EL PSOE se resquebraja
El PSOE se resquebraja a cuenta de las responsabilidades en Bankia
Carme Chacón y Tomás Gómez se desmarcan y piden una comisión de investigación
.El PSOE puede ser uno de los primeros damnificados directos de la crisis de Bankia. Los titubeos iniciales del partido liderado por Rubalcaba a cuenta de la oportunidad de reclamar o no comparecencias públicas de gestores y directivos de la cuarta entidad financiera del país, e incluso de pedir que en el Congreso se cree una comisión de investigación que depure las oportunas responsabilidades políticas, abrieron ayer una brecha que resultará difícil cerrar.
La ex ministra de Defensa y ex rival de Rubalcaba a la Secretaría General del partido, Carme Chacón, se desmarcó ayer de la línea oficial y reclamó abiertamente al PSOE que respalde sin dudas la creación de una «comisión de la verdad» que aclare todo lo sucedido en Bankia. Chacón hizo esta petición en la reunión que mantuvo a primera hora su grupo parlamentario, presidido por Rubalcaba, en el Congreso.
Se trató de una reunión larga -más de tres horas- y muy viva, tal y como confirmaron posteriormente fuentes del partido. Y es que no todos en el seno del PSOE están conformes con la posición mantenida por el secretario general, que hasta el momento prefiere mantener la prudencia en relación con la exigencia de responsabilidades en la gestión de la crisis de Bankia. Chacón ayer se lanzó al ruedo y puso voz a la posición de los descontentos.Entre los que coinciden con la ex ministra cabe citar al ex alcalde de San Sebastián Odón Elorza y al secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez.
Carme Chacón habló de «agujero negro» e incluso advirtió de que la crisis de Bankia puede llegar a ser utilizada por el Gobierno del PP para amplificar y reiterar su mensaje negativo sobre la gestión del Ejecutivo de Zapatero. El secretario general insistió, frente a esta postura, en la necesidad de pedir primero las comparecencias informativas de los gestores de la entidad, los nuevos y los que han cesado hace días, así como del gestores de la entidad, los nuevos y los que han cesado hace días, así como del gobernador del Banco de España. Ello incluiría, lógicamente, la presencia en el Congreso de Rato, Blesa, Olivas, Goirigolzarri y Fernández Ordóñez. Posteriormente, y a la vista de la información proporcionada, se decidiría la necesidad de reclamar la comisión de investigación. El problema que esta estrategia conlleva es que el Gobierno y su grupo parlamentario parecen decididos, por el momento, a que las comparecencias, si las hubiere, se produzcan en la subcomisión del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), que se reúne a puerta cerrada y dentro de un plazo indefinido, de manera que podrían retrasarse incluso meses.
A ello se añadiría, además, tal y como explicó José Blanco, la necesidad inevitable de que el propio PSOE apoyara la dimisión inmediata de los consejeros socialistas que se sientan en BFA, la matriz de Bankia, y que proceden de la antigua Caja Madrid.
El sector no partidario de la prudencia que esgrime Rubalcaba no se mostró en absoluto satisfecho e insistió en que debe llegarse hasta el final reclamando responsabilidades, «caiga quien caiga». En opinión de los críticos, los ciudadanos no entenderían otra cosa.
En realidad, en el seno del partido late desde hace días una discrepancia de fondo a cuenta no sólo de la crisis de Bankia sino, sobre todo, por la estrategia que pretende llevar a cabo Rubalcaba en relación con la reforma del sistema financiero y su intento de aproximar posiciones con el Gobierno.
Precisamente, la salida a la luz de estas diferencias internas tras la Ejecutiva del lunes indujo ayer a Rubalcaba a culpar a la mano derecha de Tomas Gómez, Maru Menéndez, de ser la persona que filtró a la prensa las disensiones. Rubalcaba culpó a Menéndez en una conversación con Eduardo Madina que fue captada por un micrófono abierto. En ella, el líder del PSOE aseguraba su deseo de «echar» a la supuesta filtradora.
Posteriormente, Rubalcaba pidió disculpas a Menéndez pero el asunto no ha quedado zanjado y ya hay quienes apuntan al renacimiento de la guerra entre el sector de Chacón y Gómez contra el liderazgo del secretario general.
El PP decide 'controlar' la investigación
La dimisión de Ordóñez facilita que sólo comparezca como 'ex' y a puerta cerrada
.El anuncio de dimisión de Miguel Ángel Fernández Ordóñez facilitó ayer los planes del Gobierno y de su grupo en el Congreso de rebajar la tensión parlamentaria en torno a la crisis de Bankia y de la deuda. El gobernador del Banco de España ya sólo comparecerá, en su caso, en calidad de ex y, además, lo hará a puerta cerrada.Éste era, al menos, el horizonte político marcado a la hora de cierre, y al cabo de una difícil jornada. Y es que, desde el primer minuto, los populares se aplicaron a la tarea de controlar el efecto Bankia y evitar «un circo» de comparecencias que, a su juicio, dañarían aún más, si cabe, la credibilidad de España en los mercados y en las instituciones comunitarias.
La «delicada situación» por la que está pasando la economía española se ha convertido en una suerte de nueva razón de Estado para los populares. La esgrimen sin disimulo alguno para justificar tanto su rechazo a una comisión de investigación como a las explicaciones, con luz y taquígrafos, de los antiguos gestores y supervisores de Bankia.
«Si comparece, será como ex», señalaban fuentes próximas al Ejecutivo, al tiempo que, desde el propio grupo, apenas se apostaba por llamar al máximo responsable del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) a la subcomisión del mismo nombre, que hoy mismo se reunirá para «ordenar los trabajos», en palabras del portavoz, Alfonso Alonso.
Las mismas fuentes señalaban que será el nuevo gobernador del Banco de España el responsable de explicar lo ocurrido y que Ordóñez tardará tanto o más en dar explicaciones como tardó la ex vicepresidenta económica del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero Elena Salgado. Insistían en que el ritmo de las comparecencias «será controlado».
El propio Alonso fue transparente al declarar en rueda de prensa que el debate sobre el agujero de la primera entidad bancaria del país debe hacerse desde «la serenidad» y «alejado de la confrontación política». Y, una vez dimitido el gobernador, no dudó en pasar página en los pasillos del Congreso: «Se abre un nuevo ciclo (...). El balance de su gestión es negativo, pero no le va a dar tiempo de comparecer».
Si bien su homóloga socialista, Soraya Rodríguez, siguió apostando por la comparecencia, lo cierto es que los socialistas no se lo pusieron ayer muy difícil a los populares en este terreno. A la espera de dilucidarse la división interna, el PP pudo exhibir el primer acuerdo de mínimos con los socialistas tras la entrevista de Rajoy y Rubalcaba en La Moncloa. El PSOE llegó a aceptar una enmienda transaccional del PP con la que éste se unió a una iniciativa en favor de los eurobonos. Claro que los populares negociaron la introducción de un nombre peculiar para sortear la cita de la palabra maldita para Angela Merkel. En lugar de eurobonos, el texto aprobado reclama «la mutualización de la deuda pública en los países que compartimos la Unión Monetaria».
Además, socialistas y populares apoyaron una «política europea orientada a la estabilidad y el crecimiento». La Cámara aprobó también reclamar a la UE un nuevo instrumento financiero que aumente la capacidad de financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI), tal y como proponía el PSOE, aunque la mayoría absoluta del PP se impuso frente a la revisión del calendario de reducción del déficit o la implantación de la Tasa de Transacciones Financieras, propuesta también por los socialistas.
La FEMP deja en manos de los alcaldes el cobro del IBI a la Iglesia
Zoido recuerda que la ley es estatal y pide un informe jurídico sobre la exención
El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Juan Ignacio Zoido, afirmó ayer que esta institución «no tiene nada que decir» sobre la propuesta del PSOE de cobrar el IBI a la Iglesia, y añadió que cada ayuntamiento podrá recomendar al Estado, si lo ve oportuno, que cambie la ley.
En declaraciones a los medios de comunicación al término de la reunión de la Junta de Gobierno de la FEMP, Zoido señaló que acordaron que la Comisión de Haciendas Locales haga un informe para «poner negro sobre blanco» el razonamiento jurídico sobre qué normativa es aplicable.
En cualquier caso, Zoido recordó que la legislación sobre este asunto «es estatal», y «todas las confesiones religiosas están exentas del pago del IBI», tanto las católicas como las que no lo son, precisó, según informa Efe.
Respecto a la Iglesia católica, el presidente de la FEMP se refirió en concreto a la Ley de Mecenazgo y a los convenios suscritos con el Vaticano. Por ello, recalcó que «la competencia en el cobro del IBI es del Estado y en modo alguno de los ayuntamientos».
Sin embargo, consideró que «sí le corresponde a un Pleno del ayuntamiento instar lo que le parezca oportuno al Gobierno de la Nación», antes de añadir que, en el caso de Sevilla, «se presentó y se rechazó», mientras que en otros «se ha aprobado».
En este sentido, Zoido aseguró que «la FEMP no va a realizar ninguna petición al Gobierno», y comentó que la propuesta socialista como alcalde de la ciudad hispalense le parece «oportunista».
Preguntado por si la FEMP tiene constancia de que algunos ayuntamientos podrían cobrar el IBI legalmente por algunas propiedades como garajes o locales, Zoido dijo que no tiene conocimiento de que esa circunstancia se esté produciendo, y es por eso por lo que han encargado un dictamen a la Comisión de Haciendas Locales.
«Hay una esfera de autonomía local que hay que respetar», puntualizó Zoido, antes de añadir que algunos miembros de la Junta de Gobierno han comunicado en la misma que en sus ayuntamientos se ha aprobado instar al Gobierno a modificar la legislación estatal.
En el caso del Ayuntamiento de Sevilla, su regidor insistió en que el viernes pasado se rechazó la moción presentada sobre este asunto.
Por su parte, el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, que también asistió a la Junta de Gobierno de la FEMP, aseguró que su ayuntamiento «no va a respaldar ningún tipo de modificación legislativa que cambie las cosas», en referencia al cobro del IBI a la Iglesia.
De la Serna defendió su postura basándose en el «enorme fin social que desarrolla la Iglesia», que la Administración no podría llevar a cabo porque no tiene «ni los recursos ni la capacidad humana» para atender a tantos ciudadanos sin recursos.
El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Juan Ignacio Zoido, afirmó ayer que esta institución «no tiene nada que decir» sobre la propuesta del PSOE de cobrar el IBI a la Iglesia, y añadió que cada ayuntamiento podrá recomendar al Estado, si lo ve oportuno, que cambie la ley.
En declaraciones a los medios de comunicación al término de la reunión de la Junta de Gobierno de la FEMP, Zoido señaló que acordaron que la Comisión de Haciendas Locales haga un informe para «poner negro sobre blanco» el razonamiento jurídico sobre qué normativa es aplicable.
En cualquier caso, Zoido recordó que la legislación sobre este asunto «es estatal», y «todas las confesiones religiosas están exentas del pago del IBI», tanto las católicas como las que no lo son, precisó, según informa Efe.
Respecto a la Iglesia católica, el presidente de la FEMP se refirió en concreto a la Ley de Mecenazgo y a los convenios suscritos con el Vaticano. Por ello, recalcó que «la competencia en el cobro del IBI es del Estado y en modo alguno de los ayuntamientos».
Sin embargo, consideró que «sí le corresponde a un Pleno del ayuntamiento instar lo que le parezca oportuno al Gobierno de la Nación», antes de añadir que, en el caso de Sevilla, «se presentó y se rechazó», mientras que en otros «se ha aprobado».
En este sentido, Zoido aseguró que «la FEMP no va a realizar ninguna petición al Gobierno», y comentó que la propuesta socialista como alcalde de la ciudad hispalense le parece «oportunista».
Preguntado por si la FEMP tiene constancia de que algunos ayuntamientos podrían cobrar el IBI legalmente por algunas propiedades como garajes o locales, Zoido dijo que no tiene conocimiento de que esa circunstancia se esté produciendo, y es por eso por lo que han encargado un dictamen a la Comisión de Haciendas Locales.
«Hay una esfera de autonomía local que hay que respetar», puntualizó Zoido, antes de añadir que algunos miembros de la Junta de Gobierno han comunicado en la misma que en sus ayuntamientos se ha aprobado instar al Gobierno a modificar la legislación estatal.
En el caso del Ayuntamiento de Sevilla, su regidor insistió en que el viernes pasado se rechazó la moción presentada sobre este asunto.
Por su parte, el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, que también asistió a la Junta de Gobierno de la FEMP, aseguró que su ayuntamiento «no va a respaldar ningún tipo de modificación legislativa que cambie las cosas», en referencia al cobro del IBI a la Iglesia.
De la Serna defendió su postura basándose en el «enorme fin social que desarrolla la Iglesia», que la Administración no podría llevar a cabo porque no tiene «ni los recursos ni la capacidad humana» para atender a tantos ciudadanos sin recursos.
posted by e-pesimo | 07:58
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