EL CIRCO DE LOS TOTALITARIOS: El fiscal se alía con el prevaricador para abortar su enjuiciamiento
El fiscal se alía con Garzón para abortar el juicio por el Franquismo
Tacha de «insólita» e «insostenible» la «reconstrucción» del escrito de acusación
El abogado de Baltasar Garzón en el caso del Franquismo, Gonzalo Martínez-Fresneda, saludó sonriente al fiscal Luis Navajas y le felicitó por el «ímpetu» de sus alegaciones. A la salida del Salón de Plenos del Tribunal Supremo, donde a lo largo de tres horas se acababan de exponer las cuestiones previas del juicio contra el controvertido juez de la Audiencia Nacional, defensa y Ministerio Público departieron amigablemente, como buenos aliados, sobre el desarrollo de la primera sesión de la vista.Era acertada la apreciación de Martínez-Fresneda. El fiscal de Sala le superó en vehemencia y en calificativos categóricos con los que reclamó a los siete magistrados del tribunal que no continúen con el juicio a Garzón y archiven ya el proceso.
Se trata de la segunda vista contra Baltasar Garzón tras el juicio, la pasada semana, por las escuchas presuntamente ilegales del caso Gürtel. Ahora se enfrenta a una petición de pena de 20 años de inhabilitación por un delito de prevaricación continuada del que es acusado por el sindicato Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad. La acusación se refiere a la tramitación en 2008 de unas diligencias sobre los desaparecidos del Franquismo sin competencia legal y vulnerando la Ley de Amnistía.
Navajas respaldó las tesis de la defensa en tres aspectos clave cuya estimación impediría la continuación de la vista oral el día 31, fecha en la que, en principio, está señalada la declaración de Garzón.
Defensa y fiscal sostienen que es nula la decisión del magistrado Luciano Varela, instructor del proceso, de ofrecer a la acusación popular la posibilidad de subsanar los defectos que presentaba su primer escrito de acusación. Afirman, asimismo, que el escrito de acusación definitivo tampoco satisface las exigencias legales porque se limita a una mera descripción de las resoluciones dictadas por Garzón y «no se sabe cuáles son las resoluciones supuestamene injustas», dijo Martínez-Fresneda.
Para Navajas, el instructor «castró el escrito de acusación y lo depuró para que apareciera con mayor nitidez lo que interesaba que apareciera». Ello generó una «clara indefensión» al acusado.
Después de haber criticado a la acusación popular por incurrir en la «frivolidad» de calificar de «fuego de artificio» las cuestiones previas planteadas por la defensa, Navajas recurrió a un símil taurino señalando que lo que hizo Varela fue «devolver el toro a los toriles porque el morlaco que salía no estaba bien presentado, no podía ser lidiado en una plaza de primera».
Según el fiscal, el instructor «transmutó un escrito de acusación que no se sostenía y coadyuvó de manera definitiva a reconstruir lo que era irreconstituible, una colaboración que le está vedada».
Navajas utilizó tales términos para referirse a la actuación de Varela («insólita», «insostenible», «irrumpió de manera grosera en el equilibrio entre las partes») que pareció que cambiaba las tornas y atribuía la prevaricación al instructor.
Sostuvo, además, que la acción popular no tiene legitimación para sentar a Garzón en el banquillo sin el respaldo acusatorio de la Fiscalía.
El letrado de la acusación, Joaquín Ruiz Infante, subrayó que la validez del escrito de acusación era una cuestión «resuelta en firme» por la Sala durante la fase de instrucción y aseguró que el escrito describe todas las resoluciones de Garzón «porque todas son prevaricadoras».
También dejó constancia de su «profundo respeto» a las víctimas del Franquismo e indicó que «el único objeto del proceso es si se ha cumplido o no la ley».
Elogios e insultos por los ventanales
Cientos de personas apoyan al magistrado en los alrededores del Tribunal Supremo
En los aledaños del Tribunal Supremo sonaron ayer durante horas elogios e insultos, pero siempre con unanimidad: los elogios para el juez Baltasar Grazón y los insultos para los jueces del Alto Tribunal. Si tienen el oído fino, los magistrados habrán podido escucharlo todo a través de los ventanales del Salón de Plenos. «Algo huele mal en este tribunal», «Garzón amigo, el pueblo está contigo», traía el murmullo.
Eran parte de los centenares de personas que ayer se repartieron por los alrededores del Supremo para acompañar a Garzón cualquiera que fuera la puerta por la que accediera. Hubo profusión de banderas republicanas y variedad de gritos: «Tribunal Supremo, Suprema impunidad», «Verdad, justicia, reparación», «Ni olvido ni perdón»...
Entre los asistentes estaban los líderes de IU Cayo Lara y Gaspar Llamazares, muy cerca de una pancarta con un primer plano del juez y el lema Contra los juicios de la vergüenza. La pancarta más impresionante era, sin duda, la que mostraba una enorme fotografía de una fosa común junto a la pregunta en español e inglés -había más de 30 medios internacionales- «¿no hay justicia para estos crímenes?».
Junto al portón que da acceso al Salón de Plenos, el ritual no difirió mucho del que se vivió el martes anterior. Los mismos jueces que le acompañaron la última vez. Entre ellos, por supuesto, los tres que firmaron un voto particular respaldando la investigación de Garzón. Pero no todo fue un déjà vu. Esta vez no hubo aplauso al entrar el acusado -quizá porque ya no era la primera vez- y esta vez los primeros convocados fueron los autodenominados observadores internacionales.
Tres horas después, el magistrado, con maletín en una mano y toga en la otra, volvía a escuchar los gritos de ánimo. Tras el coche oficial quedaban activistas de la memoria histórica, muchos relatándose sus casos y algunos enrollando la pancarta de las fosas; a la espera de conocer si el juicio sigue y tienen que desplegarla de nuevo.
Memoria y olvido
A la puerta del Tribunal Supremo había ayer casi 300 personas entre familiares de desaparecidos y la representación habitual del agit-prop: Gaspar Llamazares, Cayo Lara, juntos pero no revueltos (no se dirigieron la palabra), Carlos Jiménez Villarejo y 'Ma Bardem', que se movían con toda naturalidad entre pancartas desde el populismo naif («Garzón, amigo, el pueblo está contigo») hasta el tono implacable de las calceteras de la Revolución: «Depuración de los jueces franquistas del TS, Tribunal Supremo, esperpento nacional».
En una relación desapasionada de los hechos, Garzón no ha sido un adalid de la causa de las fosas. En 2006 recibe denuncias que pone en el cajón de macerar, probablemente junto al caso Faisán, a juzgar por la época. Un año más tarde, el 8 de noviembre de 2007, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Mallorca presenta una denuncia contra él en el Consejo General del Poder Judicial por no haber movido el caso. Ocho días después, el 16 de noviembre, da traslado de las diligencias al fiscal y le pregunta si la Audiencia Nacional es competente.
Garzón, que invocó la Ley de Amnistía para no dar curso a una denuncia contra Carrillo por las matanzas de Paracuellos, escucha sus mismos argumentos al fiscal a propósito de sus diligencias -la Audiencia Nacional carece de competencias y está la irretroactividad de las leyes-, pese a lo cual el 23 de junio de 2008 pide informes a todo quisque, afirma su competencia el 16 de octubre y la niega un mes más tarde.
El juez Garzón tampoco admitió una denuncia que Pedro Corral llevó a su juzgado el 12 de septiembre de 2008, para investigar el fusilamiento de 46 soldados de la 84ª Brigada Mixta, la única fuerza del ejército republicano que tomó una capital de manos enemigas durante la guerra. Pasaron de héroes a villanos en 12 días, porque se tomaron por la brava el permiso que el mando les había prometido. Sin formación de causa ni juicio, fueron fusilados en un paraje de Rubielos de Mora llamado Piedras Gordas. Ninguna asociación por la Memoria Histórica se interesó por el paradero de sus restos. El juez Garzón tampoco.
«[…] La amnistía es un acto excepcional, justificado por la razón de Estado y por la necesidad de hacer borrón y cuenta nueva de acontecimientos tan cruentos y dolorosos para un pueblo como es una guerra civil, una guerra entre hermanos y una larga dictadura.
La España democrática debe mirar hacia delante, olvidar las responsabilidades y los hechos de la Guerra Civil, hacer abstracción de los 40 años de dictadura. La mirada hacia el pasado sólo debe tener como propósito la reflexión sobre las causas de la catástrofe y la forma de impedir su repetición. Un pueblo ni puede ni debe carecer de memoria histórica, pero ésta debe servirle para alimentar proyectos pacíficos de convivencia hacia el futuro y no para nutrir rencores hacia el pasado».
Es un editorial de El País, titulado Amnistía, al fin, publicado el 15 de octubre de 1977, tras la aprobación de la Ley en las Cortes, la misma que ahora Llamazares y Cayo Lara rechazan y que el juez Garzón, más ecléctico, admite o rechaza según los casos, con el aplauso de la prensa amiga.
Debo confesar que a mí me gusta mucho el argumento; siempre he creído que la convivencia sólo es posible mediante una prudente administración de la memoria y el olvido.
El apoyo a Garzón centra el acto de los abogados de Atocha
Dirigentes sindicales y de izquierdas muestran su apoyo al juez suspendido
El homenaje a los abogados laboralistas de Atocha, asesinados hace 35 años por un grupo ultraderechista, se convirtió ayer en un acto de apoyo al juez suspendido Baltasar Garzón, que afronta estos días a varios procesos penales acusado de varios delitos, entre ellos el de prevaricación continuada.
El homenaje por las cinco personas asesinadas el 24 de enero de 1977 tuvo lugar en la plaza de Antón Martín de Madrid, frente al despacho donde ocurrió el crimen. Allí, el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Antonio Hernández Gil, dijo que el aniversario de aquel «terrible» crimen se produce en un momento en el que se está produciendo una «regresión» de los valores constitucionales, informa Efe.
«Estamos perdiendo la parte social de este Estado de Derecho», subrayó el decano ante la escultura El Abrazo, de Juan Genovés, que recuerda a los cuatro abogados y al sindicalista asesinados por su defensa de los valores democráticos.
El secretario general del PCE de Madrid, Daniel Morcillo, quiso dar su apoyo en un día como el de ayer a Garzón ante el ataque «brutal» a la democracia y a la historia española, así como la «hecatombe» que supone para la justicia «juzgar a los que quieren juzgar a los criminales».
Igualmente, tuvo palabras de elogio para el magistrado uno de los supervivientes de la matanza de Atocha, Alejandro Ruiz-Huerta, quien subrayó que la memoria de aquel episodio violento está también en el Tribunal Supremo.
Por último, el secretario general de CCOO-Madrid, Javier López, arremetió contra los que pretenden dar por «prescritos los crímenes del Franquismo» al juzgar a
posted by e-pesimo | 08:26
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