Reclama al Gobierno que hable «a calzón quitado» con las CCAA para reducir el déficit
Le pide que convoque «ya
El déficit es un problema de todos, sí, pero de unos más que de otros, y lo es más del Gobierno que de las comunidades autónomas. Con este mensaje, directo a la mandíbula del Ejecutivo socialista, y en plena disputa por el traspaso de poderes tras el 22-M, se presentó ayer Mariano Rajoy ante la Junta Directiva Nacional de su partido.
Allí el líder popular se ofreció a contribuir «con lealtad», desde su recién estrenado poder autonómico, al objetivo de reducción del déficit marcado por la UE; pero a cambio de que, por su parte, el Gobierno haga un striptease con la situación real de las cuentas públicas, sobre las que le adjudicó «la responsabilidad más importante». En un lenguaje crudo y coloquial, poco habitual en él, el gallego instó al equipo de Zapatero a hablar «a calzón quitado» con todas las autonomías -populares, socialistas y nacionalistas- en un Consejo de Política Fiscal y Financiera que habría de convocar «ya».
Si la semana pasada el PP anunció un tijeretazo al despilfarro autonómico en sus feudos, ayer retó a su adversario a «desnudarse» ante las autonomías, en palabras de fuentes autorizadas del partido, que reclamaron transparencia sobre todas las cuentas autonómicas y sobre sus congeladas transferencias a las comunidades.
Y es que los populares están convencidos de que la jugada política que el Gobierno prepara para los próximos meses consiste en culpar del déficit español al nuevo poder autonómico del PP. Consideran que las comunidades autónomas sólo son corresponsables en tanto algunas, como Cataluña, Castilla-La Mancha y la propia Valencia -a ésta sólo la citan a micrófono cerrado, por ser del PP-, se han excedido en el gasto.
Pero culpabilizan sobre todo al Gobierno de apuntarse a su favor un recorte del déficit alcanzado a costa de las propias autonomías, mediante un simple mecanismo: el de dilatar hasta 2013 las transferencias derivadas del acuerdo de financiación firmado en 2009, que las autonomías sólo cobraron el primer año, 2010.
La asfixia de los gobiernos -a partir de ahora mayoritariamente populares- es mayor, además, porque los ingresos han caído en un 12% a consecuencia de la propia crisis, y el Gobierno no ha autorizado una rebaja en las prestaciones de los servicios.
Por eso, explican, Rajoy se adelantó ayer a la estrategia socialista, advirtiendo al Ejecutivo de que su lealtad en los recortes vendrá condicionada por su propia actuación. Primero, Rajoy le exigió claridad en las cuentas, pero, además, le pidió, como tantas veces, un plan. «El Gobierno», dijo, «debe convocar ya un Consejo de Política Fiscal y Financiera, para aprobar unos planes actualizados de reducción del déficit público en todas las Administraciones».
Desde las baronías del PP, se planteaba ayer, por ejemplo, la necesidad de que el Gobierno ponga encima de la mesa una moratoria en las prestaciones de dependencia -como la que culmina en el mes de julio- hasta 2013. Pero se insistía, sobre todo, en que es al Ejecutivo al que corresponde plantear «salidas», en lugar de esperar y prepararse para echar la culpa al PP.
Rajoy intentó trasladar un mensaje positivo y hasta pactista, pero fue taxativo en el emplazamiento: «Creo que se puede cumplir el objetivo de déficit de este año si todos somos leales -y yo desde luego garantizo la lealtad del PP- y si el Gobierno habla a calzón quitado con las comunidades autónomas y da un horizonte de salida claro y entendible», dijo.
La urgencia fue una característica esencial del emplazamiento de Rajoy al Gobierno. Toda su intervención estuvo teñida de una indisimulada alarma por la gravedad de la situación económica en España, que él mismo contextualizó en la crisis griega. Se advirtió, incluso, un cambio de tono respecto de la semana pasada que le hizo volver a reclamar, con más convicción que retórica, un adelanto electoral de las generales. «Esa situación de Grecia hace muchísimo más urgente que en España haya estabilidad, claridad, un programa claro, y un gobierno que tome decisiones y competente», afirmó.
En este sentido, aprovechó para criticar al Gobierno por responder a la crisis con «tactismo, lucha y posicionamiento interno». «Lo peor», dijo, «es que la agenda del Gobierno se ha entregado a los intereses tácticos de un candidato, olvidando que la situación hacen necesario un cambio de rumbo urgente. Sin liderazgo, con bicefalia y dedicado al interés de su partido, lo único que puede provocar es que las cosas se pongan peor».
Desde el triunfo del 22-M, al despacho de Rajoy ha empezado a llegar un aluvión de llamadas procedentes del sector empresarial y financiero. Aseguran los suyos que su preocupación sobre la situación real de la economía ha crecido exponencialmente en estos días, especialmente en lo que atañe a la caída del crédito, al agujero de las cajas de ahorros -amenazadas, dicen, por los rumores de una intervención, sólo frenada para no entorpecer algunas inminentes salidas a Bolsa-, o a la deuda de la Sanidad. «El país no aguanta», decían ayer mismo en la dirección del PP, donde también se hacen eco de recientes rumores de adelanto surgidos del Ejecutivo.
El caso es que Rajoy convocó ayer una «convención programática» para finales de septiembre, coincidiendo con la conferencia política anunciada para esas fechas por el PSOE: una plataforma idónea para la batalla electoral, especialmente en caso de adelanto, con la que, además, Rajoy posponía el congreso ordinario que, cumplidos cuatro años del de Valencia, tocaba celebrar este año. «Supondría caer en líos internos», justificó, «y nadie lo entendería en este momento, con la que está cayendo». Y es que desde el 22-M, la crisis también «cae» sobre el PP.
El Gobierno balear no paga la luz
Debe 10 millones de euros a Endesa y está advertido de que se le cortará el suministro
MARÍA J. GARCÍA / Palma
Correos ya ha cortado el servicio a algunas consejerías del Ejecutivo balear -entre ellas, Presidencia- por deudas atrasadas en sellos, y Endesa ha estado a punto de hacer lo mismo con el suministro eléctrico. Ahora, los números rojos energéticos del Govern del socialista Francesc Antich son más millonarios que los postales.
En total, las administraciones públicas de Baleares deben a la eléctrica unos 10 millones de euros, según reconocen desde Endesa. En esta cifra se engloban tanto las facturas sin pagar del Govern balear como las de los consells insulares, los ayuntamientos y las más de 160 empresas públicas isleñas.
Así las cosas, fuentes cercanas al Departamento de Economía balear confirman que Endesa ha enviado a «varias consejerías del Govern avisos de corte de suministro por el impago de facturas». Desde Endesa ni confirman ni desmienten para el caso concreto del Ejecutivo balear, dado que tiene status de cliente y como tal, la eléctrica está obligada, por la Ley de Protección de Datos, a no facilitar ninguno. Pero sí reconoce que «cada vez más, con la Administración hay que recurrir a las amenazas de corte para poder cobrar». Algo que -aseguran desde la eléctrica- «se hacía antes sólo en rarísimas ocasiones».
Endesa tiene estimados unos tiempos de impago transcurridos los cuales se procede al corte de suministro. Durante ese tiempo se envían, a su vez, varios avisos de corte recordando los importes que quedan por pagar.
Ahora bien, la mayor deuda dentro del Govern la arrastraría la Consejería de Salud, porque es la que más gasta a través de centros de salud y hospitales. Precisamente, este Departamento cuenta con un seguro anticortes eléctricos incluso aunque haya impagos. Es el Real Decreto 1955/2000 que, en su artículo 89, establece que no se podrá cortar el suministro «al alumbrado público a cargo de las administraciones públicas ni a los centros sanitarios con quirófanos y salas de cura», así como a los parques de bomberos y a los acuartelamientos de Defensa.
Así las cosas, fuentes cercanas al Govern hablan de que se habrían producido reuniones entre éste y la eléctrica para pactar plazos de pago de las facturas atrasadas. Algo así como refinanciar la deuda energética pública de unas islas donde el Ejecutivo saliente ha reconocido que arrastra retrasos en el pago de facturas a proveedores desde hace tres meses, con una media de demora de 120 días.
MARISA CRUZ / Madrid
07/06/2011
El Gobierno teme nuevos ataques especulativos y pide al PP «sensatez»
Zapatero intensifica los contactos económicos para asegurar el apoyo a las reformas
Desde el Gobierno se ha lanzado un mensaje reclamando «sensatez» al Partido Popular para no sembrar dudas sobre datos que el Ejecutivo asegura que no están contrastados, en torno a la situación financiera de las comunidades autónomas en las que próximamente ocupará el poder.
El temor gubernamental se ha disparado a raíz de las afirmaciones de los populares sobre la situación financiera de Castilla-La Mancha y también sobre la de Asturias.
Las fuentes consultadas en La Moncloa insisten en que el PP ha elegido una «mala política» en un momento «muy inoportuno», justo cuando España se encuentra a la espera de que Bruselas certifique las reformas puestas en marcha y avale la estrategia de reducción del déficit, y coincidiendo también con los nuevos temores sobre la situación de Grecia y Portugal.
En última instancia, el Ejecutivo teme que se dispare de nuevo en los mercados internacionales la desconfianza respecto a España, máxime cuando el foco de las acusaciones se centra en las finanzas autonómicas, un ámbito que es percibido por los mercados como el punto más débil de la economía española.
Las mismas fuentes explicaban que el presidente del Gobierno ha intensificado los contactos políticos para asegurarse el apoyo a las reformas que aún hay que completar, como el decreto que el viernes aprobará el Consejo de Ministros sobre la negociación colectiva, clave para cerrar la reforma del mercado laboral, y para finalizar la reforma del sector financiero y el saneamiento de las cajas. Zapatero mantuvo la semana pasada contactos con el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, y con el portavoz parlamentario de CiU, Josep Antoni Duran Lleida. Con ambos también abordó la próxima negociación sobre los Presupuestos del Estado.
En relación con la polémica sobre el estado financiero de las autonomías, La Moncloa ponía ayer el acento en el hecho de que las cuentas del primer trimestre han sido ya hechas públicas y se reprochaba al PP, una formación que aspira a tomar el relevo del poder en las próximas elecciones generales, que ponga en cuestión y vierta dudas sobre la veracidad de los datos de la Intervención General del Estado.
Desde el Gobierno se achacaba el ligero repunte sufrido por el diferencial de la deuda española con el bono alemán -que ayer se movió entre los 222 y los 227 puntos básicos-, más al impacto ocasionado por la mala situación de Grecia que a los temores sembrados por el PP. No obstante, se apuntaba que precisamente en este momento las afirmaciones «sin base» de los populares echan leña a un fuego que se consideraba controlado.
El ministro de Industria, Miguel Sebastián, fue el primero en reclamar al PP «un ejercicio de responsabilidad» para evitar «crear alarma sobre el estado de las cuentas de las Administraciones Públicas». «Esto», dijo, «no nos beneficia como país».
En el mismo sentido se manifestó el consejero de Economía y Hacienda del Principado de Asturias, Jaime Rabanal, que reclamó a la formación que lidera Rajoy «responsabilidad institucional». «El PP está poniendo en cuestión la confianza en nuestra deuda y, por tanto, la prima de riesgo aumentará», señaló.
En cualquier caso, desde el PSOE también se ha entrado al juego de las sospechas mutuas apuntando con el dedo las cuentas de las comunidades gobernadas por el PP. Por su parte, el ex presidente de Castilla-La Mancha José Bono reconoció que la situación económica castellano-manchega es «complicada y difícil» pero negó que no se vayan a poder pagar las nóminas de los empleados públicos. Explicó que la deuda de la comunidad es el 0,8% de la deuda del Estado y añadió que lo que ésta recibe en concepto de participación en los tributos estatales son 350 millones de euros mensuales, en tanto que la nómina de sus funcionarios «cuesta 275» millones.
C. SEGOVIA / Madrid
07/06/2011
Moody´s califica de 'desafío' los presupuestos de la Generalitat para este año
La agencia líder internacional de calificación Moody's cuestionó ayer que España pueda cumplir sus compromisos de solvencia con la Unión Europea por lo que llamó «el desafío de Cataluña» y el creciente incumplimiento presupuestario de otras comunidades autónomas. En su opinión, el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero no tiene fuerza para poner orden a las autonomías.
Moody's envió ayer una nota informativa especial distribuida a sus clientes de todo el mundo titulada: Cataluña desafía al Gobierno central en su Presupuesto. Negativo para la región y para el país. En ella critica que la Generalitat catalana ha presentado un Presupuesto para 2011 que vulnera en 2.700 millones de euros «el objetivo de déficit establecido por el Gobierno central». En vez de atenerse al 1,3% del PIB autonómico catalán, ascenderá al 2,6%.
En la nota, la agencia sostiene que «la postura [de desafío] de Cataluña muestra claramente que el Gobierno central no dispone de herramientas eficaces para imponer el cumplimiento de los Presupuestos a nivel regional».
Moody's -que mantiene notable influencia en los mercados- indica que los últimos datos de ejecución presupuestaria muestran que la «presión» persiste en otras comunidades y que el resultado final será que de nuevo será la Administración central la que asuma lo que no asumen las autonomías. «El resultado más probable será que el Gobierno central intentará otra vez reducir su propio déficit más de lo que fue originalmente establecido al igual que tuvo hacer el pasado año», asegura, antes de resaltar que «eso sería una solución a corto plazo para un problema estructural».
Es decir, que el Gobierno central deberá recortar gastos o subir ingresos en el resto del Estado para cubrir los 2.700 millones que Cataluña se niega a ahorrar.
Por ese motivo, lanza una apuesta negativa sobre España: «Creemos que será muy difícil para el Gobierno español conseguir sus ambiciosos objetivos de déficit en el actual y en los próximos años».
El único antídoto sería, en su opinión que «o bien el Gobierno central y los autonómicos trabajan conjuntamente para afrontar la presión estructural de gasto sobre los presupuestos regionales, lo que requiere consenso en el Estado sobre áreas sensibles como son la sanidad y la educación; o bien, el Gobierno central crea instrumentos eficaces para asegurar el cumplimiento de las comunidades». Aconseja «constituir techos de gasto obligatorios a nivel regional».
Esta última demanda coincide con lo recomendado en el llamado Pacto por el Euro Plus a petición de la canciller alemana, Angela Merkel. Pero, por el contrario, la Generalitat de Cataluña reclama más flexibilidad en el único capítulo en el que el Gobierno central dispone de poderes: las autorizaciones para un mayor endeudamiento.
La propia agencia Moody's señala que la oposición de Salgado a que Cataluña pueda endeudarse a largo plazo en tanto no cumpla con el objetivo de déficit «no resuelve el problema estructural». «Creemos que los retrasos en los pagos a proveedores se incrementarían y la liquidez de la comunidad empeoraría».
Según fuentes financieras, la Generalitat sólo dispone de liquidez hasta el final del verano. Por eso, el conseller de Finanzas, Andreu Mas-Colell, ha iniciado una campaña entre inversores internacionales que prepare el terreno para futuras operaciones de crédito.
Ayer mismo, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, se desplazó a Bruselas para explicar la situación de la comunidad al presidente del Consejo Europeo, Hermann von Rompuy, y mantuvo el desafío tras la advertencia de Moody's. «A las agencias de calificación les pedimos que hagan su trabajo y que lo hagan bien, que no creen alarmas innecesarias, que observen lo que se está haciendo. Creo que en Cataluña se está haciendo un trabajo serio», manifestó, según Efe. Y recordó que como las agencias fueron demasiado optimistas antes de la crisis, no deben caer ahora en el error contrario.
En su opinión, negarse a cumplir el objetivo de déficit «no pone en riesgo la solvencia de nadie». «Al revés, cuando un Gobierno hace los deberes, se lo toma en serio, apuesta por el ahorro público, contiene el Presupuesto, baja un 10% y encima se tiene que enfrentar a muchas opiniones contrarias de todo tipo, cuando un Gobierno hace eso y no le tiemblan las piernas, lo que hace es garantizar la solvencia a través de la seriedad y del buen trabajo», justificó. La agencia de calificación resalta que Mas-Colell sólo reduce el gasto corriente en un 3%, cuando los ingresos caen un 6%.
El pasado día 19, la otra gran agencia de calificación, Standard & Poor's rebajó el rating catalán -el más bajo de todas las comunidades- porque «adoptó en 2010 [cuando gobernaba el tripartito] medidas de recorte de costes más débiles de lo esperado». Y apostó por que el Gobierno central no podrá aportar financiación adicional.
ANÁLISIS
FRANCISCO NÚÑEZ / Madrid
07/06/2011
Sin noticias del ajuste autonómico
De las cuentas de las autonomías del primer trimestre no se desprende un solo indicio de que los gobiernos se hayan tomado en serio la necesidad de reducir el déficit este año al 1,3%. Seguramente confían, como sucedió el año pasado, en que el Estado compense con un mejor resultado de su balance el mayor agujero de las comunidades ante Bruselas. Así ocurrió el año pasado.
Hasta marzo, los ingresos de las autonomías bajaron de media un 2,23%, a pesar de que por primera vez han recibido el 50% de los principales impuestos nacionales. Mientras, dispararon el gasto hasta el 5,44%. De esta forma, el déficit llego a los 5.000 millones, el doble del registrado en la Administración central hasta abril, lo que representa un 0,46% del PIB regional. Es decir, en tres meses han consumido un tercio del margen que tienen hasta el 1,3%.
Sin embargo, esos datos no son los oficiales, ya que se han confeccionado en términos de contabilidad presupuestaria y no de contabilidad nacional, como exige Bruselas. La diferencia es que sólo se han anotado las salidas y entradas de dinero a medida que se han dispuesto. Es decir, no se han computado los gastos, y también ingresos, comprometidos en este periodo. Esto significa que ese 0,46% es, en realidad, superior en dos o tres décimas. Por tanto, el déficit real es ya la mitad del previsto para todo el año. Y existe la sospecha de que parte de la denominada deuda comercial, la correspondientes a proveedores y empresas de servicios, está en los cajones.
¿Por qué han gastado más las autonomías? De momento, los gobiernos autonómicos no han estado a la altura política que demanda la situación. Han disparado el gasto porque han abonado facturas del año anterior para que no computaran en 2010 y registrar un déficit inferior. Y, sobre todo, han aumentado el consumo y la inversión para intentar ganar las elecciones. Por ejemplo, los gastos corrientes en bienes y servicios (incluyen la factura sanitaria) han crecido casi un 23%. Pero sólo en Andalucía han subido un 119,11% y un 42,02% en Castilla y León. Las inversiones, a pesar del descenso generalizado en 2010, han crecido un 11,28% de media. Sin embargo, en Madrid el alza fue del 309,69%, y en Galicia del 291,89%, aumentando por ejemplo partidas para obras en los ayuntamientos. Esta circunstancia también se ve en el capítulo de transferencias corrientes, un cajón de sastre donde se reparten ayudas y subvenciones sin que se sepa su eficiencia. Andalucía fue la única región donde subió el gasto de personal; sólo ella lo aumentó. Pero el principal reto son los gastos financieros, es decir, el pago de los intereses de la ingente deuda, que lastrará ésta y futuras cuentas si los gobiernos no meten la tijera a todo el Presupuesto. La subida media fue del 76%, pero en Asturias llegó al 639% y en Navarra, País Vasco y Extremadura superó el 500%.
DAMIÁN VILLEGAS / Toledo
Corresponsal
07/06/2011
Los consejeros de Barreda cancelan todas las reuniones con el PP
Los 'populares' insisten en que se está destruyendo documentación comprometedora
Tal y como habían anunciado el sábado, los siete consejeros del Ejecutivo en funciones de Castilla-La Mancha decidieron ayer suspender definitivamente las reuniones preparatorias del traspaso de Gobierno que venían manteniendo con el PP, en una reunión presidida por su máximo responsable, José María Barreda. También anunciaron que el Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades estudiará las acusaciones vertidas estos días por los dirigentes del PP -quiebra total de la Junta y destrucción de documentos oficiales- por si fueran constitutivas de delito, en cuyo caso pedirían responsabilidades penales.
Los dirigentes populares se ratificaron en sus denuncias sobre la destrucción de documentación oficial en dependencias de la Junta de Comunidades y amenazaron con acudir a los tribunales, además de pedir responsabilidades políticas. También acusaron al Gobierno de Barreda de «mentir y ocultar documentación a los ciudadanos de Castilla-La Mancha».
Según señaló el consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, Santiago Moreno, «las reuniones del Consejo de Gobierno saliente se celebrarán cuando estén nombrados consejeros del Gobierno entrante» y no antes; es decir, probablemente después de la investidura de María Dolores Cospedal como nueva presidenta.
En este sentido, afirmó que la Junta lleva preparando la información y documentación desde dos días después de las elecciones, y mantendrá, «como no puede ser de otra manera», todos los trabajos preparatorios del traspaso de poderes al nuevo Ejecutivo, proceso que culminará cuando la Junta saliente ponga a disposición de los nuevos consejeros la información requerida.
Esta decisión de los consejeros de Barreda se produce después de que el PP haya asegurado que la Junta está en situación de «quiebra total» y que la actitud obstruccionista de Barreda está poniendo en peligro las nóminas de los funcionarios en los próximos meses, unas declaraciones que para Moreno son «gravísimas» y por ellas ha exigido a los populares una rectificación pública, ya que han generado una alarma «absolutamente injustificada» que podría ser «delictiva».
El consejero saliente explicó que los funcionarios de Castilla-La Mancha tienen sus nóminas aseguradas «para este mes y para los que restan», ya que los 275 millones de euros que éstas suponen al mes quedan cubierta con la transferencia que hace el Gobierno central por la participación de Castilla-La Mancha en los ingresos del Estado, que asciende a 350 millones.
También desmintió la destrucción de documentos oficiales, asegurando que ningún documento público que forma parte de un expediente administrativo «ha sido destruido ni lo será porque sería un delito», y acusó al PP de «grave irresponsabilidad, impropia de quien quiere asumir tareas de Gobierno». «Un mínimo respeto a las instituciones democráticas debería llevarles a no formular acusaciones tan graves, en las que no ha caído este Gobierno», aseveró.
En cuanto a las personas «recolocadas», que el PP cifra en 3.000, Moreno indicó que en Castilla-La Mancha, donde está el Gobierno «más pequeño» de todo el Estado español, han trabajado en total para el Ejecutivo regional 243 personas, de las que 121 son altos cargos y 122 personal eventual.
El secretario de Acción Parlamentaria del PP, Leandro Esteban, exigió ayer de nuevo al Gobierno saliente que cese la saca de papeles y la destrucción de documentos de la Junta de Castilla-La Mancha y comience a dar explicaciones «de manera clara y abierta». «Vamos a actuar con todo rigor y contundencia, sin renunciar a ninguna acción, a ningún tipo de medida que, desde el punto de vista jurídico o político, nos pueda corresponder», advirtió, asegurando que van a estar «muy vigilantes».
Esteban consideró que probablemente Barreda y sus consejeros piensen aún que «viven en una región donde todo les pertenece, todo les es debido y cualquier cosa que se les pida ha de ser poco menos que rogada».
El responsable económico del PP castellano-manchego, Marcial Marín, abundó en lo dicho por Esteban asegurando que están llegando acusaciones por parte de funcionarios y de otras personas sobre la destrucción de documentos, aunque señaló que su partido está contrastando estos datos. Explicó que están recibiendo fotografías de «furgonetas con papel destruido y con bolsas fuera de organismos importantes como la sindicatura de cuentas», algo que, al menos, «deja muy a las claras que no hay mucha transparencia y que se están ocultando muchos datos».
Madrid
07/06/2011
Cáritas denuncia impagos
La Asamblea General de Cáritas en Castilla-La Mancha hizo público ayer un comunicado en el que denuncia el impago del dinero correspondiente a los programas aprobados para la atención a personas sin hogar, drogodependientes, enfermos de sida, mayores y otras personas que necesitan acogida.
«Cada vez es más complicado atender a tantas personas sin que los recursos económicos lleguen», según informó la organización religiosa a Efe, que subrayó que la crisis económica deja «en la cuneta» a muchas personas que ya vivían en la más absoluta pobreza y agrava «situaciones dramáticas» de personas y familias en Castilla-La Mancha.
Cáritas afirmó que sigue al lado de todas estas personas, a las que ofrece ayuda, que se acercan cuando «no tienen para comer, para pagar el alquiler, la luz, el agua». Situaciones de «emergencia social», ante las que la organización apuntó que «continúa adelantando dinero que le corresponde a la Administración» y que, de momento, no le ha pagado.
Cáritas Diocesana denunció ayer que la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha no le ha pagado «un solo euro» de los más de 4,5 millones comprometidos en programas para ayudas sociales, dinero que la organización anticipó para atender a las personas más necesitadas.
Y al margen del déficit, sí hay retrasos en los pagos. Cáritas denunciaba ayer que el Gobierno de José María Barreda no le ha abonado ni un euro de los 4,5 millones comprometidos para programas de ayudas sociales. A la vez, el presidente de Cepyme, Jesús Terciado, responsabilizaba a las administraciones públicas del cierre de 225.000 pymes en los últimos tres años por no cobrar los servicios prestados. En un momento crucial para la economía española la responsabilidad debería llevar a los políticos a atajar con contundencia el descontrol de las cuentas autonómicas. Rajoy tomó la delantera el pasado miércoles al proponer medidas de reducción del gasto en las autonomías que gobernará el PP y ayer dio otro paso al emplazar al Gobierno a un pacto «a calzón quitado» sobre las cuentas autonómicas en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
