EL CIRCO DE LOS TOTALITARIOS NOSTÁLGICOS: Garzón, además de prevaricador y extorsionador, sinvergüenza

Ahora dice que los delitos del franquismo no eran 'políticos'
Garzón justifica que ignoró la Ley de Amnistía con la tesis contraria a la del auto en que asumió su competencia alegando «los motivos políticos e ideológicos» de las desapariciones
«Crímenes de la naturaleza que se denunciaron y sobre los cuales resolví mi competencia en ningún caso pueden tener carácter político», afirmó ayer ante el Tribunal Supremo el juez Baltasar Garzón en su declaración como acusado de un delito de prevaricación por iniciar, sin competencia legal, unas diligencias sobre los desaparecidos del franquismo.Garzón negó el «carácter político» de los crímenes de la etapa franquista y los calificó de «puros y simples hechos delictivos en el contexto [sic] de crímenes contra la humanidad». Lo hizo así, a preguntas de su abogado, para salvar la acusación de que burló la Ley de Amnistía aprobada por las Cortes democráticas, que eximió de responsabilidad a los autores de los delitos «de intencionalidad política» anteriores a diciembre de 1976.
La negación del «carácter político» de los delitos del franquismo contrasta con el auto en el que, el 16 de octubre de 2008, Baltasar Garzón declaró su competencia para investigar las denuncias presentadas por más de medio centenar de asociaciones de memoria histórica.
«El alzamiento o insurrección armada que se materializó el 18 de julio de 1936 fue una decisión perfectamente planeada y dirigida a acabar con la forma de gobierno de España en ese momento, atacando y ordenando la detención e incluso la eliminación física de personas que ostentaban responsabilidades en los altos organismos de la Nación y ello como medio o al menos como paso indispensable para desarrollar y ejecutar las decisiones previamente adoptadas sobre la detención, tortura, desaparición forzada y eliminación física de miles de personas por motivos políticos e ideológicos», escribió hace tres años en ese auto.
Lo que tocaba ayer era contrarrestar la acusación de que ignoró a sabiendas la Ley de Amnistía de 1977, una ley aprobada por las Cortes democráticas españolas -las mismas que hicieron la Constitución- que eximió de responsabilidad penal a los autores de «todos los actos de intencionalidad política», cualquiera que fuera su resultado, tipificados como delitos con anterioridad al 15 de diciembre de 1976.
- «Se ha dicho que usted quería saltarse la Ley de Amnistía», le dijo su abogado, Gonzalo Martínez-Fresneda.
- «Eso no se sostiene porque lo que hago yo, acertada o desacertadamente, es interpretar que el delito de detención ilegal y las desapariciones forzadas en un contexto de crímenes contra la humanidad son un delito permanente», respondió Garzón, que añadió: «La Ley de Amnistía se refiere a hechos de contenido político. En ningún caso se puede afirmar que crímenes contra la humanidad, crímenes de la naturaleza que se denunciaron y sobre los cuales resolví mi competencia pueden tener carácter político de ningún tipo».
También a preguntas de su defensa -no quiso contestar a la acusación popular que ejercen Manos Limpias y Libertad e Identidad- aclaró: «No apliqué el delito de crímenes contra la humanidad, sino detenciones ilegales en un contexto [sic] de crímenes contra la humanidad en conexión con los delitos contra las formas de gobierno».
La precisión era relevante porque los delitos contra la humanidad no se introdujeron en el Código Penal español hasta 2003 y por eso Garzón es acusado de vulnerar principios básicos del Estado de Derecho como la irretroactividad de las normas penales desfavorables.
La apelación al «contexto» y la reiterada afirmación de que, según sostuvo, siguió «la doctrina del Supremo en el caso Scilingo» salvarían la acusación.
- «También se dice que usted ninguneó la ley de memoria histórica», inquirió el defensor.
- «Para nada. Esa ley tenía una interpretación perfectamente compatible con la investigación porque prevé el ejercicio de acciones legales en otros ámbitos, no excluye la acción penal. Y es lógico, porque es el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación».
Garzón se explayó sobre la «obligación de todo juez» de investigar hechos «muy graves» que llegó a comparar con los crímenes del régimen nazi entre 1933 y 1945 (incluido, por tanto, el Holocausto judío en las cámaras de gas). Los crímenes franquistas y los del régimen de Hitler quedaron, así, en la sala como «absolutamente parangonables». «Toda la mecánica era prácticamente idéntica», sostuvo. «En las denuncias se describían hechos de eliminación sistemática, un plan preconcebido para la desaparición de personas. Miles de ellas siguen desaparecidas».
Para Garzón, era preciso «dar protección a las víctimas» aunque, según se puso de manifiesto en el interrogatorio, las primeras denuncias se presentaron en diciembre de 2006 y el juez tardó un año en pedir al fiscal el informe sobre la competencia del Juzgado. Las propias asociaciones de memoria histórica llegaron a denunciar la inacción de Garzón ante el Consejo General del Poder Judicial, que archivó las quejas.
También se puso de relieve que Garzón no accedió a realizar exhumaciones de posibles desaparecidos «hasta que quedara determinada la competencia». Se la negó la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el 2 de diciembre de 2008, si bien 15 días antes el propio instructor se declaró incompetente al constatar el fallecimiento de todos aquellos a los que había declarado presuntos responsables del delito contra las formas de gobierno. El juez señaló que, pese a la «chanza» que se hizo a costa de la petición del certificado de defunción de Franco, la muerte de otras personas menos conocidas no era tan notoria.
Destacó, asimismo, que tres de los 17 magistrados de la Audiencia apoyaron sus tesis y proclamó que no se dejó llevar ni por su ideología ni por afán de notoriedad: «He hecho lo mismo que en otros casos, interpretar las normas con las reglas de la buena fe».
El fiscal Luis Navajas adoptó el papel de defensor bis con un amable cuestionario que no aportó datos de trascendencia.
La Sala no ve motivos de nulidad y sigue el juicio
La Sala que juzga a Baltasar Garzón por el caso del franquismo ha rechazado todas las cuestiones previas planteadas por la defensa y apoyadas por el representante del Ministerio Público, Luis Navajas, cuya intervención del pasado día 24, especialmente agresiva con el instructor, Luciano Varela, causó malestar en el tribunal.
La continuidad del juicio fue acordada por cuatro votos frente a tres. La Sala no ha accedido a declarar nulos los autos en los que Varela dio un plazo a la acción popular para que subsanara los defectos advertidos en el escrito de acusación y ha considerado que el escrito finalmente presentado es válido. También ha concluido que en este proceso no es aplicable la doctrina Botín, puesto que el delito de prevaricación que se enjuicia es «de naturaleza pública».
El acuerdo de la Sala explica que, «sin perjuicio de los excesos que han sido denunciados cometidos en la instrucción, los efectos que se han producido en su virtud no tienen entidad material suficiente para justificar la anulación de las actuaciones».
También afirma que el escrito de acusación que ha llevado a Garzón al banquillo «es suficiente para entender formulada una imputación por los hechos que en él se relacionan».
«¡Pero si esto de la Guerra Civil está pasado!»
Primer encontronazo entre la acusación y los 'garzonistas' en el salón de plenos
Todos se portaron tan bien el primer día que ayer el presidente se ahorró aquello de «no se permitirán muestras de aprobación o desaprobación por parte del público». Y el público se volvió a portar bien, pero menos. Cuando el tribunal ya había levantado la sesión, pero aún dentro del salón de plenos, saltó una chispa. De entre los partidarios de Manos Limpias salió la frase «¡Pero si todo esto de la Guerra Civil ya está superado!», que fue respondida desde las filas garzonistas con un «Definitivamente tenéis las manos manchadas de sangre».
El segundo día de vista oral y tercer martes judicial consecutivo contra Garzón tuvo más público en la sala de vistas, pero menos manifestantes en la calle. Esta vez a los siete magistrados no les llegaban con tanta claridad los gritos a favor del acusado y en contra del tribunal.
No les oían, pero estaban. En la plaza de la Villa de París, entre el Supremo y el supuesto locus delicti, la Audiencia Nacional, exhibían carteles como «España al revés: corruptos y fascistas hacen juzgar al juez».
Los manifestantes desplegaron un enorme e impactante mural con decenas de fotografías de desaparecidos. Compartía protagonismo con pancartas convertidas en clásicos, empleadas tanto en días de juicio como en días de manifestación: las que muestran un primer plano del juez junto al lema Paremos los juicios de la vergüenza.
Que alguno de los carteles no era del día era evidente. Un hombre pancarta (en la foto) acompañaba a sus peticiones de «fin del Franquismo» y «República ya» con la fecha 24-1-2012, la del primer día de juicio. Otros decían, con aires brechtianos, «Acallan al juez, luego a ti», u ofrecían interpretaciones algo complejas: «Juzgar a jueces con jurado» (Quienes lo esgrimían no parecían partidarios de Camps...).
Esta vez la recepción al magistrado a las puertas del tribunal fue algo fría. Había muchos claros en las aceras, aunque la cosa se fue animando hacia mitad de la mañana. Entonces sí se oyeron los gritos de «Garzón, amigo, el pueblo está contigo», «Hay que juzgar a los jueces franquistas» o «No vais a juzgar, vais a prevaricar». La acusación popular se llevó su parte: «Manos Limpias, llenas de sangre».
Cuando dentro del tribunal volvió a convocarse a Don Baltasar Garzón Real, sonaron algunos aplausos que -a saber por qué- no se escucharon el martes pasado. En la calle, la noticia de que el tribunal había acordado celebrar el juicio renovó los ímpetus. Un par de horas más tarde, Garzón recorría entre aplausos el corto pasillo policial entre la puerta trasera del Supremo y la puerta trasera del coche oficial.
¿Represión o deporte?
Al salón de plenos llegaban muy amortiguados, como un eco sordo e intermitente, los gritos de quienes -sin que Garzón se haya opuesto públicamente jamás a una agresión semejante- se habían reunido para insultar a los magistrados del Supremo porque han osado juzgar a su héroe.
Pero dentro de la sala se respiraba sosiego, y ése era un contraste llamativo y tranquilizador. Porque lo que se estaba poniendo sobre el tapete no eran, naturalmente, cuestiones ideológicas ni emocionales. Lo que se ventilaba allí pertenecía al planeta de la legalidad y a su estricta aplicación y no al subsuelo de los ajustes de cuentas, o a cualquiera de esas simplezas que se han venido esgrimiendo para tratar de convertir al juez juzgado en un mártir de la causa del antifranquismo.
De las tres que le han llevado al banquillo, sólo la de ayer tenía posibilidades de ser explotada políticamente por la izquierda. Y lo ha sido hasta alcanzar un grado de presión sobre el Alto Tribunal que es de todo punto inaceptable e impropia de un país civilizado. Sólo queda el consuelo de saber que esa presión se queda en mera tentativa porque carece de toda capacidad para alcanzar a los miembros de la Sala Segunda, arañar siquiera sus posiciones o llegar a afectar a su fallo.
Por eso se produjeron las concentraciones y los insultos. Porque ésta es de las tres la única causa que permite embozar deliberadamente la crudeza de los hechos -es decir, el conocimiento, o no, por parte de Garzón de que estaba transgrediendo la ley- bajo la capa de las grandes palabras: verdad, justicia, reparación.
Esas palabras, de vocación tan noble, ayer no fueron más que piedras lanzadas contra el tribunal. Esas palabras sirvieron de coartada para llamar fascistas a los magistrados que juzgaban a Garzón. Y, para pasmo de algunos, ésas fueron exactamente las palabras que el propio juez repitió como razones, no legales, sino políticas e históricas, para justificar su actuación.
Es decir, que lo que unos gritaban fuera, lo repetía el acusado dentro. Y así fue como la frase pronunciada por el juez y por su abogado como un eco del eco que llegaba de la calle, perdió automáticamente su categoría de argumento para quedarse en un mero eslogan para la agitación.
El tribunal decidirá. Pero ayer se produjeron dos momentos muy llamativos, incluso escandalosos. El primero llegó cuando oímos a Garzón afirmar ahora -no antes, porque antes dejó dicho justamente lo contrario- que los asesinatos, las desapariciones y los enterramientos clandestinos durante y después de la Guerra Civil a cargo de los franquistas no tuvieron un móvil político.
¿Lo hicieron por deporte? ¿Quizá para descaste de la ya trágicamente diezmada población? Sería casualidad, entonces, que eligieran a sus víctimas únicamente entre las filas republicanas. Era una finta para eludir su desprecio de la Ley de Amnistía, pero sus palabras sonaron en la sala como una broma macabra.
El segundo instante tremendo se produjo cuando insistió en hablar, otra vez, de la «extinción de responsabilidades penales» de personas que están muertas, que nunca fueron juzgadas por esos hechos y a las que nunca se imputó por ellos responsabilidad penal alguna. A un muerto no se le puede juzgar porque no se puede defender. Y mucho menos, por lo tanto, se le puede declarar libre de una culpa por la que nunca fue condenado.
¿O sí se puede si uno se llama Baltasar Garzón?





Links to this post:
Crear un enlace
Home