EDITORIALES: Rubalcaba confirma su apoyo al 'contrainforme'

Rubalcaba confirma su apoyo al 'contrainforme'

EL MINISTRO del Interior escenificó ayer lo que era un secreto a voces: su apoyo al escrito del número dos de la Policía, Fernández Chico, con el que se pretende desacreditar el Informe final de conclusiones sobre el caso Faisán. Rubalcaba no ha podido evitar que los investigadores entregaran al juez una detallada relación de hechos que demuestra dos cosas: que el chivatazo tuvo motivación política y que impidió obtener «datos esenciales» de ETA. Por eso ha reaccionado con ese contrainforme firmado por uno de sus hombres de confianza al que ayer definió como «un profesional como la copa de un pino». Como bien dice el PP, esa maniobra sólo busca «paralizar e interferir» la resolución del caso. Tiene gracia que el ministro acusara ayer a los populares de practicar un «doble juego» en la lucha antiterrorista, cuando el asunto del chivatazo lleva a pensar que él es el mayor experto en ese arte.

La Audiencia quedará en ridículo si Troitiño huye

LA FISCALÍA de la Audiencia Nacional informó ayer de que no va a solicitar a las Fuerzas de Seguridad medidas de vigilancia del etarra Antón Troitiño, puesto en libertad el pasado miércoles. La Fiscalía, que ha recurrido su excarcelación, señaló que no puede adoptar esas medidas porque Troitiño ha cumplido su condena y es hoy un hombre libre a todos los efectos. Esto significa que Troitiño podría incluso salir de España legalmente antes de que el próximo día 25 el Pleno de la Audiencia decida si debe o no volver a prisión para cumplir otros seis años de cárcel. Ello corrobora la torpeza con la que ha actuado el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, que debería haber convocado el Pleno antes de la puesta en libertad de Troitiño. Si como dice la Fiscalía Troitiño es un ciudadano libre y no se pueden controlar sus movimientos, es razonable suponer que no se va a quedar esperando a que le vuelvan a meter en la cárcel. La reunión del día 25 se tenía que haber celebrado mucho antes para unificar doctrina y evitar el escándalo que provocaría la fuga de Troitiño.

Prejubilaciones y 'stock options', un dilema ético

TELEFÓNICA tiene previsto recortar en unos 6.000 trabajadores su plantilla en España con un plan de jubilaciones anticipadas. A la vez, ha anunciado un programa de incentivos para 1.900 ejecutivos por el que les pagará 450 millones de euros si se logran determinados resultados. Las dos noticias, conocidas en apenas 24 horas, han provocado un debate social que ha pillado con el pie cambiado al Gobierno. Rubalcaba respondía ayer con un escueto «no estoy de acuerdo» al ser preguntado por el tema tras el Consejo de Ministros. En la misma línea se expresó el jueves el ministro de Trabajo: «No es un buen momento para un recorte de ese tamaño». El Ejecutivo aceptaba la reestructuración y confiaba en un acuerdo con los sindicatos para evitar un conflicto social, pero la simultánea divulgación del programa de stocks options le ha puesto en un compromiso ante la opinión pública.

El plan de prejubilaciones afectará a los empleados que tengan desde 52 o 54 años, según las condiciones que se negocien. Los trabajadores cobrarán dos años el paro -el máximo permitido-; después, la empresa les pagará un porcentaje del salario, y a partir de los 61 años empezarán a recibir su pensión pública, complementada también por el sueldo privado.

¿Es legal? Telefónica cumple aparentemente con la legislación. Todo parece indicar que el ERE se presentará por «razones tecnológicas», una de los criterios previstos en la ley para reestructurar plantillas, con lo que soslaya la aparente contradicción de presentar un ERE cuando la compañía registra beneficios ¿Y es ético ese pago extra a los ejecutivos en estas condiciones? Desde luego, es muy difícil de explicar que la misma empresa que despide a más de 6.000 trabajadores premie con una lluvia de millones a 1.900 directivos por hacer bien su trabajo. Por ejemplo, Alierta y Linares -los dos primeros ejecutivos- y Álvarez Pallete, presidente en Latinoamérica, se pueden embolsar 50 millones en los próximos cinco años. El Ministerio de Trabajo debe analizar en profundidad el ERE y debería pensarse dos veces el aprobarlo si la empresa mantiene los incentivos.

Pero debemos ir al fondo de la cuestión. Desde este periódico hemos sido reticentes al uso -y hemos criticado el abuso- de las prejubilaciones para resolver los problemas laborales de las empresas. España necesita esa mano de obra cualificada y con experiencia y enviar a gente al retiro con poco más de 50 años es un lujo que una economía competitiva no se puede permitir.

No entendemos por qué la ley permite que los trabajadores prejubilados cobren dos años el paro antes de empezar a recibir la remuneración que la empresa les paga hasta el retiro. Se considera que el subsidio de desempleo se paga al despedido mientras busca trabajo y es difícil que los prejubilados que tienen asegurado unos ingresos se afanen en hacerlo. Parece más bien un favor que se hace a la compañía, a la que se le permite ahorrar el salario de los trabajadores prejubilados mientras cobran del erario. En Telefónica, el coste para el Estado podría ascender a 208 millones de euros.

Telefónica nos pone de nuevo ante los males del mercado laboral español. La fuerte dualidad entre la contratación indefinida y la temporal hace que las compañías se vean abocadas al despido de trabajadores fijos cuando vienen mal dadas y la rigidez de la negociación colectiva supone un incremento artificial de costes que también redunda en el empleo. Este controvertido caso nos debe servir para darnos cuenta de los cambios radicales que necesita el mercado de trabajo español. La reforma laboral aprobada es un sucedáneo en el que hay que profundizar con urgencia y es preciso que se ponga en marcha ya un nuevo sistema de negociación colectiva.

Mourinho debe doblegar al Barça, no a la prensa

LOS PERIODISTAS abandonaron ayer la sala de prensa del Real Madrid al negarse Mourinho a contestar a sus preguntas. El entrenador blanco optó por permanecer en silencio mientras su ayudante Karanka respondía a los profesionales de los medios. Se trata de un manifiesto gesto de desprecio de una persona que, por el trabajo que ejerce y el club que representa, está obligada a comparecer y contestar las preguntas de los periodistas. El adversario de Mourinho es hoy el Barça, que llega con ocho puntos de ventaja al Bernabéu, y no los periodistas que estaban haciendo su trabajo. Nunca es bueno tratar con altivez al prójimo y Mourinho se está ganando una fama que le puede perjudicar en el futuro, cuando se le acabe la racha de éxitos deportivos que ha encadenado. Nadie puede discutir que es un gran entrenador, uno de los mejores del mundo, pero ello precisamente agudiza todavía más los frecuentes desaires en los que incurre. Dicho esto, veremos si el Madrid es capaz hoy de derrotar al conjunto de Pep Guardiola que, si empata o gana, dejará sentenciada la Liga.

CUANDO EL DELINCUENTE ES EL MINISTERIO DEL INTERIOR : Rubalcaba enseña sus cartas en el 'caso Faisán'

Rubalcaba enseña sus cartas en el 'caso Faisán'

Arropa al jefe de la Policía que trata de tirar por tierra la investigación sobre el chivatazo a ETA
El PP le acusa de ordenar el «contrainforme» para sembrar «cizaña» entre policías y eludir culpas

No tardó mucho en fijar posición. Y con quién se iba a situar mejor que con aquél que, con apenas dos folios, trata de tumbar una investigación policial en la que se ponen nombres y apellidos a los presuntos autores del chivatazo policial a ETA en pleno proceso de negociación del Gobierno con la banda.

El vicepresidente y ministro del Interior defendió ayer, desde la portavocía del Gobierno, en La Moncloa y tras la reunión del Consejo de Ministros, la «profesionalidad» de Fernández Chico. El número dos de la Policía remitió un texto de dos folios al juez Ruz en el que trata de desacreditar las investigaciones del equipo dirigido por el comisario Carlos Germán. En el Informe Final de éste se apunta que el chivatazo fue perpetrado por el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, siguiendo órdenes del ex director de la Policía Víctor García Hidalgo y con la colaboración del inspector de Vitoria José María Ballesteros. Fernández Chico envió su contrainforme de dos folios sin haber sido requerido para ello por el juez.

En sus diversas investigaciones, durante casi cinco años, los policías fueron aportando indicios y posteriormente pruebas sobre la presunta implicación de los ahora imputados, que fueron valoradas por el juez, el fiscal y las acusaciones. Tal es así, que el propio fiscal, que inicialmente pedía el archivo de la causa, recondujo su decisión, acabó acusando a Pamiés, García Hidalgo y Ballesteros, y pidiendo medidas cautelares para éste último tras comprobar que aparecía en el bar Faisán en los momentos anteriores y posteriores al chivatazo.

Sin embargo, Fernández Chico trató de desacreditar estas indagaciones en dos folios, con siete puntos que no aportan datos pero intentan rebatir los de sus investigadores. Era el primer informe remitido por el director adjunto operativo (DAO) al juez. Rubalcaba trató ayer de apuntalar las denuncias de este comisario de su confianza, que dirige la Policía desde que el PSOE llegó al poder.

Al vicepresidente se le preguntó, al término del Consejo de Ministros, si el informe remitido por el DAO al juez instructor, en el que desautoriza al equipo de policías que él mismo dirigía y avala las tesis de las defensas, recoge sólo la opinión de su autor o es la opinión del propio Ministerio del Interior. «Es una posición del DAO, que es un profesional como la copa de un pino. Pueden preguntar en la Policía», se limitó a decir Rubalcaba.

Y en la Policía, depende a quien se pregunte. De él dicen desde que es un policía afín a Rubalcaba hasta que es un comisario muy vinculado a Ferraz pasando por que es un funcionario muy trabajador. No hay una opinión unánime. Pero los sindicatos de Policía le han señalado, junto al director Velázquez y al ministro Rubalcaba, como uno de los máximos responsables de los males que ellos han detectado en este Cuerpo durante la actual legislatura, sobre todo en la designación de cargos a dedo.

La actitud del DAO y de Rubalcaba se sustenta principalmente en el hecho de que el equipo investigador haya concluido que el móvil del chivatazo tenga una «naturaleza política» en el marco del «proceso de negociación» del Gobierno con los terroristas. Tesis sostenida en las actas de ETA y corroborada incluso en las declaraciones de los propios negociadores del Ejecutivo.

Desde las filas populares no se tardó en responder a lo que interpretan que es una maniobra desesperada del Gobierno para tapar el chivatazo. El portavoz del PP en la Comisión de Interior del Congreso, Ignacio Cosidó, acusó a Rubalcaba de haber ordenado la remisión al juez que instruye el sumario de este «contrainforme» con el que pretende sembrar «cizaña» entre policías y eludir su responsabilidad política en este asunto.

El diputado popular mostró su más «absoluta extrañeza» por el envío de esos dos folios, ya que considera «inaudito» que el máximo mando policial haya «interferido» en una investigación judicial, poniendo en cuestión el trabajo desarrollado por sus propios subordinados.

Para Cosidó, esta anomalía sólo puede explicarse por una orden de Rubalcaba a su mando policial de mayor confianza política «para intentar paralizar e interferir en la resolución de un escándalo del que el propio Rubalcaba es el máximo responsable político».

«La negativa a asumir su responsabilidad en este caso no sólo puede hacer que al final sean policías los únicos que paguen por los errores de los políticos, sino que se dañe la imagen de un Cuerpo que mantiene una lucha heroica contra ETA por la que ha pagado un enorme tributo de sangre» concluyó el popular.

Madrid

El juez Ruz interrogará de nuevo a Elosua

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado a declarar como testigo el próximo 26 de abril al dueño del bar Faisán, Joseba Elosua, para preguntarle si reconoce al inspector José María Ballesteros como la persona que le alertó el 4 de mayo de 2006 de la existencia de una operación contra el aparato de extorsión de ETA, según informaron fuentes jurídicas citadas por Europa Press.

Elosua, que declarará por segunda vez en esta causa como testigo, será preguntado por la identidad de la persona que le dio el chivatazo después de que Ballesteros, imputado en la causa, reconociera el pasado 10 de marzo en sede judicial que aparecía en tres momentos distintos en la grabación que el equipo investigador realizó frente al establecimiento.

El magistrado también ha citado a declarar ese mismo día al hijo del dueño del Faisán, José Ignacio Elosua, que se encontraba en el bar cuando se produjo la delación y, supuestamente, presenció los hechos.

De igual modo, ha convocado para el día 28 al jefe del equipo de investigación, Carlos Germán, y a los otros cuatro miembros de su equipo para que ratifiquen su Informe Final de Conclusiones, en el que aseguran que el chivatazo tuvo «un móvil político» y que se produjo «en el marco del proceso de negociación» con ETA.

Tras su primera declaración judicial, que se produjo en junio de 2006, el dueño del Faisán no identificó a Ballesteros en la rueda de reconocimiento como la persona que le pasó la llamada del chivatazo. Este dato fue uno de los que el director adjunto operativo de la Policía incluyó en los dos folios entregados al juez en los que arremete contra el trabajo del equipo investigador. Miguel Ángel Fernández Chico critica que Carlos Germán omitiera en su informe el resultado de esa diligencia.

Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Unión Federal de Policía (UFP) están elaborando un documento sobre el 'caso Faisán', en el que aseguran que se facilitará el nombre de la persona que consideran es la responsable del chivatazo. Alfredo Perdiguero, portavoz de la UFP, explicó a Servimedia que este informe, que darán a conocer en unas semanas, empezará por «dejar claro» que el autor del soplo no fue Ballesteros. Perdiguero señaló que en su trabajo también se incidirá en que el comisario Carlos Germán era también el encargado de la cadena de custodia de las imágenes del bar Faisán que se grabaron el día del soplo.

Por su parte, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil pidió ayer que el Instituto Armado se sume a la investigación para garantizar la «independencia» en el esclarecimiento del chivatazo.

LOS NEGOCIOS ELECTORALES ENTRE la "organización socialista" ETA y el Gobierno socialista: La Fiscalía no ve posibles a Troitiño

MANUEL MARRACO / Madrid

La Fiscalía no ve posibles las medidas cautelares a Troitiño

Recuerda que ha cumplido sus condenas y no tiene más causas, aunque no descarta que pueda acordarse una vigilancia policial

La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera imposible solicitar medidas cautelares contra Antonio Troitiño, ya que el etarra ha sido excarcelado por el cumplimiento de todas sus condenas y no existe ningún procedimiento nuevo dirigido contra él. Pese a ello, el Ministerio Público no ha cerrado totalmente la posibilidad de reclamar al tribunal que acuerde una vigilancia policial sobre el ex miembro del comando Madrid, ya que su puesta en libertad no es firme. Fuentes fiscales indican que el tribunal también tiene la facultad de acordar esa vigilancia -no así medidas cautelares- sin necesidad de que se le solicite.

En cuanto a la posibilidad de que salga de España, Troitiño no tiene ningún impedimento judicial para hacerlo. El obstáculo con el que sí podría encontrarse sería el de conseguir un DNI o un pasaporte en regla, una tramitación que podría demorarse hasta que el Pleno de la Audiencia revise el asunto, después de Semana Santa.

Troitiño salió de prisión el miércoles por decisión de la Sección Tercera. Fue el resultado de que el tribunal descontara los días de cumplimiento -calculados conforme a la nueva doctrina del Constitucional- desde la cifra de 30 años de tiempo máximo en prisión, y no desde el total de condenas. De esta forma ha salido cuando aún le faltaban seis años para cumplir el máximo legal de 30. La Fiscalía, que no tuvo noticia previa de su liberación, recurrió y pidió una liquidación de condena que descuente los días de cumplimiento desde el total de penas. Es decir, que aplique la doctrina Parot, como a los beneficios penitenciarios.

El año pasado, la Audiencia vivió un caso similar con el ex jefe de ETA Iñaki de Rentería. Tras su excarcelación por un problema en la euroorden, el fiscal recurrió y logró que la Sala ordenase una vigilancia policial continua. El dispositivo se levantó cuando el tribunal rechazó definitivamente el recurso fiscal.

El etarra huido intentó agredir a su madre, concejal afín al PNV, en 2002

La Guardia Civil busca a Andoni Goikoetxea, presunto miembro del 'comando Erreka'

Si entonces los cargos se limitaron a un intento de agresión y amenazas contra su progenitora, ayer el Ministerio del Interior elevó el listón. Alfredo Pérez Rubalcaba aseguró que su detención formaba parte del operativo de la Guardia Civil que en los últimos días ha desarticulado el comando Erreka, facción etarra que guardaba cerca de dos toneladas de explosivos para la banda. Pero Goikoetxea consiguió eludir el cerco.

Fuentes cercanas a la operación policial contra los presuntos terroristas aseguraron a este diario que la Guardia Civil ha perdido la pista del presunto etarra, cuya integración en el célula podría ser sólo la punta del iceberg de su relación con la banda terrorista ETA.

Al parecer, el Instituto Armado comenzó a ubicar al huido en el comando legal [formado por no fichados por la Policía] la semana pasada. Fue entonces cuando se le detectó en un encuentro con Aitor Esnaola, uno de los dos hermanos detenidos el pasado martes en Guipúzcoa en el marco del mismo operativo. En ese momento, arrancaron las sospechas.

Sin embargo, hasta después del arresto de Aitor Esnaola, Goikoetxea no entró a formar parte de los objetivos de las Fuerzas de Seguridad. Y es que el arrestado, ya en dependencias policiales, señaló a Goikoetxea como segundo integrante del comando Erreka, según aseguraron fuentes de la investigación a Vasco Press.

Tras la confesión de Aitor en la tarde del pasado jueves, la operación policial se diversificó. Con cerca de 300 agentes de la Guardia Civil desplegados por Guipúzcoa y Navarra en busca de zulos, ya se esbozaban dos nuevas actuaciones en contra del entramado: la detención de Lander Etxeberria San Sebastián, investigado como supuesto enlace entre el comando Erreka y la dirección de ETA, y el arresto de Goikoetxea.

La primera de estas operaciones tuvo éxito y se saldó con la captura de Etxeberria San Sebastián en Lesaca (Navarra). En el segundo operativo, sin embargo, los efectivos de la unidad antiterrorista regresaron con las manos vacías.

En la madrugada de ayer, miembros del Instituto Armado procedieron al registro de un caserío propiedad de Goikoetxea en el municipio guipuzcoano de Gaztelu. Poco después, los agentes se desplazaron a la localidad de Leaburu, en la misma provincia, donde inspeccionaron la vivienda de la pareja sentimental del presunto etarra.

Alfredo Pérez Rubalcaba, que compareció ayer en Madrid tras el Consejo de Ministros, anunció que las Fuerzas de Seguridad tienen la «certeza» de que tanto Aitor Esnaola como Andoni Goikoetxea formaban parte del comando Erreka. En palabras del ministro del Interior, ambos fueron captados por la organización en 1998. De Igor Esnaola, detenido junto a su hermano el martes pasado, no dijo nada que le enmarcara en la célula terrorista. «En todo caso, estaba informado», apostilló el también vicepresidente primero.

La prudencia de Rubalcaba cobró sentido horas después de su comparecencia ante los medios, cuando, ya por la tarde, la Guardia Civil dejó en libertad a Igor Esnaola. A partir de ahí, los últimos acontecimientos que han girado en torno al operativo contra el comando Erreka -que atesoraba «la sucursal del aparato logístico de ETA», según el Gobierno- esbozan un panorama bien distinto al que a priori pareció evidenciar la investigación.

Una relación antigua

Aitor Esnaola y Andoni Goikoetxea se erigen así como las dos patas de la célula que tenía distribuidas por Guipúzcoa y Navarra cerca de dos toneladas de material explosivo, gran cantidad de dinero en efectivo y varias armas. Serían ellos, por tanto, los que se encargarían de fabricar amonal y amosal a partir de la mezcla de productos como el nitrato de amonio y el polvo de aluminio. Y lo hacían con los utensilios descubiertos por la Guardia Civil en el caserío en el que vivía Aitor en Legorreta (Guipúzcoa).

Parece que la relación entre los dos presuntos etarras viene de lejos. Si hay algo que les ha unido durante los últimos años, además de su presunta integración en ETA, es la pasión por el deporte rural y el odio al entorno peneuvista.

Goikoetxea, como el mayor de los hermanos Esnaola, tiene una larga trayectoria en modalidades deportivas celebradas en el entorno rural. Un ejemplo: en 2006 se proclamó campeón de Euskadi de Sega, competición en la que se corta hierba con una guadaña.

Su obcecación con el entorno peneuvista también es conocida. Los dos fueron encarcelados en 2008 por ese motivo. Pasaron un año y nueve meses de prisión por coaccionar a una abogada del PNV.

Pero había sido en junio de 2002 cuando Goikoetxea protagonizó uno de los episodios más llamativos de su carrera delictiva. Pese a que entonces el PNV volvió a ser la excusa, esta vez el objetivo de sus amenazas fue la propia madre del presunto etarra.

Ella era concejal de Gazteluko Herritarrak (GH), formación próxima al PNV, y salía de un Pleno del Ayuntamiento de Gaztelu. Nada más pisar la calle, la mujer fue zarandeada por su propio hijo y por un hermano, Joxe Gabirondo, el único edil de Batasuna en el Consistorio.

Goikoetxea intentó agredirla, pero sólo después de que su tío le alcanzase en la cara con un bofetón. Según la Fiscalía, tras el altercado, tanto uno como otro le espetaron en forma de amenaza a su madre y hermana, respectivamente: «Tenías que haber recibido más; has recibido lo más suave».

Madrid

'Txapote' pide «darle duro hasta
la independencia»

El etarra pronunció esta frase en el juicio por el asesinato de dos guardias civiles

El ex jefe militar de ETA Javier García Gaztelu, Txapote, se negó ayer a declarar en el juicio que se está celebrando en la Audiencia Nacional por el asesinato de dos guardias civiles en Sallent de Gállego (Huesca), el 20 de agosto de 2000. Txapote entonó la expresión abertzale «Jo ta ke Independentzia lortu arte», traducida como «Dando duro hasta conseguir la independencia».

Tras este pronunciamiento, el presidente del Tribunal, el magistrado Javier Gómez Bermúdez, advirtió al imputado de que «cualquier otra manifestación política» que no tuviera que ver con el objeto del juicio conllevaría su expulsión de la sala. El juez también se vio obligado a pedir en repetidas ocasiones a Txapote que guardara silencio en el transcurso de la vista oral.

El ex jefe de comandos de la banda terrorista ETA tildó el juicio de «teatro» y, al igual que los otros acusados, Asier Arzalluz Goñi y Aitor Aguirrebarrena Beldarrain, permaneció sentado de brazos cruzados, negándose a intervenir en la vista oral.

Al término de la misma, Txapote protagonizó un enfrentamiento con los policías que custodiaban a los imputados en la sala. Después de que el ex jefe militar intentara acercarse a Asier Arzalluz, un agente intervino para separarles y Txapote respondió con amenazas.

Esta escena provocó la indignación de los familiares de las víctimas que se encontraban entre el público y calificaron de «asqueroso» y «basura» al etarra. «El juicio no es más duro que lo que nos han hecho», manifestó la madre de la guardia civil asesinada en Sallent, Irene Fernández Pereda, refiriéndose al sufrimiento que le provocó revivir el atentado durante la vista oral.

En la fase testifical, comparecieron varios guardias civiles que recordaron que Aguirrebarrena y Arzalluz, captados por el ex jefe militar de ETA, junto a José Ignacio Guridi Lasa, ya condenado por estos hechos, colocaron una bomba-lapa en los bajos de uno de los vehículos del Instituto Armado aparcados en el centro de Sallent de Gállego.

Los agentes declararon que Guridi Lasa relató «abiertamente», tras su detención, que se entrevistó en varias ocasiones con Txapote en Francia y era este último el que «siempre marcaba todos los objetivos» del comando terrorista.

En esta causa están personados la acusación popular, ejercida por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), que pide 80 años para cada uno de los acusados, y el Ayuntamiento de Sallent de Gállego, que se adhirió a la misma petición de condena que el Ministerio Público, 75 años de prisión.

El atentado del que están acusados los tres etarras provocó la muerte, además de a la agente Irene Fernández, a su compañero José Ángel de Jesús Encinas, que falleció en el Hospital San Jorge de Huesca tras sufrir graves heridas.

J. M. ALONSO / San Sebastián

Patxi López desautoriza a Eguiguren

Critica su incitación a romper con el PP y su visión del tiroteo de ETA en Francia

Jesús Eguiguren ha vuelto a sacar los colores a Patxi López, que en esta ocasión se ha visto obligado a mover ficha de forma contundente para abortar cualquier divergencia en el partido. El Gobierno vasco desautorizó ayer al presidente del PSE a través de un comunicado por su análisis del momento político. Y la desaprobación fue triple: por insinuar que habría que romper el pacto con el PP que posibilitó el cambio en Euskadi; por su interpretación del tiroteo entre miembros de ETA y gendarmes, y por su apuesta abierta por el PNV para alcanzar pactos postelectorales.

Horas después de que Eguiguren hablara en Euskadi Irratia, la Lehendakaritza emitió por primera vez una nota para enmendar al presidente de los socialistas vascos. Su anterior salida de tono, cuando acusó a Zapatero de «falta de valentía» por no legalizar a Sortu, fue corregida desde el Ejecutivo por varias voces, desligando su opinión de la de Ajuria Enea. Ayer, el Gobierno vasco fue un paso más allá y dotó a la reprobación de una contundencia institucional con un comunicado en el que aseguró que el lehendakari y el Ejecutivo «no comparten las valoraciones y opiniones manifestadas». López desaprobó a un Eguiguren que se mostró partidario de romper el acuerdo de 2009 con el PP si no cuenta con su colaboración para «hacer la paz». «Si llega el PP y no nos deja hacer lo que debemos hacer, no nos va a impedir hacer nuestra política y deberíamos romper con el PP. La prioridad es la paz y no vamos a trabajar con el que vaya en contra de eso», dijo Eguiguren.

Ajuria Enea alabó el apoyo del PP a la política antiterrorista, que está llevando a ETA a su «mayor debilidad y a los radicales a recorrer el camino para convertirse en una fuerza legal». López dijo que PSE y PP comparten el objetivo «esencial e irrenunciable» de la desaparición de ETA, «que se mantiene por encima de divergencias puntuales que no afectan al acuerdo». Con tal contundencia, López quiso evidenciar la firmeza de un pacto que en las últimas semanas ha sido puesta a prueba. También se distanció de la interpretación de Eguiguren sobre el tiroteo de ETA. «La gente no está quieta mientras vive. Mientras una organización existe tiene que comer, tiene que andar. Una tregua no significa que entran en un agujero y que están quietos», detalló Eguiguren. López la rechazó al ser «un acto de terrorismo muy grave e inaceptable».

C. REMÍREZ DE GANUZA / Madrid

El PP se ratifica en su apoyo al Gobierno...

Se desmarca de Mayor Oreja y hace caso omiso a las quejas del PSOE contra su 'número dos'

Si no quería pócima, el PP tuvo que tragarse ayer dos tazas. Al día siguiente de proclamar su explícito apoyo al Gobierno en su estrategia frente a Bildu, el núcleo duro de Rajoy encaró la desconfianza de los suyos, por un lado, y el desagradecimiento del propio Ejecutivo, por otro.

Desde primera hora, el portavoz de Justicia, Federico Trillo, salió a la palestra para ratificar la posición del PP en favor de recurrir las candidaturas de Bildu, en lugar de impugnar, directamente, la coalición. En su empeño, llegó a desautorizar a Jaime Mayor Oreja, el único miembro de la dirección nacional que ha discrepado.

«Mayor es una autoridad tremenda en esta materia», dijo, «pero en los grandes asuntos, los autores citados vienen en la bibliografía y, por tanto, no empecen el texto principal».

Trillo no contradijo al también ex ministro de Interior Ángel Acebes, quien se manifestó con anterioridad en el mismo sentido que Mayor, citando el artículo 12.1.b de la Ley de Partidos. Pero sí puso interés en argumentar que la vía propuesta por este sector del PP es «mucho más compleja» y «más larga», porque los partidos que integran Bildu, EA y Alternatiba, son «legales» y tienen una trayectoria «democrática».

En referencia a la reforma de la Loreg, afirmó que el Gobierno y el PP han trabajado juntos para «tupir la red legal» contra los «tiburones» de ETA, y han pactado «impugnar de inmediato todas las listas con posibilidades indiciarias de fraude electoral». Y por si había dudas del compromiso estratégico del PP, enfatizó la «unidad» frente al terrorismo como la «característica más importante y valorada» por los españoles.

Eso sí, el interlocutor de Rubalcaba hizo una discreta petición al Ejecutivo en relación con Troitiño. Dijo que «ya que la Fiscalía no actúa, esperamos y pedimos que actúe la Policía ante el riesgo de que delinca, o de fuga».

Con mucho más énfasis que Trillo, María Dolores de Cospedal se ocupó de enviar un mensaje de tranquilidad a su electorado y a su partido, que, desde la propia sede de Génova dio signos, -a través de un argumentario muy crítico con el Gobierno, que fue desautorizado-, de no haber asimilado la posición oficial.

La secretaria general dijo que el PP «no va a acordar nada con el Gobierno ni con nadie que permita a ETA presentarse a las elecciones. ¡Son asesinos, chantajistas y una banda de criminales!».

Cospedal, firme en su papel de poli malo del PP, volvió a responder a la socialista Elena Valenciano, que el miércoles definió como «fotografía de la infamia» la de Rajoy con Aznar, Acebes y Mayor. La número dos repitió, como anteayer en Pamplona, que la «foto de infamia es la del etarra brindando porque ha salido a la calle», pero ya no usó la misma expresión, como el día anterior, para adornar sus críticas a Rubalcaba en relación con el caso Faisán. Ello no le salvó de las críticas de sus socios en el Pacto, a las que Génova decidió hacer oídos sordos.

AGUSTÍN YANEL / Madrid

...Y Rubalcaba prefiere no contestar a Cospedal

La secretaria general 'popular' comparó al ministro del Interior con el etarra Troitiño

A la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, le cayó ayer un chaparrón de críticas desde el Gobierno y el PSOE, porque el día anterior comparó la foto del etarra Antón Troitiño brindando tras ser excarcelado con la actitud del ministro Alfredo Pérez Rubalcaba quien, según ella, «se esconde» para no explicar el chivatazo del caso Faisán.

«Dijo esa barbaridad, que no quiero ni reproducir», respondió ayer el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior al ser preguntado por esa frase de la número dos del PP.

De Cospedal hizo esas afirmaciones el jueves, precisamente el mismo día en que Rubalcaba se reunió con el diputado del PP Federico Trillo y ambos estuvieron de acuerdo en hacer todo lo posible para evitar que se «cuelen» en los ayuntamientos vascos los herederos de la ilegalizada Batasuna aprovechando «vericuetos jurídicos». Por eso, la Fiscalía y la Abogacía del Estado estudiarán a fondo las candidaturas de Bildu y, en cuanto vean motivos, las impugnarán en el Tribunal Supremo, dijo.

Ante esa diferencia de actitud en dos responsables del PP, Rubalcaba criticó el «doble juego» de este partido con el terrorismo. Lamenta «profundamente» que se utilice el terrorismo por intereses electorales, pero no dijo más porque su condición de ministro del Interior le obliga a buscar la unidad frente a ETA.

Le preocupa que una persona que aspira a presidir el Gobierno de Castilla-La Mancha diga esas cosas, añadió. «Me pregunto: Dios mío, si algún día gana, que no lo creo, ¿qué dirá», dijo.

Rubalcaba consideró un «disparate» que el PP haya indicado -en un documento interno, elaborado para que sus dirigentes lo utilicen como argumento- que el Gobierno ofreció a ETA acabar con la llamada doctrina Parot sobre la manera de calcular la reducción de las condenas por beneficios penitenciarios, lo que habría permitido adelantar la excarcelación de Troitiño.

«Se contesta por sí mismo y prefiero no comentarlo», indicó el vicepresidente.

La dirigente del PSOE Elena Valenciano también rechazó las afirmaciones de María Dolores de Cospedal. «Todo tiene un límite, y comparar a un delincuente con el ministro del Interior es rebasar todos los límites. Esperamos una rectificación, una disculpa o una dimisión», manifestó.

Valenciano criticó que el PP siga utilizando «la política antiterrorista con fines electorales precisamente ahora, cuando ETA está más débil que nunca».

El dirigente socialista Gaspar Zarrías pidió a Rajoy, tras las palabras de De Cospedal, que ponga orden «en su gallinero». La portavoz de los socialistas navarros, María Chivite, dijo que esas palabras provocan «repugnancia social» y demuestran que el PP «actúa sin escrúpulos, creyendo que con eso gana un puñado de votos».

CORRUPCIONES SOCIALISTAS:

TOÑI CARAVACA / Córdoba

Arenas denuncia que la Junta no investigue los ERE 'muertos'

El presidente del Partido Popular de Andalucía, Javier Arenas, considera un «delito muy grave» que la Junta de Andalucía se niegue a investigar los expedientes de regulación de empleo (ERE) con pólizas de prejubilaciones ya pagadas, es decir, que no están vigentes. Son los denominados ERE muertos.

El PP presentó el jueves una proposición no de Ley para que el Parlamento autonómico instara al Ejecutivo andaluz a ampliar la investigación a todos los ERE desde 2001, incluidos los que la Junta ya ha terminado de pagar. Sin embargo, la mayoría socialista tumbó la propuesta. Arenas sostiene que «negarse a investigar las 19.000 prejubilaciones» de los ERE ya terminados es «un delito muy grave», es «corrupción».

Arenas anunció ayer que todos los diputados populares van a exigir al Gobierno andaluz que investigue «de inmediato» estos expedientes y que si no acepta hacerlo, «que nos dejen a nosotros».

Por otra parte, el sindicato Manos Limpias presentó ayer una querella contra Iván Chaves, hijo del vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, por presuntos delitos de tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios y autoridades, delito societario, contra la Hacienda Pública y corrupciones entre particulares.

GERMÁN GONZÁLEZ / Barcelona

CDC arropa a su ex tesorero imputado por el 'caso Millet'

Osàcar niega ante el juez haber recibido dinero para el partido

Si al día siguiente de ganar las elecciones una de las primeras personas a las que se abrazó el presidente Artur Mas al llegar a la sede del partido en Barcelona fue al por entonces tesorero de CDC, Daniel Osàcar, ayer la formación volvió a apoyarlo en su comparecencia ante el juez del caso Millet. Dos pesos pesados de CDC, el portavoz Oriol Pujol y el diputado Jordi Turull, acompañaron a Osàcar hasta la entrada al Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, donde prestó declaración por el supuesto desvío de dinero de Ferrovial al partido teniendo como intermediario a los ex responsables del Palau de la Música Fèlix Millet y Jordi Montull.

Ante el juez, Osàcar volvió a negar que fuese el Daniel que aparece en las anotaciones encontradas en los registros del Palau. También dijo que no conocía a Millet y que sólo hablaba con Montull para temas relacionados con los convenios entre la entidad cultural y la Fundación Trias Fargas, vinculada a CDC, de la que Osàcar fue administrador. Además, declaró que él ocupó su cargo en el partido y la fundación a partir de 2005, mientras que las anotaciones que hacen referencia al pago de comisiones a Daniel son de años anteriores.

Para defender los acuerdos entre el Palau y la Trias Fargas, Osàcar aseguró que las dos comparten una vocación catalanista y de promoción de la cultura y la música catalanas. En este sentido, su abogado, Javier Melero, declaró que Osàcar desempeñó su tarea en el partido y la fundación como «un patriota y un hombre honrado».

Ayer también declaró ante el juzgado el ex directivo de la constructora Ferrovial Pedro Buenaventura, que justificó los importantes pagos al Palau para proyectarse en Cataluña como «marca» y destacó que los conciertos que patrocinaban tenían numerosos gastos de organización. Además, Buenaventura defendió los concursos de obra pública que obtuvo Ferrovial de forma «impecable» durante los gobiernos de Jordi Pujol y dijo desconocer qué hizo Millet con el dinero entregado.

11-M: Condenados dos islamistas por ayudar a huidos del 11-M

MANUEL MARRACO / Madrid

Condenados dos islamistas por ayudar a huidos del 11-M

Khadiri envió dinero para que llegaran a Irak y Boussiri tenía contactos con Ouhnane

La lista de condenados por su vinculación con el 11-M sumó ayer dos nuevos nombres. La Audiencia Nacional impuso 10 años de cárcel al marroquí Zohair Khadiri y seis al argelino Djilali Boussiri por pertenencia a una organización terrorista. En concreto, por ayudar en su huida a varios de los responsables directos de la masacre.

Por el contrario, la Sección Cuarta de lo Penal absuelve de delitos terroristas a Nasredine ben Laidne Amri, para quien el fiscal pedía 10 años por pertenencia. Sí le impone dos años -el fiscal reclamaba tres- por disponer de material para falsificar documentos públicos. Para Abdelkrim Lebchina, el Ministerio Público pedía ocho años por colaboración, pero también ha sido absuelto. Junto al fiscal Miguel Ángel Carballo ejercieron la acusación numerosas víctimas particulares y dos asociaciones del 11-M.

El apartado de hechos probados arranca afirmando que «Zohair Khadiri, conociendo la comisión de los atentados del 11-M, sabiendo que, entre otros, habían participado, Mohamed Afalah, Mohamed Belhadj, Daoud Ouhnane, Abdelilah Hriz, Othman el Mouhib y Said Berraj, con quienes compartía la difusión del islam a través de medios violentos, tal como enseña la yihad islámica; sabiendo que eran buscados por la Justicia española, se integró en una red ya existente cuyo objeto era ayudar a huir a los citados o a quienes necesitaran su colaboración para hacer la yihad en Irak, reclutando voluntarios o muyahidin capaces de inmolarse en atentados terroristas suicidas contra las tropas de la coalición internacional».

El tribunal señala que Khadiri era una persona «de toda confianza de la red» desarticulada en la operación Tigris y que tenía su base en el domicilio de Santa Coloma conocido como Alkalaa (la Fortaleza). Estaba «encargado de remitir cantidades de dinero a personas que, habiendo conseguido huir de España, necesitaban colaboración económica». El tribunal añade la lista de ocho envíos de dinero en los que se basa la condena a Khadiri. Entre los destinatarios se encuentran varios autores del 11-M.

Sobre el segundo condenado, Djilali Boussiri, el tribunal resalta su «antigua y prolongada amistad» con Daoud Ouhnane, cuya huella apareció en los restos de explosivos abandonados por los terroristas junto a la estación de Alcalá.

La sentencia indica que, después de los atentados, ya con Ouhnane en Irak, «se constata una serie de conversaciones» de ambos entre octubre de 2005 y febrero y marzo de 2006. En esas conversaciones, Ouhnane le informaba del curso de la guerra, le pedía que contactara con su familia, o que le informara de las investigaciones en España, entre otros asuntos.

Sobre la absolución de Amri de la acusación de terrorismo, considera que no ha quedado probado que ayudase a huir de España tras el 11-M al condenado Khamal Ahbar.

En el caso Lebchina -que pasó casi dos años en prisión provisional-, no ha bastado para su condena que compartiera domicilio sucesivamente, con El Tunecino, uno de los jefes de la célula del 11-M, y Hriz, condenado en Marruecos por los atentados de Madrid. La Sala no considera acreditado que participara en las reuniones islamistas del río Alberche, a las que asistía buena parte de los acusados de islamismo de los últimos años.

La sentencia ha sido dictada por los magistrados Ángela Murillo (presidenta), Carmen Paloma Pastor (ponente) y Teresa Palacios.

La anterior condena vinculada al 11-M dictada por la Audiencia Nacional quedó en nada después de que el Supremo anulara la mayor parte de la prueba empleada por la Sección Primera.

PARTIDOS: El empresariado catalán se presta a la payasada de Arturo Mas

MARISA CRUZ / Boao (China)
Enviada especial

Zapatero delega ya en el 'candidato' Rubalcaba

Remite al vicepresidente para fijar posición en asuntos clave

El presidente del Gobierno está de salida. Lo anunció hace dos semanas y ya ha empezado a dar pasos acelerados para demostrarlo. Ayer, al término de su gira asiática, Zapatero se esforzó por trasladar la impresión de haber descubierto la dimensión de la «diplomacia económica» y haber dejado muy lejos las cuestiones más acuciantes de la vida española. Para estos menesteres a pie de calle el presidente delega ya en su número dos, Alfredo Pérez Rubalcaba, y a él se remite para fijar la posición gubernamental.

En su nueva atalaya observa desde fuera pero asegura «no conocer» en profundidad, sortea las preguntas y lanza balones hacia el vicepresidente primero. Sin embargo, contempla el futuro del país y de su partido con optimismo: «Siempre pienso que lo mejor está por venir».

En su despedida de China, sus principales intereses fueron dos: recalcar la importancia trascendental que tiene la labor política y diplomática que ha desarrollado su Gobierno para impulsar la presencia de España en los mercados más potentes del planeta, especialmente el chino, y garantizar, pese a los desmentidos y las rectificaciones, que los fondos soberanos del gigante asiático entrarán en las cajas de ahorros para sanearlas porque, según afirmó, «la palabra del Gobierno de China siempre se traduce en hechos».

Después llegaron los datos y la profusión de comparativas con el periodo de Aznar. «Asistimos a un cambio histórico en las relaciones económicas mundiales. Ahora el protagonismo es de Asia, y España debe estar cerca de los protagonistas. Por eso trabajamos (...) Si queremos mantener a España como una economía fuerte, Asia debe ser nuestra prioridad y, especialmente, China. Debemos cultivar la diplomacia económica para conseguir ser una economía estructuralmente exportadora».

Y a continuación apuntó: «Cuando llegué al Gobierno exportábamos más a Andorra que a China. Éste es un dato demoledor que explica el modelo económico que teníamos. Ahora la tendencia es esperanzadora. En 2004 había 200 empresas españolas en China y ahora hay 600. Las inversiones eran de 150 millones y ahora son de 1.500».

En este relato descriptivo se obviaba que, durante los ocho años de Gobierno del PP, se desplegó una importante labor, también de diplomacia económica, centrada especialmente en América Latina.

A continuación, llegó el turno de afrontar el asunto de la posible inversión china en el proceso de reestructuración de las cajas de ahorros. El presidente garantizó que la entrada de capital de los fondos soberanos chinos se va a producir, aunque no precisó ni cuándo ni por cuánto. Recalcó que el Gobierno chino siempre cumple su palabra y afirmó tajante: «Han dicho ahora que se comprometen con el sistema financiero español. Dejemos que las cosas fluyan por su cauce natural. Cuando hagan la inversión, será el momento de hacer evaluaciones y de contrastar».

Y a partir de ahí, la nada más absoluta. Zapatero aseguró «no conocer» ni el plan de Telefónica para recortar empleo -prejubilaciones costeadas en parte con dinero público que afectarán a un 20% de su plantilla española- y bonus millonarios para los directivos, pese a que en principio no parece adecuarse mucho al espíritu de la reforma laboral -que pretende evitar al máximo que las crisis se salden a base de despidos o de costosas prejubilaciones-, ni tampoco a la posición que él ha mantenido insistentemente en el G-20 en contra de las primas y los sueldos multimillonarios de los altos ejecutivos en época de crisis.

Tampoco conocía el tijeretazo del Gobierno de Artur Mas a políticas claves como la Sanidad y la Educación: «No conozco los recortes de Cataluña».

Y aseguró no estar en condiciones de valorar si los últimos acontecimientos en materia de lucha antiterrorista -el descubrimiento de dos zulos con 2.000 kilos de explosivos- contradicen o no la tesis de que ETA está en el final de sus días: «Me remito a lo que diga el vicepresidente primero y ministro del Interior». En definitiva, la respuesta fue dirigirse a Rubalcaba, el hombre que cada vez gana más cuota de poder real en el Gobierno y es signo fijo en todas las quinielas de la sucesión.

Tampoco quiso hablar sobre su futuro cuando abandone La Moncloa, ni sobre el proceso de primarias al que se enfrentará su partido si finalmente hay dos o más o candidatos a sucederle, y mucho menos sobre las encuestas que aseguran que otro cabeza de cartel distinto a él recortará en mucho la diferencia de puntos que ahora separa al PP del PSOE.

En su opinión, todas estas preguntas no son sino cuestiones de «importancia menor», aunque él mantiene en pie su máxima de que «lo mejor está por venir» para el país y para el proyecto político que él representa.

Éste fue el contenido de su última comparecencia ante los medios de comunicación al finalizar su viaje asiático. La conversación con el presidente fue breve. Tal y como recordó, en España le aguardaban compromisos de calado. A saber: recibir hoy al ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y después cumplir con una apretada agenda de campaña electoral «culpa de Pepe Blanco».

Zaragoza

«Ante la corrupción, tolerancia cero»

Nuevas Generaciones enarbola en su congreso la bandera de la transparencia

Nuevas Generaciones del PP aprobó ayer por unanimidad la ponencia ideológica presentada a su Congreso Nacional que se clausura hoy en Zaragoza. Entre sus alegatos más llamativos destacan la «igualdad de todas las uniones», sin discriminación de las homosexuales, y la exigencia de «tolerancia cero» con la corrupción.

Así lo proclamaron los ponentes del texto -la presidenta de NNGG del País Vasco, Leticia Comerón; el presidente de la organización en Asturias, Pablo Álvarez-Pire, y la vicesecretaria general de Comunicación de NNGG de Cataluña, Andrea Levy- que se repartieron su defensa en las intervenciones ante el auditorio, informa Servimedia.

Además de apoyar las uniones gays, Comerón definió al PP como un partido de «centro reformista y liberal»; rechazó «el afán intervencionista» del PSOE en la vida privada y su encuadramiento de los individuos en colectivos; denostó las cuotas positivas en favor de las mujeres; defendió el contrato de integración para que los inmigrantes asuman los mismos derechos y deberes que los nacionales, y pidió al Gobierno que no permita a ETA en las instituciones.

Por su parte, Álvarez-Pire se declaró orgulloso de ser español, aseguró que no se siente responsable del pasado y defendió el Estado descentralizado y autonómico, pero siempre que las comunidades hagan un esfuerzo de austeridad y se evite la duplicidad de competencias. Y fue él quien, con vehemencia, proclamó: «Ante la corrupción, tolerancia cero».

Por último, Levy arremetió contra la conocida como ley Sinde por estar «cargada de prejuicios ideológicos» y ser incapaz de apuntarse a las oportunidades de futuro que ofrece la «realidad imparable que es internet». También abordó el aspecto internacional de la ponencia, muy crítica con China, que, a su juicio, no por ser una potencia puede disuadir a Occidente de la defensa los derechos humanos.

Además, en la jornada de ayer, los miembros de Nuevas Generaciones eligieron a su nueva presidenta. Beatriz Jurado, hasta ahora responsable de la rama andaluza de la organización juvenil del PP. Esta licenciada en Derecho de 28 años sustituye al diputado Nacho Uriarte.

Lo cierto es que la elección no entrañó mayor dificultad, pues Jurado concurría como candidata única al puesto. El nombramiento se saldó con 711 votos a favor (el 91,9%), 50 en blanco y 18 en contra.

MARIA TERESA COCA / Barcelona

Mas busca la complicidad de los empresarios (El empresariado se presta a la payasada acudiendo a la cita)

Les pide ayuda para conseguir el pacto fiscal y para enderezar la economía

Emulando a José Luis Rodríguez Zapatero, ayer el presidente de la Generalitat, Artur Mas, se reunió con una significativa representación de las grandes empresas catalanas. El objetivo era mantener un diálogo directo sobre la situación actual y futura de la economía de la región.

A los 180 empresarios que acudieron al encuentro, Mas les pidió entre otras cosas corresponsabilidad para conseguir un pacto fiscal, haciendo piña con los partidos políticos, los agentes sociales y la sociedad civil. A ello, los empresarios respondieron en tono comprensivo -el mismo que en general se respiraba al finalizar la reunión- pero advirtiendo de que debían «tener más información, conocerlo a fondo», como explicó el presidente del Banco de Sabadell, Josep Oliu.

Pero ésta no fue la única demanda del Ejecutivo catalán a su clase empresarial. Deberán ser los empresarios quienes tiren del carro. Mas les requirió para que sean ellos quienes tomen el relevo de manos de la Administración pública y encaucen la economía catalana en la senda de la recuperación. Además, les aconsejó que mejoren sus niveles de internacionalización de manera que dentro de una década la producción para el mercado interior represente sólo un 30% del total.

De los recortes presupuestarios, poco se habló. Sólo se reiteró que se aplicará un 10% intentando consensuar las medidas el máximo posible. No obstante, mientras el presidente Mas insistía en que «si se ha cometido algún error en este sentido se intentará enmendar», las negociaciones con los colectivos de la Salud y de la Enseñanza seguían dando de qué hablar.

Por un lado, la consejera de Educación, Irene Rigau, alertaba de que está todo por concretar sobre la sexta hora y la sustitución de las 1.800 jubilaciones previstas para este curso al tiempo que los sindicatos de profesores aseguraban que se prescindirá de 900 docentes.

Por su parte, el sector sanitario seguía revuelto. Sanidad y sindicatos dan muestras de vivir en mundos opuestos. El consejero de Salud de la Generalitat, Boi Ruiz mantiene que los recortes aún no se han aplicado y que se condensarán, y los sindicatos van informando a cuenta gotas de las prestaciones que dejan de recibir los pacientes.

TROPELÍAS ECONÓMICAS DEL GOBIERNO SOCIALISTA:

CARMEN LLORENTE / Madrid

Los ataques especulativos disparan el riesgo país a más de 200 puntos

Crece la amenaza de reestructuración en Grecia y Moody's baja del 'rating' en Irlanda

Por segundo día consecutivo, los ataques especulativos volvieron a apoderarse de los mercados de deuda periféricos europeos y llevaron la prima de riesgo española de nuevo por encima de la cota psicológica de los 200 puntos.

Las especulaciones sobre una próxima reestructuración de la deuda en Grecia se fueron intensificando a lo largo de la jornada y ya se comienza a descontar que el país necesitará un haircut o quita de deuda de hasta 50%, frente al 30-35% inicialmente calculado.

De nada sirvió el nuevo paquete de medidas anunciado por Atenas para aligerar su abultado déficit -340.000 millones de euros- ni el mensaje de tranquilidad lanzado por el primer ministro griego, George Papandreou.

«Los problemas de Grecia no se resolverán mediante la reestructuración de su deuda, sino a través de la reestructuración del país», afirmó Papandreou, tras presentar un nuevo plan de austeridad por importe de unos 26.000 millones de euros al que se sumarán otros 50.000 millones en privatizaciones, encaminado.

Un día más, los mercados helénicos se vieron superados por las ventas y el interés de los bonos a 10 años se disparó hasta el 13,48%, mientras que la prima de riesgo se disparaba hasta los 1.046 puntos.

Pero la crisis griega no fue el único frente de inestabilidad que asoló a los mercados periféricos. Ayer, los inversores se desayunaban con una nueva rebaja del rating en Irlanda. La agencia internacional Moody's bajó la calificación de su deuda hasta 'Baa3', tan sólo un escalón por encima del bono basura, el término con el que se conocen los activos que tienen un alto riesgo de suspensión de pagos.

La reacción en los mercados no se hizo esperar. El interés de los bonos irlandeses a 10 años escaló hasta el 9,615%, frente al 9,309% del jueves, mientras que el riesgo país se disparaba a 621 puntos básicos.

Por su parte, la prima de riesgo de Portugal marcaba, un día más, un nuevo máximo histórico, al subir hasta los 582 puntos básicos, 20 puntos básicos más en comparación con el cierre del jueves.

España no se escapó de la quema y el diferencial entre la rentabilidad del bono español a 10 años y el alemán se amplió hasta los 204 puntos básicos, un valor que no alcanzaba desde el pasado mes de marzo. Por su parte, los CDS (credit default swaps), o seguros de cobertura contra el impago de la deuda se elevaron hasta los 230 puntos, lo que significa que hacen falta 230.000 euros para asegurar 10 millones de euros de la deuda soberana de nuestro país con vencimiento a cinco años.

Aquellos analistas que hace sólo unos días pensaban que España ya estaba salvo de las turbulencias de los mercados periféricos han tornado al pesimismo. Sin duda, en el rebrote de crisis tiene también que ver con las dificultades propias, como la reestructuración de las cajas. Ayer se conoció que cuatro entidades pueden ser nacionalizadas.

Con este negativo escenario de fondo, el Tesoro Público espera colocar el lunes entre 4.500 y 5.500 millones de euros, en la que subastará letras 12 y 18 meses, una emisión se convertirá en otra prueba de fuego para saber el grado de confianza de los inversores en España.

ANDRÉS AYALA

Fracaso/engaño de Blanco

Ha pasado casi inadvertido un acuerdo del Consejo de Ministros, del pasado 8 de abril, por el cual se da sepultura al tan cacareado Plan Extraordinario de Infraestructuras, (PEI) que el PSOE venía prometiendo como la alternativa al recorte de obra pública. Se acaba el cuento chino de los 17.000 millones de euros con los que el Gobierno prometía iniciar la recuperación de la inversión en obra pública.

Y ha pasado inadvertido por dos razones. La primera, porque el tema se llevó de tapadillo y de la misma manera se maquilló en la reseña del Consejo con una lacónica «igualmente, Adif licitará, por el procedimiento de concurso público convencional, las obras de plataforma que restan por ejecutarse en la línea de alta velocidad Madrid-Galicia en el trayecto comprendido entre Lubián y Ourense». Y la segunda razón, porque cada vez sorprenden menos los continuos bandazos del Gobierno, su permanente cambio de criterio, cuando no rectificación, y porque ya no puede hacer nada por despertar ilusión y ganas en las propuestas que hace un Gobierno desnortado y sin pulso.

Este acuerdo supone que las ocho concesiones que se iban a hacer entre Lubián y Orense en colaboración público privada y dentro del PEI para el pago por la modalidad de tasa por disponibilidad, se anulan y se transforman en 26 licitaciones ordinarias, que el Gobierno promete efectuar entre 2011, el primer semestre de 2012 y 2014. ¡24 licitaciones para 80 kilómetros de plataforma y dos estaciones!

Todo esto demuestra que el PEI era un engaño desde que se engendró; que el Gobierno nunca supo como ponerlo en marcha; que trató de crear la ficción y la ilusión de que el recorte enorme de la inversión pública acordado en mayo de 2010, tendría la alternativa del PEI; y que el Gobierno nos ha estado engañando conscientemente con él.

Desde el PP dijimos que el plan era irreal, que el modo de financiación era inasumible y el pago por disponibilidad en ferrocarriles no era más que una venta a plazos, como la de electrodomésticos en los años 60, cuando el comerciante ganaba más con los intereses que con el televisor.

Pues ahora, después de tres raquíticos intentos de empezar a aplicar el PEI -el Centro Logístico de Aranjuez, las instalaciones del AVE en Albacete-Alicante y el acceso ferroviario al Puerto de Algeciras, que no se adjudicó ninguno- y el fiasco de la autovía Benavente-Zamora, que después de anunciarla no se ha licitado, vemos como se desmorona el gran plan del ministro Blanco.

Pero, ojo, la cosa no queda aquí. Para que Adif pueda licitar por el procedimiento de concurso público convencional las 24 obras que acaba de anunciar, se tiene que endeudar. Una cosa es que Adif no tenga la rigidez del Presupuesto del Estado y un Gobierno desaprensivo pueda anunciar obras, sin tener partida presupuestaria y sin compromiso de gasto, y otra muy distinta que pueda pagar las obras que contrata sin financiación ajena. Y seguir apuntando en las cuentas de Adif más y más endeudamiento, porque, sólo desde el punto de vista formal, la deuda no consolida con la del Estado, no es más que otra patada al balón.

Blanco ha estado prometiendo que el AVE a Galicia lo llevaría él. Incluso, puso su cargo a disposición si no era capaz de cumplirlo. Este cambio de rumbo pone de manifiesto que lo que había prometido no lo podía cumplir y, lo que es más grave, que estamos ante una nueva improvisación sin garantías ni fiabilidad. De ocho obras que se iban a licitar en 2010, pasamos a 26 a licitar entre 2011 y 2014, y sin garantía presupuestaria. ¿Cree seriamente que eso es cumplir sus promesas?

Blanco debe pensar en irse. Y no sólo por ésto. El Ministerio de Fomento está en coma profundo, no se contrata una obra pública, y la transfusión que le podía salvar la vida, el PEI, se le ha contaminado; ya no le quedan conejos en la chistera. Llevamos dos años pidiéndole al Gobierno y a Blanco que cambien de política, que sólo se puede reincentivar la economía aumentando la inversión productiva que genera retornos para recuperar niveles de inversión que relance el consumo, y reduciendo gastos improductivos. Su respuesta está a la vista. Fracaso tras fracaso de soluciones poco estudiadas y nada eficaces.

No queda nada que inventar para un Gobierno que no sabe lo que hace y no consigue que nadie le crea. No tiene sentido que dure ni un día más y que mantenga la agonía hasta marzo del año que viene.

Andrés Ayala es portavoz de Fomento del Partido Popular.

Brufau carga contra Competencia y pide a Berenguer que deje de hacer «demagogia»

La petrolera recupera su dividendo anterior a la crisis tras subir la retribución un 23%

El conflicto entre Repsol y la Comisión Nacional de Competencia (CNC) llegó ayer a la junta de accionistas de la petrolera, donde el presidente de la compañía, Antonio Brufau, confesó su «hartazgo» por los documentos difundidos por el organismo contra el que la multinacional estudia emprender acciones legales por un informe sobre el mercado de los carburantes en el que afirmaba que los españoles pagan más por el combustible que los franceses o alemanes por falta de competencia.

«Ya basta. Clarifiquemos bien las cosas, que son como son, les guste o no», afirmó Brufau, que explicó que cuando el ciudadano español llena su depósito con 50 euros, paga 25 euros por los impuestos, 20 euros por el coste de la materia prima, 4 euros por el coste de la distribución, logística y comisiones, frente a 1 euro que destina a la petrolera.

Sus palabras, pronunciadas en respuesta a las preguntas de los accionistas, llegaron después de que el presidente de la CNC, Luis Berenguer, afirmara que «es complicado para los poderosos renunciar a sus privilegios, salvo si se les presiona».

Brufau pidió al responsable del organismo que deje la «demagogia» y cumpla con sus «responsabilidades». «Si ser poderoso es dar trabajo a 40.000 personas, lo somos», añadió.

El empleo fue una de las banderas que izó ayer Brufau en la junta anual que la compañía celebró en Madrid, ya que el directivo recordó que Repsol ha invertido 3.250 millones de euros en su planta de Cartagena (Murcia) dentro de su apuesta por «crear empleo y valor» en este momento económico.

La compañía, que con sus últimos resultados dio carpetazo a la crisis al cerrar 2010 con un beneficio neto de 4.693 millones de euros (un 201% más que en el año anterior), anunció ayer que está preparada para aumentar su dividendo.

Tras un 2009 difícil por la caída de la demanda de materias primas y del precio del crudo, Repsol tuvo que rebajar la retribución a sus accionistas el pasado año. Sin embargo, ayer sometió a votación sus últimos resultados y aprobó el abono de un dividendo complementario de 0,525 euros por título el próximo 7 de julio.

Con este pago, la empresa energética incrementará este año en un 23,5% su dividendo hasta 1,05 euros por acción -con lo que su retribución volverá a los niveles anteriores a la crisis- y no descartó nuevas subidas.

«La caja generada puede financiar inversiones, incrementar dividendo y mejorar el ratio de apalancamiento», explicó a la CNMV en una nota.

A esta bonanza financiera han contribuido los 1.700 millones de euros ingresados en los últimos meses por la venta del 17% de YPF. Además, Brufau también valoró positivamente la venta del 40% de Repsol Brasil a la china Sinopec por más de 5.000 millones de euros, que se invertirán en nuevos proyectos de exploración y producción en ese país.

A nivel global, la petrolera prevé aumentar entre un 3% y un 4% anual su producción en el periodo 2011-2015. Además, avanzó que añadirá recursos adicionales de 275 millones anuales de barriles en los próximos cuatro años.

Por último, Brufau se mostró confiado en que la banca refinancie el préstamo de su accionista, Sacyr, con la petrolera como garantía.

DIOS NOS LIBRE DEL SOCIALISMO Y SUS APÉNDICES:

ÁNGEL TOMÁS GONZÁLEZ / La Habana
Especial para EL MUNDO

Arranca la transición 'a la cubana'

El VI Congreso del Partido Comunista renueva a partir de hoy su Comité Central

La transición a la cubana se estrena hoy en Cuba con un desfile de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y la apertura del VI Congreso del Partido Comunista (PCC), que hasta el próximo martes se dedicará a elegir un nuevo Comité Central y, sobre todo, a santificar las duras reformas económicas previstas para los próximos cinco años.

Los colores patrocinadores del cambio -que prevé una reducción del papel del Estado y de las instituciones políticas y sociales en el sector productivo de la isla- son el verde oliva militar y el rojo comunista. Al menos oficialmente. Pero quiénes de verdad están detrás de las reformas son las Fuerzas Armadas. Así lo estableció Raúl Castro en diciembre de 2006, cuando en su discurso por el 50º aniversario de las FAR citó la intervención de su hermano Fidel en el primer congreso del PCC, celebrado en el años 1975. Entonces, el líder cubano dijo que, cuando no existía todavía el Partido Comunista, las Fuerzas Armadas «fueron un factor de cohesión y unidad de todo el pueblo y garantizaron la existencia de la Revolución».

Además, la mayoría de cubanas y cubanos son más nacionalistas que comunistas. El PCC, aun con 700.000 militantes, no deja de ser una organización política importada, mientras que el ejército es una institución autóctona.

La simbología es una herramienta política en el sistema cubano. Y por ello las FAR quieren revalidar hoy su estatus de garantes de la Revolución con un desfile militar en la Plaza de la Revolución por el 50º aniversario de la victoria de Bahía de Cochinos.

Medio siglo atrás, tropas novatas de las Fuerzas Armadas y derrotaron en 72 horas -el 17 y el 19 de abril- el desembarco de casi 2.000 soldados anticastristas entrenados y financiados por Estados Unidos. Este conflicto fue precedido por un bombardeo, el día 15, contra aeropuertos militares en La Habana y Santiago de Cuba. Fidel Castro, el 16 de abril de 1961, ante una multitud armada con fusiles de combate, pronunció un discurso donde consagró el «carácter socialista» de la revolución isleña.

El desfile militar realizado para festejar el medio siglo de aquella victoria, más que exhibir músculo bélico con armamento de la era soviética actualizado con inventos criollos, tiene el propósito de apuntalar la imagen de unidad del pueblo y su ejército. Un símbolo muy necesario en el momento que se inicia una transición generacional en la nomenclatura del poder político y económico.

Este VI congreso del PCC, por su programación quinquenal, es el último al que acudirá la generación histórica que fundó la revolución isleña. El presidente Raúl Castro, de 79 años, y el vicepresidente Ramiro Valdés, de 78, son los únicos veteranos comandantes guerrilleros que permanecen activos en el Gobierno.

El núcleo principal del politburó comunista, a su vez, tiene 70 años de edad promedio. Fidel no ocupará el cargo de primer secretario que poseía desde la fundación del PCC, en el año 1965.

El líder revolucionario lo ratificó semanas atrás en uno de sus habituales artículos, al decir que él renunció a la dirección del PCC cuando anunció, el 31 de julio de 2006, que delegaba todos sus cargos públicos a causa de la delicada situación de su salud.

El VI congreso del PCC, que debía haberse realizado en el año 2002, se diferencia de los anteriores por tener a la economía como único tema de debate y limitar a 1.000 la cifra de delegados participantes. Durante la fase preparatoria de éste conclave han sido elegido, por la militancia de base, 1.280 precandidatos al Comité Central, con edad tope de 49 años.

En la agenda de cambios estructurales también está previsto, según fuentes oficiales, una simplificación del aparato del PCC.

RAMY WURGAFT / Santa Cruz (Bolivia)
Enviado especial

Los sindicatos acorralan a Morales

La mayor organización obrera de Bolivia exige un aumento salarial del 15%

La última vez que a Evo Morales se le vio en público fue el jueves pasado en un acto que tuvo lugar en Tarija. De la sureña ciudad, la policía debió rescatarlo en medio de una sofocante nube de gas lacrimógeno. Desde entonces, el presidente de Bolivia no ha podido moverse de La Paz por el asedio que mantiene la Central Obrera Boliviana (COB) sobre la capital administrativa.

La mayor organización sindical del país, con más de un millón y medio de afiliados, exige un aumento salarial del 15% y fuertes medidas contra la inflación, que en 2010 superó el 25%. Más allá de estas reivindicaciones, los sindicalistas quieren que el líder aymara «vuelva a tomar contacto con el pueblo», en vez de recluirse, como dicen, en el Palacio Quemado.

Ayer, miles de manifestantes bloquearon la principal carretera de Bolivia, que une La Paz con el sur y el este del territorio. Un piquete de profesores de la enseñanza secundaria apedreó a los automóviles y a los camiones que traían productos desde las zonas rurales. Los maestros agitaban carteles con la imagen de un Evo Morales vestido con el traje del Tío Sam, personificación de Estados Unidos. La policía sólo logró despejar la ruta por unos minutos, hasta que la COB envió como refuerzo a un centenar de personas, provistas de palos y cartuchos de dinamita.

El secretario ejecutivo de la COB, Pedro Montes, rechazó ayer la invitación del Gobierno a una mesa de diálogo con participación de varios ministros. «Que no vengan con cuentos. Sin el presidente, cualquier reunión que se haga será una pérdida de tiempo», sentenció el dirigente. El sector más radical de la COB amenazó con ocupar las sedes de los ministerios, si Morales no los recibe.

Cerca del mediodía, un nuevo actor se sumó a los trabajadores de la Salud, a los estudiantes universitarios y a los empleados de la Municipalidad que mantenía aislada a La Paz. Las esposas de los suboficiales de la policía salieron a reclamar mejores condiciones para sus maridos, mientras éstos intentaban disolver a la multitud, que pedía a gritos : «Señor presidente, hágase presente».

La misma consigna se escuchó en la marcha de los mineros hacia la plaza de Armas de Oruro, donde levantaron un campamento con vigilantes apostados en los árboles por si trataran de desalojarlos.

Las manifestaciones que comenzaron el jueves y que han ido en aumento son tanto o más numerosas que la ola de protestas que sacudió al país en 2010, cuando el Gobierno quiso aumentar el precio de los combustibles. Morales dejó sin efecto esa medida, al comprobar que aliados tan firmes como la COB, le daban la espalda y se sumaban a quienes pedían su renuncia.

COALICIÓN DEL TOMAHAWK: Gadafi utiliza contra el pueblo bombas de racimo que le vendió Zapatero

ROSA MENESES / Trípoli
Enviada especial

Gadafi usa bombas de racimo en Misrata que le vendió Zapatero

La munición de fragmentación, hallada en la ciudad, fue fabricada en España en 2007

Varias personas mueren en el 'Sarajevo libio' mientras esperaban en la cola del pan

Las fuerzas del coronel Muamar Gadafi han utilizado bombas de racimo para bombardear Misrata, según algunos testigos y supervivientes. El diario The New York Times cita fuentes locales en Misrata y pruebas físicas sobre el terreno para constatar el uso de este tipo de munición en la tercera ciudad más grande de libia.

Las bombas de fragmentación son un tipo de armamento que afecta a grandes áreas de forma indiscriminada. Los contenedores de bombas de racimo se abren en el aire y esparcen cientos de submuniciones que, cuando se lanzan en zonas residenciales, presentan un grave riesgo para los civiles. Debido a su naturaleza no son armas de precisión.

En mayo de 2008 se aprobó un Tratado firmado por más de 100 países para prohibir las bombas de racimo. Sin embargo, los principales fabricantes -EEUU, Rusia y China- se negaron a suscribirlo.

The New York Times afirma que la munición de fragmentación se utilizó el jueves por la noche, cuando se bombardeó la ciudad con proyectiles de mortero de 120 milímetros que, al abrirse y explotar en el aire, desperdigaron miles de explosivos en una amplia zona.

Al cierre de esta edición, el portavoz del Gobierno libio, Musa Ibrahim, se apresuró a desmentir las informaciones de The New York Times, retando al diario a demostrarlo. «Al utilizar esas bombas, las pruebas permanecerían durante días y semanas, y sabemos que la comunidad internacional va a venir pronto en masa a nuestro país, así que no podemos hacerlo», afirmó.

Remanentes de los morteros fotografiados por uno de los reporteros del rotativo neoyorquino mostraron, sin embargo, que se trata de proyectiles MAT-120, cada uno de los cuales distribuye 21 bombetas diseñadas para matar personas y penetrar blindajes ligeros.

Los componentes de estos cilindros de 120 milímetros fueron manufacturados en España en 2007, según la inscripción que llevan impresa. Se trata, pues, de armamento fabricado en nuestro país un año antes de que firmara la Convención sobre Munición de Fragmentación y se viera obligado a destruir su stock. Ahora, la utilización de este tipo de armamento por parte de las fuerzas gadafistas en Misrata añade si cabe un elemento más de urgencia para que la OTAN intensifique al máximo su campaña. Según el periódico estadounidense, aumenta la presión sobre el Pentágono para que vuelva a poner a disposición de la Alianza los aviones A-10 Warthog y A-130, capaces de atacar objetivos con más precisión que los cazas franceses y británicos.

La organización internacional Human Rights Watch (HRW) confirma el uso de munición de racimo y ha exigido al Gobierno de Gadafi que deje de utilizarla. «Libia demuestra que no tiene escrúpulos al utilizar estas armas indiscriminadas, especialmente en áreas pobladas por civiles», afirmó Steve Goose, un responsable de HRW.

El ejército y las milicias leales al Gobierno han bombardeado también Misrata con misiles Grad, de fabricación soviética. Los Grad pueden lanzar hasta 40 salvas de cohetes de una sola vez y alcanzar un área de más de 60.000 metros a la redonda (40 millas). Se utilizan para limpiar amplias áreas de combate. Pero están siendo lanzados en zonas de Misrata como el puerto o el distrito de Qasr Ahmed, dañando calles y casas.

El pasado miércoles, uno solo de estos misiles mató a ocho civiles, según el relato de varios testigos. HRW denunció hace pocos días que las fuerzas especiales de Gadafi están atacando a civiles y que además toman muy pocas medidas para minimizar las víctimas entre la población. El comportamiento de los soldados gadafistas con los periodistas que han presenciado su ofensiva contra los rebeldes en la ciudad no deja lugar a dudas de que no se toman medidas de protección hacia los no combatientes.

Misrata, la única ciudad rebelde del oeste de Libia, resiste ya seis semanas de asedio medieval. La comida escasea y no hay electricidad ni agua. Las colas para conseguir pan y combustible exponen a la población a ser objetivos vulnerables. Según un investigador de Amnistía Internacional en la ciudad, varias personas murieron ayer mientras hacían cola para adquirir pan.

Según la cadena árabe Al Yazira, al menos 120 misiles alcanzaron ayer la ciudad, que ya ha recibido el sobrenombre del Sarajevo libio. Los ataques masivos de los gadafistas se suceden desde los últimos días. Cientos de civiles han perdido la vida. Los insurgentes controlaban hasta ahora el puerto de la ciudad, principal canal de distribución de ayuda humanitaria, pero también de armamento. De ahí que los leales a Trípoli se hayan ensañado con este enclave.

Varias organizaciones internacionales, entre ellas la OIM y la Cruz Roja, han organizado planes de evacuación de civiles a través del mar. Un barco fletado por Médicos Sin Fronteras que ayer atracó en Misrata ha logrado evacuar a 65 heridos y tiene previsto llegar hoy al puerto tunecino de Sfax.

Mientras, la OTAN sigue acosando militarmente al régimen. Ayer volvió a bombardear objetivos en Trípoli: depósitos de armas, radares y blindados. Los aviones de la OTAN no dejaron de sobrevolar la capital desde que cayó la noche.

Ante la presión militar aérea, expertos apuntaron a EL MUNDO que es cuestión de tiempo que las fuerzas de Gadafi utilicen lo que en la jerga militar se conoce como IED (Dispositivos Explosivos Improvisados, en sus siglas en inglés). Se trataría de un paso hacia un tipo de guerra no convencional, donde las técnicas de guerrilla ya están siendo aplicadas por los lealistas, en un intento de mimetizarse con los rebeldes.

Mientras, el círculo de Gadafi intenta aparentar normalidad. El líder libio ha intensificado sus apariciones públicas y ayer su hija Aisha participó en una manifestación en la capital y dijo que exigir que su padre abandone el poder es un insulto.I. MUNERA / M. RECUERO / Madrid

Un negocio que no conoce crisis

España vende bombas, cohetes y misiles a países que violan los derechos humanos

El negocio armamentístico de España crece sin freno. Bombas, torpedos, misiles, cohetes, armas, munición, buques de guerra o aeronaves componen el material de defensa fabricado en territorio nacional. Dicho de otra manera, más de 730 millones de euros exportados en tan sólo seis meses, según el último informe publicado por la Secretaría de Estado de Comercio Exterior, correspondiente al primer semestre de 2010.

Es más, entre sus clientes figuran países como Arabia Saudí, Argelia, Egipto, Israel, Libia, Marruecos, Túnez, Irán, Jordania, Venezuela o Mauritania, hasta completar una lista de 68 países que disponen de armas fabricadas en España. Precisamente, las empresas españolas exportaron a Libia cerca de siete millones de euros en material de defensa el año pasado, aunque fueron artículos relacionados con aeronaves y equipos de imagen de infrarrojos, sensores y radares.

En total, casi un 14% del material exportado corresponde a municiones y bombas. El grueso del negocio se lo llevan los fabricantes de buques de guerra y aeronaves, que representan un 72% de los productos que vende España al extranjero.

A finales del pasado mes de febrero, la Coalición de Armas Bajo Control -de la que forman parte Amnistía Internacional, Intermón Oxfam, Fundació per la Pau y Greenpeace- denunció que España había vendido armamento a países de Oriente Próximo y el norte de África en los que se están produciendo constantes violaciones de los derechos humanos, y pedía al Ejecutivo que adoptara medidas urgentes sobre las exportaciones de armas a estos estados.

La advertencia de estas organizaciones se convertía ayer, lamentablemente, en una realidad. El diario norteamericano The New York Times informaba de que el líder libio, Muamar Gadafi, había utilizado bombas de racimo fabricadas en España en 2007 para bombardear la localidad de Misrata.

Unas armas que se fabricaron en nuestro país hasta 2008 cuando el Gobierno ratificó el Tratado de Dublín -suscrito por 109 países-, que prohíbe fabricar, adquirir, conservar o transferir este tipo de munición, responsable de multitud de muertes y mutilaciones en todo el mundo.

Sin embargo, las bombas de racimo que fabricó hasta ese momento la empresa española Instalaza, en quiebra desde 2009 llegaron a manos de Gadafi que ahora las ha empleado contra la población civil.

Fuentes del Ministerio de Defensa confirmaron a este periódico que desde la firma del Tratado de Dublín en 2008 España no ha vuelto a vender material bélico de estas características, pero añadieron que cuando estas bombas de racimo fabricadas en España llegaron a Libia no estaban prohibidas.

Si bien es cierto que después de 2008 no se volvieron a vender este tipo de bombas, sí ha llegado otro tipo de armamento a regímenes que no tienen como norma el respeto a los derechos humanos. España exportó a Egipto en 2010 material de defensa por 464.669 euros en aeronaves pero también en bombas, torpedos, cohetes y misiles. También vendió armamento a Túnez.

Aunque en 2010 España tan sólo vendió a Libia aeronaves y equipos de formación de imagen, tan sólo dos años antes había proporcionado al régimen libio bombas, torpedos, cohetes y misiles, que Gadafi puede ahora también estar utilizando contra la población indefensa.

JUAN MANUEL BELLVER / París
Corresponsal

Francia quiere una nueva resolución

Sarkozy, Cameron y Obama dicen que «aumentarán la presión sobre el régimen»

Ya no hay marcha atrás. Gadafi tiene que irse y, además, irse para siempre. Éste es el mensaje que se desprende del comunicado firmado en comandita por Sarkozy, Cameron y Obama, y difundido ayer a la prensa. Mientras el dictador libio continúe en el poder, «la OTAN y sus socios en la coalición mantendrán sus operaciones de modo que se proteja a los civiles y aumente la presión sobre el régimen», advierten los tres presidentes. Una vez que el rais se haya marchado, «podrá iniciarse una transición de la dictadura a un proceso constituyente encabezado por una nueva generación de líderes», añade el texto.

En su determinación por derrocar al coronel, el Reino Unido, Francia y EEUU afirman que «no descansarán hasta que el pueblo libio pueda elegir su propio futuro». En un momento de dudas dentro de la coalición, los tres mandatarios han querido demostrar así su unidad.

Al mismo tiempo, en una entrevista con el canal televisivo galo LFI, el titular de Defensa francés, Gérard Longuet, opinó que, con esta toma de posición, los aliados trascienden la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El ministro sugirió que el Consejo debe plantearse nuevas medidas. «El comunicado se sale de la 1973, porque ésta no habla del futuro de Gadafi», apuntó Longuet. «Claro que si tres grandes países dicen lo mismo, la ONU debería tenerlo en cuenta».

El ministro apuntó también cuál debiera ser la estrategia: «Atacar los centros de mando y arsenales del tirano libio para que no sea necesario equipar militarmente a las fuerzas rebeldes». El objetivo de esta campaña, indicó, es que «los militares fieles a Gadafi le abandonen».

Respecto al debate interno dentro de la OTAN y el paso atrás dado por EEUU, que ha retirado sus aviones, Longuet dijo comprender que Washington no esté en la primera línea, porque tiene ya dos frentes abiertos en Afganistán e Irak.

Pero el jefe de la diplomacia rusa, Serguei Lavrov, afirmó ayer durante una reunión en Berlín con sus homólogos de la OTAN que la actual ofensiva extralimita el mandato de la ONU y estimó «urgente» pasar a la vía política para salir del conflicto.

SAL EMERGUI / Jerusalén
Especial para EL MUNDO

Las protestas llegan a toda Siria

Las manifestaciones contra el régimen de Asad se extienden a las localidades drusas

No fue casual que Bashar Asad dictara el decreto de la formación de su nuevo Gobierno un día antes de las plegarias musulmanas del viernes, que suelen invitar a enormes protestas de la oposición. Los temores del presidente sirio tenían fundamento, y ayer se vivieron las manifestaciones más numerosas y repartidas desde que hace un mes la llama de la primavera árabe prendiera también en Siria.

Las nuevas caras del Ejecutivo o la liberación de los detenidos -«excepto aquellos que han cometido algún crimen contra la nación», en palabras de la televisión oficial- no evitaron que en ocho ciudades se escuchara el mismo grito: «¡Abajo la dictadura de Asad!».

Del norte, con mayoría kurda, hasta el sur, pasando por primera vez por localidades drusas, miles de personas se sublevaron contra el régimen baazista que desde hace 48 años controla el país con mano de hierro. El llamado Viernes de la Determinación fue sofocado por las fuerzas de seguridad y sus protegidos sicarios, que tuvieron que emplearse a fondo -gases lacrimógenos, porras, disparos al aire- para evitar que miles de manifestantes llegados de los suburbios de Damasco se concentraran en la plaza principal de la capital.

En Deraa, 20.000 sirios volvieron a las calles días después de la sangrienta represión que acabó con decenas de muertos. En la Plaza de Saraya, los manifestantes llegaron tras una nueva convocatoria en Facebook. «Por nuestra alma y nuestra sangre, nos sacrificaremos por ti, Deraa», gritaban.

La intervención de la viuda de uno de los opositores muertos por el disparo de un francotirador era un mensaje de cara al futuro: «Me dirijo al que era presidente, Bashar Asad, porque el pueblo ya no reconoce más su autoridad».

Los gestos cosméticos del presidente anunciando reformas o relevo de ministros quedaron ayer eclipsados ante imágenes que enseñaban soldados pateando cabezas y estómagos de detenidos, tendidos y esposados, en la sitiada ciudad de Baida. «Os lo merecéis, traidores», les gritaban los uniformados.

Ayer también se recrudecieron las denuncias de torturas generalizadas. Según Human Rights Watch, centenares de detenidos han sido torturados con electrochoque, cables, palos y látigos en celdas llenas de gente y sin poder recibir alimentos o asistencia sanitaria. De la presencia de abogados, evidentemente, no hay noticias.

Desde que las revueltas árabes contagiaron las calles sirias, han muerto más de 200 personas. Un documento confidencial llegado a manos de la oposición siria y filtrado a la cadena estadounidense MSNBC muestra un plan gubernamental para sofocar las protestas de forma rápida, discreta y, si es posible, silenciosa. He aquí algunos de los mandamientos de esta particular tabla de salvación de Asad: infiltrarse en las manifestaciones para realizar detenciones o asesinatos de forma discreta; no matar a más de 20 manifestantes por día para no provocar la condena internacional; movilizar manifestaciones en contra del «régimen sionista»; introducir agentes en las redes sociales como Facebook o Twitter para localizar a los principales militantes y promotores de las protestas.

A Asad, jugándose su presente, futuro e incluso el pasado de su dinastía, le importa ahora bien poco la opinión de otros países, a excepción de su estrecho aliado iraní. Sin embargo, el presidente tampoco quiere provocar una situación similar a la de Libia, que lleve a Occidente a intervenir y no sólo condenar en las ruedas de prensa.

ERENA CALVO / Rabat
Especial para EL MUNDO

Buteflika promete más «democracia»

El presidente de Argelia anuncia por televisión una reforma constitucional

Las protestas sociales en Argelia comienzan a dar su fruto, aunque según algunos actores sociales los gestos son insuficientes. El presidente argelino, Abdelaziz Buteflika, parece que ha tomado nota de las peticiones de gran parte de su pueblo y ayer anunció a última hora de la tarde una revisión de la Carta Magna y enmiendas tanto a la ley electoral como a la de partidos políticos. El objetivo, según el jefe del Estado argelino, es «mejorar la práctica de la democracia en el país».

Buteflika hizo estos anuncios en un discurso televisado dirigido a la nación en el que no concretó las fechas en que comenzarán los trabajos para acometer la reforma. Lo que sí hizo, en cambio, fue comprometerse a invitar al debate también a las formaciones políticas que se encuentran fuera del arco parlamentario y a los representantes de asociaciones de derechos humanos.

«Media Argelia está manifestándose o protagonizando huelgas; hay descontento en muchos sectores y hemos contado ya centenares de heridos en las protestas, además de cinco muertos en enero», dijo a EL MUNDO Jalil Abdelmumem, de la Liga de Derechos Humanos de Argelia, al tiempo que recordó que ayer fue la primera ocasión en que el septuagenario Buteflika habla a los argelinos desde que se contagió este país de la ola revolucionaria que vive el mundo árabe. Esta semana, más de 150 personas resultaron heridas tras enfrentarse las fuerzas del orden a miles de estudiantes que se manifestaron en Argel con lemas como «poder asesino» o «el pueblo quiere la caída del sistema».

Desde que comenzaran las movilizaciones, el único cambio que había sido anunciado hasta ahora había sido el del levantamiento del estado de emergencia que se instauró en febrero de 1992.

Buteflika ya había dejado caer en alguna ocasión que abriría una «nueva página» para hacer «reformas globales» acompañándolas de «reformas políticas». Para ello, pondrá ahora en marcha una comisión que hará propuestas. «Si son conformes a los valores fundamentales de nuestra sociedad, serán sometidas a la aprobación del Parlamento o a través de un referéndum», indicó el presidente argelino.

Según el activista de derechos humanos Abdelmumem, en su discurso Buteflika también afirmó que se revisará la ley de asociación o la de los gobiernos locales, para darles más prerrogativas e iniciar una suerte de regionalización. Pero para el miembro de la Liga de Derechos Humanos «es difícil pensar en Argelia en una verdadera transición democrática». Y no duda un instante al asegurar que «con estos anuncios no se calmará la tensión social».

Con la iniciativa, Argelia toma nota de su vecino, Marruecos, donde el pasado 9 de marzo Mohamed VI hizo pública su intención de modelar ciertos aspectos de la Constitución. Sin embargo, el anuncio no ha calmado a los jóvenes opositores del Movimiento del 20 de Febrero, que continúan con las movilizaciones que comenzaron a principios de año para reclamar una monarquía parlamentaria y más democracia.

>LA REVOLUCIÓN CONTINÚA. Hosni Mubarak y sus dos hijos, Alaa y Gamal han sido acusados de abuso del poder, enriquecimiento ilícito y ser responsables de los ataques contra los manifestantes populares en contra del régimen. Si se comprueba que el ex presidente egipcio mandó utilizar la violencia en contra de los manifestantes, podría ser condenado a la pena de muerte. / EFE

>EL FUTURO DE SALEH. El presidente de Yemen pidió ayer a la oposición que mantengan el diálogo para poder así preservar la estabilidad del país. Horas después de su comunicado, cinco personas resultaron heridas al sur de Yemen durante unos enfrentamientos entre grupos a favor y en contra del Gobierno de Ali Abdulá Saleh. / DPA

>ENFRENTAMIENTO EN JORDANIA. 90 personas, 83 de ellas policías, resultaron heridas ayer en unos enfrentamientos contra islamistas en la ciudad jordana de Zarqa. Seis miembros de las autoridades se encuentran en estado grave tras un «ataque premeditado» de salafistas que reclamaban reformas y la liberación de familiares arrestados. Según el jefe de seguridad pública, los manifestantes iban armados. / DPA

>ITALIA SE VISTE DE LUTO. El cuerpo sin vida del activista italiano Vittorio Arrigoni, de 36 años, fue hallado ayer por la tarde en la Franja de Gaza. El activista formaba parte del Movimiento Internacional Solidaridad propalestino y fue secuestrado el pasado jueves por una agrupación islamista, quienes amenazaron con matarle si Hamas no liberaba a tres de sus líderes encarcelados. / DPA