Las medidas fueron criticadas por pequeños establecimientos, que a través de la Confederación Española de Comercio auguraron una escalada de cierres, informa Efe.
RÍA VEGA MADRID
14/07/2012 ECONOMÍA
Se trata de una dádiva que UCD y PSOE crearon en 1981 para ex presidentes del Gobierno y ex ministros, para acabar con las viejas pensiones vitalicias de los ministros del régimen franquista y que, curiosamente, el PP amplió, por ejemplo, a los secretarios de Estado.
Lo que en un principio se diseñó como una ayuda para la reintegración en la vida laboral de los políticos tras su paso por las responsabilidades públicas se había convertido en un sistema para coleccionar y acumular emolumentos. Así, por ejemplo, la ex vicepresidenta del Gobierno, Elena Salgado, podía compatibilizar su asesoría a una eléctrica con esta remuneración pública. Mientras, la mayoría de ex ministros del PSOE podrían sumar esta indemnización con el sueldo de diputado. Es decir, mientras las leyes impiden a cualquier ciudadano el cobro de dos sueldos del erario público, sí podían hacerlo los altos cargos. El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, había renunciado a la cesantía que le correspondía.
Incompatibilidad
El Consejo de Ministros aprobó ayer la incompatabilidad de esta percepción con cualquier otra retribución. Es más, quienes la estuvieran cobrando deberán optar igualmente entre esta percepción o cualquier otra pública o privada.
El caso es que los ministros y secretarios de Estado salientes aún no habían empezado a cobrar esta pensión indemnizatoria porque la ley de Presupuestos entró en vigor el 1 de julio. Sí afectará a quienes venían recibiendo esta paga antes. Pero, curiosamente, Zapatero no se verá perjudicado; tampoco Rajoy cuando proceda, ya que esta imcompatibilidad no afecta a los ex presidentes.
También ayer el Consejo aprobó la detracción de una paga a los miembros del Gobierno, en línea con la supresión de la extra de Navidad para los funcionarios. Se les realizará sobre una catorceava parte de las 12 mensualidades por las que perciben sus emolumentos. Según fuentes de Presidencia, esta paga suprimida ahora, que se extenderá a los altos cargos autonómicos y de la Administración local, no se compensará a futuro con la aportación a un fondo de pensiones, como se hará a partir de 2015 con la de los funcionarios.
Rebajas todo el año y más horas de apertura
El Gobierno liberaliza el comercio con la oposición de pequeños establecimientos
El Gobierno aprobó ayer un decreto de liberalización del comercio, con el que permitirá a los establecimientos abrir más días y durante más horas y ofrecer rebajas todo el año, intentando dinamizar un sector cuyas ventas llevan meses en caída libre.De todas las formas de descuentos que existen en el comercio, las rebajas seguían estando limitadas a dos periodos anuales -uno después de Navidad y otro a comienzos del verano- y constreñidas a un máximo de dos meses de duración.
Ahora, la tradicional imagen de los clientes compitiendo a la carrera cada 7 de enero por adquirir las mejores gangas corre serio riesgo de desaparecer, porque el periodo de rebajas se liberaliza al 100%, de tal manera que los establecimientos podrán ofrecerlas en cualquier momento del año y de forma continuada, y además «se eliminan las trabas» que existían con los productos ofertados, según explicó el ministro Luis de Guindos.
Sobre los horarios, dijo que se establece la plena liberalización para los establecimientos con una superficie inferior a los 300 metros cuadrados -se elimina la capacidad de las comunidades autónomas para reducir la cifra a 150 metros cuadrados-, mientras que para el resto se amplían de las 72 horas semanales en días laborables actuales a 90.
También se aumenta de 12 a 16 el número de aperturas anuales en domingos y festivos, permitiendo a las autonomías reducirlo a 10 días al año, frente a los ocho actuales.
Igualmente, el Gobierno quiere instaurar la libertad de apertura comercial en determinadas zonas de 14 grandes ciudades turísticas.
Las medidas fueron criticadas por pequeños establecimientos, que a través de la Confederación Española de Comercio auguraron una escalada de cierres, informa Efe.
RÍA VEGA MADRID
El Tesoro, incapaz de atraer a los inversores del exterior
Los fondos asiáticos redoblan su apuesta por Alemania
.El Tesoro español sigue siendo incapaz de atraer a los inversores extranjeros. Desde que el Banco Central Europeo (BCE) dejó de respaldar con su programa de compra de bonos la deuda de España e Italia el pasado febrero, la banca española se ha hinchado a comprar bonos españoles, mientras que las entidades del resto de Europa han ido deshaciendo posiciones y los grandes fondos asiáticos no han incrementado ni un solo euro su posición en deuda española.Sin embargo, en ese periodo, los inversores de Asia han sustentado la financiación casi gratuita de Alemania con fuertes compras de bonos de la locomotora de Europa, según se desprende del mapa de flujos de los mercados de deuda de las cuatro grandes economías del euro que manejan varias firmas de análisis financiero.
El resultado de estos flujos de capitales permitió a Alemania reducir la rentabilidad de su bono a 10 años en cerca de un 35% entre el 1 de diciembre del pasado año y el pasado 28 de junio, fecha de la última cumbre de líderes europeos a la que España llegó en una situación crítica y Alemania se financiaba al 1,51%, según las pantallas de Bloomberg.
Sin embargo, en ese periodo, el bono español sufrió un encarecimiento de sus intereses en los mercados secundarios del 11%, hasta el 6,94%. Sólo en el mes de abril, cuando la crisis de Bankia todavía no había desbordado la crisis financiera española, la banca extranjera se animó a comprar deuda del Tesoro, mientras sus posiciones en bonos alemanes se redujeron de forma importante.
El análisis de estos flujos permite entender las nefastas consecuencias que está teniendo para España la negativa de los fondos extranjeros a comprar su deuda soberana.
Según los últimos datos del Tesoro del cierre del mes de mayo, en el último año, los inversores no residentes han reducido su cartera de bonos españoles en un 22%, hasta 187.312 millones de euros. En ese tiempo, las entidades de crédito han elevado su peso en bonos del Tesoro en un 157%, hasta 143.426 millones de euros.
Este espectacular incremento de las compras de deuda por parte de entidades financieras se explica por las española realizadas por la banca nacional desde el pasado diciembre, cuando el BCE puso en marcha su primer programa de liquidez con préstamos a tres años a un interés del 1% para animar a las entidades a invertir en deuda soberana.
Cuanto más fuerte es el castigo de los mercados a España y más se encarece el bono alemán a 10 años (lo que supone una caída de su rentabilidad), más atractiva es la deuda alemana para los bancos centrales y para los inversores procedentes de Asia, que ven en Alemania un refugio seguro para sus inversiones en euros.
Y por contra, cuanto mayor es el castigo a la deuda española, más ventas de bonos se ejecutan por parte de los inversores extranjeros, pese a que en esta crisis ha sido posible comprarlos de la cuarta economía del euro a precios que rozaban el 7%, una inversión muy rentable para cualquier inversor que crea en el euro, aunque ilíquida en el corto plazo por la presión a la que están sometidos los bonos españoles.
Los mapas de flujos del mercado muestran como el apetito por la deuda italiana va muy ligado al de la española. Mientras que en el caso de Francia, llama la atención las fuertes compras de deuda soberana realizadas en el último semestre por los bancos del país, probablemente utilizando los préstamos logrados en las megasubastas de liquidez del BCE.
No obstante, en el caso galo, la inversión de fondos extranjeros es también relevante. De hecho, es otro de los destinos preferidos para los fondos asiáticos.
La banca debe al BCE un tercio del PIB
Las entidades españolas baten su récord de préstamos no devueltos con 337.206 millones
Las condiciones de la financiación interbancaria no han mejorado pese al 'Eurocrédito'
. Las condiciones de la financiación interbancaria no han mejorado pese al 'Eurocrédito'
Al cierre del mes de junio, los bancos españoles acumulaban una deuda neta con el Banco Central Europeo de 337.206 millones de euros, un récord histórico, siete veces la cifra de hace un año y el equivalente a un tercio del PIB español.
Según los datos del Banco de España, en apenas un mes la cifra ha aumentado un 17,2% (49.393 millones), desde los 287.813 millones de mayo. La cifra bruta, esto es, sin restar la cantidad que los propios bancos reingresan en el BCE, es mayor todavía: 365.000 millones, casi un 30% del total de la deuda que todas las entidades de la Eurozona mantienen con el organismo presidido por Mario Draghi.
Las peticiones se han disparado en apenas unos meses (ver gráfico), especialmente desde las inyecciones de liquidez del 21 de diciembre y del 29 de febrero, que aportaron 489.190 y 529.531 millones de euros para los bancos, sobre todo españoles e italianos, a tan solo un 1% de interés y a devolver en tres años.
En abril del año pasado, la deuda era únicamente de 42.200 millones de euros, y en junio de 47.777, pero los problemas de acceso a fondos, la sequía absoluta del interbancario y la fuga constante de dinero extranjero han disparado el indicador. El balance muestra además que los bancos patrios mantienen una relación distinta con el BCE a la de sus equivalentes europeos. La diferencia entre el saldo neto y el bruto es muy pequeña (337.206 y 365.000), mientras que en el global de la zona euro se dispara (437.789 y más de 1,2 billones). Es decir, que los españoles depositan mucho menos que sus socios, algunos de los cuales son de hecho acreedores netos.
Concretamente, la cantidad que los bancos españoles dejaron en la facilidad de depósito, hasta el jueves remunerada al 0,25% de interés, ha caído por cuarto mes consecutivo. Si en marzo eran más de 88.700 millones, en junio el monto se había reducido a 27.792, prácticamente el mismo nivel con el que habían comenzado el año.
España no es capaz de acceder a las fuentes habituales de financiarión y se ve obligada a tirar cada vez más del BCE, que a su vez se ha visto forzado a rebajar las exigencias de colateral para facilitar las operaciones españolas. Y el efecto se nota y se notará más, pues la propia metodología que usa el organismo apunta a que la tendencia de solicitudes sigue al alza.
Entre mayo y junio, las deudas a corto plazo han pasado de 9.204 a 44.961 millones, cinco veces más, mientras que los préstamos a largo plazo pasaron de 215.438 a 320.036 millones. Fuentes del mercado explican que el pesimismo predominante es difícil de cambiar. Pese a que se ha conocido ya el plan en cuatro fases por el que los 100.000 millones de euros del rescate europeo llegarán a Madrid, y de ahí a los bancos más necesitados de capital, las dudas persisten para el medio plazo, por lo que ni la rentabilidad afloja, ni el crédito fluye ni se espera que lo haga.
Con los datos en la mano, el ministro de Economía de España, Luis de Guindos, aseguró ayer que la presión no se relajará hasta que la UE avance de verdad hacia una unión bancaria, fiscal y política. La prima de riesgo no depende únicamente «de la actuación del Gobierno, sino también de las decisiones que tomen las instituciones europeas», explicó. Con el spread de nuevo en el umbral de los 540 puntos y el bono a 10 años subiendo hasta el 6,66%, el ministro puede llevar razón. El problema es que si está en lo cierto, los problemas acabarán enterrando a España, porque una solución global y completa en el seno de la eurozona está muy lejos de alcanzarse.
A los mercados no les termina de convencer el paquete de ajustes español, ni confían en la capacidad del Eurogrupo. Y descartados nuevos bazucas de liquidez, miran con desconfianza hacia EEUU y Asia. Ayer, en una jornada marcada por el verde en toda Europa y EEUU, la Bolsa española tuvo un respiro y subió un 0,52% hasta los 6.664,6 puntos, pero en el global de la semana, el Ibex 35 perdió más de un 1%. Y en los últimos 6 meses, el selectivo español es el peor del continente (-21,7) tras el griego, que se deja dos décimas más.
El repunte, tras la importante caída del jueves, se sustentó sobre tres pilares. Por un lado, Italia logró, por segundo día consecutivo, emitir bonos a un interés más bajo. Ayer, colocó 5.250 millones de euros de papel a tres años al 4,65% de interés, una bajada apreciable desde el 5,3% que tuvo que pagar pocas semanas antes. Un resultado especialmente bueno dada la rebaja de rating anunciada por Moody's la noche anterior, y que había enfriado los ánimos a primera hora de la mañana.
Por otro lado, las noticias llegadas desde China alviaron a los operadores de medio mundo. En realidad, el gigante asiático anunció que su crecimiento interanual en el segundo trimestre fue del 7,6%, la sexta ralentización consecutiva y sobre la que muchos analistas se muestran escépticos, pero aun así, no fue tan baja como se había temido.
Y además, los resultados de JP Morgan, siendo un 8,6% inferiores a los del trimestre pasado, tiraron al alza de los tres selectivos de referencia, que cotizaron con ganancias del 1,5%. Al mismo tiempo, y tras caer a mínimos de dos años esta semana, el euro recuperó el soporte de los 1,22 dólares, mientras que el barril de Brent, el crudo de referencia en Europa, escaló hasta los 102 dólares.
El Bundesbank reclama rescatar ya a España
Goldman Sachs también cree que las ayudas a los bancos no serán suficientes
.El presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, asegura en una entrevista que publica hoy el diario alemán Börsen-Zeitung que España debería ampararse bajo el paraguas de rescate europeo y no pedir ayuda sólo para su sector financiero. «Los balances de los bancos son también siempre un reflejo de toda la economía», afirma Weidmann, quien indica que en España es cada vez más necesario tomar medidas para reducir el paro y los problemas de las CCAA.
«También en el mercado de crédito tendría efectos positivos que los inversores vean que las condiciones del programa de ayuda van más allá del sector bancario». En relación al curso reformista de Madrid, el presidente del banco central germano añade que, pese a los anuncios de esta semana, será necesario un paquete de reformas más amplio.
Al mismo tiempo, Goldman Sachs augura una contracción del PIB español del 1,4% este año y del 1,2% en 2013, así como el incumplimiento de los nuevos objetivos de déficit. Por todo ello, la firma también cree que el país necesitará recibir asistencia más allá de la prestada a su sistema bancario.
En un informe publicado ayer, la entidad destaca que el desafío de España «no es tanto de deuda pública, sino un marcado problema de deuda externa» que afecta a la banca española y a su economía en general, lo que, como resultado, impacta también en las finanzas públicas, informa Europa Press.
«Nuestro análisis nos lleva a concluir que España necesitará más ayuda exterior, aunque, dadas las limitaciones y el mayor tamaño de la economía, la forma que adopte este respaldo necesitará ser más flexible de lo que fue en el caso de otras economías», explica el texto.
Además, el banco norteamericano insiste en que Madrid debe mejorar en competitividad, pero que ésto «no es simplemente una cuestión de reducir salarios», sino que considera crucial acometer «una reestructuración de la economía española» desde sectores no negociables, como la construcción, «hacia el sector negociable
La reforma dejará a Iberdrola y Endesa sin 1.655 millones
Los analistas alertan un impacto de la nueva ley energética de 2.159 millones<br /> </div>
La reforma energética que prepara el Gobierno perjudicará, y con creces, a Iberdrola y Endesa. Ambas compañías serán las que sufran un mayor impacto económico, según los cálculos realizados por Citi, que cifró las pérdidas en 1.655 millones de euros, y Cheuvreux, que las elevó a 1.392 millones.
La reforma energética que prepara el Gobierno perjudicará, y con creces, a Iberdrola y Endesa. Ambas compañías serán las que sufran un mayor impacto económico, según los cálculos realizados por Citi, que cifró las pérdidas en 1.655 millones de euros, y Cheuvreux, que las elevó a 1.392 millones.
Citi apuntó un total de 2.159 millones de euros en relación al impacto de la reforma para las principales compañías eléctricas y de renovables, a razón de 849 millones para Iberdrola, 806 millones para Endesa, 236 millones para Gas Natural Fenosa, 101 millones para EDP, 114 millones para Acciona y 63 millones para Enel Green Power, según un informe elaborado por la firma, informa Europa Press.
En todo caso, considera que la reforma será capaz de situar en 869 millones el déficit de tarifa de este año, frente al tope legal de 1.500 millones y su previsión anterior de 2.708 millones, y generará un superávit de 201 millones en el sector eléctrico en 2013, frente a un desajuste de 4.417 millones en caso de que no se adopten decisiones.
Para el banco estadounidense, la «buena noticia» de la reforma es que no sólo acabará con la incertidumbre regulatoria, sino que será incluso capaz de aplacar el déficit de tarifa sin subidas adicionales en el recibo de la luz. La «mala noticia» es que el sector quedará «fuertemente penalizado», hasta el punto de que empresas como Iberdrola, Endesa o Acciona sufrirán una merma cercana al 10% de su beneficio bruto de explotación (Ebitda).
Otra «mala noticia» es que las medidas evitarán subidas de la tarifa de luz, si bien previsiblemente serán trasladadas por las eléctricas al mercado mayorista, lo que acabará repercutiendo sobre el consumidor final. Los impuestos sobre el régimen ordinario, valorados en 400 millones, y los del gas, de 1.150 millones, son los más susceptibles de trasladarse a la tarifa final.
Por su parte, Cheuvreux desglosa en un informe el impacto máximo de las medidas a
razón de 761 millones para Iberdrola, 631 millones para Endesa, 347 millones para Gas Natural Fenosa, 116 millones para EDP, 120 millones para Acciona y 44 millones para EDP Renováveis.
Los analistas de la firma cuantifican además, en términos porcentuales, el impacto de la reforma sobre el beneficio neto de las empresas. En el caso de Acciona, del 46%, frente el 21% de Iberdrola, el 23% de Endesa, el 21% de Gas Natural Fenosa y el 8% de EDP. No obstante, en términos de incidencia sobre el Ebitda, los porcentajes serían menores: del 10% para Iberdrola, del 9% para Endesa y Acciona, del 7% para Gas Natural Fenosa y del 5% para EDP Renováveis
OLGA R. SANMARTÍN MADRID
14/07/2012 ESPAÑA
En todo caso, considera que la reforma será capaz de situar en 869 millones el déficit de tarifa de este año, frente al tope legal de 1.500 millones y su previsión anterior de 2.708 millones, y generará un superávit de 201 millones en el sector eléctrico en 2013, frente a un desajuste de 4.417 millones en caso de que no se adopten decisiones.
Para el banco estadounidense, la «buena noticia» de la reforma es que no sólo acabará con la incertidumbre regulatoria, sino que será incluso capaz de aplacar el déficit de tarifa sin subidas adicionales en el recibo de la luz. La «mala noticia» es que el sector quedará «fuertemente penalizado», hasta el punto de que empresas como Iberdrola, Endesa o Acciona sufrirán una merma cercana al 10% de su beneficio bruto de explotación (Ebitda).
Otra «mala noticia» es que las medidas evitarán subidas de la tarifa de luz, si bien previsiblemente serán trasladadas por las eléctricas al mercado mayorista, lo que acabará repercutiendo sobre el consumidor final. Los impuestos sobre el régimen ordinario, valorados en 400 millones, y los del gas, de 1.150 millones, son los más susceptibles de trasladarse a la tarifa final.
Por su parte, Cheuvreux desglosa en un informe el impacto máximo de las medidas a
razón de 761 millones para Iberdrola, 631 millones para Endesa, 347 millones para Gas Natural Fenosa, 116 millones para EDP, 120 millones para Acciona y 44 millones para EDP Renováveis.
Los analistas de la firma cuantifican además, en términos porcentuales, el impacto de la reforma sobre el beneficio neto de las empresas. En el caso de Acciona, del 46%, frente el 21% de Iberdrola, el 23% de Endesa, el 21% de Gas Natural Fenosa y el 8% de EDP. No obstante, en términos de incidencia sobre el Ebitda, los porcentajes serían menores: del 10% para Iberdrola, del 9% para Endesa y Acciona, del 7% para Gas Natural Fenosa y del 5% para EDP Renováveis
El Gobierno podrá paralizar licencias municipales que perjudiquen al litoral
La reforma de la Ley de Costas incluye una «cláusula antialgarrobicos»
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente podrá paralizar las decisiones urbanísticas de los ayuntamientos que perjudiquen al litoral. Así lo establece el artículo 19 del anteproyecto de la Ley de Costas, que Soraya Sáenz de Santamaría bautizó ayer como «cláusula antialgarrobicos».
El objetivo de esta cláusula es evitar casos como el del polémico hotel ilegal del Cabo de Gata (Almería), que, una vez construido, es muy difícil demoler. El Gobierno quiere actuar de forma cautelar, sin tener que esperar a que se inicien las obras, para «evitar que nos encontremos ante hechos consumados», en palabras de la vicepresidenta del Gobierno.
La intención es impedir cualquier urbanización tanto en el dominio marítimo-terrestre (que comprende la playa y la costa hasta el alcance de las olas en los mayores temporales conocidos, y es de competencia estatal) como en la zona contigua de servidumbre, que abarca los 100 primeros metros tierra adentro desde el límite interior de la ribera (competencia municipal y autonómica). El Ministerio bloqueará así de forma automática cualquier licencia municipal que dé carta blanca a estas urbanizaciones, aunque sean autorizadas por los gobiernos regionales. Este derecho de suspensión ya lo ha estado ejerciendo antes en el dominio público marítimo-terrestre, pero no en la zona de servidumbre.
El Consejo de Ministros dio ayer el visto bueno al anteproyecto de reforma de la Ley de Costas, un texto que previsiblemente iniciará en septiembre su trámite parlamentario, tras someterse a consulta del Consejo Asesor del Medio Ambiente. El borrador, de 24 páginas, modifica sustancialmente la norma de 1988, que, según el Gobierno, creó «inseguridad jurídica» en los ciudadanos con casa en la playa y no solucionó los problemas ambientales.
La principal novedad es la contundencia -«tolerancia cero»- con que se combatirán las nuevas edificaciones. El artículo 19, que modifica el 119 del anterior redactado dice: «El delegado del Gobierno, a instancia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, podrá suspender los actos y acuerdos adoptados por las entidades locales que afecten a la integridad del dominio público marítimo-terrestre o de la servidumbre de protección o que supongan una infracción manifiesta de lo dispuesto en el artículo 25 de la presente ley», que prohíbe edificar en la zona de servidumbre.
El cambio legislativo se hace de acuerdo con la Ley de Bases del Régimen Local, que permite al delegado del Gobierno suspender o adoptar actos o acuerdos municipales «que atenten gravemente al interés de España». Es decir, urbanizar en primera línea de playa es un atentado grave contra nuestro país. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, explicó ayer que el mecanismo de suspensión se pondrá en marcha «de forma inmediata» por la vía administrativa en cuanto se tenga noticia de la concesión de una licencia contraria a la ley, antes incluso de recurrir judicialmente. «No se va a permitir que se ponga un ladrillo sin el control del Estado», afirmaron fuentes del Ministerio.
Mientras el Gobierno blinda la costa de futuras urbanizaciones, protege a los propietarios de las ya edificadas en dominio público marítimo-terrestre, que pasaron a manos del Estado en 1988. Entonces dio a los antiguos dueños derechos de uso durante 30 años, prorrogables a 60 si aportaban una sentencia judicial en la que se acreditara su propiedad. Estas viviendas no se podían comprar ni vender y en 2018 comenzaban a vencer las concesiones, por lo que, en teoría, iban a ser derribadas.
La reforma legal amplía a 75 años más las concesiones y, además, permite la compraventa, en respuesta a las quejas presentadas en el Parlamento Europeo por miles de turistas extranjeros. Muchos de ellos se compraron la casa en la playa sin saber que, en realidad, era ilegal. «Esto no podía pasar, era muy mala imagen de cara a los compradores extranjeros», afirmó Ramos. Las críticas en Europa eran tremendas. Hasta el escritor Michel Houellebecq, con casa en Almería, habla del tema en su último libro, El mapa y el territorio.
Así que estas viviendas seguirán como están al menos hasta 2093. Y luego también, según fuentes del Ministerio, porque es muy caro tirarlas y supondría dejar en la calle a millares de personas. Eso sí, tendrán que pagar un canon «simbólico». La nueva ley también devuelve la propiedad a 10 núcleos poblacionales mediterráneos y supone un respiro para los chiringuitos (la concesión pasa de uno a cuatro años) y para los que tengan casa en las zonas de servidumbre, que a partir de ahora podrán acometer reformas.
> Videoanálisis de M. Cabrera.
RAFAEL J. ÁLVAREZ MADRID
14/07/2012
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ESPAÑA
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente podrá paralizar las decisiones urbanísticas de los ayuntamientos que perjudiquen al litoral. Así lo establece el artículo 19 del anteproyecto de la Ley de Costas, que Soraya Sáenz de Santamaría bautizó ayer como «cláusula antialgarrobicos».
El objetivo de esta cláusula es evitar casos como el del polémico hotel ilegal del Cabo de Gata (Almería), que, una vez construido, es muy difícil demoler. El Gobierno quiere actuar de forma cautelar, sin tener que esperar a que se inicien las obras, para «evitar que nos encontremos ante hechos consumados», en palabras de la vicepresidenta del Gobierno.
La intención es impedir cualquier urbanización tanto en el dominio marítimo-terrestre (que comprende la playa y la costa hasta el alcance de las olas en los mayores temporales conocidos, y es de competencia estatal) como en la zona contigua de servidumbre, que abarca los 100 primeros metros tierra adentro desde el límite interior de la ribera (competencia municipal y autonómica). El Ministerio bloqueará así de forma automática cualquier licencia municipal que dé carta blanca a estas urbanizaciones, aunque sean autorizadas por los gobiernos regionales. Este derecho de suspensión ya lo ha estado ejerciendo antes en el dominio público marítimo-terrestre, pero no en la zona de servidumbre.
El Consejo de Ministros dio ayer el visto bueno al anteproyecto de reforma de la Ley de Costas, un texto que previsiblemente iniciará en septiembre su trámite parlamentario, tras someterse a consulta del Consejo Asesor del Medio Ambiente. El borrador, de 24 páginas, modifica sustancialmente la norma de 1988, que, según el Gobierno, creó «inseguridad jurídica» en los ciudadanos con casa en la playa y no solucionó los problemas ambientales.
La principal novedad es la contundencia -«tolerancia cero»- con que se combatirán las nuevas edificaciones. El artículo 19, que modifica el 119 del anterior redactado dice: «El delegado del Gobierno, a instancia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, podrá suspender los actos y acuerdos adoptados por las entidades locales que afecten a la integridad del dominio público marítimo-terrestre o de la servidumbre de protección o que supongan una infracción manifiesta de lo dispuesto en el artículo 25 de la presente ley», que prohíbe edificar en la zona de servidumbre.
El cambio legislativo se hace de acuerdo con la Ley de Bases del Régimen Local, que permite al delegado del Gobierno suspender o adoptar actos o acuerdos municipales «que atenten gravemente al interés de España». Es decir, urbanizar en primera línea de playa es un atentado grave contra nuestro país. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, explicó ayer que el mecanismo de suspensión se pondrá en marcha «de forma inmediata» por la vía administrativa en cuanto se tenga noticia de la concesión de una licencia contraria a la ley, antes incluso de recurrir judicialmente. «No se va a permitir que se ponga un ladrillo sin el control del Estado», afirmaron fuentes del Ministerio.
Mientras el Gobierno blinda la costa de futuras urbanizaciones, protege a los propietarios de las ya edificadas en dominio público marítimo-terrestre, que pasaron a manos del Estado en 1988. Entonces dio a los antiguos dueños derechos de uso durante 30 años, prorrogables a 60 si aportaban una sentencia judicial en la que se acreditara su propiedad. Estas viviendas no se podían comprar ni vender y en 2018 comenzaban a vencer las concesiones, por lo que, en teoría, iban a ser derribadas.
La reforma legal amplía a 75 años más las concesiones y, además, permite la compraventa, en respuesta a las quejas presentadas en el Parlamento Europeo por miles de turistas extranjeros. Muchos de ellos se compraron la casa en la playa sin saber que, en realidad, era ilegal. «Esto no podía pasar, era muy mala imagen de cara a los compradores extranjeros», afirmó Ramos. Las críticas en Europa eran tremendas. Hasta el escritor Michel Houellebecq, con casa en Almería, habla del tema en su último libro, El mapa y el territorio.
Así que estas viviendas seguirán como están al menos hasta 2093. Y luego también, según fuentes del Ministerio, porque es muy caro tirarlas y supondría dejar en la calle a millares de personas. Eso sí, tendrán que pagar un canon «simbólico». La nueva ley también devuelve la propiedad a 10 núcleos poblacionales mediterráneos y supone un respiro para los chiringuitos (la concesión pasa de uno a cuatro años) y para los que tengan casa en las zonas de servidumbre, que a partir de ahora podrán acometer reformas.
> Videoanálisis de M. Cabrera.
Rajoy lleva al TC a Andalucía y Euskadi por insumisión sanitaria
El decreto vasco desoye la exclusión médica de los 'sin papeles'
De una tacada y por desobedientes el Gobierno llevó ayer al Tribunal Constitucional a dos comunidades autónomas. Al País Vasco le tira de las orejas por declararse objetor al apartheid sanitario de la ministra Ana Mato y a Andalucía por instaurar un sistema propio de precios y selección de medicamentos que, a juicio del Ejecutivo de Rajoy, sólo le corresponde al Estado.
El recurso contra Andalucía es la continuación del presentado en abril y paralizado desde entonces. Pero el mordisco a Euskadi es nuevo y está inspirado en un informe del Consejo de Estado del mismísimo jueves.
La historia se remonta a abril, cuando el Ministerio de Sanidad aprobó un decreto que, a partir del 1 de septiembre, cambiará el sistema de salud pública tal y como lo conocemos. Ese texto sustituye la asistencia sanitaria universal por otra reservada a la condición de asegurado. Así, una bolsa de ciudadanos, sobre todo los inmigrantes no regularizados, dejará de tener la tarjeta sanitaria, que permite a una persona acceder a la atención médica primaria y especializada. El texto garantiza a los no asegurados la asistencia de urgencia y la atención al parto.
El decreto provocó una sacudida social y sanitaria que aún late, como la de la Sociedad de Medicina Familiar, que anteayer instó a cierta insumisión y pidió a sus médicos que sigan atendiendo a los sin papeles que ya están aquí. Para los que vengan a partir de ahora la Sociedad sí se mostró obediente con Mato.
La reacción política más dura la protagonizó el País Vasco, que el 29 de junio aprobó un decreto que volvía a universalizar la atención e impedía el copago farmacéutico, instaurado recientemente por Sanidad.
A Sanidad le chirrió la respuesta del lehendakari Patxi López. Junto al Ministerio de Hacienda, sopesó recurrir el decreto vasco ante el TC. El 2 y el 3 de julio, ambos ministerios enviaron sus quejas al Consejo de Estado.
En un informe del 12 de julio, el Consejo -a excepción del voto particular de Miguel Herrero- sostiene que el decreto vasco incurre en una «incorrección jurídica» casi en su totalidad. Afirma que ampliar la cobertura sanitaria establecida por el Estado «no es la mecánica» entre las leyes centrales y autonómicas. Cree que extender la asistencia en una comunidad determinada «conlleva efectos perturbadores, como la ruptura del principio de igualdad, al configurar categorías de personas con acceso a prestaciones en una parte del territorio que no lo tienen en el resto». Con eso, más la consideración de que las CCAA «no pueden ampliar la cobertura financiera de una prestación sujeta a copago conforme a las normas del Estado», el Consejo dice que «existen fundamentos para objetar» el decreto vasco. Y sentencia que «presenta defectos jurídicos suficientes» como para ser impugnado ante el TC.
La Lehendakaritza no parece amedrentada. Ayer, ante otra de las reformas de Mato -la Ley de Dependencia- la consejera Gemma Zabaleta pidió a las diputaciones que no apliquen las medidas que «menoscaben el modelo de cuidados familiares». Más desobediencia, futuro recurso.
C. REMÍREZ DE GANUZA GRANADA
14/07/2012 ESPAÑA
La escena venía a reproducir la que minutos antes se había vivido en las puertas de La Moncloa, en Madrid, y la que en las próximas fechas se espera ver en toda España. El Consejo de Ministros acababa de dar luz verde a los recortes más importantes de la Democracia y los populares andaluces tenían un doble motivo para andar, si no cabizbajos, algo parcos de ánimo.
Ganadores de las elecciones autonómicas, pero deprimidos perdedores del Gobierno regional, la gente del PP de Andalucía tenía que apechugar, además, con el coste social de las medidas de Rajoy.
Así que las palabras de María Dolores de Cospedal cayeron como un pequeño revulsivo en un ambiente afectado por la crisis, y especialmente cargado de emotividad a cuenta del adiós a Arenas. Tras derrochar elogios a su «gran amigo y gran compañero», la secretaria general fue al grano en lo que atañe a los recortes. «No es el momento de la melancolía ni de arrugarse, sino de salir a dar la cara. Ya sé que no es fácil, pero podéis caminar con la cabeza bien alta, porque el Gobierno está haciendo el ejercicio de responsabilidad de los gobernantes de altura y con sentido de Estado, no partidista, que trabajan por el interés general y no para ganar elecciones».
La dos del partido, que aún tuvo moral para augurar una futura reválida en las urnas, no tuvo remilgos en invocar al histórico primer ministro británico, Winston Churchill, para pedir a los españoles «sangre, sudor, lágrimas y....esfuerzo».
Invocando de nuevo a Churchill, Cospedal presumió de que su partido «nunca se ha escondido» ante la crisis y las dificultades, y animó a los suyos a que «salgáis a la calle y digáis con orgullo que estamos haciendo lo mejor para nuestro país». «Son tiempos difíciles, pero es cuando los españoles nos han dado la responsabilidad de gobernar», solemnizó.
Además, en línea con su clásico argumentario, la secretaria general arremetió tanto contra los que protestan por los recortes como, en particular, contra el PSOE, al que culpó de manera explícita de los propios recortes.
«Hay muchas personas protestando donde antes no las había, por cierto», dijo a los primeros, para dirigirse a los socialistas: «Aquéllos que gritan más deberían recordar que hoy está siendo tan complicado porque ellos son los que hicieron todo para que hoy nos encontremos en esta situación».«Sé que al PSOE le molesta mucho que recordemos que llevamos sólo seis meses gobernando, pero hay que contar a los españoles que nos hemos encontrado una situación calamitosa, y que nos han mentido».
El revulsivo tuvo un efecto limitado. Sobre todo, en el propio Arenas, cuya tristeza contenida contagió al partido -su esposa y su sucesor, Juan Ignacio Zoido, lo despidieron con agua en los ojos-, y que, en un discurso lleno de humildad, pidió «perdón a la militancia» por los «errores» cometidos
De una tacada y por desobedientes el Gobierno llevó ayer al Tribunal Constitucional a dos comunidades autónomas. Al País Vasco le tira de las orejas por declararse objetor al apartheid sanitario de la ministra Ana Mato y a Andalucía por instaurar un sistema propio de precios y selección de medicamentos que, a juicio del Ejecutivo de Rajoy, sólo le corresponde al Estado.
El recurso contra Andalucía es la continuación del presentado en abril y paralizado desde entonces. Pero el mordisco a Euskadi es nuevo y está inspirado en un informe del Consejo de Estado del mismísimo jueves.
La historia se remonta a abril, cuando el Ministerio de Sanidad aprobó un decreto que, a partir del 1 de septiembre, cambiará el sistema de salud pública tal y como lo conocemos. Ese texto sustituye la asistencia sanitaria universal por otra reservada a la condición de asegurado. Así, una bolsa de ciudadanos, sobre todo los inmigrantes no regularizados, dejará de tener la tarjeta sanitaria, que permite a una persona acceder a la atención médica primaria y especializada. El texto garantiza a los no asegurados la asistencia de urgencia y la atención al parto.
El decreto provocó una sacudida social y sanitaria que aún late, como la de la Sociedad de Medicina Familiar, que anteayer instó a cierta insumisión y pidió a sus médicos que sigan atendiendo a los sin papeles que ya están aquí. Para los que vengan a partir de ahora la Sociedad sí se mostró obediente con Mato.
La reacción política más dura la protagonizó el País Vasco, que el 29 de junio aprobó un decreto que volvía a universalizar la atención e impedía el copago farmacéutico, instaurado recientemente por Sanidad.
A Sanidad le chirrió la respuesta del lehendakari Patxi López. Junto al Ministerio de Hacienda, sopesó recurrir el decreto vasco ante el TC. El 2 y el 3 de julio, ambos ministerios enviaron sus quejas al Consejo de Estado.
En un informe del 12 de julio, el Consejo -a excepción del voto particular de Miguel Herrero- sostiene que el decreto vasco incurre en una «incorrección jurídica» casi en su totalidad. Afirma que ampliar la cobertura sanitaria establecida por el Estado «no es la mecánica» entre las leyes centrales y autonómicas. Cree que extender la asistencia en una comunidad determinada «conlleva efectos perturbadores, como la ruptura del principio de igualdad, al configurar categorías de personas con acceso a prestaciones en una parte del territorio que no lo tienen en el resto». Con eso, más la consideración de que las CCAA «no pueden ampliar la cobertura financiera de una prestación sujeta a copago conforme a las normas del Estado», el Consejo dice que «existen fundamentos para objetar» el decreto vasco. Y sentencia que «presenta defectos jurídicos suficientes» como para ser impugnado ante el TC.
La Lehendakaritza no parece amedrentada. Ayer, ante otra de las reformas de Mato -la Ley de Dependencia- la consejera Gemma Zabaleta pidió a las diputaciones que no apliquen las medidas que «menoscaben el modelo de cuidados familiares». Más desobediencia, futuro recurso.
Cospedal anima al PP a no «arrugarse» ante las protestas
La 'dos' del partido despide a Javier Arenas en un congreso 'melancólico'
.Javier Arenas no fue el único ayer, en su despedida de la presidencia del PP andaluz, en apurar gota a gota el amargo cáliz de la política. Junto a él, más de 1.000 compromisarios populares hubieron de sortear entre gritos, abucheos y botes de humo las encendidas protestas de cientos de funcionarios ante las puertas del Palacio de Congresos de Granada, donde se celebró un melancólico congreso regional del partido.La escena venía a reproducir la que minutos antes se había vivido en las puertas de La Moncloa, en Madrid, y la que en las próximas fechas se espera ver en toda España. El Consejo de Ministros acababa de dar luz verde a los recortes más importantes de la Democracia y los populares andaluces tenían un doble motivo para andar, si no cabizbajos, algo parcos de ánimo.
Ganadores de las elecciones autonómicas, pero deprimidos perdedores del Gobierno regional, la gente del PP de Andalucía tenía que apechugar, además, con el coste social de las medidas de Rajoy.
Así que las palabras de María Dolores de Cospedal cayeron como un pequeño revulsivo en un ambiente afectado por la crisis, y especialmente cargado de emotividad a cuenta del adiós a Arenas. Tras derrochar elogios a su «gran amigo y gran compañero», la secretaria general fue al grano en lo que atañe a los recortes. «No es el momento de la melancolía ni de arrugarse, sino de salir a dar la cara. Ya sé que no es fácil, pero podéis caminar con la cabeza bien alta, porque el Gobierno está haciendo el ejercicio de responsabilidad de los gobernantes de altura y con sentido de Estado, no partidista, que trabajan por el interés general y no para ganar elecciones».
La dos del partido, que aún tuvo moral para augurar una futura reválida en las urnas, no tuvo remilgos en invocar al histórico primer ministro británico, Winston Churchill, para pedir a los españoles «sangre, sudor, lágrimas y....esfuerzo».
Invocando de nuevo a Churchill, Cospedal presumió de que su partido «nunca se ha escondido» ante la crisis y las dificultades, y animó a los suyos a que «salgáis a la calle y digáis con orgullo que estamos haciendo lo mejor para nuestro país». «Son tiempos difíciles, pero es cuando los españoles nos han dado la responsabilidad de gobernar», solemnizó.
Además, en línea con su clásico argumentario, la secretaria general arremetió tanto contra los que protestan por los recortes como, en particular, contra el PSOE, al que culpó de manera explícita de los propios recortes.
«Hay muchas personas protestando donde antes no las había, por cierto», dijo a los primeros, para dirigirse a los socialistas: «Aquéllos que gritan más deberían recordar que hoy está siendo tan complicado porque ellos son los que hicieron todo para que hoy nos encontremos en esta situación».«Sé que al PSOE le molesta mucho que recordemos que llevamos sólo seis meses gobernando, pero hay que contar a los españoles que nos hemos encontrado una situación calamitosa, y que nos han mentido».
El revulsivo tuvo un efecto limitado. Sobre todo, en el propio Arenas, cuya tristeza contenida contagió al partido -su esposa y su sucesor, Juan Ignacio Zoido, lo despidieron con agua en los ojos-, y que, en un discurso lleno de humildad, pidió «perdón a la militancia» por los «errores» cometidos
posted by e-pesimo | 08:14
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