EDITORIALES: El PSOE está comprometido con los terroristas en derogar la "Doctrina Parot"

Si cae la 'doctrina Parot', deben caer los proetarras
. LA SENTENCIA del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que obliga a excarcelar a la etarra Inés del Río Prada de inmediato y no en 2017, como había determinado la Audiencia Nacional, es un varapalo a la Justicia española. La Corte de Estrasburgo, en una sentencia hecha pública ayer, establece que la doctrina Parot vulnera la legalidad al «prolongar retroactivamente la pena» y «vaciar de contenido» las redenciones por trabajo. En el origen del problema está el ingenuo Código Penal de 1973, que permitía obtener beneficios penitenciarios por trabajos realizados en la cárcel. Su ambigua redacción permitió además que esos beneficios se aplicaran al máximo del cumplimiento efectivo de la pena y no al total de la misma, lo que en la práctica permitía a los peores asesinos salir de prisión a los 20 años. La doctrina Parot, aprobada por el Supremo en 2006, acababa con ese disparate. Aunque en teoría jurídica pudiera ser discutible, estaba sólidamente argumentada y tenía el valor de ser justa. Lejos de revisar la condena para imponer una pena mayor a los reos, corregía el despropósito de dejarles libres antes del tiempo establecido por el tribunal.
Aunque el Gobierno anunció ayer mismo un recurso, la unanimidad del fallo -en el que ha participado López Guerra, juez afín al PSOE- hace improbable que la Corte pueda rectificar. La situación es muy grave pues afecta a cerca de 70 etarras, de entre los más sanguinarios de la historia de la banda. Inés del Río Prada, la demandante, había sido condenada a más de 3.000 años de cárcel por varios asesinatos, como los de los 12 policías de la plaza de la República Dominicana de Madrid. En los próximos meses, habrá que excarcelar con toda probabilidad a criminales como Domingo Troitiño -autor del atentado de Hipercor- o al propio Henri Parot -responsable del atentado contra la casa cuartel de Zaragoza que causó la muerte, entre otros, de cinco niños-.Resulta especialmente frustrante que el Estado español vaya a tener que acabar acatando una resolución europea tan perjudicial en la lucha contra el terrorismo, tan dramática para las víctimas y tan repugnante para cualquier persona de bien, y en cambio haya sido incapaz de explotar el aval de Estrasburgo que supuso refrendar la ilegalización de Batasuna para actuar contra sus secuelas, hoy incomprensiblemente legalizadas. Véase si no cómo ayer el portavoz de Amaiur en el Congreso se negó a condenar el abyecto asesinato de Miguel Ángel Blanco.
Pero el ejemplo definitivo de lo que es la izquierda abertzale -esa izquierda abertzale que algunos dicen que ha asumido los principios democráticos y que lucha por la paz-, lo aporta hoy EL MUNDO: la grabación de Josetxo Ibazeta, mano derecha del alcalde de Bildu de San Sebastián, enfrentándose a tres jóvenes que celebraban la Eurocopa con una bandera española y amenazándoles de muerte al grito de «Gora ETA militarra». Cuando quien está en el poder actúa de esta forma es porque la democracia ha fallado. Sería suicida esperar de brazos cruzados a que tipos así puedan gobernar algún día, no ya en una ciudad, sino en todo el País Vasco.
El rescate de la banca obliga más al ajuste duro
.POR PRIMERA vez desde la creación del BCE, España no va a tener ningún miembro en su Comité Ejecutivo. Es el órgano clave en la toma de decisiones, por lo que tener voz y voto en él es crucial para los intereses de un país. A la vez, España ha perdido la opción de presidir el Eurogrupo, puesto al que optaba Luis de Guindos, y de dirigir el Mede, para el que se iba a proponer a la ex secretaria de Estado de Economía, Belén Romana. La pérdida de influencia en las instituciones es el peaje político que hay que pagar cuando se pide ayuda financiera.Pero el peaje económico que exige el rescate de la banca española es infinitamente mayor y, en la práctica, supone que el sector financiero español queda bajo las órdenes de la UE. Porque Bruselas impone la mayor reestructuración de las entidades bancarias que se ha hecho nunca en España; obliga a modificar sustancialmente la regulación del sector, al dotar de más poderes al Banco de España tras quitárselos al Gobierno; y exige al organismo dirigido por Luis Linde que se ponga bajo las órdenes del BCE en lo que afecta a la supervisión.
En definitiva, el Gobierno español perdió ayer el control de un sector clave para el desarrollo económico del país. Por supuesto, es un tremendo fracaso del Gobierno de Zapatero que apenas unos días después de la crisis de Lehman afirmaba en Nueva York que España tenía el mejor sistema financiero del mundo. Pero también es un fiasco del Ejecutivo de Rajoy, porque la timidez de su reforma financiera magnificó los ya graves problemas del sector. La atropellada nacionalización de Bankia es el fotograma que resume a la perfección esta película.
Es cierto que un europeísta convencido podría alegrarse por este -si se quiere- trasvase de soberanía. Y tendría razón si ese paso se hubiera dado de forma voluntaria y por parte de todos los países miembros a la vez. Pero no como una imposición directa por incumplimiento de compromisos. Es cierto que, como dice Luis de Guindos, el rescate no impone nuevas condiciones macroeconómicas, pero esta cesión de poder nos lleva a preguntarnos qué sería de España si finalmente la UE tuviera que emprender el rescate de toda la economía. Un tutelaje similar al bancario para reducir el gasto público, recortar servicios sociales o pilotar las reformas estructurales sería una humillación y pondría en entredicho la continuidad del Gobierno popular.
Ayer decíamos que a Rajoy sólo le queda una carta para evitar la intervención: la de acometer ya la reforma profunda del Estado. Hoy va a empezar a jugar esa última baza en el Congreso, cuando explique el nuevo plan de ajuste. El presidente del Gobierno debe ser más consciente que nunca de que si pierde esta partida no tendrá otra oportunidad.





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