EDITORIALES: Si seguir a Conde era legal, aún más lo es a Troitiño

Si seguir a Conde era legal, aún más lo es a Troitiño

LA FUGA de Troitiño ha provocado un cruce de recriminaciones entre el PSOE y el PP, que pidió ayer una investigación al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la actuación de los jueces de la Audiencia Nacional en este asunto. Federico Trillo rebatió también la tesis del ministro del Interior de que cualquier vigilancia al etarra hubiera sido «ilegal» con el argumento de que la Fiscalía había recurrido la decisión del tribunal, que no era firme. Ello daba una cobertura jurídica al seguimiento, justificado por el alto riesgo de fuga que existía.

Diversos juristas defienden hoy en nuestro periódico que seguir a una persona no es un delito en sí mismo, siempre que se respeten cautelas como la no intercepción de sus comunicaciones, la inviolabilidad del domicilio y su derecho a la intimidad. Si ello no fuera así, la actividad de los detectives privados sería ilegal.

Hay un claro precedente legal que demuestra que vigilar y seguir a una persona no es punible: el informe Crillon. La Sala Segunda del Tribunal Supremo archivó en 1995 una investigación al considerar que miembros del Gobierno no habían cometido delito alguno al encargar a la agencia Kroll un informe sobre Mario Conde, sobre el que no pesaba acusación alguna y que entonces era un banquero respetable.

El Supremo no sólo dio carpetazo al asunto sino que además valoró que era «legítima» la utilización de fondos reservados para pagar el dossier sobre Conde, apelando a «la seguridad pública general» y a «la salvaguarda de intereses públicos». El Alto Tribunal decía también que no se había violado la intimidad del banquero, lo cual era contradictorio con algunos pasajes del informe. Rubalcaba formaba parte de aquel Gobierno.

Si el Ejecutivo que presidía González estaba legitimado para investigar con fondos públicos a un ciudadano privado sin imputación judicial alguna, este Gobierno lo está mucho más para seguir a un etarra condenado por 22 asesinatos, que nunca ha mostrado arrepentimiento y pendiente de una resolución judicial que podía suponer su reingreso en la cárcel. Si aplicamos el estricto criterio de Rubalcaba, ¿a qué se dedica el CNI en Francia con su enorme despliegue?

Ayer el PSOE recurrió a la fuga de Josu Ternera en 2002 para acusar al PP de cinismo. Mariano Rajoy, que era entonces vicepresidente, afirmó que no se podía vigilar a un ciudadano sin una autorización judicial. Lo que dijo Rajoy hace nueve años es discutible, pero hay numerosas diferencias entre la fuga de Troitiño y la de Ternera, que era diputado autonómico y se evadió antes de declarar.

En cualquier caso, creemos que existe una responsabilidad política en la actuación de un Gobierno, que, como declaró ayer Soraya Sáenz de Santamaría dice que «es ilegal controlar a los terroristas, pero legal avisarles de que van a ser detenidos». Ello pone en evidencia el doble rasero de Rubalcaba, que ha adoptado una posición de radical garantismo en el caso Troitiño mientras que no tuvo reparos en que sus enviados negociaran con ETA la neutralización del aparato policial y judicial.

La fuga de Troitiño ha puesto de relieve fallos importantes en la Audiencia Nacional, que ha ido siempre por detrás de los acontecimientos. El CGPJ debería investigar en serio si hay responsabilidades disciplinarias de los jueces que han intervenido en este asunto. Pero además de ello, parece claro que existe una responsabilidad política del Gobierno, como piensa el 83% de los internautas que han votado en la consulta de nuestro periódico. Como decíamos ayer, alguien tiene que pagar por esta fuga que supone un escarnio para las víctimas y el Estado de Derecho.

La Policía constata nueve reuniones con EA

Batasuna ha pilotado la elaboración de las listas

EL SECRETARIO general de EA, Pello Urizar, negó ayer que su partido se haya reunido con Batasuna para elaborar las candidaturas de Bildu a las elecciones municipales y forales. Unas manifestaciones que contrastan con los informes policiales que publicamos hoy, que ponen al descubierto cómo el ilegalizado partido proetarra pilotó el proceso de elección de los candidatos electorales, exigiendo incluso los mejores puestos en las listas. La Policía constata al menos nueve reuniones entre dirigentes de EA y de Batasuna y describe cómo Batasuna, sin abandonar sus tradicionales prácticas mafiosas, ha llegado incluso a amenazar a alguno de los simpatizantes no contaminados que desobedecían la orden de formar parte de una candidatura. Estos informes están ya en manos de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado y, como vemos, contienen razones de peso para instar ante la Justicia la impugnación de todas las listas presentadas por Bildu. Y a la vista de estas nuevas revelaciones, habría que plantearse si procede el desmembramiento de la coalición.

El PP quiere incluirlo en la normativa de las CCAA

La necesidad de un techo de gasto autonómico

EL PARTIDO POPULAR va a incluir en el programa electoral de las elecciones del 22-M la obligatoriedad de que las autonomías fijen por ley en su normativa un techo de gasto como arma para combatir el déficit público. La iniciativa es razonable y es una respuesta al criterio del Gobierno de Zapatero, reacio a intervenir en la legislación de las CCAA. Como se ha demostrado en las cuentas del Estado de 2010, el desmesurado gasto autonómico es el principal escollo que impide el control del déficit público en España. Si asumimos la práctica imposibilidad de controlarlo desde la Administración central porque tiene vedado el acceso a la legislación regional, se hace más necesario que nunca que los dos grandes partidos nacionales lleguen a un acuerdo para que las leyes autonómicas -incluso los Estatutos- impongan ese techo de gasto. Para muestra vale un botón: lo que estamos viendo en estas semanas en Cataluña, donde las cuentas que se ha encontrado el Govern de CiU no tienen nada que ver con lo que dijo el tripartito que dejó, hace necesario ese gran pacto nacional.

La Liga y la 'Champions' decidirán el mejor

Optimismo prematuro en el equipo blanco

EL PESIMISMO ha dejado paso a la euforia en el Real Madrid. «Ha llegado el fin del monólogo azulgrana», dicen algunos de sus directivos. Este optimismo nos parece prematuro, ya que el Barcelona sigue siendo un magnífico equipo. Lo que es cierto es que los dos últimos partidos han demostrado que el Real Madrid ha elevado mucho su nivel y que es capaz de enfrentarse de tú a tú con el Barça. Mourinho ha dado una solidez al conjunto blanco que no tenía. Pero restan las dos principales competiciones de la temporada: la Liga y la Champions. El desenlace de ambas decidirá quién está por encima. Pero, entre tanto, cabe felicitarse por el gran espectáculo deportivo que ofrecieron los dos equipos en la final de Copa, incluyendo el buen comportamiento de las aficiones salvo lamentables excepciones. Y el miércoles, otra vez todos ante el televisor.

LOS NEGOCIOS ELECTORALES ENTRE la "organización socialista" ETA y el Gobierno socialista: Controlar etarras no, avisarles sí

ROBERTO BENITO / Madrid

Controlar etarras no, avisarles sí

El PP carga contra la política antiterrorista vinculando la fuga de Troitiño con el chivatazo

PSOE y PP volvieron a hacer ayer de la lucha antiterrorista causa de disputa política a propósito de la huida del etarra Antón Troitiño, que continúa en paradero desconocido después de haber sido excarcelado por un error judicial.

Los populares, a través de su coordinador de Justicia e interlocutor habitual del PP con el Gobierno en temas de terrorismo, Federico Trillo, criticó duramente que el Ministerio del Interior no haya sido capaz de tener localizado a Troitiño desde que salió de la cárcel el pasado día 13, a pesar de que entraba dentro de lo previsible que la Audiencia Nacional subsanase su error y ordenase el reingreso en prisión del etarra, como finalmente ha hecho.

Preguntado sobre este asunto, Alfredo Pérez Rubalcaba explicó el miércoles que, tras su excarcelación, Antón Troitiño era «un hombre libre con todos sus derechos intactos» y «seguirle hubiera sido ilegal». Ayer, Trillo rechazó este argumento, asegurando que, una vez que la Fiscalía recurrió el auto de excarcelación, el Gobierno «tenía todas las razones para haber procedido al seguimiento e incluso a la detención preventiva del etarra».

Esta misma idea fue repetida por el partido durante todo el día. No sólo fue Trillo, sino por ejemplo el portavoz del PP vasco, Leopoldo Barreda, que incidió en que «se podía haber actuado antes para asegurar la acción de la Justicia».

Sin embargo, la que se expresó con más dureza contra el vicepresidente del Gobierno fue la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, que en declaraciones a este periódico descalificó los argumentos empleados para justificar la huida del etarra Troitiño, asegurando que «así funciona la legalidad para Rubalcaba: es ilegal controlar terroristas, pero es legal avisarles de que van a ser detenidos».

Con esta crítica, Sáenz de Santamaría relacionó la fuga de Troitiño con el caso Faisán y criticó así de forma general la política anterrorista del Gobierno. Para muchos populares el chivatazo no fue sólo una ilegalidad presuntamente cometida por altos cargos de Interior, sino que simboliza las concesiones que el Gobierno hizo a ETA durante el proceso de paz; y para algunos, la fuga de Troitiño podría tener lecturas similares en el contexto actual.

Sin ser la postura oficial del partido, que formalmente mantiene su apoyo al Gobierno en la lucha antiterrorista, a nadie se le escapa que hay una corriente interna que está convencida de que Zapatero y Rubalcaba nunca han roto del todo los contactos con el entorno etarra y nunca han renunciado a la negociación.

Sea o no así, lo cierto es que el avance de la investigación judicial del chivatazo, los intentos de la izquierda abertzale por estar en las elecciones municipales de mayo y ahora la fuga de Troitiño han resquebrajado la unidad en torno a la lucha antiterrorista que el Gobierno y el principal partido de la oposición mantenían desde el final del proceso de paz en 2007.

Rajoy y 'Josu Ternera'

Desde el PSOE se reaccionó ayer fundamentalmente rescatando unas declaraciones pronunciadas por Rajoy en 2002 cuando era vicepresidente del Gobierno a propósito de la huida de Josu Ternera.

El ex dirigente etarra y entonces diputado en el Parlamento vasco protagonizó en noviembre de 2002 una sonada escapada cuando fue llamado a declarar como imputado por el Tribunal Supremo. Entonces, como ahora, hubo una agria polémica sobre la actuación de la Justicia y Rajoy defendió así la postura mantenida por el Ejecutivo de Aznar: «El Gobierno no puede vigilar a nadie sin autorización judicial; si lo hace, podría ser acusado de una actividad delictiva».

Como estas palabras se parecen bastante a las que pronunció el miércoles Rubalcaba, el diputado socialista Pedro Sánchez, que ayer ejerció de portavoz del PSOE, acusó al PP de «cinismo político grave» por «criticar hoy lo que defendía cuando estaba en el Gobierno». Con ello, no sólo equiparó el caso de Josu Ternera con el de Troitiño, sino que acusó a los populares de utilizar la lucha antiterrorista con fines políticos.

SANTIAGO GONZÁLEZ

Como humo se ha ido

El ministro del Interior es uno de esos seres privilegiados que, sin necesitarlo, se apuntaron al optimismo revelado por Zapatero a los suyos el día en que el Congreso rechazó la admisión a trámite del plan Ibarretxe para pasmo de los entendidos o, simplemente, de los lógicos: un gobernante no puede ser optimista sobre sus congéneres; todo el Estado de Derecho y el Derecho mismo descansan sobre la máxima pesimista que Hobbes tomó de Plauto: «Homo homini lupus».

Si hay alguien entre los gobernantes que debe ser especialmente pesimista respecto a este material con que se hacen los sueños es el ministro del Interior y, muy especialmente, este ministro del Interior. ¿Pues no va ahora y dice que la Policía no podía vigilar a Troitiño desde que fue puesto en libertad por orden judicial? Mire don Alfredo, no joda. Un servidor ha sostenido que no eran usted ni su Gobierno responsables de la puesta en libertad de este paradigma de asesinos hasta para Arzalluz. Recuerde cuando nuestro viejo de la Montaña separaba la ETA buena, la nacionalista de Txomin Iturbe, de la ETA mala, la marxista-leninista de los Troitiños, la ETA maketa, para entendernos.

Pero una cosa es la responsabilidad de la excarcelación, de la Audiencia Nacional y en última instancia del TC, y otra, la de la fuga, que es de usted y de su Gobierno, don Alfredo. Está mal que se lo señale un profano, pero la tarea de la Policía, además de represiva, es preventiva: vigilan a los sospechosos, por si acaso. Una cosa es que un madero no pudiera entrar sin mandamiento en la casa de Antonio Troitiño aquella noche y otra muy distinta no ponerlo bajo una discreta vigilancia para evitar que volviese a llover sobre mojado tras los chaparrones de Iñaki de Juana y Josu 'Ternera'; este último fugado cuando su cargo era ocupado por Rajoy, que también culpó al juez. Se me ocurre una solución: ¿por qué no encarga la búsqueda del prófugo y la de De Juana a Eguiguren, que ya se dio maña para encontrar a Ternera cuando ustedes lo necesitaron para el proceso?

Cuando al jefe de Troitiño en el comando Madrid, el también asesino múltiple Iñaki de Juana Chaos le fue concedido el progreso de grado y la prisión atenuada, invocó usted «razones legales» para una decisión que reivindicó «personalmente» en persona, si me permite el pleonasmo. Confundió, espero que deliberadamente, el imperativo legal, aquello a lo que la ley obliga, con lo que la ley permite por no prohibirlo expresamente. ¿Quiere usted decirnos que el CNI que espió a la Izquierda Abertzale, antes Batasuna, a partidos de la oposición y al mismísimo Rey de España, no está autorizado para hacer un discreto seguimiento a este espejo de asesinos múltiples? ¿Qué el mismo policía que entró en el bar Faisán aquella florida mañana de mayo de 2006 para dar el queo a Elosua de que le andaba buscando la madera, no podría seguir a una distancia prudencial a Troitiño, porque esto sería ilegal, según viene a señalar con acierto la portavoz de la oposición? Es que no sé cómo decírselo, ministro. Aun a sabiendas de que me repito, no joda. Dicho sea con el mayor de los respetos, naturalmente.

JOAQUÍN MANSO / Madrid

El TS avala la vigilancia que Interior dijo que era ilegal

Troitiño podría haber sido seguido para 'salvaguardar intereses públicos', según un auto dictado en 1995 por el caso de espionaje a Mario Conde

Tribunal Supremo avaló en 1995 los seguimientos subrepticios que ordenó el Gobierno sobre un individuo que estaba en libertad y no pertenecía a una organización terrorista, ni había cometido 22 asesinatos, ni se presumía que podía fugarse al pesar sobre él una petición fiscal para regresar a prisión tras pasar 24 años encerrado. Se trataba del banquero Mario Conde y la Sala argumentó que la vigilancia a la que se le sometió era legal porque pretendía «salvaguardar intereses públicos relevantes conectados con la seguridad pública general».

El vicepresidente Pérez Rubalcaba, que también estaba en aquel Ejecutivo, dijo el martes que «habría sido ilegal» vigilar al etarra Antón Troitiño, que sigue prófugo.

El director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, pagó en 1992 67 millones de pesetas de los fondos reservados a la agencia de detectives norteamericana Kroll para que espiase al entonces presidente de Banesto, Mario Conde, y le informase de todas sus actividades.

Kroll elaboró un dossier -que recibió el sobrenombre periodístico de informe Crillon, porque fue en ese célebre hotel parisino donde Roldán se reunió con los detectives- en el que se incluían, entre otros puntos, referencias a las reuniones que Conde había mantenido con ejecutivos de JP Morgan, de la compañía petrolífera BP o de la aseguradora AGF, pero también a una crisis matrimonial del banquero porque «su esposa, Lourdes Arroyo, descubrió que estaba teniendo una aventura».

Roldán presentó una denuncia ante el juez Baltasar Garzón en 1995, que el Supremo aceptó investigar, en la que atribuía el encargo al vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra -él lo negó-, y el ex director de Seguridad del Estado Julián Sancristóbal admitió que él mismo libró el pago con cargo a los fondos reservados.

La Sala Penal, en un auto que redactó el magistrado progresista José Antonio Martín Pallín, concluyó que no había delito en los seguimientos a Mario Conde: «Estimamos que existe una cobertura legal para la utilización de fondos reservados en actividades que pretenden salvaguardar intereses públicos relevantes que se pueden conectar perfectamente con la seguridad pública general».

Eso sí, para que esa actividad de vigilancia sobre Mario Conde fuese legal, debía evitarse la invasión de sus derechos fundamentales. En una resolución posterior, la Sala dejó claro que «el informe, llamado Crillon, existió y ha sido aportado y reconocido como auténtico, pero la investigación se limitó a facetas de tipo económico y no parece acreditado que afectara a aspectos personales o referidos a la intimidad del investigado, ni se ha podido constatar que se autorizaran escuchas ilegales o que se procediese a la interceptación de la correspondencia o que se emplease cualquier otro procedimiento prohibido».

En esta misma línea, el catedrático de Derecho Penal Enrique Gimbernat -miembro del Consejo Editorial de este diario- consideró ayer que «si el auto de libertad de Troitiño no es firme porque estaba recurrido, vigilarle es un trabajo perfectamente legal que puede hacer la Policía si existe un interés a proteger por el Estado, siempre que se limite a sus actividades públicas y no haya afectación a su intimidad, ni se entre en su domicilio, ni se le fotografíe en lugares privados ni se le someta a pinchazos telefónicos». «Si no fuese legal, no existirían, por ejemplo, los detectives», manifestó.

En sentido opuesto, a juicio del abogado y ex magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño, «un recurso del fiscal no puede producir un efecto suspensivo sobre un auto de libertad por liquidación de condena, y los seguimientos policiales ya serían una perturbación en los derechos fundamentales».

OORBYT.es

>Vea hoy en EL MUNDO el análisis sobre la vigilancia a Troitiño.

E. M. / Madrid

Troitiño no se fugó hasta que el fiscal recurrió su libertad

Los expertos de la lucha antiterrorista consideran que Antón Troitiño no se va a incorporar a las filas operativas de ETA. Lo más probable, dicen, es que permanezca oculto a la espera de que la presión policial se relaje y trate de huir a Sudamérica. Si es que no se ha ido ya.

Sorprendentemente, Troitiño no se fugó inmediatamente después de saber que el fiscal había recurrido su puesta en libertad. Probablemente creyó que los tribunales no se iban a reunir hasta después de las vacaciones o que el Gobierno no se iba a atrever a detenerlo en el sur de Francia, y permaneció allí hasta el martes, según algunas fuentes consultadas. Y, a pesar de que los agentes franceses y españoles, con algunos de los datos recabados por el CNI, tenían esa pista sobre su paradero, el terrorista logró escabullirse en medio de un cúmulo de despropósitos que no hicieron más que empeorar la situación.

Así, los tres jueces de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional dictaron una orden internacional de busca y captura con algunas imprecisiones, y se encontraron con un juez francés que, una vez más, anteponía la corrección en los procedimientos y el interés por entender la legislación penitenciaria española a la rapidez para detener a un etarra.

Aun así, la orden de arresto internacional no tenía por qué haber sido necesariamente efectiva porque sólo sirve para detener a un delincuente que fuera detectado en lugares públicos. La justicia española ni siquiera solicitó una orden de entrada y registro en los domicilios donde se suponía que podía estar Troitiño, perteneciente a una de las estirpes más sangrientas de ETA -su hermano y su sobrino también constan en la nómina de la banda-. Y no lo hizo porque, según el Gobierno, los jueces franceses no las conceden.

Alfredo Pérez Rubalcaba señaló el miércoles en la rueda de prensa del Consejo de Ministros que los problemas judiciales, que en ocasiones requirieron de gestiones que duraron unas seis horas, no habían influido en la situación de Antón Troitiño.

ÁNGELES ESCRIVÁ / Madrid

La Policía demuestra que Batasuna tiene el «control absoluto» de Bildu

La formación ilegalizada ha elegido a los candidatos, promotores y apoderados

El presidente de Eusko Alkartasuna en Navarra, Mayorga Ramírez, presionó a los dirigentes de la ilegalizada Batasuna asegurándoles que iba a dimitir el día siguiente porque no estaba de acuerdo con que los miembros de su partido sólamente ocuparan los puestos primero y cuarto en la candidatura de Bildu al Ayuntamiento de Pamplona.

Uno de los principales dirigentes de Batasuna, Juan Cruz Aldasoro, enfadado porque sus socios pedían demasiado en las listas, les respondió que Batasuna les estaba dando mucho más de lo que merecen y amenazó con formar listas blancas y con romper su compromiso en varias localidades.

Los dirigentes de la formación ilegalizada tuvieron que amenazar a algunos de sus simpatizantes porque se negaban a formar parte de las listas para las próximas elecciones municipales y forales. «No hace falta decirle que va a tener que abandonar el pueblo por no aceptar, pero esto no quedará aquí»,vinieron a asegurar dos de los encargados de elaborar las planchas cuando uno de sus militantes de base se negó a presentarse para alcalde.

Los informes policiales que el Ministerio del Interior ha puesto a disposición de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado para una posible impugnación de las listas de Bildu -o de la propia coalición si así se decide- recogen al menos nueve reuniones entre dirigentes de Batasuna, EA y, en alguna ocasión, Alternatiba, en las que éstos se reparten los puestos de la coalición.

Encuentros que se han venido celebrando desde el 3 de marzo de este año hasta el 4 de abril. Los informes aportan una exhaustiva documentación de ETA y Batasuna que acreditaría, al decir de los expertos, que existen evidencias que demuestran que «Batasuna ha puesto en marcha una estrategia diseñada por ETA para volver a las instituciones a través de una alianza independentista establecida con EA», pero además constituyen un fresco, muy detallado, de las relaciones de poder entre los partidos que configuran la coalición, del desprecio de Batasuna hacia EA, de los conflictos personales que provoca en las bases de la izquierda abertzale la obligación de embarcarse sin ganas como «independientes» en otro proyecto ilegalizable y que puede marcarles para el futuro, y del modo como la EA actual trata de escapar de su condición de partido marginal, asumiendo, aunque con la condición de la no violencia,que no sabe si va a poder imponer, la estrategia política marcada por ETA y desarrollada por la izquierda abertzale.

La primera reunión documentada de los miembros de los partidos que forman la coalición Bildu se produjo en la sede de EA en Bilbao, entre la integrante de la mesa nacional de Batasuna Tomasa Alejandro; Arturo Muñoz, de Alternatiba, y Mariano Álava, miembro de la comisión ejecutiva de EA.

Ese mismo día, también tuvo lugar un encuentro en Navarra para confeccionar candidaturas conjuntas en la que hubo problemas muy relevantes; tanto es así que, para poner orden, hubo que convocar a los máximos dirigentes disponibles en la sede de EA en San Sebastián, -José Luis Moreno, Rufino Etxberria, Jone Goirizelaia y Asier Arraiz, todos ellos menos la abogada, procesados por pertenencia a organización terrorista-, y al responsable de Alternatiba, Oskar Matute.

Salió de allí la convocatoria de otra reunión a tres bandas y un documento denominado Acuerdo Popular, Herri Akordio -publicado con detalle por este periódico-, en el que se establecieron las reglas generales para configurar las listas y para elaborar el programa electoral. Allí se decidió que cada partido quedase representado de acuerdo con los resultados obtenidos en elecciones anteriores y se estableció que el programa marco tenía que ser uno, no modificable por ninguna de las formaciones, pero que podría ser concretado en cada localidad.

Se advirtió de que cada candidato, una vez en su cargo, podría votar como creyera conveniente e incluso que cada partido podría intentar formar grupo municipal propio.En el informe hay pruebas muy concretas, que pueden ser contrastables con lo que ocurrió finalmente pero que, en cualquier caso, ejemplifican un comportamiento general; como la negociación detallada, con las conversaciones y sus protagonistas -los de Batasuna se repartieron las plazas entre ellos-, de la lista de la localidad de Elorrio, que concluyó formada por 13 candidatos, 11 de los cuales debían pertenecer a la formación ilegalizada -tres de ellos además en los primeros puestos-,y dos a EA. Con todos estos datos, a los que también se unen las manifestaciones y actos públicos, los expertos policiales afirman que Bildu ha sido promovida por Batasuna e integra candidatos de esta formación dado que «han sido sus dirigentes quienes los han elegido» y quienes han impuesto la fórmula para conformar las listas.

Del mismo modo que han sido ellos los que se han encargado de seleccionar a los interventores, a los apoderados y quienes se han encargado de las labores de propaganda.Los informes insisten en que Batasuna tiene el «control absoluto».

Los expertos recaban también documentos de ETA y Batasuna, según los cuales, en 2008, la banda planteó la construcción, en cinco años,de un nuevo referente político institucional a través de un polo soberanista en el que no estuvieran el PNV ni Aralar. Para que los posibles socios no planteasen inconvenientes, ETA se mostró dispuesta a anunciar treguas. En 2009,Batasuna concretó esas órdenes de ETA iniciando sus contactos primero con EA y después con Alternatiba.

OORBYT.es

>Vea hoy en EL MUNDO el análisis de Vicente Lozano sobre Bildu.

TROPELÍAS ECONÓMICAS DEL GOBIERNO SOCIALISTA: PP y PSOE fijarán el techo de gasto en cada una de las CCAA

CARMEN LLORENTE / Madrid

Grecia investiga si Citigroup envió un correo que desató el último ataque contra su deuda

El Gobierno griego ha abierto una investigación contra Citigroup ante la sospecha de que la entidad estadounidense, a través de un e-mail enviado a algunos de sus clientes, ha sido la causante de los últimos ataques que ha sufrido la deuda helena, que han llevado el riesgo país al récord histórico de 1.186 puntos y el coste del bono por encima del 22%.

El pasado miércoles 13, un ejecutivo no identificado de Citigroup envió un e-mail a varios de sus clientes -operadores de la Bolsa de Atenas y empresarios- en el que alertaba de que Grecia podría estar a punto de llevar cabo una reestructuración de su deuda.

«En los últimos 20 minutos, los rumores acerca de una reestructuración de la deuda durante el fin de semana de Pascua griega han agudizado el diferencial de tipos con Alemania, mientras que las acciones bancarias en el mercado de valores están cayendo. A día de hoy, las discusiones acerca de una reestructuración griega se está recrudeciendo a pesar de los desmentidos oficiales. Si se producen tales acontecimientos será crucial conocer los términos», señala el e-mail que ahora es objeto de investigación, según informa la agencia AFP.

Tras tener conocimiento de este rumor, la jefa de la Fiscalía de Atenas, Eleni Raiku, ha ordenado a la Autoridad del Crimen Cibernético de Grecia emprender una investigación con carácter urgente para esclarecer quién o quiénes fueron los responsables de difundir esta «falsa noticia en relación a la deuda griega».

La fiscal ha pedido que se investigue si el banco estadounidense ha cometido una «conducta criminal» con el envío de este e-mail.

Por su parte, Citigroup se defendió ayer en un comunicado de las acusaciones y afirmó que no ha habido una conducta delictiva ni por parte del banco ni de ninguno de sus empleados. Además, se mostró dispuesto a cooperar en la investigación que están llevando a cabo las autoridades griegas.

«Estos rumores carecen claramente de profesionalidad y son un disparate», anunciaba ayer el Ministerio de Finanzas griego en un comunicado, en el que daba cuenta del daño que podían causar estas falsas informaciones en los mercados, por lo que el Gobierno ha ordenado una investigación y solicita «un castigo ejemplar para los responsables».

Lo cierto es que desde hace una semana los ataques contra los mercados griegos no han cesado, mientras que los rumores que apuntan a una «inminente» reestructuración de la deuda cada vez son más intensos. El propio ministro alemán de finanzas Wolfgang Schäuble, en una entrevista publicada por Die Welt el pasado día 14, un día después del polémico e-mail, insinuaba que Grecia tendría que llevar a cabo una reestructuración.

Una mayoría de los analistas consultados por Reuters considera que Grecia con una enorme deuda que supone el 140% del PIB, no podrá hacer frente a su próximos pagos y que, tarde o temprano, será necesario un haircut o quita de parte de la deuda.

Ayer, el diferencial del bono griego a 10 años conquistó un nuevo récord en 1.186 puntos, frente a los 1.157 puntos del miércoles, mientras que la rentabilidad superaba la frontera psicológica del 15%. Asimismo, el rendimiento de los bonos griegos a tres años también registraba durante la sesión nuevos máximos históricos, y alcanzaban el 22,79%, un nivel que los analistas consideran inasumible para el país heleno.

El problema es que las especulaciones de que Grecia deberá reestructurar su deuda para evitar una suspensión de pagos se han extendido por el resto de los países periféricos de Europa como la pólvora.

La prima de riesgo de los bonos españoles a 10 años respecto a sus homólogos alemanes volvió ayer a superar los 222 puntos básicos. En sólo una semana el riesgo país, o el sobrecoste que tiene que pagar el Estado español para emitir deuda se ha disparado más de un 30%.

El contagio se ha extendido también con fuerza a Portugal, en plena negociación de su rescate. La rentabilidad del bono a dos años alcanzó ayer cotas inéditas en la última década, al situarse en el 10,61% mientras que el coste de las obligaciones a 10 años alcanzaron el 9,2 %.

Tras este nuevo repunte, la prima de riesgo de Portugal repuntó hasta 648 puntos básicos. Por su parte el diferencial de Irlanda escaló ayer hasta los 723 puntos básicos, con un interés del 10,5%.

P. RODRÍGUEZ SUANZES / Madrid

El PP se suma a la promesa del PSOE de fijar el techo de gasto en cada una de las autonomías

PP recogió ayer en su Programa Marco para las próximas autonómicas el guante lanzado por José Luis Rodríguez Zapatero. Pero lo hizo de forma inesperada, sumándose al PSOE en la idea de que sean las comunidades y no el Estado las que marquen sus techos de gasto anual.

Durante la Convención Nacional del PP, celebrada en enero en Sevilla, la secretaria general de la formación, María Dolores Cospedal, reclamó la necesidad de volver a contar con una Ley de Estabilidad Presupuestaria «que fije techos de gasto y endeudamiento» tanto para la Administración central como las para las comunidades y los ayuntamientos. «La que eliminó Rodríguez Zapatero», recalcó Cospedal.

Sin embargo, la postura se ha matizado sensiblemente desde entonces. Ayer, el PP, anunció en su programa, dirigido por la vicesecretaria de Organización y Electoral, Ana Mato, que promoverá una reforma para establecer «techos de gasto y endeudamiento para todas las administraciones, que incluya la obligación de aprobar el volumen máximo de beneficios fiscales y una previsión indicativa del gasto financiero del presupuesto y los compromisos de gastos para los años siguientes».

La novedad es que, a diferencia de la Ley que el PP impulsó en 2001 -que obligaba a todos los agentes del sector público a tener superávit o equilibrio en cada ejercicio-, el principal partido de la oposición acepta ahora que cada comunidad fije «un techo de gasto no financiero dentro de sus proyecciones plurianuales». Es decir, a lo largo de un ciclo, si son «compatibles con las previsiones nacionales y que será aprobado por las asambleas regionales y presentado al Consejo de Política Fiscal y Financiera».

Se trataría de un cambio significativo respecto a la reforma de 2006, la que elimina de facto los techos. Pero es también la tesis defendida por el presidente del Gobierno, quien en una de las recientes sesiones de control del Congreso invitó a Mariano Rajoy a llevar en su programa electoral, al igual que el PSOE, la misma medida para lograr así «un acuerdo a nivel nacional».

Y es la misma idea defendida por Alfredo Pérez Rubalcaba tras el Consejo de Ministros del 25 de marzo, cuando propuso que sean las autonomías las que, motu propio, dispongan un techo de gasto que «sería bueno para la economía, respetuoso con la Constitución y con la autonomía financiera de las comunidades».

En las últimas semanas el Gobierno se ha movido entre dos líneas. Por un lado, proponiendo una modificación de la Ley para vincular el gasto total al PIB nominal, haciendo que los cambios sean «de obligado cumplimiento» para la Administración central y negociados con las comunidades para encontrar un «consenso». Sobre todo, por la combativa postura de los nacionalistas catalanes, muy reacios, como destaca el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Ridao, a que sean las comunidades las que carguen siempre con la culpa del déficit. Y por otro, defendiendo, como hizo Zapatero en el Congreso el 30 de marzo, «que el gasto no pueda superar la tasa de crecimiento de la economía», para, en caso de superávit, utilizar los fondos «para reducir deuda» y no «para incrementar el gasto». La misma idea que subyace en el programa de los populares cuando proponen «evitar la consolidación como gasto público estructural de ingresos públicos coyunturales».

Además, el PP también llevará a las elecciones propuestas concretas como «la reducción de la tipología de contratos laborales», el cheque-formación, el pago del IVA «conforme al criterio de caja» de las empresas, la eliminación de trabas burocráticas o un consejo interterritorial para facilitar «la unidad de mercado».

MARTA GUZMÁN / París
Especial para EL MUNDO

París impone el reparto de primas a los trabajadores

Las empresas que den dividendos tendrán que pactar un bonus para toda la plantilla

Las empresas francesas de más de 50 empleados que distribuyan dividendos entre sus accionistas también compartirán sus ganancias con los trabajadores a través del pago de una «prima obligatoria» a sus empleados. Está decisión del presidente francés, Nicolás Sarkozy, se inscribe dentro del nuevo aire que ha insuflado a su estrategia política para acercarse a los trabajadores de cara a las elecciones presidenciales de 2012.

La cuestión estaba en el aire desde hace días. Pero Sarkozy dijo la última palabra al respecto el miércoles por la noche cuando, tras una reunión mantenida en el Palacio del Elíseo con los responsables de los Ministerios de Finanzas y Economía, decidió que la prima social podría entrar en vigor este mismo año, una vez que el proyecto de ley sea votado por el Parlamento francés antes del verano.

«Si se puede dar dividendos los accionistas, también se puede dar a los empleados», había afirmado Sarkozy el día anterior, al visitar una fábrica de una zona industrial del norte de Francia. Un gesto que los expertos atribuyeron a un nuevo giro obrero para atraerse los votos de este colectivo.

La decisión de Sarkozy echó un jarro de agua fría a la posición mantenida por la patronal y por el Ministerio de Finanzas a favor de una «negociación obligatoria» de dicha prima entre las partes, «para no penalizar excesivamente a las empresas que salieron de la crisis en 2010 y que ahora están empezando a respirar».

Por su parte, el Gobierno galo señaló que «el objetivo de este bonus a los trabajadores es facilitar un mayor poder adquisitivo a los empleados ahora que se está reactivando la economía».

El montante y la forma en cómo los empleados percibirán dicha prima serán objeto de negociación entre la patronal y el sindicato de cada empresa. Sobre los impuestos que se aplicarán a esta prima, por el momento, sólo se sabe que tributará al 8% como concepto de cargas sociales.

En cuanto a las empresas de menos de 50 empleados que repartan beneficios entre sus accionistas, el pago del bonus a sus trabajadores será «optativo». De todas formas, el presidente francés también quiere éstas se sumen a la medida, y para conseguirlo les ha prometido «exenciones para ciertas cotizaciones sociales», aunque dichas ayudas están aún por definir.

Ya antes de hacerse oficial, los bonus obreros han levantado ampollas ya que no convence ni a la patronal y ni a los sindicatos. Por su parte, los empresarios se quejan de su carácter obligatorio de la medida, que podría afectar a casi ocho millones de franceses. Tampoco ha gustado a los sindicatos, que reclamaban una reforma integral sobre las remuneraciones de los trabajadores.

Sarkozy pretende que la opinión pública entienda esta iniciativa como una medida en favor de los trabajadores y no como una «jugada electoral» a un año de las elecciones. Aunque frente a las acusaciones de populismo hay que señalar que la medida tendrá carácter permanente, por lo que los incentivos se pagarán anualmente a partir de su aprobación en el Parlamento

Finlandia sufrirá «consecuencias»

El comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, advirtió a Finlandia sobre las «consecuencias» de rechazar el rescate portugués, según una entrevista recogida por el diario 'Helsingin Sanomat'.

Rehn señaló que el nuevo Parlamento de este país debe considerar el impacto de su decisión en «los intereses generales» de Finlandia y ha añadido que espera que el nuevo Gobierno adopte una decisión positiva en este asunto.
Estas declaraciones se producen tras el ascenso en las elecciones finlandesas del pasado domingo de los euroescépticos de ultraderecha Verdaderos Finlandeses, como tercera fuerza local más votada, contrarios a la participación del país en el rescate de Portugal.
El comisario ha recordado que el nuevo Gobierno finlandés debe decidir si participa o no en el rescate de Portugal para evitar la quiebra del país luso y asumir, en todo caso, «todas las consecuencias». Rehn aclaró que obtener la aprobación del rescate portugués es «difícil» porque es probable que el nuevo Gobierno finlandés no este conformado hasta mediados de mayo.
El comisario ha señalado que Finlandia debería tener una postura oficial antes del 16 de mayo, que es cuando se celebrará la reunión de ministros de Finanzas de la Eurozona para decidir los términos del paquete de rescate a Portugal.

Madrid

Las revueltas árabes tendrán impacto en el PIB español

Los indicadores coyunturales de la economía española proporcionan señales positivas durante los primeros meses del año. Pero los datos de marzo se sitúan por debajo de la media de los últimos meses debido, en parte, a las tensiones geopolíticas en el norte de África y Oriente Próximo, así como a los riesgos derivado de la situación de Japón. Ésta es una de las principales conclusiones de un informe elaborado por el Ministerio de Economía y Hacienda, que anticipa la mejora de los indicadores relativos a la producción, la demanda y la opinión.

En concreto, indica que la información relativa al consumo privado refleja una situación «más favorable» que en la parte final de 2010, mientras que la inversión en bienes de equipo sigue avanzando a un ritmo «sostenido». La inversión en vivienda arroja señales «favorables» en los primeros meses del año, impulsada por el fin de la desgravación fiscal por adquisición de vivienda, al tiempo que la producción industrial se recupera y la utilización de la capacidad productiva aumenta, según informa Europa Press.

COALICIÓN DEL TOMAHAWK Y BOMBAS DE RACIMO DE ZAPATERO apoyando el Alzamiento Nacional libio contra un Gobie reconocido legítimo durante casi 1/2 siglo

FRANCISCO CARRIÓN / El Cairo
Especial para EL MUNDO

La rebelión conquista un paso clave

La toma de un puesto fronterizo por los rebeldes obliga a desertar a soldados de Gadafi

En las montañas occidentales libias, limítrofes con Túnez, los enfrentamientos se suceden eclipsados por el dramático asedio de la ciudad de Misrata. Ayer, en este flanco de la guerra huérfano de luz y taquígrafos, los esforzados rebeldes lograron un inesperado avance al ocupar el paso fronterizo de Wazin, ubicado en la carretera principal que conecta la localidad libia de Nalut, habitada mayoritariamente por árabes bereberes, con la tunecina de Dehiba.

De confirmarse esta victoria, negada por el régimen de Muamar Gadafi, la plaza conquistada abriría una nueva ruta de abastecimiento para la insurgencia.

El puesto de Wazin está situado a unos 200 kilómetros al sur de Ras Ajdir, el principal paso entre Libia y Túnez y escenario del éxodo de quienes huyen del zumbido asesino de las balas. Según el líder rebelde Abu Sitta Shaban, la reconquista del cruce fue el feliz desenlace a tres días de intensos combates. La vieja enseña de la monarquía libia, resucitada por los alzados, volvió a ondear desde la mañana de ayer en este emplazamiento.

Hostigados por el fuego rebelde, un centenar de uniformados leales al dictador, entre ellos varios generales, cruzaron la frontera y fueron interrogados por el ejército tunecino. Fuentes rebeldes indicaron que entre cinco y 10 soldados del coronel murieron y otros 25 resultaron heridos durante el ataque mientras que en el bando insurgente solo se registraron heridos leves. Tras un breve receso, la mayoría de los alzados emprendieron camino hacia el área montañosa de Ghazaya, cuartel de los acólitos del dictador.

Nalut y la ciudad cercana de Yefren sufren desde la semana pasada el azote del ejército de Gadafi. Los rebeldes denuncian que más de un centenar de personas han muerto y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) estima que unos 11.000 refugiados han huido de esta zona en los últimos 10 días.

Entretanto y ante una posible intervención terrestre de los aliados, Trípoli anunció ayer que está armando a la población civil con rifles y armas ligeras. «Si la OTAN llega a Misrata o a cualquier otra ciudad libia desataremos el infierno. Seremos una bola de fuego… Haremos que sea 10 veces peor que Irak», advirtió el portavoz del tirano, Musa Ibrahim.

La versión oficial insiste en que el 80% de la sitiada Misrata está bajo control de Gadafi. Sin embargo, la cadena catarí Al Yazira constató que amplias zonas del este y oeste de la ciudad están dominadas por los rebeldes. Mientras, los enfrentamientos continúan y miles de habitantes permanecen atrapados en el peor frente bélico.

En las últimas jornadas, la acción aliada se ha intensificado en Trípoli, Sirte -ciudad natal del dictador- y El Aziziya con el objetivo de destruir arsenales, medios de defensa antiaéreos y puestos de mando. Ayer, aviones de la OTAN bombardearon Gheriane, al sur de Trípoli.

Mientras, en el bando aliado, al anuncio de Estados Unidos de enviar drones -aviones espía- a Libia para colaborar en los esfuerzos de la coalición internacional se sumaron las críticas rusas por la próxima llegada de consejeros militares occidentales a Bengasi, la capital de la insurgencia y cuartel del Consejo Nacional de Transición (CNT).

Desde Moscú, el ministro ruso de Exteriores, Serguei Lavrov, alertó de «las consecuencias imprevisibles» que la presencia de instructores podría tener para el desarrollo del conflicto. Lavrov pidió a la OTAN que limite sus acciones a la protección de la población civil y que no envíe asesores militares a Libia, que supondrían en la práctica una intervención terrestre, contraria a la resolución 1973 aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, informa Daniel Utrilla.

OORBYT.es

> Carlos Toro traza los paralelismos entre Misrata hoy y el asedio a Stalingrando en la II Guerra Mundial.

F. C.
Especial para EL MUNDO

Réquiem por los periodistas

Estaba previsto que los cuerpos de ambos periodistas llegaran durante la noche de ayer a Bengasi, bastión de la insurgencia, a bordo de un barco fletado por la Organización Internacional para las Migraciones.

El Consejo Nacional de Transición (CNT) denunció ayer que al menos ocho periodistas internacionales continúan desaparecidos, entre ellos el fotógrafo español Manu Bravo, retenido en Trípoli.

La corte de Gadafi, aficionada a la escenificación y la propaganda, lloró ayer la muerte de los fotógrafos Tim Hetherington y Chris Hondros, víctimas el miércoles de una granada de mortero en Misrata. «Nos apena la pérdida de toda vida humana, incluso del lado rebelde. Estamos realmente tristes por la pérdida de estas dos vidas», declaró el portavoz del régimen, Musa Ibrahim, quien deseó además la pronta recuperación de los dos periodistas heridos en el mismo incidente. Acto seguido, Ibrahim dejó caer en la segunda escena de su alocución un par de sugerencias útiles para reporteros en «tiempos de guerra». «No es responsabilidad de nuestro ejército. Pedimos a todos los periodistas que no confíen en estos rebeldes y no viajen a su lado. Si quieren hacer reportajes, pueden pedir un visado para entrar legalmente».

AITOR HERNÁNDEZ-MORALES / Madrid

«La Transición española es un modelo a seguir»

Desde que comenzó el conflicto que intenta terminar con la larga dictadura del coronel Muamar Gadafi -el militar que derrotó a su tío abuelo, el rey Idris, en 1969- Mohamed Al Senussi, príncipe heredero de Libia, ha dejado atrás su exilio discreto en Londres para convertirse en una de las figuras más reconocibles de la oposición en el exterior. Aprovechando una amplia red de compatriotas desterrados, el titular de la dinastía de los Senussi, de 48 años, ha desarrollado una labor incansable a lo largo de los últimos meses, acudiendo a las distintas capitales europeas para pedir mayor apoyo por la causa de los sublevados.

«Agradezco muchísimo todo lo que han hecho los aliados», dice Al Senussi desde su residencia en Londres, recién llegado de su comparecencia ante el Parlamento Europeo en Bruselas. «Seguimos necesitando mucha ayuda, y hay enorme escasez de elementos básicos -leche en polvo para los bebés, medicina para los heridos, comida- pero juro que nunca olvidaremos la labor que ha llevado a cabo la OTAN y los países árabes para salvar a innumerables civiles y apoyar la causa del pueblo libio».

El príncipe heredero se muestra orgulloso al hablar de los rebeldes -a los que prefiere llamar «libertadores»- en su lucha «heroica» en contra del régimen del dictador. Al Senussi sabe lo brutal que puede ser el coronel Gadafi, ya que hasta 1987 -año en el que fue expulsado del país-, el príncipe fue víctima particular del coronel, que le mantuvo bajo arresto domiciliario durante gran parte de su juventud, mandó incendiar su casa natal -obligándole a vivir en una chabola- e hizo exhumar y profanar los restos de sus antepasados.

Quizá por esta familiaridad con las tácticas del régimen, Al Senussi dice que apoya la posición del Consejo Nacional Transitorio -el órgano de gobierno de los sublevados-, que pone la salida del coronel como precondición a cualquier conversación de paz. «Yo conozco a Gadafi y sé que es un hombre sin honor, un hombre que se dedica a mentir. Es imposible negociar con alguien que sólo entiende el lenguaje de la decepción», afirma. Aún si se marcha, el príncipe heredero deja claro que el exilio no absolverá al líder de la Revolución Verde: «El pueblo quiere justicia. El dictador tiene que responder por sus crímenes».

Al Senussi dice sentirse optimista sobre lo que pasará en su país natal cuando concluyan las batallas encarnizadas que actualmente se viven en Libia; rechaza la teoría de la posible balcanización del país tras tantos meses de combate entre los rebeldes en el este y las fuerzas leales al régimen de Trípoli. «La división del país es otra historia creada por el aparato de propaganda absurda del régimen de Gadafi. Esto es igual que cuando que dijo que las revueltas en su contra eran maniobras de Al Qaeda; intenta mantenerse en el poder alegando que el país se romperá si se marcha. La realidad es que Libia está formado en gran parte por tribus que llevan unidas desde hace casi un milenio, y seguirán unidas en el futuro», dice.

Ante ese futuro, Al Senussi dice que quiere que Libia sea «un modelo democrático para toda la región». El príncipe mantiene que, cuando concluya la guerra, lo importante es poner todo énfasis en establecer un gobierno democrático «que represente los intereses del pueblo». Afirma que el Consejo Nacional Transitorio es un órgano de gobierno temporal, que «facilitará la organización de un sistema de gobierno permanente en el país».

Cara a la forma que pueda tomar ese gobierno, Al Senussi reconoce que «la monarquía constitucional es una opción, pero hay muchas otras, incluida la de la república. Es cuestión de lo que decida el pueblo, que debe manifestarse a través de un referéndum».

No obstante, el heredero a la corona admite que el modelo monárquico puede aportar estabilidad a su tierra y cita el papel de la institución en la instauración de la democracia en España como ejemplo. «Reino Unido, los países escandinavos, España... Son ejemplos de estabilidad y libertad. En estos momentos claves, miramos hacia los antecedentes históricos; en este sentido, yo creo que la Transición española es un modelo a seguir. Hay diferencias -Libia es un país con un sistema tribal que no existe en España-, pero podemos aprender mucho de la estabilidad que ha aportado la Corona española a lo largo de las últimas décadas».

Pese a ello, Al Senussi insiste que la opción republicana es igual de válida, y que está dispuesto a participar sea cual sea el modelo que elija el pueblo. «Siempre contarán con mi apoyo incondicional», concluye.

SAL EMERGUI / Jerusalén
Especial para EL MUNDO

Asad se prepara para las protestas del 'gran viernes'

Deroga el estado de emergencia al tiempo que despliega el ejército en Homs

Viernes crucial para el destino de Siria. El régimen intenta que sea uno más, es decir, con muchas plegarias en las mezquitas y escasas protestas en las calles. La oposición tiene otros planes y pretende convertir la jornada en la más importante de la revuelta que está haciendo temblar a una de las dictaduras más estables de Oriente Próximo.

El ejército se ha desplegado en zonas de Homs, cuya plaza del Reloj marca la cuenta atrás del presidente Bashar Asad. Mientras usa una mano para aplacar las protestas, con la otra firmó la derogación de la ley de Emergencia tras 48 años en vigor. Asad decretó una ley que «regula el derecho de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente». Tras décadas de pensamiento único y 200 muertos en cinco semanas, ha descubierto que la manifestación «es un derecho humano básico».

Sus palabras, sin embargo, quedan eclipsadas ante las nuevas imágenes de sicarios preparados para intimidar y si es necesario disparar. «Es inútil el levantamiento de la ley de Emergencia si hay otra que exime a las fuerzas de seguridad ante la Justicia», denuncia el líder opositor, Haitham Al Maleh. Con el objeto de conseguir apoyo internacional, en Deraa empiezan a gritar en inglés: «Asad, game over (fin de la partida) » o «we want freedom (queremos libertad». Quizás así su voz llegue a los oídos en la Casa Blanca.

El frente anti Asad no se fía de las promesas. En los últimos años, ha promulgado unas 135 leyes para alentar la iniciativa privada y las inversiones extranjeras. No se benefició el sirio de la calle sino el de la élite, que se mueve cerca del radar de Asad. Quien parece decepcionado con él es uno de sus escasos aliados, Turquía. Antes del terremoto regional, Ankara se acercó a Irán y Siria en una alianza militar, energética, económica y política que preocupaba a Estados Unidos y sus dos aliados, Israel y Arabia Saudí. El primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan ha enviado un mensaje a Damasco exigiéndole una mayor rapidez en puesta en marcha de las reformas.

Claro que la rapidez es una cuestión de percepción. Asma, la esposa de Asad, cree que «las revueltas en otros países son específicas de esos países», y que ellos iniciaron las reformas hace tiempo. Los años pasan y los cambios no llegan aunque para más de la mitad de la población -que nació en el estado de Emergencia- el decreto de ayer les transportaba a otro país. Algo que no evitará el gran viernes que promete ser tenso y decisivo.

FIRMAS: Erasmo, R.del Pozo, R. Rivero, J. Sinova, S.González, P.G. Cuartango, Rosalía Sánchez

SANTIAGO GONZÁLEZ

Como humo se ha ido

El ministro del Interior es uno de esos seres privilegiados que, sin necesitarlo, se apuntaron al optimismo revelado por Zapatero a los suyos el día en que el Congreso rechazó la admisión a trámite del plan Ibarretxe para pasmo de los entendidos o, simplemente, de los lógicos: un gobernante no puede ser optimista sobre sus congéneres; todo el Estado de Derecho y el Derecho mismo descansan sobre la máxima pesimista que Hobbes tomó de Plauto: «Homo homini lupus».

Si hay alguien entre los gobernantes que debe ser especialmente pesimista respecto a este material con que se hacen los sueños es el ministro del Interior y, muy especialmente, este ministro del Interior. ¿Pues no va ahora y dice que la Policía no podía vigilar a Troitiño desde que fue puesto en libertad por orden judicial? Mire don Alfredo, no joda. Un servidor ha sostenido que no eran usted ni su Gobierno responsables de la puesta en libertad de este paradigma de asesinos hasta para Arzalluz. Recuerde cuando nuestro viejo de la Montaña separaba la ETA buena, la nacionalista de Txomin Iturbe, de la ETA mala, la marxista-leninista de los Troitiños, la ETA maketa, para entendernos.

Pero una cosa es la responsabilidad de la excarcelación, de la Audiencia Nacional y en última instancia del TC, y otra, la de la fuga, que es de usted y de su Gobierno, don Alfredo. Está mal que se lo señale un profano, pero la tarea de la Policía, además de represiva, es preventiva: vigilan a los sospechosos, por si acaso. Una cosa es que un madero no pudiera entrar sin mandamiento en la casa de Antonio Troitiño aquella noche y otra muy distinta no ponerlo bajo una discreta vigilancia para evitar que volviese a llover sobre mojado tras los chaparrones de Iñaki de Juana y Josu 'Ternera'; este último fugado cuando su cargo era ocupado por Rajoy, que también culpó al juez. Se me ocurre una solución: ¿por qué no encarga la búsqueda del prófugo y la de De Juana a Eguiguren, que ya se dio maña para encontrar a Ternera cuando ustedes lo necesitaron para el proceso?

Cuando al jefe de Troitiño en el comando Madrid, el también asesino múltiple Iñaki de Juana Chaos le fue concedido el progreso de grado y la prisión atenuada, invocó usted «razones legales» para una decisión que reivindicó «personalmente» en persona, si me permite el pleonasmo. Confundió, espero que deliberadamente, el imperativo legal, aquello a lo que la ley obliga, con lo que la ley permite por no prohibirlo expresamente. ¿Quiere usted decirnos que el CNI que espió a la Izquierda Abertzale, antes Batasuna, a partidos de la oposición y al mismísimo Rey de España, no está autorizado para hacer un discreto seguimiento a este espejo de asesinos múltiples? ¿Qué el mismo policía que entró en el bar Faisán aquella florida mañana de mayo de 2006 para dar el queo a Elosua de que le andaba buscando la madera, no podría seguir a una distancia prudencial a Troitiño, porque esto sería ilegal, según viene a señalar con acierto la portavoz de la oposición? Es que no sé cómo decírselo, ministro. Aun a sabiendas de que me repito, no joda. Dicho sea con el mayor de los respetos, naturalmente.

RAÚL DEL POZO

Fetiches

EL RUIDO DE LA CALLE

Por una carta de Marilyn Monroe se han pagado 24.000 dólares en una puja donde se subastaron objetos personales de las estrellas de Hollywood: Ava Gardner, Greta Garbo, Marlon Brando o Alfred Hitchcock. Todos conservamos síntomas de fetichismo; a mí me gustaría guardar en el baúl de mis recuerdos la ruleta en la que se jugaba los rublos Dostoievski en Baden-Baden o el drive con el que salía del tee Ernesto Guevara. Así que me parece bien que cada uno monte su cosmogonía privada como quiera, aunque no me fiaría mucho de un tipo que colecciona bragas o cartas de las estrellas del cine; también comprendo que es difícil vivir sin mitos, después de que éstos se han convertido en famosos, en famosos porque son famosos.

La izquierda no pudo derribar las supersticiones, fue incapaz de exterminar los brazos de santo y las religiones basadas en los huesos. Tampoco se ha extinguido esa tendencia fetichista que tuvo su último apogeo en el star-system. Cuenta Juan Pando que algunos ídolos del cine tuvieron que contratar trituradores de inmundicia porque sus basureros se convirtieron en mercancía. Los negociantes de fetiches rebuscaban en los desperdicios y llegaron a encontrar el casco de piloto de Paul Newman, los leotardos de Rita Hayworth y el diafragma de Natalie Wood.

En nuestro tiempo hasta el fetichismo se ha vulgarizado. Ahora los ídolos que provocan orgasmos en las adolescentes son futbolistas con piercings en las dos orejas o heroínas que se echan mano al cepillo en la telebasura. Los monstruos sagrados o los ídolos de Twitter van de Lady Gaga a Paquirrín, y el último fetiche que ha puesto patas arriba el mundo del corazón ha sido el paquete de Piqué. Una revista ha publicado el encuentro del futbolista y Shakira en el aeropuerto de Barcelona; parece que al chico se le puso gorda y la cámara lo captó. Esta adoración no es original; viene desde los tiempos primitivos, cuando aquellos monos no sólo adoraban a los falos sino a los sacerdotes, las comadrejas, los bueyes y las serpientes.

En los últimos días he viajado por el País Vasco para promocionar mi libro. En esas bellísimas ciudades ya se respira un aire de libertad. Ha cambiado el clima, la manera de relacionarse. Lo he pasado muy bien rodeado de periodistas y libreros. En algún encuentro con el público lector, como sucedió en el Aula de Vocento, me preguntaron por qué tengo esa fijación con los griegos. Porque son los mejores, les dije, los más posmodernos; tenían unos 30.000 ídolos, dioses, fetiches, leyendas y héroes, desde Odiseo a Jasón, desde Afrodita a Ícaro. Adoraban también al falo, pero lo disimulaban artísticamente con arcilla. Ahora, el paquete o piquetón de Piqué, como dice el título de la revista, lo ponen a palo seco en los dominios de Twitter.

JUSTINO SINOVA

Una sentencia ambigua

El Tribunal Constitucional no ha ordenado reponer a la profesora de religión apartada tras contraer matrimonio civil con un divorciado, ni tampoco ha censurado a la jerarquía católica por prescindir de sus servicios. Comprendo la confusión de cuantos han escuchado estos días los estrépitos de un estacazo a la Iglesia, que está sólo en la imaginación o en la ignorancia de quienes anteponen sus deseos a la realidad. Comprendo también el desconcierto de quienes desean la protección de una enseñanza religiosa seria y ortodoxa, y ven que el Tribunal se mueve en la ambigüedad. El TC señala una carencia en el examen judicial del recurso de la profesora, se quita de en medio y deja, de momento, las cosas como están.

Los profesores de religión son elegidos por la Iglesia (por los responsables de cualquier confesión) y contratados por la Administración. En el caso de la Iglesia Católica, así lo dispone el acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Español de 1979. Como es lógico, la Iglesia valora la capacitación académica de los profesores y la conformidad de su vida personal con las enseñanzas que imparten, de modo que les exige practicar la religión. Es una providencia de sentido común, que parte de la convicción de que nadie da lo que no tiene. El Constitucional ampara este método, y así lo expresa en su sentencia aludiendo a la 38/2007, de 15 de febrero: Corresponde a «cada Iglesia (…) el juicio sobre la idoneidad de las personas que hayan de impartir la enseñanza de su respectivo credo (…), que no se limite a la estricta consideración de los conocimientos dogmáticos o de las aptitudes pedagógicas (…), siendo también posible que se extienda a los extremos de la propia conducta en la medida en que el testimonio personal constituya para la comunidad religiosa un componente definitorio de su credo».

Según ello, la decisión del Obispado que apartó a la profesora fue correcta. Lo que el Tribunal echa en falta es que el juzgado de lo Social de Almería que rechazó el recurso de la profesora no realizara la «debida ponderación entre los derechos fundamentales en conflicto» por cuanto contraer matrimonio civil está dentro de la ley, y le ordena que dicte nueva sentencia. Veremos con el tiempo cómo dicho juzgado pone en consonancia la lógica de la selección de los profesores, la necesidad del testimonio de su vida personal y el uso de los derechos que les permiten las leyes, conjugando todo ello con otro principio básico que el Constitucional no valora en su sentencia como se merece: el derecho fundamental a la educación. La educación de calidad en religión requiere profesores sabios que den ejemplo de lo que enseñan, lo que implica que su «testimonio personal», expresión del Tribunal, no ha de afectar negativamente al derecho de los alumnos y de sus padres. El Constitucional podría haberle resuelto el problema al Juzgado de Almería. El alto tribunal entiende lo que ha de ser un profesor de religión y quién ha de asegurar su idoneidad, pero parece temer un aval rotundo a esa figura, que por otra parte sería una garantía para el derecho a la educación. Se mueve en una ambigüedad improcedente que a nadie conviene… Salvo, acaso, a sus necesidades internas de equilibrio.

raúl Rivero

Regreso con café y puro

Lo poco que ha quedado de la riqueza de la isla de Cuba después de 52 años de fracasos, y lo que se le pueda arañar ahora a esas ruinas mediante la aplicación de unos remedios de curanderos -hojas de salvia, sangre de jutía conga y cascarilla de huevos- lo administrarán hasta el primer minuto de libertad los compadres de la Sierra Maestra.

Quedó claro en cuanto los delegados al VI Congreso del Partido Comunista de Cuba comenzaron a regresar a sus destinos y se dieron los abrazos finales, satisfechos por el almuerzo reforzado, con café y puro, bajo el aroma gratuito y autorizado de los armoniosos puros de Vuelta Abajo.

Se sabía que debajo de los ciclones de cifras y por cientos, entre la enrevesada y papelería del proceso preparatorio y las esperanzas de cambios echadas a rodar como aspirinas, estaba el propósito de que prevaleciera aquella expresión coloquial que los cubanos le han robado al béisbol: todo el mundo quieto en base.

Si, que el núcleo duro, sus asistentes, sus gente de confianza y sus familiares no se movieran, pero que actuaran como si se fueran a mover para congelar cualquier deseo, necesidad o embullo de movimientos en los puntos más vulnerables, pobres, desamparados o rebeldes de la sociedad.

Se hablaba de relevos y de gente joven, como si las transformaciones que se necesitan en la nación dependieran de la edad de sus protagonistas. El cepo radica en las leyes, en la constitución, en los mecanismos represivos, en la vocación de un grupo para agonizar en el poder. Las figuras de la segunda fila traen malos recuerdos del campo socialista.

No hay que darle un alto cargo a un estudiante de bachillerato. Se necesita la disposición de desmantelar el aparato torpe y deteriorado que anuncia como una conquista fenomenal -en pleno siglo XXI- la autorización a vender y comprar casas y autos. Y, al mismo tiempo, ratifica la prohibición de los partidos políticos, la libertad de prensa y el libre flujo migratorio.

No creo en los resultados, hablo de los gestos iniciales, pero Mijail Gorbachov no era un insolente konsomol moscovita cuando comenzó el despiece de aquel espantapájaros de hierro corroído. Ni eran unos jóvenes intelectuales inquietos y cultos los dirigentes chinos que trabajaron para llevar a su país la esencia del imperialismo en su versión deslumbrante de tigre de papel moneda.

Los viejos comunistas cubanos (y los dos o tres jóvenes amaestrados) lo único que tratan de desmontar es el porvenir.

pedro g. CUARTANGO

Descenso a los infiernos

HE LEÍDO de un tirón la descarnada, doliente y nostálgica biografía de Manuel Vicent sobre Jesús Aguirre, decimoctavo Duque de Alba por matrimonio. Hijo de madre soltera, estudió teología en Comillas, fue capellán de la Complutense, editor y traductor de la Escuela de Frankfurt y, más tarde, director general de Música en los tiempos de Pío Cabanillas. Lo recuerdo muy bien en el palco del Real con la Reina antes de casarse con la Duquesa de Alba, un matrimonio que colmó sus aspiraciones de acceder a la aristocracia ilustrada.

Según relata Vicent, Aguirre era un desclasado que fue evolucionando de una vocación religiosa a una pasión enfermiza por elevarse al peldaño más alto de la escala social. Toda su existencia fue una contradicción permanente, empezando por la negación de su condición de homosexual que Vicent revela con meridiana claridad en varios episodios de extraordinaria sordidez.

No me extraña que a la Duquesa de Alba no le haya gustado el retrato de Vicent, pero a mí me ha parecido un libro magnífico no sólo porque está muy bien escrito sino porque, sobre todo, es un viaje a las profundidades de un ser humano tan contradictorio como era Aguirre.

La lectura de este trabajo me ha dejado un regusto de una profunda amargura, al igual que cuando uno se enfrasca en las pesimistas reflexiones de Montaigne o en los pensamientos de Pascal.

No recuerdo quien dijo que el hombre es una pasión inutil, tal vez fuera Sartre, cuyos penosos últimos años -cuando se meaba en los pantalones- evocan a los de Jesús Aguirre. Todos estamos fatalmente condenados a esa decadencia, a esa fatalidad que nos empuja a convertirnos en un esperpéntico remedo de lo que fuimos.

El tiempo es el gran enemigo. Por ello, nuestra venganza reside en el disfrute del presente en su más pura materialidad. Carpe diem. Sí, coge el día, atrápalo, sigue tus instintos, tus pasiones y olvida que tienes un alma.

Jesús Aguirre creía que él era un espíritu puro, con una sensibilidad por encima de los mortales. Autoengaño fatal porque era lo contrario: un ser esclavo de sus deseos y sus pasiones que había sublimado sus frustraciones en la filosofía de Adorno y la música de Mahler.

La biografía de Vicent es, en realidad, un descenso a los infiernos. A un interior oscuro e inconsciente que gobierna nuestras vidas. Ni somos lo que parecemos ni tampoco lo que queremos. Hay oscuras fuerzas que nos mueven con independencia de la voluntad. Aguirre fue una figura patética porque quería ser un angel cuando sus instintos le empujaban a ser un demonio. Se equivocó de camino: quizá hubiera llegado a la santidad por el mal.

ERASMO

Barça I

SU MISMIDAD es aproximadamente socialdemócrata y las evoluciones de su Once se inspiran en la idea y los principios de la sostenibilidad: y esa obsesión codiciosa, cuasi avarienta, de eternizarse en la posesión monopolística del esférico. Mas, cual el error marxiano de otorgar categoría de ciencia al materialismo dialéctico, tal la noción, para consumo de incautos, de un Barça científico, cuya superioridad supuesta sería así empíricamente demostrable; cuando ni estadísticamente lo es (Hércules, Mourinho, 0-1, etecé). Que es lo que se trataba de demostrar.

ROSALÍA SÁNCHEZ / Berlín
Especial para EL MUNDO

Un pipiolo metido en política

EL ZOO DEL SIGLO XXI / SEBASTIAN KURZ
Este joven austriaco de tan sólo 24 años ha llegado a ser secretario de Estado con un eslogan que se ha hecho muy popular: 'Ser de derechas me pone'

Imberbe y secretario de Estado austriaco, Sebastian Kurz responde con despreocupación a las numerosas críticas que han despertado sus tiernos 24 años en relación con un puesto de semejante responsabilidad. «Ser joven significa tener mucha energía y creo que puedo aportar algo», afirma seguro de sí mismo.

Ayer, día de la jura del cargo, se presentó en el Hofburg de Viena con un atuendo informal y sin corbata. Total, el chaval sólo iba a tomar posesión de la Secretaría de Estado de Inmigración ante el presidente de Austria, Heinz Fischer, que parecía su abuelo.

La plataforma en la red social Facebook contra su nombramiento cuenta ya con 22.000 seguidores, pero su capacidad de arrastre de voto joven merece un reconocimiento.

Su paso por la presidencia de las juventudes del partido ha resultado revolucionario. Acuñó el eslogan Schwarz macht geil, que podríamos traducir como ser de derechas me pone, y lo repetía en todas las fotografías que se hacía junto a impresionantes cochazos y chicas estupendas.

Sus presentaciones de campaña no tenían lugar en aburridas sedes de partido ni en estirados hoteles, sino en discotecas de moda como U4 o Moulin Rouge, con gogós y azafatas en las que resaltaba especialmente el logo del ÖVP en el centro de las ajustadas camisetas.

Incluso se ha llegado a llevar de marcha a ministros, a los que entrevistaba en plan DJ y a los que hacía bailar por el voto joven en una particular forma de hacer política.

Pero como no todo podía ser fiesta, Sebastian ha puesto a las juventudes del partido a trabajar y su presencia como voluntarios se ha hecho notar en cualquier situación de necesidad o emergencia. Inundaciones, asilos, hogares necesitados… Sebastian Kurz y los suyos llegaban a los incendios antes incluso que los propios bomberos.

Su estilo tiene algo de videoclip musical, consigue que la política se convierta en algo divertido y su capacidad de liderazgo está fuera de toda duda.

Sabe que gusta, pero muchos se preguntan si es una nueva estrella populista en ascenso. «La integración pasa por hablar alemán», ha dicho en el Kurier, y lo sabe por propia experiencia. «Crecí en el distrito 12 y tengo muchos amigos que han pasado por eso. Si hablas alemán, los problemas de integración son cero», concluye.

Lo primero que ha hecho ha sido pedir cita con el profesor Fassmann, que preside el comité de expertos que asesora al Ministerio de Interior austriaco en materia de inmigración y con varias ONG, de las que quiere aprovechar el know how.

Los inmigrantes que no se integran, una especie de enigma de la esfinge que ningún partido político centroeuropeo ha sido capaz de resolver y que amenaza con elevar a las instituciones a formaciones de extrema derecha, parecen pan comido para este pipiolo, quizá por aquello que dijo Sócrates: «Nada resulta demasiado difícil para la juventud».

«En las mezquitas austríacas, se debe rezar en alemán», suelta Sebastian con la brevedad, naturalidad y frescura con la que se escribe en Twitter.

EDITORIALES: Responsabilidad en cadena por la fuga de Troitiño

Responsabilidad en cadena por la fuga de Troitiño

DURANTE TODA la jornada de ayer los medios de comunicación centraron su atención en lo que parecía la detención inminente del etarra Antón Troitiño, tras la decisión de la Audiencia Nacional de revocar su resolución de la semana pasada de ponerle en libertad. Fuentes policiales aseguraban que Troitiño se había refugiado en el despacho de su abogado en Hendaya y que su captura era cuestión de horas. Pero la detención no se produjo y todo indica que Interior intentó ganar tiempo en una estrategia de control de daños.

Ni que decir tiene que la prioridad número uno de las Fuerzas de Seguridad del Estado debe ser poner a disposición de la Justicia a este sanguinario etarra, sin regatear ningún tipo de medio legal.

El PP, la AVT y otros colectivos arremetieron ayer contra el Gobierno y realizaron también una dura crítica de la actuación de la Audiencia Nacional en este asunto, del que, a nuestro juicio, se derivan responsabilidades de diferente signo.

El primer responsable de lo sucedido es el tribunal de la Audiencia, presidido por Alfonso Guevara, que aplicó una interpretación errónea y carente de sentido de la ley. El martes por la tarde, el tribunal rectificó sin esperar al Pleno convocado para el próximo lunes, estimando el recurso del fiscal, que argumentaba que la prisión preventiva tenía que descontarse del total de la pena y no de los 30 años de cumplimiento efectivo.

Fue tras esa decisión cuando la Audiencia Nacional cursó la orden de busca y captura de Troitiño a la Justicia francesa, que no ha podido detener al etarra hasta este momento. No hacía falta ser muy astuto para prever que Troitiño iba a intentar fugarse tras el fallo del Supremo, que obligaba a rectificar a la Audiencia,

Pero al margen de los errores cometidos por el tribunal, hay también una responsabilidad del presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia, Javier Gómez Bermúdez, que ha reaccionado tarde y mal en este asunto. La obligación de Gómez Bermúdez era haber establecido un criterio uniforme para computar la prisión preventiva antes de la excarcelación de Troitiño y no intentar solucionar el problema una vez consumados los hechos.

Pasando al nivel de las responsabilidades políticas, el ministro de Interior sale también malparado. Dirigentes del PP le reprocharon ayer que la Policía no hubiera tenido vigilado a Troitiño y Rubalcaba respondió que eso no era posible porque su excarcelación implicaba que era un hombre totalmente libre, sin que nadie pudiera restringir sus desplazamientos.

Ello es cierto, pero nada impedía que las Fuerzas de Seguridad hubieran seguido sus movimientos durante estos días, a la espera de que la Justicia tomara la decisión definitiva sobre un etarra que cometió 22 asesinatos y que nunca ha mostrado el menor arrepentimiento. Los cuerpos policiales no pueden ni deben vigilar a un ciudadano de forma arbitraria, pero sí tenían motivos para seguir a Troitiño, del que se podía presumir que iba a intentar fugarse. El CNI, que debería haber previsto esta eventualidad, ha fallado clamorosamente.

Si Troitiño no es detenido en las próximas horas, la Audiencia Nacional y el Ministerio del Interior tendrán que dar explicaciones a una opinión pública que difícilmente puede entender lo que ha sucedido, que no es un problema de interpretación jurídica sino una serie de fallos garrafales en cadena. Antonio Basagoiti, líder del PP vasco, declaró ayer que «alguien ha metido la pata y tiene que pagar». Estamos de acuerdo. Si Troitiño se ha fugado, como ya sucedió en los casos de Ternera y De Juana, alguien tendrá que asumir la culpa.

El 'segundo' de Sebastián, presidente de la CMT

La (in)dependencia de un regulador amigo

EL GOBIERNO nombró ayer presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) al hasta ahora número dos del Ministerio de Industria, Bernardo Lorenzo. Un hombre de confianza de Miguel Sebastián que lleva en cargos directivos en ese departamento desde el primer Gobierno de Zapatero. El Ejecutivo inicia la reforma de los organismos reguladores prevista en la Ley de Economía Sostenible. Pero lo hace muy mal, porque la independencia es clave para el buen funcionamiento de esos organismos y el Gobierno la desprecia. Lorenzo, del que no dudamos de su competencia, tendrá en su mano un sector clave en la economía... y en la política, porque él deberá dictaminar, por ejemplo, sobre la legislación del sector audiovisual. Ésa no es la liberalización que necesita el país y el PP tiene razón al pedir que los presidentes de los organismos reguladores sean nombrados por el Parlamento.

Los jueces prohíben la 'procesión atea' de Madrid

Hay diferencias entre manifestarse y provocar

EL TRIBUNAL Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acertado al prohibir la denominada procesión atea que se iba a celebrar hoy en la capital. Acierta en la decision y sobre todo en los argumentos que aporta. En primer lugar, los jueces dicen que «la prohibición se fundamenta en la colisión» del derecho de manifestación con «el derecho fundamental de libertad religiosa», ambos reconocidos en la Constitución. Este caso concreto, el Tribunal constata «como consustancial a la propia convocatoria la ofensa a la religión católica». Y en eso se basa para prohibir el acto. Los jueces dicen que no procede autorizar la manifestación debido a la «existencia de razones fundadas de alteración del orden público». Nadie puede impedir que alguien se manifieste públicamente contra la religión y en favor del ateísmo, pero lo que no puede hacerlo en la misma fecha, hora y lugar en la que se celebran los tradicionales cultos católicos y con ánimo de ofender. El TSJM, pues, distingue perfectamente entre manifestación y provocación.

Delirante oferta de «elecciones libres» en Libia

Gadafi empieza a dar síntomas de debilidad

EL GOBIERNO de Gadafi dio muestras ayer de su primer gran síntoma de debilidad desde que comenzaron los ataques de la coalición internacional. Sólo así cabe interpretar la propuesta lanzada por el ministro de Exteriores libio de convocar «elecciones libres» en seis meses, en las que se decidiría «incluso el futuro de Gadafi como dirigente», si cesan los bombardeos. Nadie ha hecho caso a la petición, porque tanto los rebeldes como la OTAN creen que es otra estratagema para ganar tiempo. Además, a estas alturas Gadafi ya no tiene legitimidad para pilotar ninguna transición -y mucho menos para tutelar unos comicios-, y los bombardeos sólo acabarán cuando Trípoli cumpla con la exigencia de alto el fuego y Gadafi deje el poder. No es casualidad, además, que este brindis al sol coincidiera con el anuncio de Roma, París y Londres de que van a facilitar instructores militares a los rebeldes. El tirano puede aguantar un tiempo, pero ya es un cadáver político y sabe que debe encontrar para sí mismo una salida diplomática urgente, si quiere eludir el Tribunal Penal Internacional o incluso acabar asesinado.

LOS NEGOCIOS ELECTORALES ENTRE la "organización socialista" ETA y el Gobierno socialista: Troitiño se escabulle e Interior asegura que era 'ilegal' vi

Á. ESCRIVÁ / M. PERAL / Madrid

Troitiño se escabulle e Interior asegura que era 'ilegal' vigilarlo

El departamento de Rubalcaba cree que el etarra se oculta en el sur de Francia, pero no lo ha localizado en los sitios que frecuentaba / El PP y las asociaciones de víctimas exigen responsabilidades políticas y judiciales

«Tenemos controlados todos los sitios donde puede estar pero no tenemos acreditado que esté». Así de inconcretas eran las informaciones procedentes de fuentes gubernamentales ayer, al cierre de esta edición, sobre el paradero del etarra Antón Troitiño, excarcelado el pasado día 13 y que ha huido a Francia. En realidad, lo que se quiere decir con esta ambigüedad es que la Policía cree tener pistas sobre la zona por la que puede encontrarse el terrorista pero no sabe el lugar preciso y, además, no ha podido comprobarlo.

Las autoridades judiciales francesas no han autorizado la entrada en ninguno de los lugares donde se pensaba que podía refugiarse Troitiño, el ex miembro del cruel comando Madrid, que tiene a sus espaldas 22 asesinatos, y sólo ayer por la tarde dieron luz verde a la orden de busca y captura internacional emitida el martes por la Sección Penal Tercera de la Audiencia Nacional, responsable de la liberación del terrorista. La Sección rectificó el martes y acordó la vuelta a prisión del etarra, pero todavía ayer hubo de completar la euroorden ante las objeciones planteadas por las autoridades galas.

Lo que las Fuerzas de Seguridad tienen en su poder es una orden de busca y captura nacional e internacional de Antón Troitiño pero no un permiso de entrada y registro en ningún inmueble o domicilio porque, según fuentes del Ejecutivo, los jueces franceses no acostumbran a concederlo. Por eso tampoco ha sido solicitado. De modo que, al menos por el momento, este asesino ha logrado escabullirse.

De hecho, ayer, a falta de la aparición estelar de este terrorista del comando Madrid que ha recuperado la libertad hace ocho días como consecuencia de una errónea decisión de tres magistrados de la Sección Penal Tercera de la Audiencia Nacional, los desencuentros judiciales y las limitaciones operativas tuvieron su protagonismo.

En una de las jornadas más tensas y confusas que se recuerdan en relación con el destino de un etarra que en este momento tendría que estar en prisión, los agentes establecieron dispositivos de vigilancia en su casa de Amorebieta sólo por si acaso, porque casi desde que pisó la calle se sabía que se había trasladado a territorio galo.

Después trascendió que un informe de la policía gala le situaba en el despacho de su abogado en Francia, en Hendaya. Ese documento fue incluso enviado a la Audiencia Nacional. El propio letrado de Antón Troitiño habría llamado al servicio de asistencia legal internacional francés con la intención de informar de que el terrorista estaba dispuesto a entregarse, aunque lo más probable es que, de producirse esa llamada, la verdadera intención podría haber sido la de enterarse de la situación legal de su cliente.

Fuera lo que fuere, tampoco allí los agentes encontraron al terrorista ni, que se sepa al cierre de esta edición, en los aledaños del domicilio de su mujer, también situado en Hendaya.

La última vez que se le tuvo realmente localizado, según fuentes de la lucha antiterrorista, fue el martes por la mañana como consecuencia de una conversación casual que señalaba su presencia segura en un local.

En esos momentos todavía no había trascendido que la Sección Tercera había acordado reunirse para enmendar su error, como efectivamente hizo ese martes por la tarde.

El tribunal, integrado por Alfonso Guevara, Clara Bayarri y Guillermo Ruiz Polanco, estimó el recurso promovido por la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra la excarcelación de Troitiño y, acto seguido, emitió una orden de busca y captura nacional e internacional. Lo hizo después de que se decidiera que debía ser la propia Sección, y no el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia, la que rectificase la equivocación sin esperar al lunes 25, día al que había demorado la reunión del pleno el presidente de la Sala, Javier Gómez Bermúdez.

Según el Ejecutivo, hasta que no se dicta la orden de busca y captura no se puede seguir a un ciudadano que, cumplida su pena de prisión, se convierte en un ciudadano con todos sus derechos. Este es el razonamiento por el que el vicepresidente del Gobierno y ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba afirmó ayer que «seguirle hubiera sido ilegal», pese a que, según las fuentes consultadas por este periódico, la estela de Troitiño ya estaba siendo seguida en la mañana del martes, cuando todavía los jueces ni siquiera se habían reunido para decretar el reingreso en prisión.

La orden de detención de Troitiño para que vuelva a la cárcel a cumplir los seis años que le quedan para alcanzar el tope legal de permanencia efectiva en prisión (30 años) fue cursada por una doble vía. Por una parte, se emitió una orden europea de detención -que simplifica los trámites para el arresto de un delincuente en el territorio Schengen- y, por otra, se emitió un decreto de busca y captura a través de Interpol.

La Audiencia Nacional acabó los trámites relacionados con la euroorden a media tarde del martes pero, llamativamente, no fue activada hasta la tarde de ayer porque las autoridades francesas estimaron que los datos proporcionados por los jueces españoles eran insuficientes.

En particular, Francia reclamó una información más precisa sobre la liquidación de la condena de Troitiño y a qué se debía el hecho de que, sólo seis días después de haber declarado extinguida la condena, el mismo tribunal revoque su decisión y reclame la busca y captura del etarra para que esté seis años más entre rejas. La Audiencia completó la información durante la mañana de ayer e incluso remitió a Francia una copia del auto en el que la Sección Tercera acuerda la detención de Troitiño.

OORBYT.es

>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el análisis de Ángeles Escrivá sobre la situación del etarra Antón Troitiño.

MARÍA PERAL / Madrid

La Sección Tercera libera al etarra y ordena su vuelta a prisión a los seis días

La Sección Penal Tercera de la Audiencia Nacional acordó en la tarde del martes la «inmediata busca y captura nacional e internacional» de Antón Troitiño tras haberle puesto en libertad seis días antes en virtud de una interpretación jurídica errónea sobre el cómputo del tiempo que pasó en prisión preventiva.

La resolución en la que la Sección estima el recurso interpuesto por la Fiscalía de la Audiencia Nacional a las 24 horas de la liberación del terrorista fue conocida ayer pese a la resistencia del presidente del tribunal, Alfonso Guevara, que se negó a facilitarla.

Guevara fue el ponente del auto de excarcelación y también es el ponente de la posterior rectificación, que justifica invocando la sentencia 208/2011, de la Sala Penal del Tribunal Supremo. Esta sentencia, conocida el pasado lunes, supuso una desautorización radical del criterio seguido por la Sección Penal Tercera para abonar la prisión provisional a la liquidación de condena de Troitiño. Aunque a propósito de otros dos etarras y no del ex miembro del comando Madrid, el Alto Tribunal dejó claro que los períodos de prisión preventiva no deben descontarse del tiempo máximo de cumplimiento efectivo de la condena -30 años de cárcel, en el caso de Antón Troitiño- sino de cada una de las penas impuestas inicialmente.

Asumiendo este criterio -que, por lo demás, es el que han venido aplicando en supuestos similares otras secciones de la Audiencia Nacional-, la Sección Tercera decreta la busca y captura de Troitiño «a los efectos del cumplimiento del resto de las penas hasta alcanzar los 30 años». Este tope legal de cumplimiento efectivo de las penas llegará en el caso de Troitiño el 7 de enero de 2017 de acuerdo con la última liquidación de condena efectuada (que tendrá que ser rectificada en función de la fecha en la que el terrorista reingrese en prisión).

La resolución señala que la decisión de excarcelar a Troitiño seis años antes de lo que le hubiera correspondido se adoptó «siguiendo literalmente lo expresado en el sentencia del Tribunal Supremo 82/2010». Lo cierto es que esta resolución, que la Audiencia transcribe en parte, se refería a la pertinencia de abonar la prisión preventiva incluso en los casos en los que las distintas condenas impuestas a un mismo interno han sido acumuladas, pero no indicaba en absoluto que ese cómputo debía hacerse sobre el tiempo máximo de cumplimiento real.

MARISA CRUZ / Madrid

Rubalcaba: el PP «retuerce el Estado de Derecho»

Los 'populares' creen que alguien debe asumir la responsabilidad por el 'caso Troitiño' y el PSE pide a la Justicia unificar doctrina

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, rechazó ayer con contundencia las «incursiones muy desafortunadas» que, en su opinión, se han escuchado a lo largo de la última semana en relación con la decisión inicial de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional de excarcelar al etarra Antón Troitiño, decisión que, al cabo de siete días y tras una aclaración el pasado lunes del método de cómputo de los beneficios penitenciarios por parte del Tribunal Supremo, los mismos tres magistrados de la Audiencia han decidido revocar.

De esta forma, el número dos del Gobierno apuntaba directamente al Partido Popular y a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que han insistido en la necesidad de que «alguien», bien sea «un juez o un ministro», tal y como afirmó el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, «asuman la responsabilidad por el caso Troitiño.

Tanto la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, como el presidente del PP vasco, daban por hecho ayer a media tarde, que el histórico etarra había escapado. Pedraza, por su parte, insistió en que la AVT «exigirá responsabilidades» tanto al Gobierno como a los tribunales si finalmente Troitiño no es localizado y detenido.

Rubalcaba, por su parte, no quiso proporcionar información alguna sobre el estado en el que se encontraban las operaciones de búsqueda y captura emprendidas por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, ni tampoco confirmó ni desmintió las informaciones que situaban ayer por la tarde a Troitiño en el despacho de su abogado francés en Hendaya.

Lo que sí hizo el vicepresidente primero y ministro del Interior, además de calificar de «puros dislates» y «retorcimientos del Estado de Derecho» las críticas vertidas contra la actuación de la Audiencia Nacional, fue desmentir que el «defecto» que se registró en la euroorden emitida el martes por la noche para porceder a la detención de Troitiño, tuviera «nada que ver» con la operación de búsqueda y captura. Según Rubalcaba, el citado «defecto» se subsanó de inmediato y la Policía y la Guardia Civil pusieron en marcha «todos los instrumentos para llevarla a efecto».

«Los demócratas», añadió, «tenemos que ser muy respetuosos con el estado de derecho, eso es lo que nos diferencia de quienes no lo son, los retorcimientos del Estado de Derecho no están haciendo ningún favor a la democracia y por tanto a la lucha antiterrorista».

El número dos del Ejecutivo, además, defendió que Troitiño, una vez excarcelado, no estuviera sometido a ningún tipo de control ni vigilancia.

«Fue liberado por un tribunal. A partir de ahí, se convirtió en un hombre libre y con todos sus derechos intactos nos guste más o menos», afirmó. Por eso, si alguien pide que se le vigile, añadió el vicepresidente haciendo referencia al portavoz de Justicia de los populares, Federico Trillo, en realidad lo que está es reclamando que la Policía y la Guardia Civil «hagan algo ilegal».

«Al final»,concluyó Rubalcaba, «el problema con este asunto es el de siempre: la utilización del terrorismo para sacar ventajas políticas».

Al margen de sus críticas al PP, Rubalcaba rechazó hacer ningún tipo de análisis acerca de las posiciones contradictorias adoptadas por la Audiencia Nacional en el curso de una semana. «Los tribunales tienen su propio funcionamiento y reglas de control y lo que toca es acatar y respetar». En su opinión, las decisiones de los magistrados no han estado influenciadas por el «clamor social» que generó la excarcelación del etarra, tal y como consideró la dirigente del PP, Ana Mato.

«Hubo una sentencia y luego otra», recordó el vicepresidente primero, «y el Gobierno las acata y respeta las dos, con independencia de que nos gusten más o menos».

En paralelo a estas posiciones, los socialistas vascos optaron por situarse a medio camino. El portavoz del PSE-EE, José Antonio Pastor, reconoció la «desazón y el desconcierto» que ha generado entre los ciudadanos el caso Troitiño y, en consecuencia, reclamó que los tribunales «unifiquen doctrina» para que no se repitan «espectáculos como éste» y, sobre todo, porque en fechas próximas «va a haber más casos de presos» de la banda «que estarán a punto de cumplir los años máximos establecidos por la legislación española».

Pastor ha insistido en que hay que aceptar lo que decidan los tribunales, pero al mismo tiempo reconoció el «rechazo» que produce en la ciudadanía estas puestas en libertad.

«Ya está en busca de De Juana»

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) cree que el histórico etarra Antón Troitiño «ya está en busca» del prófugo José Ignacio de Juana Chaos. Su presidenta, Ángeles Pedraza, lamentó ayer que la excarcelación haya sido «una burla» a los afectados. En su opinión, es «sorprendente» que, después de décadas de terrorismo, se siga «cayendo en los mismos errores».

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite) señaló directamente al magistrado Alfonso Guevara, de quien recordó que «es el mismo que liberó a Rafael Díez Usabiaga para cuidar de su madre».

MARISA CRUZ / Madrid

Rubalcaba recuerda al PP que la coalición Bildu es «ilegalizable»

Trillo reclama que no se excluya «ninguna posibilidad» de las que proporciona la ley

El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, recordó ayer a las formaciones políticas que han reclamado que se impida a Bildu estar presente en las elecciones municipales y autonómicas del próximo 22 de mayo, que, con la ley de Partidos en la mano, «las coaliciones electorales no son ilegalizables» y Bildu integra en su seno a dos formaciones legales como son Eusko Alkartasuna y Alternatiba, además de una serie de independientes procedentes de los círculos abertzales, sobre los que se centran las sospechas de ser continuidad de Batasuna-ETA.

Cosa distinta es impugnar las listas que presenta dicha coalición por considerarlas contaminadas por la banda terrorista o ilegalizar a los partidos que forman parte de la coalición. De hecho, ayer, el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro del Interior, Francisco Caamaño, autorizó a la Abogacía del Estado a proceder, si lo considera oportuno, a la impugnación de las candidaturas presentadas por Bildu.

Para activar dicha impugnación, la Abogacía del Estado contará con informes «exahustivos», según Rubalcaba, elaborados por la Policía Nacional y la Guardia Civil. Un informe policial sobre Bildu fue enviado el martes a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado, en tanto que la Guardia Civil les remitirá otro en los próximos días.

No obstante, el vicepresidente primero y ministro del Interior ha insistido en pedir al Partido Popular que «no siembre confusión» sobre el funcionamiento del Estado de Derecho y actúe «con seriedad», no sólo porque Bildu como tal no puede ser ilegalizada, sino porque, además, la ilegalización o no de las listas que presenta la formación no es «responsabilidad» ni de la Abogacía del Estado ni del Gobierno, sino de los tribunales.

Así, Rubalcaba se mostró sorprendido de que algunos dirigentes del PP que tienen, recordó, «la carrera de Derecho e incluso han sacado oposiciones para abogado del Estado, digan notables disparates» pretendiendo responsabilizar al Ejecutivo de lo que suceda con las candidaturas de Bildu.

En su opinión, quienes así razonan no hacen sino dar bazas a los que rechazan la Ley de Partidos sosteniendo que no es sino un instrumento en virtud del cual unas fuerzas políticas pueden ilegalizar a otras.

Ayer, la vicesecretaria de Organización del Partido Popular, Ana Mato, y el eurodiputado y ex presidente del PP en el País Vasco, Carlos Iturgáiz, reclamaron al Gobierno que evite que ETA entre en las instituciones a través de Bildu.

El segundo afirmó además que Bildu es la «plataforma» de la banda terrorista ETA para acceder a las elecciones.

Por su parte, el coordinador de Libertades Públicas y Justicia del PP, Federico Trillo, insistió en no excluir contra Bildu «ninguna de las posibilidades que la ley abre», aunque el Gobierno prefiera la impugnación de listas electorales por considerarla, afirmó, «la vía más rápida».

En declaraciones a Onda Cero, Trillo explicó que el asunto de Bildu es «técnicamente complejo» y añadió que su partido aboga por no dejar de lado ninguna de las vías que ofrece la ley porque, en su opinión, «hay declaraciones y papeles que demuestran» que Bildu forma parte de la estrategia de ETA y Batasuna para seguir presente en las instituciones. También señaló que el Gobierno y su partido tienen una estrategia común que son los pactos antiterroristas.

J. M. ALONSO / San Sebastián

La coalición habla de «caza de brujas»

Cree que no hay razones políticas ni jurídicas para impugnar sus listas electorales

La autorización del Gobierno a la Abogacía del Estado para impugnar las listas de Bildu no ha pillado por sorpresa a la coalición, que ya oteaba este paso como la culminación de las «amenazas» previas. Pero no por esperada la indignación es menor. La plataforma integrada por EA, Alternatiba y la izquierda abertzale respondió con dureza ante lo que considera una «impresentable, gravísima e injustificable» persecución ideológica que «pone en evidencia la calidad democrática del Estado».

La coalición esgrimió la «trayectoria nítida en defensa de los derechos humanos y políticos» de los dos «partidos legales» que sustentan la coalición, por lo que exigió al Gobierno que ponga fin a esta «estrategia de caza de brujas ilegítima e impresentable, política y jurídicamente». Frente a esta actitud, la plataforma reclamó al Ejecutivo de Zapatero el «mismo trato político, judicial, mediático y democrático» que dispensa al resto de formaciones que concurren a las elecciones municipales y forales del 22 de mayo.

La decisión del Gobierno de iniciar el procedimiento que culmine en la impugnación de las candidaturas de Bildu se produjo el mismo día en que los boletines oficiales provinciales publicaron las listas provisionales, y se pudo confirmar que los afines a la izquierda abertzale se han adueñado de la inmensa mayoría de las planchas de la coalición en el País Vasco, liderando las candidaturas de las tres capitales y las Juntas Generales de los tres territorios.

En Guipúzcoa, donde la marca confía en obtener los 14 escaños que llevaron a la izquierda abertzale a ser la fuerza más votada en 1999 a través de la marca Euskal Herritarrok, 68 de las 71 listas están encabezadas por personas próximas a la ilegalizada Batasuna.

EA mantiene el primer lugar en aquellos municipios donde sus siglas tienen fuerza, como Zarauz, Guernica, Zumaya, Amurrio, Laguardia o Bermeo, mientras que Alternatiba, partido escindido de EB, no cuenta con ningún candidato en el número uno.

Su postura crítica con el «atropello» que supone la Ley de Partidos no justifica, según censuró, lanzar la «sombra de la sospecha» ante toda opción «independentista y de izquierdas». Así, Bildu evidenció la «nula base» en la que se fundamentan estas «acusaciones de pura persecución política e ideológica», basadas en la pertenencia de sus integrantes a sindicatos abertzales como LAB, la vinculación con familiares de presos de ETA o con organizaciones a favor del euskara.

Ante la «vulneración» que supone impugnar una lista por el mero hecho de la afinidad a la izquierda abertzale, la coalición argumentó que en «prácticamente todas las opciones políticas, incluido el PSOE», participan personas que «en el pasado militaron o colaboraron» con opciones de esta ideología

J. M. ALONSO / San Sebastián

La coalición habla de «caza de brujas»

Cree que no hay razones políticas ni jurídicas para impugnar sus listas electorales

La autorización del Gobierno a la Abogacía del Estado para impugnar las listas de Bildu no ha pillado por sorpresa a la coalición, que ya oteaba este paso como la culminación de las «amenazas» previas. Pero no por esperada la indignación es menor. La plataforma integrada por EA, Alternatiba y la izquierda abertzale respondió con dureza ante lo que considera una «impresentable, gravísima e injustificable» persecución ideológica que «pone en evidencia la calidad democrática del Estado».

La coalición esgrimió la «trayectoria nítida en defensa de los derechos humanos y políticos» de los dos «partidos legales» que sustentan la coalición, por lo que exigió al Gobierno que ponga fin a esta «estrategia de caza de brujas ilegítima e impresentable, política y jurídicamente». Frente a esta actitud, la plataforma reclamó al Ejecutivo de Zapatero el «mismo trato político, judicial, mediático y democrático» que dispensa al resto de formaciones que concurren a las elecciones municipales y forales del 22 de mayo.

La decisión del Gobierno de iniciar el procedimiento que culmine en la impugnación de las candidaturas de Bildu se produjo el mismo día en que los boletines oficiales provinciales publicaron las listas provisionales, y se pudo confirmar que los afines a la izquierda abertzale se han adueñado de la inmensa mayoría de las planchas de la coalición en el País Vasco, liderando las candidaturas de las tres capitales y las Juntas Generales de los tres territorios.

En Guipúzcoa, donde la marca confía en obtener los 14 escaños que llevaron a la izquierda abertzale a ser la fuerza más votada en 1999 a través de la marca Euskal Herritarrok, 68 de las 71 listas están encabezadas por personas próximas a la ilegalizada Batasuna.

EA mantiene el primer lugar en aquellos municipios donde sus siglas tienen fuerza, como Zarauz, Guernica, Zumaya, Amurrio, Laguardia o Bermeo, mientras que Alternatiba, partido escindido de EB, no cuenta con ningún candidato en el número uno.

Su postura crítica con el «atropello» que supone la Ley de Partidos no justifica, según censuró, lanzar la «sombra de la sospecha» ante toda opción «independentista y de izquierdas». Así, Bildu evidenció la «nula base» en la que se fundamentan estas «acusaciones de pura persecución política e ideológica», basadas en la pertenencia de sus integrantes a sindicatos abertzales como LAB, la vinculación con familiares de presos de ETA o con organizaciones a favor del euskara.

Ante la «vulneración» que supone impugnar una lista por el mero hecho de la afinidad a la izquierda abertzale, la coalición argumentó que en «prácticamente todas las opciones políticas, incluido el PSOE», participan personas que «en el pasado militaron o colaboraron» con opciones de esta ideología.

FERNANDO LÁZARO / Madrid

Dos víctimas de ETA cierran las listas del PP en municipios vascos

Ocupan el último puesto para apoyar a los concejales de Amurrio y Llodio

Durante muchos años, el PP sufría para completar sus listas en el País Vasco, donde figurar como elegible por este partido significa ponerse en el punto de mira de los terroristas. En esa dura etapa, los últimos puestos de esas listas municipales eran ocupados por militantes de otras comunidades sin miedo a que su nombre figurara en la candidatura, algo que todavía sucede hoy.

En esta ocasión, además, en esos últimos lugares se han colocado víctimas del terrorismo, en una forma de reivindicar el papel que durante tantos y tantos años les ha tocado sufrir y en un claro mensaje a los terroristas: siempre estarán en primer plano, siempre estarán dando la cara y siempre estarán vigilantes.

Así, según ha podido constatar EL MUNDO, en el último puesto de la lista popular a Llodio se encuentra Toñi Santiago, que perdió a su hija Silvia, de seis años, en el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola (Alicante), en 2002. Y en el último de Amurrio está Mari Carmen Álvarez, esposa del que fuera presidente de la AVT Francisco José Alcaraz, que perdió a sus sobrinas gemelas y a su hermano en el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, en diciembre de 1987.

Ambas quieren mostrar el respeto que tienen al PP de la zona de Ayala, que «siempre ha estado con nosotras, con las víctimas», indican en conversación mantenida con este periódico. Las dos quieren devolver lo que han recibido. Sabían que, pese a que ya no son los años del plomo, el partido que dirige en esa comarca Santiago Abascal nunca lo tiene fácil para completar sus listas.

El atentado de Santa Pola fue lo que provocó que el Gobierno y el Ministerio del Interior, entonces dirigido por Ángel Acebes, pudieran dar los pasos necesarios para ilegalizar Batasuna. Toñi Santiago se ha mostrado como una de las víctimas que más alto y que más claro habla. Tal es así que, en la conversación con EL MUNDO, insistió en añadir que este gesto lo hace por los concejales de esa zona, pero no por el PP del País Vasco. Entiende que las víctimas tiene que dar la cara siempre y demostrar a ETA que estarán siempre allí para denunciarles.

Pero, además, cree que hay que ser agradecidos con estos concejales de la zona de Ayala, por los que se han sentido siempre bien arropados y acompañados. No incluye en esta posición a los actuales dirigentes del PP del País Vasco ni a los de ésta formación a nivel nacional.

Mari Carmen Álvarez aún es concejal del PP en Jaén. Explicó a EL MUNDO que, en el mismo momento en que desde esa formación local le dijeron que ya no contaban con ella para sus listas, se puso en contacto con Abascal para que la tuviese en cuenta para lo que hiciera falta.

Así, ambas cerrarán las listas municipales en dos de municipios donde, si no hay medidas de última hora, competirán entre otras formaciones contra Bildu.

MACU ESTEVE / Benidorm

Estará en todo el País Vasco

Por primera vez, el PP del País Vasco tendrá listas electorales en todos los municipios de esa comunidad, según confirmó ayer su presidente, Antonio Basagoiti, de visita en Benidorm. El líder del PP vasco indicó que se debe a que ha crecido el número de 'populares' vascos que se han colocado al frente de una candidatura y a la voluntad de algún militante valenciano, que se han prestado para completar la listas del País Vasco.

Durante su estancia en Benidorm, donde recorrió algunos de los locales de hostelería frecuentados por sus paisanos, Basagoiti pidió a los vascos que acudan masivamente a las urnas y que aquéllos que pasan largas temporadas en Benidorm tramiten el voto por correo. Al tiempo, recordó que en las pasadas elecciones municipales el PP no se impuso en lugares como Vitoria y Guecho por 1.000 y 500 votos respectivamente. El presidente del PP vasco aseveró que, «cuanto más» peso tenga el PP en los ayuntamientos, «más se garantizará» el camino «de la libertad» y más próxima e estará la derrota de la banda terrorista ETA.

MIKEL SEGOVIA / Bilbao

El PNV, en guardia por el «baile de siglas»

La formación se reivindica ante los 'abertzales' como el eje central del nacionalismo

El PNV teme a los suyos, a los otros nacionalistas que, más movilizados que nunca, amenazan con arrebatarle espacio el 22-M. El próximo Aberri Eguna se presenta con un escenario de batalla entre abertzales. Una disputa ante la que quiere reivindicarse como el verdadero eje central del discurso abertzale tradicional «ante quienes desearían sustituirnos». Tiempo para reivindicarse como «el mejor instrumento para la construcción nacional de Euskadi».

El manifiesto hecho público ayer con motivo del Día de la Patria Vasca que se celebra el domingo lo deja claro: es hora de fortalecer el «perfil ideológico» de una formación centenaria ante los «tiempos de confusión, de baile de siglas y de nuevos actores». Más aún ante los «llamamientos a juntarnos» que hacen «quienes desearían sustituirnos». Un recado al electorado nacionalista con el que rebajar la larga sombra del llamado polo soberanista o de fenómenos como Bildu. El PNV se ha propuesto levantar un cortafuegos para devaluar y debilitar ese frente independentista que puede debilitar la primacía peneuvista.

La formación cree que es el momento de «reeducación de espacios» y llama a los nacionalistas a que no se dejen seducir por los cantos de sirena de la ensalada de nuevas marcas electorales: «Nosotros les aseguramos que somos merecedores de su confianza, que seguiremos estando donde estábamos, fieles a nuestros principios y a nuestra forma de entender la política».

Un mensaje en el que el PNV vuelve a enarbolar su apuesta por un nuevo marco político sustentado en el plan Ados. Una propuesta necesaria, recuerdan, ante la aparición de «un nuevo movimiento neocentralista que cuestiona los principios y las aspiraciones legítimas de Euskadi».

Subrayan que el desencuentro favorecido por la violencia complica la normalización política, y señalan a ETA y a la izquierda abertzale. A ésta le instan a sumarse a la confrontación política y a alejarse de la violencia «pero que no esperen ningún recibimiento especial; es su retraso de más de 30 años el que tienen que superar». A ETA le exigen que «anuncie ya» su fin como paso previo a la apertura de «una nueva etapa de convivencia y reconciliación desde el reconocimiento del mal cometido y el respeto democrático a la pluralidad de la sociedad vasca».

El PNV recuerda que el medio siglo de existencia de ETA sólo ha traído sufrimiento y dolor «incluso en su propio mundo». Un drama ante el que las víctimas merecen un «reconocimiento público» y las personas amenazadas de poder « vivir en paz y libertad». En este punto, el PNV llama a la «observancia» de los derechos de los presos y sus familiares.

El documento también aborda los acuerdos alcanzados entre PSOE y PP en materia antiterrorista. Para el PNV, con la aplicación «arbitraria» de la Ley de Partidos sólo se pretende validar el pacto Antiterrorista como «un arma arrojadiza» y utilizarlo para «alterar» el mapa político del País Vasco.