EDITORIALES: El irresponsable pulso al Gobierno de las autonomías
El irresponsable pulso al Gobierno de las autonomías
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EL DURO plan de ajuste anunciado por Mariano Rajoy en el Congreso -65.000 millones en dos años con medidas muy impopulares- no logró ayer aplacar el acoso de los mercados hacia España. La prima de riesgo subió, la rentabilidad del bono se mantiene en un 6,6% y la Bolsa cerró con una caída del 2,5%. Muchos españoles se pueden preguntar cómo es posible que los inversores no den una tregua a España, ni el BCE se decida a intervenir comprando nuestra deuda, a pesar de que todo el mundo coincide en que el plan anunciado por Rajoy no tiene precedentes y conlleva duros sacrificios para los ciudadanos. La respuesta, o por lo menos gran parte de ella, hay que buscarla en la reunión que ayer mantuvo el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se puso en evidencia que el Gobierno carece de instrumentos -y/o de voluntad política- para imponer su plan de ajuste a las comunidades. Los consejeros de Andalucía, Cataluña, Canarias y Asturias -todas de signo distinto al del Gobierno central- votaron en contra del objetivo de déficit para los dos próximos años: el 0,7% para 2013 y el 0,1% para 2014. A esta rebelión se sumaron también Castilla y León y Extremadura, dos comunidades gobernadas por el PP que se abstuvieron. Galicia votó a favor in extremis, después de haber expresado su rechazo.
No es en absoluto habitual que las comunidades del PP se opongan a los planes de su Gobierno. En un momento de extraordinaria dificultad -postración, llegó a decir el presidente-, la actuación de Monago -que debería renunciar ya al pacto contra natura que mantiene con IU- y de un irreconocible Juan Vicente Herrera supone toda una irresponsabilidad, puesto que contribuye a debilitar la posición de Mariano Rajoy de cara al exterior.Tal vez la mayor prueba de la impotencia del Gobierno para meter en cintura a las comunidades -petición unánime de la UE y el FMI- la proporcionó el secretario de Estado del ramo. Beteta dijo que de las 600 empresas públicas que las autonomías se habían comprometido a suprimir, sólo han desaparecido dos. No es difícil pronosticar que las seis comunidades que no han asumido el recorte del déficit harán todo lo posible por incumplir lo aprobado por mayoría en el consejo de política fiscal. A estas alturas, resulta casi quimérico pensar que todas las comunidades podrán cerrar 2012 con el 1,5% de déficit.
Es verdad que el Gobierno respondió a este pulso con la Ley de Estabilidad en la mano, apercibiendo a ocho autonomías -oficialmente no se dijo cuáles- para que corrijan su desviación del déficit. Es el primer paso hacia una posible intervención, aunque el proceso legal es muy largo y si algo apremia a España es el tiempo. Por gráfico que fuera el ministro Montoro en su enfrentamiento dialéctico con los consejeros rebeldes -«¿cómo os oponéis si no tenéis cómo financiaros?»-, lo cierto es que el mensaje que hoy llegará a las instituciones internacionales y a los inversores no puede ser más desalentador para recuperar la credibilidad de nuestro país. Y sin desatar este nudo, todos los sacrificios y los esfuerzos pueden ser vanos.
Detenido un ex 'conseller' por contrabando
El más difícil todavía en la falta de ejemplaridad
AL PASO que va, la clase política va a acabar con la capacidad de sorpresa de los ciudadanos. La noticia de la detención de un ex conseller de la Generalitat de Cataluña por contrabando de tabaco parece más el episodio de una película mexicana que un hecho real. Jordi Ausàs, dirigente de Esquerra Republicana, que hace poco más de un año estaba sentado al frente de una consejería del Gobierno tripartito manejando millones de euros de dinero público, está acusado de pertenecer a una trama delictiva que ha introducido más de 300.000 euros en cajetillas desde la vecina Andorra. La pregunta surge sola: ¿En qué manos estamos?
Aunque para ello tenga que emitirpublicidad
TVE debería costarle menos al contribuyente
EL GOBIERNO debería atender la petición que ayer le hizo la Asociación de Anunciantes para que TVE vuelva a emitir publicidad. El cambio de financiación permitiría ahorrar unos 200 millones al año a las raquíticas arcas del Estado. Además, reducido el mercado televisivo en la práctica a un duopolio, carece de sentido excluir a la cadena pública de la tarta publicitaria. Ahora bien, el Gobierno ha de definir de una vez cuál es su modelo de televisión pública y actuar en consecuencia. Por ejemplo, las manifestaciones del nuevo presidente de RTVE asegurando que no tiene prevista «ninguna medida traumática» parecen poco realistas. En un momento en el que todos los medios se ven obligados a hacer ajustes, TVE no puede ser un islote al margen de la realidad a costa del contribuyente
Solicita 6.000 millones para recapitalizarse





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