FRANCISCO NÚÑEZ MADRID 31/12/2011 PORTADAEl Gobierno inicia el ajuste con un drástico hachazo fiscal
Adopta un paquete de medidasde emergencia al descubrir que el déficit llegará al 8% por el incumplimiento de las CCAA
Vulnera su promesa electoral con fuertes subidas del IRPF, del IBI y del impuesto sobre el ahorro para recaudar 6.275 millones más
Recorta el gasto en 8.914 millones centrándose sobre todo en Fomento, Economía, Industria y Exteriores
El Gobierno del PP sorprendió ayer, a pesar de la promesa electoral y del debate de investidura, con una subida de impuestos para las rentas de trabajo y del ahorro para 2012 y 2013. Según la vicepresidenta y portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha adoptado porque «la desviación del déficit estimado» para 2011 «es sustancialmente mayor», el 8%. «Lo que nos obliga a tomar decisiones extraordinarias y no previstas».
El alza del IRPF aportará 5.400 millones más de ingresos, y otros 918 millones la del IBI. Afectará sobre todo a las clases medias y a las rentas que declaren mayores ingresos. También se eleva, entre dos (hasta el 21%) y seis puntos (hasta el 27%), la tributación del ahorro según los rendimientos. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dijo que no teme una fuga de capitales al exterior. El Gobierno también recortó el gasto en 8.900 millones, sobre todo en los ministerios inversores.
Sáenz de Santamaría reiteró que estas medidas son «el inicio del inicio» del paquete de reformas estructurales que servirá para corregir el déficit y favorecer el crecimiento económico. Pero, en realidad, todas las iniciativas aprobadas ayer van encaminadas a reducir el déficit y de momento no a crear actividad. Es decir, en el primer Consejo de Ministros en que se han adoptado medidas económicas ninguna va dirigida directamente a crear empleo. Al contrario, una subida del IRPF puede afectar aún más al consumo. Montoro declinó responder a esta cuestión.
Según las cifras del nuevo Gobierno, el déficit de 2011 se situará en el 8%, dos puntos por encima del objetivo, que equivale a una desviación de unos 20.000 millones. Montoro dijo que esta cifra se ha obtenido «con la información del Ejecutivo saliente y con fuentes originarias y primarias [Hacienda], aunque ya estábamos advertidos por analistas». También aclaró que «no conoceremos las cifras definitivas hasta febrero». Por tanto, el hachazo fiscal se ha hecho a mano alzada.
Aunque Sáenz de Santamaría tampoco aclaró si figuraba en la documentación del traspaso de poderes, todo esto hace suponer que el PP pudo conocer este avance del déficit antes del Debate de Investidura en el que Rajoy anunció que no tenía intención de subir los impuestos. El ministro de Economía, Luis de Guindos, manifestó en este sentido que «una parte de esta desviación significativa del déficit estaba descontada».
Según Montoro, en el Estado (Administración Central) sólo habrá una desviación de «unas décimas» mientras que la Seguridad Social «perderá su superávit». «La desviación principal se producirá en las autonomías y algo menor será en los ayuntamientos», señaló. Sin embargo, el Gobierno no aprobó ayer una sola medida para meter en cintura, por ejemplo, los excesos de gasto de las autonomías y corporaciones locales. Es decir, todas las medidas aprobadas van encaminadas a que el conjunto de los ciudadanos paguen a escote con la subida de impuestos que autonomías y ayuntamientos no hayan cumplido su objetivo de déficit. El ministro de Hacienda aclaró que este asunto se verá cuando negocie el Plan de Estabilidad presupuestaria con los gobiernos territoriales.
Tampoco aparece en este recorte inicial actuación alguna para reducir el tamaño y solapamiento de las administraciones públicas.
El caso es que a esos 20.000 millones de desviación del déficit en 2011, hay que sumar otros 16.500 millones, ya anunciados por Rajoy, ante la obligación de situar el déficit de 2012 en el 4,4% comprometido con Bruselas frente al 6% inicialmente estimado para 2011. Esto significa que el Gobierno necesita un ajuste fiscal en 2012 de unos 36.000 millones.
Ayer aprobó un recorte del gasto presupuestario de 8.900 millones para el primer trimestre del año, así como un aumento de los ingresos de 6.275 millones (más 209 millones por la supresión del gasóleo profesional exigida por Bruselas) para el conjunto del año. Por tanto, en números redondos, al Gobierno le queda por aplicar en los Presupuestos de 2012 definitivos, que presentará a finales de marzo tras las elecciones andaluzas, un ajuste de unos 25.000 millones.
Los representantes del Gobierno tampoco aclararon ayer si este ajuste se va a realizar sólo en el gasto o si se producirá otra subida de impuestos o qué ocurrirá si ese déficit es superior si se encuentran partidas de gasto ocultas.
Que el Gobierno ha apostado más por tranquilizar a los mercados, cumpliendo a rajatabla los objetivos de déficit, que por introducir medidas para incentivar la actividad, lo demuestra el dato de que casi el 20% del tijeretazo en el gasto (1.612 millones) se produce en Fomento, es decir, en la obra pública. A ellos hay que sumar, por ejemplo, los 1.091 millones (13%) aplicados en Industria o los 1.083 de Economía, sobre todo en el capítulo de I+D, el nuevo modelo económico que intentó crear el PSOE.
La anécdota es el ajuste de la Casa Real, que es de 170.000 euros, un 2% del presupuesto de 2011, así como la supresión del 20% de las subvenciones a sindicatos, patronal y partidos políticos.
Pero, en realidad, ese ajuste en el gasto no es de 8.914 millones, sino de 6.406 millones, casi la misma cifra que piensa recaudar el Gobierno en 2012 por el alza de impuestos. El caso es que 2.508 millones de este recorte proceden de los gastos financieros Es decir, de préstamos, generalmente para inversiones, y que en términos de contabilidad nacional tienen un contravalor en los ingresos ya que también se imputa su devolución.
El Gobierno intentó ayer minimizar la trascendencia al incremento de impuestos, al que calificó de «gravamen complementario» y de «recargo de solidaridad» cuando en realidad es la mayor subida de golpe conocida, pese a que tenga efecto temporal. El PP se escudó en la progresividad del IRPF, algo que defendió tradicionalmente el PSOE (salvo en el alza del IVA) argumentando que va a pagar más quien más gane. En realidad, pagará más quien más declare y en eso las rentas altas suelen tener la capacidad de elusión que no disponen las rentas medias y bajas de trabajo.
El IRPF sube para todos los contribuyentes, salvo para quienes ganen menos de 680 euros al mes. La tarifa se modificará a partir de 2012 y en la primera nómina de febrero se notará un aumento de las retenciones. Es decir, se cobrará menos en neto ya que la tarifa aumenta entre 0,75% y siete puntos en los tipos marginales a aplicar según los ingresos.
Según los ejemplos que puso Montoro, una persona sin hijos con 12.000 euros de sueldo bruto (857 euros al mes) deberá pagar 21 euros más al mes. Sin embargo, en las clases medias es donde más se concentrará la subida porque aquí se encuentra el caladero de la recaudación (hay más de seis millones de contribuyentes en estos tramos). Es donde precisamente la progresividad se come más los salarios. Por ejemplo, quien gane 30.000 euros pagará 250 euros más; más de 600 euros quienes lleguen a los 45.000, y entre 5.420 y 20.567 euros más quienes tengan ingresos entre 160.000 y 400.000 euros. Pero estos últimos sólo son 84.000 de los 19 millones de contribuyentes que hay y seguramente serán menos a partir de ahora ya que, en muchos casos con salarios variables, pueden diseñarse los ingresos incluso fuera.
Falta por saber si esta subida es una invitación a que hagan lo mismo las autonomías en la parte de tarifa (50%) en que tienen capacidad normativa. En este supuesto, la subida será más elevada. En cualquier caso, en algunas comunidades autónomas, como Cataluña, que ha establecido un tipo marginal máximo del 49% para las rentas más altas, el tipo marginal podría llegar hasta el 56%.
En cuanto al incremento de los tipos que gravan el ahorro, afectará también a todos los contribuyentes. Lo más curioso es que es el PP, que en la reforma de 1996 fijó un tipo único para las rentas de capital, el que ahora introduce una tarifa progresiva que el PSOE no se atrevió en la crisis.
Por ejemplo, cualquier rendimiento de capital, por ejemplo, los depósitos bancarios, sufrirán a partir de enero un alza de al menos dos puntos. Es decir, la retención fiscal será del 21% frente al 19% siempre y cuando los rendimientos no superen los 6.000 euros anuales. Si las rentas son más elevadas, deberá pagar a Hacienda un 25%, es decir, cuatro puntos más. Y si alcanzan los 24.000 euros, el alza es de seis puntos, es decir, el pago al fisco será del 27%, que se sitúa por encima de muchos países europeos. Lo que hace suponer que, debido a la globalización y a la posibilidad de deslocalización de capital, los más pudientes buscarán refugios fiscales o lugares con menor tributación. No es descartable, por tanto, una fuga de capitales. Pero Montoro argumentó que no temía movimientos al exterior porque se trata de «medidas temporales».
Por su parte, aunque son los ayuntamientos los que deciden la subida de tipos del IBI, el Gobierno decidió ayer imponerla desde arriba para incrementar sus ingresos, aunque no se sepa cual será su destino. El aumento afectará al 50% de las viviendas (25 millones) que más valor catastral medio tengan. Será la Dirección General de Catastro, del Ministerio de Hacienda, la que informe de forma individualizada a cada ayuntamiento de las viviendas afectadas y de estos nuevos tipos suplementarios a los que ya tienen. El incremento será progresivo (del 4% al 10%) atendiendo a la antigüedad de la revisión catastral. A mayor antigüedad, mayor subida.
CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO 31/12/2011 ESPAÑAEra Rajoy: Paquete 1
El Gobierno sorprendió ayer con un paquete de medidas económicas de mucho más calado del que, en principio, se esperaba.
La decisión de apretar el acelerador del ajuste se tomó en las últimas 48 horas. Hasta el jueves no se decidió elevar el IRPF. La subida del IVA se descartó por su efecto sobre el consumo, pero estuvo sobre la mesa.
El impacto presupuestario de las medidas adoptadas ayer supone más de 15.000 millones de euros: 6.275 por la vía de los ingresos y 8.900 por la del recorte de gastos.
Lo más difícil fue acordar la subida del IRPF (que en el tramo más alto supondrá siete puntos más de retención) porque Rajoy se comprometió a no subir impuestos. Pero era difícil de prever que el déficit de 2011 se cerraría en el 8% del PIB, en lugar del 6% previsto por el Gobierno de Zapatero.
Es decir, que de un ajuste inicial de 16.500 millones, se pasa a otro de 36.500 millones. Nada menos que 20.000 millones más de la previsión que el propio Rajoy barajó en su discurso de investidura.
¿Dónde se han producido las desviaciones sobre el déficit previsto? Según los cálculos del Gobierno, el Estado tendrá un mayor déficit del 0,4% sobre el PIB; las autonomías del 1,3%, y, atención a este dato, la Seguridad Social cerrará 2011 con un déficit de 0,6% del PIB.
El Gobierno no sólo sube el IRPF, sino también el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) y la imposición sobre el ahorro (con seis puntos más para los rendimientos superiores a 24.000 euros). Esas medidas no van a gustar a una parte del electorado del PP pero, según el Gobierno, «buscan un reparto equitativo de la dureza del ajuste».
Los funcionarios, por ejemplo, no sólo tendrán congelado el sueldo sino que, al subir en dos horas y media su jornada, lo ven, de hecho, rebajado.
El hachazo a los ministerios no tiene precedentes. Fomento, por ejemplo, sufrirá un recorte de más de 1.600 millones que, sumado a los que afectarán a Economía, Exteriores e Industria, supondrá un monto de casi 6.000 millones.
Partidos y sindicatos verán sus subvenciones recortadas en un 20%. A RTVE y a Renfe se les rebaja el presupuesto en 200 millones a cada uno.
Se congelan las aportaciones a la dependencia y no se renueva la llamada renta de emancipación para jóvenes.
Las únicas buenas noticias del Consejo de Ministros son la recuperación de la desgravación por vivienda y la subida del 1% a los jubilados.
Pero éste es sólo el comienzo, el Paquete 1. Aún queda mucho, lo más difícil, por hacer.
Cuando llegue la hora de elaborar el Presupuesto de 2012, conoceremos más al detalle la profundidad del ajuste.
Colateralmente, las comunidades autónomas (que reciben el 50% del IRPF) y los ayuntamientos (que ingresan el IBI) tendrán un respiro en su dramática situación financiera.
Sin duda, la disposición del Gobierno de Rajoy a cumplir con el objetivo de déficit para este año (4,4% del PIB) será bien valorada por los mercados. Pero lo más importante (lo que puede garantizar el crecimiento económico) tiene que venir del lado de las reformas. Ahí, el Gobierno tiene que ser tan audaz como lo ha sido ahora. Que los objetivos políticos a corto plazo no hagan olvidar a Rajoy lo esencial y más ilusionante de su programa de gobierno.
B. P. RAMÍREZ MADRID 31/12/2011 ESPAÑARajoy congela los sueldos públicos y aumenta un 1% las pensiones
Reduce un 20% las ayudas a partidos, sindicatos y patronal para ahorrar 85 millones
El Gobierno presentó su primer paquete de medidas económicas justificando los recortes como un recurso «extraordinario» al que le ha obligado una situación «imprevista», y las decisiones más sociales como muestra de su compromiso para que no paguen «los más débiles».
SUBVENCIONES POLÍTICAS. El Gobierno va a reducir un 20% las subvenciones que reciben tanto los partidos políticos como los sindicatos y las organizaciones empresariales, lo que supondrá un ahorro de 85 millones de euros. De esa cantidad, 29,68 millones corresponderán a las fuerzas políticas, aseguró la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. La rebaja se llevará a cabo mediante la reforma de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos que el Ejecutivo enviará al Congreso. Para las organizaciones de empresarios y sindicatos el coste ascenderá a 55 millones de euros.
AYUDA DE 400 EUROS. Contra pronóstico, la ayuda de 400 euros que reciben los desempleados que hayan agotado el resto de las prestaciones y participen en cursos de formación se ha renovado por otros seis meses. El denominado Plan Prepara, creado por el anterior Gobierno para sustituir al Prodi -426 euros-, caduca el 15 de febrero y ha sido prorrogado hasta el 15 de agosto.
Según la ministra de Empleo, Fátima Báñez, el coste del plan alcanzará los 300 millones de euros y beneficiará a 125.000 parados. Para percibir la ayuda, además, deben carecer de cualquier otro tipo de renta. De ahí que Báñez subrayara ayer el «carácter social» de la medida.
SMI. Como un «mensaje de moderación salarial» vendió ayer Báñez la congelación del salario mínimo interprofesional (SMI) que ha decretado el Gobierno. A su juicio, la medida permitirá acelerar la recuperación de la economía y el empleo.
Sin embargo, dejar el SMI en 641,40 euros significa mantener el suelo salarial español entre los más bajos de Europa -en la UE-15 sólo el portugués es inferior- y a una distancia considerable no sólo de, por ejemplo, el francés -1.365 euros- o el luxemburgués -el más alto, 1.757 euros-, sino del objetivo marcado en la Carta Social Europea -1.026 euros-, e incluso de la promesa del anterior Ejecutivo -800 euros-.
También ha quedado congelado el Iprem (Indicador Público de Rentas Múltiples), creado en 2004 para sustituir al SMI a la hora de determinar la cuantía de ayudas, becas y prestaciones públicas. El Iprem ya fue congelado el año pasado por el Gobierno, mientras que el SMI ha quedado sin actualizar por primera vez desde su creación. Pese a subir un 1,5% y un 1,3% en 2010 y 2011, respectivamente, el salario mínimo perdió esos dos años más de un 2% de poder adquisitivo por culpa de la inflación, que fue superior -el 1,8% y el 3,3%-.
FUNCIONARIOS. Tal y como había anunciado a los sindicatos en la Mesa de la Función Pública apenas unas horas antes, el Ejecutivo del PP mantendrá en 2012 la congelación del sueldo de los funcionarios. Ya lo hizo el anterior Gobierno, que consolidó así la rebaja salarial del 5% decretada en mayo de 2010. Ésta es la cuarta congelación de las retribuciones públicas desde 1975: le precedieron Felipe González -1994-, José María Aznar -1997- y José Luis Rodríguez Zapatero -2010-.
También se ha reducido a cero la tasa de reposición de las plantillas públicas; es decir, no se renovará personal excepto en las Fuerzas de Seguridad y los servicios básicos -sanidad y educación-. En esta última categoría se ha incorporado a los inspectores contra el fraude fiscal y laboral. La tasa de reposición en estos servicios alcanzará el 10%.
De lo que no fueron informados los sindicatos de la Función Pública fue de la decisión del Ejecutivo de aumentar la jornada laboral de los funcionarios a 37,5 horas semanales. Quienes quieran mantener las 35 horas actuales, tendrán que bajarse proporcionalmente el sueldo.
Estas medidas no excluyen un nuevo recorte salarial a los funcionarios cuando se aprueben los Presupuestos de 2012 en marzo.
PENSIONES. Casi 1.383 millones de euros va a costar a las arcas del Estado revalorizar las pensiones. El Consejo de Ministros aprobó una subida del 1% de las contributivas y un 2,9% de las no contributivas y mínimas. En total, nueve millones de pensionistas resultarán beneficiados, de los que tres millones perciben prestaciones mínimas. Eso sí, la subida equivaldrá a un aumento de entre cinco y 25 euros al mes, dependiendo de la cuantía de la pensión. Para la prestación media, que asciende a 810,85 euros, el alza se traducirá en 8,11 euros mensuales.
Las contributivas fueron congeladas por el anterior Gobierno en mayo de 2010, no así las mínimas. Éstas subirán en 2012 el 1% general más otro 1,9% producto de la desviación de los precios sobre el objetivo de inflación de este año, que era del 1%.
Además, el Consejo de Ministros ha aplazado la entrada en vigor de la reforma de las pensiones de viudedad, que pretendía elevar de manera progresiva durante los próximos ocho años la base reguladora de esta prestación del 52% actual al 60% para los mayores de 65 años que no reciben otra ayuda. Esta medida se incluyó en la Ley de Reforma de las Pensiones, producto de un pacto entre PSOE y CiU.
Pese a que el Ejecutivo prevé que la Seguridad Social cierre el año en déficit, un 0,02%, Báñez descartó ayer que vaya a recurrir al Fondo de Reserva para pagarlas. «No se está tomando en consideración tocarlo», aseguró. Al menos durante el primer trimestre del año.
L. Á. SANZ MADRID 31/12/2011 ESPAÑAEl Gobierno frena la ampliación de la atención por dependencia
Congela la ayuda al alquiler para jóvenes y suspende aumentar el permiso de paternidad
El Gobierno acordó ayer, entre otros recortes sociales, frenar la incorporación de nuevas categorías de beneficiarios de la Ley de Dependencia. Para hacerlo efectivo, tendrá que cambiar esta norma en el Congreso. El Ejecutivo de Mariano Rajoy deja estas incorporaciones en suspenso durante un año, a la espera de que mejore la situación económica.
Como destacó la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ésta y las demás medidas aprobadas suponen «el inicio del inicio» de la actuación del Ejecutivo. Con lo que no se descartan más recortes en el futuro. Sáenz de Santamaría detalló que, a partir de ahora, «se establece una moratoria de un año en la incorporación de nuevas categorías de beneficiarios al sistema de dependencia, en concreto, de la dependencia moderada».
La vicepresidenta aseguró que el Ejecutivo adopta esta medida para «no reducir las prestaciones por dependencia», tal y como acusó de hacer al anterior Gobierno, informa Efe.
El acuerdo adoptado ayer mantiene las prestaciones destinadas a la protección en materia de dependencia de quienes ya tienen reconocidas algunas de las prestaciones del sistema. «Se garantiza así, a través de la aportación del Estado, una financiación mínima, común y estable para todos los ciudadanos», aseguró en su explicación el Ejecutivo.
La número dos del Gobierno recordó que el Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero recortó el presupuesto del Sistema de Atención a la Dependencia en un 10% en 2011, cuando se incorporaron al sistema 150.000 dependientes más.
«Ante esta situación, el Gobierno se ha visto en la necesidad de adoptar medidas urgentes que fortalezcan la protección por dependencia y garanticen la sostenibilidad de prestaciones y servicios», explicó.
Entre las medidas que adoptará el Gobierno destaca la reforma del modelo de financiación para hacer sostenible el Sistema de Atención a la Dependencia, así como el fomento de políticas de promoción de la autonomía personal y de prevención de la dependencia para todos los grados y niveles.
El nuevo Ejecutivo destacó también la prioridad de garantizar la igualdad de los ciudadanos en el acceso al Sistema de Atención a la Dependencia independientemente del lugar en que residan, así como la formulación de criterios comunes sobre formación de profesionales y cuidadores familiares que permitan mejorar la calidad de las prestaciones.
El Gobierno anunció también que abordará la regulación de la coordinación sociosanitaria para mejorar la eficiencia en la gestión y la calidad asistencial, así como la configuración de un nuevo sistema de información estadística y el desarrollo de un modelo de gestión administrativa de la dependencia.
También en el ámbito de la dependencia, el Gobierno autorizó la suscripción de distintos convenios, en el ámbito de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), para prestar teleasistencia con una aportación del Estado de 30 millones de euros.
Las reacciones a este recorte no se hicieron esperar. La consejera andaluza para la Igualdad y el Bienestar Social, Micaela Navarro, rechazó ayer que el Gobierno «paralice la Ley de Dependencia de manera unilateral y sin consultar con las comunidades autónomas, que aportan más de la mitad de la financiación».
Navarro señaló que es «la primera vez que se toma una decisión sobre el desarrollo de la ley» de ese modo, y añadió: «Anunciaron que la Ley de Dependencia no era viable [en referencia a una entrevista con Mariano Rajoy en plena campaña electoral], y lo primero que hacen es paralizarla». La consejera, que ironizó diciendo que así es «como apuesta el PP por la familia, eliminando la ayuda del alquiler para los jóvenes y paralizando la Ley de Dependencia», se preguntó si las personas que tienen recientemente reconocido su derecho a acogerse a la Ley de Dependencia podrán acogerse a ese derecho o no. Además de ésta, el Consejo de Ministros adoptó ayer más medidas de carácter social. Las resumimos a continuación.
ALQUILER PARA JÓVENES. El Gobierno decidió ayer paralizar también la llamada renta básica de emancipación para no incorporar «más beneficiarios a esta renta». Sí la seguirán cobrando los que ya la tienen concedida. El Ejecutivo debía optar por mantener, modificar o eliminar la ayuda antes del 1 de enero de 2012, porque así lo fija el real decreto que la regula. La renta básica la creó Carme Chacón en 2007, cuando era ministra de Vivienda. A 30 de junio de 2011, la cobraban 301.254 jóvenes.
PERMISO POR PATERNIDAD. Como ya hizo el Gobierno de Zapatero hace un año, el del PP decidió otra vez ayer suspender la ampliación del permiso de paternidad de los 13 días actuales a 28 días. La medida se tomó a pesar de que ésta era una de las propuestas sobre familia que presentó el PP en la campaña electoral.
AYUDAS A INMIGRANTES. El Consejo de Ministros sí aprobó una prórroga de tres subvenciones para la atención humanitaria a los inmigrantes por un importe total de 16,2 millones de euros. Los beneficiarios directos son Cruz Roja, la Asociación Comisión Católica Española de Migraciones y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
TODO FUE sorprendente ayer en el Gobierno. Desde la inusitada comparecencia de cuatro ministros en la rueda de prensa posterior al Consejo, hasta las medidas anunciadas como el primer paquete del ajuste ante la difícil situación económica. Porque sorprendente fue oír de boca de Soraya Sáenz de Santamaría y de Cristóbal Montoro que el Ejecutivo popular se veía obligado a subir impuestos para hacer frente a un déficit desbocado, que el Gobierno calcula que se situará en el 8% en el final de este ejercicio, lo que supondrá tener que aplicar un recorte adicional de 20.000 millones a los 16.500 millones previstos inicialmente.
Este primer paquete de medidas del Gobierno Rajoy sólo terminará teniendo justificación si se enmarca dentro de un gran proyecto de reforma del Estado que acabe con las ineficiencias que nos han llevado a esta triste situación. Esperamos, pues, que en las próximas semanas y especialmente en los Presupuestos del Estado, se vayan concretando las propuestas del Ejecutivo sobre esos cambios estructurales tan necesarios para la economía española de los que llevamos hablando desde que comenzó la crisis, pero que nunca se acaban de concretar. En primer lugar, el profundo replanteamiento del Estado que haga efectivo el principio de «una competencia, una administración», declarado por el presidente del Gobierno, que destierre de una vez el despilfarro que suponen organismos duplicados o triplicados y entes públicos -televisiones autonómicas, desde luego- perfectamente suprimibles. Como habrá que atacar de una vez una reforma que desregule el mercado de trabajo y permita a las empresas descolgarse de los convenios, o la del sector financiero para poner en condiciones a los bancos de dar créditos. Y el Gobierno deberá acometer una radical remodelación del Estado del Bienestar, revisando si hace falta el gasto en Sanidad, Educación, desempleo o dependencia.
