MADRID 26/11/201133ECONOMÍALos jueces piden al Gobierno que explique los motivos del indulto
Los partidos minoritarios reprochan a Zapatero sus «genuflexiones ante la banca
Las críticas al indulto concedido por el Gobierno al consejero delegado del Grupo Santander, Alfredo Sáenz, fueron ayer casi unánimes, con la excepción del apoyo dado por la patronal de banca y la tibieza de alguna asociación judicial conservadora y de la que agrupa a los accionistas minoritarios de empresas cotizadas.
De hecho, tanto Jueces para la Democracia (JpD) como la Asociación Francisco de Vitoria emplazaron ayer al Ejecutivo a explicar los motivos por los que ha indultado a Sáenz. La primera advirtió de que la medida supone para el Ejecutivo contraer «responsabilidades políticas». Su portavoz, José Luis Ramírez, expresó el desacuerdo de su asociación con la Ley de Indulto, que data de 1870 y otorga al Gobierno «una facultad que puede interferir» en decisiones ajustadas a Derecho. A su juicio, no parece «razonable» la concesión al consejero del Santander cuando en otros casos se otorga de manera «muy restrictiva». A su juicio, la ley es una norma «cuestionable» por la que, «sin motivación y sin conocer las razones, una persona condenada deja de serlo». «La discrecionalidad puede convertirse en arbitrariedad», añadió.
El portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, José Luis Armengol, aseguró que el indulto ha «puesto el listón muy alto» y lo criticó por tratarse de «una inmersión del poder ejecutivo respecto a lo que ha dicho el judicial». «Esperemos que se aplique con el mismo criterio a cualquier tipo de persona», añadió.
Mientras, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, rechazaba hacer un análisis «ni positivo ni negativo» de la medida. El
ordenamiento jurídico, argumentó, «reconoce al Gobierno la potestad de conmutar una pena en determinadas circunstancias, y en este caso se trata de una persona con una trayectoria importante dentro del mundo financiero y empresarial».
Casi la única voz clara a favor del indulto que se escuchó ayer fue la de la Asociación Española de Banca (AEB), que lo considera «un acierto». «Sáenz es la persona que más ha contribuido a la estabilidad y progreso del sistema financiero español en los últimos 25 años», indicó un portavoz de la patronal bancaria.
«No discuto si lo merece o no, pero me duele la ligereza y rapidez con la que se gestionan unos temas y otros no», se lamentó ayer, por el contrario, Encarna, la hermana del preso común más antiguo de España, Miguel Montes Neiro. Su familia lleva desde abril reclamando el indulto para este recluso, que ha enlanzado 36 años de condenas, aunque sin delitos de sangre.
Entre los partidos políticos políticos, sólo hubo reacción de IU y UPyD. El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, atacó la decisión como «otra de las muchas genuflexiones» del Gobierno ante la banca. Con la medida, abundó, José Luis Rodríguez Zapatero ha «puesto un broche vergonzoso a su andadura». Además, reprochó al Ejecutivo que no haya tenido «ningún pudor» en tomar la decisión «estando en funciones y eludiendo cualquier tipo de explicación». IU también le exige que aclare los motivos del indulto.
UPyD coincidió en atribuirlo al «pago de favores mutuos» entre el Ejecutivo y la banca. El número dos del partido, Carlos Martínez Gorriarán, destacó que la medida «es un ejemplo de la estrechísima colaboración que ha habido entre ambos», pero sólo para «cubrir intereses mutuos». «Cuando el portavoz del Gobierno es incapaz de explicar el por qué del indulto, es porque se trata de un indulto vergonzoso», subrayó.
Al presidente de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), Manuel Pardos, no le cogió por sorpresa la decisión. «Alfredo Sáenz», resaltó, «tiene la misma inmunidad que el Rey». Pardos cree que los banqueros «llevan más de 20 años haciendo lo que quieren, mientras que los ciudadanos están totalmente desprotegidos frente a las grandes entidades y empresas».
En la lentitud de la Justicia puso el foco la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas. Aemec indicó que los hechos por los que fue condenado Sáenz se remontan a 17 años atrás.
>Vea el análisis de Eduardo Álvarez de la decisión del Gobierno sobre Alfredo Sáenz.
26/11/201133ECONOMÍAEl PSOE, «azote electoral» de la banca
>Rubalcaba. El candidato a la presidencia se mostró partidario en octubre de «echar una mano» y prestar dinero a los bancos a pesar de que algunos se han comportado de manera «absolutamente intolerable».
>José Blanco. El ministro de Fomento ha criticado sucesivamente el sector financiero por tener sueldos millonarios en medio de la crisis. En 2008 el Gobierno recortó por decreto la tributación de los ejecutivos de la banca.
>Valeriano Gómez. El ministro de Trabajo culpó a los «obscenos sueldos» de los directivos de la banca de la eclosión de la crisis.
>Alfonso Guerra. Como cabeza de lista por el PSOE en Sevilla , pidió en octubre mayor vigilancia sobre los banqueros. «Los gestores de los bancos han robado el dinero de la gente», afirmó
JOAQUÍN MANSO MADRID JOAQUÍN MANSO MADRID 26/11/201132ECONOMÍARompe una norma no escrita
El indulto al banquero Alfredo Sáenz que ayer aprobó el Consejo de Ministros es una decisión ciertamente excepcional con la que el Ejecutivo rompe una norma no escrita, pero que se cumple siempre: el Gobierno nunca aprueba medidas de gracia en contra del criterio del Tribunal Supremo. En este caso, lo ha hecho, y además, a días de abandonar el poder.
¿Qué es el indulto?
Se trata de una medida de gracia que aplica al Gobierno por la que se perdonan las condenas firmes, o se conmutan por otra más leve. En el caso de Alfredo Sáenz, se le sustituyen las penas de arresto mayor y de inhabilitación durante tres meses por una multa que puede ser de 3.000 euros, que es la máxima prevista en el Código de 1973 para el delito de denuncia falsa, o de 288.000 si se le aplica el Código de 1995. Formalmente, el indulto lo otorga el Rey, a propuesta del ministro de Justicia y previa deliberación en el Consejo de Ministros.
¿Cuál es la cifra de indultos que suelen conceder al año el Ministerio de Justicia?
El Ministerio de Justicia se niega a facilitar estadísticas oficiales, pero el rastro de los indultos puede seguirse en el BOE. Normalmente, se superan los 400 al año, entre totales y parciales. En 2010 fueron 410 y, hasta ayer, en 2011 se han publicado ya 314.
¿Quién puede pedirlo?
El propio interesado, como ha ocurrido en este caso, sus familiares o cualquier otra persona. También pueden promoverlo la Fiscalía, el tribunal sentenciador, el juez de Vigilancia Penitenciaria o el propio Ejecutivo.
¿Cuáles son los principales motivos?
Se trata de una medida excepcional y discrecional. Es decir, el Gobierno puede aplicarlo sin necesidad de motivación, aunque la ley exige «razones de Justicia, equidad o utilidad pública» para los indultos totales. La deliberación del Consejo de Ministros suele tener en cuenta los informes de la Fiscalía (favorable a Sáenz, en este caso), del tribunal de instancia (la Audiencia de Barcelona) y del Supremo. Indultar a un condenado contra el criterio del Alto Tribunal, como ocurrió ayer, es del todo extraordinario y es muy difícil que existan precedentes.
Con el indulto, el Gobierno intenta corregir los efectos sociales de una condena. Esto es: suele valorar las circunstancias personales y la peligrosidad del condenado para modular la aplicación objetiva del Código Penal. En la mayoría de los casos, se concede la gracia porque el mal que se causa con el ingreso en prisión es mayor que el que se trata de evitar. Por esa razón, los delitos a los que más se aplica son trapicheos de droga de escasa entidad o pequeños robos.
El Gobierno, asimismo, tiende a ser condescendiente con aquellos profesionales que han llevado a cabo una función social relevante. Así, se indulta con frecuencia a médicos o policías (por lesiones u homicidios imprudentes), a jueces y a todo tipo de funcionarios en general.
Es difícil que existan precedentes de un indulto por un delito de denuncia falsa, como el que cometió Sáenz, que no conlleva el ingreso efectivo en prisión y cuyos efectos estrictamente penales se limitan a suspenderle durante tres meses. No se alcanza a comprender su utilidad, ni qué efecto social se persigue ni qué ejemplo público se trata de dar. Justicia sólo explicó que se trata de «hechos acaecidos hace 17 años». Es cierto que el paso del tiempo suele tenerse en cuenta, pero para aquellos casos en los que las circunstancias del condenado son radicalmente distintas a las que tenía cuando cometió el delito. Por ejemplo, un crimen cometido por un toxicómano rehabilitado que ahora tiene una familia a su cargo.
¿Qué efectos tiene sobre la reputación del condenado?
El indulto no supone la cancelación de los antecedentes penales. En cuanto Sáenz pague la multa, comenzará a correr un plazo para su extinción, que será de dos años, según los plazos que establecía el Código de 1973, al que habrá que añadir otro durante el que no podrá cometer ningún delito. El Banco de España exige «honorabilidad» para ejercer como banquero, por lo que deberá valorar ahora si concurre. Por esa razón, Sáenz ha presentado una demanda de amparo ante el Constitucional para intentar revocar su condena.
¿Es habitual que un Gobierno en funciones apruebe indultos?
Lo es, desde luego. El Supremo lo avaló expresamente en 2005. El Gobierno saliente de José María Aznar aprobó 32. Entre otros, el del juez José Ramón Manzanares, hijo del ex magistrado del Supremo José Luis Manzanares, que fue vicepresidente del CGPJ a propuesta del PP tras participar en el archivo del caso Naseiro. El de Felipe González concedió un número similar en 1996, varios de ellos a funcionarios afines.
El indulto al banquero Alfredo Sáenz que ayer aprobó el Consejo de Ministros es una decisión ciertamente excepcional con la que el Ejecutivo rompe una norma no escrita, pero que se cumple siempre: el Gobierno nunca aprueba medidas de gracia en contra del criterio del Tribunal Supremo. En este caso, lo ha hecho, y además, a días de abandonar el poder.
¿Qué es el indulto?
Se trata de una medida de gracia que aplica al Gobierno por la que se perdonan las condenas firmes, o se conmutan por otra más leve. En el caso de Alfredo Sáenz, se le sustituyen las penas de arresto mayor y de inhabilitación durante tres meses por una multa que puede ser de 3.000 euros, que es la máxima prevista en el Código de 1973 para el delito de denuncia falsa, o de 288.000 si se le aplica el Código de 1995. Formalmente, el indulto lo otorga el Rey, a propuesta del ministro de Justicia y previa deliberación en el Consejo de Ministros.
¿Cuál es la cifra de indultos que suelen conceder al año el Ministerio de Justicia?
El Ministerio de Justicia se niega a facilitar estadísticas oficiales, pero el rastro de los indultos puede seguirse en el BOE. Normalmente, se superan los 400 al año, entre totales y parciales. En 2010 fueron 410 y, hasta ayer, en 2011 se han publicado ya 314.
¿Quién puede pedirlo?
El propio interesado, como ha ocurrido en este caso, sus familiares o cualquier otra persona. También pueden promoverlo la Fiscalía, el tribunal sentenciador, el juez de Vigilancia Penitenciaria o el propio Ejecutivo.
¿Cuáles son los principales motivos?
Se trata de una medida excepcional y discrecional. Es decir, el Gobierno puede aplicarlo sin necesidad de motivación, aunque la ley exige «razones de Justicia, equidad o utilidad pública» para los indultos totales. La deliberación del Consejo de Ministros suele tener en cuenta los informes de la Fiscalía (favorable a Sáenz, en este caso), del tribunal de instancia (la Audiencia de Barcelona) y del Supremo. Indultar a un condenado contra el criterio del Alto Tribunal, como ocurrió ayer, es del todo extraordinario y es muy difícil que existan precedentes.
Con el indulto, el Gobierno intenta corregir los efectos sociales de una condena. Esto es: suele valorar las circunstancias personales y la peligrosidad del condenado para modular la aplicación objetiva del Código Penal. En la mayoría de los casos, se concede la gracia porque el mal que se causa con el ingreso en prisión es mayor que el que se trata de evitar. Por esa razón, los delitos a los que más se aplica son trapicheos de droga de escasa entidad o pequeños robos.
El Gobierno, asimismo, tiende a ser condescendiente con aquellos profesionales que han llevado a cabo una función social relevante. Así, se indulta con frecuencia a médicos o policías (por lesiones u homicidios imprudentes), a jueces y a todo tipo de funcionarios en general.
Es difícil que existan precedentes de un indulto por un delito de denuncia falsa, como el que cometió Sáenz, que no conlleva el ingreso efectivo en prisión y cuyos efectos estrictamente penales se limitan a suspenderle durante tres meses. No se alcanza a comprender su utilidad, ni qué efecto social se persigue ni qué ejemplo público se trata de dar. Justicia sólo explicó que se trata de «hechos acaecidos hace 17 años». Es cierto que el paso del tiempo suele tenerse en cuenta, pero para aquellos casos en los que las circunstancias del condenado son radicalmente distintas a las que tenía cuando cometió el delito. Por ejemplo, un crimen cometido por un toxicómano rehabilitado que ahora tiene una familia a su cargo.
¿Qué efectos tiene sobre la reputación del condenado?
El indulto no supone la cancelación de los antecedentes penales. En cuanto Sáenz pague la multa, comenzará a correr un plazo para su extinción, que será de dos años, según los plazos que establecía el Código de 1973, al que habrá que añadir otro durante el que no podrá cometer ningún delito. El Banco de España exige «honorabilidad» para ejercer como banquero, por lo que deberá valorar ahora si concurre. Por esa razón, Sáenz ha presentado una demanda de amparo ante el Constitucional para intentar revocar su condena.
¿Es habitual que un Gobierno en funciones apruebe indultos?
Lo es, desde luego. El Supremo lo avaló expresamente en 2005. El Gobierno saliente de José María Aznar aprobó 32. Entre otros, el del juez José Ramón Manzanares, hijo del ex magistrado del Supremo José Luis Manzanares, que fue vicepresidente del CGPJ a propuesta del PP tras participar en el archivo del caso Naseiro. El de Felipe González concedió un número similar en 1996, varios de ellos a funcionarios afines.
CARLOS SEGOVIA MADRID 26/11/20111PORTADAEl Gobierno en funciones da el indulto a Sáenz y los jueces piden explicaciones
El colofón de la campaña electoral del PSOE exigiendo responsabilidades a la banca por la crisis ha resultado ser el indulto al primer banquero del país. El Gobierno, ya en funciones y en su primer Consejo de Ministros tras las elecciones, aprobó ayer indultar al vicepresidente y consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz, y cambiar su condena de prisión e inhabilitación por una multa.
Sáenz fue condenado por el Tribunal Supremo el pasado marzo por presentar una denuncia falsa a sabiendas contra acreedores de Banesto hace 17 años.
Tras ser condenado en firme, el primer ejecutivo del Santander solicitó el indulto y el Gobierno disponía legalmente hasta el próximo mes de marzo para pronunciarse. Pero el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, optó por no dejar el caso a su sucesor, Mariano Rajoy, y prefirió hacerlo en funciones.
El ministro portavoz, José Blanco, declinó explicar la decisión al término del Consejo de Ministros y se remitió a una escueta nota del Ministerio de Justicia en la que se informó de que se conmutaba la pena de tres meses de prisión e inhabilitación a cambio de que Sáenz pagara «la multa máxima aplicable al caso» que, según expertos consultados, puede ser de 3.000 o 288.000 euros, según decida aplicar el Gobierno el código penal nuevo o viejo. El sueldo anual del directivo del Santander supera los 7 millones de euros.
En este periodo poselectoral, la teoría es que un gobierno en funciones no puede tomar decisiones que se puedan considerar irreversibles. Sin embargo, existe un precedente el Tribunal Supremo en 2005 (ver el suplemento
MERCADOS del pasado domingo) que avaló que el Gobierno de José María Aznar denegara en funciones un indulto a un narcotraficante.
El PP no criticó la decisión del Gobierno, pero tampoco la avaló. Un portavoz oficial declinó hacer comentarios y fuentes autorizadas del PP aseguraron que «no ha sido consensuada» con el partido ganador de las elecciones.
«Ni se habló en la reunión de traspaso de poderes en el Palacio de la Moncloa, ni en los contactos con el Ministerio de Justicia», aseguraron esas fuentes a EL MUNDO. Cuando Soraya Sáenz de Santamaría pidió la lista de indultos pendientes del Gobierno, «la respuesta por escrito fue que la doctrina del Tribunal Constitucional califica estas decisiones de despacho ordinario y, por tanto, sin necesidad de ser objeto de consenso con el PP», afirmaron en la sede de Génova.
La decisión de Zapatero desató ayer una fuerte polémica en las redes sociales. En ella participó un barón socialista, el ex presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. «Manifiesto mi perplejidad por el indulto del Gobierno a Alfredo Sáenz. Hay cosas que uno no puede callar», aseguró en su cuenta de twitter. «Se trate de un indulto parcial o de una conmutación de la pena no lo puede aceptar bajo ningún concepto». «No lo puedo entender», insistió.
Expertos consultados resaltaron que el indulto no supone una amnistía y, por tanto, no suprime los antecedentes penales de Sáenz, con lo que el Banco de España debe decidir si cumple el requisito de «honorabilidad» que exige la legislación para ser banquero en España. La institución que dirige Miguel Ángel Fernández Ordóñez se ha limitado a asegurar hasta ahora que está estudiando el caso.
El Gobierno indultó también a Miguel Ángel Calama por el mismo caso y a Rafael Jiménez de Parga. Calama, que aspira a dirigir la fusión de las cajas rurales castellano manchegas, se encuentra también pendiente de autorización del Banco de España y del Tesoro para poder ejercer su nuevo cargo.
El Santander mostró ayer «satisfacción» por la decisión del Gobierno en una nueva señal de buenas relaciones entre el primer banco del país y el Ejecutivo socialista. Durante el mandato de Zapatero, el presidente del Santander, Emilio Botín, ha mostrado apoyo público e incluso pidió el pasado marzo que el líder socialista agotara la legislatura para centrarse en las reformas económicas. No obstante, Anticorrupción mantiene una denuncia contra la familia Botín, a instancias de la Agencia Tributaria, por presunto delito fiscal al disponer de cuentas opacas en el HSBC en Suiza. Ayer trascendió que la familia Botín ha presentado recursos de apelación para que se deniegue la personación de acusaciones populares en la causa abierta contra ellos.
EXISTE UN viejo refrán castellano que dice que hay quien hace de la necesidad virtud. Esto es lo que hizo anteanoche José Blanco al anunciar que se retira de «la primera línea de la política nacional», alegando que lleva 11 años en la cúpula del PSOE y que desea ceder el paso a gente más joven.
EL GOBIERNO concedió ayer el indulto al consejero delegado del Santander, condenado por el Supremo a una pena de prisión menor e inhabilitación por un delito de denuncia falsa. La medida de gracia conmuta esta condena por el pago de una multa. El Gobierno eludió dar una explicación y se limitó a una nota en la que asegura que la decisión se ha tomado «conforme a lo dispuesto por la Ley». Sin embargo, todas las asociaciones de jueces censuraron la decisión discrecional del Gobierno al conceder una medida de gracia con el informe en contra del tribunal sentenciador. El fondo de este asunto puede ser discutible. Sin embargo, lo que resulta de todo punto inadecuado es que sea un Gobierno en funciones el que tome una decisión de tanta trascendencia. El indulto a Sáenz recuerda al que Bill Clinton concedió a multimillonario Marc Rich días antes de abandonar la Casa Blanca. La iniciativa le costó críticas al ex presidente demócrata y Zapatero no cosechará precisamente aplausos
