CORRUPCIONES SOCIALISTAS: El 'Bellotari' Rodríguez Ibarra perpetró las prejubilaciones antes de dejar el poder/«Delitos» en la Complutense Berzosa
Ibarra aprobó su prejubilación con sobresueldo un mes antes de dejar el poder
Rodríguez Ibarra autorizó, a punto de acabar su última legislatura como presidente extremeño, que la Consejería de Educación firmase el acuerdo con la Universidad para la prejubilación dorada que disfruta.Mediante esas prejubilaciones de oro, 70 profesores universitarios, entre ellos Rodríguez Ibarra, recibieron un complemento extra durante tres años, además de su salario completo, a cambio de dejar de impartir sus clases.
La autorización para que la consejera de Educación, Eva María Pérez, firmara el acuerdo con la Universidad se produjo en el Consejo de Gobierno del 25 de abril de 2007. Las elecciones se celebraron el 27 de mayo y hubo dos consejos posteriormente.
El mismo día se dio luz verde al presupuesto total de las prejubilaciones, por un valor total de 14.450.000 euros, para su puesta en marcha inmediata y con una duración de 10 años. De hecho, tras la celebración de ese Consejo de Gobierno la directora general de Enseñanzas Universitarias de Extremadura, María del Carmen Pineda, desgranó en una rueda de prensa al efecto los objetos del programa, que económicamente asumía en su totalidad la Junta de Extremadura.
La mano derecha de la consejera aseguró entonces que el objetivo del convenio era «la mejora continua de la calidad y las condiciones en la que la Universidad presta su servicio a la sociedad», y con el fin de evitar que se estableciera un «envejecimiento» de la plantilla universitaria, cuya normativa marcaba que hasta los 70 años no tenían la posibilidad de jubilarse.
El paso siguiente para que estas prejubilaciones entraran en vigor al comienzo del siguiente curso -en septiembre de 2007- fue la firma oficial entre las partes, que tuvo lugar el 23 de mayo, a tan sólo cuatro días de la celebración de las elecciones, a las que ya no se presentaba Ibarra tras 24 años en el poder, y tras haber elegido como sucesor a Guillermo Fernández Vara, que ganaría holgadamente los comicios.
Unos meses antes, el dirigente extremeño había anunciado que se retiraba de la política tras sufrir un infarto y que regresaba de forma inmediata a la docencia como profesor en la Universidad de Extremadura, en concreto a la Facultad de Educación, en el departamento de Lengua, con sede en Badajoz.
Tras realizar oficialmente su reingreso como docente, en julio de 2007, y tras un periodo de «reciclaje», como él mismo explicaría, Ibarra comenzó a dar clases a sus alumnos en enero de 2008, impartiendo una asignatura de libre elección, Análisis del Discurso Periodístico e Introducción a la Política.
Sin embargo, sólo daría clases hasta el 30 de septiembre de 2009, un curso y medio después, al acogerse a esta jubilación anticipada incentivada y gracias a un plan que él mismo había autorizado como presidente de la Junta en el máximo órgano competencial de la Administración autonómica, el Consejo de Gobierno.
Lo hizo, además, en la última convocatoria del plan, porque este privilegio -el cobrar más por no dar clases que por estar en activo- dejó de estar en vigor precisamente ese mismo año, 2009, porque tras él ningún profesor más pudo acogerse.
El ex presidente autonómico llegaba a cumplir entonces una de las dos condiciones para acogerse el plan, la de tener más de 60 años (se acogió con 61), porque para él era imposible la segunda, la de haber ejercido durante 30 años como docente con plaza de titular.
Ibarra inició la docencia como profesor no numerario en la Escuela de Formación del Profesorado de Badajoz y en 1985, ya como presidente de la Junta, consiguió su plaza como profesor titular de la Escuela Universitaria a través de un curso de idoneidad establecido para profesores no universitarios.
Los convenios entre la Junta y la Universidad de Extremadura se habían prorrogado, ya con Vara en el Gobierno, primero en 2008, en concreto el 17 de julio, por la entonces vicepresidenta segunda y consejera de Economía, María López Aguilar; y el siguiente y último, firmado el 30 de abril de 2009, también por la misma titular.
Sin embargo, como informó ayer EL MUNDO, el Tribunal de Cuentas ha alertado, en un reciente informe, sobre la «falta de cobertura legal» de estas prejubilaciones. Además, hace hincapié en que estos incentivos -que llegaron a ser de 18.615 euros al año al margen del abono del salario completo como si se estuviera en activo- eran completamente discriminatorios no sólo para los docentes de otras universidades, junto a los laborales no funcionarios, sino también para el resto de funcionarios de la Administración del Estado, por entrar «en flagrante contradicción» con el Estatuto Básico del Empleado Público.
Además, el informe insta a la Universidad a acabar de inmediato con este plan y denuncia que el convenio trata de obviar la limitación del importe máximo de las pensiones que fija cada año la Ley de Presupuestos Generales del Estado, «lo que puede resultar más grave desde el punto de vista legal y de la solidaridad del sistema de la Seguridad Social».
«No puede haber privilegiados»
El presidente de Extremadura, José Antonio Monago, dijo ayer que los socialistas «justifican» la prejubilación de Ibarra en la Universidad de Extremadura porque fueron «ellos» los que aprobaron el convenio con la institución académica al que se acogieron el ex presidente y otros docentes. «En estos momentos de crisis, no puede ser que haya un colectivo privilegiado al que no se le pida ese plus» de trabajar más horas y retrasar la edad de jubilación. Por su parte, la portavoz del PSOE de Extremadura, María Ascensión Murillo, calificó de «basura» lo publicado por este periódico. A su juicio, se trata de una «caza de brujas» contra el ex presidente autonómico socialista
El Gobierno de Griñán incluyó a dos intrusos en la ayuda a uno de los ERE
La investigación judicial de la trama de los ERE ha encontrado ya indicios claros que implican en el fraude al Gobierno que preside José Antonio Griñán. Uno de los más contundentes lo ha hallado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que concluye que la Consejería de Empleo incluyó por su cuenta a dos intrusos en una subvención de 175.998,39 euros del fondo de reptiles, concedida a los ex trabajadores del laboratorio fotográfico Surcolor.
El 28 de octubre de 2010, hace 16 meses, el director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Rivera, actualmente en el cargo e imputado por la juez Mercedes Alaya, emitió una resolución concediendo, según el informe de la UCO, «una ayuda sociolaboral excepcional por valor de 175.998,39 euros, con cargo a la partida 31L», la denominación técnica del fondo de reptiles. La ayuda la solicitaron 24 ex trabajadores, pero Rivera la concedió para «26 ex trabajadores», permitiendo así que los dos intrusos del ERE siguieran cobrando.
«Aun no figurando los intrusos entre los firmantes de la solicitud, se aprueba una ayuda 'a los 26 ex trabajadores de Surcolor' y, por tanto, de nuevo los dos intrusos figuran como beneficiarios», recogen los agentes de la UCO en las conclusiones del informe.
Los agentes señalan que la solicitud de la ayuda estaba firmada por 25 personas, los 24 ex trabajadores y un dirigente de CCOO que ejercía de representante de los solicitantes y no como ex trabajador de la empresa. Además, la solicitud presentada en su día, a la que ha tenido acceso EL MUNDO de Andalucía, adjuntaba los DNI de los 24 ex trabajadores, las 24 actas con los despidos de cada uno de ellos en Surcolor y la póliza de Apra Leven, con el listado de beneficiarios, en el que aparecían 26 nombres, al incluir los de los dos intrusos.
Por tanto, si hasta entonces lo ignoraba, el director general de Trabajo y Seguridad Social tenía ante sus ojos la evidencia de que en la póliza 3464 de Apra Leven había dos falsos prejubilados.
¿Concedió Daniel Rivera la ayuda de 175.998,39 euros sin leerse los documentos o descubrió la inclusión de los dos intrusos y, en lugar de denunciarlo, ocultó el escándalo manteniendo a los dos falsos prejubilados en la subvención que él mismo adjudicó?
Es probable que, en algún momento de la instrucción, el todavía alto cargo del Gobierno de Griñán deba resolver esa cuestión. Por el momento, lo único cierto es que recibió una solicitud de ayuda por parte de 24 trabajadores, pero concedió la subvención para 26.
CÁMARA DE CUENTAS
Un informe oficial desvela un escándalo de gastos en la Fundación Complutense
La Cámara de Cuentas de Madrid, el órgano fiscalizador del dinero público en la Comunidad, ha emitido un durísimo informe contra la Fundación General de la Universidad Complutense, una de las más importantes del país. Considera que durante los años fiscalizados, 2009 y 2010, se produjo un descontrol absoluto y graves irregularidades. En consecuencia pide que se abra expediente sobre la actuación del entonces presidente de la fundación y rector, Carlos Berzosa, y su equipo y reclama «depurar responsabilidades».
La acusación más grave es que Berzosa no ha justificado el pago de 11,5 millones de euros a las constructoras que se encargaron del proyecto más ambicioso de la fundación, construir 384 viviendas en la selecta zona residencial de Somosaguas, para «dar asistencia social a la comunidad educativa». Según el informe, se trata de viviendas de lujo repartidas «sin criterio social y económico». «No se ha evitado que puedan ser adjudicatarios y de hecho lo sean, personas con elevados ingresos y no por su condición de docentes, sino debido a la percepción de otras remuneraciones», lamenta la Cámara de Cuentas. A esta «incoherencia con los fines fundacionales» se une algo más grave aún y es que falta dinero por justificar. «Sobre los costes activados por la operación se ha detectado, en la verificación de las certificaciones de obra, una diferencia entre el precio de contrato de construcción suscrito con una UTE el 18 de marzo de 2009 y el presupuesto del proyecto de obra que se contrata, revisado en octubre de 2008, que asciende a 11,5 millones, diferencia que no ha sido justificada», acusa. «Esta Cámara ha recibido como única explicación la facilitada por la empresa contratada para la gestión integral de la promoción (...) Dicha explicación es irregular además de inverosímil». A juicio de la institución fiscalizadora, la Fundación debe abandonar las labores de promoción de viviendas Otras irregularidades se producen en la contratación de personal de la Fundación. «En la selección con contrato indefinido no se acredita que la misma se realiza siguiendo los principios de mérito y capacidad que procede aplicar por ser Fundación del Sector Público», asegura. Afirma que de los 277 empleados hay 178 eventuales y los fijos se eligen generalmente a dedo. De un muestreo realizado por los técnicos de la Cámara sólo en dos casos se pudo acreditar que se eligió entre varios candidatos en función de los méritos.
Entre los empleados figura la esposa del ex ministro de Fomento, José Blanco, contratada para la asesoría jurídica de la Fundación.
También sostiene que una cincuentena de trabajadores no sufrieron el recorte salarial de los empleados públicos impulsado por Zapatero en 2010, sino que, al contrario, registraron aumentos de hasta el 17%.
El objetivo fundamental del organismo es la promoción de la investigación, financiando proyectos científicos. Y en ese apartado denuncia que investigadores de la Fundación dirigen empresas contratadas por ella para la elaboración de proyectos. «Los investigadores ostentan cargos importantes en las empresas que contratan la realización de los proyectos de investigación», reprocha el informe. Relata dos ejemplos de una adjudicación a dos empresas por 324.000 euros de la que son presidentes o vicepresidentes sendos investigadores, infringiendo la Ley de Contratos del Sector Público.
Otro escándalo aflora en los gastos de los proyectos de investigación. Por ejemplo, la Fundación financió un proyecto de investigación industrial para el diseño de nuevas lentes oculares con 135.000 euros. De ellos, aparecen 22.000 «en concepto de estudios y análisis», 2.400 en viajes a Grecia y 1.770 «en una comida en un restaurante para 22 comensales».
También sorprende a la Cámara que en un proyecto para el desarrollo de prótesis neuronales financiado con 194.000 euros resulta que un 20% del total fue destinados a viajes. Entre ellos, «57 viajes a Atenas realizados por el investigador principal en coche por importe de 5.800 euros con gastos de teléfonos, taxis, peajes y compras varias».
En cuanto al proyecto para «trabajos de diagnóstico, análisis de laboratorio, trabajos de campo e informes de asesoramiento técnico por el Departamento de Patología Animal de la Facultad de Veterinaria» aparece como gastos para «material fungible» una «factura por 1.710 de euros en concepto de vino español y la compra de un ordenador portátil por 930 euros».
En conclusión, «no existe un control de legalidad que detecta y corrija las infracciones, abusos e irregularidades recogidas en este informe». . SEGOVIA
Universidad / Descontrol en el gasto
El PP reclama explicaciones a Carlos Berzosa al ver «delitos» en el escándalo de la Complutense
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el Partido Popular de Madrid exigieron desde primera hora de ayer explicaciones por el escándalo en la Fundación General de la Universidad Complutense destapado por un informe de la Cámara de Cuentas difundido ayer por EL MUNDO.
Aguirre emplazó a los responsables a «dar todas las explicaciones», porque en su opinión, afecta «al prestigio de la Fundación y de la Universidad». El consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, fue más allá. Afirmó, según Europa Press, que «hay que poner de manifiesto la importancia que tienen estas irregularidades contables desveladas por la Cámara de Cuentas. Se trata de la posible comisión de infracciones que están incluso tipificadas como delitos de prevaricación, malversación de caudales e incluso de tráfico de influencias».
Según el informe oficial, en los años 2009 y 2010 en que era presidente de la Fundación el entonces rector de la Complutense, Carlos Berzosa, existió descontrol de gastos y no se encuentra justificación a, entre otros, un pago de 11,5 millones a las constructoras de la promoción de viviendas en Somosaguas para la comunidad universitaria.
Victoria resaltó que no le cabe duda que si existen estas infracciones la Cámara de Cuentas o la propia Fundación acudirán a la vía penal. Fuentes de la Cámara de Cuentas señalaron a este diario que el informe ha sido remitido, como es habitual, al Tribunal de Cuentas estatal, que es el competente en decidir si se envía o no a la Fiscalía. También confirmaron que la Cámara recomienda que la propia Fundación abra un expediente informativo que poder depurar responsabilidades.
Por su parte, el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid pidió la comparecencia Berzosa, así como del actual rector, José Carrillo, para explicar las «irregularidades». «Nos parecen muy graves las irregularidades que la Cámara de Cuentas denuncia por importantes cantidades de dinero en una promoción inmobiliaria», afirmó el portavoz del PP Iñigo Henríquez de Luna. «La transparencia del dinero público y la buena gestión deben ser una prioridad». La Universidad Complutense de Madrid y la Fundación General de la misma emitieron ayer un comunicado oficial en el que aseguran que «han tomado y seguirán tomando las medidas oportunas para solucionar los problemas detectados en el funcionamiento de la Fundación».
«La dirección ha actuado con la máxima transparencia, poniendo todos los datos de los que ha dispuesto al servicio de la Cámara de Cuentas y seguirá haciendo el máximo esfuerzo de transparencia para mejorar la gestión de la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid», agregaron. Asimismo calificó de «problemas» irregularidades que la Cámara de Cuentas califica de «infracciones a la Ley».
principales irregularidades
Somosaguas. La Cámara denuncia que la Fundación de la Universidad Complutense se ha gastado 11,5 millones de más en una promoción de viviendas en Somosaguas que no justifica y que las únicas explicaciones recibidas «son irregulares e inverosímiles». También afirma que las 384 viviendas adjudicadas no se han repartido para ayudar a la comunidad universitaria sino a personas de elevados ingresos «sin criterio social y económico».Personal. Asegura que el personal con contrato fijo es elegido a dedo sin los procedimientos normales de empleados públicos. Entre los trabajadores de la Fundación figura la esposa del ex ministro de Fomento, José Blanco, en el departamento de asesoría jurídica. La Cámara denuncia también que algunos empleados vieron elevado su sueldo en 2010 -el año de los recortes a los funcionarios- en hasta un 17%.
Infracciones. La Fundación contrata con empresas de las que son altos cargos los propios investigadores de la institución infringiendo la Ley de Contratos del Sector Público, según el informe.
Gastos. En los proyectos científicos que financia la Fundación aparecen facturas como la de 1.700 euros en una comida para 22 comensales, 57 viajes en coche a Atenas de un investigador o una factura de 1.710 euros «en concepto de vino español».
Obras policiales del ex Gobierno socialista sospechosas en 10 provincias
El SUP envía datos de 2003 al juez que investiga la corrupción en las adjudicaciones
El juzgado de instrucción número 26 de Madrid mantiene en secreto las actuaciones iniciadas tras la denuncia de la existencia de una trama corrupta en la adjudicación de obras en la Policía Nacional. Según explicaron a este periódico fuentes cercanas al caso, las pesquisas, de momento, afectan a construcciones policiales en una decena de provincias.
Bajo sospecha hay, al menos, obras en Ibiza, Santander, Valladolid, Barcelona, La Rioja, Cáceres, Vigo, Zaragoza, Sevilla y varias dependencias de Madrid, tanto de servicios centrales como de comisarías zonales.
Las actuaciones judiciales se iniciaron hace algo más de un mes, después de que la Dirección General de este Cuerpo trasladara un informe anónimo que había llegado a la Intervención Delegada en el que se denunciaba la existencia de una trama corrupta en la Policía. La información está igualmente en manos de la Unidad de Asuntos Internos.
La Fiscalía Anticorrupción también tiene bajo su lupa estas denuncias al sospechar que se han podido producir graves irregularidades.
Además de obras en comisarías, las pesquisas judiciales tienen entre otros objetivos tratar de esclarecer trabajos realizados en los servicios centrales de la Policía, en el complejo de Canillas. Y entre estas construcciones bajo sospecha se encuentran algunas de las realizadas en la guardería infantil. En concreto, dos contratos, uno por valor de algo más de 7.000 euros y otro que superaba los 50.000 euros.
Las actuaciones se extienden durante los años 2010 y 2011, pero no se descarta que, tras concluir las pesquisas sobre esas obras, el juez instructor requiera información al Ministerio del Interior sobre construcciones más antiguas. Por su juzgado ya ha pasado a declarar personal de la Policía directamente relacionado con las adjudicaciones.
Previamente, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía también elaboró una primera investigación y tomó declaración a funcionarios destinados en la Subdirección de Gestión de la Policía, que es la responsable en la contratación de obras.
Además, el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) ha remitido al juzgado y a la Fiscalía Anticorrupción un nuevo escrito, en el que amplía el número de obras bajo sospecha y el periodo en que se realizaron. El SUP ha enviado ya información de acuerdos firmados desde el año 2003 que el sindicato sospecha que podrían estar relacionados con la investigación.
Es decir, el sindicato cree que las irregularidades se han podido estar cometiendo desde hace más de nueve años. En concreto, la documentación aportada ahora por el SUP hace referencia a obras acometidas en las comisarías de Manacor (Mallorca), Zamora y Alcalá de Guadaira (Sevilla), presuntas irregularidades en la contratación de 11 robots de desactivación para los Tedax y la reciente adquisición de inhibidores que, según dicen, han presentado problemas de funcionamiento.
A juicio por el robo de droga en la Jefatura de Sevilla
La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla, Ana Escribano, ha dado por concluida la investigación abierta en 2008 sobre el robo de más de 150 kilos de droga de los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla sin que el caso, como ella misma admite, se haya resuelto por completo.
La juez Escribano ha dictado un auto por el que procesa y envía a juicio a los cuatro imputados, entre ellos el ex agente de la Udyco Lars Sepúlveda, y en el que, al mismo tiempo, constata las lagunas de la investigación; lagunas, como que no se haya podido identificar a los traficantes que se encargaron de colocar en el mercado los alijos de cocaína y heroína sustraídos.
El auto de procesamiento limita pues a cuatro personas -el ex agente; su mujer, María Teresa M. S.; Manuel A. N. y su pareja, Violeta S. G.- la composición de una trama corrupta que logró hacer desaparecer de los mismísimos sótanos de la Jefatura de Policía 56,7 kilogramos de heroína y 97,7 kilogramos de cocaína, que habían sido intervenidos en distintas actuaciones policiales. Además, les impone fianzas que superan los 12 millones de euros.
posted by e-pesimo | 08:13
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