GOBERNANDO: El Gobierno garantiza no subir el IVA mientras los golpistas del PSOE se dedican a crear alarma social y asustar viejecitas
Montoro subirá la presión fiscal para rebajar el déficit al 5,3%
Usará «instrumentos fiscales de manera equilibrada y justa» / El PSOE insta a Rajoy a no cumplir la exigencia de Bruselas
El Gobierno se ha visto sorprendido por el déficit adicional de 0,5 puntos de PIB que le obliga Bruselas hasta el 5,3% frente al 5,8% previsto por Rajoy. El ajuste, que asume en su totalidad la Administración central, deberá ser de 5.324 millones complementarios. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, negó ayer una subida de impuestos indirectos, en particular el IVA. Sin embargo, no descartó usar «instrumentos fiscales de manera equilibrada y justa» para estudiar otros incrementos en la imposición directa.La revisión del Impuesto de Sociedades parece ser el primer objetivo.
En una reunión que Montoro mantuvo con su equipo en la mañana de ayer en el Ministerio de Hacienda, se decidió excluir a las comunidades autónomas y concentrar el 0,5% de PIB añadido por Bruselas en los Presupuestos Generales del Estado que está elaborando este departamento para este año.
Según fuentes de Hacienda, «teníamos prácticamente pergeñados los Presupuestos con un 5,8% de déficit y ahora toca hacer más números». Lo que confirma que Rajoy no tenía pactado, ni siquiera apalabrado, el objetivo de déficit del 5,8% que había aprobado su Ejecutivo frente al 4,4% que figura en el Programa de Estabilidad. De esta decisión no fue partícipe el ministro de Economía, Luis de Guindos, que señaló que esta revisión por parte de la Comisión Europea iba a ser repartida entre las administraciones. En todo caso, se podría haber realizado con las autonomías, ya que no había margen en el déficit fijado para los ayuntamientos (0,3%) ni la Seguridad Social (se prevé equilibrio).
Montoro señaló tras el Pleno del Congreso en que se aprobó el techo de gasto presupuestario que el grueso de estos 5.324 millones de ajuste añadidos que necesita hacer ahora la Administración Central se va a realizar en el gasto. Sin embargo, no descartó utilizar las herramientas fiscales a su alcance para cuadrar las cifras.
En este sentido, comentó que piensa en «renunciar a proyectos de gastos», pero que también hará «uso de la fiscalidad de una manera ponderada y equilibrada». En el Pleno, descartó «la subidas de impuestos inequitativas e injustas», en clara referencia al IVA. En cuanto a los demás impuestos indirectos, los especiales (los que afectan a hidrocarburos, tabaco, alcohol o electricidad), el ministro ha declarado en varias ocasiones que no tendría sentido subida alguna por su baja recaudación ante el descenso de su consumo. Por ejemplo, en enero la recaudación por hidrocarburos bajó casi un 10%.
Por si había dudas de que el Gobierno no descarta subir otras figuras impositivas, el ministro parafraseó a Benjamin Franklin y señaló que «lo único seguro en la vida son la muerte y los impuestos».
No fue muy explícito sobre dónde se podrían aplicar la subida de impuestos, pero en los pasillos del Congreso matizó que excluía de las subidas de tributos a «los impuestos indirectos, porque prolongan y agudizan la crisis» y causan una «mayor inequidad».
Preguntado por si pensaba subir los impuestos directos, mencionó que «el IRPF ya lo hemos subido». Sin embargo, no respondió si podría modificar el Impuesto de Sociedades, por ejemplo reduciendo deducciones o suprimiendo bonificaciones o exenciones. La recaudación por este impuesto en 2011 fue de sólo 16.000 millones, frente a los 44.000 de 2007. Parte de culpa la tiene la crisis. Pero todos los expertos fiscales, incluso los inspectores de Hacienda, han advertido que para pagar menos al fisco se declaran menos bases imponibles que las reales, sobre todo las grandes empresas.
En cuanto al nuevo ajuste impuesto por Bruselas, Montoro señalo que lo que ahora se reclama es que España «acelere» el proceso de ajuste para llegar al 3% de déficit en 2013. Ese medio punto de PIB para 2012 significa que las cuentas del conjunto de las administraciones públicas deberán cerrar el año con 3,2 puntos (34.074 millones) de recorte respecto a 2011 frente a los 28.750 millones calculados por Rajoy. Las autonomías mantendrán los 14.907 millones previstos, así como los 1.065 de ayuntamientos y la misma cifra para la Seguridad Social.
Y como el Gobierno ha decidido cargar este nuevo esfuerzo en la Administración Central, el déficit del Estado deberá ser del 3,5%, frente al 4% anunciado por Rajoy. Esto quiere decir que los presupuestos de los ministerios y sus organismos autónomos deberán cerrar el año con un ajuste de 17.037 millones en lugar de los 11.713 de la última previsión.
Lo que significa que no se va a cumplir el techo de gasto de 118.565 millones que ayer aprobó el Congreso. Tampoco servirá la previsión de ingresos de 119.233 millones con que se elaboró este techo si se abordan las alzas fiscales.
Montoro aclaró que el techo aprobado era «un trámite informativo» y que se traducirá «en un gasto menor en los Presupuestos Generales». Por tanto, la Administración Central cuenta con un gasto operativo neto de 113.241 millones, pero si se abonan los 2.270 millones de obligaciones de ejercicios anteriores que figuraban en los cajones, el límite de gasto total será de 110.971 millones.
¿En qué partidas se van a realizar los ajustes en materia de gasto? Montoro defendió ayer que se mantendrá el sueldo de los funcionarios y negó al PSOE que tenga intención de despedir a 250.000 empleados públicos. «Habrá que dar otra vuelta a las ayudas y subvenciones, y posiblemente la reducción de la inversión pública supere el 40% anunciado», señalaron fuentes de Hacienda. De todas formas, el buen comportamiento de las subastas de deuda pública puede hacer también menos exigente el objetivo de los gastos del pago de intereses.
Guindos afirma que el IVA no se subirá este año
El ministro de Economía descarta que el ajuste adicional vaya a generar más paro
Este nuevo recorte, que se suma al de 27.000 millones ya comprometido, se tramitará durante el proceso de elaboración de los Presupuestos, que concluye a finales de este mes, y no generará una desviación de las previsiones de crecimiento que maneja el Ejecutivo. Guindos no cree que el esfuerzo extra vaya a tener un impacto en la evolución de la economía ni el desempleo, a pesar de que la víspera el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, reconoció su preocupación por «el alto nivel de paro y el aumento de los factores de pobreza».
Más allá de que el Gobierno tenga que adelantar a este año un recorte que pretendía hacer en 2013, lo cierto es que la respuesta del Eurogrupo supone un respaldo a la labor que está haciendo el equipo económico de Mariano Rajoy. Así lo entiende el ministro, que destacó que la Comisión Europea «ha aceptado un importante porcentaje de nuestras peticiones», al compartir los dos principales argumentos del Ejecutivo: que han recibido una nefasta herencia del anterior Gobierno, con una desviación fiscal de dos puntos y medio, y que las previsiones económicas para este año han empeorado considerablemente. «Esta flexibilidad adicional es consecuencia de la credibilidad acumulada por el Gobierno», recalcó.
El próximo mes de abril, España deberá presentar un completo programa de estabilidad en el que se detalle la senda de consolidación fiscal para este año y el siguiente. La supervisión de Bruselas y del resto de socios del euro va a ser muy estricta para garantizar que se cumple con el déficit marcado para este año (5,3%) y, sobre todo, en 2013, cuando se deberá reducir al 3%.
De lo contrario, el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Olli Rehn, reabrirá el procedimiento de déficit excesivo, que en última instancia supone una sanción automática del 0,2% del PIB. Hungría experimentó ayer algo similar tras incumplir, otra vez, el Pacto de Estabilidad. Los ministros de Finanzas de los Veintisiete aprobaron, tras una larga discusión, multar con 495 millones de euros al país magiar por no haber cumplido con el límite del 3% en 2011, cuando acaba su programa de estabilidad.
El PP acusa al PSOE de intentar asustar a la gente
Los socialistas vaticinan más impuestos y recortes en las
El debate parlamentario para que el Congreso fijara el techo de gasto y el objetivo de estabilidad presupuestaria fue tan ficticio y fallido como su aprobación -sólo con los votos del PP- y la realidad de su resultado final: en los Presupuestos Generales del Estado que se aprobarán el 30 de marzo se jugará con otras cifras.
Sin embargo, en el debate parlamentario no faltó la polémica entre el partido en el Gobierno y el primer grupo de la oposición.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sabedor de que tenía una papeleta muy difícil tras haber corregido Bruselas el objetivo de déficit del Gobierno, optó por ir a la ofensiva.
Así, denunció que el PSOE sólo utiliza «el discurso del miedo» para asustar a los ciudadanos, y no se privó de recordar que, si España está en esta situación, «es responsabilidad de quien la ha gobernado hasta diciembre».
Montoro, visiblemente molesto por las denuncias matinales del PSOE -en las que vaticinaba que, con la nueva «imposición» de Bruselas, el Ejecutivo estaba obligado a subir el IVA, despedir a entre 200.000 y 300.000 empleados públicos y recortar las prestaciones por desempleo-, negó todas estas acusaciones.
Montoro explicó que, en una situación muy difícil, el Gobierno sólo hace lo que puede ser mejor para España, «para volver a ser un país solvente en Europa como uno de los fundadores del euro».
Por el PSOE intervino el portavoz de la Comisión de Presupuestos, Joan Rangel, que puso mucho seny catalán, algo que no se estila en la carrera de San Jerónimo.
Aunque con un discurso leído, anodino y sin fuerza, Rangel quiso poner en evidencia lo absurdo que era llevar al Pleno un techo de gasto y una previsión de déficit que ya no son reales -«es un menosprecio a esta Cámara», dijo en su frase más contundente- y reiteró lo dicho por su portavoz parlamentaria, Soraya Rodríguez, por la mañana.
Así, aseguró que los 5.000 millones de ajuste añadido que Bruselas ha impuesto al Gobierno sólo pueden salir de una subida de impuestos -y de nuevo apuntó al IVA-, del despido de empleados públicos que ampara la nueva reforma laboral y del recorte de la prestación por desempleo. Por ello, pidió no hacer caso a Bruselas y mantener la previsión del déficit del 5,8%.
Montoro se dilató en su contestación y el presidente le dio hasta cinco minutos al portavoz socialista, pero a éste le sobraron cuatro en su única réplica.
El resto de grupos parlamentarios hizo lo previsto. Los partidos nacionalistas optaron por la abstención tras conocer que los 5.000 millones de recortes van a ser asumidos por el Estado y no afectarán a las comunidades autónomas, al menos este año.
Los partidos de izquierda rechazaron la nueva «imposición» de Bruselas y aseguraron que sólo traerá más desempleo y más dificultades para las clases más bajas. También pusieron de manifiesto que lo aprobado ayer por el Congreso no se corresponde a la realidad.
Montoro les respondió que ahora no es «tiempo de pancartas».
Lo cierto es que el trámite parlamentario de ayer, que en realidad es la aprobación del techo de gasto, salió adelante, como no podía ser de otra forma por la mayoría absoluta que tiene el PP en la Cámara Baja, pero nadie sabe qué sorpresas depararán los Presupuestos Generales del Estado para 2012.
Hasta el próximo 30 de marzo no se sabrá de dónde se recortarán 5.000 millones de euros más de lo que el Gobierno había previsto.
El sobrecoste de las comunidades supera los 21.500 millones al año, según UPyD
Fusionar 7.700 ayuntamientos permitiría ahorrar 18.000 millones; el número de ayuntamientos pasaría de 8.114 a 1.144 y los concejales, de 68.585 a 30.947
Los expertos en economía y administraciones públicas del partido acaban de concluir un estudio elaborado con fuentes oficiales al que ha tenido acceso este diario. El informe calcula el ahorro que supondría que todas las comunidades gestionaran sus recursos como la media de las tres más eficientes (Baleares, Valencia y La Rioja). Eso permitiría ahorrar 21.500 millones al año.
Los mismos criterios aplicados a los 40 principales ayuntamientos -al gestionar todos como los tres más eficientes- permitirían ahorrar 5.500 millones anuales. En total, mejorar la gestión de las comunidades y los ayuntamientos supondría un ahorro de 26.000 millones.
Por último, fusionar todos los municipios de menos de 20.000 habitantes para aprovechar las economías de escala -sin que desaparecieran como núcleos de población, pero sí como administraciones independientes- supondría un ahorro adicional de 18.000 millones, ya que también implicaría la desaparición de las diputaciones.
Un ahorro total anual de más de 45.000 millones de euros. Mucho más que los 35.000 millones que tendrá que recortar Rajoy en 2012 para cumplir el déficit exigido por la UE.
El estudio de UPyD, que será presentado públicamente hoy en Sevilla, resume las «duplicidades» y sobrecostes que supone que en España se superpongan hasta cuatro y a veces más niveles administrativos, con la multiplicación de entes públicos, organismos, altos cargos y los incontables gastos que eso supone.
Además, la cada vez más profunda crisis económica -que comenzó a finales de 2007- no ha conseguido que las comunidades gestionen de forma más eficiente. Al contrario. Año tras año y desde 2008, el sobrecoste autonómico ha sido cada ejercicio mayor: de 15.219 millones en 2008 a los 21.518 millones en 2011.
Como explica uno de los directores del estudio, Ramón Marcos, UPyD ha tomado el gasto en personal y en gastos corrientes por habitante de cada comunidad y ha calculado su eficiencia para la prestación de los mismos servicios. Con ese criterio -que no tiene en cuenta el déficit, ni la deuda-, Baleares es la autonomía mejor gestionada de 2008 a 2011. La siguen la Comunidad Valenciana y La Rioja. Tomando como media los criterios de gestión de esas tres, se ha calculado el sobrecoste de todas las demás.
Cataluña se lleva la palma del despilfarro, según UPyD. De 2008 a 2011, el sobrecoste que ha supuesto la poca eficiencia de la Generalitat ha costado 16.833 millones, casi el doble que el sobrecoste de la segunda, el País Vasco (9.154 millones).
Los autores del estudio señalan como paradigmático el caso catalán en ese periodo (el tripartito gobernó la Generalitat de 2008 a 2010). Y citan varios ejemplos, como el referido a la multiplicación de entidades públicas: de 2009 a 2010, se pasó de 190 entidades a 224, según la Cámara de Comercio de Barcelona, para terminar con 244 en 2011.
Como destaca también UPyD, Moody's califica a Cataluña con una de las peores nota de solvencia de toda España, A3. Y la deuda de sus empresas y organismos públicos también bate récords, como ocurre con la Agencia Catalana del Agua, con una deuda de 1.400 millones, o el Instituto Catalán del Suelo, con 900 millones.
Sus parlamentarios autonómicos son los que más caros salen, ya que el coste medio por diputado del Parlament es de 506.000 euros, frente a los 280.000 euros que cuesta cada diputado del Congreso.
Éste es otro ejemplo de despilfarro citado por UPyD: en España hay 1.180 diputados autonómicos. Y las tres comunidades con más parlamentarios (Cataluña, con 135; Madrid, con 129, y Andalucía, con 109) superan los 350 del Congreso. La propuesta de este partido es reducir a 100 el número máximo de parlamentarios regionales.
Las televisiones públicas son otro ejemplo de despilfarro para UPyD. El gasto en estos entes ha subido de 579 millones en 2007 a 1.362 en 2009. La deuda total de las televisiones autonómicas asciende a 1.480 millones.
El estudio concluye con un cálculo de lo que supondría reducir la estructura municipal española, con 8.114 ayuntamientos. Según los especialistas del partido, obligar por ley a que los ayuntamientos tuvieran un número mínimo de habitantes supondría un ahorro sustancial. El tamaño más eficiente son los 20.000 habitantes.
Por eso, UPyD plantea fusionar 7.717 municipios con menos de esa población para ahorrar 17.955 millones. El número de ayuntamientos pasaría de 8.114 a 1.144; y el de concejales, de 68.585 a 30.947. Además, según la formación, los ayuntamientos podrán prestar mejores servicios públicos al utilizar economías de escala. Y también se haría posible la desaparición de las diputaciones, ya que su principal función actual es garantizar la prestación de servicios en las pequeñas poblaciones.
UPyD hace varias proyecciones de tamaño mínimo de los municipios. Con ayuntamientos de un mínimo de 10.000 habitantes, el ahorro sería de 10.381 millones; con un mínimo de 5.000 vecinos, sería de 5.732 millones. Y fusionando los 1.405 ayuntamientos de menos de 2.000 habitantes, se ahorrarían 3.485 millones. Como apunta Marcos, casi todos los estados europeos redujeron sus municipios en el siglo XX, fijando un tamaño mínimo para mejorar la eficiencia y para que puedan prestar mejores servicios.
Primera fusión municipal gallega en 44 años
Núñez Feijóo anuncia la unión de dos ayuntamientos para combatir la crisis
Fue el anuncio estrella del dirigente gallego en el debate de política general que continúa hoy en el Parlamento autonómico. Lo hizo en el inicio de su primera intervención, al proponer «una mayor cooperación» entre ayuntamientos, llegando incluso a «una fusión completa, por la vía legal». Feijóo reconoció en su discurso que «no tiene sentido» que Galicia, con menos de tres millones de habitantes, tenga 315 ayuntamientos.
Este paso viene a culminar las propuestas lanzadas por varios dirigentes, algunas confirmadas en forma de consorcios y mancomunidades entre ayuntamientos vecinos para la gestión conjunta de servicios. La asfixia económica de las haciendas locales impulsa las alianzas en muchas comarcas, aunque hasta ahora el paso definitivo de la unión era un territorio todavía virgen.
Semanas atrás, Núñez Feijóo ya anunció que las fusiones tendrían prioridad a la hora de obtener ayudas de la Xunta y que incluso los ayuntamientos podrían mancomunar servicios sin constituir nuevos entes administrativos. Galicia, compuesta por 315 ayuntamientos, no es la autonomía en la peor situación en cuanto al número de municipios a fusionar, pero sí arrastra la problemática de tener la mitad de núcleos de población de España, lo que lastra las economías en la gestión de servicios. Cesuras (2.225 habitantes) y Oza dos Ríos (3.229 habitantes) son dos ayuntamientos situados al sur de Betanzos, próximos a la ciudad de La Coruña, envejecidos, con tasas de mortalidad por encima de la media, pero con lazos de buena vecindad.
El anuncio pilló por sorpresa a vecinos y partidos de la oposición en ambos lugares, desconocedores del proceso. Quizás este primer paso abra la espita de nuevas uniones, que deberán enfrentarse al espinoso listón del localismo.
posted by e-pesimo | 09:12
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