EDITORIALES: El peligro de un ministro que juega a ser un agitador contra el sistema

Rubalcaba arremete contra la banca y tolera que se impidan desahucios

07/07/2011

El peligro de un ministro que juega a ser un agitador contra el sistema

RUBALCABA arremetió ayer de nuevo con dureza contra la banca, que, según sus palabras, tiene «la responsabilidad» de haber concedido créditos a las familias «en condiciones extremas» y a sabiendas de que no los iban a poder devolver. El vicepresidente y ministro de Interior había criticado a los bancos en similares términos la semana pasada. Casi al mismo tiempo que echaba leña al fuego con estas oportunistas declaraciones, centenares de personas se concentraban en Madrid para impedir el desahucio de una familia en paro. Un portavoz del juzgado explicó que la acción no se había llevado a cabo «para evitar problemas de orden público». El hecho es que las Fuerzas de Seguridad que están bajo el mando del ministro no intervinieron y permitieron una vez más que un mandamiento judicial no pudiera ser ejecutado. Anteayer, la Policía Nacional desistió de pedir la documentación a un inmigrante al ser rodeada por un centenar de manifestantes en Lavapiés. Todo indica que el ministro del Interior ha perdido el control de la calle desde que asegurara hace varios meses que «la Policía no está para crear problemas». Su filosofía antisistema de permitir motines populares contra los desahucios, asumible por cualquier agitador, contribuye a alentar a ciudadanos descontentos a apoderarse de la calle y burlar la ley. Pero resulta incongruente y muy peligroso que el jefe de las Fuerzas de Seguridad se suba a esta ola de demagogia que puede tener consecuencias incontrolables.

Caos televisivo, otro fracaso de este Gobierno

LA DIMISIÓN presentada ayer por Alberto Oliart «con efecto inmediato e irrevocable» deja a RTVE sumida en una gravísima crisis de difícil solución. Apenas un año y medio después de su designación como presidente de la corporación, gracias a un acuerdo alcanzado directamente entre Zapatero y Rajoy, Oliart abandona el transatlántico público dejándolo a la deriva. Primero, porque la situación política -a tan solo unos meses de las elecciones generales- hace complicado que PSOE y PP alcancen un nuevo acuerdo, imprescindible para designar al sustituto. Y, segundo, porque a pesar de los ingentes fondos públicos empleados en su día para sanear el ente, acabar con su monumental deuda histórica y poner el contador a cero -no sin antes aprobar un escandaloso ERE que prejubiló a más de 4.000 trabajadores, muchos de ellos con poco más de 50 años-, hoy RTVE vuelve a ser una empresa deficitaria. El ejercicio de 2010 se cerró con pérdidas de más de 47 millones de euros y la corporación prevé acabar 2011 con otros 50 millones en rojo.

La marcha de Oliart se debe, entre otras razones, a su hartazgo por la politización partidista que sigue dominando el Consejo de Admistración de RTVE, por más que repita que su decisión sólo obedece a motivos personales y de salud -tiene 83 años-. Pero su dimisión tan repentina es consecuencia del escándalo en el que se ha visto envuelto. Porque es poco estético que TVE haya contratado a una empresa en la que un hijo suyo es administrador único para dar servicios técnicos al programa La mañana de La 1. Y después de que Oliart fichara a su sobrina como directora de contenidos hace un año. En todo caso, le honra el gesto de zanjar la polémica con su renuncia.

Ahora bien, el caos y la crisis en RTVE no son una excepción en el panorama audiovisual español. Al contrario. En los últimos meses estamos asistiendo a un imparable proceso en el que se ha pasado de un gran pluralismo en el sector televisivo a un triste duopolio efectivo, en el que dos grupos -uno liderado por Telecinco y otro por Antena 3- controlan el 74% del mercado publicitario, estrangulando cualquier posibilidad de supervivencia de los pequeños canales. Máxime si se añade que las televisiones públicas autonómicas se reparten casi un 10% de la tarta publicitaria y que todo apunta a que Antena 3 absorberá en breve el 11,7% de los canales de La Sexta. ¿De qué sirve, pues, que la implantación de la TDT permita sintonizar decenas de cadenas, si éstas deben sobrevivir repartiéndose apenas el 4,5% restante? Obviamente, es imposible, haciendo inevitables cierres como el de CNN+. En nuestro caso, Veo7 ha tenido que dejar de emitir en su anterior formato.

Este duopolio no es sólo preocupante por cuanto atenta a la competencia empresarial real, hasta hacerla imposible. Lo es, sobre todo, porque ha mermado la pluralidad informativa y de contenidos. Y ello supone un rotundo fracaso de la política audiovisual del Gobierno. De hecho, incluso el nuevo modelo de financiación de RTVE que impulsó ha sido un fiasco. Porque la supresión de la publicidad no benefició a todos los operadores, sino que en la práctica sólo ha servido para enriquecer aún más a los dos grupos citados. Y la imposición de una tasa a los operadores privados para costear parte de la televisión pública está denunciada en los tribunales europeos, que previsiblemente la declararán ilegal. El marco regulador general ha supuesto la puntilla para los canales pequeños, con decisiones administrativas de la Comisión Nacional de la Competencia y de la Secretaría de Estado para las Telecomunicaciones, sencillamente escandalosas. Por ejemplo, Competencia abrió un procedimiento sancionador contra Veo7 y Antena 3 por un acuerdo de comercialización de publicidad conjunta y, sin embargo, autorizó sin problema la entrada en Digital+ de Telecinco y Telefónica, junto a la fusión -eufemismo de absorción- de la televisión de Mediaset con Cuatro.

El caos audiovisual será otra de las patatas calientes que el equipo de Zapatero dejará al próximo Gobierno, previsiblemente del PP. De momento, falta por ver cómo resuelven los miembros del Consejo de Administración de RTVE -con la mitad a falta de ser renovados desde hace un año- la designación de un sustituto temporal de Oliart entre uno de ellos. Y desde luego el peor escenario imaginable sería tener otra vez a un comisario político con plenos poderes sobre los telediarios, y en plena campaña. Rubalcaba se frotaría las manos.

El partido sigue sin condenar a ETA

07/07/2011

Bildu es lo mismo que Bateragune

LA NEGATIVA de Bildu a votar en Ermua una moción que pedía la condena de los asesinatos de ETA es una prueba más de qué mano mueve los hilos en esa coalición. Los radicales no han dudado en desentenderse de la iniciativa en un municipio que es símbolo de la lucha contra el terrorismo. Lo paradójico es que el mismo día en que Bildu reincidía en su desafío -gracias a la incomprensible cobertura que le dio el Constitucional con la aquiescencia del Gobierno-, el fiscal pedía 10 años de cárcel para Otegi por intentar reconstruir Batasuna «en conexión con ETA» a través de Bateragune. A estas alturas se ve claro que Batasuna, Bateragune, Sortu y Bildu son lo mismo. La conclusión es evidente: si los promotores de Bateragune merecen 10 años de cárcel, ¿qué hay que hacer con los de Bildu?

Ahora si son posibles los Juegos

07/07/2011

Madrid 2020 debe ser activada

LA ELECCIÓN de la ciudad surcoreana de Pyeongchang como sede de los Juegos de Invierno de 2018 abre otra posibilidad para hacer realidad el sueño olímpico de Madrid, doblemente frustrado en 2012 y 2016. El campo está abierto para 2020, según señaló el hijo de Juan Antonio Samaranch y miembro del CIO. En efecto, la designación de Corea significa que ninguno de los Juegos después de Londres 2012 se celebrarán en Europa (los de verano de 2016 son en Río y los de invierno de 2014, en Sochi (Rusia). La rotación continental favorecería así las aspiraciones de Madrid. Es por ello que el Ayuntamiento, con el consenso de todos los grupos y las instituciones, debe activar la candidatura en este mismo mes de julio. Marisol Casado, la atleta llamada a presidir Madrid 2020 es una garantía.

El Mundo en dos minutos
La dimisión de Oliart y el imperio del duopolio

RUBALCABA JUEGA A REVOLUCIONARIO en su afán de pescar algún voto despistado

JOSÉ MARÍA PLAZA / MARISA RECUERO
Santander / Madrid

07/07/2011

Rubalcaba ataca a la banca y tolera motines antidesahucio

El vicepresidente, ministro de Interior y candidato plantea «la responsabilidad de los bancos en que los ciudadanos se queden sin casa» / El movimiento ligado al 15-M se jacta de haber impedido ya medio centenar de desalojos

Son los problemas que conlleva el representar dos papeles a la vez. Siempre se impone uno. A Rubalcaba le tira ya más el de sucesor. Su discurso, sus propuestas, sus críticas y sus silencios lo evidencian a diario. La última ocasión, ayer, cuando dedicó, por segunda vez, un durísimo ataque a la banca, a la que culpa del endeudamiento de las familias y de que no pueden pagar sus hipotecas: «Los ciudadanos se han quedado sin casa y hay una responsabilidad que algunos [por los bancos] tienen que asumir».

Y mientras así se expresaba con el rostro de candidato, el de ministro del Interior permanecía impávido ante los casos cada vez más frecuentes de motines que impiden ejecutar los desahucios dictados por los tribunales.

El candidato Rubalcaba ha apostado claramente, desde el descalabro del 22-M, por hacer guiños a los que se declaran indignados, consciente de que el llamado Movimiento 15-M a quien resta apoyos es al PSOE, porque se trata de una corriente que, aun sin adscribirse formalmente a ninguna sigla o ideología, les ataca «desde la izquierda», tal y como mantiene el propio Zapatero.

Sus palabras, ayer, a preguntas de los periodistas, no dejaron lugar a dudas: «Durante muchos años», dijo, «en España ha habido gente que ha accedido a hipotecas en condiciones que los propios bancos sabían que eran extremas; se han dado hipotecas a 40 años y los bancos sabían que era muy probable que no se pudieran pagar. Ahora ha venido la crisis: los ciudadanos se han quedado sin viviendas y los bancos sin hipotecas. La pregunta es», explicó en referencia a lo que dijo el domingo, si no hay «una responsabilidad que algunos tienen que asumir».

Y continuó: «¿Que se han hecho hipotecas arriesgadas? Naturalmente. ¿Que la gente está pagando por esos riesgos?, ¿que ha perdido su casa? Naturalmente. Y ¿que los bancos se han arriesgado? Naturalmente. Y ¿qué pasa?, ¿que no tiene nadie la culpa de eso?».

Aseguró «lamentar» que esta reflexión le parezca una «ocurrencia» al presidente de la CEOE, Joan Rosell, o a los políticos del PP. «Esto es lo que hay, ésa es la verdad», insistió. Después hizo frente a la acusación de «populismo» que se le ha dirigido al Gobierno por ayudar a quienes no pueden afrontar su deuda hipotecaria a mantener «un mínimo vital». «No es populismo, es estricta justicia», recalcó recordando la aprobación por el Consejo de Ministros de elevar el mínimo inembargable a la hora de cobrar las hipotecas impagadas.

Menos explícito se mostró cuando se le preguntó sobre una subida de impuestos a los directivos bancarios con retribuciones muy altas. Sobre este punto aseguró que «comparte» que la gente «se indigne» y crea que «no es justo» que «algunos bancos» repartan bonos «extraordinariamente altos» mientras los ciudadanos «lo están pasando muy mal».

No hubo ministro ayer que no opinase sobre esta posible subida de impuestos a los banqueros. Y se puso en evidencia que el Gobierno está dividido. En un bando, los ministros de Trabajo y Presidencia, Valeriano Gómez y Ramón Jáuregui. En el otro, la vicepresidenta económica, Elena Salgado. Y por último, los secretarios generales de UGT y CCOO.

El dúo de ministros reclamó la aplicación de un gravamen a los directivos de las entidades financieras para racionalizar sus millonarios sueldos. Dicho de otra manera, «intervenir en cosas que, desde el punto de vista ético, no son admisibles», en palabras de Jáuregui.

En la misma línea se pronunció Valeriano Gómez. «No es admisible que haya empresas cuyos directivos tengan retribuciones que superan 1.000 o 1.500 veces el sueldo de los trabajadores peor pagados de la misma empresa», advirtió en un curso de la Complutense. «El futuro no es sostenible con tales diferencias», puntualizó. Según él, «los sueldos deberán racionalizarse, ya sea a través de la regulación o por medio de tipos impositivos más fuertes en los casos en que la desigualdad sea mayor». Es más, apeló a extender esta medida «al conjunto de las entidades empresariales».

Gómez reprendió a aquellas entidades que utilizan fondos públicos «para su reflotamiento» y no dudó en reclamar «algún tipo de límite, fijado públicamente, en la retribución de sus directivos».

La vicepresidenta económica, por el contrario, se opuso a gravar los sueldos de los banqueros, al menos a corto plazo. Salgado cree que la solución es tener «especial cuidado» con los incentivos que se reparten en el sector financiero.

Los líderes sindicales también hablaron. Cándido Méndez no se cortó al calificar de «soplapollez» este debate impositivo, pues en su lugar debería hacerse una revisión «en profundidad» del sistema fiscal. Por su parte, Ignacio Fernández Toxo consideró «imprescindible» una reforma fiscal para contar con más recursos.

OORBYT.es

>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el análisis de Casimiro García-Abadillo sobre el populismo de Rubalcaba

Madrid

07/07/2011

Inspirado por la 'vieja guardia'

En el PSOE se resisten a llamarlo comité, ni de asesores ni de 'sabios', porque insisten en que no es un órgano formalmente constituido ni nada parecido. Pero sí confirman que Felipe González, Joaquín Almunia, Javier Solana o José María Maravall son algunos de los socialistas históricos a los que Rubalcaba ha acudido en busca de inspiración para el proyecto con el que pretende relanzar a su partido en la carrera electoral, según informa Servimedia.
Esa es la idea con la que trabaja y el motivo por el que está escuchando «a mucha gente», dicen en el PSOE, entre ellos a valores del partido que siguen teniendo peso específico y cuya voz es muy importante para el candidato, como es el caso de los ex secretarios generales González y Almunia, el ex secretario general de la OTAN o el ex ministro de Educación.
En público y en privado, el entorno de Pérez Rubalcaba se esfuerza en explicar que se trata más bien de un conjunto de personas relevantes para el partido, a las que el candidato ha pedido ideas y propuestas susceptibles de incorporarse al programa electoral. Con ellas, Rubalcaba espera ser capaz de ahormar un proyecto con posibilidades de rearmar ideológicamente al PSOE.
Son nombres de la quinta política del propio Pérez Rubalcaba, con los que tiene una trayectoria y una amistad personal desde hace varias décadas.
Junto a ellos estarían trabajando también muchos socialistas de otras generaciones políticas y dirigentes de la última oleada que han alcanzado cotas de poder en el PSOE. Con ese argumento, niegan que se trate de una recuperación de la «vieja guardia»

QUICO ALSEDO / Madrid

07/07/2011

Ya se ha impedido medio centenar de desahucios

Bloquean en Madrid y Gran Canaria dos desalojos más por impago de hipoteca

El primero fue el 3 de noviembre pasado, en Tarragona. El siguiente, justo un mes después en la misma ciudad. En enero hubo otro en Montcada (Barcelona) y luego prendió la llama en Murcia, donde se registraron varios del tirón entre marzo y abril. Ya antes del 15-M el crecimiento fue exponencial, pero el brote de indignación los multiplicó. Ayer se registraron al menos dos, en Madrid y Gran Canaria. Para hoy, el propio juzgado ha desistido de echar a un hipotecado moroso en Leganés. Ni irán siquiera a intentarlo. La semana que viene hay cinco previstos sólo en Barcelona, y tres el mismo día.

Es una epidemia. Sus principales impulsores, la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), hablan de 50 casos «desde noviembre, pero sobre todo en los últimos cuatro meses». España vive una fiebre antidesahucios y las autoridades no pueden pararla. «Es que ya ni se acercan, ven que no pueden», dice Chema Ruiz, de la Plataforma de Afectados en Madrid.

Se han detenido, según PAH, «algo más de una veintena de desalojos en Cataluña, unos 25 en Murcia, otro en Valencia, otro en Elche, dos en Málaga, varios en Andalucía...». Siempre por la misma vía: llenar la casa en cuestión, las escaleras, el portal e incluso la acera, de activistas en desobediencia pacífica e inamovible. Se calcula que se han decretado unos 300.000 desahucios en España desde que arrancó la crisis en 2008.

A las 09.30 horas de ayer tuvo lugar la fotografía-diagnóstico de la situación en una pequeña calle de la periferia de Madrid, Virgen de Lluc, en Ciudad Lineal. Unas 200 personas, indignados pero también vecinos, taponaban el bajo en el que se le había notificado desahucio a una mujer de 55 años en paro y a su hijo, discapacitado en un 77% de su cuerpo.

El secretario judicial ni puso pie a tierra. «Siga, siga», le dijo al policía que conducía el coche. El desahucio se «aplazó» para evitar «problemas de orden público», porque «no se va a provocar un problema de orden público donde lo que hay es una deuda», según fuentes judiciales. Los congregados que protegieron a la mujer, obligada a pagar 1.200 euros de cuota hipotecaria pese a ingresar sólo 680 de prestación social, lo celebraron al grito de «¡el hijo de Botín a currar al Burger King!».

Diez días antes, la secretaria judicial sí intentó acceder a un piso en Carabanchel, atravesando el escudo humano montado por una treintena de indignados -esta vez sí- de estética genuinamente perrofláutica. No pudo: «¡Yo no me juego el tipo, que tengo hijos! ¡La próxima vez, que vengan los geos!», gritó la mujer a la concurrencia.

Ni siquiera la política convencional más presuntamente afín al 15-M ha podido participar del fenómeno. Cayo Lara, cuya formación, IU, intentó impulsar la dación en pago mediante iniciativa legislativa en el Congreso, fue zarandeado, insultado, remojado y finalmente expulsado al grito de «¡no nos representas!» de la primera operación antidesahucio acaecida en Madrid, el 15 de junio.

Ayer, el frente logró otra victoria en Gran Canaria, bloqueando por primera vez un desalojo en las islas. Unas 200 personas se congregaron a la puerta de la casa en cuestión, en Las Palmas, y el funcionario de turno escribió en su acta que «había demasiada gente impidiendo el paso», informa Europa Press. En Murcia el PAH aseguró haber detenido otro.

El 15-M ha hecho del problema de la vivienda una de sus banderas, juzgando que la política tradicional se ha olvidado de sus «damnificados, atrapados de por vida en hipotecas basura». El origen del movimiento se halla en Barcelona, en Stop Desahucios, y en las manifestaciones de hace un año del colectivo V de Vivienda, adherido a Democracia Real Ya.

Un hombre se acercó a la «oficina de información de Acampada Sol» el pasado 15 de junio. Acababa de ver por televisión cómo los indignados paraban un desalojo en Tetuán (Madrid). «Mañana me desahucian, ayudadme», dijo. Dicho y hecho. Al día siguiente, un escudo humano preservó su casa, en Parla, de la entrada de la Policía.

Incluso en la Cañada Real, 40.000 casas en suelo público desde hace 30 años en Madrid, se han parado desalojos. Indignados y miembros de Amnistía Internacional se congregaron el 27 de junio para impedir el desahucio de Abdul; algo similar había sucedido una semana antes en otra casa: «Hay niños y mujeres en el tejado de la casa, se suspende el desalojo», escribió el jefe policial en su atestado. La epidemia continúa. .

CORRUPCIONES SOCIALISTAS y de otros malhechores de la CEJA:

SEBASTIÁN TORRES / Sevilla

07/07/2011

La Junta vendió a Bogaris un solar por 2 millones y se lo alquiló por 9,5

La Junta de Andalucía vendió a Bogaris por 2 millones de euros el solar donde esta empresa construyó un edificio que la misma Administración le alquiló después por 9,5 millones de euros, a razón de 2,38 millones anuales.

La empresa adquirió el suelo en el año 2003 a un precio bonificado, con el compromiso de construir un edificio para desarrollar una actividad de «ingeniería para el sector aeronáutico» dentro del parque tecnológico Cartuja 93. Cinco años después, la Junta de Andalucía permitió variar el uso que se debía dar al suelo y le alquiló el edificio para instalar allí los servicios centrales de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, el mismo departamento que vendió el solar.

El resultado parece ser un buen negocio para Bogaris; por contra, la política de enajenación de suelo de la Junta de Andalucía, que vendió la parcela por 2 millones para alquilar luego el edificio construido en ella por 2,38 millones anuales, puede quedar en entredicho.

El inmueble arrendado es el edificio Bogaris que, como viene informando EL MUNDO, fue alquilado sin concurso público y a pesar de que no reunía uno de los requisitos que pedía la Junta de Andalucía: 7.000 metros construidos «sobre rasante».

Bogaris es el grupo que contrató los servicios de Iván Chaves Iborra como consultor, por los que el hijo del ex presidente andaluz, Manuel Chaves, facturó 28.188 euros.

La Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) sacó a concurso en el año 2001 ocho parcelas del recinto que albergó la Expo de Sevilla de 1992. El objetivo era atraer empresas que permitieran el desarrollo del parque científico y tecnológico. A cambio, los ganadores del concurso obtenían una bonificación en el precio de venta. En 2003, EPSA vendió a Bogaris la parcela que albergó el Pabellón de China. En las escrituras se hizo constar que si los edificios construidos no servían para el citado propósito, la Junta podía recuperar la titularidad de los suelos.

EDUARDO INDA
ESTEBAN URREIZTIETA / Madrid

07/07/2011

Neri creó su 'empresa parásita' desde ordenadores de la SGAE

Generó el dominio de internet de la empresa Microgénesis usando el domicilio social, correo y teléfono de la SGAE

La compañía que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz sitúa «en la cúspide de la trama empresarial parasitaria de la Sociedad General de Autores (SGAE)», Microgénesis, se montó desde la propia sede de la entidad que preside Teddy Bautista.

Prueba de ello es que esta empresa tapadera, Microgénesis, registró su dominio en internet desde los ordenadores de la propia organización, según los documentos que obran en poder de EL MUNDO. Además, facilitó como teléfono, e-mail de contacto y domicilio social los de la propia Sociedad de Autores.

Esta permanente confusión de intereses propios y ajenos permitió a Microgénesis percibir 26,4 millones del Grupo SGAE en sólo siete años (2003 a 2009).

Al inscribir su dominio, Microgénesis facilitó como domicilio social uno de los inmuebles de la SDAE, situado en el número 4 de la madrileña calle de Abdón Terradas. La SDAE es la sociedad encargada del desarrollo de nuevas tecnologías del grupo. Esta inscripción corrió a cargo de uno de los detenidos en el marco de la operación Saga, Rafael Ramos Díaz, contra el que el juez ha decretado prisión eludible con una fianza de 150.000 euros.

El magistrado le atribuye la comisión de los delitos de apropiación indebida, administración fraudulenta y alzamiento de bienes. Pablo Ruz le sitúa como gestor de la empresa pantalla empleada para saquear el grupo. Ramos terminó de dejar clara la confusión entre la Sociedad de Autores y la trama societaria satélite montada a su alrededor al facilitar incluso como teléfono de contacto el de la propia SDAE.

Todos estos elementos certifican las conclusiones que apunta en su auto el juez Ruz, que señala que la creación de Microgénesis «respondería exclusivamente a los intereses de los imputados» y que la sociedad fue montada «aprovechando la posición preeminente y privilegiada» de José Luis Rodríguez Neri, director general y consejero de la SDAE y director de Gestión de la Información de la SGAE, que llegó incluso a ser durante una etapa el administrador de Microgénesis.

Esta misma práctica en la que confluyen la SGAE y el montaje de las empresas parásitas se reproduce al comprobar el registro de los dominios informáticos de una de las sociedades dependientes de Microgénesis, Coqnet. Los implicados en la operación Saga vuelven a dar como número de contacto el del propio Grupo SGAE y como domicilio el de la sede de la SDAE en el número 36 de la Gran Vía.

Esta identificación entre la organización dirigida por Bautista y la red empresarial concebida para facturar al Grupo SGAE se ha producido en más ocasiones. Sin ir más lejos, al constituirse el dominio informático de la Escuela Internacional de Cine y Televisión, radicada en la localidad cubana de San Antonio de los Baños y patrocinada por la SGAE, la sociedad que solicita el dominio es Microgénesis. En este último caso vuelve a ser la bautizada por el magistrado como «sociedad parasitaria» la que se encarga de los trámites para montar la página web, dejando de nuevo patente el rastro de la Sociedad General de Autores. En este caso concurre además la circunstancia de que como administrador de este dominio y en representación de Microgénesis figura, con nombre y apellidos, José Luis Rodríguez Neri, que tampoco tiene ningún reparo en facilitar un correo electrónico de la SGAE para ser localizado. Junto a él se incorporan como gestores del portal empleados de la SDAE que facilitan una vez más la dirección de la sede de esta entidad.

El rol de Neri

Cabe recordar que el juez Ruz recalca que Neri, contra el que ha dictado auto de prisión eludible con una fianza de 300.000 euros, «ha simultaneado en su persona el ejercicio de funciones profesionales y la correspondiente percepción de importantes contraprestaciones económicas, tanto en entidades del Grupo SGAE como en otras empresas pertenecientes a la trama empresarial investigada».

A su vez el instructor le responsabiliza de tratar durante los últimos meses de «hacer desaparecer» la SDAE «a través de un proceso de disolución y absorción por parte de la SGAE». Una maniobra, subraya el magistrado de la Audiencia Nacional, que «tal y como evidencian las intervenciones telefónicas adoptadas en la causa, se está intentando efectuar con la mayor opacidad y celeridad posibles [antes del 30 de junio de 2011, fecha de celebración del proceso electoral en la SGAE]».

DARÍO PRIETO / Madrid

07/07/2011

La oposición a Teddy pide nuevos comicios

Fernández Sastrón acudirá a la Audiencia Nacional para personarse como acusación

Un día después de que la junta directiva de la SGAE anunciase la creación de una comisión rectora para investigar internamente la supuesta trama de corrupción desarticulada en la operación Saga, el principal frente opositor dentro de la sociedad de gestión pidió la voz para decir que ni comisión, ni junta, ni nada. Que lo que hay que hacer es repetir las elecciones internas, debido a que el auto del juez Pablo Ruz sobre la trama señala que ésta afectaba a los comicios.

José Miguel Fernández Sastrón, antiguo miembro de la junta directiva de la entidad y líder de la principal candidatura opositora a la gestión de Teddy Bautista en las pasadas elecciones (De Otra Manera, DOM), compareció ayer en un hotel madrileño para anunciar que hoy acudirá a la Audiencia Nacional para personarse como acusación en la causa y solicitar la repetición del proceso electoral, tal y como adelantó el martes EL MUNDO.es.

Sastrón se basa en un punto del auto, que dice que «por parte de José Luis Rodríguez Neri [principal acusado en la trama de empresas parásitas de la SGAE] como miembro designado de la comisión electoral, pudiera haberse vulnerado la imparcialidad debida y que se le cabe presuponer en cuanto al desempeño de su función, realizándose supuestamente concretas gestiones y actuaciones a favor de una de las candidaturas concurrentes al proceso electoral, la candidatura denominada CPAC». Es decir, Caco Senante, Víctor Manuel y el resto de autores y editores que respaldan a Bautista. Los mismos que el martes dijeron que repetir los comicios sería «una burla a los socios». Eso, a pesar de que otro punto del auto apunta que Neri «ha dificultado en lo posible el acceso al censo de avales a la candidatura DOM».

«La persona que manejaba el censo y el sistema de comunicación informática con los socios, además de miembro de la comisión electoral, ha actuado no sólo de forma directa y activa en favor de CPAC, sino en contra de DOM», afirmó Sastrón para argumentar su actuación y para defender la «ilegitimidad» de la actual junta.

La ex pareja de Simoneta Gómez-Acebo utilizó reiteradamente la palabra «trampa» para referirse al proceso electoral y animó a los autores, «principales perjudicados» de la trama, a personarse en la causa. Algo que, según él, debería haber hecho ya la propia SGAE «para defender los intereses de los socios» en lugar de crear comisiones rectoras. Asimismo, pidió la celebración de una junta extraordinaria de los socios.

Sastrón también criticó la intervención del martes de Senante y Víctor Manuel. Sobre todo la de este último, que habló de una supuesta «mano negra» en la operación Saga. «Para ellos, todo es una mano negra. Que denunciemos irregularidades en el proceso electoral, también»

J. C. DE LA POLA / Bruselas
Especial para EL MUNDO

07/07/2011

Garzón, al comité antitortura de la UE pese a que se condenó por su culpa a España

Baltasar Garzón fue elegido ayer miembro del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa. La designación se produce pese a que, en marzo pasado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España a indemnizar con 20.000 euros a un joven acusado de kale borroka, porque este juez obvió su denuncia de haber sido víctima de torturas.

El Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) se encarga de actuar frente a los malos tratos realizando un trabajo complementario respecto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Sus miembros, expertos independientes e imparciales, llevan a cabo visitas periódicas a cada uno de los estados miembros del Consejo de Europa. Y lo hacen para examinar el trato que reciben las personas privadas de libertad en los centros de detención, tales como prisiones o comisarías de policía.

La silla española del CPT permanecía vacante desde noviembre de 2009, cuando expiró el mandato de Emilio Ginés, que actualmente forma parte del Subcomité de Naciones Unidas para la prevención de la Tortura. Para ese puesto, además de Garzón, se postularon Miriam Cugat, profesora de Derecho Penal, y Carlos Fernández Liesa, catedrático y secretario general de la Universidad Carlos III.

Los representantes del PP en la delegación española de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa habían advertido al presidente de la institución, el turco Mevlüt Çavusoglu, de que la terna española presentada por el socialista Juan Moscoso, en la que Garzón figuraba en primer lugar, no había sido consensuada. El PP subrayaba además que Garzón está imputado por graves delitos en tres causas abiertas por el Tribunal Supremo.

Por esta razón, parecía que Baltasar Garzón salía con desventaja con respecto a los otros dos candidatos. Sin embargo, contaba con el viento a favor que soplaba desde Moncloa y, finalmente, sobre los 38 miembros del Comité de Ministros que votaron prevaleció la opinión del Gobierno de España frente a los deseos del CPT, que prefería a Cugat. Ésta recabó siete votos, mientras que Fernández Liesa se quedó con uno sólo.

En lo que va de año, el juez Garzón ha sido protagonista en dos casos de violación de derechos humanos. El pasado 8 de marzo, el TEDH condenó a España a pagar una indemnización de 20.000 euros a Aritz Beristain, un joven detenido en el transcurso de una operación contra la violencia callejera en el País Vasco. Beristain denunció haber sufrido malos tratos durante su traslado a Madrid y su permanencia en la Dirección General de la Guardia Civil. La sentencia estableció que Garzón, encargado de la instrucción del caso, «permaneció impasible ante las sevicias denunciadas» y le mandó a la cárcel sin investigarlas.

Un mes antes, el 15 de febrero, el Tribunal Supremo anuló la condena que la Audiencia Nacional había dictado en contra de cinco islamistas acusados de pertenencia o colaboración con una organización terrorista que operaba desde la localidad de Santa Coloma de Gramanet.

El Alto Tribunal apreció que la principal prueba de cargo, las confesiones realizadas tras los arrestos, no podían ser tenidas en cuenta al haber indicios de que habían sido obtenidas mediante las torturas infligidas a los detenidos. Las denuncias de tortura, realizadas primero ante el juez Andreu, fueron reiteradas cuando Baltasar Garzón se hizo cargo de sumario, pero decidió obviarlas. «Va por ahí denunciando lo de Guantánamo, ¡y tenía una Guantánamo en su juzgado!», comentó uno de los magistrados del Supremo

AGUSTÍN YANEL / Madrid

07/07/2011

El CIS refleja un país de corruptos

El 85% dice que es una práctica «muy o bastante extendida» entre políticos, empresarios, jueces y Administración

Si hubiera que definir a España por los datos de la encuesta que dio a conocer ayer el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), habría que decir que ha pasado de ser la cuna de los pícaros del Siglo de Oro a convertirse en un país de corruptos. Una abrumadora mayoría del 85,6% afirma que la corrupción está «muy o bastante extendida», y solamente el 5% opina que lo está «poco o nada».

A juzgar por este sondeo, la corrupción no sólo es una mancha de los políticos -que siguen ostentado el triste honor de ser considerados el tercer problema más importante del país, después del paro y los de tipo económico-, sino que se trata de una práctica generalizada. La mayoría opina que está «muy o bastante extendida» tanto en los ayuntamientos como en los gobiernos autonómicos y la Administración central, así como entre políticos, empresarios, empleados de las administraciones públicas y jueces. Y, en menor medida, entre abogados y policías.

Las personas a las que ha consultado el CIS para esta encuesta no salvan casi a ningún sector de la sociedad. La mayoría afirma que hay mucha o bastante corrupción en la concesión de obras públicas y subvenciones, la construcción, la lucha contra el crimen organizado y los medios de comunicación.

Las ONG, la Educación y la Sanidad son los ámbitos en los que la ciudadanía ve menores niveles de corrupción.

En coincidencia con esas opiniones mayoritariamente negativas, el 51% cree que los casos en los que están implicados políticos están «algo o fuertemente subestimados» por el público y por los medios de comunicación, frente al 21,5% que los ve «fuertemente o algo» exagerados.

La responsabilidad para prevenir la corrupción depende sobre todo de los gobiernos y de los jueces, según el sondeo. Y las medidas prioritarias para combatirla deberían ser la imposición de penas más duras, prohibir que los imputados en esos casos se puedan presentar a las elecciones y mejorar los sistemas de control en la Administración Pública.

La mayoría (47%) considera que los ciudadanos prefieren un político honrado pero poco eficaz, mientras el 24,8% cree que en general se opta por uno eficaz aunque sea «más bien corrupto».

En una escala de cero a 10, los encuestados sitúan al PP como el partido político más implicado en casos de corrupción, con una puntuación de 6,95, seguido por el PSOE (6,4) e IU (en Cataluña, ICV), con una nota de 4,67. En sus respectivas comunidades autónomas se señala a Coalición Canaria (6,72), Convergència i Unió (5,73) y Partido Nacionalista Vasco (5,34).

El CIS ha preguntado a los encuestados qué creen que haría un funcionario o empleado público si tuviera que resolver una solicitud de un familiar o amigo suyo. El 42,4% afirma que le ayudaría «por encima de todas las cosas»; el 29,1% dice que intentaría ayudarle sin perjudicar el interés general, y el 12,6% responde que trataría el caso de manera imparcial. Únicamente el 4,7% opina que ese funcionario o empleado público rechazaría ocuparse del caso y pediría que se encargara otro.

Para confeccionar esta encuesta, el CIS ha preguntado por vez primera sobre el Movimiento 15-M, los indignados que el 15 de mayo pasado comenzaron a concentrarse en las plazas de muchas ciudades para reclamar más democracia real y participación.

La mitad de la ciudadanía (el 50,2%) ha seguido las movilizaciones con «mucho o bastante interés» y un porcentaje sólo ligeramente inferior (48,7%) con «poco o ningún interés».

De los que se han sentido interesados, al 70,3% le parecen unas movilizaciones «muy o más bien positivas», frente al 12,7% que las ve «más bien o muy negativas».

Sobre el futuro del Movimiento 15-M, las opiniones están muy divididas: el 38,3% considera que va a continuar por otras vías, por ejemplo con asambleas; el 27,7% afirma que tenderá a desaparecer de manera progresiva, y el 21,7% cree que esta protesta ciudadana va a concluir pero reaparecerá en el futuro.

El desempleo continúa siendo considerado el problema más importante de España según el 82,6%, lo que supone que ha disminuido en 1,5 puntos el porcentaje respecto al 84,1% de mayo.

Los problemas de tipo económico son los segundos en importancia, según el 47%, cuatro décimas más que en el mes anterior. El porcentaje de quienes consideran a los políticos el tercer problema más importante sigue en aumento: ha subido 2,6 puntos, del 22,1% al 24,7% de los encuestados.

En un mes, y con las elecciones del 22 de mayo por medio, ha aumentado el pesimismo de los españoles: ocho de cada 10 encuestados (81,7%) considera «mala o muy mala» la situación económica, y el 69,5% da esa misma valoración a la situación política.

ETA GOBIERNA por la acción criminal del PSOE:

JULIEN CRUZ / Ermua

07/07/2011

Bildu ignora a las víctimas de ETA en la 'casa' de Miguel Ángel Blanco

Elude participar en la primera moción de condena del terrorismo, aprobada en Ermua

Alguna cabeza pensante de Bildu debió concluir que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Y decidió emplear esa máxima como escudo para contrarrestar la campaña de mociones que PSE y PP van a presentar en los ayuntamientos vascos con el fin de obligar a la coalición abertzale a posicionarse a favor o en contra de ETA.

La primera parada del recorrido tuvo lugar ayer en Ermua, municipio emblemático por tratarse de la cuna de Miguel Ángel Blanco y de ese espíritu que unió a los vascos a raíz de su muerte.

La idoneidad del escenario no inquietó para nada a Bildu, que siguió a pies juntillas el guión establecido por los órganos de dirección del partido. Sus ediles no levantaron la mano en ningún momento durante la votación: ni en el turno del sí, ni en el del no, ni tampoco en el de la abstención. «No vamos a tomar parte en este tipo de mociones», esgrimió con seriedad su portavoz, Iker Sáenz.

El escrito en cuestión expresaba la «condena, rechazo y repulsa» a los 857 asesinatos cometidos por la banda terrorista y exigía su «disolución definitiva e incondicional», así como «la entrega de las armas y la puesta a disposición de la justicia» de sus miembros.

El texto fue finalmente aprobado con los votos de PSE y PP, grandes impulsores de la iniciativa y que cuentan con mayoría en el salón consistorial. PNV y EB, por su parte, se descolgaron, absteniéndose en un ejercicio que pareció sorprender a socialistas y populares a tenor de sus caras y de sus réplicas en el turno posterior.

El papel de Bildu en el Pleno no se limitó a la no participación. Como respuesta al escrito auspiciado por PSE y PP, los abertzales presentaron su propio texto alternativo, que incluía varias recomendaciones para avanzar hacia la paz. Algunas de ellas, las más polémicas, provocaron la airada reacción de las fuerzas constitucionalistas porque pedían, entre otras cosas, una «negociación entre el Estado y ETA», la solución para el «problema» de los presos, o el cese de la persecución y las torturas.

Ante tales tesis, el portavoz del PP, Fernando Lecumberri, advirtió de que «no se puede poner el contador a cero y olvidarnos de lo de atrás» y afeó a Bildu por hablar de un nuevo tiempo, ya que «ninguno de los asesinados va a poder disfrutar de ello». A su vez, afirmó que es necesario que la coalición soberanista demuestre que está «homologada» para jugar en democracia en las mismas condiciones que el resto de los partidos.

Por su parte, el PNV justificó su abstención en el pleno alegando que la moción respondía exclusivamente a razones «partidistas» por parte de sus impulsores, aunque su representante puso el énfasis en que el partido condena «todos los tipos de violencia y reconoce a todas y cada una de las víctimas del terrorismo».

Ezker Batua presentó otra moción alternativa, que finalmente no fue votada, en la que exigía, entre otras cuestiones, el cese de la violencia de ETA y la reprobación de la «historia de terror y dolor de la sociedad vasca», tanto por parte de esta banda como de otros grupos como los GAL, el Batallón Vasco Español u otros de extrema derecha.

Por su parte, la presidenta de las Juntas Generales de Guipúzcoa, Lohitzune Txarola, propuso al PSE convertir la condena contra el ataque al monolito de Juan Mari Jáuregui en una declaración institucional contra la violencia. Según Rafaela Romero, portavoz de los socialistas en las Juntas guipuzcoanas, Txarola se lo transmitió por teléfono; un hecho que desde el PSE se valoró «positivamente», según informa Europa Press. La propuesta socialista reclama la deslegitimación de la violencia y del terrorismo, respeto a la memoria de las víctimas, la disolución de ETA y la condena por parte de la Diputación de Guipúzcoa del ataque al monolito.

F. LÁZARO / Madrid

07/07/2011

La Policía detiene en Francia a un histórico etarra

Daniel Derguy, excarcelado en 2008, tenía pendientes dos órdenes de la Audiencia

Es un histórico de la organización terrorista, de los años duros. Daniel Derguy fue detenido de nuevo ayer en Cahors (Francia), en una actuación de la Policía Judicial en colaboración con la Policía española.

Derguy, que llegó a tener cargos de alta responsabilidad en ETA, ya fue detenido en 1996 en París y condenado a prisión y a prohibición de residencia en los departamentos fronterizos con España, París y Bretaña. El 14 de marzo de 2008 fue puesto en libertad condicional por las autoridades francesas tras permanecer 12 años en prisión.

Contra él existían dos requisitorias judiciales, ambas del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, por delitos terroristas, así como una Orden Europea de Detención y Entrega. Fuentes de la investigación sospechan que Derguy está ya fuera de las estructuras etarras.

Nacido en Francia en 1960, fue captado en 1987 por Henri Parot para integrarse en ETA. Formó parte del comando itinerante que en el verano de 1993 atentó contra distintos objetivos turísticos en la costa catalana y levantina.

El detenido está relacionado con el alquiler de una furgoneta que fue intervenida por la Brigada Provincial de Información de Barcelona en Castelldefells, el 26 de julio de 1993, cuando se encontraba cargada de explosivos. Según los datos recogidos por Europa Press, el vehículo fue hallado en la calle José María Segarra tras dos equívocos avisos telefónicos recibidos en el diario Egin en nombre de ETA, y transmitidos por el rotativo a la Ertzaintza.

En el interior se encontraron mapas de ferrocarriles, notas sobre horarios y otras informaciones manuscritas por Nagore Múgica. También se hallaron, camuflados en distintos sitios -como el plato de la ducha, cajas de cigarrillos o un bote de espuma de afeitar-, distintas cantidades de explosivos, artefactos incendiarios y temporizadores.

Derguy había trabajado con anterioridad en una empresa de accesorios de vehículos en Bayona, de donde desapareció el 18 de julio de 1993. En el momento de ser identificado, pertenecía al aparato de explosivos dirigido por José Arregui Erotarbe, Fitipaldi. Fue detenido por la policía francesa, por primera vez, el 5 de febrero de 1988.

MANUEL MARRACO / Madrid

07/07/2011

El fiscal pide 10 años a Otegi como jefe terrorista

Subraya que su estrategia en Bateragune no contemplaba el fin del terrorismo

Arnaldo Otegi celebró ayer su 53 cumpleaños con la noticia de que la Fiscalía le considera dirigente de una organización terrorista y le pide una década en prisión. Lo mismo que a su compañero en el banquillo Rafael Díez Usabiaga. En ambos casos, por poner en marcha a través de Bateragune una estrategia de ETA que, aunque requería la interrupción de los atentados, «en ningún momento» exigía el fin definitivo de la banda.

Al inicio del penúltimo día de juicio, Vicente González Mota expuso las modificaciones que, a la vista de la prueba practicada, hacía la Fiscalía que dirige Javier Zaragoza. La primera fue el cambio cualitativo de considerar a Otegi y Usabiaga dirigentes, no ya meros integrantes. La modificación no varía la cifra de prisión, que se mantiene en 10 años. Sí baja levemente para Miren Zabaleta (nueve años), Arkaitz Rodríguez (ocho) y Sonia Jacinto (ocho). En los tres casos como miembros, sin el grado de dirigentes. A los otros tres juzgados -Amaia Esnal, Txelui Moreno y José Manuel Serra- les retiró la acusación.

Por su parte, la asociación de víctimas Voces contra el Terrorismo, presidida por José Alcaraz, mantuvo su solicitud de 14 años -el máximo legal- para todos como jefes terroristas. Eso impidió que los tres exculpados por el fiscal abandonaran inmediatamente el banquillo. Para ellos, Juan Carlos Rodríguez Segura propuso subsidiariamente una condena a ocho años.

La acusación definitiva con la que el fiscal arrancó la sesión borró la habitual sonrisa de Otegi. Esta vez el dirigente abertzale no estuvo tan locuaz y sonriente, sino que mantuvo el gesto serio y cruzó notas y conversaciones con los abogados, tal vez preparando el informe de defensa de hoy o decidiendo lo más conveniente para el último cartucho que le queda antes de la sentencia: el turno de última palabra.

En su informe final, el fiscal afirmó que, pese a la insistencia de los acusados de que su nueva estrategia excluía los medios violentos, ninguno había llegado a renunciar definitivamente al terrorismo. «Nadie ha pedido que desaparezca la amenaza de las bombas ni el cese de la violencia. Ninguno de los acusados ha condenado la violencia de ETA», afirmó. Algo similar pasa con los documentos incautados que sustentan la acusación: «Ni por asomo se habla en ellos del fin de ETA».

«Cuando se decía que el alias [de Otegi] era Ronaldinho», dijo el fiscal alejándose un instante de su habitual tono técnico, «era por su habilidad para diseñar estrategias. Nosotros decimos que esa habilidad no le ha permitido pasar la raya de lo legal a lo ilegal. Al término del partido seguimos del lado de la ilegalidad».

González Mota también arremetió contra la tesis de que los detenidos no conformaban un grupo estructurado con representantes de toda la izquierda abertzale, sino que se unieron espontáneamente en torno a una idea de Otegi. «Es increíble que ese cambio histórico que dicen que han hecho sea fruto de las reflexiones personales de algunos».

El fiscal pidió al tribunal que resolviera conforme a lo marcado por el Supremo en casos como Batasuna, Sortu, Ekin y Gestoras. También le reclamó expresamente que no resolviera dar a los acusados «una oportunidad» para ver si se salen definitivamente «de la estrategia político-militar». «La 'm' está ahí, más grande o más pequeña, pero por estar ahí ya es ilegal», remató.

González Mota despidió su intervención con un guiño a una de las pruebas contra Otegi: sus anotaciones sobre el proceso de paz en las que escribió «hacer karpeta y pasar a Bateragune». «Concluyo mi intervención, guardo las hojas en una carpeta y escribo 'pasar a Fiscalía'», dijo, interpretando que Otegi pretendía dar cuenta del proceso al órgano de dirección de la izquierda abertzale al que él mismo pertenecía.

Una de las defensas que intervino ayer también apeló directamente a la Sección Cuarta, aunque en sentido opuesto al fiscal. «Existen condiciones para abrir una nueva fase y resolver el conflicto en términos estrictramente políticos. Señorías, solicito de ustedes que no entorpezcan estas condiciones, esta oportunidad, con resoluciones judiciales injustas», dijo Arantza Zulueta, que hablaba por la acusada Esnal y tal vez por ella misma, también imputada por terrorismo.

DIOS NOS LIBRE DEL SOCIALISMO:

Cuba lanza una ola de represión contra la prensa

Un informe denuncia arrestos arbitrarios, palizas e intimidación a los informadores

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en sus siglas en inglés) denunció ayer una nueva «ola de represión» en Cuba contra periodistas independientes, meses después de que las autoridades de la isla liberaran al último de los 29 informadores encarcelados durante la primavera negra de 2003.

«La liberación en marzo del último de esos 29 periodistas marcó para muchos el fin de un oscuro período, pero las autoridades cubanas aún persiguen a los periodistas independientes con arrestos arbitrarios, palizas e intimidación», señala el CPJ en su último informe sobre la isla caribeña, según Efe.

El informe advierte de que, pese a los movimientos del régimen de los Castro hacia la galería, se sigue «persiguiendo de forma constante a periodistas independientes con numerosos métodos como detenciones de corto plazo, campañas de desprestigio o sanciones sociales».

«Aunque la nueva estrategia represiva aún no ha atraído la atención internacional por tener un perfil más bajo que la redada masiva de la primavera negra, la represión es constante y significativa», subraya la organización. El CPJ asegura que «más de una decena de periodistas sufrieron arrestos domiciliarios» entre marzo y abril, cuando se produjeron «hechos políticos sensibles».

Así, subraya que en esos dos meses se produjo «el encarcelamiento de decenas de periodistas y disidentes», aunque destaca que ningún informador ha sido sentenciado a prolongadas penas de cárcel, suerte que sí han corrido al menos seis disidentes. Esos miembros de la oposición fueron condenados en mayo a penas de entre dos y cinco años de cárcel, una medida «alarmante» para la organización de defensa de la libertad de expresión y de prensa.

El informe habla de una «metamorfosis» de la represión política en Cuba, y dice que si bien antes se basaba en largas condenas de prisión, ahora son «numerosas detenciones» que duran «horas, días o semanas», y un acoso más sistemático a los periodistas.

De esta forma, el CPJ insta a las autoridades cubanas a poner fin a las campañas de desprestigio contra periodistas independientes y a derogar las leyes «injustas» en las que se amparan para encarcelarlos.

GINA MONTANER

07/07/2011

Los 'indignados' de Venezuela

No tenía gran interés en continuar escribiendo sobre el regreso de Hugo Chávez a Venezuela, con su cáncer instalado en una zona confusa de su anatomía inferior. El reality show echó a andar en la Habana. Luego vinieron el recibimiento en el aeropuerto de Maiquetía, el discurso lacrimoso asomado al balcón y una breve aparición con motivo de la celebración del Bicentenario de la Independencia de Venezuela. Todo celosamente orquestado para manipular a las masas sin descuidar la precaria salud del gobernante.

En efecto. Ya no tiene sentido deconstruir los fastos bolivarianos y la diarrea verbal de un líder enamorado de su palabrería. Pero sí urge divulgar que, mientras las huestes chavistas son activadas como lo hizo desde el principio la dictadura castrista con los Comités de Defensa de la Revolución, en Venezuela la oposición está siendo perseguida y encarcelada. Detalle alarmante que se pierde en el mar de estúpidos tuits candangueros y soflamas melodramáticas de un jefe de Estado que explota su enfermedad para distraer la atención del verdadero mal que está carcomiendo a Venezuela: la pésima gestión de un sistema que sólo es sostenido por el tráfico de petrodólares, un clientelismo político que salpica a las Fuerzas Armadas y el apoyo de la Inteligencia cubana.

El mismo día en que Chávez habló desde la balaustrada, la policía le impidió a los familiares de los reos de la prisión El Rodeo acercarse a la multitud para elevar sus protestas por las carnicerías que se desatan en las hacinadas cárceles, donde los derechos humanos más básicos son violados a diario. Tampoco pudo llegar hasta el Palacio de Miraflores el grupo Operación Libertad, compuesto por estudiantes universitarios que claman por las libertades civiles en una atmósfera de intimidación.

Este martes, mientras los presidentes de Uruguay, Paraguay y Bolivia saludaban al mandatario convaleciente, en la avenida Urdaneta seis dirigentes estudiantiles, encabezados por los jóvenes Lorent Saleh y Ronny Navarro, fueron conducidos a dependencias policiales por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), por el simple hecho de manifestarse pacíficamente. No fue hasta el filo de la madrugada, cuando los tuits de la oposición y de los periodistas independientes comenzaron a dar noticias de la liberación de estos activistas.

¿Es posible que los cientos de invitados oficiales que asistieron al desfile militar no se enteraran de que allí mismo la diputada María Corina Machado fue agredida por simpatizantes del régimen? Machado, una de las voces disidentes más señaladas, fue víctima de una «espontánea» turba de repudio al estilo de las que en Cuba, nación hermana y segundo hogar de Chávez, asedian a las Damas de Blanco.

En medio de la convulsión social con un sistema penal inoperante, unos hospitales públicos que el presidente no pisa ni para tratarse un catarro y un panorama económico que los ha situado a la cola del crecimiento en Latinoamérica, un cáncer inesperado se transforma en cepillo de iglesia para mendigar simpatías electorales de cara a 2012.

En estos momentos de incertidumbre, el objetivo de las fuerzas progubernamentales es silenciar y abortar cualquier movilización de unos indignados cuyo lema antisistema no es una abstracción porque tiene nombre propio: su lucha contra la metástasis chavista. No sé a qué esperan Hessel y los otros indignados del mundo para solidarizarse con esta causa.

JUAN MANUEL BELLVER / París
Corresponsal

07/07/2011

Los socialistas resucitan la tesis del complot

Los simpatizantes de Strauss-Kahn tachan el caso de atentado político

El día en que Dominique Strauss-Kahn fue puesto en libertad bajo palabra por los jueces de Nueva York, recibió una llamada en su piso de TriBeCa. Era Manuel Valls, alcalde de Evry, diputado por Essonne y candidato a las primarias presidenciales del Partido Socialista. Aquel 1 de julio, el ex director del Fondo Monetario Internacional le dijo a su compañero que esta nueva situación no significaba el fin del proceso, que «iba a esperar a que todo se solucionara y luego iba a luchar por recuperar su honor».

Ahora que todo apunta a una pronta resolución del affaire DSK en Manhattan, tras las contradicciones en el testimonio de la víctima, sus simpatizantes en el Hexágono han recuperado con vehemencia la teoría de la conspiración derechista. Y además suman a todos sus viejos argumentos la nueva denuncia contra el líder socialista presentada el martes por la periodista francesa Tristane Banon: «Oportunista, manipuladora, acorde con la trama», como apuntaban el miércoles los diputados Jean-Marie le Guen y François Patriat.

O sea que Strauss-Kahn ha decidido librar en Francia, antes que la batalla legal -que podría retrasarse a 2012- la de la opinión pública. Y ya están sus adláteres fomentando el ruido mediático y tratando de desacreditar a la escritora o a su abogado, David Koubbi. Un letrado de 38 años que escribe novelas y gusta defender a famosos. En su currículo de clientes célebres figuran la actriz Isabelle Adjani, el doctor Stéphane Delajoux -a quien representó en su pleito contra el rockero Johnny Hallyday- o Jérôme Kerviel, aquel broker de la Societé Generale que, en enero de 2008, provocó un agujero de 4.900 millones de euros a su empresa.

A Koubbi, cuyo sueño hubiera sido defender a Bertrand Cantat por el homicidio de Marie Trintignant, todavía no han empezado a sacarle trapos sucios. Sí en cambio a su representada, Banon, cuya relación con la web conservadora Atlantico.fr ha sido criticada hasta tal punto que el director de la misma, Jean-Sebastien Ferjou, se ha visto obligado a hacer una declaración en la que afirma que la chica «no está en nómina, escribe esencialmente sobre temas de jóvenes, jamás se ha metido en política y nunca ha cobrado por sus artículos».

Poco importa. La hipótesis del complot ha resurgido con fuerza entre los militantes socialistas, que ven una mano negra detrás de lo sucedido. «Puede venir del FMI o de la derecha», sugirió la vicepresidenta de la región de París, Michèle Sabban, a Le Figaro. «A DSK le habían prometido una guerra nuclear si oficializaba su candidatura y así ha sido», insinuaba su amigo, el diputado Jean-Christophe Cambadélis.

A las primeras sospechas sobre Jonathan Pinet, joven militante de la la UMP que colgó en su Twitter la noticia de la detención del director del FMI apenas 14 minutos después de que la policía le arrestara, se suma la de Arnaud Dessier, responsable de la campaña en internet de Nicolas Sarkozy en 2007, que 23 minutos más tarde, rebotó el mensaje en la misma red social. «¡Estaban demasiado bien informados!», dicen los defensores de la teoría conspiranoica. Y añade el diputado François Loncle: «¿Qué papel ha jugado la dirección del grupo hotelero Accor, que gestiona el Sofitel de Nueva York, en todo esto? ¿Qué relaciones tiene dicho grupo empresarial con alguna oficina francesa?»

A lo que Sabban responde: «Ha sido un atentado político». Según Le Figaro, fue el director de seguridad de dicha firma hotelera, el ex inspector de policía René-Georges Querry, quien habría dado la primicia del arresto del dirigente socialista a su viejo camarada Ange Mancini, actual coordinador de información del Eliseo.

En el plano estríctamente judicial, al otro lado del Atlántico, los abogados de la mujer que acusó a DSK pusieron en marcha una nueva estrategia para reconducir el caso. Tras los reveses causados por la mala reputación de su cliente, los abogados anunciaron anoche su decisión de recusar al fiscal Cyrus Vance. Uno de los letrados, Kenneth Thompson, justificó esta decisión señalando que «la oficina de Vance filtró voluntariamente información» que ha perjudicado a su cliente, según Reuters.

Mientras, la edición electrónica de The New York Times informaba esta madrugada de que representantes legales de ambas partes negocian ya un acuerdo extrajudicial que ponga punto final al contencioso en los tribunales.

TROPELÍAS ECONÓMICAS DE LOS GOBIERNOS SOCIALISTA:

La prima española se dispara a 270 puntos y la portuguesa a 1.000

La nueva oleada de ataques complicará hoy la subasta del Tesoro por 3.000 millones

Las alarmas volvieron ayer a sonar con fuerza en los mercados de la Europa periférica, después de que Moody's anunciara una rebaja del rating de la deuda portuguesa hasta la categoría de bonos basuras, es decir, inversión sólo apta para los especuladores ante el riesgo de impago.

El nuevo correctivo de la agencia de calificación de riesgos a Portugal desencadenó otra oleada de ataques sobre los bonos lusos y volvió a poner en la diana a España. La prima de riesgo española experimentó la mayor subida diaria desde el pasado 18 de abril, justo cuando se empezó a hablar de que Grecia tendría que reestructurar su deuda ante el resultado fallido del primer plan de rescate.

En concreto, el riesgo país, el sobreprecio exigido a los bonos españoles a 10 años españoles frente a los alemanes, escaló ayer más de un 8% y volvió a situarse a un paso de los 270 puntos básicos, mientras que la rentabilidad aumentaba hasta el 5,6%, con lo que se vuelve a corregir buena parte de la mejora anotada la semana pasada.

Por su parte, los credit default swaps (CDS) aumentaron 21 puntos básicos, hasta los 297, lo que supone que el coste de asegurar 10 millones de euros de deuda española a cinco años se encarece hasta los 297.000 euros.

El ataque especulativo contra la deuda española se agravó por la tarde, cuando tras abrir los mercados de renta fija estadounidenses, comenzó a correr el rumor sobre una próxima rebaja del rating soberano de España.

Sin embargo, la peor parte se la llevó Portugal. La prima de riesgo país se disparó hasta los 1.000 puntos, el nivel más alto de su historia. Al final de la sesión cerró en 995 puntos, mientras que el interés escalaba al 12,76%.

Por su parte, el interés exigido a los bonos lusos a dos años se disparó de golpe 121 puntos básicos, hasta el 14,6%.

También fue una jornada negra para Irlanda, rescatada el pasado noviembre, donde el riesgo país se disparó a 924 puntos, desde los 830 del martes y ha tocado niveles desconocidos desde el inicio del euro.

En esta línea, la prima de riesgo de Italia se aupaba hasta los 225 puntos básicos, 20 más que el martes. Por su parte, el diferencial de los bonos griegos alcanzaba los 1.401 puntos básicos, con una rentabilidad del 16,75%.

El nuevo incendio en el mercado de deuda pública se dejó sentir en las Bolsas. El Ibex 35 español retrocedió un 1,22%, arrastrado principalmente por los bancos. Así, Bankinter cayó un 3,59%, Santander y BBVA restaron un 2,12% y un 2,51%, respectivamente; Sabadell bajó un 2,62% y Popular, un 2,45%.

Detrás de estas bajadas está el hecho de que la banca española es la más expuesta a Portugal. BBVA, Santander y Popular, por tener presencia operativa en dicho país, son las entidades más afectadas.

Sin duda, el resurgir de las dudas sobre la capacidad de los países europeos, España incluido, para hacer frente a su enorme endeudamiento puede complicar hoy la subasta de bonos a tres y cinco años. El Tesoro Público tiene previsto colocar hasta 3.000 millones de euros en bonos a tres y cinco años.

La emisión finalizará, además, apenas un par de horas antes de la reunión del Banco Central Europeo (BCE), en la que, si se cumplen las previsiones, el precio oficial del dinero en la eurozona se elevará hasta el 1,5%, en un intento de poner freno a las tensiones inflacionistas.

La última emisión, que tuvo lugar el pasado 2 de junio, el Tesoro ya se vio obligado a incrementar el interés de los bonos a tres años hasta el 4,05%, un 12,5% más que en la anterior.

CARLOS SEGOVIA / Madrid

07/07/2011

La gran empresa, alarmada, sale en defensa de la 'marca España'

El CEC dice que el desprestigio «ha tocado fondo» pero pide más reformas

La élite empresarial y financiera de España sale hoy en defensa de «las fortalezas de la economía española», alarmada por la situación, Asegura que el desprestigio del país «ha tocado fondo», pese a la renovada tensión en los mercados. Sostiene, no obstante, que sólo restaurando la confianza con más reformas habrá una recuperación sustancial de la economía.

El llamado Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), presidido por el máximo responsable de Telefónica, César Alierta, presenta hoy un informe en el que afirma que España ha conseguido desmarcarse de Grecia, Irlanda y Portugal. «Últimamente, los inversores financieros manifiestan que la visión de España en los mercados internacionales ha variado de manera positiva en los primeros meses de 2011 respecto al último trimestre de 2010. Actualmente, la opinión generalizada sobre España desde un punto de vista económico es que ha tocado fondo». Así figura en el documento, de 76 páginas, al que ha tenido acceso EL MUNDO y que se titula Fortalezas y Perspectivas de la Economía Española. Spain's Equity Story.

Entre los miembros del CEC figuran el presidente del Banco Santander, Emilio Botín; el del BBVA, Francisco González; el de CaixaBank, Isidro Fainé; el consejero delegado de Inditex, Pablo Isla; o los de Iberdrola, Ignacio Galán; de ACS, Florentino Pérez; o Mercadona, Juan Roig.

El documento hace un guiño al Gobierno al proclamar que «la economía española ha sentado las bases de la recuperación, ya que se ha afrontado la recesión con ajustes sustanciales en los desequilibrios generados por la expansión y con reformas estructurales en aspectos clave». Pero agrega que «no obstante, los procesos de ajuste están avanzados pero no han concluido, con lo que el crecimiento en 2011 será todavía modesto pero se han sentado las bases para una nueva etapa de crecimiento».

Por otro lado asegura que «la recuperación ganará vigor con la restauración de la confianza con el cierre de las reformas del mercado laboral y el sistema financiero y con el reforzamiento del marco institucional de la Unión Europea». Del texto se desprende la insatisfacción de los grandes empresarios españoles con la reforma laboral y de negociación colectiva del Gobierno y la aún inconclusa reforma de las cajas de ahorros.

Algunos miembros del CEC señalaron ayer a este diario que habrían querido que el texto incluyera mensajes más críticos con el Ejecutivo dada la delicada situación del país, pero que no formaron mayoría. En su convocatoria para hoy, el director del CEC, Fernando Casado, señala que el objetivo del documento es «resaltar los factores de la economía española que la han hecho situarse como la cuarta mayor en renta per cápita» de la Europa más avanzada.

La intención de Alierta y resto de miembros es presentar el informe a los principales dirigentes mundiales, entre ellas la canciller alemana, Angela Merkel, para defender la marca España.

Entre las fortalezas de la economía nacional, los grandes empresarios españoles se reivindican ellos mismos por el buen posicionamiento internacional de sus grupos y su mimo a los accionistas. «La época próspera de la economía española anterior a la crisis tuvo un claro beneficiado, el accionista de empresas españolas, con una rentabilidad promedio anual superior al triple de las principales Bolsas internacionales comparables. Pero este liderazgo se ha mantenido en el periodo de crisis recientemente vivido. Así, la rentabilidad promedio anual para un accionista del Ibex-35 en este período ha sido más del doble en comparación con las principales plazas internacionales».

La gran debilidad es «la insostenibilidad del binomio construcción/endeudamiento. Auguran que el precio de la vivienda aún caerá hasta un 11% más y que no ha culminado el proceso de desendeudamiento. En su opinión, el reto es «acercar nuestros niveles de costes y productividad sectorial a los de nuestros competidores». En cuanto a qué sectores pueden actuar de motor, mencionan el «turismo, el automóvil o el transporte y logística». Y también «los sectores en los que ya existen empresas líderes españolas: biotecnología, TIC, renovables o aeroespacial, son ya una realidad de crecimiento».

JUAN T. DELGADO / PABLO R. SUANZES
Madrid

07/07/2011

Bancos y cajas denuncian que los test de estrés «discriminan» a España

Ángel Ron critica los criterios y el trato desigual de la Autoridad Bancaria Europea

Bancos y cajas están haciendo frente común por su situación de indefensión ante los test de estrés. El objetivo: evitar que la banca española salga lo mejor parada posible de las pruebas de estrés que está ultimando la Autoridad Bancaria Europea (EBA, según sus siglas en inglés). O al menos, lograr que el resultado sea el menos malo. Porque en el sector se empieza a dar por hecho que algunas entidades no superarán las pruebas más duras.

Las cajas culpan de ello, en buena parte, al Ejecutivo y a la institución gobernada por Miguel Ángel Fernández Ordóñez por haber permitido que la EBA «discrimine» a la banca española en comparación con el resto de Europa. El asunto se trató ayer en el comité ejecutivo de la Confederación Española de Cajas de Ahorros. El malestar entre los presentes era evidente. Y así se lo hicieron saber al secretario de Estado, José Manuel Campa, y al subgobernador del Banco, Javier Aríztegui.

A la hora de efectuar las pruebas de esfuerzo, la autoridad europea no está considerando como capital las provisiones genéricas, o lo que es igual, las reservas que guarda la banca española para hacer frente a épocas de crisis. A diferencia de Basilea III, tampoco computa las emisiones de bonos convertibles en acciones. Pero sí tiene en cuenta a efectos de capital las ayudas estatales, que en casos como el danés o el británico superan el 28% y el 11%.

Ambas circunstancias introducen serias distorsiones en el resultado final de las pruebas, ya que el capital sano de bancos y cajas españolas parecerá inferior al que realmente tienen. El problema es que los criterios de la EBA no han variado en los últimos meses. Las entidades sabían que el trato es discriminatorio. También Economía y el Banco de España, pero nadie movió un dedo. Ahora es demasiado tarde, puesto que el resultado de las pruebas se publicará la próxima semana.

La estrategia de emergencia diseñada por bancos y cajas consiste en presionar a la vicepresidenta económica, Elena Salgado, y a Fernández Ordóñez para lograr que, al menos, la EBA introduzca una apostilla en los resultados que clarifique que la banca española cuenta con un colchón de provisiones que no ha sido cuantificado en las pruebas.

El presidente del Banco Popular, Ángel Ron, dio ayer un paso al frente denunciando abiertamente que «los test de estrés suponen una discriminación hacia España». En un Foro organizado por EL MUNDO y KPMG, Ron señaló que la EBA se había propuesto «ser más dura y homogénea» que el año pasado, pero la consecuencia ha sido que «el sistema financiero español, y especialmente la banca privada, están siendo tratados de forma discriminatoria». Pese a ello, el banquero cree que «la banca española lo va a hacer razonablemente bien».

Las críticas de Ron abordan no sólo el hecho de que a la hora de hacer las pruebas se haya eliminado «parte de nuestro capital desembolsado y que absorbe pérdidas, lo que perjudica casi en exclusiva a la banca privada española, sino que «para España se han asumido unas variables macroeconómicas mucho más duras que para el promedio de la UE».

El presidente del Popular mandó así un mensaje claro a Europa y contestó al aviso de la agencia de calificación Moody's de que 26 de las 91 entidades europeas que han pasado por los test los suspenderán por sus deficiencias de capital o la necesidad de ayuda externa.

Ron lamentó que la EBA «no incluya ni las provisiones genéricas ni las provisiones subestándar», y mostró su convicción de que «el Banco de España ha hecho todo lo posible para revertir esta situación», aunque «hay veces en las que una corriente política a nivel europeo tiene una tendencia que no se puede parar».

P&R

J. G. / Madrid

07/07/2011

En el punto de mira del mercado

Las agencias de calificación han sufrido hoy una avalancha de críticas por su oportunismo a la hora de tomar sus decisiones de rating, que a veces también son cuestionadas por seguir criterios poco claros.

¿Cómo actúan las agencias de calificación crediticia?

Las calificadoras otorgan notas de solvencia que oscilan entre la máxima credibilidad crediticia (AAA) y el impago (D). Lo hacen atendiendo a diversos criterios e información que le aporta la propia entidad o país que la contrata para que le califiquen. Las agencias de rating cobran del emisor de deuda, algo criticado por Bruselas porque puede generar conflictos de interés.

¿De qué se las critica?

El actual modelo emisor-paga genera críticas por la posibilidad de que una agencia mejore la calificación en función de sus ingresos. En la nueva legislación que prepara la UE para este sector se pretende también evitar el oligopolio que conforman las tres grandes agencias: S&P, Fitch y Moody's. La Comisión Europea propone la creación de una agencia pública europea, algo con lo que no está de acuerdo el BCE.

¿Están justificados los recortes masivos de deuda?

Algunos analistas creen que estas empresas están sobreactuando para evitar cometer los mismos fallos que tuvieron durante la crisis financiera de EEUU. Por ejemplo, no parece muy razonable que se rebaje en cuatro escalones de golpe la nota de Portugal.

¿Qué efecto tiene una decisión suya en el mercado?

Un recorte de rating puede ahuyentar a miles de inversores de comprar deuda de un determinado emisor. Además, obliga a pagar más para captar dinero

JAVIER G. GALLEGO / Madrid

07/07/2011

La UE critica a las agencias de calificación por ensañarse con España y con Portugal

Dos de las tres todopoderosas agencias de calificación provocaron ayer una fuerte volatilidad e incertidumbre en los mercados financieros con nuevos recortes de rating. Sólo unas horas después de que Moody's situara a Portugal en el nivel de bono basura, la misma agencia dejó en perspectiva negativa la nota de Bankia, justo cuando se prepara para debutar en Bolsa. Fitch, por su parte, degradó la solvencia del Popular y de Bankinter.

Es difícil ya encontrar a algún político europeo que defienda la labor de las agencias de rating durante esta crisis. La posición de las instituciones europeas y los países del euro parece más unánime que nunca en lo que se refiere a estas empresas, que ayer volvieron a poner patas arriba los mercados con una batería de rebajas de calificación y advertencias sobre la salud financiera de Europa y sus bancos.

Moody's acaparó gran parte de estos avisos sólo unas horas después de rebajar la nota de la deuda pública de Portugal hasta Ba2, un nivel que entra ya dentro de lo que los inversores denominan bono basura. La calificadora provocó en las primeras horas de negociación bursátil un pánico vendedor al advertir de que al menos 26 entidades suspenderán los test de estrés que elabora la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) y cuyos resultados se conocerán previsiblemente la semana que viene.

Las entidades que, en su opinión, suspenderán estas pruebas coincidirán en líneas generales con aquellas entidades que peor nota crediticia tienen según los criterios de Moody's. Entre los bancos españoles, el Pastor podría estar entre los más perjudicados.

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, fue uno de los que más críticos se mostraron ayer con la rebaja de la calificación de Moody's. «Europa conoce un poco mejor que la agencia la situación que atraviesa Portugal», dijo el máximo dirigente del Ejecutivo comunitario, molesto por la «magnitud y el momento» en que se ha producido este recorte, justo cuando el nuevo Gobierno luso acaba de aprobar un duro programa de ajuste para consolidar su desajuste fiscal. El primer ministro de Portugal, Pedro Passos Coelho, afirmó ayer que la rebaja de la credibilidad crediticia es «como un golpe en el estómago».

Fuentes del mercado coinciden en líneas generales con estas críticas hacia las agencias de rating. «No es comprensible que hace cuatro meses se bajara la nota a Portugal porque tenía problemas de liquidez y ahora que ha sido rescatado se argumente que tiene un problema de solvencia», apunta uno de los expertos consultados.

También ha molestado la contundencia con la que Moody's ha actuado. La deuda lusa ha pasado de golpe de tener una nota Baa1 a Ba2, es decir, cuatro niveles menos. «Un recorte de esta proporción provoca un terremoto como el que hemos visto hoy», dice otro analista.

Además, al pasar de la categoría de grado de inversión a grado especulativo (también llamado bono basura) Portugal y sus bancos pierden muchos potenciales inversores que sólo invierten en deuda del primer rango. «Se trata de una exclusión del mercado en toda regla», apunta.

Otra de las críticas que recibieron ayer estas agencias tiene que ver con su don de la oportunidad. Moody's otorgó ayer a Bankia su primera calificación, de Baa2, aunque le sitúa en perspectiva «negativa» apenas dos semanas antes de que se estrene en Bolsa.

Pero Bankia no fue la única entidad española en sufrir la presión de las calificadoras. Pocos minutos después del cierre de la sesión bursátil, la agencia Fitch rebajó la nota al Banco Popular y a Bankinter. En el primer caso, su nueva nota se sitúa ahora en A- con perspectiva negativa debido a la «elevada exposición de la entidad al sector inmobiliario español». Respecto a Bankinter Fitch le bajó la nota hasta BBB+ y lo justificó debido a «las incertidumbres sobre la capacidad de acceso a los mercados de financiación». En ambos casos señala que la «competencia para captar recursos vía depósitos puede presionar a la baja sus márgenes de beneficios». Estas dos rebajas se producen sólo unos días antes de que se presenten los resultados de los test de estrés de la banca europea.

«Debemos limitar el poder de las agencias de calificación de riesgos», exigió ayer el ministro de Finanzas alemán Wolfgang Schäuble. La Comisión Europea tiene actualmente en fase de consulta una nueva legislación a la que se someterán estas compañías y que contempla, entre otras medidas, la posibilidad de crear una agencia de calificación pública de carácter europeo y exigir responsabilidad a estas empresas si fallan en sus previsiones.

PRIMAVERA REVOLUCIONARIA EN ORIENTE PRÓXIMO: Rabat impide el veraneo saharaui con sus jaimas

ANA ROMERO / Madrid

07/07/2011

Rabat impide el veraneo saharaui con sus jaimas

Represión de Marruecos en la playa de El Aaiún por miedo a otro campamento

Este año, los saharauis no podrán veranear como han hecho hasta ahora en la playa de El Aaiún, a unos 30 kilómetros de la capital administrativa del Sáhara Occidental. Marruecos les impidió instalar su jaimas (tiendas) al borde del mar para huir del calor del interior, porque tiene miedo de que se forme otro campamento como el que desmanteló violentamente hace ocho meses.

Ocurrió este primer domingo de julio. Para evitar una reedición de Gdeim Izik (el campamento de protesta en el que Rabat entró a saco el pasado 8 de noviembre) los gendarmes y los militares marroquíes no dejaron a los saharauis levantar sus jaimas, que habitualmente llegan al millar. En el enfrentamiento hubo heridos y detenidos.

Esta información, como toda en el Sáhara Occidental, no pudo ser verificada de manera independiente, porque Marruecos impide la entrada de la prensa en el territorio ocupado. Según la nutrida red de asociaciones españolas que apoyan la causa saharaui y según fuentes saharauis contactadas por teléfono, el martes fueron puestos en libertad cinco de los detenidos del domingo. Este periódico contactó con las autoridades marroquíes, que no quisieron dar su versión de los hechos.

La playa de El Aaiún, llamada Fouam Elouad, tiene solo unas cuantas y modestas viviendas, además de la más opulenta del wali (gobernador de Rabat). Muchas de las tiendas usadas (y destruidas) en Gdeim Izik fueron usadas el verano de 2010 para el veraneo.

Desde hace una semana, la antigua colonia española está en especial ebullición. El acuerdo pesquero Marruecos-UE, la nueva Constitución marroquí y la represión de las jaimas del verano han sacado de nuevo a la gente a la calle.

La pasada semana, la UE volvió a prorrogar por un año el acuerdo de pesca con Marruecos. Solo siete países de los 27 pusieron pegas (Suecia, Dinamarca y Holanda votaron en contra, mientras que Reino Unido, Finlandia, Austria y Chipre se abstuvieron). El motivo: esos países dudan de que -como afirma Marruecos- la emprobrecida población del Sáhara Occidental se beneficie directamente del acuerdo. Casi el 70% de las aguas pesqueras de Marruecos pertenece al Sáhara Occidental, un territorio en el limbo legal.

España votó a favor no sólo porque obtiene 100 de las 119 licencias que concede Marruecos, sino también como apoyo «a las reformas políticas» del rey Mohamed VI. Según fuentes saharauis, colonos marroquíes provocaron con palos a los saharauis el jueves, la tarde antes del referéndum constitucional. También ese día hubo heridos.

La última manifestación tuvo lugar este lunes. En ella reapareció Sidi Ahmed Eddia, el secretario general del principal sindicato del Sáhara. Además de manifestarse por lo que llaman el «expolio» de los recursos naturales de los saharauis, también lo hicieron por la liberación de los presos que aún permanecen en las cárceles marroquíes.

Los saharauis temen que la nueva Constitución, donde se establece la regionalización del país, constituya el paso final para la declaración de la autonomía del territorio dentro del reino de Marruecos. El Gobierno español ha saludado con enorme entusiasmo una Carta Magna apoyada también por el Rey Juan Carlos- que reduce los poderes absolutos de Mohamed VI

JAVIER ESPINOSA / Beirut
Corresponsal

07/07/2011

Amnistía acusa a Siria de cometer «crímenes contra la humanidad»

La revuelta en la ciudad de Hama renueva el desafío opositor al régimen de Damasco

La revuelta popular que sacude a la ciudad siria de Hama amenaza con convertirse en el principal desafío para el presidente, Bashar Asad, desde que comenzó la revolución en ese país árabe, toda vez la población de casi 800.000 habitantes parece encontrarse al margen del control del ejército y las fuerzas de seguridad.

Las imágenes de la urbe distribuidas a través de Youtube por los opositores recuerdan a las movilizaciones masivas que sacudieron a Egipto. Los vídeos muestran a multitudes clamando por la caída del régimen. «¡(Todos) Somos Hama y nos vamos a quedar aquí!», se escucha gritar a los manifestantes.

En otra grabación se ve cómo recorren una avenida hasta que comienzan a silbar los disparos. Todos salen a la carrera. Uno de los chavales deja caer una bandera siria, pero otro la recoge mientras escapa. Los heridos son transportados a hombros.

Pero los activistas sirios indican que las escenas de protestas no se circunscriben sólo a la emblemática localidad norteña. Otras grabaciones que datan supuestamente de la noche del martes al miércoles recogían escenas de marchas en solidaridad con Hama en villas como Deraa, Homs o Latakia.

El desplante absoluto de Hama se suma a las graves acusaciones que difundió ayer la ONG Amnistía Internacional (AI) que equiparó la represión que se abatió en mayo sobre la localidad de Tal Kalakh -no lejos de la frontera con el Líbano- con «crímenes contra la humanidad».

Las 26 víctimas mortales que contabilizaron los opositores en Tal Kalakh son sólo una fracción de las que se han registrado en Hama, donde las movilizaciones se incrementaron precisamente tras el brutal asalto que sufrió la localidad el 3 de junio, cuando murieron decenas. El régimen decidió flexibilizar su postura y comenzó a retirar a las fuerzas de seguridad desplegadas en la urbe hasta el punto de que en las últimas jornadas los habitantes decían que no se veían ni policías de tráfico.

Los agentes regresaron el lunes en autobuses y de inmediato se reprodujeron los tiroteos. Ammar Qurabi, líder de la Organización Nacional de Derechos Humanos, estimó que al menos 22 personas murieron sólo en esa jornada y decenas fueron heridas. Entre estos últimos se cuenta -añadió- un conocido campeón de boxeo local que ganó la medalla de bronce en las Olimpiadas de Atenas en 2004.

La agencia oficial Sana admitió la existencia de disturbios en ese enclave y dijo que el martes un miembro de las fuerzas de seguridad murió y otros 13 resultaron heridos en enfrentamientos con «grupos de saboteadores que cortaron carreteras, establecieron controles, quemaron neumáticos y protagonizaron varios actos de vandalismo». El mismo texto añadía que los individuos «abrieron fuego y lanzaron cócteles molotov» contra los uniformados.

Damasco cesó el sábado al gobernador de la población, Ahmad Jaled Abdulaziz. Citando a residentes locales, el diario Asharq al-Awsat explicó que tal medida lejos de ser un gesto hacia los opositores se debió a que el funcionario había «optado por el diálogo y dejó que los manifestantes se echaran a las calles». Los activistas indican que su sustituto -una nominación que no ha sido confirmada oficialmente- es el general Walid Abaza, un personaje que se desempeñó como jefe de uno de los cuerpos de seguridad de la propia Hama en el pasado.

Las autoridades mantienen la doble política de represión y guiños conciliatorios como el nuevo proyecto de ley sobre medios de comunicación que pretende imitar a Túnez y Egipto.

FRANCISCO CARRIÓN / El Cairo
Especial para EL MUNDO

07/07/2011

Los rebeldes libios rompen la parálisis

Avanzan hacia Trípoli desde las montañas occidentales de Nafusa y desde Misrata

La guerra, convertida en una estación duradera, quema tanto como el rigor del estío en las imprecisas carreteras libias. El cuerpo de los rebeldes, malherido por casi cinco meses de primavera y entumecido por interminables días de escaramuza, recuperó el aliento ayer al lograr el mayor avance en semanas hacia Trípoli. Con el horizonte aún incierto de alcanzar el bastión de Muamar Gadafi, una ofensiva golpeó por dos flancos los dominios del coronel.

Desde las montañas occidentales de Nafusa, los insurrectos atacaron la localidad de Zintan y, desde Misrata, se aproximaron a Zlitan, enclavada en el camino costero hacia la capital. Algunas fuentes aseguraron que la operación, apoyada desde el aire por los efectivos de la OTAN, logró situar la contienda a unos 50 kilómetros de Trípoli. Curtidos en jornadas de precipitadas y fugaces victorias, los sublevados no confirmaron estas informaciones.

A unos 100 kilómetros al suroeste de la capital libia, el fuego cruzado se inició al alba entre olivares, almendros e higueras. Cesó seis horas después con la desbandada de los uniformados de Gadafi y la entrada de los rebeldes en el pueblo de Al Qawalish al grito de: «¡Allahu Akbar!» (Dios es grande, en árabe). Un líder del ejército rebelde señaló que el asalto empezó tras obtener «la luz verde de la OTAN». Varios soldados gubernamentales, entre ellos tres africanos subsaharianos, fueron capturados.

La localización recién conquistada permite avanzar hacia Garyan, una ciudad que dispone de una carretera que enlaza con Trípoli, la parada definitiva, y que -según la televisión estatal libia- fue objetivo ayer de la ofensiva aliada.

En la costa mediterránea, los insurgentes aseguran haber desplazado el frente de batalla a unos 130 kilómetros de la capital. «Nuestras fuerzas se encuentran a tres kilómetros de Zlitan. Estamos empujando hacia delante», reconoció al diario británico The Guardian el comandante Hasan Duen. Antes incluso del amanecer el sonido de disparos, explosiones y ambulancias regresó a Misrata, la base de operaciones. A media tarde, el balance provisional de uno de los hospitales de la zona arrojaba la cifra de 12 muertos y 24 heridos.

La progresión en el oeste contrasta con la parálisis del flanco este, situado entre Ajdabiya y Brega, y sucede un día después de que Francia anunciase el fin del envío de armamento a los rebeldes. Su triunfo cauto aumenta las heridas de un Gadafi debilitado por las sanciones internacionales, los bombardeos aliados y la difícil odisea diaria que sufren quienes viven aún bajo su yugo.

En Trípoli, uno de sus últimos reductos, escasea la gasolina y, tras el espejismo de normalidad, una creciente guerra de guerrillas sacude durante la noche barrios como Souk al Juma. Según los vecinos, milicias rebeldes aprovechan la oscuridad para atacar los controles policiales con el propósito de minar la moral de las fuerzas de seguridad y demostrar que, pese a la represión, la llama de la insurrección permanece encendida en el cuartel de la Yamahiriya