EDITORIALES: Los proetarras incendian de nuevo la calle

07/04/2012

Los proetarras incendian de nuevo la calle

LA VIOLENCIA ha vuelto al País Vasco en forma de kale borroka en un intento claro por tratar de condicionar la política del Gobierno. La quema de contenedores que ayer se produjo en Andoain y en Basauri resucita imágenes de fuego y encapuchados que se creían ya olvidadas. En la población guipuzcoana hubo incluso que desalojar de madrugada un edificio afectado por las llamas. El jueves por la noche también se produjeron incidentes con la Ertzaintza en Bilbao.

El mensaje de los terroristas es claro: la paz en las calles no tiene por qué ser definitiva; aún es posible la marcha atrás. Así pues, aunque es cierto que ETA ha dejado de cometer atentados, en el fondo seguimos en la misma dinámica del pasado: la banda y su entorno continúan utilizando la violencia y la amenaza para tratar de dirigir la política por los derroteros que les interesan.

Estas acciones terroristas -como tal están contempladas en el Código Penal- se producen de forma coordinada en un momento en el que la izquierda abertzale presiona para que el Gobierno acceda a dos de sus peticiones: el acercamiento de presos al País Vasco y la puesta en libertad condicional de los etarras que ya hayan cumplido tres cuartas partes de su condena.

Ayer conocíamos el malestar en el seno de ETA a ese respecto. En un comunicado enviado a sus presos, la organización terrorista critica al Estado por incumplir los pactos alcanzados con el Gobierno de Zapatero en política penitenciaria. Sin embargo, en ese mismo documento, la banda se muestra convencida de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy acabará teniendo «gestos positivos».

En realidad, el Ministerio del Interior que dirige Jorge Fernández Díaz ya ha dado muestras de su disposición a mejorar la situación de los reos etarras en determinadas circunstancias. En febrero, concedió el tercer grado a Juan Manuel Fernández. Hace una semana, autorizó, por cuestiones de salud, el traslado del terrorista Aitzol Gogorza desde la cárcel de Sevilla a la de Basauri, en Vizcaya. Y ayer mismo se supo que se ha concedido el tercer grado a Joseba Andoni Díaz Urrutia.

El rebrote de la kale borroka debería llevar al Gobierno a replantearse esa política condescendiente. La situación actual pone al descubierto no sólo la ficción de que ETA es cosa del pasado, sino también el doble juego de quienes la dirigen. Mientras sus presos muestran arrepentimiento para salir antes de la cárcel y sus representantes en las instituciones hablan de paz, alientan al mismo tiempo la quema de contenedores.

Los informes de la lucha antiterrorista ya habían advertido de la posibilidad de que ETA volviera a aparecer en escena a través de ataques de este tipo, actos que les permiten mantener a su gente movilizada y recordar a las autoridades que todavía tienen capacidad para actuar. Interior tiene que tomar nota y actuar en consecuencia.

Medio siglo después del surgimiento de ETA, los obispos vascos han acordado consagrar una oración en recuerdo de las víctimas del terrorismo que ayer se escuchó en las iglesias de las tres diócesis. El gesto viene a poner de manifiesto que ellas han sido durante demasiado tiempo las grandes olvidadas. A la hora de afrontar esta fase que algunos entienden como la del final de ETA -aun cuando la banda no se haya disuelto- lo que de ninguna manera puede hacer el Gobierno es actuar al margen de las víctimas.

Dos altos cargos de la época socialista, imputados por prevaricar

Sombras de corrupción en la Generalitat

LA POSIBLE adjudicación a dedo de servicios y suministros por un importe de más de 85.000 euros ha llevado a la Justicia a imputar a dos altos cargos de la Generalitat de Cataluña. El asunto amenaza con desmentir, una vez más, la falsa idea del oasis catalán. En concreto, se investiga al director general y a la responsable de marketing del departamento de juegos y apuestas por delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación. La contratación presuntamente irregular se realizó (bajo el mandato socialista) con una empresa que ha desarrollado varias campañas de promoción de las loterías de la Generalitat y sobre las que ahora se abre una sombra de sospecha. La documentación del caso incluye el envío de correos electrónicos en los que, desde el ente, se alecciona a la empresa adjudicataria acerca de cómo presentar las facturas para sortear los requisitos de la normativa de contratos públicos. Pese a que sonados escándalos han extendido la idea de que Andalucía, Comunidad Valenciana y Baleares lideran la corrupción en España, ninguna autonomía puede presumir de estar limpia.

La unidad de mercado se rompe con la gasolina

'Efecto frontera' por el céntimo sanitario

LOS TRANSPORTISTAS españoles ya tienen un mapa de la gasolina como guía para su repostaje. Un litro de combustible puede llegar a costar hasta siete céntimos más barato en unas comunidades que en otras, mucho dinero al final del año para las empresas con flotas de camiones. La potestad de las autonomías para gravar el precio del combustible está creando distorsiones en el mercado. Hay estaciones de servicio cuyos ingresos se han desplomado por el efecto frontera. Son las que están ubicadas en zonas limítrofes de una comunidad donde no se aplica el céntimo sanitario, impuesto que las administraciones regionales dicen aplicar para financiar este servicio público. En la Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla y León, Cantabria y Baleares el impuesto se ha fijado en su tope máximo (4,8 céntimos). El Gobierno debería poner manos a la obra para acabar con una situación que rompe la unidad de mercado. Bruselas, atendiendo una petición de la Generalitat catalana, ya ha advertido del problema y ha pedido que se armonice el precio de los carburantes en toda la Unión Europea.

Los colegios andaluces enseñarán fe evangélica

Entre la provocación y el despilfarro

EL ACUERDO suscrito por la Consejería de Educación de Andalucía para que la religión evangélica sea asignatura de oferta obligatoria en los centros públicos de la comunidad es un despropósito por varios motivos. En primer lugar, anunciar la iniciativa en plena Semana Santa puede interpretarse como una provocación a los católicos, especialmente si se valora que la tensión entre el PSOE y la Iglesia a propósito de asuntos educativos ha sido habitual en los últimos años. Basta recordar la polémica generada por el vídeo que los socialistas divulgaron en las pasadas generales, donde se arremetía contra los centros privados católicos. Pero más allá del agravio comparativo, la medida chirría por sus implicaciones económicas. Formar y contratar docentes para impartir religión evangélica a los 4.000 alumnos que elegirán la materia (según las previsiones más optimistas de la propia congregación), supondrá un coste injustificable en el actual contexto de ajustes en la enseñanza