El Gobierno acordó ayer, tras un «debate fuerte» en el Consejo de Ministros, no prorrogar la limitación de velocidad de 110 kilómetros por hora en las autopistas, impuesta por «razones de ahorro» el pasado 7 de marzo. Así pues, a partir del próximo 1 de julio, la velocidad máxima permitida volverá a ser de 120 kilómetros por hora, tal y como anunció ayer el vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
La razón básica esgrimida por el Ejecutivo para volver a elevar el límite de velocidad es de tipo económico. «Ya no tiene sentido la medida», explicó Rubalcaba, «porque las circunstancias han cambiado: el precio del barril de petróleo ha descendido y todas las previsiones apuntan a que seguirá bajando».
De acuerdo con los datos que ha proporcionado el Ministerio de Industria, la «balanza de pagos se ha ahorrado 450 millones de euros» en los cuatro meses que ha estado en vigor la reducción del límite máximo de velocidad.
A esta cifra, no obstante, habría que restarle los 230.000 euros que costó cambiar las señales indicativas en toda España así como el descenso de recaudación en concepto de IVA e Impuestos sobre los Hidrocarburos que se derivan del menor consumo.
El departamento que dirige Miguel Sebastián calcula que, sólo en los meses de marzo y abril, esta merma tributaria fue de 102 millones de euros en comparación con los mismos meses de 2010.
Cuando el Ejecutivo presentó su plan de ahorro energético a finales del pasado mes de febrero, calculaba conseguir con todas las medidas de austeridad que presentó un descenso total del gasto de 2.300 millones de euros.
Ayer, Rubalcaba insistió en que el único motivo que ha pesado a la hora de inclinar la decisión del Gobierno hacia la no prórroga de los 110 kilómetros por hora ha sido económico.
No han contado, según sus explicaciones, los argumentos que apuntan a un descenso de la siniestralidad en las carreteras ni tampoco los que señalan los beneficios medioambientales que reporta la rebaja del límite máximo de velocidad.
Con más matices se pronunció la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, quien sí reconoció que en la vuelta al límite máximo de 120 kilómetros por hora también había influido la recaudación tributaria: «Todo ha contado, pero los ahorros en balanza de pagos son bastante superiores a lo que se ha dejado de ingresar en concepto de impuestos», argumentó.
No obstante, la razón esencial, tal y como recalcó el vicepresidente primero, ha sido la caída del precio del barril de petróleo. Así, el número dos del Ejecutivo recordó que, el pasado mes de febrero, cuando el Gobierno decidió reducir la velocidad máxima permitida, el barril de crudo se situaba en torno a los 115 dólares y las previsiones de todos los expertos, a la vista de la inestabilidad política y social en los países del norte de África -esencialmente Libia- y en los del Golfo, apuntaban hacia nuevas subidas. Algunos de estos pronósticos llegaban a situar el precio en el entorno de los 150 dólares. Este pronóstico máximo no se llegó a cumplir.
«Estas circunstancias han cambiado», apuntó ayer Rubalcaba. «Ahora el precio del crudo está en 106 dólares y las previsiones apuntan a que va a seguir bajando. Por tanto», concluyó, «la medida ya no tiene sentido».
Ayer, el barril de Brent cotizaba a 108 dólares, después de que la Agencia Internacional de la Energía anunciara que va a sacar al mercado 60 millones de barriles de sus reservas estratégicas para paliar el descenso de producción en Libia. No obstante, y pese al descenso en el precio del petróleo, la gasolina no ha seguido el mismo camino. De hecho, el litro de carburante se ha encarecido ligeramente en España.
«En febrero dijimos que la medida era transitoria; que salía al paso del precio del barril de petróleo y que el objetivo era ahorrar en la factura energética. Ahora cumplimos con lo que dijimos», recalcó Rubalcaba.
No obstante, y pese a que, según el vicepresidente, las razones de seguridad y medioambientales no han sido decisivas, sí reconoció que no pueden tacharse de irrelevantes.
Por esta razón, Rubalcaba advirtió que desde la Dirección General de Tráfico se va a recordar continuamente a los conductores que «correr menos ahorra dinero, aumenta la seguridad y reduce la contaminación».
Según afirmó, el Gobierno ha comprobado que, durante estos cuatro meses de reducción del límite de velocidad, los ciudadanos han pisado menos el acelerador no sólo en autopistas y autovías, sino también en carreteras. Es por ello que tiene la «impresión» de que después del debate que ha suscitado la reducción de la velocidad, «los españoles van a correr menos».
OORBYT.es
>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el análisis de Pedro G. Cuartango.
Madrid
25/06/2011
PP: «La medida no ha ahorrado»
El PP lo tiene claro: el Gobierno no ha ahorrado lo que pretendía con los 110 kilómetros por hora, la medida ha sido un fracaso -uno más, se entiende- y por eso ha dado marcha atrás. Así lo manifestó ayer el coordinador de Economía de los 'populares', Cristóbal Montoro, que compareció en rueda de prensa poco después de que el Ejecutivo anunciara que el límite máximo de velocidad vuelve a ser los 120 kilómetros por hora.
«Estamos ante una medida que no ha ahorrado lo que pretende», dijo Montoro, sin entrar en cifras concretas, pero constatando que «no ha cumplido su objetivo», razón por la que ha decidido eliminar la medida adoptada hace sólo cuatro meses.
También el director de Tráfico de la Generalitat de Cataluña, Joan Aregio, celebró la noticia, aunque apuntó que uno de los factores para no prorrogar el límite a 110 es que el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba será candidato socialista a La Moncloa.
En el PSOE, incluso alguno de sus dirigentes se posicionó ayer a favor de haber prorrogado la medida. Fue el caso del secretario de Medio Ambiente del partido, Hugo Morán, que señaló que había razones económicas, medioambientales y de seguridad vial suficientes para mantener la limitación a 110.
Morán reconoció, no obstante, que también había razones para eliminarla, entre ellas que «todos los sondeos» señalan que «no era una medida con un respaldo social entusiasta».
.MULTAS
F. C. / Madrid
25/06/2011
El tiempo dio la razón a los críticos
Los hechos terminaron por dar parte de razón a quienes criticaron al Gobierno, al considerar que tras la iniciativa de ahorro energético también se escondía un voraz afán recaudatorio.
Los primeros datos que se comunicaron apuntaban justo en la dirección contraria, ya que sólo una semana después de entrar en vigor la reducción de la velocidad los radares fijos de las carreteras cazaron a un 62% menos de conductores: de las 5.500 denuncias a la semana contabilizadas de media en febrero, cayeron a 2.082. El día que se estrenó el nuevo umbral, fueron apenas 199 los infractores.
Cuando acabó marzo, ese porcentaje había descendido, pero aún se contabilizaba un 47% menos de sanciones. Y es que los automovilistas se lo habían tomado a pies juntillas, como demostraban las cifras de velocidades medias registradas a lo largo de ese mes: en las autopistas, bajó de 113,9 a 102 kms/h. Y en autovías, de 107,23 a 100,37 kms/h. Además, también se convirtieron en raras avis aquéllos que se atrevían a superar el escandaloso límite de los 120 con el que llevábamos tres décadas conviviendo.
Luego, a medida que la novedad fue dejando de serlo, las conductas empezaron a relajarse y, en mayo, el Gobierno admitía que esas multas se habían incrementado un 8%. En el caso de las impuestas por los radares móviles -donde no sirve frenar porque no se anuncian y casi siempre están bien escondidos- no hubo punto de inflexión. En marzo y abril respondieron de 138.382 multas, un 16% más que en los dos primeros meses del año. Un dato relevante, pero tampoco determinante en términos económicos, como cuestionaban los críticos. El incremento de estas últimas sanciones (menos de 20.000) no habría aportado mucho más de dos millones netos extra a las arcas del Estado.
La polémica que siempre ha sobrevolado el asunto de las sanciones es si, efectivamente, los aparatos fueron reprogramados para el nuevo límite o se quiso jugar con una especie de efecto placebo. En este punto, miembros de la propia Guardia Civil de Tráfico aseguraron que en cada zona se actuaba casi por libre y que no había una directriz común al respecto. Ante la revuelta, el responsable de la Dirección General, Pere Navarro, tuvo que salir a escena a puntualizar que los agentes «tenían instrucciones muy claritas».
Estuvieran o no actualizados los radares, las tradicionales empresas de recursos estuvieron muchas semanas sin recibir ningún boletín con una denuncia por rebasar el límite de los 110.A FAVOR
JOSÉ LUIS CANO / Madrid
25/06/2011
Todas las asociaciones de conductores se mostraron ayer de acuerdo con la resolución del Gobierno de restaurar el límite de velocidad a 120 kilómetros por hora.
Una de las más felices con la decisión del Ejecutivo fue Automovilistas Europeos Asociados (AEA) que, por medio de su presidente, Mario Arnaldo, señaló que «por fin se va a poner fin a la situación de estrés a la que se había sometido a los automovilistas». Arnaldo, además, afirmó que esta medida no había cumplido las previsiones iniciales del Gobierno de reducir un 15% el consumo, ya que durante marzo obtuvo una reducción del 7,8% y en abril aún fue inferior.
Otra de las organizaciones que aplaudió la medida fue el Comisariado Europeo del Automóvil (CEA). Esta asociación incluso alegó que un límite máximo de 130 kms/h en autopistas y autovías es homologable con objetivos de ahorro energético, medioambientales y de seguridad vial.
En una línea argumental similar se posicionó el Real Automóvil Club de España (Race). Esta organización demandó un debate real sobre los límites de velocidad, de forma que ésta se reduzca en los llamados puntos negros o zonas urbanas de alto riesgo como las próximas a centros escolares, y se pueda aumentar por encima de los 120 kilómetros por hora en vías de alta capacidad, como las autopistas y autovías.
También se mostraron a favor de la decisión del Gobierno DVuelta y el Movimiento 140. Ambas plataformas, además, se habían mostrado muy combativas, ya que llegaron a presentar ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra el decreto que establecía el límite a 110 kilómetros por hora.
Asimismo, la Confederación Nacional de Autoescuelas (Cnae) también celebró la vuelta a los 120 kms/h. Esta organización afirmó que una conducción eficiente es más efectiva que este tipo de límites de velocidad, puesto que se puede ahorrar entre un 15% y un 20%.
Incluso la Unión de Guardias Civiles (UGC) se mostró a favor de volver a los 120 kilómetros por hora, ya que tanto las carreteras como los vehículos han mejorado mucho en los últimos años.
Un argumento compartido igualmente por la Red Europea de Garantía de Vehículos (REGV), organización que incluso preveía un aumento de averías porque afirmaba que los coches modernos se han desarrollado para circular entre 115 kms/h y 130 kms/h en trayectos largos.
Por último, muchas de estas asociaciones incidieron en lo poco efectivo de la medida, ya que entienden que el ahorro generado se ha debido más a la reducción de la circulación por la crisis que en la propia limitación de la velocidad máxima.
Por su parte, la asociación nacional de fabricantes (Anfac) pidió medidas para renovar el parque con coches modernos, que emiten hasta un 40% menos que aquéllos que tienen 10 años de antigüedad. AHORRO ENERGÉTICO
F. CEREZO / Madrid
25/06/2011
Gasolinas caras y crisis, un cóctel explosivo
Desde el inicio, bajar la velocidad a 110 se consideró como una medida «transitoria» y, sin duda, la más polémica del plan de ahorro energético del Gobierno que también contemplaba, por ejemplo, la reducción del precio para algunos billetes de tren. El plazo máximo de aplicación era de un año, con una primera fase sólo hasta el 30 de junio. Casi cuatro meses después, y decidida su revocación, el balance que deja es un ahorro en importaciones de crudo de 450 millones de euros. Una cifra a la que hay que restar el importe de modificar las señales (230.000 euros, según Rubalcaba) y, sobre todo, los menores ingresos fiscales al caer el consumo de combustibles, ya que casi la mitad del precio son impuestos (especiales de hidrocarburos e IVA). Sólo en marzo y abril, la merma fue de 102 millones respecto a 2010.
Además, el Gobierno ha computado todo ese ahorro a la bajada de la velocidad, y le ha costado reconocer la influencia de la crisis y del encarecimiento de los combustibles, que experimentaron una importante escalada hasta alcanzar su máximo en mayo. Hoy están casi tan caros (1,32 euros la gasolina y 1,27 euros el gasóleo) como cuando se puso en vigor la medida, el pasado 7 de marzo.
Dando por buenos los 450 millones, se habrían cumplido los objetivos iniciales. Éstos fijaban un ahorro de 1.400 millones en un año, aunque basados en unos cálculos que los expertos siempre consideraron fuera de lugar. Porque si el Gobierno hablaba de reducciones en el consumo de los coches de hasta un 15%, los analistas no iban más allá del 3%.
En todo caso, que la medida tenía las horas contadas pareció claro cuando, este jueves, la AIE (Asociación Internacional de Energía) anunciaba la inyección en julio de 60 millones de barriles de las reservas estratégicas. El efecto inmediato fue un desplome en la cotización del petróleo del 6%, hasta los 107 dólares el barril. El Gobierno siempre dijo que revisaría la medida en función de los precios y, de mantenerse estables tras la caída, como así esperan, les aportaría un ahorro muy superior.
Cuando el límite se puso en vigor, Industria argumentó que por cada 10 euros de incremento en el barril España tenía que asumir un sobrecoste de 6.000 millones de euros. De modo que los cinco que perdió en la jornada del jueves ya supondrían 3.000 millones de ahorro. La suerte estaba echada.
MENOS de cuatro meses ha durado la ocurrencia del Gobierno de limitar a un máximo de 110 kilómetros por hora la velocidad de circulación por autopistas y autovías. A partir del próximo día 1 de julio, el tope vuelve a ser el habitual de 120 kilómetros, según acordó ayer el Consejo de Ministros.
BILDU sigue desafiando la legalidad de la que se ha beneficiado para poder concurrir a las elecciones y estar en las instituciones. El nuevo alcalde de San Sebastián, Juan Carlos Izaguirre, ha ordenado retirar el retrato del Rey que presidía el salón del Pleno de la corporación municipal. Ello supone una vulneración del artículo 85.2 del reglamento de funcionamiento de entes locales, que señala textualmente que «la efigie del Rey estará colocada en lugar preferente del salón de sesiones». Rubalcaba aseguró ayer que el Gobierno va a obligar a Bildu a respetar las leyes. ¿Cómo? ¿Va a forzar a Izaguirre a colocar de nuevo el retrato? ¿Va a lograr que la bandera nacional que ha sido retirada de ayuntamientos vascos vuelva a ondear? ¿Va a impedir que en Hernani se hagan homenajes municipales a los etarras? Quedamos a la espera de ver cómo Rubalcaba cumple su compromiso. 
