EDITORIALES: Unos cursillos que banalizan los crímenes de ETA

27/04/2012

Unos cursillos que banalizan los crímenes de ETA

.EL GOBIERNO anunció ayer que está trabajando en un llamado «plan integral de reinserción de los terroristas» orientado no sólo a los presos de ETA sino también a los yihadistas, los grapos y el crimen organizado.

El plan exige a los internos que deseen acogerse que hagan una declaración solemne de desvinculación de la banda en la que delinquieron y luego que asistan a unos cursillos de rehabilitación. Según la nota filtrada por Interior a la agencia Efe, esos cursos servirán para que los presos «conozcan la realidad social y reflexionen sobre su pasado» y para inculcarles «valores de convivencia». Parece muy dudoso que este buenismo vaya a surtir algún efecto en personas que han asesinado invocando coartadas ideológicas. Y más aun, que eso pueda suceder de forma generalizada.

A cambio de la aceptación de estas dos condiciones, el Gobierno ofrece acercamientos a los lugares de origen de los presos y facilidades posteriores para la reinserción. Pero no exige que los presos pidan perdón a las víctimas, algo que se venía haciendo hasta la fecha y que parece elemental para demostrar un mínimo arrepentimiento.

El Gobierno sostiene que el plan, además de respetar la legalidad porque el acercamiento de los presos es una potestad que concede la ley a la administración penitenciaria, no supone rectificación alguna. En este sentido, Mariano Rajoy aseguró ayer que no hay «un cambio de política». Si ello es así y el Ejecutivo no va a modificar su política penitenciaria, ¿por qué es necesario elaborar un plan y presentarlo como algo nuevo? Ésta es la pregunta que se hizo Mayor Oreja, que insistió en su argumento de que «el mayor error» sería «dar la impresión de que se está administrando el final de ETA, cuando estamos en la víspera de un desafío impulsado por la banda».

No hay más que recurrir a la hemeroteca para comprobar que sí ha habido una rectificación: Jorge Fernández, ministro de Interior, aseguró el pasado 12 de abril que «sólo se podría replantear la política de dispersión si ETA se disuelve». El 26 de febrero, Fernández subrayó en una entrevista que «no habrá acercamientos hasta que ETA no se haya disuelto». Pues bien, ETA no se ha disuelto y sí va a haber acercamientos.

La prueba más concluyente de que el plan de Interior supone un cambio es que PNV y PSOE se sumaron de forma inmediata a la iniciativa y dijeron que es muy positiva. No es descabellado pensar que las presiones de estos dos partidos y sus acusaciones de inmovilismo han aconsejado al Gobierno dar este paso, que todavía no sabemos qué consecuencias tendrá porque es difícil evaluar la acogida de los presos de ETA.

Estamos ante un gesto del Ejecutivo hacia el nacionalismo vasco y, muy especialmente, hacia la izquierda abertzale, que ha hecho santo y seña de la búsqueda de alternativas para que los presos de la banda salgan a la calle. Da la impresión, en este sentido, de que Interior ha prestado más atención a las reivindicaciones del brazo político de ETA que a la sensibilidad de las víctimas, que rechazaron ayer de forma tajante las medidas.

No les falta razón porque el plan y esos cursillos cívicos no dejan de suponer una banalización de los terribles asesinatos cometidos por la banda, al sugerir que pueden ser redimidos o atenuados por la asistencia a unas clases. Nadie ni nada puede borrar el mal que se ha hecho.
Pero además, es que el plan de Interior resulta perfectamente innecesario por la sencilla razón de que la ley ya contempla vías para la reinserción de todos los presos, una exigencia que está en la Constitución. No hay urgencia ni necesidad de acercar a los etarras, y menos mientras ETA no se disuelva y entregue las armas. Lo único para lo que va a servir este plan es para reforzar a la izquierda abertzale y ayudarle a construir un relato tan favorable a la banda terrorista como denigratorio para las víctimas

Un alto directivo vendió acciones en noviembre

Repsol debe extremar la transparencia

EL RESPONSABLE de Repsol en YPF, Antonio Gomis, vendió todas sus acciones de la petrolera española el pasado 11 de noviembre, cuando en el consejo de YPF ya se conocía el descontento del Gobierno argentino con Repsol. En esa empresa afirman que la venta se debió a razones personales. Es posible que sea así, pero tan grande casualidad debe ser, al menos, investigada por la CNMV. Sobre todo porque desde que comenzó el acoso de Kirchner a YPF hasta la expropiación, la cotización de Repsol ha caído un 40%. Sin variar un ápice nuestra opinión de que la nacionalización de YPF ha supuesto un auténtico expolio, la actuación de Gomis nos lleva a preguntar si Brufau y su equipo han informado con la suficiente diligencia a sus accionistas durante todo este triste proceso. Por eso, la petrolera española tiene que ser la primera interesada en esclarecer este hecho y, para el futuro, extremar la transparencia ahora que está en el escaparate mundial

Cumbre en junio para impulsar el crecimiento

La política de estímulos toma cuerpo en la UE

.EL PRESIDENTE del BCE, Mario Draghi, puso sobre la mesa el pasado martes en el Parlamento Europeo la necesidad de un «pacto de crecimiento» en la UE que complemente las reformas estructurales. El presidente del Consejo Europeo Van Rompuy no tardó ni 24 horas en recoger el testigo y anunció una cumbre extraordinaria de los Veintisiete, después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas, para analizar medidas concretas de estímulo económico. En el mismo sentido se pronuncia hoy en nuestras páginas el presidente del Parlamento Europeo, el socialista alemán Martin Schulz. Además, con el posible triunfo de Hollande el próximo 6 de mayo, la política de crecimiento sumará un aliado más, y de mucho peso por tratarse de la segunda economía de la Eurozona. Draghi en ningún momento habló de cambiar ajustes por estímulos, pero el frenazo que ha experimentado la economía y el hecho de que países problemáticos como Italia y España hayan emprendido ya ambiciosos programas de reformas parecen indicar a los dirigentes de la UE que ha llegado el momento de proporcionar un impulso público que acelere la recuperación

Condenan a Charles Taylor por sus crímenes

Cuando la Justicia internacional funciona

HAN SIDO necesarios casi cinco años de juicio para que Charles Taylor, cómplice de miles de asesinatos, sea condenado por la Corte Penal Internacional. El apoyo del antiguo líder de Liberia a grupos rebeldes de su vecina Sierra Leona, extremadamente crueles, provocó un reguero de muerte. El mundo entero asistió en los años 90, aterrorizado, a una guerra en la que milicias compuestas muchas veces por niños soldado recurrían a mutilaciones salvajes y violaciones para tratar de imponer su ley. El conflicto causó 50.000 muertos. A cambio de adiestrar y suministrar armas a los verdugos, Taylor recibía grandes cantidades de diamantes de las minas de Sierra Leona. La condena por crímenes de guerra y contra la Humanidad tiene el valor de ser la primera que se aplica a un ex jefe de Estado. «Nadie es inmune a la Justicia», se felicitó ayer Amnistía Internacional. En efecto, la sentencia es un aviso para aquellos líderes que puedan caer en el error de creer que sus atrocidades quedarán impunes. Taylor, que no conocerá la pena hasta dentro de un mes, cumplirá prisión en Gran Bretaña. El veredicto del Tribunal de La Haya es un triunfo para todos