EDITORIALES: Un desafío nacionalista que el Estado de Derecho debe ganar

Un desafío nacionalista que el Estado de Derecho debe ganar

EL DESAFÍO de la Generalitat al Estado de Derecho sigue una peligrosa escalada. Ayer, el portavoz del Ejecutivo catalán, Francesc Homs, aseguró que el Gobierno que preside Artur Mas no va a cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que le da dos meses para que el castellano sea lengua vehicular en el sistema educativo.

El Gobierno catalán mantendrá el actual modelo «caiga quien caiga» y no piensa ceder «ni un milímetro», ya que la política de inmersión lingüística goza de «un inmenso apoyo». Homs afirmó que el curso comenzará dentro de pocos días «con toda normalidad» y que está seguro de que el Constitucional avalará el sistema educativo de Cataluña.

Es cierto que el Constitucional consideró legítima la política de inmersión lingüística en una sentencia de 1994, pero lo hizo sobre una ley ya derogada. En su fallo de julio de 2010 sobre el Estatuto de Cataluña, el Constitucional indicaba que «el castellano debe ser objeto de idéntico derecho que el catalán» y debe «disfrutar de la condición de lengua vehicular».

Lo ideal sería que cada familia pudiera elegir la lengua en la que educa a sus hijos. Pero lo que el Supremo dice en la sentencia a la que se refiere el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es que la educación se tiene que impartir en ambos idiomas. Aunque el Constitucional admitió la política de inmersión, lo hizo estableciendo que era temporal y que ambas lenguas debían equipararse en el sistema educativo, algo que no ha sucedido.

La posición del Gobierno catalán fue apoyada ayer por José Montilla, que aseguró que el PSC defenderá el modelo vigente y aprovechó para arremeter contra el PP. No deja de resultar paradójico ese entusiasta apoyo a la inmersión de un político que lleva a sus hijos a un colegio alemán. Pero, al margen de Montilla, otras muchas voces e instituciones del nacionalismo han pedido al Gobierno catalán que desobezca la sentencia.

Ayer CiU, ERC, PSC, ICV y Solidaritat, el antiguo partido de Laporta, iniciaron las conversaciones en el Parlament para pactar un comunicado de rechazo de la sentencia, solicitando a Artur Mas que no la cumpla. Veremos en qué términos queda redactado. Pero no hay duda de que los dos meses y medio que restan hasta las elecciones van a estar marcados por este enfrentamiento entre el nacionalismo catalán y los tribunales.

Suponiendo, como es probable, que el Gobierno de Mas no acate la sentencia o haga el simulacro de aceptar algún retoque cosmético, el interrogante es cuál será la actitud del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que es el órgano judicial que tiene que velar por la ejecución de la sentencia.

Homs sugirió ayer que la Generalitat podría llevar el caso hasta el Supremo o el Constitucional, lo que indica que estamos ante una batalla judicial que se alargará durante años, que es lo que pretende el nacionalismo catalán. Si CiU y sus aliados se salen con la suya y el Estado de Derecho no vence en este desafío, los nacionalistas habrán asestado un golpe mortal a la unidad de la nación y a los principios constitucionales, que quedarán convertidos en papel mojado

Unos pocos miles de personas se manifiestan en Madrid contra la reforma constitucional

07/09/2011

Fracaso de la convocatoria de UGT y CCOO

SI EXISTE algún descontento social por la reforma de la Constitución que pone coto al déficit público no se canaliza, desde luego, a través de los sindicatos teóricamente mayoritarios. La primera movilización convocada en la calle por UGT y CCOO contra este cambio apenas reunió a 3.000 personas en Madrid y 5.000 en Barcelona. La manifestación había sido apoyada asimismo por el 15-M, por lo que el fracaso de la convocatoria permite concluir que este movimiento ha ido perdiendo fuelle conforme se ha ido radicalizando. Cándido Méndez y Fernández Toxo se presentaron como los defensores de la Constitución y el secretario general de UGT dijo: «No ha habido nunca una propuesta política que haya sido refutada de forma tan fulminante por la realidad». Son los sindicatos quienes se han situado precisamente fuera de la realidad. No sólo por su irresponsabilidad y por sus recetas trasnochadas, sino porque cualquier día se darán la vuelta y detrás de ellos no habrá na

100 PROPUESTAS PARA REGENERAR Y DEFENDER LA DEMOCRACIA

07/09/2011die.

5. Reforma del sistema electoral.- El Congreso de los Diputados elevará a 400 el número de sus miembros: 150 diputados serán elegidos por un sistema de representación proporcional con listas desbloqueadas que contabilice los votos obtenidos en todo el territorio como demarcación única y los restantes 250 mediante el sistema mayoritario a una vuelta por distritos uninominales. Los partidos que a nivel nacional no obtengan un 3% de los votos quedarán excluidos de obtener escaños por representación proporcional.
6. El Senado, cámara de representación territorial.- El Senado será la Cámara de representación territorial del Estado con competencias legislativas al respecto. Estará integrado por los presidentes de las comunidades autónomas como miembros natos, por cuatro senadores elegidos por cada comunidad mediante sistema proporcional y por otro representante elegido por cada millón de habitantes de cada comunidad

CUANDO EL DELINCUENTE ES LA GENERALITAT DE CATALUÑA: La Generalitat anuncia que no obedecerá a los tribunales

DANIEL G. SASTRE / Barcelona

07/09/2011

La Generalitat anuncia que no obedecerá a los tribunales

Advierte a los jueces que mantendrá la inmersión lingüística «caiga quien caiga» y que no cederá «ni un milímetro» / Montilla cierra filas con CiU

La Generalitat anunció ayer que piensa mantener la inmersión lingüística en las escuelas catalanas «caiga quien caiga», a pesar del requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que el castellano tenga categoría de lengua vehicular en las aulas de la comunidad autónoma.

El portavoz del Gobierno de CiU, Francesc Homs, fue ayer claro cuando expresó la postura del Ejecutivo que preside Artur Mas: las decisiones judiciales no harán que su posición en este asunto se mueva «ni un milímetro», lo que supone que la Generalitat de Cataluña no obedecerá a los tribunales.

El portavoz del Gobierno catalán explicó que esta defensa del modelo que impera en los colegios de la comunidad -el catalán es la única lengua vehicular de la enseñanza- tiene su origen en tres convicciones: de naturaleza jurídica, pedagógica y «de país».

Según Homs, el Tribunal Constitucional ha defendido en varias sentencias la legalidad de la inmersión lingüística. Por ejemplo, en un fallo de 1994 validaba el sistema, siempre que los alumnos fueran competentes en los dos idiomas oficiales al final de la educación obligatoria. Sin embargo, el TC añadía entonces que el hecho de que el catalán fuera el «centro de gravedad» de la educación no debía impedir que el castellano fuera también «lengua docente», que es lo que piden ahora los padres que llevaron al Gobierno catalán ante los tribunales.

El portavoz de la Generalitat también subrayó que los niños catalanes tienen «conocimientos de la lengua castellana que están por encima de los de comunidades donde no hay inmersión». Homs citó a Andalucía entre los territorios donde, según las pruebas realizadas, existe entre los alumnos un nivel inferior de castellano que en Cataluña.

La tercera pata de su teoría son los «argumentos democráticos». El portavoz del Gobierno catalán recordó que la inmersión lingüística tiene el apoyo de «la inmensa mayoría del país». Y, al menos en términos parlamentarios, también es verdad, porque sólo PP y Ciutadans ponen pegas al sistema, mientras que CiU, PSC, ERC e ICV lo apoyan.

No obstante, Homs pareció hacer algunos intentos por templar los ánimos entre los catalanes. De entrada, pidió que «dentro de una semana empiece el curso escolar normalmente», porque, a juicio del Govern, «a pie de calle no hay ningún problema ni conflicto».

Además, mientras intervenía ante los medios de comunicación, el Gobierno catalán ultimaba su recurso al requerimiento del TSJC, que presentará en las próximas horas. El portavoz no quiso desvelar el contenido del recurso, como tampoco quiso echar leña al fuego contra el presidente del TSJC, que el lunes pasó en unas horas de decir que la decisión de su propio tribunal afectaba sólo a las familias concretas que pusieron el caso en manos de la Justicia, a asegurar que ponía en cuestión todo el sistema educativo catalán. CiU tampoco quiere, de momento, un enfrentamiento directo con el PP. El portavoz del Gobierno catalán se empeñó en desvincular los divergentes postulados lingüísticos de ambos partidos de otras negociaciones. Los populares ya fueron clave en la aprobación de los primeros Presupuestos de Artur Mas, y son también la principal opción de los nacionalistas para sacar adelante en los próximos meses las cuentas de 2012.

De hecho, Homs recordó que el Govern «siempre ha dicho que está abierto a toda colaboración», y que como no tiene ningún «pacto estable», tampoco «rehúye a nadie», porque eso sería caer en el «sectarismo».

Sin embargo, no se ahorró una pulla: «Nos sorprendería que la economía y el paro quedasen relegados porque la gran prioridad de ese partido sea la inmersión, que en la calle no existe como problema ni tampoco es un problema pedagógico. Pero todo el mundo es libre de elegir sus prioridades».

El portavoz del Gobierno catalán también afirmó que «a algunas fuerzas políticas se les ve el plumero», en referencia al PSC e ICV. «¿Salen a defender la inmersión o a atacar al Govern?», se preguntó.

Se refería a declaraciones como las que hizo ayer la diputada socialista Laia Bonet, que exigió a Artur Mas que «evite y niegue todos los pactos parlamentarios y políticos con el PP» después de conocerse el requerimiento del TSJC. «No puede aceptar sus votos cuanto le está diciendo que uno de sus principales objetivos es cargarse el modelo de inmersión lingüística», dijo Bonet sobre el apoyo de los populares al Ejecutivo de CiU.

Los socialistas, que tanto estando en el Gobierno como en la posición siempre han defendido el modelo educativo catalán, no pueden evitar ahora hacer frente común con CiU en ese sentido, cosa que da réditos electorales a los nacionalistas y anula como oposición al PSC.

En un intento de desviar el debate, Bonet insistió en que CiU «no puede permitir que se hagan grandes a su sombra aquellos que han provocado y han generado esta ofensiva contra el catalán en las escuelas», en referencia al PP. También pidió a Mas que exija a la líder de los populares en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, que retire el recurso de su partido contra la Ley de Educación.

Pero en la defensa de la inmersión no hay apenas diferencias entre CiU y PSC, que incluso rivalizan en metáforas poéticas: si el portavoz del Govern dijo ayer que la inmersión es «un tesoro», Bonet se refirió a ella como «aquello que es sagrado».

Barcelona

07/09/2011

Mato (PP): las leyes se han de cumplir

La vicesecretaria de Organización del Partido Popular, Ana Mato, se expresó en estos términos sobre el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que pide a la Generalitat medidas a favor del castellano en el modelo de enseñanza vigente en la comunidad.
Mato calificó ayer de «sorprendente» la postura ante el auto tanto del Gobierno de CiU como de otros partidos que lo ponen en cuestión, informa Efe.

El PP recordó ayer que las decisiones de los tribunales no están para interpretarse, sino para cumplirse, e incidió en que quiere trabajar por el «máximo reconocimiento oficial» del catalán -pero también del castellano- en Cataluña

Barcelona

07/09/2011

ICV/IU dice que sólo afecta a 20 familias

Así de contundente se mostró Buenaventura tras la reunión de la Junta de Portavoces de la Cámara de los Diputados, en la que volvió a mostrar su apoyo a la Generalitat en el conflicto generado tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre el sistema de la inmersión lingüística.

«El modelo catalán es muy bueno porque garantiza el dominio de las dos lenguas y que no haya dos tipos de escuelas, sino sólo uno», resumió la diputada. La plataforma Convivencia Cívica Catalana, presidida por Francisco Caja, aseguró que 12 familias han judicializado, con recursos ante el TSJC o el Supremo, la petición de una enseñanza bilingüe, mientras que cinco ya han conseguido una sentencia favorable.

Además, unas 500 familias, entre ellas la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, han pedido a la Generalitat que sus hijos reciban clases en castellano.

DANIEL G. SASTRE / Barcelona

07/09/2011

Los partidos negocian una declaración de respuesta

CiU, PSC, ICV, ERC y Solidaritat defenderán el modelo

La mayoría de partidos catalanes -todos excepto PP y Ciutadans- negociaban ayer una declaración de apoyo a la inmersión lingüística que debe servir como «respuesta política» al requerimiento del TSJC de que el castellano sea considerado también lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña.

La intención inicial era que el escrito conjunto tuviera rango de declaración institucional, pero la negativa de PP y Ciutadans a apoyar el texto rebajó finalmente las pretensiones de sus impulsores. La declaración se aprobará en la Junta de Portavoces del Parlament, y es más que posible que hoy mismo las formaciones la inscriban en el registro de la Cámara catalana.

Pese a que, al cierre de esta edición, todavía se negociaban los detalles, fuentes conocedoras del acuerdo apuntaron que el texto defenderá la inmersión lingüística como herramienta de convivencia en Cataluña. Se da por hecho que CiU, PSC, ERC, ICV y Solidaritat conseguirán consensuar una declaración conjunta.

Lo que no está tan claro, sin embargo, es de dónde salió la iniciativa. Los independentistas de Solidaritat quisieron atribuirse la paternidad por la mañana. Sin embargo, otras fuentes hablan de que fue CiU quien llevó el timón de la negociación porque los planteamientos iniciales de Solidaritat eran inasumibles para varias formaciones.

También hay consenso en que la declaración debe respaldar al Govern en todas las medidas que tome para hacer frente al auto del TSJC que le obliga a introducir en dos meses el castellano como lengua vehicular en las escuelas.

Se da por supuesto que el Parlament se pronunciará de una u otra forma en defensa del modelo educativo catalán, bien con esta declaración en la próxima Junta de Portavoces que se celebre o con un pronunciamiento en el debate de política general, que se hará a finales de este mes.

La declaración que se prepara en el Parlamento catalán se unirá a la que hizo ayer pública el Ayuntamiento de Barcelona. El alcalde de la capital catalana, Xavier Trias, de CiU, aseguró que el Consistorio garantizará la continuidad del modelo de inmersión lingüística en las escuelas de la ciudad y «no permitirá» la alteración de un sistema que, a su juicio, es fruto de un amplio consenso en la comunidad educativa.

Trias leyó una declaración para expresar su «total desacuerdo» con el ultimátum judicial al Departamento de Enseñanza y para expresar su apoyo a la Generalitat en las acciones que emprenda para defender el modelo de inmersión.

Para el alcalde, el sistema ha permitido «fortalecer el modelo de convivencia e integración en los barrios y ciudades de todo el país», por lo que no puede ser alterado por «posiciones intransigentes y minoritarias».

En ese sentido, el alcalde garantizó que mantendrá el sistema lingüístico en el conjunto de escuelas de la ciudad, e hizo un llamamiento a las entidades cívicas y culturales de Barcelona para que salgan en defensa de un modelo que, a su juicio, «ha impedido una grieta en nuestro sistema de convivencia y la división de la sociedad por razón de lengua», informa Efe

'Actitud temeraria', dicen los jueces

La asociación judicial Francisco de Vitoria (FV), segunda en representatividad entre los jueces, manifestó anoche en un comunicado que «negar legitimidad a una resolución judicial y llamar a su incumplimiento es una actitud temeraria que sólo fomentará la desobediencia civil». FV subraya que «nadie pueda arrogarse en nuestro sistema constitucional la decisión de acatar o no, según criterios de oportunidad política, las resoluciones judiciales firmes» y hace un llamamiento «a la cordura» dirigido «a los responsables políticos que están haciendo temerarias declaraciones»

SANTIAGO GONZÁLEZ

07/09/2011

El pase catalán

La Vanguardia informaba ayer en portada sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que enmienda la inmersión lingüística en el sistema educativo catalán. «El Govern», decía en el subtítulo, «avisa que la inmersión lingüística es innegociable».

¿Y a quién avisa, si puede saberse? Es evidente que a los jueces, autores de una sentencia que ha venido a turbar la quietud en el oasis. Hace falta estar muy seguro de uno mismo, como el portavoz del Govern, Francesc Homs, para considerar que las sentencias judiciales son algo negociable, aunque no sea completamente suya la culpa. El presidente del Gobierno y el ministro de Justicia se lanzaron a aclarar a los nacionalistas catalanes que la sentencia del TC, que declaró inconstitucionales 15 artículos del Estatut e interpretó otros 27, era a su vez interpretable y negociable, no ya con el Constitucional, sino entre el Gobierno central y el autonómico. Visto así, el aviso del Govern puede considerarse moderado.

No está en cuestión que los alumnos catalanes adquieran una destreza en castellano igual o superior que en otros sistemas sin inmersión. El patricio romano que castraba a sus esclavos mediante un golpe seco de dos piedras respondía al vecino que le reprochaba emplear tan doloroso procedimiento: «Ya me cuido yo de no pillarme los dedos».

No son los dedos del patricio los que corrían el mayor peligro. La inmersión lingüística no es inconveniente para que todos los escolares catalanes aprendan castellano, pero sí establece discriminación. La condición de única lengua vehicular del catalán en la enseñanza sitúa a los alumnos menos diestros en posición de inferioridad para acceder a los contenidos, al menos hasta que alcancen una competencia lingüística pareja a la de sus compañeros.

El catalán es una lengua accesible y la desventaja dura pocos meses, pero en rigor la cuestión no es lingüística, sino legal. No es el afecto que la ministra de Defensa y su homólogo de Justicia sientan por la lengua catalana, sino el hecho de que no han reparado en que cumplir y hacer cumplir la ley es su primera obligación como gobernantes. A ellos les parece ser la voluntad del nacionalismo catalán de sostener la inmersión «caiga quien caiga», trazar «la línea roja» y no retroceder «ni un milímetro». Un pase foral vasco con crema catalana.

La consellera de Educación, Irene Rigau, se mostraba dispuesta a ser inhabilitada en su cargo y volver a ejercer de maestra antes que acatar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Puesto que están tan empecinados en la negociación de las sentencias en lo que sean negociables, he aquí una propuesta razonable. Argüirán los puristas que la vuelta de esta mujer a las aulas es un peligro cierto, extremo que no discutiré, pero estaremos ante un daño acotado. Siempre se podrá compensar posteriormente a sus alumnos con becas para que cursen un bachillerato de excelencia en el extranjero.

La enseñanza no debe preocuparnos: todos los alumnos españoles caminan, lenta, pero inexorablemente, hacia un analfabetismo funcional, pero bilingüe. Es la flor igualdad

LAS HORDAS DEL 15-M SABOTEAN LAS FRACASADAS MANIFESTACIONES DE LOS SINVERGÜENZAS SINDICALES

XIANA SICCARDI / S. LÓPEZ-URRUTIA / Barcelona / Madrid

07/09/2011

Sabotaje del 15-M a los sindicatos

Se apropian de su marcha en Barcelona al desfilar delante de la pancarta principal

Un grupo de indignados saboteó ayer la manifestación de las centrales sindicales que se había convocado en el centro de Barcelona contra la reforma de la Constitución al marchar delante de la pancarta principal con otra con el lema Deja el sindicato, únete a la lucha. También en Madrid, los simpatizantes del 15-M salieron a la calle con carteles que pretendían ridiculizar a UGT y CCOO y apropiarse de su espacio de protesta. El más aplaudido fue uno que decía Sindicatos, gracias por venir... tarde.

En Barcelona, al ponerse a la cabeza de la protesta, daba la impresión de que eran los indignados los que habían conseguido convocar a miles de personas (unas 5.000), lo que sembró un notable malestar entre los sindicatos convocantes. Pero la cosa fue a peor cuando los miembros del 15-M empezaron a desfilar gritando lemas contra los mismos sindicatos que les seguían, los partidos políticos y el sistema en general. «Abajo el sindicato, arriba la asamblea» o «fuera pactos y tiranos, UGT y CCOO» fueron algunas de las consignas que se escucharon. También se vieron banderas de los distintos partidos políticos participantes -como Esquerra e Iniciativa- y alguna bandera republicana.

Los sindicatos intentaron sacarles de la primera línea, pero los indignados se revolvieron y lograron continuar hasta el final del trayecto previsto.

En Madrid, el 15-M acudió a la manifestación contra la reforma de la Constitución con el mismo espíritu que en Barcelona: afear a los sindicatos su responsabilidad en la situación de la «clase trabajadora» y apropiarse de su reivindicación.

Unos 1.000 indignados confluyeron en la Puerta del Sol con unas 2.500 personas que siguieron la marcha convocada por los sindicatos, aunque lo hicieron por caminos distintos: por la Carrera de San Jerónimo los primeros, por la calle de Alcalá los segundos.

Al juntarse, hubo pitos (y algún aplauso) desde las filas de los seguidores de UGT y CCOO hacia los manifestantes del 15-M, que respondieron en ese momento de tensión con cánticos como «Basta de pactar, ya es hora de luchar» y su sempiterno «que no nos representan», dirigido esta vez a los líderes sindicales.

Además, muchos indignados exhibieron pancartas con lemas hirientes como Sindicatos, gracias por venir... tarde o CCOO y UGT, hermanos del PSOE y del PP.

Los actores Mónica García y José Gamo leyeron un comunicado en nombre de los sindicatos. En él censuraron el «proceder profundamente antidemocrático» de PP y PSOE en la tramitación «en 15 días» de la reforma, «hurtando a la ciudadanía la posibilidad de pronunciarse en referéndum».

Los sindicatos incidieron en «el ataque a la soberanía» que, a su parecer, supone la inclusión en la Carta Magna de la llamada «regla de oro del déficit cero».

Madrid

07/09/2011

El Pleno del Senado vota la reforma sin cambios

El texto salió adelante con los votos a favor de PSOE, PP y el representante de Entesa en la Comisión, Ramón Aleu, que pertenece al PSC. El único voto en contra llegó de la mano de Coalición Canaria, mientras que los senadores de CiU y PNV optaron por no participar en la votación, pese a estar presentes en la sala.
Al comienzo de la sesión, el presidente de la Comisión, Fernando López Carrasco, notificó a los senadores la decisión de la Mesa de la Cámara de no admitir a trámite cinco enmiendas, como ya ocurrió en el Congreso, por considerar que vulneran el espíritu de la reforma. Sin embargo, sí que superaron el filtro dos propuestas de ICV que piden la celebración de un referéndum, aunque fueron rechazadas en la votación en Comisión.
Tampoco se aprobaron las otras 22 que presentaron CiU, ERC, PNV, BNG y CC. Pese a ello, todas volverán a debatirse hoy y cada grupo tendrá oportunidad de defender en profundidad sus propuestas de modificación de la Constitución.
Durante el debate de ayer, tanto el PSOE como el PP defendieron la legitimidad y necesidad del acuerdo y rechazaron las críticas por falta de consenso en torno a la reforma. «La reforma no es un capricho, es una necesidad para avalar nuestro crédito, para aumentar la confianza económica en España y para propiciar y facilitar soluciones a las instituciones europeas», subrayó el representante socialista, José Ignacio Pérez Sáenz.
En el mismo sentido se manifestó la representante del PP, Elvira Rodríguez, que sostuvo que la reforma supone una mejora del texto constitucional en materia financiera y presupuestaria y dijo que los políticos tienen que responder a los ciudadanos con actitudes que garanticen una adecuada gestión pública.
Frente a este apoyo, la reforma se encontró con la oposición del resto de fuerzas políticas, que censuraron tanto su contenido como el procedimiento por el que fue aprobada.
La Comisión Constitucional del Senado aprobó y envió ayer al Pleno de la Cámara el texto de reforma del artículo 135 de la Carta Magna para limitar el endeudamiento de las administraciones públicas. En el trámite, socialistas y 'populares' no admitieron ninguna de las enmiendas de los demás grupos parlamentarios, que volverán a ser debatidas en el Pleno que se celebrará hoy

PARTIDOS: Campaña del PP/ Monago/ Bono/ Rubalcara

CARMEN REMÍREZ DE GANUZA / Madrid

07/09/2011

El PP hará una campaña «barata» pero no da cifras

Mato promete que «estará muy por debajo del límite de gasto»

Al PP no se le caen de la boca las palabras crisis y control del gasto, pero, a dos meses de la campaña electoral, todavía no ha evaluado el alcance de su propio tijeretazo a la misma. Un tijeretazo, eso sí, que ayer quedó vagamente comprometido en una cantidad «muy por debajo del límite de gasto»; o sea, «muy» inferior a los 17 millones de euros que cabe calcular, a raíz de los 20 millones gastados en 2008 (el PSOE gastó dos menos) y del 15% de reducción acordado para todos los partidos en la última reforma de la Ley Electoral, el pasado enero.

Así lo aseguró ayer la directora de campaña, Ana Mato, quien prometió una campaña «barata», si bien aseguró no estar en condiciones de hacer público un presupuesto. Tampoco se comprometió con un porcentaje de ahorro concreto y superior al citado 15%, que ya entró en vigor en la del 22-M.

En las municipales y autonómicas también se pusieron en práctica, por primera vez, otras medidas de ahorro incluidas en esa reforma, como la reducción de un 5% en publicidad -para igualarlo al 20% del gasto en prensa y radio-; la limitación de la publicidad exterior a los 15 días estrictos de campaña, y la congelación de las subvenciones por escaño y mailing, al margen del IPC.

Mato puso ayer en valor, además, el acuerdo alcanzado en agosto con el PSOE para extender voluntariamente la prohibición legal de llenar las calles de carteles durante la precampaña a los meses de agosto y septiembre en que todavía no han sido convocados los comicios. Este acuerdo, ahora vigente, quedó medio oculto el mismo día en que se anunció la reforma constitucional.

A lo que no ha renunciado el PP en esta precampaña es a inundar España de folletos -dípticos con los mensajes, cuyas carátulas a color presentaron ayer en la sede del PP- y de cuñas radiofónicas a propósito del empleo, la reforma de las administraciones o el apoyo a los emprendedores, en los días previos a los correspondientes foros en los que el PP desglosará su programa.

Todo un material presidido por el nuevo lema de precampaña, Empieza el cambio, que sirvió a Mato de percha para adelantar toda una retahíla de mensajes contra el adversario socialista -«El PP es el cambio frente a las políticas de Rubalcaba»; «Rubalcaba y Zapatero son la misma cosa»; «Rubalcaba fue el hombre clave para acabar con el felipismo y lo será para el zapaterismo»...-, que dan una idea de lo que se les avecina a los sufridos electores.

Y es que la crisis traerá ahorro a la campaña, pero no privará a los ciudadanos de los manidos instrumentos al uso, mítines entre ellos, y plazas de toros incluidas. Según Génova, son las propias organizaciones territoriales las que piden estos viejos actos convencionales, que les permiten competir y exhibir músculo político. En todo caso, la dirección nacional no parece reservar sorpresas innovadoras, más allá de su compromiso en favor de la celebración de debates televisivos entre Rajoy y Rubalcaba. El único guiño de Mato, siempre en clave de ahorro, fue anunciar una campaña «de reciclaje», por la que se reutilizarán velas (banderolas grandes), spanders (pantallas imantadas y plegables de aluminio) y escenarios

MANUEL SÁNCHEZ / MARISA CRUZ
Madrid

07/09/2011

Bono no será candidato y habla con Rajoy del calendario para el relevo en La Moncloa

El presidente del Congreso, José Bono, ha decidido finalmente no formar parte de las listas que ya están diseñando el candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, con vistas a las próximas elecciones generales del 20 de noviembre. Bono mantiene con decisión que no desea repetir como diputado otra legislatura más y ya ha iniciado una ronda de despedidas.

La tercera magistratura del Estado liga así su presencia, en la primera línea de la política, al mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, el hombre al que disputó en el 35º Congreso del PSOE, en el año 2000, la Secretaría General del partido. En aquella ocasión, el jovencísimo Zapatero sorpresivamente le derrotó por nueve votos.

Bono ha iniciado ya la ronda de despedidas. El pasado fin de semana almorzó en La Moncloa, acompañado de sus hijos, con el presidente del Gobierno y con su esposa, Sonsoles Espinosa. Se trató de una comida con aire familiar en la que Zapatero llegó a bromear con los hijos del presidente del Congreso recordando el episodio de los nueve votos. «Ahora», llegó a decir, «vuestro padre podría haber sido el anfitrión de esta comida en La Moncloa y yo el invitado».

El almuerzo del pasado sábado se celebró con la invitación de Zapatero, pero estaba realmente pendiente desde el mes de mayo, cuando ambos también comieron juntos en casa de José Bono, en Toledo.

El pasado lunes, el presidente del Congreso también se reunió, a modo de despedida, con los miembros de la Mesa de la Cámara, y en los próximos días hará lo propio con los portavoces de los grupos parlamentarios.

Además, está redactando una carta personal de despedida dirigida al senador y presidente fundador del Partido Popular, Manuel Fraga, que también, y en este caso por motivos de edad, ha anunciado su retirada.

La decisión de Bono de no formar parte de las listas electorales del PSOE contrasta con la tomada finalmente por otros dos históricos del partido: Alfonso Guerra y Manuel Chaves. Ayer mismo, el presidente del Congreso afirmó en una entrevista en La Sexta ser partidario de que la llamada vieja guardia socialista, de la que tanto él como Guerra y Chaves son claros exponentes, «ceda el testigo» político a otros nombres más jóvenes.

Manuel Chaves y Alfonso Guerra, sin embargo, y pese a que en un principio dejaron traslucir algunas dudas, han optado finalmente por acompañar a Alfredo Pérez Rubalcaba en su aventura electoral.

Así, el actual vicepresidente de Política Territorial y presidente del Partido Socialista, Manuel Chaves, encabezará la lista del PSOE por Cádiz, en tanto que Guerra repetirá una legislatura más como número uno por Sevilla. Se convertirá, de esta forma, en el único político que ha sido diputado, sin excepción, durante todo el periodo democrático.

Ayer, el presidente del Congreso mantuvo un encuentro a solas con el líder de la oposición, Mariano Rajoy. Durante el mismo le explicó el calendario previsto para el final de la legislatura, los plazos para la constitución de las nuevas cámaras y la investidura del nuevo presidente del Gobierno.

Bono y Zapatero han perfilado un proceso rápido que debería permitir al nuevo Ejecutivo, tal y como apuntó el propio presidente el pasado 29 de julio cuando anunció el adelanto electoral, estar plenamente en funciones el mismo 1 de enero. Los plazos, en este caso, deben acelerarse al máximo si se tiene en cuenta que el periodo navideño es, a todos los efectos, inhábil.

«Zapatero no pasará la Nochebuena en Moncloa. Eso es seguro», recalcó ayer un destacado miembro del equipo del presidente.

De esta forma, el calendario pasa por constituir el nuevo Parlamento a finales de la primera quincena de diciembre. Las fechas más probables son el martes 13 o el miércoles 14.

La sesión de investidura del nuevo presidente se celebraría una semana más tarde, previsiblemente el miércoles 22, de manera que los miembros del nuevo Gobierno puedan prometer su cargo el día 23.

El encuentro entre Bono y Rajoy se celebró en el despacho oficial del primero en el Congreso de los Diputados. Se prolongó durante más de media hora y sirvió también para que el presidente de la Cámara explicara al líder del PP los actos previstos para la celebración, el 6 de diciembre, del Día de la Constitución. Para esa fecha aún no habrá un nuevo Parlamento constituido. La representación de la soberanía popular corresponderá a la Diputación Permanente

C. R. G. / Madrid

07/09/2011

Rajoy negocia con UPN

La política tiene vueltas de tuerca y vueltas de campana, y esto último es lo que ha propiciado la presidenta de UPN, Yolanda Barcina, al abrir una negociación preelectoral con el PP que Mariano Rajoy ha aceptado copilotar en primera persona.

La unión de Aralar con Bildu y el común interés del centro derecha en frenar su llegada al Congreso ha vuelto a tender los puentes rotos entre los antiguos socios; ambos interesados, por otra parte, en asegurar su mayoría electoral el 20-N.

Mucho menos explícito, además, es el común interés por frenar la llegada del ex presidente navarro Miguel Sanz al escaño, lo que todos daban ya por inevitable. Dos de sus fieles se atrevieron a criticar en el Consejo de UPN la propuesta finalmente aprobada de Barcina.

Y es una convicción extendida en ambos partidos que Rajoy vetará al hombre al que responsabiliza de la ruptura y de haber salvado a Zapatero en el Congreso

DAVID VIGARIO / Mérida
Corresponsal

07/09/2011

Monago recortará menos que Cospedal al depender de IU

La coalición no permitirá «que se toquen» Educación, Sanidad y Servicios Sociales

José Antonio Monago (PP) comienza a concretar los recortes que aplicará a los presupuestos para el año 2012 en Extremadura y que serán del 10%, a falta del estudio definitivo de las diferentes consejerías, aunque podrían llegar al doble con los ajustes que tiene previsto realizar en el amplio entramado empresarial público creado en los últimos años.

Ello dependerá del resultado de las auditorías que se han encargado para determinar la funcionalidad actual de estas empresas, fundaciones, consorcios, patronatos y entes. Sin embargo, el presidente extremeño confesó en una entrevista a la Ser que el recorte «será inferior» al anunciado por la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, al no contar con mayoría absoluta y depender su Gobierno de IU para sacar adelante los presupuestos. De hecho, el coordinador regional de esta coalición, Pedro Escobar, dio ayer por hecho que «en Extremadura no se aplicarán las recetas de Cospedal y Aguirre [la presidenta de Madrid], ya que en ningún caso contarán con el respaldo de IU, que no permitirá que se toquen Sanidad, Educación y Servicios Sociales».

El dirigente de IU realizó estas declaraciones a los medios a la salida de un desayuno de trabajo que organizó Monago con los representantes de la oposición, pero al que se negó a acudir el líder socialista, Guillermo Fernández Vara, por incluirse también en el encuentro, precisamente, a Escobar. El ex presidente aseguró que hubiera aceptado la invitación si hubiera sido a solas con Monago.

En cualquier caso, Monago insistió en que su Ejecutivo deberá realizar un gran esfuerzo, porque las cuentas de la Comunidad llegarán a final de año a un déficit del 6,8% del PIB debido a la herencia socialista, según especificó el dirigente popular. Según Monago, el anterior Gobierno presupuestó para este año «ingresos ficticios». Entre ellos, se encuentra la deuda histórica -177 millones-, los fondos de cooperación -122 millones- y la venta por viviendas públicas -89 millones-, además de tener la obligación de abonar 67 millones este año y 111 el que viene en concepto de intereses a los bancos, o pagar facturas telefónicas de 23 millones de euros anuales.

Monago confirmó, además, que eliminará en los presupuestos los privilegios vitalicios con los que contaban en esta Comunidad los ex altos cargos, y que ya ha puesto en marcha numerosas medidas de ahorro en la gestión pública. Además, anunció un nuevo plan de empleo que incluye el pago de las facturas en un máximo de 25 días a empresas de menos de 10 trabajadores y dos millones de facturación.

Por otro lado, el conseller de Hacienda y Administración Pública de la Generalitat Valenciana, José Manuel Vela, anunció ayer a los sindicatos que suprimirá 704 puestos de trabajo y 165 liberados sindicales institucionales, medidas con las que se ahorrarán 31 millones de euros anuales. La mayoría de sindicatos ha aceptado la supresión de liberados institucionales, si bien ha lamentado la eliminación de puestos de trabajo

D. V. / Mérida
Corresponsal

07/09/2011

160.000 euros al director de la Orquesta de Extremadura

El anterior Gobierno de la Junta de Extremadura, presidido por Guillermo Fernández Vara (PSOE), pagó 160.016 euros el año pasado al director de la Fundación Orquesta de Extremadura, Jesús Amigo. Esta cantidad es proporcionalmente aún mayor en los seis primeros meses de 2011, en los que lleva ya cobrados 115.000 euros. Desde 2008, recibió por sus servicios 160.500, 156.648 y 160.016 euros anuales.

El contrato incluye un doble cobro salarial, tanto como director «titular» como también «artístico». En este segundo apartado se contabilizan el pago de 7.000 euros extra por cada programa musical efectuado, más el abono de los viajes en avión a Extremadura, ya que reside todo el año en Madrid, según ha denunciado el actual presidente de la Junta, José Antonio Monago

Toledo

07/09/2011

Más apoyos del PSOE al alcalde de Toledo

Desde el partido en Castilla-La Mancha insisten en que puede ser diputado

El PSOE de Castilla-La Mancha (PSCM) sigue insistiendo en que quiere que el alcalde de Toledo, Emiliano García-Page, sea el cabeza de lista por esta provincia de cara a las próximas elecciones generales del 20-N, y está convencido de que serán capaces de «conciliar» el hecho de que haya regidores que puedan concurrir en las listas en estos comicios con la propuesta del candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, de introducir una norma que haga incompatibles el cargo de primer edil con el de diputado.

«No me cabe ninguna duda de que los intereses y deseos de los compañeros de Toledo son conciliables con los deseos de Rubalcaba», dijo José Manuel Caballero, secretario de Organización del PSOE castellano-manchego.

Caballero dijo que ser alcalde y diputado es algo que se lleva haciendo «desde hace tiempo, con algunas excepciones» y, por tanto, defendió que «ambas cosas son posibles».

Dejó claro que los estatutos del PSOE en España y en Castilla-La Mancha «no establecen expresamente que haya incompatibilidad», aunque sí aconsejan «que no se acumulen cargos y que exista la mayor dedicación posible a cada una de las responsabilidades», por lo que se mostró «convencido» de que van a ser «capaces perfectamente de conciliar ambos aspectos». En el PSOE también lo ven factible

MANUEL SÁNCHEZ / Madrid

07/09/2011

Rubalcaba anuncia un programa creíble y financiable

El candidato socialista critica el «ilusionismo programático» de los 'populares' de bajar impuestos y mantener gastos

Alfredo Pérez Rubalcaba se presentó ayer ante la Ejecutiva Federal del PSOE -a la que no acudió ya José Luis Rodríguez Zapatero- y, posteriormente, ante los grupos parlamentarios de Congreso y Senado para esbozar las líneas generales de lo que será su programa electoral de cara a las elecciones generales.

El candidato socialista no hizo ningún anuncio novedoso y siguió instalado en su discurso de viejo profesor, muy didáctico y explicativo, pero sin novedades ni concreciones importantes.

Así, se limitó a explicar que ya tiene el borrador del programa que va a presentar a la Conferencia Política del PSOE -aunque no se lo dio ni a los miembros de la dirección socialista- y que su propósito es presentar una oferta programática a los ciudadanos, «un programa creíble y financiable, en el que digamos cómo vamos a financiar las grandes propuestas, expliquemos qué queremos hacer y cómo vamos a pagarlo, y a quién queremos beneficiar y quién tiene que hacer un esfuerzo».

El candidato explicó que habrá cuatro grandes ponencias: empleo, economía sostenible, políticas sociales y reforma democrática. También se centrará en la Sanidad -«que es la joya de la corona de nuestro Estado de Bienestar», dijo- y en la energía.

No obstante, no hizo avances sobre contenidos concretos. En empleo anunció cuatro planes de actuaciones: desarrollar la reforma laboral, un plan de empleo para jóvenes, programas de apoyo a 11 sectores económicos y planes para emprendedores y empresas. Estas medidas, como ya se anunció, serán financiadas con un nuevo Impuesto del Patrimonio a las grandes fortunas y un nuevo impuesto para la banca.

En este sentido, Rubalcaba indicó que el PSOE no quiere caer en el «ilusionismo programático» que, en su opinión, es lo que practica el PP al asegurar que bajará impuestos y mantendrá los gastos. En Sanidad, dijo sólo que se buscará una fórmula de financiación estable, que destierre el copago y las semi-privatizaciones. Y, luego, se limitó a explicar generalidades sobre el resto de ponencias. Eso sí, dio un mensaje a Mariano Rajoy sobre su política hacia los poderosos: «Le pido que no se equivoque, quien necesita protección no son los más ricos, sino los que menos tienen»

ENSEÑANZA: Madrid fija los complementos retributivos del profesorado

E. M.

07/09/2011

Complemento para tutores de Secundaria

Los profesores de Secundaria ya saben -o deberían saber- cuánto dinero más van a cobrar durante este curso por el ejercicio de sus responsabilidades. Los datos fueron recibidos ayer por los directores de los institutos, quienes deberán informar a los profesores afectados a qué cantidades ascienden los complementos por ser tutor, jefe de departamento o coordinador TIC de nuevas tecnologías.

Según ha podido saber EL MUNDO a través de un director de un instituto madrileño, las cantidades asignadas en estas partidas a los docentes son superiores sensiblemente a las que durante estos días se han manejado en círculos sindicales.

Concretamente, un tutor percibirá, mensualmente y por 12 pagas, 75 euros mensuales brutos adicionales en su nómina. Por su parte, los complementos por su dedicación a los jefes de departamento les supondrá incorporar a su nómina entre 64,18 y 150 euros mensuales brutos, por 14 pagas, en función del equipo que gestionen.

Así, los jefes de departamento que tengan a su cargo hasta dos miembros, percibirán 64,18 euros brutos; los de 3 a 6 miembros, 80 euros; los jefes de departamento de 7 a 10 miembros, 115 euros brutos mensuales por 14 pagas; y los jefes de departamento de más de 10 miembros, 150 euros.

Por último, los coordinadores TIC de nuevas tecnologías percibirán, hasta 26 unidades lectivas, 107 euros mensuales brutos; de 26 a 45 unidades, 140 euros mensuales brutos; y de 45 en adelante, 220 euros mensuales.

La consejera de Educación, Lucía Figar, anunció un incremento de las horas lectivas de los profesores de Secundaria, que pasarán de 18 a 20 durante este curso.

Paralelamente, Figar se comprometió a compensar económicamente los esfuerzos docentes de aquellos profesores que ejercen responsabilidades concretas dentro de los institutos madrileños.

El secretario general de FETE-UGT Madrid, Eduardo Sabina, señaló a Europa Press que los complementos retributivos fijados por la Comunidad de Madrid para Secundaria en el próximo curso escolar son un «intento de partir la huelga» del sector educativo.

«Lo que hay que hablar es de las plantillas, no de los complementos. Hablar de la retribución no tiene sentido porque se está produciendo un ERE en el sistema educativo. Nosotros queremos hablar de la calidad en los centros», apuntó.

El profesorado de Secundaria celebrará una asamblea el próximo día 8 en la que decidirá si habrá huelga el 14 de septiembre, fecha en la que da inicio el curso escolar.

Por su parte, profesores, padres y alumnos de la región protestarán hoy miércoles a partir de las 18.00 horas contra los recortes en la educación pública madrileña previstos por el Gobierno regional para este curso con una concentración sonora que tendrá lugar frente a la sede de la Consejería de Educación y Empleo.

La convocatoria es una de las medidas dentro de la «amplia batería» de iniciativas que los sindicatos de la enseñanza madrileña han previsto de cara al inicio de curso, tras elaborar un calendario que tiene en el horizonte la realización de una huelga general en el sector educativo.

Tal y como anunciaron CCOO, ANPE, CSI-F, FETE-UGT y STEM, la huelga está convocada para el próximo día 14, a expensas de que esta medida se ratifique en una asamblea este jueves entre los representantes de los distintos centros educativos.

Por su parte, el vicepresidente regional, Ignacio González, subrayó ayer que «nada justifica» una huelga «política, irracional y absurda» contra la ampliación de la jornada lectiva en la ESO, pues ni va a cambiar la organización de las clases, ni va a aumentar la ratio de alumnos ni se va a «cesar a nadie».

González insistió en que la Comunidad se limita a aplicar la ley cuando amplía de 18 a 20 horas la jornada lectiva de los profesores de ESO, en un momento en que la situación económica es «complicada» y garantizando siempre la calidad de la enseñanza. Además agregó que esta medida, «no afectará para nada a las condiciones de los profesores ni, por supuesto, a su retribución ni a su jornada laboral», sino que, por el contrario, beneficiará a la calidad de la enseñanza

E. M.

07/09/2011

El PP denuncia una campaña «irresponsable» del PSM

El portavoz del grupo parlamentario popular, Íñigo Henríquez de Luna, señaló ayer en la Asamblea de Madrid que el PSM ha iniciado una «irresponsable» campaña contra la imagen de la calidad educativa de la Comunidad de Madrid.

Henríquez de Luna dijo que es una «absoluta irresponsabilidad» que el Grupo Parlamentario Socialista apoye el paro que han anunciado los sindicatos de profesores para el día 14 de septiembre.

El portavoz ha indicado que la Comunidad está siendo «un ejemplo en lo que es tomar medidas de austeridad para garantizar la viabilidad de los servicios públicos como es la Educación». «Con ese ahorro de 80 millones de euros que, con el incremento de dos horas lectivas, se va a permitir que programas como el bilingüismo o las becas de comedor se puedan mantener», añadió.

El secretario general de los socialistas madrileños y portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Tomás Gómez, acusó al Gobierno regional de «pagar con el dinero de la educación» de los hijos de los madrileños, por ejemplo, «la propaganda del PP y el autobombo de las campañas publicitarias» de la gestión del Ejecutivo autonómico. «Si quiere ahorrar (en alusión al Gobierno de Aguirre), que lo haga de cosas no esenciales como los gastos de propaganda», dijo el Gómez que anunció la presentación de una iniciativa parlamentaria para «eliminar los regalos fiscales a las familias que tienen hijos en la escuela privada no concertada».

E. M.

07/09/2011

Botella no quiere ser alcaldesa

La teniente de alcalde y delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento, Ana Botella, no aspira a ser la alcaldesa de Madrid. Así lo indicó ayer la esposa de Aznar a los periodistas cuando le preguntaron si le gustaría ocupar el cargo de Alberto Ruiz-Gallardón ante una hipotética marcha del actual alcalde de la capital al equipo de Rajoy si el Partido Popular gana las próximas elecciones generales del 20 de noviembre.

Botella con tono serio y sin titubeos señaló que no se le ha pasado por la cabeza ocupar el puesto de primer edil de Madrid, ya que está más preocupada por la situación general del país. «Con los problemas que tiene este país, francamente yo en los temas personales ahora pienso poco, y esas cosas son siempre futuribles. Yo creo que éste es un momento en el que hay que pensar en la situación general del país, que es muy complicada y todos tendremos que arrimar el hombro de una u otra forma», indicó la teniente de alcalde y número dos del Ayuntamiento de Madrid.

Elecciones generales

A pocos más de dos meses de las elecciones generales, estos días ha vuelto a tomar cuerpo los rumores sobre una posible salida del primer edil madrileño, Alberto Ruiz-Gallardón, a un hipotético gobierno del popular Mariano Rajoy, lo que dejaría a Botella -segunda en la jerarquía municipal- como nueva regidora de la capital.

Sin embargo, la responsable de Medio Ambiente y Movilidad ha insistido en que «ahora la preocupación es por la situación que atraviesa el país y la sociedad, por la situación de incertidumbre y por un periodo preelectoral muy largo».

«Creo sinceramente que hay que pensar que todos tenemos que arrimar el hombro y que, probablemente, tendremos que cambiar muchas cosas. Tenemos posibilidades, este país puede salir adelante, sin duda, y va a salir, pero será a base del esfuerzo de todos», ha zanjado la edil. «No me lo he planteado, bastantes problemas hay ya en este país ahora mismo como para plantearnos cuestiones personales», señaló la delegada de Medio Ambiente durante una visita a las zonas de parques infantiles del distrito madrileño de Tetuán.

Tras Ana Botella y siguiendo la línea sucesoria en la Alcaldía el siguiente con opciones de ser regidor sería Juan Bravo, concejal delegado de Hacienda

QUICO ALSEDO

07/09/2011

«Quieren vender Griñón por un puñado de tierra»

El PP denuncia «intereses personales» en la moción de censura
Sus opositores, que se harán con el poder, les acusan de «despilfarro»

Comenzó el baile. Griñón será mañana, muy probablemente, la primera población de Madrid que cambie de equipo municipal de Gobierno después de las pasadas elecciones. Para el PP, que pierde el poder después de sólo dos meses, se trata de «una traición a los griñonenses» y «una burla a la democracia». Para la alcaldesa in péctore, de una muestra de «normalidad democrática, dado que entre todos tenemos más votos que ellos». Para los que se van, los otros «quieren vender el pueblo a sus amigos por un puñado de tierra, y favorecerse ellos mismos». Para los que llegan, «las arcas municipales están fuera de control, con un agujero de 16 millones».

Al fondo, la acusación más grave: el PP dice que uno de los conjurados, el ex alcalde Manuel Ajenjo, habría forzado la jugada «porque no quiere que por la llegada del Cercanías a Griñón le expropien 3.000 metros cuadrados que quieren que le recalifiquen para hacer viviendas». Según los populares, el nuevo cuatripartito lleva años «intentando hacer un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, y nosotros sólo hemos empujado lo que el pueblo necesita, varios planes parciales aprobados ya en 1994».

El cambio de régimen se escenificó ayer, con la estruendosa visita de Francisco Granados, secretario general del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, para tratar la situación con sus correligionarios y con los opositores. Granados llegó a la localidad a las 10.00 horas de la mañana y ofreció poco después una incandescente rueda de prensa en la que acusó a sus adversarios políticos de «echar» del Ayuntamiento al aún alcalde del PP, José Ramón Navarro, con «maniobras espurias» que buscan «repartirse un botín» que beneficie a «intereses personales y familiares, muchas veces de los propios concejales».

En su nueva faceta de ariete del aparato del PP de Madrid, Granados no dejó títere con cabeza: «Se han unido para estafar a los ciudadanos de Griñón», dijo de los cuatro partidos que se han coaligado para desalojar a los populares del Consistorio.

«En realidad, sumamos más votos que ellos, ponlo ahí», contestaba poco después la alcaldesa in pectore, María Antonia Díaz, de Ciudadanos Independientes por Griñón. Esta formación obtuvo dos concejales en las pasadas elecciones. A la nueva coalición gobernante se le sumarán Conservadores por Griñón (que también consiguió dos ediles y es la formación del ex alcalde Ajenjo) y el Partido de Participación Ciudadana de Griñón (un concejal).

Con los dos asientos del PSOE, que se suma a la operación, la nueva mayoría supera en un escaño a los populares. «Y tenemos más votos. Sólo los independientes logramos 2.080 papeletas por 1.821 del PP, y el PSOE tuvo 659. Así que no tienen motivos para quejarse», señaló Díaz.

La razón por la que los partidos que ahora se levantan para echar a Navarro del Gobierno local no se opusieron durante la toma de posesión, hace escasamente tres meses, es que «en estos meses ha demostrado que su política va a ser la misma, la del despilfarro, la de no recortar gastos... Como la aritmética municipal era otra, ha tenido que enseñarnos papeles, y así nos hemos enterado de cosas. Por ejemplo, de que durante su mandato, entre 2004 y 2008, la deuda ha pasado de 317.000 euros a más de seis millones. Por ejemplo, también, que por la mala gestión del Ayuntamiento se han dejado de cobrar en Impuesto de Actividades Económicas medio millón de euros. O que se han dejado prescribir 1.400.000 euros en prescripciones por dejación de funciones... Además, en las cuentas de 2009 se han contabilizado como incobrables 2.799.000 euros...».

«Todo eso es mentira, tienen intereses personales y lo saben», contraatacó Granados. «Unos quieren que se perjudiquen negocios de otros, otros quieren esto o aquello...». Antes, Granados había comentado a los futuros gobernantes de Griñón «que nos estarán vigilando muy de cerca, que vigilará todos nuestros movimientos», dijo Díaz. «Y nosotros encantados de que nos observen, siempre que sea en bien del pueblo».

Granados y el todavía alcalde aseguraron que «el PP es en realidad el partido de la austeridad, de los recortes, de gastar únicamente lo que uno tiene y nada más».

«Se trata de torcer la voluntad de los ciudadanos, de traicionar al pueblo. Las razones son inconsistentes. No nos hemos plegado a la voluntad de estos señores y esta es su respuesta. De hecho», abundó el secretario general de los populares madrileños, «la mayor parte de estos partidos independientes son de orientación ideológica cercana al PP, pero ahora se coaligan con el PSOE para conseguir el poder a cualquier precio».

«Quiero saber si Tomás Gómez [líder de los socialistas madrileños] entiende democracia por esto: estafar a los ciudadanos, engañarlos», explicó Francisco Granados ayer en el Ayuntamiento de Griñón

MUERE POR INANICIÓN LA PRIMERA VÍCTIMA DE LA JUNTA SOCIALISTA DE ANDALUCÍA Y SU LEY DE EUTANASIA

JOSÉ CARLOS AGUADO / Huelva

07/09/2011

Fallece la anciana de Andalucía a la que se le retiró la sonda

La Junta ordenó que se dejara de alimentarla en aplicación de la ley de muerte digna

Ramona Estévez, una paciente de 91 años a la que se le retiró la sonda nasogástrica el pasado 23 de agosto en aplicación de la ley andaluza de muerte digna, falleció ayer en el hospital de Huelva donde permanecía ingresada y en coma desde el pasado 26 de julio por un infarto cerebral.

La muerte se produce 14 días después de que la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ordenase al equipo sanitario que atendía a la anciana que retirara la sonda que la alimentaba a petición de la familia.

Los familiares de la mujer llegaron a presentar una queja ante la propia administración sanitaria reclamando la aplicación de la norma andaluza, ante el «chantaje» de un médico: «Nos obligó a sondar a mi madre para mantenerla con vida en contra de su voluntad», denunció José Ramón Páez, hijo de la fallecida. Páez reconoció ayer sentirse aliviado porque su madre «ya está descansando», e insistió en que lo único que se ha hecho es cumplir la voluntad expresada por la mujer, «no por escrito, pero sí verbalmente y ante varios testigos».

El caso de esta paciente andaluza ha reavivado la polémica en torno a la ley de muerte digna y su aplicación desde que fuera aprobada por el Parlamento autonómico en 2010.

La Asociación Derecho a Vivir (DAV) ha llegado a interponer dos denuncias en los juzgados onubenses contra la consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, reclamando el restablecimiento de la sonda nasogástrica y acusándola de un delito de inducción al suicidio y omisión del deber de socorro, al entender que se trata de un caso de «eutanasia activa, directa y encaminada conscientemente a causar la muerte de la paciente por inanición». Ambas denuncias fueron desestimadas.

No obstante, DAV informó ayer a través de un comunicado de que sus servicios jurídicos «no dan por perdida la batalla legal» y, tras lamentar la muerte de Ramona Estévez, manifestó su más «firme condena», ya que «ahora cualquier enfermo puede ser tratado con la misma crueldad». «Este caso debe servir para que la población tenga muy en cuenta que, a partir de ahora, cualquier enfermo que entre inconsciente en la urgencia de un hospital puede enfrentarse a que un tercero decida si su vida merece la pena ser vivida», denunció la portavoz de DAV, Gádor Joy.

La coordinadora de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), Isabel Torres, acusó a los grupos provida de «provocar un largo sufrimiento» a la familia con presiones mediáticas y medidas judiciales. Torres espera que este caso «sirva de precedente» y que se aplique una ley «que está bien clara».

ETA GOBIERNA por la acción criminal del PSOE: El PNV a Bildu: sin paz no hay pactos

MIKEL SEGOVIA / Bilbao

07/09/2011

El PNV a Bildu: sin paz no hay pactos

Egibar cree que la invitación a formar una gran coalición sólo busca dar una «percha política» a ETA para su disolución / Goirizelaia expresa su decepción por la negativa

Sin paz no habrá acuerdos. Con ETA activa, tampoco. La línea roja la fijó ayer el PNV. Antes de poder plantear una gran coalición entre nacionalistas, la izquierda abertzale deberá dar pasos definitivos para apuntalar la paz. Hasta entonces, los nacionalistas prefieren desmarcarse.

El mensaje se lo lanzó ayer la plana mayor del PNV a la delegación de Bildu que acudió a Sabin Etxea, la sede central del partido, para instar a la formación de Iñigo Urkullu a acudir conjuntamente «como pueblo» a las elecciones generales.

Los peneuvistas recordaron a la coalición radical que no es tiempo de hablar de grandes alianzas soberanistas, sino de cumplir su palabra y avanzar en el logro de otras prioridades urgentes para el País Vasco, como es «asentar definitivamente la paz», contribuir a la desaparición de ETA y eliminar de una vez por todas «esas expresiones y actitudes de violencia que tiempo atrás han dado cobertura a la existencia de la violencia». En el otro lado de la mesa, Bildu cuestionó el sentimiento abertzale de la formación de Urkullu. «Ha sido una grandísima decepción», dijo Jone Goirizelaia, «algo que no entenderá la sociedad de Euskal Herria».

La negativa del PNV a formar parte de la coalición soberanista era conocida antes de que se celebrara el encuentro. Ambas partes quisieron dar gran relevancia a la reunión. Urkullu, se sumó a última hora a los presidentes de las cuatro ejecutivas territoriales del PNV, al comprobar el peso de la delegación de Bildu, integrada por los máximos dirigentes de EA (Pello Urizar), Alternatiba (Oskar Matute) y la izquierda abertzale (Jone Goirizelaia y Rufi Etxebarria).

Fueron casi dos horas cara a cara en las que el PNV cuestionó a Bildu la sinceridad e intenciones de su propuesta electoral. La formación nacionalista insinuó que había intereses ocultos detrás de la propuesta para cubrir «carencias» que la izquierda abertzale acumulaba en su proceso de desmarque de la violencia. El presidente del PNV en Guipúzcoa, Joseba Egibar, alertó de la posibilidad de que, con la invitación a sumarse a la gran coalición, la izquierda abertzale busca realmente una «percha política» en forma de gran alianza del mundo soberanista que brinde a ETA una plataforma desde la que anunciar su disolución.

Goirizelaia incidió en la «grandísima decepción» con la que salió de la reunión, pese a conocer su resultado de antemano. Aseguró que el PNV ha despreciado el «momento histórico» actual

EL PSOE SUME A ESPAÑA EN UNA QUIEBRA INSUPERABLE: Zapatero prepara 'in extremis' más medidas contra el déficit/ Sebastián dice a FG que le deje en paz

I. U. TOPPER / C. SEGOVIA
Ankara / Madrid

07/09/2011

Zapatero prepara 'in extremis' más medidas contra el déficit

«Las anunciaré donde tenga que anunciarlas», dice en Turquía

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dio ayer muestras de que se va a ver obligado a tomar medidas in extremis en la recta final de su mandato para intentar aplacar a los mercados. Así lo sugirió en una rueda de prensa en Ankara mientras animaba a la vicepresidenta primera, Elena Salgado, a intervenir en directo en el Telediario de La 1, en una aparición inusual, para intentar calmar ánimos.

«España, por supuesto, que se va financiar por sí misma; tiene fortaleza, sabe y va a soportar las tensiones», afirmó con gesto rotundo el presidente en una rueda de prensa conjunta con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan. «Hemos hecho muchas cosas desde 2009 y vamos a soportar estas tensiones. Tenemos fortalezas. Hemos planificado estos escenarios», remachó.

¿Hay nuevas medidas en previsión? «Me permitirán que si las hay, que no las anuncie desde Ankara, sino que el Gobierno español lo haga, como es natural, desde España, y lo explique adecuadamente», respondió Zapatero. «Las anunciaré donde tenga que anunciarlas», esquivó.

El Gobierno fue ayer un nuevo guirigay sobre si habrá o no medidas. El presidente no las descartó, mientras que Salgado dio a entender que no son necesarias, al menos en la Administración General del Estado, y que, al contrario, donde «está puesta la atención es en las comunidades autónomas gobernadas en su mayoría por el PP.

El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, no descartó que el Consejo de Ministros del próximo día 16 se aborde la recuperación del Impuesto de Patrimonio, suprimido al principio de la legislatura.

El presidente del Gobierno justificó su disposición a actuar, porque, en su opinión, el aumento del coste de la financiación de España que implica la marejada en los mercados es una amenaza para «la recuperación, todavía débil». Insistió en que no ve solución a corto plazo en los mercados y pronosticó «tensiones financieras serias» este mes y el próximo, prácticamente por tanto hasta las elecciones generales del 20 de noviembre.

Salgado fue más positiva y aseguró en TVE: «La recuperación está en marcha y, por supuesto, tendremos crecimiento positivo». Su declaración contrasta con el último boletín de coyuntura del propio Ministerio admite que este verano está cayendo el índice sintético de actividad -indicador adelantado de la evolución económica- por primera vez desde 2009.

La vicepresidenta evidenció el deterioro de la situación al intervenir en directo tanto en Radio Nacional como en la cadena pública audiovisual con apenas horas de diferencia. La ministra aseguró que los fundamentos de la economía española justificarían una prima de riesgo de 150 puntos básicos con respecto al bono alemán y no en los 335 en que se movía ayer.

Tanto Zapatero como Salgado y el portavoz del Gobierno, José Blanco, resaltaron que el problema es internacional más que nacional.

Al referirse a la crisis en la zona euro, Zapatero opinó que «la dimensión de la crisis exige una respuesta global, que debe coordinarse entre Estados Unidos, Unión Europea y los países emergentes». «Deseo que la Unión Europea tome la iniciativa y que lo haga cuanto antes», concluyó. Salgado resaltó por su parte la importancia de que la UE «cumpla cuanto antes sus compromisos», en clara alusión a que la canciller alemana, Angela Merkel, agilice la reforma del fondo europeo de rescate y el segundo paquete de ayuda a Grecia. Blanco criticó en Telecinco la actuación de los Ejecutivos de Italia y Grecia por estar dilatando medidas de ajuste y reforma que son urgentes para aliviar la tensión sobre la Eurozona.

La sensibilidad es tal que el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Ignacio Fernández Toxo, se vio obligado a rectificar ayer su revelación de la víspera. Toxo había desvelado que Zapatero le confesó el 16 de agosto que España se encontraba «al borde del rescate». Sus palabras fueron reproducidas por, entre otros, Financial Times y la ministra negó que el presidente hubiera hecho ese comentario, aunque ella no estuvo presente en la reunión.

Finalmente, el líder de CCOO declaró ayer a Onda Cero que se había tratado de «un comentario desafortunado» por su parte. «Fue un desafortunado intento de resumir la explicación de una reunión convocada de urgencia en una muy delicada situación (...) Pretendía resumirlo y me equivoqué en el uso de palabras», rectificó el sindicalista.

Por su parte, el coordinador económico del PP, Cristóbal Montoro, dio a entender en Radio Nacional que si su partido llega al Gobierno podría emprender una reforma del Impuesto de Sociedades para que las empresas con beneficios aporten más a la recaudación del Estado. «Cuando las empresas se capitalicen pueden pagar una prima fiscal», declaró sin dar más detalles. Se mostró contrario a restablecer el Impuesto de Patrimonio como reiteró ayer el candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. «Veremos sobre quién recae porque va a ser difícil que no recaiga sobre las clases medias, y eso sería negativo para la recuperación de la confianza en nuestro país», dijo el ex ministro de Hacienda del PP

P. R. SUANZES / C. SEGOVIA Santander / Madrid

07/09/2011

Sebastián dice a González que le 'deje en paz' con Repsol por tener intereses

El ministro de Industria, Miguel Sebastián, estalló ayer contra el ex presidente del Gobierno Felipe González y el de Repsol YPF, Antonio Brufau, por pedirle que frene la alianza entre la constructora Sacyr y la mexicana Pemex para tomar el control de la petrolera. El ministro se plantó y subrayó los intereses personales del ex líder del PSOE.

Sebastián utilizó un tono equidistante al exigir tanto a Repsol como a Sacyr que «utilicen sus propias herramientas para defenderse o atacarse», pero que «dejen en paz al Gobierno, que bastantes problemas tiene ya». Pero según las fuentes autorizadas consultadas por EL MUNDO, el mensaje de Sebastián tenía a González y a Brufau como claros destinatarios al considerar que ambos están intentando politizar la operación en su favor. El ex presidente del Gobierno calificó el pasado domingo de «broma» el argumento de Sebastián sobre que Sacyr y Pemex no cuestionan la españolidad de Repsol YPF.

El ministro llegó a replicar ayer en público que González «no es neutral» al ser consejero de Gas Natural -de la que Repsol es accionista relevante- mientras que el Gobierno sí lo es.

Tras intervenir en el 25 Encuentro de las Telecomunicaciones, en Santander, el ministro de Industria aseguró que «el margen de actuación del Gobierno para evitar operaciones empresariales es prácticamente nulo». Y que puesto que «consideran que la de Repsol es «una operación estrictamente empresarial» y que la españolidad de la compañía está garantizada, no tienen nada más sobre lo que pronunciarse.

Un portavoz de Repsol YPF consultado por este diario anoche declinó responder. «No vamos a comentar las palabras del ministro». Pero según ha podido saber este diario, Brufau sostiene en sus contactos con distintos miembros del Gobierno que éste no puede quedar al margen -ni en paz- al ser Pemex una empresa estatal al 100% y formar parte de la relación bilateral entre España y México.

Brufau y González sostienen que Sacyr y Pemex ponen en peligro que Repsol YPF continúe siendo una compañía española independiente. «Cuando hablamos de españolidad nos referimos a dos cosas. Que el primer accionista sea español. Algo que se cumple. Y que la suma de la participación de las empresas españolas en el accionario sea mayor que la suma de la participación de las empresas extranjeras. Y esta condición también se cumple. Y en ese sentido creemos que se garantiza la españolidad», replicó Sebastián.

De esta forma, el presidente de Repsol pierde definitivamente al ministro de Industria y tendrá que buscar nuevos aliados para frenar el avance de Pemex y Sacyr.

Sebastián recordó que «Pemex entró en Repsol cuando Felipe González era presidente del Gobierno». Y que «también siendo consejero de Gas Natural Felipe González, Sonatrach, la empresa argelina estatal, ha entrado con un 4% en el capital de Gas Natural y nadie ha puesto en duda la españolidad de Gas Natural, que también es una empresa estratégica.

Gas Natural Fenosa, cuyo accionista de referencia es Repsol, ha remitido un escrito a la Comisión Nacional de Energía por el que solicita personarse «como parte interesada» en caso de que el regulador energético estudie la operación de Sacyr y Pemex en Repsol.

Preguntado ayer por la posibilidad de que el presidente de Sacyr Vallermoso, Luis del Rivero, se haya lanzado en un ataque frontal contra Brufau contando con el respaldo de su amistad con él, Sebastián afirmó tajantenente: «Yo no tengo ningún amigo en el mundo empresarial, y así me ha ido. Ni lo he tenido ni lo voy a tener»

BIOGRAFIA DE MARIANO RAJOY BREY por Graciano Palomo

BIOGRAFIA DE MARIANO RAJOY BREY, por Graciano Palomo

FIRMAS: Federico Jiménez Losantos, PG Cuartango, Erasmo, S González, M Lagares, J Müller, R del Pozo

F. JIMÉNEZ LOSANTOS

07/09/2011

No tan intervenidos

EL PROBLEMA de la economía española no es que esté intervenida, sino que nadie la quiere intervenir. Es muy natural: cuando en mayo del año pasado El Reino de España estuvo 24 horas en suspensión de pagos, Zapatero anunció un cambio radical en su política económica, pero ni sabe ni quiere hacer otra cosa que gastar lo que no tiene, así que hemos vuelto a recaer 15 meses después en peores condiciones y en una situación internacional calamitosa. Hay quien fantasea todavía con la voracidad de Alemania, Francia e incluso los USA para apoderarse de nuestros ingentes bienes, privarnos de nuestra acrisolada soberanía y convertirnos en un gigantesco Gibraltar, en una colonia europea dentro de Europa, que eso es el Peñón. Pero hasta los países más poderosos han archivado cualquier idea de dominio mundial: bastante tienen con no quebrar. Lo peor de nuestra lepra económica es que nadie quiere hacerse responsable del lazareto, de esta Ninfa Pesetaria que, en cuanto se va el médico, se emperifolla, se pinta, vacía el cajero y se va de juerga hasta las tantas.

La UE es una forma de intervención compartida, de mutua dependencia, un propósito que en la economía se plasma en una moneda común, el euro, y en unas pautas de control del despilfarro que nunca se han respetado de verdad. No sólo por Grecia y otras merindades periféricas: la Alemania de Schroeder no fue capaz de hacer los deberes que el Bundesbank impuso a los demás. Pese a todo, nadie tiene interés en abandonar la UE; y los que finalmente abandonen el euro, lo harán a la fuerza. Pero lo peor de nuestra ruina es que tratamos de engañar al médico y de engañarnos a nosotros mismos. No hay sector más intervenido en los estados occidentales que el de la economía. Y en el área del euro hemos derrochado en el último año y medio ingentes recursos para mantener esa política, desde el rescate bancario hace un año hasta la compra a la desesperada de deuda italiana y española de hace un mes por parte del BCE. Seguramente una recesión internacional alejaría de nosotros, incluso haciéndolo bien, cualquier posibilidad de recuperación a corto plazo. Pero en esta hora de esfuerzo común topamos con un problema añadido: ¿quiénes somos nosotros? ¿Esos ciudadanos en Cataluña a los que se esquilma a impuestos pero se les prohíbe escolarizar a sus hijos en español? Es muy difícil arreglar el bolsillo cuando se ha perdido la cabeza.

OORBYT.es

>Vea de martes a sábado el videoblog de Carlos Cuesta La escopeta nacional. Sólo en EL MUNDO en Orbyt, hoy: Bienvenidos a la crisis de verdad

pedro g. CUARTANGO

07/09/2011

Lo que falta es ejemplaridad

LEÍA ayer en los periódicos que la CAM estaba virtualmente en quiebra antes de su intervención, con unas pérdidas de más de 1.000 millones de euros en el primer semestre y una tasa de morosidad del 19%.

Recuerdo que el ex presidente de la caja alicantina decía una semana antes de esa intervención que su entidad gozaba de absoluta solvencia y la ponía incluso como «modelo» para el sistema financiero español.

Las preguntas que me formulo son si este señor, muy amigo de Francisco Camps, habrá entrado ya en la cárcel y qué es lo que hace el Banco de España para que los tribunales puedan depurar la gestión de los responsables de la CAM, que no sólo fue desastrosa sino también probablemente delictiva, según las informaciones publicadas.

Lo que ha pasado en la CAM ha sucedido en otras muchas cajas, en empresas del sector público, en ayuntamientos y en comunidades autónomas, que se encuentran hoy en la quiebra por la mala gestión de sus responsables, sea por pura negligencia, por incompetencia o por afán de lucro.

No tengo noticia de que ni uno solo de estos banqueros y políticos hayan pagado la más mínima factura por el tremendo daño que han causado. No sólo eso, algunos gerentes de las cajas se han marchado a sus casas con indemnizaciones millonarias que superan los ingresos de un trabajador a lo largo de toda su vida laboral.

Se podría pensar que los daños que han provocado estos gestores irresponsables servirían de lección para evitar errores futuros. Pero no. Las cajas, por ejemplo, han vuelto a colocar a políticos y lobbistas en sus consejos con sueldos más elevados que los anteriores. He ahí el ejemplo de Bankia.

De forma análoga, nadie pide cuentas a los políticos que gastaron muy por encima de sus posibilidades y ocultaron el déficit, confiando en que la bomba de relojería no les estallaría a ellos sino a sus sucesores.

Ahora, la situación económica se ha deteriorado tanto que exige ajustes impensables antes de la crisis. Hay que congelar salarios y pensiones, hay que reducir el tamaño del sector público y, probablemente, recortar los gastos sociales, aunque Rajoy no lo quiera decir.

El problema es cómo lograr que la gente asuma ese ingente sacrificio cuando la minoría que ha causado el desastre no sólo no paga ningún precio sino que es recompensada por su incompetencia o su falta de escrúpulos morales.

No se puede pedir a una familia con ingresos de 1.500 euros al mes que se apriete más el cinturón cuando los gestores de la CAM se han llevado indemnizaciones millonarias por arruinar la entidad a la que servían o cuando los políticos dejan sus cargos sin asumir responsabilidad alguna.

Para llevar a cabo los sacrificios que nos esperan, lo primero que hay que hacer es castigar los desmanes cometidos en el pasado y buscar personas ejemplares para los cargos públicos. Si no se empieza por ahí, nadie se va a tragar la amarga medicina que nos han recetado los mercados.

ERASMO

07/09/2011

'Quiet man'

ESE hombre tranquilo (Rajoy), según Martín Prieto (nunca se entendió: el láser de su pupila de alcotán, acaso la más certera, ya no escruta desde estos torreones). Si John Ford es el más grande de todos los tiempos (T,Dulce), Shakespeare del cine (Garci), venerado por Spielberg (E.T. etc), sabrá Mariano: to be a quiet man se ha de ser capaz también de partirle el careto de vinagre a Victor McLaglen. Se echó en falta (allí perdió) aquella jornada de reflexión' 04: una banda de facinerosos rodeó Génova. John Wayne aún estudia llevar a los tribunales a McLaglen y

SANTIAGO GONZÁLEZ

07/09/2011

El pase catalán

La Vanguardia informaba ayer en portada sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que enmienda la inmersión lingüística en el sistema educativo catalán. «El Govern», decía en el subtítulo, «avisa que la inmersión lingüística es innegociable».

¿Y a quién avisa, si puede saberse? Es evidente que a los jueces, autores de una sentencia que ha venido a turbar la quietud en el oasis. Hace falta estar muy seguro de uno mismo, como el portavoz del Govern, Francesc Homs, para considerar que las sentencias judiciales son algo negociable, aunque no sea completamente suya la culpa. El presidente del Gobierno y el ministro de Justicia se lanzaron a aclarar a los nacionalistas catalanes que la sentencia del TC, que declaró inconstitucionales 15 artículos del Estatut e interpretó otros 27, era a su vez interpretable y negociable, no ya con el Constitucional, sino entre el Gobierno central y el autonómico. Visto así, el aviso del Govern puede considerarse moderado.

No está en cuestión que los alumnos catalanes adquieran una destreza en castellano igual o superior que en otros sistemas sin inmersión. El patricio romano que castraba a sus esclavos mediante un golpe seco de dos piedras respondía al vecino que le reprochaba emplear tan doloroso procedimiento: «Ya me cuido yo de no pillarme los dedos».

No son los dedos del patricio los que corrían el mayor peligro. La inmersión lingüística no es inconveniente para que todos los escolares catalanes aprendan castellano, pero sí establece discriminación. La condición de única lengua vehicular del catalán en la enseñanza sitúa a los alumnos menos diestros en posición de inferioridad para acceder a los contenidos, al menos hasta que alcancen una competencia lingüística pareja a la de sus compañeros.

El catalán es una lengua accesible y la desventaja dura pocos meses, pero en rigor la cuestión no es lingüística, sino legal. No es el afecto que la ministra de Defensa y su homólogo de Justicia sientan por la lengua catalana, sino el hecho de que no han reparado en que cumplir y hacer cumplir la ley es su primera obligación como gobernantes. A ellos les parece ser la voluntad del nacionalismo catalán de sostener la inmersión «caiga quien caiga», trazar «la línea roja» y no retroceder «ni un milímetro». Un pase foral vasco con crema catalana.

La consellera de Educación, Irene Rigau, se mostraba dispuesta a ser inhabilitada en su cargo y volver a ejercer de maestra antes que acatar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Puesto que están tan empecinados en la negociación de las sentencias en lo que sean negociables, he aquí una propuesta razonable. Argüirán los puristas que la vuelta de esta mujer a las aulas es un peligro cierto, extremo que no discutiré, pero estaremos ante un daño acotado. Siempre se podrá compensar posteriormente a sus alumnos con becas para que cursen un bachillerato de excelencia en el extranjero.

La enseñanza no debe preocuparnos: todos los alumnos españoles caminan, lenta, pero inexorablemente, hacia un analfabetismo funcional, pero bilingüe. Es la flor igualdad

Saneamiento, reformas y confianza

El autor analiza desde una perspectiva económica las causas y efectos de la modificación de la Carta Magna
Propone acometer por la vía reformista una profunda renovación del modelo productivo en España

no me cabe duda de que el mayor servicio que el actual Gobierno ha podido prestar a nuestra democracia desde el inicio de su mandato es la reforma del artículo 135 de la Constitución para implantar un límite al déficit público y consagrar constitucionalmente el principio de estabilidad presupuestaria para todas las administraciones. La propuesta que el economista James M. Buchanan formuló hace más de treinta años, cuando escribió Los límites de la libertad, se está materializando finalmente en Europa, siendo nuestro país uno de los primeros en incorporarla a su norma constitucional. Un gran éxito del que nos alegramos la mayoría de los economistas españoles y cuyo promotor sin duda ha sido el PP que, contra casi todas las demás fuerzas políticas, ha insistido en su necesidad. Pero no me cabe duda tampoco de que el impulso final de esta medida se sitúa más allá de nuestras fronteras, donde desde mayo del pasado año se diseñan e imponen algunas de las medidas que configuran hoy nuestra política económica, gracias a la demostrada incapacidad de nuestros gobernantes y para su sonrojo si tuviesen capacidad de sentirlo.

El principio de estabilidad presupuestaria resulta indispensable no para que, como frecuentemente se mantiene, los mercados nos otorguen el crédito necesario sino, lo que es mucho más importante y decisivo, para asegurar un crecimiento suficiente y estable de la producción que garantice el empleo de nuestra población activa. Vengo insistiendo desde hace mucho en que para crecer con rapidez, que es lo que hoy necesitamos para absorber nuestras descomunales cifras de paro, una condición importante es que el sector público mantenga una dimensión prudente medida por la relación de su gasto con el PIB pues, dentro de límites de prudencia en el gasto, la presión fiscal no será excesiva, no dificultará demasiado la actividad privada ni tampoco reducirá en exceso la eficiencia de la economía en su conjunto. En los más de 35 años que van desde el principio de la década de los setenta del siglo pasado hasta el principio de la crisis actual, esos límites parecían situarse entre un 35 y un 40% del PIB y en ese intervalo se situaban también los límites de una presión fiscal tolerable, compatible con crecimientos medios del PIB por encima del 3% en un importante conjunto de países avanzados. En ese periodo quienes no siguieron esa pauta vieron apreciablemente mermadas sus capacidades de crecimiento.

Sin duda, el déficit público sigue encandilando a muchos políticos, pues les permite saltar los límites prudentes del gasto sin penalizar a sus electores con mayores impuestos. Financiando el gasto público a déficit todo parece gratis. Tremendo error, porque el déficit ha de cubrirse a su vez con deuda o con la emisión de más dinero y ambas alternativas terminan pagándose de algún modo. En definitiva, para gastar hay que recaudar impuestos o emitir deuda, lo que además resultará injusto si con ella se financian gastos corrientes, pues estaremos pasando su carga -intereses y amortizaciones- a nuestros herederos, que tendrán que pagar más impuestos para soportarla. La otra alternativa, la de financiar el déficit con dinero nuevo, nos llevaría a más inflación, que no es más que otro impuesto aunque, sin duda, el más injusto de todos. Por tanto, antes o después los impuestos terminarán siempre financiando el déficit. No existe otro camino.

No existen, pues, gastos públicos gratis, aunque muchos políticos sigan jugando con la ilusión de que la deuda de las épocas de crisis se podría pagar con los superávits generados por los aumentos de recaudación tributaria de las posteriores épocas de bonanza. Tampoco esto es cierto casi nunca. En nuestra dilatada historia -y en opinión de los políticos con muy escasas y honrosas excepciones-, las épocas de bonanza nunca han llegado si de lo que se trataba en ellas era de gastar menos. Siempre han existido necesidades públicas perentorias y actuaciones prioritarias que obligaban a seguir gastando. Por eso la deuda pública ha ido creciendo casi siempre año tras año.

Algunos economistas han señalado recientemente que ese aumento continuado de la deuda pública puede poner en grave riesgo al crecimiento de la producción -y, consecuentemente, al empleo- y que eso ha ocurrido siempre que su cuantía se ha disparado por encima del 90% del PIB. Una barrera todavía aparentemente lejana para España, pero a la que podemos aproximarnos en muy poco tiempo si seguimos con un elevado déficit público o, como en Irlanda, si en un futuro tuviésemos que recurrir a algunos rescates bancarios, porque nuestra deuda pública ha pasado desde el 36 a más del 63% del PIB en tan solo cuatro ejercicios. Es explicable que los inversores extranjeros, a la vista además del desorden de la deuda autonómica registrada y por registrar, se resistan a comprar más deuda pública española, pues temen que seamos incapaces de pagarla a su vencimiento si antes no atajamos el déficit y logramos impulsar nuestra producción. De ahí lo que puede representar para el futuro el nuevo texto del artículo 135 de la Constitución, siempre que en ese futuro contemos con Gobiernos respetuosos con la letra y el espíritu de las normas constitucionales.

Lo de reducir el déficit -es decir, el saneamiento- ya está en marcha, aunque con sobrada parsimonia pues habrá que esperar hasta el 2020 para la completa eficacia de la nueva norma constitucional. El cómo hacerlo también está ya anunciado. Para unos, reincidiendo en el error de elevar los tipos y tarifas de los impuestos en épocas de crisis. Para otros, mediante la fórmula, ya experimentada con éxito entre 1996 y 2004, de una drástica reducción de los gastos, aunque sin comprometer los que sean esenciales para el bienestar social. Para ambos grupos, esperando la recuperación del crecimiento del PIB, porque esa recuperación supondría mayores ingresos fiscales.

pero no será posible recuperar el crecimiento del PIB ni aspirar a la mejora del empleo sin reformas sustanciales en el ámbito laboral, en la energía, en la libertad de los mercados, en la formación de la fuerza de trabajo, en la calidad de nuestro capital productivo, en las dotaciones de infraestructuras, en el cuadro impositivo y en tantos otros aspectos que determinan nuestra capacidad de producción. Se trata de alcanzar una economía mucho más eficiente que la actual, porque en estos años de crisis el mundo ha experimentado un cambio radical y seguirá sufriendo aún más cambios sustanciales en los venideros. Por eso, la economía española no será capaz de volver a una senda de alto crecimiento estable si no acomete esas profundas reformas que nos pongan en la pista de despegue del mundo del siglo XXI, dominado por la globalización de la economía, las nuevas tecnologías y la innovación a todo trapo, bien distinto a todos los mundos anteriores. La tarea será larga y difícil, pues serán muchas las fuerzas que se opongan al cambio, incluso alterando irracional y fuertemente la paz social. Pero el Gobierno habrá de emprenderla con decisión si no quiere que el país se quede fuera del pelotón de cabeza, donde habíamos logrado situarnos antes de la crisis.

La confianza en nosotros mismos, en que seremos capaces de superar todos esos tremendos retos, constituye la primera condición para recuperar la confianza de los mercados, que no se nos negará si somos capaces de ajustar el desequilibrio público en poco tiempo y de poner en marcha de inmediato las reformas que nos conduzcan a la modernidad. Nuestros políticos tendrán mucho que ver en ello, porque han de transmitir a una sociedad pacífica y deseosa de encontrar de nuevo la senda de su progreso, las señales que indiquen que formamos un país sin fracturas, con objetivos bien definidos y decisiones mejor meditadas y dispuesto a soportar los sacrificios necesarios para alcanzar nuestras metas. Algo de eso se ha atisbado en el debate del artículo 135, aunque lamentablemente no han faltado tampoco los regates en corto y los anuncios apocalípticos de quienes, sorprendentemente, parece que no desean ni la estabilidad presupuestaria en sus propios territorios ni el control del gasto y mucho menos la solidaridad necesaria para la cohesión del Estado. Aunque lo que quizá realmente teman sea el consenso de las fuerzas políticas mayoritarias que se ha atisbado en esta reforma.

Manuel Lagares es catedrático de Hacienda Pública y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO

JOHN MÜLLER

07/09/2011

El consejero desmemoriado

El estrépito con que caen las Bolsas no permite dedicarle mucha atención a la enésima batalla que libran Antonio Brufau, primer ejecutivo de Repsol, y Luis del Rivero, primer accionista de la compañía. Pero las escaramuzas no han parado desde que Sacyr anunció el 29 de agosto pasado un pacto de sindicación de sus acciones (20% de Repsol) con la petrolera estatal mexicana Pemex (que la semana pasada llegó al 9,8% del capital).

En Sacyr admiten que la operación puede haber molestado inicialmente a Brufau y a su equipo, al que cogieron con el pie cambiado cuando concluían sus vacaciones en Marbella, pero niegan que hayan dado pasos que puedan considerarse agresivos. De hecho, aparte de comunicar su pacto, Sacyr y Pemex no han hecho todavía nada desde el punto de vista societario.

Pero el que no se ha estado quieto es Brufau. Un somero repaso a la prensa económica de la última semana revela un amplio eco de historias críticas con el pacto que son el trasunto de las preocupaciones del presidente de Repsol. Muchas de ellas, además, son un remake de las que ya leímos cuando, a finales de 2009, se produjo la llamada «batalla del dividendo» entre ambos.

También los accionistas minoritarios y el sindicato UGT se han mostrado críticos con el acuerdo. Y en el Gobierno se han recibido llamadas de ambos bandos para predisponer al Ejecutivo a su favor. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, ha declado que quiere ser exquisitamente neutral y que sólo le preocupan las garantías de «españolidad» de Repsol. Estos movimientos no son extraños en una operación de este tipo. Lo raro sería que no ocurrieran.

Pero ningún reproche ha causado más irritación en el Ejecutivo que el que virtió Felipe González el domingo. El ex presidente dijo que la operación no le gustaba, que no entendía que el Gobierno se contentara con la garantía verbal de preservar la «españolidad» y criticó la inacción de la Comisión Nacional de la Energía. «No lo entiendo», finalizó. Y enseguida agregó con retranca: «La verdad es que lo entiendo muy bien y no me gusta».

González, que dijo no ser «un personaje de relevancia como accionista de Repsol o como ex presidente», señaló que hablaba «como ciudadano». Su afirmación no es cierta, puesto que González es consejero de Gas Natural, empresa controlada a medias por La Caixa y por Repsol. También es amigo y asesor personal del magnate mexicano Carlos Slim, socio de La Caixa.

La irrupción del ex presidente en el debate fue considerada como una escalada inaceptable por Sebastián que ayer no se ahorró conceptos a la hora de responder. Lo que no dijo expresamente el ministro es que la compra por la argelina Sonatrach del 4% de Gas Natural tampoco mereció un pronunciamiento de la CNE -como el que González reclama en Repsol-, pese a que la gasista sí actúa en un sector regulado. «Que utilicen sus herramientas para atacar al otro, pero al Gobierno que lo dejen en paz», sentenció un ministro cuyo sino parece ser que cada seis meses debe llamar a una nueva tregua en Repsol como ha venido haciendo desde aquella historia de la rusa Lukoil en 2008

RAÚL DEL POZO

07/09/2011

Fray Alfredo

EL RUIDO DE LA CALLE

El político debe temer tanto a los que lo machacan como a los que le adulan. Se dijo que Horacio y Virgilio socavaron la gloria de Augusto con sus elogios. Rubalcaba es un icono-síntesis de las hagiografías y los textos denigratorios. No pertenece a ninguno de esos dos géneros El monje del poder. En el libro se define al candidato como el ariete mediático de Zapatero, el que le susurraba como un monje, el estratega de la victoria del 11-M. «Alfredo, sal tú», dijo ZP, y él salió ante los focos, tras un atril blanco, leyendo un comunicado que se convertiría en la puntilla a la era Aznar.

La frase aún resuena: «Los ciudadanos españoles se merecen un gobierno que no mienta». Según el autor del libro, el enjuto madridista ganó las elecciones con un teléfono. «El rey del SMS -dice- dirige el Estado con dos troncomóviles», compartiendo el sistema de mensajes de humo con Zapatero, con quien permanece en contacto día y noche.

En Rubalcaba. El monje del poder, de Julio Somoano (La Esfera de los Libros), se describe a Rubalcaba como un fraile del poder. No sé si es acertada la analogía porque el protagonista no tiene nada de cartujo ni ha hecho votos de obediencia. Hubo un Alfredo, monje cisterciense, que llegó a obispo y después a santo, pero este fray Alfredo es en todo caso fray Escoba, para recoger en la carretera a los que se van a quedar sin techo el 20 de noviembre, después de la derrota.

Somoano ha realizado una autopsia en la que han participado decenas de ayudantes, amigos y contrarios. Saca lo que hay en el personaje de legal y de monstruo, siguiendo la pauta del primer gran biógrafo del poder, Suetonio, que al referirse en su semblanza a Calígula escribe: «Hasta aquí he narrado la vida como príncipe, ahora narraré lo que queda de ella como monstruo». Reconoce el autor que le despierta simpatía y temor. No sabe si es Fouché, Talleyrand o Maquiavelo, la X del caso Faisán, el Satán en la almohada del mal de los GAL o el negociador astuto, preciso calculador, comunicador nato, conciliador oscuro, intrigante pavoroso.

«El hombre que más secretos de Estado conoce, cuando empieza a mover la mano izquierda es que está mintiendo». Carmen Rigalt, uno de los testigos de la autopsia, dice que Rubalcaba disfruta de la política, se alimenta de ella. «Su sobriedad es proverbial: pocas florituras, poca comida, pocas corbatas, pocas chorradas. Ni iPad ni libreta azul. El hombre a pelo. Esencial, breve, directo, risueño. Disfruta con un plato de albóndigas».

«Troppo vero» (demasiado veraz), dijo el Papa Inocencio X al verse en el cuadro de Velázquez, considerado el mejor retrato de la Historia. Somoano no aspira a tanto en la biografía no autorizada. Se conforma con ser objetivo