CORRUPCIONES SOCIALISTAS: Trama Campeón: Pepiño Blanco ante el Tribunal Supremo a dar cuenta del choriceo
Blanco declaró al TS que 'agilizar procesos' en pro de un amigo no es influir
Admitió que en la gasolinera prometió a Dorribo que «miraría» sus peticiones
El ex ministro José Blanco aseguró en su declaración ante el Supremo que no ha recibido «ni un euro» del empresario Jorge Dorribo, al que contestó que «miraría» los proyectos que tenía pendientes en Sanidad porque es «una expresión habitual», pero luego «no hizo gestión alguna». Blanco sí admitió haberse «interesado» por dos expedientes de su amigo José Antonio Orozco, pero no dio ninguna «instrucción» ni «influyó» en su resultado.
El magistrado de la Sala Penal del Supremo José Ramón Soriano, instructor del proceso abierto a José Blanco por supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias, ha levantado el secreto que pesaba sobre la declaración que el ex ministro de Fomento prestó el 26 de enero pasado. Lo ha hecho a petición del fiscal Manuel Dolz para garantizar el derecho de defensa del empresario Jorge Dorribo -que está citado a declarar el próximo martes- y del primo político de Blanco, Manuel Bran, que comparecerá el miércoles.
Dorribo, propietario del laboratorio farmacéutico Nupel, declaró ante la juez de Lugo que instruye el caso Campeón que el 5 de febrero de 2011 celebró un encuentro con el entonces titular de Fomento en la gasolinera de Guitiriz (Lugo) tras entregar a Bran 200.000 euros.
El dinero -en versión de Dorribo- iba destinado a que Blanco hiciera gestiones en Sanidad para que autorizara un proyecto de presentación de medicamentos en unidosis y para que «les concedieran la recogida de medicamentos residuales».
Blanco negó con rotundidad las acusaciones de Dorribo: «Manipula información y fechas de encuentros para construir un relato falso». «Nunca he pedido ni recibido dinero de nadie ni he presionado a ningún ente de la Administración para que hicieran cosas contrarias a Derecho», añadió. «Nunca he recibido ni un euro ni directa ni indirectamente de nadie», repitió.
Relató que su primo le llamó para decirle que Dorribo quería comentarle un asunto. Era un día «de intensa actividad institucional y de partido», pero como Bran le dijo que era importante, Blanco pensó que podían hablar en la gasolinera de Guitiriz porque sus escoltas habían quedado ahí con los guardias civiles que iban a acompañar al ministro a una comida con empresarios en Parga, a la que también iba a asistir Dorribo.
Blanco admitió que conversó con Dorribo en el coche -«que era del PSOE, no del Ministerio»- en presencia del conductor y de un escolta, «el lugar menos íntimo para hablar con alguien», precisó.
El empresario le planteó los temas pendientes en Sanidad y él contestó que «lo miraría», una expresión «que utilizo habitualmente, pero en este caso no hice gestión alguna». Manifestó que no sabe por qué Dorribo le acusa, pero subrayó que el empresario fue puesto en libertad tras declarar contra él y recordó que la juez remitió el asunto al Supremo el día que empezaba la campaña electoral.
También admitió que «se ha interesado» por dos expedientes de los que le habló José Antonio Orozco, vicepresidente de Azkar y amigo suyo. Uno era la construcción de una nave de Azkar cerca del aeropuerto de El Prat y otro, la expropiación de unos terrenos para ampliar el aeropuerto de La Coruña. «Como ministro tenía mucho interés en acelerar las expropiaciones para comenzar las obras cuanto antes», dijo.
Respecto a la nave, señaló que «lo único que hizo» fue preguntar a su jefe de gabinete por el estado del expediente, y éste «me informó de que la media de tramitación era tres-cuatro meses y [el expediente de Azkar] llevaba seis meses sin informe en contra y sin objeción administrativa y que en 15 días lo resolvería».
No obstante, luego añadió que también comentó el asunto con el secretario de Estado, Isaías Táboas, «y me consta que éste habló con el alcalde de Sant Boi», aunque él no le dio instrucciones para que lo hiciera.
De acuerdo con los SMS interceptados por la juez San José, la intervención de Blanco fue más amplia. Así, cuando Orozco se quejó de que «falta sólo el informe de Aviación Civil. ¿Podrías hacer algo?», el entonces ministro le contestó: «Mándame un correo con lo que falta».
El ex titular de Fomento sostuvo que «la responsabilidad de un administrador público es agilizar los procesos y facilitar, sobre todo cuando se trata de crear empleo», aunque él sólo «solicitó información» y no dio «ninguna instrucción» ni influyó «directa ni indirectamente en la tramitación de esos expedientes».
Cargos de la Junta revisaron los ERE tras el escándalo
Ordenaron no dejar rastro de su actuación y se borraron archivos
El ex director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero ya declaró el pasado 26 de enero ante la Guardia Civil que en Empleo se habían «destruido documentos» tras estallar el caso. Guerrero dijo tener conocimiento de esta circunstancia por varios funcionarios.
El equipo directivo de Empleo se afanó durante un fin de semana en revisar con personal no funcionario los expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados por la Junta de Andalucía con cargo al fondo de reptiles, ordenando que se limpiara todo para que no quedara rastro alguno del trabajo realizado durante esos dos días no laborables.
Los hechos tuvieron lugar el sábado 20 y el domingo 21 de noviembre de 2010, tan sólo días después de que estallara el caso de las falsas prejubilaciones al conocerse la presencia de un intruso -Antonio Garrido Santoyo, ex dirigente del PSOE de Baeza- en el ERE aprobado a Mercasevilla en 2007.
Según fuentes cercanas a la investigación, fue el propio consejero de Empleo, Manuel Recio, quien dio el viernes la instrucción de que altos cargos y personal de confianza acudieran al centro de trabajo ese fin de semana con la tarea de analizar todos los expedientes, ante las fundadas sospechas de irregularidades en la tramitación de las ayudas. La orden a los empleados la transmitió el director general de Trabajo, Daniel Rivera.
Bajo la supervisión del propio Rivera, también participaron en esos trabajos varias secretarias, un administrativo y altos cargos del departamento, como el propio consejero y su jefe de gabinete, el viceconsejero y la entonces directora gerente del Servicio Andaluz de Empleo.
En ese trabajo de supervisión no intervino ningún funcionario de la Consejería, sino empleados contratados a través de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo. De hecho, el equipo directivo ordenó el domingo al personal de confianza que, cuando terminaran las tareas, se eliminaran todas las pistas y rastros que pudieran delatar que se había estado trabajando durante el fin de semana. Tal fue el celo que la papelera con la basura generada durante esos días se ubicó en un punto que garantizaba que el retén de limpieza lo retiraría a las 7.00 horas, antes de que se incorporara el personal funcionario a sus puestos de trabajo en la mañana del lunes.
Durante los dos días, los empleados rastrearon documentos y correos electrónicos tanto en el servidor como en los ordenadores, a fin de hallar los listados de expedientes, los compromisos de ayudas asumidos y las pólizas de prejubilaciones. Ello da una idea del total descontrol existente en la Consejería, que en la última década comprometió 1.000 millones de euros en ayudas para prejubilados y empresas en crisis.
Fue tanto el empeño para que no se descubriera que se había estado trabajando durante el fin de semana que una de las empleadas que habían participado en esas tareas cometió un grave error cuando se reincorporó a su puesto en la mañana del lunes. Esta trabajadora borró archivos pensando que estaba eliminando los documentos recientes, lo que encaja con la denuncia de Javier Guerrero ante la Guardia Civil. La indicación era que había que dejarlo todo como si no hubieran estado allí.
La trama del Plan Bahía de Cádiz usó testaferros
Las ayudas de la Junta de Andalucía fueron destinadas a fondos de inversión
Según ha podido saber EL MUNDO, la Policía ha seguido la pista de parte del dinero supuestamente defraudado del Plan Bahía y del Plan Reindus -promovidos, respectivamente, por la Junta de Andalucía y el Ministerio de Industria- en operaciones de carácter puramente especulativo. Algunos de los imputados, de acuerdo con los datos que ha recabado la Udyco, ingresaron varios millones de euros en fondos de inversión, un dinero que luego retiraban y volvían a reinvertir en productos similares, lo que les reportaba notables dividendos.
Antes, los implicados retiraban el dinero de la cuenta en la que la Dirección General del Tesoro ingresaba las subvenciones que concedía a los proyectos que presentaban las empresas fantasma de la red. El vaciado de las cuentas se producía en poco tiempo, señalaron las fuentes consultadas, y utilizando para ello cheques y pagarés.
La operación policial, que ha permitido ya la detención, en dos fases, de una decena de implicados -incluidos el ex gerente del Plan Bahía Antonio Perales Pizarro, y su sobrina Ofelia Perales-, ha descubierto, asimismo, un complejo sistema de ingeniería financiera con el que movían el dinero procedente de las ayudas públicas hasta blanquearlo.
Pagos a sociedades inexistentes, autotransferencias a empresas de la red y el uso de testaferros permitieron a Alejandro Dávila Ouviña y a las otras dos familias implicadas mover millones de euros a medida que los iban recibiendo de las administraciones públicas para un fin bien distinto.
Los investigadores han encontrado, por ejemplo, varios pagos de las sociedades de la trama a una empresa denominada Kelos Investments SARL, con sede en Luxemburgo, por obras de edificación que, por supuesto, ni siquiera existieron. No sólo eso, sino que la propia Kelos Investments no existe.
En cuanto a las autotransferencias, los agentes de la Udyco las han descubierto a favor de empresas de Dávila Ouviña, como Gestsolar o Tecmargal. El uso de testaferros es una práctica habitual de la trama. Agustín Bobo de Vega adquirió la sociedad Aquandalucia SL el día que Dávila Ouviña realizó una ampliación de capital por 2,1 millones de euros: el mismo importe de la ayuda que recibió de Industria.
El empresario gallego es señalado por la Policía en relación con estas maniobras, ya que en un solo día de julio de 2011, cuando el escándalo ya había estallado, varios de sus parientes escrituraron una docena de inmuebles cuyo origen estaría en el patrimonio de Dávila Ouviña.
posted by e-pesimo | 08:14
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