PP Y CiU APRUEBAN LA REFORMA LABORAL: El contrato "pymes" caducará cuando el desempleo baje del 15%
El contrato para pymes 'caducará' cuando el desempleo baje del 15%
El Congreso aprueba la reforma laboral con el voto de PP y CiU
.El contrato estrella de la reforma laboral, el indefinido para emprendedores y empresas de menos de 50 trabajadores, tiene fecha de caducidad. Se ha convertido en un «contrato de crisis» que morirá cuando la tasa de desempleo baje del 15%. Así lo dice desde ayer la reforma laboral, que aprobó la Comisión de Empleo del Congreso con los votos de PP y CiU. En vigor como decreto ley desde el pasado 10 de febrero, se está tramitando como proyecto de ley y ahora deberá pasar al Senado antes de volver a la Cámara Baja en junio.
El límite temporal al contrato de emprendedores figuraba en una enmienda del PP, que ahora considera esa nueva figura un «contrato especial para circunstancias especiales», en palabras de la diputada Carmen Álvarez-Arenas.
Los miembros de la Comisión de Empleo se encontraron ayer con que el PP había presentado 26 enmiendas transaccionales con todos los grupos. La mayoría de ellas, con CiU. Aunque el PP también aceptó otras, alguna de tanto calado como la de Foro Asturias que reduce de dos a un año la ultraactividad, el periodo en que los convenios colectivos siguen vigentes después de haber caducado y hasta que se renuevan.
Pero los cambios que ha sufrido la reforma a su paso por el Congreso no han afectado, como ya avisó reiteradamente la ministra de Empleo, Fátima Báñez, a los «aspectos troncales» del decreto. No obstante, algunas modificaciones son significativas. Así ocurre con la llamada enmienda Telefónica, redactada por el anterior Gobierno para el proyecto de ley de reforma de las pensiones en 2011, con ocasión del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en el primer operador español. La reforma ha taponado las dos vías de escape utilizadas por las grandes empresas para eludir el pago de la aportación al Tesoro que les exige la ley si despiden a mayores de 50 años aun teniendo beneficios. Ahora también deberán pagar si, en vez de extinguir contratos, optan por su suspensión o por reducir la jornada de estos trabajadores hasta que alcancen la jubilación. Y no podrán solicitar la ampliación de un despido colectivo anterior al 27 de abril de 2011 -exento de pago-; tendrán que presentar un nuevo expediente, y hacer el desembolso preceptivo. Además, deberán pasar por caja las empresas de más de 100 trabajadores, cuando antes la obligación se limitaba a las de más de 500.
CiU ha conseguido que se refuerce el papel de la autoridad laboral en los despidos colectivos, suspensiones y reducciones de jornada, que había quedado muy diluido en la primera redacción de la reforma. Aunque no se recupera la autorización administrativa previa, el Ministerio de Empleo o las consejerías autonómicas sí podrán mediar entre empresa y trabajadores, realizar «funciones de asistencia», verificar que la empresa ofrece el plan de recolocación y ser parte en las demandas . SEGOVIA M. RECUERO MADRID
25/05/2012 PORTADA
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El ministro de Economía, Luis de Guindos, está dispuesto a crear el que será el mayor banco público de la Historia de España, 10 veces mayor que Argentaria cuando ésta nació hace 21 años. El proyecto consiste en agrupar a Bankia, Catalunya Banc y Novagalicia Banco, las tres entidades nacionalizadas, y formar un gran banco público con vistas a su saneamiento y privatización a medio plazo, según fuentes próximas al proceso consultadas por EL MUNDO. La nueva entidad tendría 18,3 millones de clientes, uno de cada tres españoles, y representaría el 20% del sector financiero español. De esta manera, rivalizaría en el nuevo mapa bancario con CaixaBank, BBVA y Santander gracias a ayudas públicas.
.El contrato estrella de la reforma laboral, el indefinido para emprendedores y empresas de menos de 50 trabajadores, tiene fecha de caducidad. Se ha convertido en un «contrato de crisis» que morirá cuando la tasa de desempleo baje del 15%. Así lo dice desde ayer la reforma laboral, que aprobó la Comisión de Empleo del Congreso con los votos de PP y CiU. En vigor como decreto ley desde el pasado 10 de febrero, se está tramitando como proyecto de ley y ahora deberá pasar al Senado antes de volver a la Cámara Baja en junio.El límite temporal al contrato de emprendedores figuraba en una enmienda del PP, que ahora considera esa nueva figura un «contrato especial para circunstancias especiales», en palabras de la diputada Carmen Álvarez-Arenas.
Los miembros de la Comisión de Empleo se encontraron ayer con que el PP había presentado 26 enmiendas transaccionales con todos los grupos. La mayoría de ellas, con CiU. Aunque el PP también aceptó otras, alguna de tanto calado como la de Foro Asturias que reduce de dos a un año la ultraactividad, el periodo en que los convenios colectivos siguen vigentes después de haber caducado y hasta que se renuevan.
Pero los cambios que ha sufrido la reforma a su paso por el Congreso no han afectado, como ya avisó reiteradamente la ministra de Empleo, Fátima Báñez, a los «aspectos troncales» del decreto. No obstante, algunas modificaciones son significativas. Así ocurre con la llamada enmienda Telefónica, redactada por el anterior Gobierno para el proyecto de ley de reforma de las pensiones en 2011, con ocasión del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en el primer operador español. La reforma ha taponado las dos vías de escape utilizadas por las grandes empresas para eludir el pago de la aportación al Tesoro que les exige la ley si despiden a mayores de 50 años aun teniendo beneficios. Ahora también deberán pagar si, en vez de extinguir contratos, optan por su suspensión o por reducir la jornada de estos trabajadores hasta que alcancen la jubilación. Y no podrán solicitar la ampliación de un despido colectivo anterior al 27 de abril de 2011 -exento de pago-; tendrán que presentar un nuevo expediente, y hacer el desembolso preceptivo. Además, deberán pasar por caja las empresas de más de 100 trabajadores, cuando antes la obligación se limitaba a las de más de 500.
CiU ha conseguido que se refuerce el papel de la autoridad laboral en los despidos colectivos, suspensiones y reducciones de jornada, que había quedado muy diluido en la primera redacción de la reforma. Aunque no se recupera la autorización administrativa previa, el Ministerio de Empleo o las consejerías autonómicas sí podrán mediar entre empresa y trabajadores, realizar «funciones de asistencia», verificar que la empresa ofrece el plan de recolocación y ser parte en las demandas . SEGOVIA M. RECUERO MADRID
25/05/2012 PORTADA
El PP estudia crear el mayor banco público de la Historia
Incorporaría Novagalicia Banco y Catalunya Banc a Bankia si no hay ofertas atractivas / Sería el líder en España con 18,3 millones de clientesjudiciales
La nueva entidad financiera se convertiría también en la primera del país por volumen de activos, con más de 455.000 millones de euros, por delante de CaixaBank (incluye Banca Cívica), con 342.250 millones; BBVA (incluye Unnim), con 340.000 millones en activos; y Santander, con 337.000 millones. Sólo quedaría en segundo lugar en número de oficinas bancarias, superada por CaixaBank, tras la absorción de Banca Cívica. El banco público dispondría de 5.588 sucursales.
Las fuentes gubernamentales consultadas por este diario fundamentan el proyecto en, principalmente, evitar malvender entidades nacionalizadas con coste para el erario público. Según esta versión, De Guindos ha decidido plantarse y no continuar con las subastas previstas de Catalunya Caixa y Novagalicia ante la perspectiva de malventa por las raquíticas ofertas presentadas por bancos competidores.
Fuentes gubernamentales recuerdan el precedente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). El anterior Gobierno, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, autorizó, en sus últimas semanas en el poder, la privatización de la caja levantina en favor del Banco Sabadell. La CAM fue adjudicada con un Esquema de Protección de Activos (EPA) que suponía que el Estado se haría cargo de pérdidas futuras por valor de 17.000 millones de euros.
El Gobierno considera que no se puede permitir privatizar otras entidades, incluso, de mayor tamaño que la CAM siguiendo este caro precedente, y la alternativa es retener el control sine die y esperar mejores tiempos. «Puede ser una contradicción que un liberal como yo esté hablando aquí de banca pública; banca pública que supone cerca del 20% del sistema bancario español», reconoció De Guindos hace apenas dos días, en el Congreso de los Diputados. «Vamos a intentar que esa banca pública juegue un papel a favor de la economía nacional, sobre todo cuando se privatice, porque se tendrá que acabar privatizando, para que los contribuyentes españoles se resarzan del esfuerzo que han realizado como consecuencia de los fondos que se inyectan en esos bancos públicos», advirtió el ministro de Economía, que no dio por hecho el citado proyecto. Sí dejó fuera en todo caso al Banco de Valencia. Esta entidad, de muy inferior tamaño, no está nacionalizada sino directamente intervenida y será subastada en todo caso.
Para De Guindos, lo importante en el proyecto es «que no haya un solo euro de coste, desde el punto de vista del erario público, sino al revés». «La privatización se realizará en el mejor momento, desde el punto de vista del interés general y desde el punto de vista de lo que son los intereses de los contribuyentes».
Los bancos que pujan por Catalunya Banc alegan que los decretos de Guindos les obligan a un mayor saneamiento y, por tanto, a revisar a la baja sus ofertas. Santander, Sabadell y Kutxa Bank figuran entre ellos.
Además de este pulso, hay otra motivación para agrupar las entidades. La nueva Argentaria implica también un control mayor de los ejecutivos al frente de las entidades. El nuevo presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, está designado, claramente, por el Gobierno, por no el presidente de Catalunya Banc, Adolfo Todó, ni de Novagalicia, José María Castellano.
La posibilidad de que Goirigolzarri se convierta en el máximo responsable de todo el grupo provocó, ayer, recelos en la Xunta de Galicia. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, aceptó que se aplace la subasta de la entidad gallega, pero mostró interés en que ésta continúe independiente de Bankia.
«Si la solución de Bankia interesa a Novagalicia, mejor dicho a Galicia, Galicia solicitará la solución de Bankia», afirmó ayer. Y calificó de «buen precedente» que el ministro haya ofrecido a Bankia todo el apoyo que necesite. «Lo que se discute es si saldrá a subasta y se convertirá en un banco privado o si puede seguir con un proyecto en solitario. Eso es lo que veremos en las próximas semanas», manifestó.
Por su parte, los líderes sindicales cuestionaron el proyecto. «La táctica que quiere seguir el Ejecutivo es la de nacionalizar las pérdidas de las entidades para después, cuando estén saneados, privatizar los beneficios. No lo comparto», advirtió Ignacio Fernández Toxo. Y el líder de UGT, Cándido Méndez, declaró que este planteamiento sobre la banca pública es una «estratagema y una argucia» para intentar ahorrarse explicaciones de por qué hay dinero para Bankia y no para sanidad y educación.
>Vea el análisis de Marisa Recuero sobre la creación de un banco público.
Goirigolzarri pugna con el Banco de España
Pretende reclamar hoy 15.000 millones al Estado pese a las objeciones de Ordóñez
. El nuevo presidente del grupo BFA Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, está librando estos días una pugna con el Banco de España para poder elevar al máximo la petición de ayuda al Estado. Goirigolzarri se inclina por pedir 15.000 millones de euros para cubrir los 7.100 millones de saneamientos que implica cumplir con los decretos y cubrir con creces los agujeros heredados. Deloitte consideró el pasado mes que las cuentas de BFA -matriz de Bankia- estaban infladas en más de 3.000 millones por sobrevaloración de participaciones y también veía discutible una partida de créditos fiscales por un valor similar. La suma de todo ello arroja los citados 15.000 millones, que ya adelantó EL MUNDO el pasado día 14.
El Banco de España está poniendo objeciones a tan elevada cifra, porque, entre otros motivos, supone un varapalo para su labor de supervisión. Hace apenas un mes, el Banco de España autorizó el plan del anterior presidente, Rodrigo Rato, con una cifra tres veces inferior. Goirigolzarri está intentando hacer ver a la institución que dirige Miguel Ángel Fernández Ordóñez que la situación de Bankia exige una recapitalización muy contundente y que sea creíble para los mercados.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, sí ha dado ya su visto buenoa una inyección del calibre de la que reclama el banquero vasco con la justificación de que, ya que el Estado se va a convertir en propietario, lo útil es dedicar todo el dinero verdaderamente necesario e intentar a medio plazo «resarcir al contribuyente». Al contar con el apoyo de De Guindos, Goirigolzarri está dispuesto a oficializar su petición hoy mismo. Ha convocado el consejo de administración de Bankia para presentar su plan de viabilidad, que incluye la recapitalización pública, y cerrar las cuentas del ejercicio 2011. Envió la convocatoria ayer a los miembros del consejo de administración sin remitirles la documentación, con lo que éstos deberán dar el visto bueno sin tiempo para analizar las cifras. No obstante, De Guindos aventuró el pasado miércoles que habrá una renovación mayoritaria de los órganos de gobierno del grupo tras la nacionalización.
Por otra parte, Fernández Ordóñez ha remitido una carta a la presidenta de la Comisión de Economía del Congreso para comparecer también él mismo. Varios grupos parlamentarios, entre ellos el PSOE, habían solicitado que se explicara y el PP tenía previsto registrar también una petición.
En su carta, Ordóñez, considera que «es lógica la preocupación de la opinión pública sobre la situación y perspectivas de nuestras entidades de crédito en el contexto de la crisis de confianza que afecta con carácter general a la zona del euro y, dentro de ésta, a nuestro país».
. El nuevo presidente del grupo BFA Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, está librando estos días una pugna con el Banco de España para poder elevar al máximo la petición de ayuda al Estado. Goirigolzarri se inclina por pedir 15.000 millones de euros para cubrir los 7.100 millones de saneamientos que implica cumplir con los decretos y cubrir con creces los agujeros heredados. Deloitte consideró el pasado mes que las cuentas de BFA -matriz de Bankia- estaban infladas en más de 3.000 millones por sobrevaloración de participaciones y también veía discutible una partida de créditos fiscales por un valor similar. La suma de todo ello arroja los citados 15.000 millones, que ya adelantó EL MUNDO el pasado día 14.
El Banco de España está poniendo objeciones a tan elevada cifra, porque, entre otros motivos, supone un varapalo para su labor de supervisión. Hace apenas un mes, el Banco de España autorizó el plan del anterior presidente, Rodrigo Rato, con una cifra tres veces inferior. Goirigolzarri está intentando hacer ver a la institución que dirige Miguel Ángel Fernández Ordóñez que la situación de Bankia exige una recapitalización muy contundente y que sea creíble para los mercados.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, sí ha dado ya su visto buenoa una inyección del calibre de la que reclama el banquero vasco con la justificación de que, ya que el Estado se va a convertir en propietario, lo útil es dedicar todo el dinero verdaderamente necesario e intentar a medio plazo «resarcir al contribuyente». Al contar con el apoyo de De Guindos, Goirigolzarri está dispuesto a oficializar su petición hoy mismo. Ha convocado el consejo de administración de Bankia para presentar su plan de viabilidad, que incluye la recapitalización pública, y cerrar las cuentas del ejercicio 2011. Envió la convocatoria ayer a los miembros del consejo de administración sin remitirles la documentación, con lo que éstos deberán dar el visto bueno sin tiempo para analizar las cifras. No obstante, De Guindos aventuró el pasado miércoles que habrá una renovación mayoritaria de los órganos de gobierno del grupo tras la nacionalización.
Por otra parte, Fernández Ordóñez ha remitido una carta a la presidenta de la Comisión de Economía del Congreso para comparecer también él mismo. Varios grupos parlamentarios, entre ellos el PSOE, habían solicitado que se explicara y el PP tenía previsto registrar también una petición.
En su carta, Ordóñez, considera que «es lógica la preocupación de la opinión pública sobre la situación y perspectivas de nuestras entidades de crédito en el contexto de la crisis de confianza que afecta con carácter general a la zona del euro y, dentro de ésta, a nuestro país».
posted by e-pesimo | 07:25
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