EL GOBIERNO DEL PP INICIA EL PLAN DE PAGO de la in conmensurable deuda dejada por los despilfarros e impagos socialistas/ Rajoy impone la dación en pa

Cómo cobrar la deuda al ayuntamiento
Rajoy dice que «no se puede vivir en un país donde la gente no paga» al presentar la guía urgente para que los proveedores recuperen lo que les adeudan los municipios

«No se puede vivir en un país donde la gente no paga. Eso es inaceptable». Con estas palabras el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, resumió el objetivo último del Plan de Pago a Proveedores que ha aprobado el Consejo de Ministros y que ayer él mismo, acompañado de la vicepresidenta y de los ministros de Economía y Hacienda, presentó a una treintena de representantes de asociaciones empresariales de todos los sectores.
El plan debería permitir a ayuntamientos y comunidades autónomas hacer frente a las deudas pendientes que tienen con los proveedores y, además, lanzar un mensaje de confianza para los emprendedores del país.
El mecanismo que ha previsto el Gobierno contempla la creación de un fondo de hasta 35.000 millones de euros, lo que supone la mayor operación de refinanciación de la Historia de España, con el que se canalizarán préstamos a las administraciones públicas para que puedan pagar lo que deben. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, explicó que los pagos de los ayuntamientos podrán comenzar a principios de mayo y los de las comunidades a partir de la segunda quincena de ese mismo mes.
El ministro insistió también en el mensaje de Rajoy: «En un país serio hay que pagar. La nueva Ley de Transparencia velará para que en el futuro no haya más facturas en los cajones». Montoro explicó a puerta cerrada ante los empresarios que a partir de ahora se exigirá a las administraciones que se sometan a un plan de viabilidad económica que será supervisado por Hacienda y que podrá suponer la activación de auditorías sobre sus cuentas.
Es momento pues de que los proveedores de las entidades locales busquen sus facturas pendientes antes del 1 de enero de 2012 y se preparen para cobrar. Estos son los 10 pasos que tendrán que seguir.Listados de acreedores. Los ayuntamientos tienen de plazo hasta este jueves, día 15 de marzo, para comunicar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el listado completo de los proveedores a los que adeudan dinero así como las facturas pendientes de pago.
Verificar datos.Previsiblemente a partir de la próxima semana, los proveedores podrán comprobar personalmente, en cada ayuntamiento deudor, si están incluidos en la lista de acreedores remitida al ministerio liderado por Cristóbal Montoro. Verificarán si es correcta la cantidad que se les adeuda. Si están conformes llenarán un sencillo formulario en el que manifestarán su voluntad de ejercer su derecho de cobro. Asimismo indicarán el número de cuenta corriente en el que quieran que se abonen las cantidades adeudadas.
Reclamación de deuda. Puede ocurrir que algunos proveedores no se encuentren en la lista elaborada por las entidades locales. Entonces, con sus facturas en mano, tendrán que solicitar al ayuntamiento la emisión de un certificado individual, en el que se reconocerá la deuda contraída.
Silencio administrativo. El certificado individual solicitado deberá ser expedido por la entidad local en un plazo máximo de 15 días desde la fecha de solicitud. Si transcurrido este plazo no hay respuesta, entra el vigor el denominado silencio positivo administrativo contemplado por la ley, lo que significará que la entidad local ha reconocido el derecho de cobro de las facturas adeudadas.
Certificados. Los cinco primeros días de cada mes, cada ayuntamiento comunicará al Ministerio de Hacienda y a las administraciones públicas competentes los certificados de derecho de cobro individuales que haya expedido.
Comprobación.Para mayor seguridad y seguimiento, los proveedores que solicitaron certificados individuales de pago por no estar en la lista inicial de acreedores, deberán de consultar si están incluidos en la relación de certificados emitidos a Hacienda, que cada ayuntamiento facilitará a los acreedores.
Transferencia al ICO.Tras su comprobación y archivo en la base de datos, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas remitirá al Instituto de Crédito Oficial (ICO) la relación de proveedores pendientes de pago.
Orden de pago. El ICO jugará el papel de mediador y agente entre Hacienda y las entidades financieras que participen en la refinanciación de las administraciones públicas para que se ponga fin a una morosidad que en algunos casos supera más de dos años. La entidad pública dará a los bancos la orden de pago a los proveedores. El ICO también formará parte del sindicato de bancos que participarán en la refinanciación.
Entidad colaboradora.Una vez que el ICO de la orden de pago a la entidad financiera, ésta procederá a efectuar el pago a las empresas proveedoras de las administraciones locales a las que se debe dinero. Todavía no se sabe qué bancos ni en qué cuantía participarán en el plan de refinanciación. Previsiblemente, los cuatro grandes, Santander, BBVA, Bankia y La Caixa, aglutinarán un mayor peso en el macrocrédito.
Abono en cuenta. Los proveedores recibirán el pago de las deudas pendientes de cobro en la cuenta bancaria que haya facilitado a la entidad pública deudora. Todavía no está claro qué comisión por este servicio se llevará el banco ni a quién se le cobrará, si al acreedor o al ayuntamiento. Tampoco se sabe si los proveedores percibirán los intereses acumulados por demora del pago, que en algunos casos puede superar a la deuda contraída.
El Gobierno conmina a la banca a que adopte la dación en pago
Asegura que el Banco de España estará «vigilante» con las provisiones bancarias
Así lo manifestó ayer Jiménez Latorre en un almuerzo informativo organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie), en el que también advirtió a las entidades financieras que el Banco de España será «riguroso» y vigilará que bancos y cajas no carguen las provisiones contra patrimonio, informa Europa Press.
El secretario de Economía indicó que la reforma del sistema financiero y las normas contables son «muy claras» a este respecto, por lo que si las entidades financieras deciden aplicar una contabilidad «distinta», tendrán que pasar el «filtro» del auditor de cuentas, de la CNMV y del Banco de España. «Éste último analizará con profundidad las cuentas (de las entidades financieras) y será muy riguroso», dijo. Y añadió que el Gobierno también estará «vigilante» para que la reforma del sistema financiero continúe a un «ritmo adecuado».
En este sentido, recordó que antes de abril las entidades deben dar a conocer cómo van a cumplir con estas provisiones y quien no pueda hacerlo tendrá que anunciar que está pensando en un proceso de fusión o de consolidación con otra entidad, que deberá hacer público antes del 31 de mayo.
Respecto al Código de Buenas Prácticas que ha aprobado el Gobierno y que incluye la dación en pago, Jiménez Latorre reconoció que el Ejecutivo ha «apretado un poco» a la banca para que haga un «esfuerzo considerable» y admita que se salde la hipoteca con la entrega del inmueble. Afirmó que el Gobierno ha ido «un poco más lejos» de lo que había negociado previamente con la banca, pero señaló que espera que las entidades financiera suscriban «mayoritariamente» el Código de Buenas Prácticas.





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