RAJOY RECIBE DEL PSOE UN ESTADO EN QUIEBRA: Botín culpa de la crisis a los políticos
Rajoy aprieta las tuercas a la banca
El Gobierno obligará al sector a provisionar incluso por los activos sanos del 'ladrillo'
De Guindos se reunió ayer con distintos banqueros para informarles de la reforma
El saneamiento que el Gobierno va a imponer a la banca de sus carteras inmobiliarias va más allá de los activos problemáticos, entendidos como tal los inmuebles adjudicados, los créditos a promotores en situación de morosidad y los préstamos a este segmento en alto riesgo de impago. En esas rúbricas la banca tiene 176.000 millones de euros, según las últimas cifras del Banco de España.Sin embargo, el saneamiento no se va alimitar a esos activos. Según fuentes financieras consultadas por EL MUNDO, el Gobierno quiere que la banca cree también un colchón que proteja activos que hoy son sanos, pero que pueden dejar de serlo en el futuro.
Fuentes del sector bancario admiten que la medida tiene cierto sentido, sobre todo a la hora de dar confianza fuera de España. Con los créditos en riesgo de impago ya se cubre la futura morosidad, pero no hay colchón que proteja de los inmuebles que se vaya adjudicando en el futuro la banca. Se trataría de cubrir este flanco.
El Gobierno, según estas fuentes, baraja imponer un saneamiento de alrededor de entre el 70% y el 80% a los solares en poder de la banca, de cerca del 50% a las promociones en curso y de un 40% a los pisos ya terminados. La media resultante sería del 50%. No hay detalle, sin embargo, sobre la cobertura a aplicar a la cartera de créditos tóxicos.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, mantuvo ayer reuniones y contactos a alto nivel con diversos responsables de la banca española para informales de las líneas generales de la reforma del sector financiero que presentará este mismo viernes al Consejo de Ministros.
Ratificó que el sector financiero español deberá provisionar al menos 50.000 millones de euros para ofrecer una imagen de saneamiento y fortaleza en el exterior y confirmó que la ley será más suave con las entidades que se impliquen en procesos de fusión.
«De Guindos ha explicado que los que pretendan continuar en solitario dispondrán sólo de un año para cumplir con las nuevas exigencias, pero que serán extensibles a dos años para los que se fusionen», explicó a este diario uno de los banqueros que se entrevistó ayer con el ministro.
El esfuerzo es considerado excesivo por las entidades con más difícil acceso a financiación, como es el caso del presidente de Bankia, Rodrigo Rato, y de bancos que tienen a cajas de ahorros en la trastienda.
Sin embargo, los presidentes de los grandes bancos, Santander y BBVA, Emilio Botín y Francisco González, consideran que cuanto antes se fuerce a provisionar y sanear, mejor para el conjunto del sistema. Botín dio a entender ayer que dar más de un año sería demasiado suave para el sector. Reclamó en varias ocasiones al Gobierno que se haga el saneamiento en un solo año.
El ministro tuvo que realizar una ronda de contactos ante el nerviosismo y las quejas desatadas en el sector por el supuesto secretismo con que estaba llevando el proceso. Ayer mismo, el consejero delegado del grupo Santander, Alfredo Sáenz, dijo ante analistas que «la nueva normativa es poco transparente, sabemos poco de ella».
El ministro no fue, sin embargo, preciso en los activos a provisionar, porque señaló que aún no había perfilado todos los detalles. Los interlocutores del ministro sacaron la impresión de que exigirá provisionar un 80% de los activos de suelo, que son los que más desconfianza despiertan en los inversores y las agencias de calificación. En el resto de activos considerados dudosos se exigiría una media de provisión del 50%.
Otra gran duda que quedó en el aire es si el Gobierno mantendrá su mensaje oficial de que no habrá dinero público para las fusiones, cuando se vea que hay entidades que no tienen capacidad de afrontar tan grandes provisiones y, al tiempo, no son objeto de deseo para ser absorbidas por otras.
En los contactos de ayer, De Guindos tampoco fue tajante con la limitación salarial que impondrá a los gestores de entidades financieras nacionalizadas o que hayan recibido préstamos públicos. Señaló que aún no había cerrado establecer que los sueldos no superen 500.000 euros.
El Gobierno planea extender a todos el despido de 33 días
La ministra estudia un recorte de las indemnizaciones
El Gobierno está estudiando hacer un recorte considerable en la indemnización por despido improcedente a los trabajadores con un contrato indefinido ordinario. Es decir, a quienes pueden obtener 45 días por año de trabajo hasta un tope máximo de tres años y medio de salario.
Según informa hoy el diario económico Expansión citando fuentes que trabajan en la reforma laboral, lapropuesta del Ejecutivo plantea que la indemnización por despido improcedente del trabajador sea la suma de los 45 días por año de servicio en la empresa, hasta la entrada en vigor de la reforma, y de los 33 días por ejercicio en la compañía, a partir de entonces.
El plan que estudia la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, supondría que, con el tiempo, desaparecería la indemnización por despido improcedente de 45 días. Ello ocurriría a medida que fuesen despedidos, o se jubilasen, quienes actualmente tienen el contrato indefinido ordinario. De esta forma, este coste para las empresas quedaría en 33 días por año de trabajo, con un tope de compensación equivalente a dos ejercicios. Es decir, la regulación de la extinción improcedente del contrato que permanece desde la reforma laboral de 1997, vinculada al contrato de fomento del empleo indefinido. Precisamente, esta última reforma fue pactada entre la patronal y los sindicatos, para tratar de abaratar los costes del despido.
Botín dice que los culpables de la crisis son los políticos
El presidente del Banco Santander, Emilio Botín, afirmó ayer que «hay que echarle una culpa muy grande» de la situación económica a los políticos. El banquero dijo que entidades como el Santander han tenido «muy poca culpa» en lo ocurrido estos años.
El presidente del Banco Santander, Emilio Botín, entró ayer en el sempiterno debate sobre los culpables de la crisis. Pidió que no se hable de la banca en general, sino de entidades concretas, y afirmó que «nosotros hemos tenido muy poca culpa», mientras otros bancos «lo han hecho mal y les han ayudado». «Dicho eso, hay que echarle una culpa muy grande a los políticos», que «no han sabido manejar los temas». Botín se refería, sobre todo, a las autoridades europeas.
El banquero hizo esas declaraciones en la rueda de prensa sobre los resultados del año 2011, un ejercicio difícil. «En el cuarto trimestre hemos dado beneficio cero, todo el beneficio lo hemos dedicado a las provisiones extraordinarias». Tajante, sin paños calientes, el presidente del Banco Santander dejó claro el efecto en las cuentas del grupo de los saneamientos efectuados para limpiar la cartera de inmuebles, poner al valor actual la filial portuguesa y cubrir algunas inversiones que están en pérdidas. Es el caso de participaciones en Iberdrola, Metrovacesa y deuda griega, según detalló el consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz, en la reunión previa con analistas.
El Santander, que había ganado 5.301 millones hasta septiembre, ha cerrado el año en 5.351 millones, un 35% menos que en 2010. Es el resultado de unos saneamientos extraordinarios de 3.183 millones de euros frente a unas plusvalías de 1.513 millones (por ventas de negocios de seguros en Latinoamérica y la entrada de nuevos socios en la filial de consumo de EEUU).
El banco cántabro ha tratado de anticiparse a lo que será una imposición del Gobierno este viernes. Trata de llegar a 2012 con buena parte de los deberes hechos.
Botín reclamó al Ejecutivo que evite dilaciones y obligue a sanear los balances en 2012, sin ningún plazo extra. Es una petición interesada, porque el Santander puede afrontarla, pero muchos de sus competidores no tienen negocios en el exterior a los que recurrir.
«Es fundamental» que el saneamiento se haga en un año, insistió Botín. «Diga lo que diga el Gobierno, el Banco Santander lo hará en un año», sentenció.
A la entidad le calculan un impacto del plan de saneamiento del Gobierno de unos 5.000 millones. De ellos, 1.800 están cubiertos con las provisiones de 2011 y hay 615 millones de plusvalías por la venta de su filial en Colombia que aflorarán en 2012, por lo que la necesidad real para el banco se reduce a 2.500 millones. Asumible para un banco que ingresa 24.000 millones antes de provisiones.
Esas coberturas extra permitirán al Santander soltar lastre. El saldo de adjudicados caerá «de forma significativa», dijo el director financiero, José Antonio Álvarez. Al tener provisionado el 50% de los activos se puede vender con descuentos de ese calibre sin incurrir en pérdidas.
El Santander endosó el impacto del saneamiento de los activos inmobiliarios y del fondo de comercio de su filial portuguesa a su centro corporativo, una especie de cajón de sastre. Esta decisión contraviene la filosofía habitual del Santander, de que «cada palo aguante su vela», es decir, que corra con los costes de sus decisiones. Esto evitó que la filial portuguesa y Santander España incurrieran en pérdidas.
Botín pidió que el saneamiento se haga «limitando el uso de fondos públicos» y opinó que «las entidades no viables deberían ser vendidas».
Sobre una eventual compra por parte del Santander, Botín dijo que «dependerá de las condiciones para que tomemos una decisión definitiva». Reconoció que está estudiando Unnim, como ya lo hizo con la CAM. En su discurso inicial había dicho que «no tenemos planes de adquisición», y luego matizó que «vamos a estudiar todas las posibilidades». Si llega una opción, el Santander pedirá todas las ayudas «que podamos, todas las que nos den», como hizo el Sabadell con la CAM.
Botín dijo que la reestructuración de la banca hecha «en los últimos 16 meses es magnífica», con la desaparición de una treintena de cajas y dos bancos. «Hay que seguir en esa línea, ir más rápido y terminar cuanto antes. Terminar esto para junio». No entró en cuantas entidades sobrevivirán, pero sí admitió que «van a quedar bastantes menos de las que hay».
Justificó el pago de una indemnización de casi 60 millones a Francisco Luzón. «Ha hecho una gran labor durante muchos años».
Industria permitirá buscar petróleo junto a Marruecos
José Manuel Soria autorizará las exploraciones de Repsol cerca de Canarias / El ministro, preocupado por la crisis de Paradores
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, se mostró ayer a favor de permitir exploraciones petrolíferas en aguas de Canarias, una medida que lleva ocho años en el limbo por diferencias políticas entre las autoridades regionales, el Gobierno central y Marruecos.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, Soria explicó que el Gobierno no se va a «oponer a que haya exploraciones», y anunció que tratará de alcanzar un consenso entre las partes involucradas, pues «si hay mucho petróleo y buen petróleo como parece», los beneficios serían notables tanto para las islas como para el resto del país.
En diciembre de 2001, en plena crisis diplomática entre Madrid y Rabat -el incidente de Perejil fue en julio de 2002-, un real decreto autorizó a Repsol a realizar investigación de hidrocarburos frente a Lanzarote, pero tras las protestas de dirigentes canarios, en 2004, el Supremo acabó paralizando el permiso por un defecto de forma en las medidas de protección medioambiental.
El trámite fue solventado, pero el permiso no ha sido renovado por las diferencias entre los cabildos y las autoridades. A Marruecos tampoco le hace ninguna gracia. Su Ministerio de Exteriores criticó la medida, tildándola de «acto unilateral, discutible y hostil» que «atenta contra los derechos inherentes a la soberanía marroquí» sobre las aguas. Durante los años de Zapatero el proyecto ha estado parado, pese a que Repsol -que también explora en aguas del país vecino- ha pedido reiteradamente su revisión. Sin embargo, Soria, conocedor de primera mano tanto del debate político interno de las Islas como de la preocupante dependencia energética del país, estima que España ««no puede permitirse el lujo de no explotar el yacimiento. No nos vamos a oponer a que haya exploraciones. Cuestión distinta es autorizar la explotación», matizó Soria.
Sin realizar estudios no es posible cuantificar el tamaño del posible yacimiento, pero desde 2008 se le atribuye a la compañía estar barajando la cifra de 1.000 millones de barriles. Fuentes del mercado de materias primas consideran, sin embargo, que la cantidad, aunque se haya asentado, es muy exagerada. En todo caso, si la empresa española recibiera el visto bueno el proceso hasta llegar a una hipotética extracción podría durar años.
Durante su comparecencia, el ministro también mostró su «preocupación» por la situación económica de Paradores Nacionales y su viabilidad, señalando que en «un entorno de decrecientes recursos públicos» se haya insistido en «inversiones adicionales y rehabilitación». En agosto de 2011, el Gobierno de Zapatero, autorizó la construcción de un Parador en Molina de Aragón (29,7 millones de euros) y otro en Muxía (25,7 millones), así como dedicar 4,45 millones más «la rehabilitación y reforma» en el de Lorca. «Paradores tiene una posición de tesorería que me tiene preocupado», explicó el ministro, por lo que dejó abierta la puerta a «fórmulas de gestión público-privadas», que no de «privatización», informa Europa Press.
Cataluña pide a Fomento que no multe a Spanair
La empresa que daba servicios de tierra presentará un ERE para mil empleados
El Ministerio de Fomento estuvo informado «en todo momento» de la evolución de las circunstancias que comportaron el pasado viernes el cese de las operaciones de Spanair. Al menos, así lo advirtió ayer el Gobierno catalán, que alegó que la aerolínea no tiene que ser multada por mala resolución de la crisis y falta de atención a los pasajeros, como acusó Fomento.
Respecto al papel de la Generalitat en la gestión de Spanair, su portavoz, Francesc Homs, afirmó que la administración se siente «responsable de todo lo que pasa en Cataluña», pero recordó que la legislación vigente «es bien clara» sobre el grado de responsabilidad del Ejecutivo de Artur Mas en Spanair.
De esta forma, derivó dar explicaciones sobre el papel que tuvo la Generalitat en la aerolínea y emplazó a los razonamientos que, «en profundidad», sobre este asunto expondrán a petición propia en el Parlamento el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, y el de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder.
No obstante, los principales grupos de la oposición -PP y PSC- lo vieron insuficiente y pidieron la comparecencia de los gestores de la compañía. El director general de Transportes y Mobilidad de la Generalitat, Ricard Font, reiteró que Fomento estuvo informado, «si no desde el minuto cero, sí desde el minuto uno» de la evolución de los acontecimientos.
En este sentido, Font aseguró que confían en que habrá una «solución» y que se puede dar en el marco de las conversaciones previstas entre la Generalitat y Fomento, en los próximos días, para tratar la desaparición de Spanair. El director de Transportes no quiso pronunciarse sobre el perjuicio económico que tendría la multa de hasta nueve millones de euros que podría imponerle la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
Además de los 2.075 trabajadores a los que afectará el ERE que presente la empresa -932 auxiliares de vuelo, 395 pilotos, 325 personas adscritas a servicios generales, 192 que se dedican al mantenimiento de aeronaves, 196 que trabajan en oficinas de ventas y 35 de almacenes-, peligran también otros 1.200 empleos de la empresa Newco, que es la que prestaba los servicios de tierra a Spanair. Fuentes sindicales advirtieron de que la compañía prevé un ERE de 1.000 personas.
Precisamente, los trabajadores de Newco se concentraron ayer en los aeropuertos de Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat y Málaga para protestar por su situación laboral. Y es que el ERE que quiere aplicar la empresa supondrá el cierre de todas sus oficinas, excepto las de Vigo y Barcelona -donde trabajan 700 personas-, para las que sindicatos y dirección deberán negociar nuevas condiciones laborales y bajadas de salario. «El 60% de nuestro trabajo dependía de Spanair, pero también hacemos servicio para otras compañías, de manera que creemos que una parte de los puestos de trabajo se pueden salvar», en palabras del portavoz del sindicato CGT, Jordi Pérez.
Cataluña pide a Fomento que no multe a Spanair
La empresa que daba servicios de tierra presentará un ERE para mil empleados
El Ministerio de Fomento estuvo informado «en todo momento» de la evolución de las circunstancias que comportaron el pasado viernes el cese de las operaciones de Spanair. Al menos, así lo advirtió ayer el Gobierno catalán, que alegó que la aerolínea no tiene que ser multada por mala resolución de la crisis y falta de atención a los pasajeros, como acusó Fomento.
Respecto al papel de la Generalitat en la gestión de Spanair, su portavoz, Francesc Homs, afirmó que la administración se siente «responsable de todo lo que pasa en Cataluña», pero recordó que la legislación vigente «es bien clara» sobre el grado de responsabilidad del Ejecutivo de Artur Mas en Spanair.
De esta forma, derivó dar explicaciones sobre el papel que tuvo la Generalitat en la aerolínea y emplazó a los razonamientos que, «en profundidad», sobre este asunto expondrán a petición propia en el Parlamento el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, y el de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder.
No obstante, los principales grupos de la oposición -PP y PSC- lo vieron insuficiente y pidieron la comparecencia de los gestores de la compañía. El director general de Transportes y Mobilidad de la Generalitat, Ricard Font, reiteró que Fomento estuvo informado, «si no desde el minuto cero, sí desde el minuto uno» de la evolución de los acontecimientos.
En este sentido, Font aseguró que confían en que habrá una «solución» y que se puede dar en el marco de las conversaciones previstas entre la Generalitat y Fomento, en los próximos días, para tratar la desaparición de Spanair. El director de Transportes no quiso pronunciarse sobre el perjuicio económico que tendría la multa de hasta nueve millones de euros que podría imponerle la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
Además de los 2.075 trabajadores a los que afectará el ERE que presente la empresa -932 auxiliares de vuelo, 395 pilotos, 325 personas adscritas a servicios generales, 192 que se dedican al mantenimiento de aeronaves, 196 que trabajan en oficinas de ventas y 35 de almacenes-, peligran también otros 1.200 empleos de la empresa Newco, que es la que prestaba los servicios de tierra a Spanair. Fuentes sindicales advirtieron de que la compañía prevé un ERE de 1.000 personas.
Precisamente, los trabajadores de Newco se concentraron ayer en los aeropuertos de Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat y Málaga para protestar por su situación laboral. Y es que el ERE que quiere aplicar la empresa supondrá el cierre de todas sus oficinas, excepto las de Vigo y Barcelona -donde trabajan 700 personas-, para las que sindicatos y dirección deberán negociar nuevas condiciones laborales y bajadas de salario. «El 60% de nuestro trabajo dependía de Spanair, pero también hacemos servicio para otras compañías, de manera que creemos que una parte de los puestos de trabajo se pueden salvar», en palabras del portavoz del sindicato CGT, Jordi Pérez.
posted by e-pesimo | 08:24
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