11M: La Fiscalía se aparta del caso Manzano
La Fiscalía se aparta en el 'caso Manzano'
El fiscal jefe de Madrid, Eduardo Esteban, decide no recurrir el auto de archivo
La Fiscalía Provincial de Madrid decidió ayer que no recurrirá el auto de archivo del procedimiento en el que estaba imputado el ex jefe de los Tedax Juan Jesús Sánchez Manzano por posible destrucción de pruebas del 11-M. La acusación pública no descarta adherirse a alguno de los recursos de casación que con toda seguridad presentarán las víctimas, aunque las fuentes fiscales consultadas admitieron que esa posibilidad también es remota.Hasta ahora, el representante del Ministerio Fiscal en la causa, Conrado Saiz, siempre se había mostrado partidario de continuar con la investigación, con argumentos jurídicos opuestos a los que expone la Audiencia en la resolución notificada el viernes en la que acuerda el sobreseimiento. Sin embargo, en una reunión ayer con el fiscal jefe de Madrid, Eduardo Esteban, muy cercano al ex ministro Mariano Fernández Bermejo, se decidió que la Fiscalía no seguirá ejerciendo la acusación contra Sánchez Manzano.
La Audiencia de Madrid acogió uno de los argumentos de la defensa del ex jefe de los Tedax y ordenó archivar la causa sin entrar a valorar si existían indicios de delito, sino por aplicación del principio de cosa juzgada, que impide que unos mismos hechos sean enjuiciados dos veces por órganos judiciales diferentes.
El tribunal concluye que entre una denuncia genérica de cinco folios que un juzgado despachó en 2009 sin practicar ninguna diligencia y la detallada querella de las víctimas que ahora instruía la juez Coro Cillán «se narra de manera absolutamente coincidente la -afirmada- ocultación» de pruebas.
La Fiscalía se había opuesto a la pretensión de archivar de la causa. En relación a la cosa juzgada, argumentaba que «este procedimiento no se centra en una revisión de la pericial sobre los explosivos», que sería la pretensión de la primera denuncia, «sino que se refiere a un estadio previo, como fue la recogida de evidencias o restos de las explosiones y muestras de explosivos de los cuatro focos de las explosiones, su posterior traslado a dependencias judiciales y su posible destrucción o desaparición al margen de cualquier normativa, así como por un posible delito de falso testimonio en causa penal».
Fuentes de la Fiscalía Provincial explicaron que «no hay contra- dicción», sino que se limitan a asumir el criterio del tribunal, aunque sea distinto. El Tribunal Supremo, no obstante, tendrá que pronunciarse en todo caso, pues la Asociación de Víctimas del 11-M confirmó que presentará un recurso.
La Justicia vuelve a archivar el caso de los espías
No ve indicios de que agentes autonómicos de Madrid vigilaran a Prada y Cobo
Tras decenas de portadas en prensa, acusaciones, una dura guerra interna en el PP (entre los equipos de Aguirre y Ruiz-Gallardón) y años de investigación, todo apunta a que el llamado caso del espionaje político en Madrid va a quedar en nada. La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid ha vuelto a archivar el caso por falta de indicios de delito, según ha sabido EL MUNDO.
El año pasado, lo reabrió por orden de la Audiencia de Madrid y practicó más diligencias. Al cabo de las mismas, la magistrada sigue sin encontrar indicios de delito en la actuación de agentes de la Dirección General de Seguridad de Madrid.
Según denunciaron Alfredo Prada y Manuel Cobo, personas a sueldo de la Consejería de Interior -que dirigía Francisco Granados- les habían espiado en los meses previos al Congreso del PP de Valencia.
Sin embargo, la juez, con el visto bueno de la Fiscalía, entiende que no se puede acreditar que haya habido espionaje. Y menos malversación, como denunciaron los dos dirigentes. En un auto del 6 de febrero, Carmen Valcarce vuelve a decretar el sobreseimiento y asegura que no es posible saber si ha habido uso indebido de fondos públicos.
El primer archivo se produjo en 2010, tras meses de investigación. Durante la misma, los cinco imputados y Manuel Cobo fueron citados varias veces, se realizaron informes de localizaciones de móviles y pruebas caligráficas. Tras esas diligencias, la juez consideró que no había indicios de delito y que las pruebas no eran suficientes para certificar que hubo espionaje. Según la magistrada, «es difícil determinar con claridad suficiente la realidad de esos seguimientos». Además, descalificó las supuestas pruebas, «partes escritos a máquina», que publicó con profusión el diario El País.
Como demostró en su día EL MUNDO, muchos de aquellos partes eran falsos -no reflejaban los movimientos de los supuestamente espiados- o presentaban errores graves porque no se correspondían con lo que hicieron Cobo y Prada aquellos días. La Fiscalía, desde febrero de 2011, apoya también el archivo. Sólo el PSOE como acusación particular ha perseverado en su denuncia. Cobo y Prada decidieron recurrir, pero no lo hicieron tras la intervención de la dirección nacional del PP.
Dívar enfurece a los secesionistas
El independentista Taràd le obliga a «aclarar» una intervención en la que mezcló el catalán y el mandinga
El presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, irritó ayer al portavoz de ERC, Joan Tardà, al responder con una referencia al idioma mandinga una pregunta sobre el catalán en la Justicia.
Ocurrió durante la comparecencia de Dívar en la Comisión de Justicia del Congreso para presentar la memoria de actividades del CGPJ correspondiente a 2010.
Tardà interrogó al máximo representante del Poder Judicial sobre la causa de que la Administración de Justicia sea cada vez más «castellanista» al reducirse el número de resoluciones que se dictan en Cataluña en la lengua propia de esa comunidad. «Se vulneran sistemáticamente los derechos lingüísticos», sostuvo el portavoz-
Dívar se salió por la tangente y, en vez de responder a la cuestión, hizo alusión a su experiencia personal. «Este humilde presidente», dijo, «conoce la cultura catalana en todos los sentidos y leo en catalán, en concreto a Salvador Espriu».
Añadió que cuando era juez de instrucción «recibía declaración a cada imputado en su lengua» y llegó a buscar a un traductor de mandinga [hablado por siete millones de personas en países como Gambia, Guinea-Bissau, Guinea-Conakri o Mali] para asistir a una persona que se expresaba en ese idioma.
La contestación dejó boquiabiertos a los diputados, hasta el punto de que algún socialista, golpeando su mesa con los dedos, exclamó «¡Viene aquí a hablar del mandinga!». «Es brutal, es brutal», decía moviendo la cabeza Tardà. A lo que Dívar replicó: «Muy bien por los comentarios. Continúo».
Sin embargo, cuando el representante de ERC le pidió que «retirase o aclarase esa desgraciada referencia al mandinga, porque yo le hablo del catalán, que es una lengua que forma parte del bloque constitucional, y su respuesta es ofensiva para 10 millones de catalanoparlantes e intelectualmente muy reduccionista», el presidente del CGPJ se mostró conciliador: «Lejos de mí crear una ofensa. Apelo a su bondad en la interpretación de mis palabras y le aclaro que si eso lo hice con el mandinga, con más motivo lo haría con la lengua catalana y también con la vasca, que en algunos aspectos conozco».
posted by e-pesimo | 08:11
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