ESE MUNDO ABSURDO EN EL QUE SE CONSUME CATALUÑA:
El tripartito otorgó más de 200.000 a un diario de un diputado de ERC
'Directe.cat', propiedad de Joan Puig, recibió esta cantidad entre 2007 y 2010
El tripartito catalán liderado por José Montilla subvencionó con más de 200.000 euros el portal digital directe.cat, propiedad del ex diputado Joan Puig, de ERC. Tirabol Produccions y el Col·lectiu 2014 de Reflexió Nacionalista fueron las dos sociedades que canalizaron esta cuantiosa suma de dinero para desarrollar una web digitalde noticias durante los últimos cuatro años.La primera ayuda del tripartito coincide con la creación del periódico on line en 2007, un proyecto que recibió 60.000 euros por parte de la Consejería de Cultura y Medios de Comunicación de la Generalitat, dirigida entonces por el republicano Joan Manuel Tresserras. La empresa beneficiaria fue Tirabol Produccions, un colectivo de «jóvenes emprendedores» (tal como se definen ellos mismos en la web) que diseñó el portal directe.cat. Esta sociedad estaba controlada por Joan Camp Fontcuberta, que luego se asoció con Joan Puig para dirigir el mismo portal de noticias.
Tirabol Produccions, una empresa de creación y diseño de webs, ha trabajado varias veces para ERC en los últimos años. En concreto, ha diseñado el portal on line del propio partido, la página del diputado republicano en el Congreso, Alfred Bosch, y la del nuevo líder del partido en Cataluña, Oriol Junqueras.
El tripartito subvencionó por segunda vez a directe.cat dos años después de su fundación. En 2009, la Consejería de Cultura premió con una partida de 5.997 euros y otra más cuantiosa de 65.0000 al Col·lectiu 2014 de Reflexió Nacionalista, presidido por Joan Puig y, a su vez, sociedad editora de la web
Si los primeros 60.000 euros fueron para «la creación de una nueva publicación digital», este segundo paquete de ayudas iba dirigido a la «ampliación y consolidación» de directe.cat e indirecte.cat, este último un blog de opinión asociado al mismo diario. Esta cantidad económica fue muy superior a la que recibieron ese mismo año medios con muchos más seguidores, como las emisoras Flaix FM, Ona FM, o las publicaciones digitales de periódicos como el Diari de Girona. En apenas dos años, la cabecera digital de Joan Puig había recibido ya más de 130.000 euros para impulsar una web que por aquel entonces no alcanzaba los 70.000 usuarios únicos.
En 2010, último año de gobierno del tripartito, las ayudas a la web de Joan Puig fueron aún más cuantiosas. También en dos bloques, la Generalitat dio 12.224 euros a directe.cat y otros 80.000 euros (la cantidad más importante en los cuatro años) otra vez para la consolidación tanto de directe.cat como de indirecte.cat. Esta vez, también se benefició del dinero el Col·lectiu 2014 de Reflexió Nacionalista, que en la misma web del periódico digital aparece como la editora del proyecto.
Sin embargo, la sociedad Catmèdia Global también figura como propietaria de la publicación. Esta nueva empresa pertenece a Joan Puig y a Joan Camp Fontcuberta. Éste último había fundado Tirabol Produccions, que diseñó directe.cat y se benefició de la primera subvención del Ejecutivo catalán en 2007.
Catmèdia Global, fundada por Puig y Camp, gestiona una docena de medios digitales «de referencia en ámbito temático o territorial». «En volumen de audiencia, Catmèdia se sitúa como el tercer grupo privado en catalán en la Red y líder en la franja de 16 a 30 años», consta en su propio portal de noticias.
En cuatro años, el proyecto tutelado por Joan Puig ha recibido más de 200.000 euros para consolidar un periódico digital que «pretende ser una voz diferente, independiente y rigurosa que contribuya al debate sobre la necesidad de unos Países Catalanes libres», indica su propia web. Es más, la publicación se autodefine como un «referente dentro del mundo del independentismo».
Esta última subvención del tripartito, que asciende a 80.000 euros por un lado y otros 12.000 en la misma partida presupuestaria, supera a las ayudas otorgadas a periódicos como el Avui para mejorar su web. Debido a la crisis y a la austera política presupuestaria del nuevo Gobierno de CiU, aún no se han hecho públicas las subvenciones del año pasado en Medios de Comunicación, que ahora dependen de Presidencia.
Estudian pagar la traducción al catalán en los pleitos
La Generalitat podría estar dispuesta a asumir el coste de la traducción necesaria para que los ciudadanos catalanes puedan utilizar el catalán en los pleitos que se celebren en Madrid, según explicó ayer la consellera de Justicia, Pilar Fernández Bozal, en declaraciones a Catalunya Ràdio.En este sentido, Fernández Bozal considera que el Govern tiene la obligación de garantizar los derechos lingüísticos de sus ciudadanos. Por eso, la consejera explicó que ya ha hablado de este tema con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, «porque la Generalitat tiene la responsabilidad de garantizar a sus ciudadanos el derecho de opción cuando tienen que acceder a los tribunales».
El anuncio de Pilar Fernández Bozal llega en una semana en la que la Generalitat ha comunicado que impondrá tasas autonómicas en la administración de Justicia con las que espera recaudar unos 20 millones de euros.
Para eso, se quiere poner precio, que oscila entre los 60 y los 120 euros, a «la prestación de servicios personales y materiales así como a la utilización de los bienes y derechos de la administración», como explicó la consejera en el Parlament.
La Generalitat evitó hace tres meses que Aena cerrara Spanair
Le aseguró que la venta a Qatar estaba hecha pese a los reparos del comprador
El director general de Spanair, Mike Szücs, se desplazó el pasado mes de noviembre a las oficinas de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, en Madrid, para rendir cuentas a la autoridad aeronáutica de su crítica situación financiera. El número dos de Ferrán Soriano, presidente de la aerolínea, hizo lo imposible para convencer a la agencia de tener un comprador para Spanair que aseguraría su viabilidad económica a corto plazo, según confirmaron a este diario fuentes cercanas a esa reunión.
Los responsables de la compañía, participada en más de un 50% por la Generalitat catalana y el Ayuntamiento de Barcelona, describieron «con todo detalle» el proceso de compra iniciado por Qatar Airways y dieron garantías de que había «un plan realista y creíble.
El plan de negocio presentado por Spanair era «una aportación suficiente» como para no suspender la licencia de explotación a la aerolínea, reconocieron las mismas fuentes. Hay un reglamento comunitario, el 1008/2008, que contempla que «las autoridades podrán dejar la licencia de explotación en suspenso o revocarla si dejara de constarles que la compañía puede hacer frente por 12 meses a sus obligaciones». Spanair atravesaba dificultades económicas, pero demostró que podía hacer frente a ellas.
La agencia de seguridad, dependiente del Ministerio de Fomento, intensificó los controles a Spanair en los últimos cuatro años, revisando sus cuentas de manera trimestral. El seguimiento era «muy estricto», advierte una fuente cercana a esos procesos de supervisión. La autoridad aeronáutica era consciente de que la empresa tenía dificultades económicas, pero, a pesar de ello, cumplía los márgenes que se les da a las compañías aéreas en situación de crisis. «Los socios iban inyectando capital y la iban alimentando; la aerolínea tenía liquides, pese a tener pérdidas».
No obstante, la crítica situación financiera de la compañía obligó a Aena a exigirle el pago de las tasas aeroportuarias semanalmente, en lugar de ser de manera mensual o anual, según confirmaron fuentes cercanas al gestor aeroportuario. La sorpresa es que esta medida le fue impuesta a Spanair hace ya seis meses. Y es que el futuro incierto de la aerolínea no pasaba desapercibido por el Ministerio de Fomento.
Sin embargo, la marcha atrás de Qatar Airways dio un vuelco a la presunta viabilidad futura de la aerolínea. El interés que Spanair despertó en la compañía de Emiratos Árabes se desvaneció por el temor a que las autoridades europeas de Competencia exigieran el retorno de las ayudas públicas que recibió la aerolínea catalana -más de 130 millones de euros- y por las dudas sobre la viabilidad del proyecto. Esta realidad obligó a la empresa catarí a exigir determinadas garantías al accionista principal, la Generalitat.
El nuevo modelo aeroportuario de Aena y la inestabilidad económica de Cataluña y España, en general, pesaron a la hora de que los responsables de Qatar tomaran una decisión sobre la adquisición del 49% del capital de Spanair. Por un lado, la temida entrada en recesión de la economía española en el primer semestre del año dejaba entrever que el crecimiento del negocio sería, cuando menos, muy leve, ya que la aerolínea tenía su grueso de clientes en España. En 2011, Spanair transportó más de 12 millones de pasajeros.
La compañía acumuló unas pérdidas cercanas a 400 millones de euros en los últimos tres años. Ello hubiera llevado a Qatar a insistir en la necesidad de que el Gobierno catalán adquiriera determinados compromisos, como cubrir parte de las deudas existentes o futuras con avales bancarios, o diluir el pago de los 150 millones de euros en que se había valorado el 49% de la compañía, según fuentes del sector. Se trata de «condicionantes habituales» en operaciones de compraventa, que, sin duda, Qatar puso sobre la mesa de negociación, advirtieron las mismas fuentes.
Otros elementos que a buen seguro se tuvo en cuenta fueron el precio del carburante, que supone ya más de 30% de los costes operativos de una aerolínea, y el sistema de negociaciones de emisión de carbono de la UE, que aumentará la presión financiera sobre las compañías aéreas. En este sentido, la previsión del flujo de caja de Spanair en los próximos años estaría, en mayor medida, en función de coste del carburante.
Fuentes del sector insisten en que Spanair no tenía un plan de negocio «suficientemente claro», pese a haber tejido una red de conexiones aceptable. Su error era el cambio continuo de frecuencias que realizaba, lo que perjudicaba la fidelización de los pasajeros. Del total de viajeros transportados el año pasado, cerca de 832.000 usaron el aeropuerto de El Prat como enlace para otros vuelos nacionales o internacionales, lo que generó un índice de conectividad del 19,6%. Es más, su política comercial distaba de distinguirse de las compañías low cost.
El Govern deja tirados a los trabajadores
>La Generalitat de Cataluña, que controla buena parte del accionariado de Spanair, se desentendió ayer del futuro de la plantilla: «El futuro de los trabajadores y de la propia compañía dependerá tanto de sus directivos como de ellos mismos», apuntó el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, a Efe.
> La aerolínea catalana ha ingresado a sus trabajadores mil euros para cubrir parte de la nómina correspondiente al mes de enero, según informó a la agencia Europa Press el presidente del comité de empresa, Ricardo Oso.
>La compañía está ultimando un acuerdo con la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) que permita devolver el dinero de los billetes adquiridos y no utilizados a los afectados
La Audiencia envía a la justicia catalana el asalto al 'Parlament'
Rechaza el criterio del juez Velasco y la fiscal y estima el recurso de 12 imputados
La investigación sobre el asedio al Parlament abandonará la Audiencia Nacional camino de Barcelona. El Pleno de la Sala de lo Penal ha resuelto que no cabe encajar al Parlamento catalán entre los «altos organismos de la nación» sobre los que es competente y que no puede proseguir la instrucción de los incidentes del pasado junio. La consecuencia directa es que el asunto pasará a manos de la justicia catalana.
El encargado de las investigaciones era el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que en diciembre viajó a Barcelona a interrogar a los diputados acosados por los manifestantes del 15-M y remitió un cuestionario al presidente catalán, Artur Mas. Asumió el caso amparándose en que la ley atribuye a la Audiencia «el enjuiciamiento de las causas por los siguientes delitos: [...] Contra el Titular de la Corona, su Consorte, su Sucesor, altos organismos de la Nación y forma de Gobierno».
La decisión de estimar la cuestión de competencia planteada por los imputados y ordenar a Velasco que se inhiba fue adoptada el viernes por la Sala de lo Penal, que ya había tratado el asunto en otro Pleno. Aunque tuvo el respaldo de una gran mayoría, no fue unánime. La ponente inicial, Ángeles Barreiro, anunció un voto particular.
Entre los argumentos pesa el hecho de que los parlamentarios catalanes están aforados ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, con lo que carecería de lógica que un presunto delito contra el Parlament al que pertenecen saliera del ámbito de la justicia de Cataluña. El viernes también se hizo referencia al Estatuto de Cataluña y a los conceptos de nación y nacionalidad, incluyendo las precisiones del TC en su sentencia sobre el Estatut. Y se valoró que un asalto al Parlamento gallego en los años 90 fue enjuiciado por la Audiencia de La Coruña, sin que el fiscal cuestionara la competencia. Con ese precedente, los imputados creen que el caso «debiera ser enjuiciado en los tribunales de Barcelona, pues la sede del Parlament, donde presuntamente sucedieron los hechos, se halla en esta ciudad».
El Pleno descartó la alegación de la Fiscalía, que reclamó el criterio de una reforma de 1981 -ya derogada- del Código Penal que equiparó la protección de los parlamentos autonómicos a las Cortes generales.
Tanto Velasco como la fiscal Teresa Sandoval habían defendido su competencia. «Es una actuación contra el Parlamento de Cataluña, institución del Estado que debe entenderse entre las protegidas como Alto Organismo de la Nación en una interpretación sistemática de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Código Penal de 1995, en relación con el derogado de 1973 y el actual mapa institucional del Estado de las autonomías», decía Velasco en un auto de octubre en el que rechazaba la declinatoria de jurisdicción planteada por los imputados. Tras ello, los abogados de una docena de imputados presentaron un excepcional incidente de competencia ante la Sala. El escrito de Gonzalo Boye, Jaume Asens e Isabel Elbal pedía que el asunto fuera resuelto por el Pleno «habida cuenta la enorme importancia del hecho suscitado».
En la causa se investiga si la veintena de imputados cometió el delito contra las instituciones del Estado del artículo 498 del Código Penal: «Los que emplearen fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave para impedir a un miembro del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma asistir a sus reuniones, o, por los mismos medios, coartaren la libre manifestación de sus opiniones o la emisión de su voto, serán castigados con la pena de prisión de tres a cinco años».
La Fiscalía hacía referencia a los «actos de fuerza, intimidación o amenaza contra los miembros de la Cámara legislativa autonómica dirigidos a impedir la asistencia a sus sesiones y a entorpecer su labor». Mas tuvo que acceder al Parlament en helicóptero.
posted by e-pesimo | 08:12
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