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sábado, 28 de abril de 2012

PARTIDOS: Ante la grave situación financiera de Cataluña, Alicia intercede ante el Gobierno de España pidiendo sopitas




  • LUIS ÁNGEL SANZ MADRID
  • 28/04/2012 ESPAÑA

  • El PSOE propone evitar recortes con un impuesto a las grandes fortunas

    Junto con la reforma del tributo de Sociedades, recaudaría 9.500 millones de euros

    La líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, ayer en La Moncloa con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. / BERNARDO DÍAZ
    . Los Presupuestos del Estado son «antisociales», «injustos», «malos para el presente de España» y «nefastos para el futuro», en opinión del número tres del PSOE, Óscar López, porque sólo plantean «un ajuste extremo» y «una fijación» del Gobierno: «Alcanzar el objetivo de déficit público por la vía de los recortes que desprotegen a las clases medias y bajas».
    Por eso ayer, el Grupo Socialista en el Congreso presentó más de 700 enmiendas que suponen «toda una política económica alternativa», según dijeron. Su objetivo principal es recaudar 9.500 millones de euros con un impuesto nuevo y la reforma de otro. Con ello, los socialistas aseguran que evitarían recortes sociales y podrían incluso eliminar varias medidas fiscales del Ejecutivo como la «amnistía fiscal a los defraudadores», con la que el Gobierno prevé ingresar 2.500 millones de euros, y la subida del IRPF que ha rebajado las nóminas de millones de trabajadores.

    López explicó que las dos principales vías de financiación nuevas que proponen usar los socialistas son un impuesto a las grandes fortunas, con el que prevén una recaudación de 3.500 millones de euros, y una reforma del Impuesto de Sociedades que permitiría ingresar 6.000 millones más.

    «Con esas dos medidas», explicó López, «se podría eliminar la amnistía fiscal y la subida del IRPF». «La caja general quedaría cuadrada», detalló, «cumpliendo con el mismo objetivo de déficit que tiene el Gobierno, el 5,3%».

    Los socialistas plantean también una reducción de efectivos en Defensa y una reestructuración de los gastos de armamento, entre otras medidas de ajuste.

    López acusó al Gobierno de Mariano Rajoy de haber provocado con las cuentas presentadas «la quiebra de principios básicos que no se habían quebrado nunca desde la llegada de la democracia». Y citó la gratuidad y la universalidad de la educación y la sanidad públicas como principios que los populares están dispuestos a saltarse.

    «Mariano Rajoy se ha quedado solo en España y solo con Angela Merkel en Europa», enfatizó López en referencia a que las cuentas generales pueden ser aprobadas con los únicos votos del PP, UPN y Foro Asturias. Y a que la posible victoria de los socialistas en Francia «abre una esperanza para que Europa reequilibre sus políticas».

    Las enmiendas presentada por el Grupo Socialista plantean «mantener las políticas sociales» y «un nuevo modelo de crecimiento» basado en «la competitividad y la productividad por la vía del I+D+i. Ésta ha sido la tónica general de las enmiendas presentadas por toda la oposición, desde el PSOE hasta los nacionalistas vascos o catalanes: la inversión en investigación e innovación, que baja un 25% con el Gobierno del PP.

    En el capítulo de gastos, los socialistas proponen 600 millones de euros más para I+D+i; corrigen el recorte en becas y ayudas a estudiantes para situarlo en los 550 millones de euros, y dotan al sistema nacional de salud con 180 millones para «garantizar la igualdad sanitaria» en todas las comunidades.

    También amplía el gasto en políticas activas de empleo hasta los 1.000 millones de euros. Para contrarrestar, el PSOE propone reajustar los gastos de Defensa con una reducción de efectivos de las fuerzas armadas. Además, proponen reestructurar los programas especiales de armamento. En la misión española en el Líbano, por ejemplo, propone reducir en un 25% la presencia de tropas españolas.

    El secretario de Organización del PSOE incidió en que los presupuestos del PP ponen en peligro «inversiones clave» y además son injustos para la política social.

    El PP, lamentó López, se ha «negado» a tener un debate con los socialistas sobre cómo financiar la sanidad y la educación, y ha optado por la «quiebra de principios como el de la universalidad, que se rompe subiendo tasas universitarias, quitando becas, cobrando transporte hospitalario o implantando el copago en los medicamentos». Todas estas medidas, insistió, «tienen alternativa», porque «se puede buscar otra fórmula» para conseguir ingresos.
    28/04/2012 ESPAÑA

    Una imagen inédita.

    Por primera vez, el despacho semanal entre el Rey y el presidente del Gobierno fue recogido ayer en vídeo y en fotografía. Televisión Española y la agencia Efe ofrecieron las imágenes en régimen de pool para insistir en la sensación de normalidad institucional que Zarzuela quiso transmitir desde que el jueves por la tarde Don Juan Carlos volvió a lesionarse

  • JAVIER CARRASCO VALENCIA
  • 28/04/2012 PORTADA

  • La Generalitat Valenciana privatizará la gestión de la sanidad pública

    Parar la bola de la quiebra socialista puede retrasar la remontada hasta el 2.016 . La Comunidad Valenciana inventó el llamado modelo Alzira para la sanidad pública, en el que un concesionario privado construía y gestionaba al 100% un hospital. Ahora su actual presidente quiere implantar, a partir de enero de 2013, un modelo sanitario que extiende la «colaboración» privada a todos los servicios no sanitarios de los hospitales.
    El Gobierno valenciano ha elegido el 1 de enero del próximo año para implantar un «nuevo modelo sanitario». Su vicepresidente José Císcar hizo ayer este revelación cuando presentó el plan de reequilibrio financiero que trasladará al Gobierno para cumplir con el déficit público del 1,5% este año, requisito indispensable para acceder al plan de proveedores. En suma, ese nuevo modelo sanitario pasa por extender la iniciativa privada a parte de la gestión de todos sus hospitales públicos para lograr un ahorro anual de 443 millones de euros.

    El Ejecutivo de Alberto Fabra quiere hacer de la necesidad virtud y aprovechará la obligación de cumplir con el reciente decreto ley del Gobierno, que obliga a las comunidades autónomas a reducir su gasto sanitario, para sentar un «nuevo modelo» dentro de «una nueva Administración valenciana», como dijo ayer Císcar. De lo que se trata, añadió, es de que la sanidad pública sea «sostenible» para que la Generalitat también lo sea.

    El vicepresidente indicó que el nuevo sistema sanitario público se basará en «intensificar el grado de colaboración público-privada» ya existente en «la práctica totalidad» de servicios no sanitarios -entre ellos, la limpieza, la seguridad y la lavandería- y en algunas de las prestaciones suplementarias.

    La Generalitat espera obtener un ahorro de 443 millones de euros al año con la extensión de la iniciativa privada en los hospitales de la Comunidad Valenciana. En concreto, el plan en el que trabajan los técnicos de la Consejería de Sanidad consiste en agrupar, en una sola licitación y bajo una única gerencia, los servicios externalizados, como la limpieza, la cocina, el transporte sanitario, la oxigenoterapia ambulatoria y el diagnóstico por imagen, además de la gestión de algunas prestaciones suplementarias (farmacia de receta o el transporte no sanitario) de cada uno de los 18 departamentos de salud que controla directamente.

    El vicepresidente precisó que este plan no tiene nada que ver con el modelo Alzira, implantado por el Gobierno de Eduardo Zaplana en los años 90 y que ha sido imitado en la Comunidad de Madrid bajo el mandato de Esperanza Aguirre. Císcar comentó que el personal estatutario, funcionarios de carrera e interinos, continuará dependiendo «orgánica y funcionalmente» de la Agencia Valenciana de Salud. El personal laboral quedará bajo el gestor privado.

    La adjudicación a las empresas privadas -que pagarán un canon anual de 180 millones de euros- tendrá un plazo de 10 años, ampliable a 15. El sistema de licitación será el denominado «diálogo competitivo», añadió Císcar. Para el vicepresidente del Consell, sólo había dos opciones para hacer sostenible la sanidad pública valenciana: ir a ese nuevo modelo o subir los impuestos en 500 euros a cada ciudadano en la Comunidad Valenciana. Císcar no descartó extender esta experiencia a otros servicios de la Administración autonómica porque, dijo, «todo es revisable» en una época de crisis como la actual.

    Entre otras medidas para reducir el gasto sanitario, el Consell espera ahorrar 32 millones de euros combatiendo el uso fraudulento de la tarjeta sanitaria y regulando el turismo sanitario extranjero. En total, el ahorro por la aplicación de la nueva normativa estatal ascenderá a 224 millones de euros. En este paquete de acciones se incluirán también la compensación económica por atender a pacientes de otras regiones; la creación de una central de compras para medicamentos hospitalarios y tecnología médica; la reducción de medicamentos no utilizados; la no financiación de fármacos de bajo valor terapéutico, y el fomento de la prescripción de genéricos.

    En aplicación del otro decreto-ley para reducir el gasto educativo, el Gobierno de Fabra elevará el número máximo de alumnos por aula en un 20%. Así, en Infantil y Primera se pasará de 25 a 30 alumnos; en Secundaria, de 30 a 36; en Bachillerato, de 35 a 42, y en Idiomas, de 35 a 42 en el nivel básico, de 30 a 36 en el medio y de 25 a 30 en el avanzado.
    Según el plan de reequilibrio financiero de la Generalitat valenciana, los docentes seguirán teniendo una jornada semanal de 37,5 horas. En Primaria y Educación Infantil se mantienen las 25 horas lectivas. Sin embargo, en Secundaria, Bachillerato e Idiomas, los profesores tendrán que dar otras dos horas de clase, de 18 a 20.

    Los profesores universitarios, por su parte, tendrán que aumentar de 24 a 32 créditos anuales si no tienen un sexenio de investigación, tanto los funcionarios como los contratados.

    Los alumnos universitarios pasarán a pagar del 15% al 20% en la primera matrícula. Ese porcentaje se elevará al 35% en la segunda; al 75% en la tercera, y al 100% en la cuarta para fomentar «la cultura del esfuerzo» y penalizar a quienes consumen más recursos públicos, explicó el vicepresidente del Consell. Esta medida se compensará, agregó Císcar, con un incremento de las becas desde 1,9 millones a los 16,4 millones del próximo curso. No se elevará la nota para acceder a las mismas

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