EDITORIALES: Unas reformas coherentes con el programa del PP

26/01/2012

Unas reformas coherentes con el programa del PP

LA COMPARECENCIA de ayer de Alberto Ruiz-Gallardón en el Congreso no defraudó porque el nuevo ministro de Justicia aprovechó la ocasión para exponer las importantes reformas legales que piensa llevar a cabo. La primera, que ya había anticipado Soraya Sáenz de Santamaría, es la elección directa por los jueces de sus representantes en el Consejo General del Poder Judicial, una iniciativa que valorábamos ayer de forma muy positiva.

Pero además el titular de Justicia anunció la reforma del Código Penal para introducir la cadena perpetua revisable para delitos muy graves, la modificación de la legislación sobre el aborto y cambios en la ley de responsabilidad del menor. Todas ellas son reformas de gran calado por su impacto social, acogidas con rechazo por el PSOE pero aplaudidas por las bases del PP y las organizaciones afines. En este sentido, no hay duda de que las medidas de Gallardón reconcilian al Gobierno con los votantes que han hecho ganar las elecciones a Mariano Rajoy, y que quedaron desconcertados y frustrados por la subida del IRPF. Entrando a analizar estas iniciativas, Ruiz-Gallardón reveló ayer que una de sus prioridades es la introducción en el Código Penal de la pena de prisión «permanente revisable», que es la cadena perpetua con juicio de revisión. Precisó que este castigo sólo sería aplicable a delitos de extraordinaria gravedad como pueden ser los asesinatos múltiples o determinados supuestos de terrorismo, con lo cual estamos totalmente de acuerdo.

El juicio de revisión, una vez cumplida la estancia mínima en prisión que establezca el legislador, permitiría obtener la libertad sólo a quienes hayan manifestado su arrepentimiento, estén en condiciones de reinsertarse en la sociedad y no supongan un peligro para los demás. Así funciona, por ejemplo, en Gran Bretaña.

Ruiz-Gallardón anunció también la reforma de la ley del aborto. Obligará al consentimiento paterno para abortar antes de los 18 años, lo que nos parece bien, y revisará la vigente norma para adecuarla a la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el derecho a la vida.

Hay que recordar que el Gobierno de Zapatero modificó la ley en 2010, de suerte que se eliminaron los tres supuestos y el aborto pasó a ser un derecho de la mujer que implica la posibilidad de interrumpir voluntariamente el embarazo dentro de un plazo de 14 semanas (que se elevan a 22 en caso de malformación del feto).

El PP recurrió la ley ante el Constitucional y ahora el ministro de Justicia pretende revisar la norma para acrecentar la protección del nasciturus, una filosofía con la que estamos de acuerdo siempre que no se pierda el equilibrio en sentido opuesto con una norma excesivamente restrictiva. Lo ideal sería un pacto con el PSOE, pero, si ello no es posible, el Gobierno está en su derecho de legislar conforme a su programa. Eso es lo que hizo Zapatero.

Otro cambio legislativo anunciado por el ministro es la modificación de la ley de responsabilidad del menor. No habló del aumento de las penas, pero sí dijo que habrá una investigación y un juicio conjunto cuando haya delitos graves cometidos por adultos y menores, lo cual tiene bastante sentido.

Todas estas medidas estaban en el programa o Rajoy se había comprometido a llevarlas a cabo durante la legislatura. Por tanto, son coherentes con la filosofía del PP y encajan con las convicciones éticas e ideológicas de su electorado. El portavoz del PSOE afirmó que su partido las revocará al día siguiente de volver al poder, lo cual no deja de ser un futurible que no cuestiona la legitimidad del Gobierno para impulsar estas reformas.

26/01/2012

La absolución no redime a Camps como político

EL VEREDICTO de no culpabilidad de Camps restablece su inocencia tras haber sido acusado de cohecho impropio y le exime de pagar una multa de 41.000 euros. Habrá quien objete que la sentencia es polémica, y siempre existirá el debate de si un caso de estas características -en el que el principal procesado es el personaje más notorio de la región, alguien que ha obtenido varias mayorías absolutas y cuyo partido gobierna la autonomía desde hace 17 años- es el más adecuado para ser juzgado con jurado popular. Pero ni siquiera lo apretado del veredicto -cinco votos a favor de su no culpabilidad contra cuatro- o que se haya dado más credibilidad a la declaración del escolta de Camps que a otros testimonios, resta legitimidad a la decisión del jurado. La vista se ha celebrado con las reglas que establece la Ley y los miembros del jurado han considerado que no está «totalmente probado» que Camps y Ricardo Costa recibieran regalos en condición de su cargo. Por eso han aplicado la máxima que en Derecho establece que, en caso de duda, hay que fallar a favor del acusado.

Es cierto también que esta sentencia implica el hecho insólito en nuestro país de que de los cuatro imputados inicialmente por los mismos delitos, dos hayan sido declarados inocentes y los otros dos condenados como culpables. Como es sabido, Campos y Betoret, colaboradores del ex presidente, reconocieron los hechos y pagaron la sanción correspondiente. El propio Camps estuvo a punto de hacer lo propio.

Camps puede decir ahora que no mintió sobre los trajes y que ha sido restablecida su credibilidad, pero eso es algo subjetivo que queda al criterio de cada ciudadano. Incluso podría alegar que, dado que presentó su dimisión un mes después de la investidura como un «sacrificio» para allanar el camino de Rajoy a La Moncloa, ahora queda en condiciones de recuperar su posición. Sin embargo, lo que no altera la sentencia es su responsabilidad política. Estamos en dos planos diferentes.

Camps, inocente de haber recibido prendas de vestir con la intención de corromperlo, es sin embargo responsable de haber intimado con una trama que tenía como objetivo llenarse los bolsillos con dinero público y a cuyo cabecilla se dirigía con expresiones como «amiguito del alma». De eso no puede redimirle el veredicto. Es más, lo que hemos conocido en la vista oral nos reafirma en lo que siempre sostuvimos: que Camps no era la persona adecuada para gobernar una comunidad autónoma. Y no hay más que mirar la herencia que deja para convencerse de ello. Hace sólo tres semanas, el Gobierno tuvo que salir al rescate de la Comunidad Valenciana, que de otra forma hubiera entrado en quiebra.

Al margen del posible recurso de la Fiscalía, Camps aún puede tener que superar otros escollos, como el caso Urdangarin, el asunto de la financiación irregular del PP valenciano por empresas que trabajan para la Generalitat o el de los encargos a la trama Gürtel con motivo de la visita del Papa. Por eso sorprende que la secretaria general del PP reaccionara preguntándose ante los medios cómo se restablece «la honorabilidad» de Camps. Si Cospedal se refiere a la penal, ésta ya ha quedado clara: ahí está la sentencia que le rehabilita. Si se refiere a la política, entonces la respuesta la tiene que dar su partido. ¿Está dispuesto el PP a reponerle en la presidencia del partido o de la Generalitat? No parece lo más aconsejable.