Antonio está parado y subsiste haciendo fotos a viandantes y cobrando la voluntad. Unas veces, 40 céntimos. Otras, un euro. En casa le esperan dos niños pequeños y una esposa. No sabe hasta cuándo podrá continuar así. EL MUNDO reunió ayer a siete españoles desempleados -entre ellos, Antonio- para poner rostro, con nombre y apellidos, al drama laboral que sufren 4.910.200 personas en España. La desesperación es su compañera de viaje.
Es madrileña, una experta en seguros y desempleada desde hace dos años. Pese a sus 64 años, Rosa no se resiste a tirar la toalla y encontrar un trabajo, sobre todo porque no tiene aún cotizados 35 años y no puede cobrar una pensión de jubilación. Vive de los 426 euros mensuales que recibe del subsidio por desempleo y de «trabajos basura» que realiza allá donde salgan, confiesa con firmeza.
«Cuando llegamos a una cierta edad, nadie nos quiere», reprocha furiosa en referencia a las personas que todavía están en edad laboral, pero en las puertas de la jubilación. «Somos un colectivo que va directo a la calle», denuncia al mismo tiempo que reconoce que su generación «está muerta».
Rosa mantiene a su madre, una señora de 94 años que necesita cuidados permanentes. Acude sin descanso a asociaciones y fundaciones donde rascar un empleo, pero sin éxito. No es la primera vez que sale a la calle a buscar trabajo con desesperación. «En la crisis que viví durante el Gobierno de Felipe González, pasé cuatro años muy malos», recrimina. «La izquierda, a la guillotina todos».
Su padre, en el paro; su marido, en paro, y ella, también. Mari Carmen Monsalve afirma que, mire por donde mire, está rodeada de gente desempleada. Esta madre de tres hijas lleva cinco años sin tener un trabajo continuo. En los últimos veranos trabajó en una agencia de viajes. Pero, este año, ya le han dicho que no podrán contar con ella.
«Tanto mi marido como yo cobramos una ayuda de 426 euros del Inem, pero tenemos que pagar 500 euros de hipoteca y si sumas la luz, el gas y el agua resulta que, como mucho, te quedan 100 euros para comer, y eso porque desde el pasado mes de octubre hemos tenido que dejar de pagar la comunidad de vecinos», explica esta mujer, que obligada por la necesidad, ya se conoce todas las iglesias de Torrejón y alrededores que dan comida a las familias necesitadas.
«Mi hija mayor tiene ya 16 años y apenas puede salir con las amigas porque no tiene dinero», dice. Ni hablar de llevar a las otras dos al centro comercial, «para qué para ponerles los dientes largos al no poder comprarles ni palomitas».
Es una madrileña que vive de la pensión de viudedad que le quedó al fallecer su marido y tiene a su cargo a su madre.
Tiene 63 años y dice no tener «prisa» por jubilarse. Y es que, después de su dilatada experiencia como empresaria y tener a su cargo a 117 mujeres, limpiadoras de 23 colegios de Madrid, hace un año y cuatro meses que se quedó en paro mientras trabajaba como auxiliar de clínica, especializada en geriatría. Ahora, la necesidad de subsistir le obliga a salir a la calle en busca de un empleo.
Sara se saca un dinerillo redactando contratos de arrendamiento para inmigrantes, por los que cobra apenas 30 euros. Incluso, se ha metido a cuidadora de niños. Su hijo, de 37 años, también está desempleado y vive con ella.
Dos años parado, viviendo de ahorros y del dinero de la venta de los CD que tenía en su extinto negocio. Antonio está casado y tiene dos hijos pequeños. En su casa sólo entran los ingresos que ahora le llegan de un nuevo trabajo que él mismo se inventó: salir a la calle a hacer fotos a los viandantes y vendérselas con un diseño original a cambio de la voluntad. A veces le dan sólo céntimos; otras, euros.
Antonio debe pagar 1.110 euros al mes al banco por el préstamo que pidió hace unos años para montar un video club. «Cuando Zapatero decía que no había crisis, yo cerraba la caja de mi negocio cada día con cero euros», cuenta indignado. «Vivo de una mezcla de trabajo y pedir», confiesa, en referencia a la venta de fotografías por la calle. Los ahorros se le terminaron, y los CD que tenía en la tienda también. Ya sólo le queda dar rienda suelta a su imaginación e idear álbumes de fotos que atraigan a sus vecinos.
«Yo ya estoy desahuciado en el mercado laboral», advierte Antonio, que apenas tiene 45 años. «Está todo precarizado», reconoce al criticar el poco dinero que se paga a los inmigrantes que vinieron a España en busca del «empleo que no quería hacer el español». «Antes, un mileurista estaba mal visto, y hoy daríamos cualquier cosa por cobrar mil euros». Esta semana, Antonio se vio obligado a acudir a Cáritas para pedir comida. «Es la primera vez que lo hago», confiesa.
Apenas tiene 41 años y lleva un año y medio en el paro. Es madre de dos hijos y esposa de un ex trabajador de la construcción que tampoco tiene empleo. En casa sólo entran los 852 euros de subsidio por desempleo que cobran ella y su marido -426 euros cada uno-. Gema no encuentra trabajo y tiene que darle de comer a sus hijos.
Hasta noviembre de 2009, formaba parte del personal de seguridad de la Real Academia de Ingenieros, en Madrid. Hoy, nada de nada. «Este mes ya no puedo pagar la hipoteca», asegura con tristeza y desesperación. «No quiero trabajar por capricho, sino porque lo necesito». De hecho, Gema no cesa en su empeño por encontrar un empleo, «sin excluir nada».
El problema es que «sólo soy joven entre comillas, porque las empresas sólo quieren gente de 20 años, y encima con experiencia. Pero eso es impensable», denuncia con dureza. «Es la única manera para que puedan pagar sueldos bajos: contratando a personas inexpertas».
Sin estudios, abandonada por su ex pareja y con tan sólo apoyo de su abuela, Cristina Corraliza se enfrenta cada día a la difícil tarea de conseguir comida, ropa o pañales para su hijo de dos años. Trabaja dos horas diarias repartiendo publicidad por los buzones, pero de los 250 euros que gana, 220 tiene que destinarlos a pagar una habitación en un piso compartido.
«No cobro ninguna ayuda del Inem, de momento. Si no fuera por la comida que me da Cáritas, mi niño se moriría de hambre», explica esta joven, que reitera, una y otra vez, que está dispuesta a hacer lo que sea para ganar dinero y dar una vida mejor a su hijo. «He trabajado durante tres años en la construcción y lo hacía tan bien como cualquier hombre. Estoy dispuesta a volverlo a hacer. Pero no encuentro nada».
Empezó a trabajar a los 16 años. Ha sido fontanero, electricista, carpintero, cerrajero, fotógrafo, conductor... Pero ahora, a sus 50 años, se encuentra con que, pese a su gran experiencia y múltiples oficios acumulados, no tiene trabajo.
«Llevo un año en el paro. Trato de ser optimista. Pero 24 horas del día sin nada que hacer dan mucho tiempo para pensar, y eso es malo», afirma este madrileño. Acto seguido se pone a enumerar la disparidad de empleos y sitios en los que ha trabajado, como cuando fue conductor para un grupo de bailarinas brasileñas. Su último empleo, sin embargo, no ha sido tan grato.
Durante meses, Carlos se dedicó a cambiar la cerradura de los pisos que embargaba el BBVA con el objetivo de impedir la entrada a sus anteriores propietarios. Pero el banco dio esta tarea a otra subcontrata, y en Semana Santa del año pasado, este manitas para todo volvió a engrosar las listas del Inem. Hoy vive de las chapuzas.JOHN MÜLLER
El precio de la incompetencia
El país tiene un déficit y una deuda pública importante, las familias están endeudadísimas, las secuelas de la burbuja inmobiliaria se ven por doquier y cunden los recortes sociales, pero ayer muchos de sus ciudadanos se evadían de las malas noticias con una boda real. Aquí termina, para nuestro mal, el paralelismo entre España y el Reino Unido, porque allí la tasa de desempleo es del 7,7% y aquí, del 21,29%.
Pero la diferencia más importante es que, aunque el crecimiento es todavía débil y las medidas de ajuste les saben a ricino, los británicos tienen la esperanza de que David Cameron puede sacarlos de la crisis. Aquí ni eso.
Si hay un ámbito donde el Gobierno de Zapatero ha mostrado incompetencia ha sido en la lucha contra el paro. No iban a llegar a tres millones, ni a cuatro, ni a cinco. Al final, hemos llegado y el ministro del Trabajo Valeriano Gómez, en una intervención banal, intentó escurrir el bulto afirmando que ocho de cada 10 parados han sido despedidos con una ley aprobada por un Gobierno en el que estaba Mariano Rajoy. Rubalcaba le hizo el coro, exhibiendo un optimismo antropológico que antes era patrimonio de Zapatero.
Sólo desde la más absoluta decadencia de un Gobierno convertido en una máquina de crear parados se puede actuar así. Lo peor del dato es comprobar que esta alta velocidad de destrucción del empleo no se compadece con el hecho de que ya llevamos más de tres años en crisis, aunque el presidente sólo se haya caído del guindo en mayo pasado.
Deshacer este entuerto va a ser muy difícil. Nos aguardan enormes sacrificios como sociedad. En el Ministerio de Economía estimaban ayer que España puede alcanzar un crecimiento potencial promedio del 2% de aquí a 2020. «Pero será muy poco intensivo en creación de empleo», advierten.
Esto nos aboca a una larga decadencia y quizás a convulsiones mayores. Sin reformas profundas, ningún gobierno (de éste u otro signo) tiene nada que ofrecer. El viejo análisis que dice que España es una economía de demanda y de gasto, que sin consumo no es capaz de crecer (y que ayer repetían algunos sindicalistas y políticos), está periclitado. Primero porque no existen las economías de puro gasto, también hay que aplicarse a producir y eso supone competir. Y segundo porque nuestra deuda privada es enorme y no somos EEUU como para financiarnos con un déficit por cuenta corriente eterno.
Nos falta flexibilidad, laboriosidad y preparación. Nos sobran malas leyes, unos sindicatos de la Guerra Fría, una patronal que no sabe lo que quiere y políticos que nada entienden de economía. Algunas de las personas más valiosas se están marchando en busca de países que reconozcan mejor su empeño y su capacidad emprendedora. No basta con mirarnos en la boda real británica. Hay que ver más allá: a su Gobierno que la semana pasada advertía que «las reformas son la clave para estimular el crecimiento en Europa».
Aquél que sea capaz de liberar la creatividad de la sociedad española en el terreno económico nos sacará de esta crisis que se puede llevar por delante el actual diseño constitucional.
john.muller@elmundo.es J. E. MAÍLLO / Madrid
El Gobierno amnistiará a quienes afloren los empleos sumergidos
Los empresarios no pagarán sanción alguna por dar de alta a trabajadores irregulares
Amnistía a la vista. El Gobierno permitirá que las empresas afloren el empleo que actualmente tienen sumergido sin pagar los atrasos de cuotas a la Seguridad Social ni multa alguna.
El Ejecutivo se desdice así en su idea inicial de que los empresarios tuviesen que abonar las cotizaciones desde el inicio de este año.
«No miramos al pasado, pero no habrá amnistía», remarcó desde la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el titular de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez. Y añadió: «Los derechos [de los trabajadores] se reconocen a partir del alta».
Es decir, sí hay amnistía porque el empresario sólo tendrá que abonar las cotizaciones a partir del momento en que afilie a la Seguridad Social al trabajador que tiene actualmente a su servicio de forma irregular.
El plan contra la economía sumergida, reconoció Gómez, está «más pensado para recuperar más trabajadores que cotizan, que cumplen», que en echar la vista atrás y tratar de recuperar las cotizaciones pasadas. «No hemos querido sorprender. Damos tiempo para regularizar».
El incentivo del Ejecutivo para aflorar empleos hoy ocultos no será esta vez el de la zanahoria (incentivos), sino el del palo (sanciones). Habrá tres meses de manga ancha, en el que las multas se mantendrán como hasta ahora. Pero a partir del 31 de julio se endurecerán de forma notable. «Habitualmente esto tiene efectos positivos», remarcó el ministro.
Gómez puso dos ejemplos. Para un empresario que tenga a los trabajadores sin dar de alta a la Seguridad Social, la multa mínima se multiplica por cinco, al pasar de 620 a 3.126 euros. Y la máxima sube más de un 50%, de 6.200 a 10.000 euros.
Pero no sólo los empresarios serán tratados con durezas. Los trabajadores que compatibilicen el cobro del paro con un trabajo podrán ser sancionados desde el 31 de julio con 10.000 euros como mínimo, frente a los 6.251 euros actuales. La multa máxima, en este caso, permanece invariable en 187.515 euros.
El titular de Trabajo e Inmigración se negó a dar cifras de los objetivos del plan de afloramiento de empleo sumergido y tampoco dio datos de cuántos trabajadores pueden estar hoy ocupados sin que su empresario haga las correspondientes aportaciones a la Seguridad Social.
«Es difícil saber cuánto [empleo sumergido] hay, pero España no se distingue especialmente de los diferentes países europeos. En Europa hay mucho empleo sumergido en su conjunto», aseveró.
«Cualquier estimación numérica» sobre empleo a aflorar tiene «poco sentido, preferimos no anticipar alguna».
Además del endurecimiento de las sanciones, el plan comprende la intensificación de la actividad y eficacia de las actuaciones de vigilancia y control del trabajo no declarado por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el marco de las distintas acciones emprendidas contra el fraude en los últimos años.
El Gobierno llevará a cabo campañas de sensibilización pública sobre las consecuencias del fraude a la Seguridad Social, pero Gómez tampoco cifró la inversión en este capítulo.
Como complemento a este plan el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de ley para reforzar la inspección de Trabajo, que contará con más medios, en especial para luchar contra la contratación de menores.
ESPAÑA acelera su caída libre. La cifra oficial de 4.910.200 parados vuelve a sacarle los colores al Gobierno. Para hacerse una idea de hasta qué punto Zapatero ha perdido el control de la situación basta recordar que hace ya dos años que la vicepresidenta Salgado adivinaba «brotes verdes» en la economía nacional y el entonces ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, aseguraba que el número de parados no alcanzaría los cuatro millones. Ya rozamos los cinco. Cifra récord.
A este panorama desolador hay que añadir el incremento de los tipos de interés y unos precios al alza: el IPC ha vuelto a subir en abril hasta situarse en el 3,8%. La coincidencia del estancamiento de la economía con precios altos abona el círculo vicioso característico de la estanflación: el consumo se hunde porque los precios son altos y porque faltan ingresos por la ausencia de trabajo, y no se crea empleo porque no arranca el consumo.
