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jueves 7 de abril de 2011

EDITORIALES: Un Gobierno 'interino' que no puede con el paro

Un Gobierno 'interino' que no puede con el paro

Zapatero embusteroUN 40% de los españoles en edad de trabajar está en el paro o tiene un contrato temporal. Un dato escalofriante porque si cuatro de cada diez personas activas no pueden planificar su futuro más allá de unos meses, el país tiene un problema muy serio para crecer. En esta situación apenas habrá expectativas de incremento de consumo privado y, por lo tanto, de inversión empresarial. Habría que fiarlo todo al sector público, pero en una etapa de control del gasto el Estado tampoco es un motor económico. Es cierto que el sector exterior -por la vía de las exportaciones y del turismo- tira de la actividad, pero no con la intensidad suficiente como para lograr el aumento del PIB necesario para generar empleo.

Si a esto se une que el sistema crediticio está más pendiente de su reestructuración que de la financiación de la economía, quizá nos encontremos ante la tormenta perfecta contra el crecimiento económico. Este es el diagnóstico más realista que podemos hacer de la economía, aunque sea realmente sombrío.

Zapatero embusteroEs el sentimiento que se refleja directamente en la última oleada del CIS conocida ayer: ocho de cada diez españoles consideran que la situación económica es «mala» o «muy mala» y los que piensan que empeorará de aquí a las elecciones generales de 2012 casi duplican a los que opinan que mejorará. Diagnóstico y sentimiento que fueron constatados ayer por la vicepresidenta Elena Salgado al presentar el nuevo cuadro macroeconómico para el periodo 2011-2013, tal y como recogen los acuerdos de gobernanza aprobados en el último Consejo Europeo.

El Gobierno ha revisado al alza la tasa de paro para final de año del 19,3% al 19,8% y también la eleva para los dos ejercicios siguientes. Además, aunque mantiene el crecimiento del PIB en el 1,3% -el Banco de España lo sitúa en el 0,8%- sí que baja considerablemente las previsiones para 2012 y 2013, porque en esos años la economía española notará el impacto de la subida de precios de las materias primas y del aumento de tipos de interés. En resumen, más paro del previsto para los próximos tres años y menos crecimiento del anunciado.

El telón del escenario que levantó ayer Salgado echa por tierra el argumento empleado el sábado pasado al hacer pública su renuncia a ser el candidato socialista en las elecciones generales de 2012 y, a la vez, su decisión de finalizar la legislatura. El presidente justificó el momento de estos anuncios para que ninguna incertidumbre apartara al Gobierno de su «tarea principal que es desarrollar las reformas, consolidar la recuperación económica y abrir el tiempo de la creación de empleo».

Es cierto que las reformas de Zapatero han aplacado a los mercados financieros y nos hemos distanciado de los países periféricos de la UE. Portugal pidió ayer el rescate por parte de la UE y del FMI. A principios de año esto hubiera supuesto una sentencia de muerte para la deuda española y ayer apenas se inmutó. Pero, como nos hizo ver Salgado, esas reformas todavía no calan en la vida de los españoles, que han dejado de confiar en sus medidas.

El sábado pasado el presidente colocó al Gobierno en una situación de interinidad que va a dificultar considerablemente la generación de confianza para estimular el crecimiento, única forma de crear empleo. Los escasos días que han pasado desde el Comité Federal han confirmado que el punto de mira socialista ha girado hacia dentro del partido y Zapatero está a tiempo de acortar estos doce meses de zozobra económica. Es necesario un adelanto electoral para que un nuevo Ejecutivo -del signo que sea- tome las riendas del país. El de Rubalcaba, Salgado y Chaves está claramente amortizado.

Los poderes de la 'hijísima', al descubierto

El apellido Chaves, una garantía de éxito

Zapatero embustero AL VICEPRESIDENTE tercero se le acumulan los problemas. Cuando aún no ha sido capaz de dar una explicación de por qué, cuando presidía la Junta, ésta dio contratos a socios de su hijo Iván por valor de 5,9 millones de euros, hoy revelamos que la contratista que fichó a su hija Paula logró adjudicaciones de 171 millones y ayudas por otros 3,7 mientras la tuvo en nómina. Abengoa es una de las grandes compañías de la energía y de las infraestructuras que no necesitaba a Paula Chaves para relacionarse con la Administración. Sin embargo, de entre toda la promoción de abogados de la joven, la fichó a ella, y pese a carecer de experiencia, la hizo apoderada. ¿Qué pensarán sus compañeros de orla? Si ha habido tráfico de influencias o no, deberá determinarlo eventualmente un juez, pero no es ética esa yuxtaposición entre los políticos y las empresas que trabajan para la Administración que ellos controlan. Y ya es conocido que la firma que después contrató a la hijísima consiguió una subvención de 10 millones. Con lo mal que está la economía, apellidarse Chaves es garantía de ingresos en Andalucía.

El fiscal pide la identificación de Jean Louis B.

Todavía es posible evitar la impunidad de los GAL

EL FISCAL de la Audiencia Nacional, Pedro Rubira, afirmó ayer en el juicio contra el ex comisario Miguel Planchuelo que todavía hay una vía para esclarecer buena parte de los crímenes cometidos por los GAL: la colaboración de la justicia francesa para identificar a Jean Louis B., una especie de coordinador operativo de la banda en los años 1986 a 1988. Según ha declarado Amedo y según consta en el sumario, Jean Louis B. era un policía francés que proporcionaba las armas, fijaba los objetivos y pagaba a los mercenarios que cometían los crímenes. Era, en pocas palabras, el jefe de los comandos de los GAL y operaba siguiendo las órdenes de la cúpula de Interior, además de tener excelentes contactos en la Guardia Civil y el CESID que le protegían. La justicia francesa nunca le ha querido investigar por unos crímenes cometidos en su territorio. Pero la Fiscalía tiene ahora el deber legal y moral de solicitar a sus colegas franceses la identificación de Jean Louis B. y buscar los medios jurídicos para que declare en España sobre una trama que cometió más de 20 asesinatos, la mayoría sin esclarecer.

Los eurodiputados se niegan a viajar en turista

Por qué la clase política es el tercer problema

Zapatero embusteroLA CLASE política es el tercer problema para los españoles, después del paro y la economía, según la última encuesta del CIS. No es necesario acudir a tratados de politología para explicar las causas. Basta con seguir las noticias. La mayoría de nuestros eurodiputados votaron ayer en contra de cambiar sus viajes de primera clase a turista y de congelarse el sueldo, unos 6.000 euros netos al mes aparte de las dietas. Es curioso, o quizá no tanto, que PSOE y PP -tan prestos siempre al ataque mutuo- hayan aparcado sus diferencias para votar al unísono con el fin de mantener sus privilegios. Hubo una honrosa excepción, la popular Rosa Estarás, que votó a favor de viajar en turista, junto con los eurodiputados de CiU, ICV y ERC. La actitud de los representantes del PP y el PSOE, aunque estos últimos anunciaron luego que cambiarían su voto, puede calificarse como vergonzosa y escandalosa. Y eso siendo muy piadosos.

El Mundo en dos minutos
El panorama económico sigue muy oscuro


Zapatero embustero

TROPELÍAS ECONÓMICAS DEL GOBIERNO SOCIALISTA: Salgado destroza los argumentos de Zapatero



FRANCISCO NÚÑEZ / Madrid

Salgado destroza los argumentos de Zapatero para acabar la legislatura

Zapatero embusteroZapatero dijo el pasado sábado ante el Comité Federal del PSOE, en el que anunció su marcha al frente de las listas del partido, que «asegurada la continuidad de la recuperación, el siguiente paso es la intensificación del crecimiento y con él, al fin, la creación de empleo». Y fijó a modo de calendario los «próximos 12 meses», hasta las elecciones. Sin embargo, la vicepresidenta económica Salgado anunció ayer más paro para este año, y hasta 2014, y menos crecimiento para los próximos años. En 2011 la tasa de desempleo crecerá hasta el 19,8% de media, es decir, medio punto por encima de la previsión de octubre. También redujo la débil creación de empleo a sólo 35.000 puestos. Mientras, el consumo de los hogares se reducirá a la mitad, la demanda interna será nula y sólo el sector exterior puede aportar algo de crecimiento. Según reconoció Salgado, «son nuestras mejores previsiones».

Zapatero embusteroSalgado no quiso valorar ayer si el anuncio de Zapatero de no presentarse en las próximas elecciones generales tendría efectos positivos sobre la economía. Tan sólo señaló que «lo que valoran los mercados es la determinación de continuar las reformas que la economía necesita».

El Ministerio de Economía reconoció en la nota de prensa que facilitó en la presentación de la nueva revisión del cuadro macroeconómico por parte de la vicepresidenta, que la recuperación seguirá «amortiguada» por el impacto de las medidas de consolidación fiscal. Es decir, las actuaciones para reducir el elevado déficit, como la subida de impuestos, la reducción y congelación de nóminas públicas y de pensiones, así como el fuerte tijeretazo a la inversión pública, van a impedir que la economía tire y se genere empleo. Esto significa, que la economía va a crecer menos, que aumentará más el paro y que la creación de un 0,2% de empleo, una décima menos de la cifra prevista hace seis meses (sólo 35.000 frente a los 44.000 previstos), es meramente testimonial.

La vicepresidenta intentó desdramatizar la situación del paro pese a que, de nuevo, modificó al alza sus previsiones. Hace un año, cuando presentó el techo de gasto con que su departamento elaboró después los Presupuestos Generales, estimó una tasa media (en los cuatro trimestres) del 18,9%. Cuando presentó los Presupuestos en octubre, elevó la tasa al 19,3%. Y ayer llegó al 19,8%, cinco décimas más.

Salgado descartó que la cifra de parados alcance este año los cinco millones. «La previsión es que no se va a llegar a esto», dijo, aunque reconoció que el número máximo se alcanzará en este primer trimestre.

Según los cálculos realizados, ante el repunte del paro esperado es muy probable que el desempleo se acerque a los 4,9 millones en este primer trimestre. Dependerá del crecimiento de la población activa.

La vicepresidenta argumentó que las nuevas estimaciones de paro «son más realistas». Sin embargo, no prevé mejora alguna ya que para 2012 elevó la estimación de hace seis meses del 17,5% al 18,5%, un punto más. Y la del 2013 pasa del 16,2% inicial al 17,3%. En materia de empleo, además de reducir la previsión para 2011 (en una décima), Salgado también bajó las de 2012 y 2013 (en dos décimas).

Todo esto es consecuencia de que el Gobierno ha revisado a la baja sus previsiones de crecimiento económico para 2012 y 2013. Sin embargo, a un mes de las elecciones locales y autonómicas, mantiene sorprendentemente el PIB previsto para 2011 del 1,3% frente a los cálculos de la mitad de los organismos internacionales e incluso del Banco de España. Salgado recordó a la entidad que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez que el Ministerio de Economía ha acertado más en sus estimaciones de crecimiento.

Sin embargo, la previsión de Salgado para 2011 ofrece muchas dudas. En realidad, para mantener el mismo crecimiento, ha realizado una operación de estética contable. Es decir, ha encajado las perspectivas de los componentes del PIB para que le salga un 1,3%.

Así, confía en que las exportaciones, como consecuencia de que los demás países ya han salido de la crisis, crezcan a tasas del 8,3% frente al 6,4% estimado en octubre (casi dos puntos más). También reduce en una décima las importaciones.

De aquí, que el saldo exterior neto (la demanda externa) aportaría al crecimiento de la economía ese 1,3% previsto (cuatro décimas más de la estimación inicial), ya que la demanda interna entraría en encefalograma plano. Su crecimiento sería nulo.

Según Salgado, «el consumo crecerá menos de lo previsto debido a la caída de la tasa de ahorro». En realidad, se está produciendo otro nuevo fenómeno: ante la subida de impuestos, la desaceleración de los sueldos y la falta de expectativas de empleo, los ciudadanos están rompiendo la hucha para poder aguantar la situación. Así, la ministra reduce a la mitad el crecimiento del consumo previsto de los hogares para 2011, del 1,8% a sólo el 0,9%. El consumo final del conjunto del Estado pasa del 0,9% inicial al 0,4%, medio punto menos. Mientras, la estimación total de inversión seguirá siendo negativa (-1,3%).

Sin embargo, con este esquema de crecimiento cero de la demanda interna, el Gobierno mantiene sus previsiones de ingresos para bajar el déficit al 6% frente al 9,2% de 2010. No hay que olvidar que la mayor parte de la tajada recaudatoria es consecuencia del IRPF -alimentado casi es exclusiva por el empleo- y el IVA -sustanciado por el consumo-. También resulta poco creíble que, sin consumo ni inversión, vayan a crearse esos 34.000 empleos como vaticina Salgado.

La vicepresidenta aseguró que «haremos lo que esté en nuestra mano para mejorar todo». Pero en 2012, año de las próximas elecciones generales, también redujo las expectativas de crecimiento en dos décimas (hasta el 2,3%) y de tres décimas en 2013 (hasta el 2,7%).

Según Economía, el crecimiento se revisa a la baja para los próximos años «debido a que los tipos de interés son más elevados» y los precios de las materias primas «más altos». Esto se traduce en una disminución de la aportación de la demanda nacional al crecimiento en los próximos años «parcialmente compensada por una mejora de la evolución del sector exterior», reflejo de las ganancias de la competitividad que está experimentando la economía.

OORBYT.es

>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el análisis de Vicente Lozano de las nuevas predicciones de Salgado.

AGUSTÍN YANEL / Madrid

Sólo el 18% cree que la economía mejorará en 2012

El 79,4% está en contra de ampliar la jubilación a los 67 años, según el CIS
Los españoles continúan siendo muy pesimistas respecto a la situación económica, a juzgar por la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Ni siquiera dos de cada 10 personas consultadas -el 18,8%- cree que la economía va a estar mejor dentro de un año, cuando José Luis Rodríguez Zapatero deje el Gobierno. El 42,7% opina que seguirá igual y el 31% afirma que va a empeorar.

Estos datos reflejan que ha aumentado algo el pesimismo respecto a la encuesta de febrero, porque hay más encuestados que vaticinan un empeoramiento en un año (en el mes anterior eran el 30,5%) y menos los que dicen que la situación va a mejorar (antes, el 20%).

La situación económica actual es «mala o muy mala» para el 79,5%, «regular» según el 18,5% y solamente el 1,7% la considera «buena o muy buena».

En concordancia con esa opinión, no es de extrañar que el paro sea, un mes más, el principal problema de España según la encuesta que el CIS realizó en marzo. La preocupación por el desempleo llegó en febrero al récord de la última década, el 83,9%. En un mes ha bajado dos punto, pero es lo más grave en opinión del 81,8%.

Le siguen como preocupación los problemas económicos (51,3%) y los partidos y la clase política, que continúan siendo considerados el tercer problema más importante de España según el 20,2%.

A pesar de ese pesimismo, el 74% de los encuestados ve «poco o nada probable» que vaya a perder su empleo -en febrero, el 76,1%-, frente al 18,1% que lo cree «bastante o muy probable».

De las personas consultadas por el CIS que se encuentran actualmente en paro, el 57,5% dice que es «poco o nada probable» que encuentre empleo en un año, mientras una de cada tres -el 34,5%- lo ve «bastante o muy probable».

El CIS también ha preguntado por la reforma de las pensiones que el Gobierno pactó en enero con la patronal y los sindicatos, y el rechazo a las mismas es muy mayoritario: el 79,9% la valora de manera negativa -sumando las cinco puntuaciones más bajas en una escala de 0 a 10- y sólo el 10,1% da una puntuación «positiva» a esos acuerdos.

Pero donde se muestran más en contra es al preguntar por la propuesta de ampliar de 65 a 67 años la edad de la jubilación: ocho de cada 10 encuestados -el 79,4%- está en contra y el 16,4% a favor.

Además, al 69,2% no le gusta que amplíen a 25 años el periodo de cotización para calcular la pensión, 10 años más que actualmente, frente al 21,5% que lo ve bien.

Por el contrario, los encuestados se muestran mayoritariamente de acuerdo con dos de las medidas acordadas en enero: al 81,4% le parece bien que se reconozcan nueve meses de cotización a las trabajadoras de baja por maternidad y el 75,8% aplaude que las prácticas de los becarios se computen como periodo cotizado hasta un máximo de dos años.

A pesar de esa opinión mayoritariamente negativa sobre la reforma de las pensiones, sólo el 15,3% dice que no era necesario llevarla a cabo ahora, porque el sistema vigente «no corre ningún peligro». El 20,5% cree que había que hacerla y que es mejor que haya sido mediante un acuerdo entre empresarios y sindicatos, y el 46,9% opina que lo pactado por ambas partes no va a resolver el problema y habrá que afrontarlo de nuevo.

Ante el rechazo mayoritario a la reforma de las pensiones que reflejan los datos de la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, el diputado Gaspar Llamazares, portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, hizo ayer un llamamiento al Gobierno para que «escuche a los ciudadanos» y paralice «esa medida injusta» del retraso de la edad de jubilación, «por mucho que se la pidan los mercados, el Fondo Monetario Internacional o la Unión Europea», según informa la agencia Efe desde Toledo.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, también se refirió ayer a esta encuesta. En Puertollano (Ciudad Real), donde asistió a la presentación de la candidatura de su partido a la Alcaldía, criticó que el Gobierno haya tenido que elevar en cinco décimas su previsión del paro para este año, hasta el 19,8% -«siempre se equivoca en las previsiones», manifestó- y destacó el dato del CIS de que el desempleo es el problema más grave de España según el 81,8% de las personas consultadas.

ANÁLISIS
CARLOS SEGOVIA / Madrid
Corresponsal Económico

Los brotes negros

A punto de cumplir dos años desde que la propia vicepresidenta segunda, Elena Salgado, anunciara «brotes verdes», la economía española se encuentra en el peor momento de tasa de paro desde la llegada de la crisis. Todo apunta a que Salgado y José Manuel Campa -el otro secretario de Estado, Carlos Ocaña no apareció-, tuvieron que ofrecer ayer unas deprimentes previsiones para curarse en salud cuanto antes de los malos datos que se avecinan y no perturbar la campaña electoral. Sus datos son brotes negros de una siembra que no termina de llevar a la economía española a un crecimiento que genere empleo. Hasta el Gobierno, que es el más optimista, se ve obligado a revisar a la baja sus previsiones.

Tras lo de ayer, se puede apostar que la Encuesta de Población Activa del primer trimestre de este año rozará ya los 4,9 millones de parados con una tasa espeluznante del 21,1% de la población activa. Salgado lo explica, porque la recuperación va animando a la gente a apuntarse al paro a ver si encuentra empleo, lo que engorda la estadística. Pero por esa razón, el paro real en los últimos meses habrá sido mucho mayor de lo oficial. Además, la esperanza no vuelve, según el CIS y las propias previsiones económicas del Gobierno. La revisión de ayer implica 100.000 parados más de lo previsto en este año.

Entre líneas, Salgado dio a entender que así ve la situación: España crecerá menos de lo previsto a medio plazo por culpa de otros, como la subida de materias primas y la decisión de Trichet de elevar los tipos de interés; Portugal será rescatada sin que nos afecte, porque los mercados han valorado que Zapatero va a agotar su mandato haciendo reformas sin que haga falta forzar más a los sindicatos; y todo va encauzado, salvo en Cataluña, cuyo Govern genera irresponsablemente desconfianza en los mercados.

Sobre Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que no se cree las previsiones oficiales, Salgado subrayó sin piedad que el gobernador ya se equivocó en 2010; y reivindicó que «desde 2009» las previsiones que se cumplen son las de ella. Lo malo es que las suyas, que son las más optimistas, son de echarse temblar.

VIRGINIA LÓPEZ / Lisboa
Especial para EL MUNDO

Portugal pide el rescate a la UE

El primer ministro en funciones, José Sócrates, anuncia que solicitará la ayuda después de que los bancos amenazasen con no comprar más deuda soberana
Zapatero embusteroPortugal no ha podido resistir más a las presiones -de los mercados financieros, de los bancos portugueses, y de la oposición- y ha terminado rindiéndose al rescate, una probabilidad cada vez más elevada durante las últimas semanas. Anoche, el primer ministro dimisionario, José Sócrates, comparecía ante los portugueses para explicar las razones por las que al final acabará recurriendo a la ayuda externa, a pesar de haber tratado de evitarla durante los últimos meses.

Ante esta confirmación oficial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó anoche que está dispuesto a ayudar financieramente a Portugal, mientras que el presidente de la Comisión Europea, el también portugués José Manuel Durão Barroso, dijo que responderá «lo más rápidamente posible».

«El rechazo del PEC (Plan de Estabilidad y Crecimiento), que había conseguido el apoyo de las instituciones europeas, es la señal más errada que el país podía dar a los mercados financieros y a las instituciones internacionales». José Sócrates culpaba así de tener que rendirse a la ayuda al principal partido de la oposición, el Partido Socialdemócrata, que el pasado 23 de marzo decidió rechazar el cuarto plan de ajuste con el que Lisboa quería garantizar la reducción del déficit público al 4,6% este año. El voto en contra de toda la oposición en el Parlamento forzó la dimisión del primer ministro y abrió una crisis política que, según el ministro de Finanzas luso, Fernando Teixeira dos Santos, ha «perjudicado irremediablemente» a la financiación de Portugal.

«Los portugueses han sido testigos de que durante estas dos semanas, el rating de Portugal, de los bancos y de las empresas más importantes, ha bajado abruptamente hasta niveles muy peligrosos», argumentó el primer ministro luso, afirmando que ésta es la situación que ha tratado de evitar a lo largo de todo este último año. Para ello, ha recurrido sucesivamente a la financiación a través de los mercados, a pesar de la subida cada vez más acentuada de los intereses sobre la deuda soberana y cuando había cada vez más voces, dentro y fuera de Portugal, que defendían que era más prudente aceptar la ayuda antes que seguir pagando intereses tan elevados.

Es la opinión del líder de la oposición, el socialdemócrata Pedro Passos Coelho, quien anoche se congratulaba con el anuncio hecho por Sócrates en relación a la ayuda, de la que dijo que, aunque «tardía», servirá para dar garantías de que la financiación para la economía portuguesa, para los bancos y para el Estado se procesa en condiciones de seguridad», ya que, según el conservador, «no se podía dejar al país durante más tiempo en la desesperación por puro orgullo político».

Ayer, el Tesoro portugués subastó 1.000 millones de euros en deuda a corto plazo, por los que tuvo que pagar unos intereses mucho más elevados que hace un mes. «Una señal clara de la creciente dificultad para acceder en condiciones de normalidad a la financiación en los mercados», en palabras del propio José Sócrates, que afirmó que «no tomar la decisión de recurrir a la ayuda traería riesgos que el país no debe correr».

Por su parte, el presidente de la Asociación Portuguesa de Bancos (APB), António de Sousa, anunciaba ayer que las instituciones bancarias del país habían alcanzado un «límite que no podían superar» porque significaría «cortar totalmente la financiación a la economía, a través de familias y pequeñas y medianas empresas», lo que sería «mucho más perjudicial» a largo plazo.

Por ello, los bancos, que ayer volvieron a ver recortado su rating por la agencia de calificación crediticia Moody's -dejándolos a un nivel del bono basura- decidieron no prestar más dinero al Estado e instaron al ejecutivo de Lisboa a solicitar a Bruselas un préstamo con carácter de urgencia con el que poder hacer frente a los reembolsos más urgentes. Los propios bancos estiman el importe de la ayuda en, al menos, 15.000 millones de euros.

Entre los meses de abril y junio Portugal tiene que devolver cerca de 9.000 millones. Al aceptar la ayuda, Portugal se convierte en el tercer país de la Unión Europea, tras Grecia y Portugal, en pedir el rescate. Hace algunas semanas, el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, valoró las necesidades de financiación de Portugal en 75.000 millones de euros.

MARÍA RAMÍREZ / Bruselas
Corresponsal

La presión de los dos vecinos doblega la resistencia lusa

España y Francia rechazaron concederle préstamos bilaterales más flexibles
Hace dos semanas, José Sócrates defendía con ferocidad en Bruselas que tenía «dignidad» y «dinero» y no pediría ayuda exterior, pero Portugal se convirtió ayer en el tercer país de la zona euro en solicitar el rescate en menos de un año.

Los ministros de Economía de la UE discutirán mañana en Budapest las condiciones y el calendario de los préstamos, que dependerán de un nuevo recorte de gastos para Portugal. En un intento de evitar la humillación, el Gobierno luso había lanzado una propuesta de petición de préstamos bilaterales a sus socios para conseguir crédito a corto plazo, por una cantidad pequeña y con menos condiciones que las del fondo de rescate de la zona euro. Pero Francia, España y la Comisión Europea, entre otros, dejaron claro ayer que ésa no era la vía.

«No hay posibilidad en este momento de hacer ningún préstamo bilateral», dijo, rotunda, la vicepresidenta Elena Salgado. «Es el fondo de rescate o la catástrofe», explicaba también un diplomático francés. «No creo que nadie quiera dar préstamos con menos condiciones cuando existe un fondo para esto…sería un precedente peligroso», comentaba otro representante británico.

Ante la claudicación de Sócrates, el comisario de Economía, Olli Rehn, felicitó al Gobierno portugués por la decisión «responsable» de pedir ayuda. El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, portugués y del partido conservador que ha derribado al primer ministro socialista, confirmó anoche la recepción de la petición de ayuda de manera formal. Barroso prometió rapidez y dijo tener «confianza en la capacidad de Portugal de superar sus actuales dificultades con la solidaridad de sus socios».

En el fondo de rescate, participan los socios del euro, la Comisión y el Fondo Monetario Internacional. Portugal no podrá beneficiarse ahora de las condiciones más suaves que se deberían aprobar en junio para que el fondo preste a un tipo de interés más bajo y pueda utilizar su dinero para comprar deuda del Estado en apuros, una opción menos dramática. Finlandia, que celebra elecciones el 17 de abril, ha retrasado los cambios, que, además, deben ser aprobados por los parlamentos de la moneda única antes de entrar en vigor.

La Comisión insiste en que los préstamos deben encauzarse por el fondo existente que obliga a «un programa de ajuste económico». Lo tendrá que negociar el Gobierno portugués en funciones, que cayó tras el rechazo de los recortes impuestos por Bruselas.

Portugal ha intentando seguir financiándose con tipos de interés superiores a los de Irlanda o Grecia cuando fueron rescatados. Pero el rescate se daba por descontado desde hace meses. En el Consejo Europeo de hace dos semanas, Jean-Claude Juncker, presidente del Eurogrupo, incluso le puso un precio: 75.000 millones de euros. Eso es lo que costaría sacar a Portugal del mercado durante tres años, aunque 15.000 bastarían para las necesidades más urgentes hasta el verano.

JAVIER G. GALLEGO / Madrid

El BCE subirá los tipos en plena crisis de deuda

La decisión de Trichet encarecerá aún más la financiación de los países de la Eurozona
Portugal apuró hasta la última subasta de deuda para reconocer oficialmente que necesita pedir ayuda a sus socios europeos y el FMI. Curiosamente lo hizo durante el único día de las últimas 12 sesiones en el que el mercado dio un respiro a la deuda del país, con una caída de más de 28 puntos en la prima de riesgo. Tal reacción tuvo lugar después de llevar a cabo una exitosa (aunque extremadamente cara) emisión de letras con la que consiguió obtener 1.000 millones de euros.

La demanda de títulos en la subasta que llevó a cabo ayer Portugal -2,4 veces la cantidad ofertada- fue interpretada por el mercado como una buena señal. La reacción de los inversores fue rápida y contundente: la prima de riesgo de Portugal cayó con fuerza hasta los 509 puntos y lo mismo ocurrió con el rendimiento de la deuda soberana en los principales tramos de vencimiento: el bono a cinco años se alejó, al menos de momento, del 10% de rentabilidad que exigía el mercado el martes.

Sin embargo, la petición de deuda puede ser una señal engañosa dependiendo de quién proceda. La banca del país -hasta ahora el principal apoyo para garantizar al Tesoro sus colocaciones- amenazó con no comprar más papel público y, en cierto modo, se convirtió en el principal causa de este desenlace. No obstante, ante esta señal de alarma, fuentes citadas por Bloomberg apuntaban ayer que el fondo de pensiones del país habría vendido parte de su cartera invertida en bonos públicos de otros estados para comprar deuda portuguesa. Esta noticia fue desmentida después por el Ejecutivo luso.

Ahora parece que esta medida de urgencia no va a ser necesaria. Si finalmente Portugal solicita el rescate, recibirá un préstamo lo suficientemente cuantioso como para hacer frente a sus vencimientos más inmediatos, que superan los 16.000 millones de euros en lo que queda de año.

Aunque esto no garantiza que el coste de endeudamiento del país vaya a relajarse. Los dos precedentes que se conocen -Grecia e Irlanda- no han sido capaces de reducir la presión sobre su deuda en el mercado secundario y sus bonos a 10 años cotizan todavía por encima del 12% y del 9%.

Si se tiene en cuenta estas dos experiencias previas, es previsible que las Bolsas europeas abran con pérdidas en la sesión de hoy. Tras el rescate a Grecia, el Ibex cedió un 0,6% en la sesión siguiente. En el caso irlandés, la caída del selectivo superó el 2,6%.

Además, el mercado tiene mañana otro examen crucial que sin duda marcará el ritmo de la renta fija y la renta variable europea. Porque la situación puede empeorarse todavía más si el Banco Central Europeo (BCE) decide en su reunión de este mediodía continuar con su política restrictiva e insinúa una nueva subida de tipos.

En realidad lo que importa no es tanto si Trichet encarece hoy el precio del dinero. Eso ya está anticipado por el mercado, como muestra, por ejemplo, la evolución del Euribor o del bono alemán. Lo verdaderamente importante es si el BCE elevará los tipos oficiales más allá de los 25 puntos básicos que se esperan para hoy.

En ese caso el Euribor podría terminar por encima del 3% en 2011, y, según Daniel Pingarrón, estratega de IG Markets, «el lastre para la economía española (la que tiene un mayor número de hipotecas concedidas a tipo variable) sería evidente». «Además, esto no está descontado en absoluto por la prima de riesgo de la deuda ni por las Bolsas, especialmente por los bancos».

Precisamente la banca española tendrá que lidiar ahora con una incertidumbre añadida: la que generan los más de 70.000 millones de euros que tienen prestados a Portugal, tanto a su sector privado como público, según datos del Banco Internacional de Pagos. Esta cifra convierte a España en el país con mayor exposición a la economía lusa. Sólo en bonos del Tesoro las entidades españolas tienen cerca de 6.500 millones en sus balances.

JOHN MÜLLER

La banca nunca pierde

Si a alguien le cabía alguna duda de que la banca es la que siempre tiene la sartén por el mango en un país, el episodio vivido ayer en Portugal debería permitirle sacar importantes lecciones. Es verdad que el primer ministro en funciones, José Sócrates, se había fijado un objetivo imposible: prometió que haría todo lo que estuviera a su alcance para que Portugal no pidiera ayuda externa.

Ése es el típico desafío autoimpuesto que le encanta a los especuladores. A veces es fruto de un exceso de testosterona o de un subidón patriótico, pero les viene como anillo al dedo a los más listos del mercado. Una promesa así es como decir «no voy a devaluar» o «no voy a adoptar nunca una medida que lesione los derechos sociales de los trabajadores». Comporta la existencia de una postura rígida, la que se convierte en un muro contra el que los mercados te fusilan a gusto. Y se llevan tu dinero, es decir, el de los ciudadanos.

Sócrates está en funciones desde el 23 de marzo, cuando la oposición se negó a convalidar su cuarto plan de ajuste. El presidente, Anibal Cavaco Silva, ha convocado elecciones para el 5 de junio. El primer ministro había convertido la petición de rescate en una línea roja que no quería atravesar. De hecho, todo el mundo da por hecho que Portugal acudirá al Fondo Europeo de Estabilización Financiera en julio o agosto después de que se forme un nuevo Gobierno.

Pero hasta que llegue ese momento, el país necesita financiación. Sólo hasta junio tiene que abonar vencimientos de deuda por 9.500 millones. Ayer, el Tesoro colocó 1.005 millones en letras a 18 meses y tuvo que pagar unos intereses de hasta el 5,9%, tasas que se sitúan levemente por encima de los tipos que tendría que pagar al FMI. De hecho, la jornada de ayer no fue la peor, ya que el diferencial con el bono alemán bajó de los 590 a los 509 puntos.

Pero lo que sí fue un hecho diferencial ayer fue el plante de la banca local que informó al gobernador del Banco de Portugal, Carlos Costa, de que no seguirán comprando más deuda pública de su país porque ya están demasiado expuestos a ella. La banca portuguesa se vio muy perjudicada por una masiva bajada de sus rating por parte de las agencias de calificación.

Lo que Portugal necesita ahora es un crédito puente que le permita superar sus compromisos durante estas semanas. El problema es que Bruselas no tiene un mecanismo suficientemente flexible para atender a esos requerimientos. El portavoz de la Comisión Europea recordó que no pueden facilitar financiación a corto plazo a nadie. Ayer se hablaba de la posibilidad de que sus socios del euro le hicieran préstamos bilaterales, eventualidad que Elena Salgado descartó en el caso español. Hoy, probablemente se despejen las dudas al respecto.

La situación es complicada porque Sócrates ha ido muy lejos en su afán de no dejarse comer terreno por una izquierda que no quiere reconocer la ruina del Estado y que se niega a convalidar cualquier plan de ajuste desarrollado con seriedad.

john.muller@elmundo.es

CORRUPCIONES SOCIALISTAS: La ciénaga socialista de Andalucía



MANUEL MARÍA BECERRO / Sevilla

La Junta benefició a Abengoa con la hija de Chaves como apoderada

Los Benjumea lograron 171 millones en adjudicaciones y 3,7 en ayudas tras contratar a la recién licenciada Paula Chaves
Zapatero embusteroEl rastro de dinero público que han dejado tras su paso por diversas empresas andaluzas los hijos del vicepresidente tercero del Gobierno, el socialista Manuel Chaves, en los tiempos en que presidía la Junta de Andalucía, no termina en las comisiones de Iván Chaves Iborra ni en el incentivo multimillonario a la empresa Matsa.

La pequeña de la familia, la abogada Paula Chaves, estuvo vinculada a la firma Abengoa, el grupo industrial sevillano de la familia Benjumea, cuyas filiales también recibieron multitud de adjudicaciones y subvenciones de la Administración autonómica con Paula ejerciendo de apoderada. Fue antes de que la joven se pusiera a gestionar directamente la ayuda a Matsa, en cuya aprobación participó su padre de forma activa, aun prohibiéndoselo la ley.

La hija de Chaves llegó a acumular apoderamientos en cuatro sociedades anónimas dependientes de Abengoa: Telvent Tráfico y Transporte, Telvent Housing, Tráfico Ingeniería y la constructora Instalaciones Inabensa. Según la información recogida en el Registro Mercantil, en las tres primeras estuvo hasta junio de 2009, mientras que en Inabensa permaneció hasta julio de 2007. No obstante, hay que tener en cuenta que un apoderado puede dejar de serlo mucho antes de que se inscriba, del mismo modo que el poder puede ser otorgado antes de que figure en el Registro.

Zapatero embusteroEl primer apoderamiento a favor de Paula Chaves quedó registrado oficialmente el 30 de diciembre de 2005, pese a que ella empezó a trabajar en Abengoa en 2004, poco después de licenciarse en Derecho. Además, hay que recordar que, desde el 2 de julio de 2007, trabaja como directora jurídica de Matsa, dirigiendo las peticiones de ayuda de la empresa minera a la Junta de Andalucía.

No obstante, no hay que perder de vista que muchas gestiones que pudiera haber desarrollado a favor de Abengoa o sus filiales darían sus frutos meses o incluso años después de que ella abandonara la firma de los Benjumea.

Desde 2006 hasta 2010, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado adjudicaciones a favor de Abengoa por valor de más de 171 millones de euros. En muchas ocasiones, los contratos se sacaron a concurso mediante procedimiento negociado, donde el Gobierno andaluz elige y reduce el número de potenciales adjudicatarios. También ha habido lluvia de subvenciones para la compañía: más de 3,7 millones de euros, ya sea a través de la Junta o de empresas instrumentales como la Agencia Idea, dependiente de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

La mayoría de los contratos procede de las consejerías de Salud e Innovación, aunque, estando Paula Chaves de apoderada en Abengoa, hubo también adjudicaciones a Telvent desde la Consejería de Presidencia de la Junta; en concreto, para el suministro de un sistema de cableado para sede administrativa por un importe de 100.470 euros, mediante concurso público resuelto el 16 de mayo de 2006.

Ese año, el total de adjudicaciones a favor de empresas de Abengoa alcanzó los 3,9 millones de euros. En 2007, 3,4 millones. En 2008, se fue hasta los 56,7 millones y en 2009 tocó techo, con 81,8. El año pasado, en plena crisis, el grupo se hizo con seis contratos valorados en 25,3 millones de euros.

EL MUNDO intentó conocer ayer, a través de la empresa, en cuántas solicitudes de ayudas o tramitaciones para concursar por contratos de la Junta pudo intervenir directamente Paula Chaves, además de si dejó de ser apoderada de la empresa antes de lo que señala el Registro Mercantil. Sin embargo, Abengoa alegó que su responsable de comunicación está de viaje en Nueva York y era la única persona habilitada para responder.

El PSOE es quien más ha cuestionado el trato que recibe Abengoa de las administraciones públicas. En junio de 2006, el dirección provincial de los socialistas almerienses denunció ante la Fiscalía Anticorrupción al Ayuntamiento de Almería, presidido por el popular Luis Rogelio Rodríguez Comendador, por la adjudicación del proyecto Ciudad Digital (con un contrato de 27 millones de euros) a través de un procedimiento negociado con urgencia a favor de una UTE integrada por Telvent Interactiva, Telvent Tráfico y Transportes e Inabensa.

En el verano de 2004, el Ayuntamiento dio luz verde al proceso de adjudicación, pese al informe contrario del secretario municipal, ya que prevaleció el aval de la Concejalía de Urbanismo, dirigida por Juan Megino, presidente del Grupo Independiente por Almería (GIAL). La denuncia la presentó Martín Soler, entonces secretario general del PSOE de Almería y luego consejero de Innovación, por sospechas de financiación irregular.

En aquel momento, los populares sacaron a relucir el apoderamiento de la hija de Chaves en las dos primeras empresas de la UTE. Sin embargo, Martín Soler anunció -en un comité provincial del PSOE almeriense- su intención de «seguir adelante» con la denuncia contra la filial de Abengoa, que calificó como «la madre de todas las corrupciones». «No estoy por el pasteleo, caiga quien caiga», añadió, aunque sus amenazas quedaron en nada.

El sueño de cualquier universitario. Paula Chaves vio cumplirse el sueño de todo recién licenciado, y más en los tiempos que corren: un trabajo. La fichó Abengoa, una de las empresas punteras en I+D+i. Y no como becaria, directamente con poderes de representación. Se la llevó Matsa, pero como jefa jurídica también apoderada y con tiempo para diplomarse por el Instituto San Telmo, como muestra la foto.

CARMEN REMÍREZ DE GANUZA / Madrid

El PP pide la comparecencia de Chaves

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, dio ayer un paso más en su progresivo cerco parlamentario al vicepresidente tercero del Ejecutivo, Manuel Chaves.

Al día siguiente de anunciar próximas preguntas en Pleno sobre los negocios de la familia Chaves con la Junta de Andalucía, la dirigente popular comunicó de manera oficial que su Grupo pedirá la comparencia urgente del ex presidente andaluz en el Congreso, para que explique «adónde va el dinero de la Administración Pública», tras conocerse la adjudicación de contratos millonarios a los socios de su hijo, Iván Chaves. Un asunto que Sáenz de Santamaría no dudó, ayer de visita en Sevilla, en sumar a otros escándalos «generalizados» que, según afirmó, empezaron «con el hermano de Chaves, siguieron con la hija y han continuado con el hijo».

Se trata, según expresión de la propia portavoz, de ayudar al PP andaluz a que esta vez, «se llegue hasta el final y nadie se vaya de rositas». Por su parte, el presidente del partido regional, Javier Arenas, dijo que «lo que no vale» es defenderse de asuntos «gravísimos insultando a todo lo que se mueve». A la espera de unas «explicaciones» que el propio Chaves negó al PP anteayer en el Senado, Sáenz de Santamaría no dudó en sentenciar como «intolerable» que «se haya hecho negocio con el dinero de los andaluces». Y, como tantas veces, advirtió al Gobierno de Zapatero de que, mientras no lo cese, «todos los que se sientan en el banco azul son corresponsables de esa gestión porque la toleran y amparan». Pero el cerco de los populares a Chaves no acaba con esta iniciativa. El PP ha movilizado a todos sus efectivos en un acoso que, a su entender, incide de manera directa en la crisis interna generada en el PSOE tras la sucesión de Zapatero: Chaves, con Rubalcaba; y Griñán, con Chacón.

En uno de sus habituales argumentarios internos, el PP glosa «los beneficios» de la familia Chaves. Así, antes que el caso de los ERE o el de su hijo Iván -que «habría recibido comisiones por conseguir contratos con la Junta presidida por su padre»-, el partido recuerda el caso Matsa -«se concedió 10 millones a la empresa apoderada por su hija» Paula- y también menciona el caso de las piscinas, por el que Leonardo Chaves, director general de la Junta y hermano del entonces presidente, «habría adjudicado una obra en la que su hijo era el jefe de obra y su hermano, director de marketing de la constructora», informa Europa Press. También cita el caso Leonardo, en el que, según el PP, el hermano de Chaves «tuvo cargos a dedo en la Diputación de Sevilla, con acusaciones de irregularidades», antes de ser director general de Deportes de Andalucía.

Para el PP, «los beneficios de la hija, el hijo, los hermanos y sobrinos de Chaves, son ejemplos de la política familiar del PSOE».

Anticorrupción se reúne con la fiscal de Sevilla

>El fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, se reunió anteayer con la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, para coordinar la investigación en torno a la supuesta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos ERE incentivados por la Junta de Andalucía, entre ellos los de Mercasevilla correspondientes a los años 2003 y 2007.

> Recientemente, la Fiscalía Anticorrupción asumió la investigación en torno a este asunto. Concretamente, el delegado en Sevilla, Juan Enrique Egocheaga.

MANUEL SÁNCHEZ / Madrid

Preocupación y desconcierto en Ferraz por la división en el PSOE-A

Se duda del liderazgo de Griñán e inquieta la situación de Chaves y el caso de los ERE
Zapatero embusteroEn la dirección federal del PSOE han estallado todas las alarmas por lo que está ocurriendo en Andalucía, y la deriva permanente en la que se encuentran el partido y el Gobierno andaluces.

Aunque nadie sabe bien cómo afrontar el problema, entre los dirigentes socialistas es un clamor que se debe cortar cuanto antes esta situación y buscar una salida airosa.

La preocupación fundamental, según las fuentes consultadas, es que no se llegue a una división interna entre los socialistas andaluces. Y, en este sentido, preocupa mucho la dimisión de Luis Pizarro, junto a otros altos cargos que le han acompañado.

Se confía en que Manuel Chaves y Gaspar Zarrías puedan parar cualquier intento, sobre todo cuando falta menos de mes y medio para las elecciones municipales; pero ya no se está seguro de nada.

También inquieta en Ferraz la situación por la que pasa Manuel Chaves por todos los escándalos vinculados con su familia. La consigna en Ferraz es salir a defender al presidente del PSOE, pero nadie duda de que están haciendo mella en él y le dejan en una situación de debilidad cada vez mayor.

El otro gran tema de preocupación es el caso de los ERE. Según un barón socialista, el escándalo se ha enraizado y hace mucho daño a los socialistas andaluces, que, aunque no duda que pueden haber actuado bien, se han dejado enredar y eso ha calado hondo entre la ciudadanía.

Y a todo esto se une el liderazgo de José Antonio Griñán, cada vez más puesto en cuestión por una parte de la dirección del PSOE. Se cree que el presidente de la Junta de Andalucía no ha logrado ni consolidarse en la Presidencia de la Junta de Andalucía ni hacerse con las riendas del partido y, pese a que nadie duda de su valía política, se empieza a cuestionar hasta si puede ser el candidato idóneo para las hipotéticas elecciones de 2012.

Lo cierto es que Andalucía está hundiendo el segundo intento de remontada del PSOE -tras el anuncio de Zapatero de no volver a ser candidato- y está poniendo muy nervioso al partido.

De hecho, hasta ahora ningún dirigente socialista reconocía, ni en hipótesis, que el PP pudiera llegar a gobernar en esta comunidad.

Cualquier miembro del partido aseguraba que en el feudo tradicional del PSOE, su mayor granero de votos y de diputados, era imposible perder. Pero dicho discurso cada vez lo mantienen menos miembros del partido, incluidos los que pertenecen al Partido Socialista de Andalucía (PSOE-A).

Además, los veteranos recuerdan que la federación andaluza fue muy convulsa en sus inicios y que solamente ha estado unida por tres razones en los últimos 30 años: el poder que le dio la apuesta en el referendo para convertirse en lo que se denomina comunidad histórica; el hecho de ganar reiteradamente, y, sobre todo, tener un líder como referente que, además, tenía como afines a quienes controlaban el aparato del partido.

Todo eso se ha perdido. El crédito del referendo el PSOE ya lo ha exprimido bastante. Lo de ganar ya no parece claro. Y ya no hay un líder, ni aparato ni partido.

CARMEN TORRES / J. CARO ROMERO / Sevilla

Griñán prepara una nueva purga en Cádiz

Quiere destituir a todos los afines a Pizarro pero duda si hacerlo ya o aguardar al 22-M
El golpe de mano que el presidente de la Junta y secretario general del PSOE andaluz, José Antonio Griñán, ha querido propinar en la agrupación del partido en Cádiz para reivindicar su liderazgo, y que tuvo como consecuencia la dimisión de Luis Pizarro -mano derecha de Manuel Chaves en la organización- como consejero de Gobernación, es de mucho mayor alcance del que se ha materializado hasta ahora.

Según fuentes socialistas consultadas por EL MUNDO, Griñán tiene preparada toda una purga de dirigentes afines a Pizarro que actualmente ocupan diferentes cargos institucionales en la Junta. Ese plan sigue en pie y la única duda que asalta en estos momentos al secretario general es si completarlo de inmediato para tratar de finiquitar esta crisis o esperar a las elecciones municipales para llevarlo a cabo.

La idea inicial de Griñán era mover pieza con la destitución de Gabriel Almagro como delegado de la Junta en Cádiz -así se produjo- y esperar acontecimientos para completar su estrategia con la díscola agrupación gaditana. La repentina dimisión de Pizarro, con la inevitable interpretación de una guerra abierta entre Griñán y Chaves por el control efectivo del PSOE andaluz, ha ralentizado esta estrategia, que, no obstante, se mantiene en la hoja de ruta trazada por el secretario general, según confirmaron las fuentes consultadas.

En estos momentos, Griñán está recibiendo una fuerte presión desde su propia Ejecutiva regional -particularmente de la secretaria de Organización, Susana Díaz- para que acometa de inmediato esta destitución masiva de cargos afines a Pizarro, que afectaría a varios delegados en Cádiz de las distintas consejerías andaluzas. Incluso, la petición de la dirección regional es que dicha purga se materialice en el Consejo de Gobierno del próximo martes.

Griñán, sin embargo, podría estar aguardando a confirmar varios extremos antes de tomar una decisión. En primer lugar, conocer la respuesta de Ferraz a sus movimientos, sobre todo después de la dimisión de Luis Pizarro, con lo que ello representa de fractura en el PSOE andaluz. Y, en segundo lugar, la reacción en la agrupación de Cádiz a los propios acontecimientos.

Como quiera que el secretario general se siente en principio respaldado por Ferraz, el plan para acometer una laminación de afines a Pizarro en Cádiz sigue en pie, a falta de concretar los plazos para ponerlo en marcha. Estarían afectados prácticamente todos los delegados provinciales, puesto que casi todos ellos son cercanos a Luis Pizarro, pero especialmente estarían señalados los delegados de Empleo, Juan Bouza; de Salud, Hipólito García; de Medio Ambiente, Silvia López; de Obras Públicas, Pablo Lorenzo, y de Educación, Blanca Alcántara.

También quedaría en una situación complicada el delegado del Gobierno en Andalucía, el gaditano Luis García Garrido -miembro, además, de la Ejecutiva regional-, pero el delicado cargo que ocupa, dependiente del Ministerio del Interior, podría mantenerle indemne.

Para decidir cómo materializar su estrategia, Griñán está también en espera de la respuesta del PSOE de Cádiz a la actual situación. El secretario provincial, Francisco González Cabaña, convocó ayer a su Ejecutiva y a todos los secretarios locales para pronunciarse sobre la crisis interna y tratar de consensuar un manifiesto de apoyo a Luis Pizarro. De momento, la dirección gaditana ha dado un primer paso atrás al posponer la designación de González Cabaña como candidato a la Diputación de Cádiz, como había exigido Griñán

LUIS ÁNGEL SANZ / Madrid

La juez archiva la querella de Montes contra Lamela

Asegura que el ex consejero estaba obligado a denunciarle
La titular del Juzgado 43 de Madrid, Coro Cillán, ha archivado la querella que interpuso en 2009 el doctor Luis Montes, ex coordinador de Urgencias del hospital Severo Ochoa de Leganés, contra Manuel Lamela, ex consejero de Sanidad de Madrid, por un supuesto delito de denuncia falsa.

En un contundente auto que rechaza las pruebas que pide el médico de Leganés, la magistrada asegura no sólo que Lamela no incurrió en denuncia falsa, sino que estuvo obligado a denunciar aquellos hechos, «obligación de denunciar que se hace extrema cuando se trata de quien ostenta el cargo» (de consejero y viceconsejero).

En 2005, un comité de expertos creado por Sanidad detectó que Montes y su equipo habían administrado a varios de pacientes sedaciones no indicadas, contraindicadas y excesivas que podrían haber causado decenas de muertes.

Lamela entregó aquel informe a los juzgados de Leganés para que investigaran los hechos. Entonces, comenzó una instrucción en la que estuvieron imputados Montes y varios médicos. El caso se archivó por falta de pruebas: no se podía hacer la autopsia a los cadáveres de los citados pacientes.

En 2009, Montes se querelló contra Lamela. La juez establece ahora, en un auto fechado el 4 de abril, que el ex consejero obró correctamente, ya que «toda persona que presencia la perpetración de un delito está obligada a ponerlo en conocimiento inmediato del juez de instrucción». Además, añade que «los hechos que se habían puesto de manifiesto en el mismo [informe] muy bien pudieron ser concebidos por el denunciante [Lamela] como delictivos». La juez también archiva la querella contra los autores del informe.

Distintos juzgados están rechazando casi todas las demandas que ha interpuesto Montes. Hace escasas fechas, el Tribunal Supremo rechazó que la Comunidad le indemnizara por haberle destituido. El anestesista también demandó a EL MUNDO por su serie de informaciones de aquellos meses de 2005, que destaparon gran parte del caso. El Juzgado 67 de Madrid sentenció que las informaciones de este diario fueron «objetivas, relevantes y veraces».

AGUSTÍN YANEL / Madrid

La crisis dispara el número de quejas al Defensor del Pueblo

Las medidas que adoptaron el Gobierno, los bancos y la Justicia, las protagonistas

Zapatero embusteroLa crisis económica ha disparado de manera espectacular el número de quejas que los ciudadanos presentan cada año en la oficina del Defensor del Pueblo. Las 22.287 que atendió en 2009 se elevaron a 34.674 el año pasado, lo que supone un incremento del 55,58%.

La defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano -en funciones desde julio del año pasado-, entregó ayer el informe anual de 2010 al presidente del Congreso, José Bono, y después al del Senado, Javier Rojo. En el documento se recogen las siguientes quejas:


ECONÓMICas. Lo que más preocupa a la ciudadanía y ha provocado el mayor número de quejas son los asuntos de tipo económico. El informe refleja «el malestar provocado en amplios colectivos sociales» por las medidas que ha adoptado el Gobierno para combatir la crisis económica, entre ellas la reducción del salario de los funcionarios en un 5% de media.

Pero también se quejan mucho por la subida de impuestos y por las «prácticas abusivas» de la banca, especialmente por no conceder créditos y por tener que entregar el piso además de pagar la deuda cuando no se puede hacer frente al pago de la hipoteca.

En este sentido, la defensora del Pueblo recuerda al Gobierno que cuando adopte decisiones de tipo económico debe salvaguardar los derechos de la ciudadanía. Pide también que se regule la entrega de la vivienda como pago por el préstamo hipotecario sin tener que abonar además la deuda pendiente, como reclaman ERC, IU y otros partidos en el Congreso.


SANIDAD IGUAL PARA TODOS. De las 536 quejas recibidas sobre la Sanidad, la mayoría se refiere al diferente trato y prestaciones que recibe el ciudadano según la comunidad autónoma donde resida. No entienden por qué ocurre eso.

Una queja muy frecuente es la de los problemas burocráticos a los que debe enfrentarse quien acude a un servicio médico en una comunidad distinta a la suya. Para resolver esta situación, pide más presupuesto, personas y medios pese a la crisis, y aumentar la coordinación entre las administraciones para prestar una asistencia sanitaria con «equidad y universalidad».

La Ley Antitabaco, aunque entró en vigor este año, ya provocó en 2010 quejas de colectivos defensores de los fumadores, de empresarios de la restauración que habían reformado sus locales y de ciudadanos que denuncian las molestias que se producen en la calle.

En el informe se hace un llamamiento al Gobierno para que adopte medidas para no permitir la inducción al consumo de tabaco y para proteger a los no fumadores.


DETENCIÓN DE INMIGRANTES. A la defensora del Pueblo le preocupa, y así lo indica, la «ambigüedad» que observa en las normas que ha dictado el Ministerio del Interior sobre los inmigrantes indocumentados. Considera que con ellas «se podría favorecer la práctica de detenciones masivas», como denuncian muchos colectivos ciudadanos y partidos de la izquierda.

La institución del Defensor del Pueblo visitó en 2010 centros de internamiento de extranjeros y otros de menores de edad que llegan a España sin sus familias desde los que han recibido diversas quejas. Ha comunicado a la Administración las deficiencias detectadadas, para que las resuelvan, y ha reclamado un Registro Central de Menores para que éstos no permanezcan en una comunidad autónoma después de que su tutela se adjudique a otra, como ahora.


LENTITUD DE LA JUSTICIA. La lentitud de la Administración de Justicia siempre es motivo de queja entre la ciudadanía, y el año pasado también lo fue. La crisis económica ha hecho que lleguen más quejas sobre esta materia, porque al incrementarse los pleitos aumentó la lentitud en resolverlos.

La defensora del Pueblo considera que sería «una equivocación» aprobar nuevas reformas legales para intentar resolver problemas que son fruto de la disminución de los recursos. En concreto, indica que el proyecto de ley que hay en trámite para «agilizar» los procesos judiciales puede suponer una limitación de los derechos de los ciudadanos ante la Justicia.


OTRAS QUEJAS. También recibieron muchas quejas sobre urbanismo. La defensora denuncia que los ayuntamientos sólo aprueban planes urbanísticos cuando suponen una «rentabilidad económica» y no para tener «suelo bien ordenado».

En su informe propone que, como se ha aprobado en Andalucía y está en marcha en el País Vasco, se apruebe por ley que los ciudadanos tengan derecho a exigir el disfrute de una vivienda, como prevé la Constitución y ha planteado en el Congreso el diputado Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida.

La «mala atención» y el «alto coste» de los servicios de telecomunicaciones, la falta de penas alternativas a las de prisión para reducir el hacinamiento en las cárceles, los problemas en la Educación -la defensora «lamenta» que los partidos no hayan logrado un Pacto de Estado-, el medio ambiente, la dependencia y los problemas laborales también han sido objeto de muchas quejas de la ciudadanía.

La Eurocámara dice 'no' al ahorro

Eurodiputados de PP y PSOE votan juntos para seguir viajando en primera clase
Zapatero embusteroEntre los españoles, sólo los parlamentarios Ramón Tremosa, del CIU; Raül Romeva, de ICV; Oriol Junqueras, de ERC, y Rosa Estarás, del PP, apoyaron una enmienda a los cálculos de gasto presentada por un colega portugués.

La propuesta de Miguel Porta, miembro del grupo de la Izquierda Unitaria, proponía «establecer como regla general la compra de billetes de avión en clase económica para los vuelos de duración inferior a cuatro horas», con excepciones, por ejemplo, «teniendo en cuenta la edad de los distintos diputados y su estado de salud». Además, solicitaba que se aplicara la misma norma a los funcionarios del Parlamento.

La enmienda fue rechazada por 402 votos a favor, 216 en contra y 56 abstenciones. Todos los parlamentarios del PSOE y todos los del PP menos Estarás se opusieron a la medida. Entre otros, los populares Jaime Mayor Oreja, Carlos Iturgaiz, Teresa Jiménez-Becerril, Pilar del Castillo, Alejo Vidal-Quadras o Luis De Grandes, y los socialistas Luis Yánez, Juan Fernando López Aguilar, Enrique Guerrero o Eider Gardiazabal, que fue fotografiada hace unas semanas mientras fichaba un viernes para cobrar la dieta diaria y se iba de inmediato al aeropuerto.

Ante la presión popular y las feroces críticas en Internet ayer por la tarde, el PSOE anunció anoche que sus diputados pedirán ahora cambiar su voto en contra de la enmienda a la abstención.

El nuevo sistema de reembolso de gastos entró en vigor tras las últimas elecciones de 2009. Hasta entonces, los eurodiputados cobraban el equivalente al billete más caro de tarifa completa, pero lo administraban a su gusto sin presentar comprobantes. Desde ahora, tienen que justificar el gasto con la factura. Como resultado, es habitual ver en primera a los mismos eurodiputados que antes viajaban en turista. En cualquier vuelo entre Bruselas y Madrid se encuentran ejemplos del PP y PSOE.

Los parlamentarios también rechazaron otra enmienda que anima a la congelación de sueldos, aunque esto no dependa del Parlamento y esté ligado a la revisión obligatoria y automática salarial de los funcionarios europeos. La enmienda pedía que «no se actualice en 2012 la línea presupuestaria dedicada a los salarios y asignaciones de los diputados» e insiste en que «el ahorro en el Parlamento debe empezar por sus propios miembros». En marzo, los eurodiputados votaron un añadido para gastos de oficina de 1.500 euros mensuales, que se suma a otro similar el año pasado.

Sobre la congelación de gastos propios, todos los eurodiputados del PP y el PSOE votaron en contra o se abstuvieron, mientras que sólo Junqueras y Romeva votaron a favor. También la inmensa mayoría rechazó la congelación de las dietas, actualmente 304 euros para cualquiera que fiche aunque sea sin trabajar, y el aumento del control para que sólo se cobre los días con actividad laboral.

Pese a las quejas de Alemania o Reino Unido, los gastos de las instituciones de la UE siguen subiendo. El Parlamento Europeo propone así un presupuesto para 2012 un 2,3% más elevado que este año, y dedicado a sueldos, gastos administrativos y autopromoción.

Los Veintisiete tienen que dar el visto bueno al presupuesto comunitario a finales de año y varios gobiernos, con Londres y Berlín a la cabeza, se comprometieron a contener la subida de los gastos de la UE el año pasado, sobre todo cuando sus miembros están aprobando drásticos ajustes del gasto público en casa.

La Eurocámara asegura que, al menos, la subida está por debajo de la inflación de los Veintisiete y que podría haber sido mayor. Así, han rebajado en 13,7 millones su estimación oficial para becas, comunicación y mantenimiento de edificios. El portavoz del Parlamento, Jaume Duch, defendió ayer que «sólo se trata de las primeras orientaciones del presupuesto» y aún queda «mucho recorrido» antes de la aprobación formal a finales de año.

Aparte de las dietas, los gastos de viaje y de oficina, los eurodiputados sin cargos especiales tienen un sueldo que, después de pagar un impuesto europeo y un seguro de accidentes, suma 6.200 euros mensuales. España está entre los tres países de la UE que obligan a sus eurodiputados a declarar en casa, por lo que el salario del parlamentario español medio se queda en unos 5.000 euros.

OORBYT.es

> Videoanálisis de M. Ramírez.

>Eider Gardiazabal. Esta eurodiputada del PSOE fue retratada entrando del Parlamento Europeo y saliendo minutos después sólo para no perder la dieta de ese día.

> Pablo Zalba. Este eurodiputado del PP presentó una enmienda a una directiva comunitaria, después de escuchar la oferta económica que le hacía un falso 'lobby'.

CUANDO EL SOCIALISMO CORROMPE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO DE DERECHO: Las presiones del Gobierno socialista sobre sus 'colocados' en la judicatura, p

CUANDO EL SOCIALISMO CORROMPE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO DE DERECHO: Las presiones del Gobierno socialista sobre sus 'colocados' en la judicatura, pone en evidencia la catadura de la asociación "Jueces para la Democracia"

Madrid

Pons rechaza que se puedan cometer delitos «según el contexto político»

Critica el voto particular del magistrado De Prada, que justifica el chivatazo
Zapatero embusteroEl responsable de Comunicación del PP, Esteban González Pons, criticó ayer que el magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada haya defendido la «plena justificación» del chivatazo a ETA en un «proceso de negociación», ya que, a su entender, si se convierte «el contenido del Derecho en algo político, triunfa la arbitrariedad y muere el Estado de Derecho», según informa Europa Press.

De Prada emitió un voto particular en el que defiende que acciones como el chivatazo a ETA tienen «plena justificación» en el marco de «un proceso de negociación política o de un proceso de paz».

Zapatero embusteroEn un apunte en su perfil de Facebook, González Pons critica que el juez justifique el soplo. «¿Se pueden cometer impunemente delitos según sea el contexto político? ¿El contexto político legitima también la corrupción o la ocupación ilegítima del poder? ¿Quién y por qué decide cuándo en nombre del Estado se puede delinquir?», se pregunta.

Por su parte, el diputado del PP Ignacio Gil Lázaro, habitual encargado de interpelar sobre el caso Faisán a Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmó que «un juez no puede decir que en el ordenamiento jurídico existen espacios abiertos para la comisión de un delito». Gil Lázaro declaró a Servimedia que «repugna leer» el voto, y que la justificación del proceso de paz «produce un inmenso estupor jurídico y ético». Por el contrario, elogió el fallo de la mayoría del tribunal, que «permite dar un paso muy importante para el esclarecimiento de la verdad del chivatazo y supone un descalabro mayúsculo para el enésimo intento de Rubalcaba de darle carpetazo».

Zapatero embusteroDesde las filas de UPyD, Rosa Díez tachó de «disparatado» que un juez utilice argumentos «netamente políticos» para justificar la existencia de un proceso político con ETA.

Entre las víctimas, Rubén Múgica, hijo del dirigente del PSE asesinado por ETA Fernando Múgica, afirmó que el voto «parte del error de pensar que un Estado de Derecho puede sentarse a la mesa y hablar de tú a tú con una cuadrilla de criminales».

Las declaraciones de ayer se suman a las de los principales sindicatos policiales poco después de que se conociera el contenido del voto. «No compartimos que sea razonable justificar el soplo porque se estuviese en un proceso de negociación. Hay que aplicar el Estado de Derecho, si no nos vamos a la ley de la selva, a la dictadura y la inseguridad jurídica», dijo el responsable del SUP, José Manuel Sánchez Fornet. Desde el CEP, Lorenzo Nebrera aseguró que tuvo que leer varias veces las explicaciones de De Prada para convencerse de que eran ciertas. «Nos parece especialmente grave que el Estado de Derecho tenga que ajustarse a la política. Los delitos los marca el Código Penal».

MARÍA PERAL / Madrid

La APM cuestiona a Gómez Benítez

Cree que un negociador con ETA no debe estar en el Consejo del Poder Judicial
Zapatero embusteroLa Asociación Profesional de la Magistratura (APM) cuestionó ayer la permanencia del abogado José Manuel Gómez Benítez en el Consejo General del Poder Judicial por su papel como interlocutor de ETA en las negociaciones entre el Gobierno y la banda terrorista.

La APM, mayoritaria en la carrera judicial, hizo público un comunicado valorando las informaciones periodísticas -«no desmentidas»- sobre el contenido de esas negociaciones en las que, en su opinión, «se deslegitimó la actuación de los jueces» en operaciones antiterroristas.

Gómez Benítez tuvo que declarar recientemente ante el juez Pablo Ruz, que investiga el chivatazo a ETA, en relación a las afirmaciones que se le atribuyen en tres reuniones celebradas con la delegación etarra en septiembre de 2006. Su participación en las negociaciones se prolongó meses después, y según publicó EL MUNDO, en diciembre de 2006 aseguró a sus interlocutores que «estamos intentando» y «es nuestro interés» que el Supremo declare que Jarrai «no es parte de ETA».

Zapatero embustero Por lo que se refiere a los encuentros con los representantes de la banda terrorista de septiembre de 2006, las llamadas actas de ETA ponen en boca de Gómez Benítez afirmaciones como que, «a nivel de la Audiencia Nacional y de operaciones que puedan venir de lejos, es difícil poder pararlas totalmente. Lo intentaremos y en ocasiones lo conseguiremos, pero no siempre». Las detenciones de terroristas que se estaban produciendo durante la negociación fueron objeto de reproche por la delegación etarra, que las consideraba un incumplimiento de los compromisos del Gobierno.

La APM afirma que «en la medida en que se ha publicado sin desmentido alguno, sabemos que los comisionados del Gobierno han considerado las actuaciones de la Justicia como un problema y un obstáculo» para los fines del proceso negociador, y «entendieron que llevar a cabo actuaciones encaminadas a frustrar actuaciones judiciales supone una prueba de leal proceder».

La APM «rechaza y reprueba estos comportamientos, incompatibles con las previsiones constitucionales de separación de poderes e independencia judicial», y «de manera especial cuestiona la conveniencia de que uno de esos comisionados, Gómez Benítez, siga integrado en el CGPJ», órgano cuya razón de ser es «la defensa de la integridad de la jurisdicción y la independencia de los jueces».

Sin embargo, la portavoz del CGPJ, Gabriel Bravo, salió ayer en defensa de este vocal por su «capacidad de trabajo» y su responsabilidad y lealtad institucional en el Consejo.

MANUEL MARRACO / Madrid

El fiscal: «Detener a Jean Louis daría un vuelco a las investigaciones»

Rubira resalta la importancia de hallar al policía francés clave en atentados del GAL
El fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira afirmó ayer que la localización de Jean Louis B., el responsable de los GAL al otro lado de la frontera, permitiría resolver muchas incógnitas sobre los atentados. «Será interesante cuando se pueda identificar y detener a Jean Louis. Ahí sí que se daría un vuelco muy, muy, importante y se podrían descubrir datos relevantes de los atentados», dijo el fiscal en su informe final ante el tribunal que juzga a Miguel Planchuelo por los atentados de Batxoki y Consolation. El fiscal también mencionó el atentado de Monbar, «aún por investigar».

El nombre de Jean Louis ha aparecido en el juicio casi tanto como el jefe de Policía del País Vasco que se sienta en el banquillo. El primero en mencionarlo fue el testigo estrella, José Amedo, tal y como recordó ayer en su intervención final la abogada de la acusación popular Begoña Lalana: «Amedo, por primera vez en sus muchas declaraciones, manifiesta que puede ser que el dinero que se daba a Jean Louis sirviera para pagar las armas». A continuación, resaltó que «Jean Louis no ha podido ser identificado, y éste es uno de los puntos relativos a la intervención de los GAL que alguna vez debería ser objeto de aclaración: cuál fue la intervención de algunos policías franceses como mercenarios, y tal y como han descrito quienes han comparecido en esta causa».

Según publicó este diario el lunes, Jean Louis B. es un funcionario francés de 65 años cumplidos, que sustituyó al frente del GAL en Francia al policía Guy Metge, fallecido en accidente de tráfico en 1985. Desde entonces se convirtió en el cerebro de los últimos atentados de los GAL.

Al margen del papel de Jean Louis, la última jornada de juicio sirvió para que las partes expusieran sus conclusiones finales. La acusación popular reclama para Planchuelo 99 años de cárcel por seis tentativas de asesinato y pertenencia a una banda armada, aunque pide al tribunal que atempere las penas por las evidentes dilaciones indebidas. El juicio llega 25 años después de los hechos, lo que justifica la aplicación de la atenuante muy cualificada.

A juicio de Lalana, esta vez ya no vale el argumento que llevó al Supremo a no condenar por pertenencia en el caso Marey: que era la primera acción y no se podía hablar del carácter permanente del grupo. Esta vez los atentados son de 1986 y el escrito de acusación recoge en torno a 30 atentados de los GAL.

También se daría el requisito de que su finalidad fuese subvertir el orden constitucional. La abogada recordó que querían modificar las relaciones Francia-España y que puso en riesgo la entrada en la Comunidad Europea.

En su informe, la letrada mantuvo la vinculación del acusado con el traslado al sur de Francia de los tres mercenarios portugueses que ejecutaron los atentados, con el pago de los gastos de los GAL y con diversos comunicados de la organización.

Por su parte, el fiscal explicó que no ha encontrado indicios para modificar su petición inicial de absolución. Rubira, que estado presente en varias investigaciones de los GAL, destacó sobre la acusación de pertenencia que aún hoy «no está claro qué fueron los GAL» y los vinculó más al cobro de fondos reservados que a los atentados. También resaltó que hasta ahora ningún policía ha sido condenado como miembro de una organización terrorista.

«Nunca hemos querido suplantar a la defensa ni hemos entorpecido jamás ninguna investigación, pero en virtud del principio de legalidad no podemos acusar a Planchuelo», concluyó.

A continuación, el letrado de Planchuelo, José Aníbal Álvarez, consideró que la acusación contra el ex policía es temeraria -pidió la condena en costas- y resaltó que se había hablado mucho de los GAL y poco del atentado que se juzgaba. «Hemos hablado de todo, de Marey, de los GAL, pero de lo que se nos ha traído aquí poco, muy poco [...] Ningún testigo ha apuntado con el dedo a Planchuelo», insistió. Tras pedir que se investigue al periodista Melchor Miralles por mentir en su declaración testifical, concluyó con un «estamos aquí dios sabe por qué».

El juicio se cerró con el turno de última palabra de Planchuelo: «Me declaro inocente».

PARTIDOS: ¡Autovía a la excelencia, porque tú lo vales!


E. M.

Un instituto para los listos

Zapatero embusteroEl anuncio de Esperanza Aguirre de que creará un instituto para los listos de la clase si gana las próximas elecciones ha desencadenado una cascada de reacciones. La candidata popular quiere crear un Bachillerato de Excelencia para los alumnos que terminen la Educación Secundaria Obligatoria con más de un ocho de nota media.

La idea es que se formen cuatro grupos con una media de 20 alumnos por aula y que la matriculación en el centro sea voluntaria. Según la todavía presidenta de la Comunidad de Madrid, esta iniciativa es «otro paso más» para animar a los jóvenes de la región «a dar lo mejor de sí mismos, a esforzarse y a superarse», informa Europa Press.

Éstas son algunas de las opiniones que ha suscitado la propuesta.

Tomás Gómez. El candidato socialista al Gobierno regional considera que la «excelencia» en educación es que «se establezcan las condiciones para que un alumno que saque un cinco pueda sacar un siete, que el que tenga un siete pueda sacar un nueve, y que el que tenga un nueve pueda sacar una matrícula de honor». A su juicio, el proyecto educativo anunciado es una forma de «segregar la educación y la escuela», informa Efe.

En la Comunidad de Madrid señalan que el PSOE concurrió a las elecciones generales de 2008 con una propuesta en materia educativa similar la de los populares madrileños. «Impulsaremos un programa de alto rendimiento académico dirigido a los estudiantes con mejores resultados en las distintas áreas de conocimiento», según se promete en dicho documento.

Ángel Pérez. Para el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Madrid la propuesta de crear un Bachillerato de Excelencia es «algo así como que sólo su excelencia haga el Bachillerato». En su opinión, además de implicar un «criterio de élite», éste puede ser «peligroso»: «Puede haber más de cien alumnos aplicados. Al resto, o se le condena a la frustración, o sencillamente es una propuesta que no tiene salida».

Lucía Figar. La consejera de Educación acusa a los detractores del proyecto del PP de «confundir» la excelencia con el «elitismo» y la «meritocracia con el privilegio». «Los alumnos extraordinarios, al igual que los grandes deportistas, necesitan para seguir progresando más exigencia, mejores profesores y entrenamiento con otros de su nivel», argumentó ayer.

Francisco Granados. El consejero de Presidencia defiende que la iniciativa del instituto para listos de su partido forma parte de la «ola de excelencia» que se quiere extender por todo el sistema educativo, para acabar con una «situación lamentable derivada de las leyes socialistas».

Alberto Ruiz-Gallardón. El alcalde de Madrid apoya «incondicionalmente» la propuesta de Aguirre. Su interpretación es que «la búsqueda de la excelencia» es «una oportunidad y una obligación» pero «no para beneficio personal, sino para devolver a la sociedad lo que te ha dado», puntualizó ayer.

Defensor del Menor. Arturo Canalda califica el Bachillerato de Excelencia como una iniciativa «muy interesante que hay que fomentar». Del mismo modo, sugiere que «hay que conseguir que aquellos que tienen más dificultades lleguen al nivel de excelencia», informa Gema García.

Sindicatos. Diferentes asociaciones de sindicatos docentes (ANPE, FETE-UGT, STEM, USO y FE-CCOO) han mostrado su rechazo al anuncio de Aguirre y han coincidido en reclamar «un plan consecuente para todos los alumnos» para evitar la segregación escolar. Por ejemplo, Carlos Sanz, de STEM, considera la medida «aislada, parcial y, de alguna manera, de cara a la galería».

Asociaciones de padres. No se ponen de acuerdo en su valoración de la medida educativa para los expedientes más sobresalientes propuesta por la candidata popular. La Concapa la aplaude siempre que sirva para «estimular» el estudio de los alumnos y equipara la iniciativa con un «premio» para los estudiantes que más se han esforzado. Para la Ceapa, en cambio, se trata de «una medida electoral» y apuesta por buscar la excelencia en Primaria y Secundaria («donde hay en torno a un 35% de fracaso escolar») en lugar de en Bachillerato.

Ángel Gabilondo. El ministro de Educación consideró ayer que hay que atender a los estudiantes con mejor rendimiento y que hay que hacerlo sin aislarlos ni separarlos. «Poco amigo de polémicas», se mostró partidario de que el debate sobre los estudiantes de mejor rendimiento se haga «serenamente».

J. G. T.

Las paradas de los autobuses también tendrán internet

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ya está metido de lleno en la tarea de vender gestión de cara a las elecciones autonómicas y municipales del próximo 22 de mayo. Primero, protagonizó ayer el foro de Madrid del PP regional, y en un acto posterior avanzó que las paradas de autobuses de la EMT tendrán acceso gratuito a wi-fi. El servicio ya se da en el en el interior de los buses.

MARTA BELVER

¡Dios nos libre de otro socialista Berzoso en la Complu! Escrutinio de infarto

Un escrutinio de infarto en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) decidió después de las dos de la madrugada que José Carrillo y José Iturmendi pasarán a la segunda vuelta de las elecciones a rector tras desbancar a sus otros cuatro contrincantes, pero sin conseguir la mayoría absoluta. La tensión se mantuvo hasta el último minuto cuando el recuento de los votos de una mesa de la facultad de Derecho propició que Iturmendi arrebatara la segunda posición a Carlos Andradas, que había conservado ese puesto incluso con el 94,4% de las papeletas ya contabilizadas.

Los dos vencedores de esta primera vuelta tendrán que medir sus fuerzas en una nueva cita con el sufragio el próximo 13 de abril. En esa ocasión se enfrentarán cara a cara el proyecto de izquierdas de Carrillo y el programa de centro derecha defendido por su contrincante en las urnas, catedrático de Filosofía del Derecho, Moral y Política.

El veredicto de los votos apeó a última hora de la competición a Carlos Andradas, el candidato apoyado por el rector saliente, Carlos Berzosa. Obtuvo un 26,7% de los apoyos, sólo unas décimas menos que Iturmendi (27,06%), que protagonizó un sorprendente sprint final en el ranking de resultados. También se han quedado fuera de las quinielas Luis Perdices (10% de los votos), Patxi Aldecoa (5,5%) y Jesús Sánchez Lobato (3,5%).

El vencedor de la jornada electoral de ayer por un estrechísimo margen fue Carrillo, con el 27,1% de los apoyos. El catedrático de Matemáticas ha prometido que si gana aplicará en la Complutense una gestión rigurosa y un gobierno basado en el diálogo y el consenso. De los 18.687 votos emitidos, 17.494 fueron a parar a alguna de las candidaturas presentadas. Además, hubo 910 papeletas en blanco y 283 nulas.

Al cierre de esta edición, un comunicado de la Complutense informaba de que las elecciones quedaban pendientes de la decisión que adopte la Junta Electoral sobre un incidente en una mesa ubicada en la Facultad de Geografía e Historia, lo que podría provocar que se repitiera la votación en esa mesa del profesorado.

Además, ampliará hoy los beneficiarios de la denominada Tarjeta Azul de la EMT. Fue creada en 2009 y permite utilizar ilimitadamente los buses municipales, el Metro y la línea 1 de Metro Ligero por un precio mensual muy reducido: 5,50 euros al mes. Sólo podían acceder a ella las personas de más de 18 años con un grado de discapacidad igual o superior al 33% cuyos ingresos personales no superaran el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), que es de 532,51 euros.

A partir de esta modificación, podrán ser beneficiarios quienes, independientemente de su edad, tengan un grado de discapacidad igual o superior al 33% con ingresos personales que no superen tres veces el Iprem, valorando los ingresos personales y no los de la unidad familiar.

Pero la jornada electoral comenzaba pronto. El alcalde y la presidenta de la Comunidad escenificaron su acercamiento en el foro de Madrid organizado por el PP regional. Ruiz-Gallardón azuzó el espantajo de la llegada de la izquierda. Aguirre dijo del alcalde: «Alberto Ruiz-Gallardón es incapaz de estarse quieto, de no meterse en líos. A los políticos de raza nos gusta meternos en líos, cambiar lo que no nos gusta».

El regidor hizo un discurso mitinero en clave nacional en el que arremetió contra el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el zapaterismo. A su entender, que diga que se va pero que se mantenga liderando el PSOE y el Gobierno -como hizo José María Aznar en su última legislatura-, «es uno de los errores históricos del PSOE». Llegó a decir que los socialistas lo quieren «esconder» y hasta que se «avergüenzan», para señalar que tiene la intención de sucederse a sí mismo.

Finalmente, hizo un análisis catastrofista de lo que sería un Gobierno de coalición de PSOE e IU, que acabaría con los logros alcanzados.

MIGUEL CARBONELL

La polémica de la mezquita

La inminente construcción de una gran mezquita junto al río Guadarrama a su paso por la colonia Romacalderas de Collado Villalba ha puesto en pie de guerra a los vecinos de esta tranquila zona residencial. La parcela en la que está previsto que se construya el centro religioso amaneció ayer con grandes carteles de «No a la mezquita» junto a una cabeza de cerdo que fue colocada en el tronco de un árbol.

En otra parte del terreno, que está vallado y tiene una superficie de 1.800 metros cuadrados, se podía ver una bandera de España junto a un cochinillo semienterrado.

Según cuenta Raúl, uno de los vecinos afectados por el proyecto de la mezquita, «esta mañana me ha llamado la atención que la gente se paraba frente a la parcela y es cuando me he dado cuenta de que habían colgado la cabeza de cerdo». Horas después, una patrulla de la Policía Local se personaba junto a unos operarios del Ayuntamiento, que procedieron a su retirada.

Todo se remonta a 2009, cuando la Asociación Religiosa Islámica Mezquita Al Iman, de Collado Villalba, solicitó permiso al Ayuntamiento para construir una mezquita bajo la denominación de 'Centro Cultural Islámico'.

Cuando la noticia llegó a oídos de los vecinos, decidieron movilizarse por considerar que el lugar es «poco idóneo» para ello. «En la zona sólo hay viviendas unifamiliares, no existen servicios de ningún tipo, apenas hay espacio para aparcar, los accesos son peligrosos, la vereda del río es una zona de alto valor ecológico a proteger y la parcela de la Asociación Islámica linda con una guardería», alegan.

Desde el Área de Urbanismo del Ayuntamiento se han limitado a enviar un comunicado a los cuatro vecinos colindantes con el terreno en el que se les informa de que pueden «formular reparos u oposiciones sobre la instalación de un Centro Cultural, Educativo y de Culto (Mezquita)», para lo que les da un plazo de 20 días. Todos los vecinos han presentado alegaciones, entre otras, la pérdida de valor que, creen, sufrirán sus viviendas cuando la mezquita entre en funcionamiento.

La Asociación Religiosa Islámica lleva años reclamando la construcción de una mezquita que dé cabida a los miles de fieles musulmanes que acuden a orar al pequeño local con que cuenta ahora la citada asociación, en la calle Pío XII de Collado Villalba.

Los vecinos alertan del hecho de que lo que tanto desde el Consistorio villalbino como desde la propia asociación mahometana denominan centro cultural islámico, «es en realidad una mezquita de ámbito comarcal» que cubrirá las necesidades de culto islámico de decenas de localidades con amplia población inmigrante de origen magrebí, como Galapagar, Guadarrama o la propia Collado Villalba. Los vecinos, que han trasladado su oposición a los distintos grupos políticos del Ayuntamiento, buscan el apoyo de la oposición, aunque sólo han recibido respuesta por parte de Agustín Juárez, candidato a la Alcaldía por el PP. Esta formación hizo llegar un comunicado a los habitantes de Romacalderas para expresarles su respaldo ya que, según los populares, el barrio no está preparado para albergar una infraestructura de estas características. Juárez preguntó al equipo de Gobierno socialista, liderado por el alcalde, José Pablo González, si pensaban acometer algún tipo de obra de acondicionamiento, dado que incluso una de las calles a las que da la parcela está sin asfaltar. El regidor contestó que no es necesario, porque la mezquita no atraerá más tráfico «que el que congrega el restaurante situado en la misma zona».

En las listas del PSOE

Se da la circunstancia de que el imán de Villalba, Ayad Tachfine el Harchi, figura como número cinco en las listas del PSOE a las elecciones del 22 de mayo, lo que los vecinos interpretan como una forma «de atraer el voto inmigrante». El Harchi figura como representante de la asociación que promueve la nueva mezquita, que, según ha podido saber EL MUNDO, ha pedido licencia de obra para levantar una estructura de 500 metros cuadrados en tres alturas, dos sobre rasante más un sótano (que no computa, por lo que la superficie total podría alcanzar los 750 metros), en la que la planta superior deberá estar destinada a vivienda, tal y como exige el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente para ese sector del municipio.

De esta forma, la parte de arriba del edificio serviría de «alojamiento permanente» para el imán, y las plantas bajas estarían destinadas al culto.

El alcalde defiende el proyecto

>El PP con los vecinos. Agustín Juárez, candidato a la Alcaldía por el PP, respalda a los vecinos que se oponen al centro islámico y ha preguntado si se harán obras de acondicionamiento en la zona.

>Respuesta del alcalde. José Pablo González, el regidor socialista, ha señalado que no es necesario hacer obras porque la mezquita no atraerá más tráfico que ahora.

LEONOR MAYOR / Barcelona

Rajoy pide a Zapatero que pague su deuda con Mas

Apoya ahora el Fondo de Competitividad de 1.400 millones

Zapatero embusteroEl debate político bascula estos días en Cataluña sobre el llamado Fondo de Competitividad. Se trata de 1.450 millones de euros que, según un pacto firmado en su día entre José Montilla y José Luis Rodríguez Zapatero, el Estado debe pagar a Cataluña en 2011. Sin embargo, aquel acuerdo concedía al Gobierno central dos años para liquidar esta deuda. Zapatero se ha agarrado a esa cláusula para aplazar el pago, pero Artur Mas, presidente de la Generalitat, inmerso en un plan de recortes, no se conforma y exige al Estado que pague ese dinero de inmediato.

El presidente del PP, Mariano Rajoy, intervino ayer en la polémica para ponerse ahora del lado de Mas: «Zapatero tiene que cumplir la ley aunque no le guste. Las reglas del juego deben respetarse», indicó, exigiendo así a Zapatero que entregue a Mas los 1.450 millones de euros del Fondo de Competitividad. Este fondo se aprobó en desarrollo del Estatut, que fue recurrido por el PP.

No fue éste el único guiño que Rajoy hizo a Mas -podría convertirse en su futuro socio de gobierno- ayer, durante la visita del popular al Parlamento de Cataluña, que, desde el PP, se calificó de «histórica». Rajoy secundó también los recortes que el Ejecutivo de Mas está llevando a cabo. Se trata de una reducción del 10% de todas las partidas presupuestarias, cuyo objetivo final es rebajar el elevado déficit público de esta comunidad autónoma, que se sitúa en el 3,6% del PIB, y que, de acuerdo con las directrices del Gobierno central y de la Unión Europea, debe reducirse al 1,3%.

«Hay cosas que deben hacerse. La Unión Europea no nos permite mantener un déficit del 10%. Buena parte de los problemas económicos vienen de ahí. Los bancos sólo prestan a las administraciones, mientras que a las familias y a los emprendedores se les cierra la puerta del crédito», afirmó Rajoy, respaldando la política de recortes, aunque sin dar detalles de qué partidas rebajará en caso de llegar al poder.

El líder popular se mostró también dispuesto a «escuchar» a Mas en un tema que para el presidente catalán es capital: el pacto fiscal. Mas quiere vender caro su hipotético futuro apoyo al Gobierno central que resulte de los comicios de 2012. El president planteará a quien le necesite para gobernar, sea el PP o sea el PSOE, que conceda a Cataluña un nuevo sistema de financiación, similar al vasco y navarro, por el que esta comunidad recaude todos los impuestos que se devenguen en su territorio y entregue una pequeña parte al Estado para contribuir a los gastos comunes.

El propio Mas da por hecho que, si Rajoy obtiene mayoría absoluta, su petición no tiene futuro. «Me gustan las leyes y tengo unas convicciones», dijo Rajoy, insinuando que no es partidario de modificar el actual modelo de financiación autonómica, pero también subrayó su disposición a «escuchar» para no cerrarse ninguna puerta de cara a futuras negociaciones con los nacionalistas.

Pero las buenas vibraciones entre ambos líderes terminan ahí. Rajoy no pudo reprimir la crítica hacia el presidente catalán por el hecho de que éste haya votado a favor de la independencia en un referéndum carente de valor jurídico que se celebra estos días en Barcelona.

El presidente del PP, partidario de «la unión» y poco amigo de la división, aseguró que consultas de este tipo crean «incertidumbre» y subrayó que esa inseguridad puede generar «dudas en la economía». «Estos debates no ayudan a salir de la crisis», concluyó el líder popular.

M. S. / Madrid

Chacón no hablará hasta el 23-M, Ibarra anuncia sorpresa y Vara se descarta

Zapatero embusteroEl día 23 de mayo estallará el PSOE. O el día 24. Puede que si aún resiste, incluso lo haga el 29 del mismo mes. Todos los máximos dirigentes del partido parece que se están guardando sus cartas de cara al proceso de primarias para mostrarlas abiertamente la semana posterior a las elecciones municipales y autonómicas del 22-M.

El martes supimos que Alfredo Pérez Rubalcaba empezará a contestar a todas las preguntas sobre la sucesión y su más que previsible candidatura al proceso de primarias a partir del 24 de mayo. José Blanco avanzó que será el 29, un día después del Comité Federal, cuando avance sus preferencias sobre los posibles candidatos.

Ayer fue Carme Chacón quien indicó que hablará el día después del 22-M. «Yo hasta el 23 de mayo no voy a decir nada».

A todo esto se unió el ex presidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra, con un mensaje inquietante. «El día 23 de mayo diré algo que sorprenderá». El dirigente extremeño aseguró que, hasta esa fecha, nadie le «sacará nada», aunque indicó que no está en su voluntad presentarse como candidato a las primarias.

Otro que se descartó ayer fue su sucesor. El actual presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, dijo que forma tajante que él no será candidato a la Presidencia del Gobierno.

Vara indicó que tiene un firme compromiso con Extremadura, y que seguirá en política mientras continúe como presidente de la Junta, que será su último cargo. «Ni siquiera me presentaría para alcalde de mi pueblo, que me haría mucha ilusión», añadió.

El tema que sí abrió el dirigente extremeño es la posibilidad de adelantar el Congreso del PSOE al otoño de 2011, en contra de las previsiones fijadas por la dirección socialista, que tiene previsto fijar el cónclave del partido en el verano de 2012, tras las elecciones generales.

En cuanto a la cuarta carrera de El Hipódromo del PSOE, el anuncio de José Luis Rodríguez Zapatero de no presentarse a los comicios ha desencadenado una lucha encarnizada entre Alfredo Pérez Rubalcaba y Carme Chacón, que llevan días liderando la carrera, uno u otro, por apenas una docena de los casi 13.000 internautas que han votado en estos tres días.

Al cierre de esta edición, Chacón lideraba la carrera por dos décimas, con más del 21% de los votos. Detrás, Rubalcaba no se separaba un milímetro.

El resto de jinetes les seguía mucho más atrás. El secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, sorprendente vencedor la semana anterior, se situaba en tercera posición con más del 11%.

Y, ya muy detrás, José Bono mantenía su porcentaje habitual en las cuatro carreras -en torno al 7%-; dos puntos por encima del nuevo jinete, el ex presidente Felipe González, que no llega al 5%; y muy por delante de los dos rezagados en la competición: la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar; y el ex ministro de Trabajo Jesús Caldera.

CARMEN REMÍREZ DE GANUZA / Madrid
MARIANO GASPARET / Valencia

Génova presiona a Camps para excluir a Costa

La dirección del PP pretende evitar que Valencia oficialice la propuesta de Fabra
De nuevo, el PP nacional y el de Valencia tensan sus cuerdas. Esta vez la presión es algo más sutil, pero presión al fin y al cabo es lo que Génova está ejerciendo en las últimas semanas, y contrarreloj en las últimas horas, para que Francisco Camps excluya al ex secretario general del partido valenciano Ricardo Costa de las listas electorales autonómicas.

Desde que Rajoy decidió confirmar a Camps como candidato a la Generalitat pese a su complicado horizonte procesal, en la cúpula del PP se ha instalado una atmósfera de melancolía en la que se diluyen todos los viejos esfuerzos.

Así, de aquella vaga promesa de compensar lo de Camps con una genérica renovación en las listas de Valencia, sólo ha quedado una abierta reticencia hacia la continuidad de Costa. Génova no pone reparos a la candidatura de Vicente Rambla, -también implicado en Gürtel- y hasta ha mediado en favor de la continuidad de José Joaquín Ripoll, implicado en Brugal. Lo que no perdona la dirección popular a Costa es su mala imagen. Se trata, según fuentes oficiosas, de la «cabeza visible» del presunto entramado de corrupción. Y, pese a haber cumplido disciplinadamente con su suspensión de militancia, en la dirección nacional no olvidan la crisis interna que precedió al expediente sancionador. Las fuentes consultadas apuntan que, no por casualidad, María Dolores de Cospedal habló con Camps sobre las listas el pasado sábado en Valencia.

Desde la Secretaría de Organización de Ana Mato se dice oficialmente que el comité electoral nacional de mañana aprobará, casi con seguridad, «lo que venga de Valencia», incluido Costa. Pero también se advierte de que dicha propuesta todavía no ha llegado a Madrid. Todo un aviso para navegantes.

Como el presidente del PP en Castellón, Carlos Fabra, que no ha querido aguardar a que el comité electoral regional presente la candidatura autonómica de su provincia -una impaciencia acorde con la autonomía que siempre se ha arrogado-, dando a conocer su lista, que, encabezada por él mismo, incluye a los citados Ricardo Costa y Vicente Rambla, vicepresidente primero de la Generalitat.

De este modo tan poco discreto, Fabra intentaba impedir retoques de última hora por parte de Camps, por más que fuentes próximas a la dirección valenciana advirtieron -como Génova- de que «las listas las hace y las aprueba el comité electoral, lo de Castellón sólo puede ser entendido como una propuesta».

Sea o no modificada, la lista de Fabra cobra, además, más importancia después de que el martes por la noche Francisco Camps sorprendiera a propios y ajenos anunciando que los candidatos a las alcaldías de Castellón y Alicante, Alberto Fabra y Sonia Castedo, serán también sus números uno en las listas autonómicas.

Los primeros sorprendidos, los agraciados, que tendrán que compaginar su campañas locales con actos en distintos tintos municipios de sus provincias. Los segundos, los mismos barones provinciales, que hace tiempo creyeron haber disuadido a Camps de una estrategia que puede venirle bien para minimizar una posible diferencia entre el voto autonómico y municipal -y velar un posible voto de castigo a su candidatura-, pero que a buen seguro supondrá un trabajo añadido para los candidatos de dos ciudades en las que al PP no le sobran los votos: unos pocos miles de sufragios les separan de los escaños de la oposición.

La confianza de Génova en influir sobre Camps en torno a Costa no es mayor que la de sus barones. Y su desconcierto crece al escuchar sus discursos. Ayer, el presidente de la Generalitat y su plana mayor celebraron la presentación de su programa electoral, un compendio de propuestas continuistas y sin reformas de calado para encarar la crisis. Camps reivindicó con denuedo el trasvase del Ebro, «del que falta sólo la tubería», dijo, y la construcción de aeropuertos, como el recientemente inaugurado en Castellón, «porque sin aeropuertos no hay aviones, sin vías no hay trenes y sin carreteras no hay camiones». Tal cual.

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