CORRUPCIONES SOCIALISTAS: El TS ordena a la Policía investigar el patrimonio de José Blanco/ La Junta camufló el fraude de los mERE/ La Universidad

El TS ordena a la Policía investigar el patrimonio de José Blanco
El magistrado del Tribunal Supremo José Ramón Soriano, que instruye el caso Campeón, ha encargado a la Policía que investigue el patrimonio acumulado por José Blanco en los últimos años.El magistrado Soriano ha encargado esta investigación a la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (Udef) de la Policía, en la que es su primera decisión en el caso Campeóndespués de analizar la documentación que envió la juez Estela San José al Supremo y tras tomar declaración el pasado 26 de enero a José Blanco.
En la documentación remitida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo al Tribunal Supremo está, entre otros elementos, la declaración realizada el 8 de agosto de 2011 por Jorge Dorribo. El empresario lucense reveló que había abonado 200.000 euros a José Blanco por su intermediación en la adjudicación de contratos y obras.
EL MUNDO ha podido saber de fuentes del mismo Tribunal Supremo que el magistrado Soriano dispone de una serie de conversaciones telefónicas entre Jorge Dorribo y Manuel Bran -primo político de José Blanco y presunto intermediario entre el empresario y el ex ministro-, donde se aprecia y comprueba cómo se preparó el pago de los 200.000 euros a José Blanco el 5 de febrero de 2011 en la gasolinera Guitiriz de Lugo.
Entre esa documentación también se encuentra una serie de mensajes o SMS entre Dorribo y Bran, previos al encuentro de la gasolinera de Guitiriz. Además, y siempre según las informaciones recogidas por este periódico en el Tribunal Supremo, el propio Bran se trasladó hasta las dependencias de la empresa Nupel, propiedad de Jorge Dorribo, para allí ultimar cómo, cuándo y dónde se produciría el encuentro entre el empresario lucense y el entonces ministro de Fomento. También se ultimó la forma en que se efectuaría el pago por la supuesta intermediación del entonces vicesecretario del PSOE ante los titulares de otros ministerios.
El magistrado José Ramón Soriano ya ha tomado la decisión de citar a declarar a Jorge Dorribo y a Manuel Bran para los próximos días 21 y 22. La declaración de Dorribo viene motivada porque su abogado, Ignacio Peláez, así lo solicitó al Supremo tras la comparecencia de Blanco el pasado día 26 de enero.
En las investigaciones llevadas a cabo por Vigilancia Aduanera se ha detectado que el empresario Jorge Dorribo llevaba, a la vez, tres contabilidades de sus sociedades. En la primera de ellas realizaba las anotaciones oficiales, para que de esta forma cuadraran los números de cara a Hacienda, y con las otras dos iba jugando con determinadas partidas y cantidades en negro y las utilizaba para pagar a sus conseguidores -algunos de ellos políticos locales y autonómicos- por «gestiones varias».
Vigilancia Aduanera, que ha sido la unidad fiscal encargada de la investigación en la operación Campeón, detectó y grabó en diciembre de 2010 una serie de conversaciones telefónicas entre los imputados en ese caso judicial. En esas escuchas los interlocutores ya hablaban de José Blanco como «mediador» en diferentes adjudicaciones.
En esas mismas conversaciones, y por esas mismas fechas, también aparecen escuchas a José Antonio Orozco, vicepresidente de Azkar, y en ellas queda demostrado, según los análisis de Vigilancia Aduanera, que el directivo de la empresa de transportes es «íntimo» de José Blanco.
EL MUNDO ya reveló el pasado 27 de enero que de una de esas grabaciones telefónicas surgió una conversación donde Orozco apunta a su interlocutor que el empresario Luis Vilariño era el testaferro del entonces ministro de Fomento. Vilariño, paisano y amigo de José Blanco, ha negado ese hecho.
La Junta camufló el fraude de los ERE
La Guardia Civil señala que la investigación interna sólo buscaba cubrir las apariencias
Pudo haber denunciado el fraude de los ERE, pero en vez de ello lo dio continuidad y lo camufló. La actuación de la Junta de Andalucía en el escándalo del fondo de reptiles está cada vez más en entredicho, según las conclusiones de los investigadores del caso, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con sede en Madrid.
Los informes de seguimiento números 1 y 4, en los que la UCO investiga el pago de ayudas ilegales y prejubilaciones falsas en las empresas sevillanas Surcolor y Calderinox, infligen un fuerte varapalo a la credibilidad del Gobierno que preside José Antonio Griñán, que se jacta de haber sido el que denunció el escándalo, y lo ciñe exclusivamente a la gestión del ex director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero.
La UCO desmonta esa tesis de arriba a abajo, al implicar en la continuidad y ocultación del fraude de los ERE no sólo a los dos directores generales que sucedieron a Guerrero, sino a «los responsables de la Consejería» de Empleo.
«A juicio policial», señala el informe de la Guardia Civil, «los sucesores de Javier Guerrero y los responsables de la Consejería no sólo dan continuidad a los acuerdos alcanzados por éste [Guerrero] sin formalidad y con una clara y patente falta de procedimiento, sino que además han dado forma a los mismos». Por dar «forma» [las comillas son de los propios agentes de la UCO] se entiende camuflar la ilegalidad de las ayudas, o darles apariencia de legalidad, mediante «la emisión de resoluciones posteriores por las que se ordenan los pagos». Es decir, la Consejería de Empleo «da por hecho la concesión de dichas ayudas», las concedidas por Javier Guerrero, pese a saber que eran ilegales.
No es ya que la Junta de Andalucía no denunciara en los tribunales la concesión sistemática de ayudas ilegales sino que, al detectar el fraude, no anuló y dejó sin efecto las ayudas concedidas ilegalmente, «sin expediente alguno». En vez de ello, según la UCO, dio «forma» al fraude, mediante la emisión de resoluciones y órdenes de pago que maquillaban la ilegalidad del procedimiento.
De los informes de la Guardia Civil se deduce que la principal preocupación de la Junta de Andalucía no fue denunciar o esclarecer el fraude ni perseguir a sus responsables, sino aparentar que lo estaba investigando.
Así, señalan que la investigación interna emprendida por la Consejería de Empleo «es un informe que se limita a enumerar algunas de las deficiencias y de las irregularidades que se detectan, sin intentar aclarar y encontrar a los responsables» de la inclusión de intrusos en el ERE de Calderinox. Su «única finalidad», según la UCO, era «poder afirmar que desde la Junta de Andalucía se ha iniciado una investigación tendente a esclarecer las irregularidades».
El consejero de Empleo, Manuel Recio, por su parte, calificó de «ejemplar» la actuación de su director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Rivera, imputado por la juez.
La Universidad de Extremadura justifica las prejubilaciones
Dice que cumplió en 2009 el informe del Tribunal de Cuentas, que es de hace tres meses
El Rectorado de la Universidad de Extremadura expresó ayer «su más enérgica repulsa» por el -a su juicio- «tratamiento inadecuado» de las informaciones que ha venido publicando el diario EL MUNDO en los últimos días sobre las prejubilaciones con sobresueldo, a las que se acogieron 70 profesores universitarios, incluido el ex presidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra.
El máximo órgano rector de esta institución académica reaccionaba así, 48 horas después de la primera publicación de los datos del caso, pero con la extrema celeridad que el día anterior le había exigido la portavoz del PSOE en esta comunidad, Ascensión Murillo, quien conminó públicamente a la institución a pronunciarse, tras calificar la información de «basura».
En su comunicado de prensa, el equipo rectoral, que gobierna el rector Segundo Píriz, no desmintió ni uno solo de los datos aportados por este diario, aunque opinó que el retiro de los profesores y del propio Ibarra no puede ser calificado como «dorado».
En este sentido, aseguró que «esta universidad sigue manteniendo la firme convicción de haber actuado conforme a las posibilidades que permitía el marco legal aplicado en su momento, con la aprobación de los órganos de gobierno de la Junta de Extremadura y de la Universidad», y «sin perjuicio», continúa en el comunicado, «de que la recomendación que se hace por el Tribunal de Cuentas haya sido debidamente cumplida, al haber cesado el Plan con el último convenio del año 2009».
Sin embargo, en dicha nota el Rectorado entra en una flagrante contradicción, porque asegura que acató la exigencia del Tribunal de Cuentas de poner fin al plan «por carecer de base legal», pero el informe de dicho organismo tiene fecha de 27 de octubre de 2011 y la decisión de cerrar los beneficios a más profesores la tomó la Universidad en septiembre de 2009 -dos años antes-, justo cuando Ibarra se acogió a dicho convenio. Por lo tanto, dice haber cumplido un mandato que en realidad entonces aún no existía. Ibarra se apuntó a la prejubilación con sobresueldo tras haber ejercido como docente durante un curso y medio -de enero de 2008 a septiembre del año siguiente- y cumplir así el requisito de ser mayor de 60 años y no dar clases 10 años más, hasta los 70, como marca la ley.
Una opinión diferente a la expresada por el órgano rector es la que realizó el delegado del Consejo de Estudiantes de la Facultad de Derecho, Antonio Cortés, quien mostró su «indignación, malestar y preocupación» por la «imagen» que está transmitiendo la Universidad de Extremadura al resto de España: «Es una vergüenza que haya personas que se vayan cobrando más», dijo.
Ibarra autorizó en el Consejo de Gobierno del 24 de abril de 2007 -un mes antes dejar de ser presidente de la Junta de Extremadura- la firma del convenio entre la Consejería de Educación y la Universidad; rúbrica que se realizó el 23 de mayo, a cuatro días de las elecciones autonómicas, a las que no se presentaba. Ya como ex presidente, en julio pidió su reingreso en la Universidad. Estos 70 profesores cobran hasta el año 2018 un plan de jubilación anticipada que incluye el cobro completo de sus nóminas y una gratificación media anual de 18.615 euros más.





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