EDITORIALES: El PP inicia la resurección de España resucitando al Montesquieu asesinado por el PSOE

25/01/2012

Un paso clave para regenerar la democracia

EL ANUNCIO hecho ayer por Soraya Sáenz de Santamaría de que el Gobierno impulsará la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para que los magistrados elijan libremente y sin tutelas a sus representantes en este órgano es una gran noticia para nuestra democracia. No es exagerado decir que estamos ante un cambio histórico, pues ese paso evitará que los políticos sigan enseñoreándose de la Justicia, tal y como ha venido ocurriendo en los últimos 27 años.

Cuando Felipe González modificó en 1985 la Ley del Poder Judicial para sustraer a los jueces la elección de sus 12 miembros en el CGPJ acabó de facto con la separación de poderes, uno de los principios esenciales del Estado de Derecho. A partir de ese momento, los 20 vocales pasaron a ser elegidos por el Parlamento, con las consecuencias desastrosas que de ello se han derivado.

Dado que del CGPJ dependen los nombramientos de quienes gobiernan la Justicia -desde el presidente del Supremo a miembros del Constitucional, pasando por los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas-, los partidos no han dudado en poner este órgano a su servicio.

Aznar pudo corregir el entuerto, pero al final se avino a cerrar con Zapatero un Pacto por la Justicia que, en lo tocante a la elección del CGPJ, no tuvo consecuencias reales. Se estableció que los jueces preseleccionaran a 36 candidatos, de los cuales el Parlamento pasó a escoger a esos 12 vocales que antes de 1985 elegían los magistrados. Esa modificación de 2003 no ha impedido que sigan imponiéndose las cuotas partidistas, muchas veces con descaro, como demuestra el hecho de que incluso ex diputados y ex senadores hayan sido nombrados miembros del CGPJ.

Era muy importante que el PP mantuviera su compromiso de regeneración democrática, más si cabe después de unas semanas en las que sus decisiones en el ámbito económico han desconcertado a buena parte de sus votantes. La vicepresidenta lo hizo ayer con contundencia en su primera comparecencia en el Congreso. Tras abogar por recuperar «el espíritu de la Transición», Sáenz de Santamaría desgranó un plan ilusionante, que incluye, entre otras medidas, la reforma de la elección de los miembros del Constitucional, el restablecimiento del recurso previo de inconstitucionalidad -para que no haya más Estatutos de Autonomía que entren en vigor sin que el Alto Tribunal se haya pronunciado sobre su adecuación a la Carta Magna- o la supresión del innecesario, caro e inquietante Consejo Estatal de Medios Audiovisuales.

La vicepresidenta subrayó que hay «estructuras» que hoy «no funcionan» y que el Gobierno tiene el firme propósito de cambiarlas. Acierta al hacerlo, no sólo porque así cumple con el compromiso contraído en su programa electoral, sino porque puede contribuir a que los españoles miren con otros ojos a su clase política y a instituciones como la Justicia, ambas muy desprestigiadas entre los ciudadanos, según reflejan las encuestas.

La fotografía que ilustra nuestra portada es toda una metáfora. Casi tres décadas después del «Montesquieu ha muerto» de un Alfonso Guerra que se vanagloriaba de la sumisión de los jueces a un Parlamento en el que el PSOE gozaba de mayoría absoluta, una joven defensora de la separación de poderes -también vicepresidenta como lo era él entonces-, anuncia que el PP devolverá la independencia a la Justicia. Es la primera vez en todo ese tiempo que los políticos deciden dar un paso atrás con la idea de que la democracia funcione mejor. Hay que celebrarlo.

Los admiradores del juez presionan al Supremo desde la calle

Con esta Fiscalía, Baltasar Garzón podría ahorrarse pagar al abogado

EN EL segundo juicio al que se enfrenta en dos semanas, esta vez el que se refiere a su causa contra el franquismo, Garzón estuvo ayer respaldado tanto dentro como fuera del Supremo. Un grupo de admiradores profirió insultos contra los jueces, llamándoles «fascistas» y «corruptos», en lo que supone una intolerable coacción al tribunal. Mientras eso sucedía a las puertas del Supremo, dentro el fiscal se empleaba a fondo no para acusar al enjuiciado, sino para protegerle frente a sus responsabilidades. Luis Navajas tuvo una actuación impropia, al utilizar su turno en las cuestiones previas del juicio para cargar con dureza contra el instructor de la causa, Luciano Varela, en su petición de que se archive el proceso de forma inmediata. La vehemencia que puso el fiscal en defender a Garzón y censurar al instructor con calificativos muy duros en términos jurídicos, hizo casi innecesaria la intervención del abogado defensor del encausado. Pero es que además, demostró muy escasa memoria histórica al sostener -en tono altivo- que la Fiscalía se basta y se sobra para defender el cumplimiento de la legalidad y no necesita a las acusaciones «adhesivas». No vamos a recordarle aquí a Navajas las numerosas sentencias que se han dictado después de un proceso penal iniciado por una acusación popular. Pero sí que es pertinente referirse al caso GAL, que nunca hubiera podido ser juzgado si un grupo de personas no hubiera impulsado la acusación.

Sindicatos y empresarios quieren perpetuar los convenios provinciales

Un acuerdo laboral raquítico que el Gobierno debe elevar al máximo

EMPRESARIOS Y SINDICATOS llegaron en la madrugada del lunes a un sorpresivo acuerdo laboral. Han conseguido el pacto después de que el 15 de enero el Gobierno diera por cerrada la etapa de la negociación y se dispusiese a regular una reforma más profunda de lo pretendido por los agentes sociales. Ante la decisión del Ejecutivo, los sindicatos han aceptado una cierta moderación salarial del 0,5% para 2012 -no debemos olvidar que los funcionarios tienen el sueldo congelado- y negociar asuntos en los no habían entrado hasta ahora, como el descuelgue en los convenios sectoriales o la movilidad funcional y laboral. Pero el acuerdo falla en cuestiones fundamentales. Una de ellas es el mantenimiento de los convenios provinciales. El texto dice que es «es necesario preservar el ámbito provincial de negociación y favorecer tales convenios», algo que no tiene más sentido que mantener el tinglado de poder construido por las organizaciones sindicales y la patronal para justificar parte de sus actividades. Con el convenio provincial, los agentes sociales se guardan un as en la manga que puede dar al traste con buena parte del acuerdo. La otra gran laguna del pacto es que no recoge lo más crudo de la reforma: la mejora de los contratos y la nueva regulación del despido. Sindicatos y empresarios no van a ir más allá y le dejan lo que queda al Gobierno: su labor ahora es aprobar ya la reforma tantas veces anunciada que flexibilice de verdad el despido y simplifique la contratación.