EDITORIALES: Ida y vuelta en el objetivo de déficit de 2012

14/03/2012

Ida y vuelta en el objetivo de déficit de 2012

LA SECUENCIA DE acontecimientos es la siguiente: Cristóbal Montoro reveló el pasado 25 de febrero que el déficit público de 2011 fue del 8,51% del PIB, en lugar del 6% previsto. Cuatro días después, en plena cumbre europea, Rajoy anunció que tras esa desviación y con una previsión de caída de la actividad del 1,7% en 2012, el Gobierno planteaba un objetivo de déficit para 2012 del 5,8%, muy por encima del 4,4% acordado con la Comisión. El lunes por la noche, el Eurogrupo no aceptó ese 5,8% aprobado unilateralmente por el Ejecutivo español y le conminó a dejarlo en el 5,3%. Y ayer por la mañana Guindos admitió el nuevo objetivo, lo que supone un recorte adicional de unos 5.000 millones de euros.

¿Este baile de cifras ha sido un mercadeo entre el poder europeo y el nacional o la respuesta airada de la Comisión Europea a un desafío del Gobierno español? Tan claro es que Rajoy consultó su decisión con los principales líderes europeos, como que a la vez ésta no gustó en Bruselas ni en Berlín. Pero si España hubiera actuado por su cuenta al relajar el control del déficit los mercados no se habrían comportado con la calma con la que lo han hecho en los últimos días.

La respuesta a la decisión española llegó en la primera reunión que se ha celebrado del Eurogrupo. Es posible que en el proceso haya habido sobreactuación por parte de Rajoy, cuando invocó la «soberanía nacional» para elevar el déficit en 2012; como también por parte de Juncker al afirmar que el «5,8% está muerto». Pero al final, España ha logrado relajar casi un punto más el objetivo a la vez que Bruselas ha mantenido su autoridad.

Lo que este tira y afloja ha vuelto a demostrar es que en política económica la Unión Europea y Monetaria está por encima de los estados miembros, que perdieron parte de su soberanía cuando se integraron en el euro. Ni el Gobierno debe olvidar este punto de vista crucial, ni la oposición ser tan inconsciente de ignorarlo.

En este sentido, tenía razón Montoro cuando animaba ayer a los grupos a aprobar el techo de gasto para 2012: tras la decisión del Eurogrupo, recortar el gasto público hasta conseguir un déficit del 5,3% del PIB es apuntalarse en Europa. Lo contrario es acercarse al precipicio. Por esta razón, los estados y los organismos europeos deberían emplearse a fondo para avanzar hacia ese gobierno económico único de la zona euro que es más necesario que nunca.

Esta reflexión debería estar especialmente presente en el PSOE por dos motivos. En primer lugar, porque ha gobernado hasta hace cuatro meses y conoce cómo se toman las decisiones en los organismos comunitarios. Después, porque ha sido la ineptitud del Gobierno socialista para cuadrar las cuentas públicas lo que nos ha conducido a esta precaria situación. Fue sonrojante oír ayer en el Congreso a la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, exigiendo al Gobierno que desobedeciera las nuevas directrices de Bruselas; como se ha demostrado -déficit del 8,5% frente al 6% comprometido en 2011-, eso es lo que hizo el Ejecutivo de Zapatero y lo que nos obliga al brutal ajuste de 2012 y 2013.

Un ajuste al que hay que sumar este año otros 5.000 millones de ahorro para reducir el déficit al 5,3%. Montoro insinuó la subida de impuestos -especiales, alguna tasa- al referirse al uso de «instrumentos fiscales equitativos» para sacar adelante ese objetivo. Quizá a corto plazo sea el método más eficaz, pero el Gobierno debería plantearse esa profunda reforma del Estado, más urgente cada día. UPyD estima en 20.000 millones al año el coste de las duplicidades y el despilfarro de las administraciones. Pero lo diga quién lo diga, está claro que en este campo queda mucha grasa por eliminar.

Ordenó preguntar si había «algún problema»

La sospechosa gestión de Blanco para Orozco

EL EX JEFE de Gabinete del Ministerio de Fomento declaró ayer ante el juez que José Blanco le encargó indagar sobre la autorización para construir una nave industrial en Sant Boi de su amigo José Antonio Orozco, directivo de Azkar. «El ministro me dijo que preguntara si existía algún problema con la autorización en relación a esta empresa», afirmó el ex colaborador de Blanco. Todo indica que la declaración de su ex jefe de Gabinete está cuidadosamente meditada para no implicar al ex ministro en un delito, ya que «preguntar» no es de por sí influir. Lo que sucede es que cuando un alto cargo pregunta en nombre de un ministro, ello genera unos efectos que provienen de su autoridad. No necesita mandar sino que le basta con sugerir. El hecho es que la licencia para edificar la nave se concedió y que los problemas quedaron solucionados. La justicia tiene buena base para seguir investigando si Blanco cometió un delito de tráfico de influencias

Gerona aprueba la insumisión fiscal

CiU y PSC juegan a ser partidos antisistema

EL AYUNTAMIENTO de Gerona aprobó ayer una moción para no pagar impuestos al Estado como medida de presión para forzar al Gobierno de Rajoy a negociar el pacto fiscal. La propuesta salió adelante con sólo cinco votos de ICV y de un pequeño partido independentista, pero lo más sorprendente fue la abstención de CiU y PSC, las dos formaciones mayoritarias. Solamente los dos concejales del PP votaron en contra. La posición del PSC da idea de que sigue jugando a competir en nacionalismo con CiU y no se entiende en un partido que acaba de gobernar en Cataluña y en España.Y la abstención de CiU no sorprende porque Oriol Pujol había defendido en varias ocasiones la insumisión fiscal. Un diario catalán publicaba hace diez días que ése es uno de los cinco escenarios que baraja el Gobierno que preside Artur Mas. CiU y PSC han dejado que prospere esta moción porque creen que puede obligar a Rajoy a negociar el pacto fiscal. Pero resulta muy difícil de entender que a estos partidos no les importe que salga adelante una propuesta antisistema, que cuestiona las bases de cualquier Estado democrático.

Castro no cree su versión exculpatoria

Urdangarin más cerca del banquillo, según el juez

DE FORMA un tanto inesperada, en un auto destinado a resolver sobre una cuestión relativamente secundaria referente a si procedía citar a declarar al conde de Fontao, el juez Castro ha dejado constancia por escrito que no cree la versión que Iñaki Urdangarin repitió machaconamente en sus más de 20 horas de declaración en el juzgado de Palma. Dice el juez que el duque «siempre estuvo detrás de todo el entramado societario... al mismo nivel que Diego Torres». Añade que no «acaba de convencer el argumento de que sus funciones eran en materia deportiva» y de que no participaba en la gestión económica. Y concluye que no es necesario citar a Fontao porque el duque de Palma siguió haciendo lo mismo «antes y después» de que éste le pidiera que dejara Nóos. En buena lógica, si Castro considera que Urdangarin tenía «el mismo nivel» que Torres, el tratamiento penal debería ser semejante para ambos. El auto del juez Castro supone un salto cualitativo en la investigación, ya que aboca -si no surgen nuevos elementos- a sentar a Urdangarin en el banquillo, dado que refuta su versión en base a los testimonios recabados y a la documentación incautada.