No sé que ocurre con ImageShack, pero no carga el Gif animado de hoy. Tendré que utilizar TinyPic, que lo deseché hace tiempo por poco resistente

EDITORIALES: La guerra de Zapatero: De Sadam a Gadafi: entre lo moral y lo legal

De Sadam a Gadafi: entre lo moral y lo legal

AUNQUE por muy poco, la histórica resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Libia ha llegado a tiempo para impedir lo que ya se antojaba inevitable: que Gadafi recuperara el control sobre todas las localidades que permanecen liberadas y, sobre todo, que provocara una masacre en Bengasi, feudo de los rebeldes. La comunidad internacional es un pesado elefante que se mueve con lentitud exasperante. Y nadie entendía cómo podía seguir cruzada de brazos mientras el régimen libio ejerce una brutal represión sobre parte de su población. Pero, finalmente, el clamor de la opinión pública mundial y el que Gadafi, envalentonado, abusará sin límite de la fuerza, obligaron a los miembros del Consejo de Seguridad a ejercer su responsabilidad.

La resolución aprobada -un logro, en buena medida, de los oficios de la diplomacia francesa- va mucho más allá de instar al establecimiento de una zona de exclusión aérea sobre Libia. Quizá esto hubiera sido efectivo hace 10 días, cuando hasta la Liga Árabe dio su visto bueno. Pero ahora no, porque las tropas gadafistas han acorralado a los rebeldes. Por eso la resolución autoriza a los miembros de la ONU a llevar a cabo «todas las medidas necesarias» para proteger a los civiles, lo que avala una amplia operación militar -excluyendo, eso sí, el establecimiento de una fuerza de ocupación extranjera-. Tan lejos ha ido Gadafi que a la comunidad internacional ya no le vale otra cosa que su derrocamiento. Qué situación tan inversa a la de esos tiempos aún cercanos en los que él y su jaima eran recibidos con honores en toda Europa, España incluida. Acabar con su régimen, no nos engañemos, es el objetivo final de la misión militar internacional, «sin vuelta atrás», como admitió ayer Zapatero y como corrobora en una entrevista exclusiva a EL MUNDO el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.

Gadafi, que ha visto las orejas al lobo demasiado tarde, ayer anunció un «alto el fuego» para tratar de ganar tiempo, aunque la realidad es que no cesaron los bombardeos en Misrata, Ajdabiya y otros lugares. Así las cosas, la OTAN está preparada para intervenir en cuestión de horas. Francia y el Reino Unido se adelantaron con el envío inmediato a la zona de cazas militares. El anuncio de Zapatero de la participación española en la operación bélica da un giro radical a su política de Defensa, hasta ayer siempre en clave de un pacifismo mal entendido. Por lo pronto, ha autorizado el uso de aviones y barcos de guerra, y ha puesto a disposición de la OTAN las bases militares de Morón y Rota, solicitando autorización al Congreso. Rajoy no tardó en confirmar su respaldo.

Se hace inevitable comparar el apoyo de los populares al Gobierno ante esta inminente operación bélica con la oposición feroz con que el PSOE desgastó al Gobierno de Aznar por su respaldo a la Guerra de Irak. Máxime porque entre ambos casos hay importantes diferencias legales, pero demasiadas similitudes de carácter político y moral.

La intervención en Libia tiene el aval del Consejo de Seguridad; la de los Aliados en Irak no lo tuvo, y por tanto, se produjo en contra del Derecho Internacional -aunque una vez derrocado Sadam, EEUU sí logró que la ONU avalara la misión militar para pacificar el país-. Pero más allá de esta diferencia legal -y la legalidad en Naciones Unidas está condicionada por las contingencias y las alianzas políticas de cada momento-, Sadam era un sátrapa tan sanguinario o más que Gadafi, que cometió crímenes contra la humanidad y planificó un genocidio contra los kurdos. Y ello permitió justificar aquella guerra con las mismas razones humanitarias que ahora se invocan en ayuda de los libios. El Gobierno cuenta en este caso con una cobertura legal para respaldar nuestra intervención en Libia de la que careció Aznar en 2004. Pero quienes enarbolaron el no a la guerra entonces por razones morales -a las que se sumó con habilidad el PSOE-, difícilmente encontrarán argumentos éticos para defender otra postura ahora.

Insiste contra toda evidencia en que la nota de la Policía era «cierta»

Rubalcaba miente de nuevo, pero ahora compromete al Gobierno

LA TÁCTICA habitual de un mentiroso consumado cogido en falta es seguir insistiendo en su mentira contra toda evidencia. Esto es lo que hizo ayer Rubalcaba en su reaparición al afirmar que «la nota de la Policía» en la que desmentía que la juez hubiera dado un plazo de 10 días para identificar a los tedax que recogieron los explosivos el 11-M «es cierta desde la primera hasta la última línea». La nota -que en realidad era de Interior o sea de Rubalcaba- contenía tres falsedades flagrantes y demostrables. La primera es que decía que era «rotundamente falso» que la juez hubiera dado un plazo de 10 días, lo cual era cierto como se puede comprobar en la providencia firmada por la juez que EL MUNDO vuelve hoy a reproducir. La prueba de que había un plazo es, además, que Interior entregó esa información a la semana siguiente a la juez, que ya la había solicitado en marzo de 2010. Por eso, la nota mentía también cuando afirmaba que era «la primera vez» que la juez pedía la relación de los tedax y que Interior siempre había colaborado con la Justicia. Resulta muy grave que Rubalcaba siga aferrado a sus falsedades, pero todavía es peor que utilizara ayer su comparecencia como portavoz del Gobierno para intentar engañar a la opinión pública. Eso es sencillamente intolerable. Una conducta así sería motivo de dimisión inmediata en cualquier país democrático. Zapatero no puede permanecer de brazos cruzados ante una conducta que le compromete.

Líder del catalanismo en Valencia

Eliseu Climent, bajo sospecha

LA SOMBRA de la sospecha se cierne sobre Eliseu Climent, editor y jefe del lobby catalanista en Valencia. La Guardia Civil ha llegado hasta él en la investigación del caso Pretoria. Según el informe que obra en poder de la Fiscalía Anticorrupción, Climent desvió más de tres millones de euros -procedentes de subvenciones de la Generalitat- de distintas fundaciones a tres empresas suyas y de su mujer. Incluso hay pagos destinados a sus cuentas personales. El caso de Climent tiene algunas semejanzas con el de Millet, el responsable del Palau que también se quedó con unos cuantos millones de la institución. Ahora serán el juez y la Fiscalía quienes tendrán que indagar sobre las posibles responsabilidades penales de Climent, pero el asunto no pinta bien para el líder de la causa de los Paisos catalans.

Martín y Jove, en los tribunales

¿Entre pillos anda el juego?

UNA DE LAS ACEPCIONES de pillo que recoge el DRAE es «sagaz, astuto». En este ámbito podríamos situar el contencioso que mantienen Fernando Martín y Manuel Jove y que, de momento, ha desembocado en la admisión a trámite de una demanda presentada por el primero. Martín ha denunciado a Jové porque considera que éste falseó la valoración de Fadesa, compañía que compró en 2006, y ese engaño provocó que tuviera que suspender pagos en 2008 mientras el gallego trepaba al ranking de Forbes de los 1.000 más ricos del mundo. El juez decidirá, pero resulta llamativo ver que dos empresarios que hicieron mucho, mucho dinero con pelotazos inmobiliarios en los tiempos de la burbuja negociando con las valoraciones pleiteen entre ellos por hacerse trampas.

LA GUERRA DE ZAPATERO: Exige que deje el poder y le advierte que "no tiene vuelta atrás". Dispone para el ataque cazas de combate F-18 , una fragata,

MARISA CRUZ / Madrid

Zapatero implica a España en una guerra para derrocar a Gadafi

Ofrece barcos y aviones del Ejército español además de las bases de Morón y Rota para las acciones ofensivas en Libia
Exige al dictador que deje el poder y le advierte que ésta es una iniciativa internacional que no tiene «vuelta atrás»
Ultimátum aliado a Trípoli: «No debe avanzar sobre Bengasi y tiene que retirarse de Ajdabiya, Misrata y Zawiya»

Felipe González y José María Aznar tuvieron las suyas. Ahora le toca a Zapatero. Una guerra. Ayer, el presidente del Gobierno anunció públicamente que España participará en la intervención militar en Libia, que ya organiza la comunidad internacional, con un triple propósito: frenar la represión que el dictador Muamar Gadafi ha desatado contra su propio pueblo, conseguir que abandone el poder y propiciar el cambio democrático en el país magrebí.

«España asume por completo su deber con el cumplimiento y la aplicación de la Resolución 1973, con la Carta de Naciones Unidas y con la comunidad internacional», aseguró el presidente antes de advertir: «Que nadie se equivoque, no nos vamos a dejar engañar por el régimen libio».

La guerra en la que Zapatero está dispuesto a embarcar a España cuenta con la luz verde del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y ése, sin duda, es el gran aval. No se entendería de otra forma que quien defendió abiertamente el no a la intervención en Irak e incluso retiró las tropas de aquel país nada más llegar a La Moncloa, adoptara la decisión que ayer anunció desde el palacio de La Moncloa acompañado por el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon.

Hoy, la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad diluye cualquier reticencia. El acuerdo del sanedrín de la ONU no deja lugar a dudas. Es claro, duro y taxativo y llama sin ambigüedad a la comunidad internacional a imponer la exclusión del espacio aéreo libio a fin de que el dictador no pueda seguir masacrando a su pueblo. Además, exige a Gadafi el cese inmediato de la represión, so pena de dar pasos más tajantes que podrían, llegado el caso, plasmarse en otro acuerdo del propio consejo.

Lo que sí se ha puesto ya en marcha es la preparación de la querella contra Gadafi por crímenes contra la Humanidad por parte del fiscal del Tribunal Penal Internacional. Previsiblemente, la demanda estará lista para el mes de mayo.

España, tal y como avanzó el presidente, participará hoy en la Conferencia de Generación de Fuerzas que celebrará la OTAN en Bruselas, dispuesta a poner sobre el tablero barcos, aviones y las bases militares de Morón y Rota. Éstas estarán a disposición de los aviones norteamericanos que participen en la operación y que deben hacer escala.

Zapatero, por su parte, acudirá a París, donde el presidente francés, Nicolas Sarkozy, ha convocado una reunión extraordinaria de los países que han mostrado su intención de formar parte de la coalición militar. España ha sido invitada junto a Reino Unido, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Italia, Canadá, Australia, Estados Unidos, Qatar y Emiratos Árabes. La canciller alemana, Ángela Merkel, no ha sido llamada porque su Gobierno, que se abstuvo al votar la Resolución, ya ha rechazado que sus soldados participen en la intervención. Será en esta cita en la que el jefe del Ejecutivo anuncie con detalle la aportación de medios españoles.

Ayer, a media tarde, el presidente del Gobierno se reunió en Moncloa con la Comisión Delegada de Seguimiento para Situaciones de Crisis para planear los ofrecimientos que hará España en la Conferencia de Generación de Fuerzas. A la reunión asistieron los tres vicepresidentes, las ministras de Exteriores y Defensa, el ministro de la Presidencia, el director general del Centro Nacional de Inteligencia, el jefe del Estado Mayor de la Defensa y el jefe del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Justo antes, y tras almorzar con Ban Ki-moon, Zapatero había mantenido en Zarzuela un despacho extraordinario con el Rey Juan Carlos y con el Príncipe de Asturias.

Desde Moncloa, a media mañana ya se había iniciado el procedimiento para solicitar al Congreso la autorización preceptiva, de acuerdo con la Ley de la Defensa Nacional, para movilizar tropas en una intervención en el exterior. Está previsto, en principio, tal y como apuntaron fuentes gubernamentales, que sea el propio presidente del Gobierno quien comparezca el próximo martes ante el Pleno del Congreso para exponer las razones de España y someter su decisión de ir a la guerra a la votación de los grupos parlamentarios.

Dicha autorización sólo se solicita para el despliegue de medios aeronavales, y no para la puesta a disposición de las bases de Morón y Rota, ya que el uso de éstas se contempla en el Convenio de Defensa firmado entre España y EEUU.

Para Zapatero, la Resolución 1973 de la ONU no sólo es definitiva para afrontar la crisis libia, sino que, además, adquiere una relevancia «histórica» por cuanto «da efectividad» al principio de protección de la población civil, alejando cualquier sombra de colisión con otro principio recogido en la Carta de Naciones Unidas: el de no injerencia. El acuerdo cuenta, además, con el respaldo de la Liga Árabe y de la Unión Europea, lo que amplía su solvencia.

«La resolución es clara», aseguró el presidente del Gobierno, «para forzar al régimen de Libia a que cese de forma inmediata y total las acciones represivas contra los civiles». Zapatero aprovechó para hacer un «llamamiento apremiante» al régimen de Gadafi para que «cese radicalmente el uso de la violencia contra su pueblo y dé paso, tras abandonar el poder, a un cambio democrático en Libia». Utilizando palabras tajantes, el presidente advirtió, además, que la decisión de la comunidad internacional no tiene «marcha atrás».

Mientras pronunciaba estas frases, el dictador libio se apresuraba a anunciar un alto el fuego inmediato. No obstante, las potencias internacionales no le creyeron. Al menos, España no le creyó.

Zapatero lo dijo con claridad: «Que nadie se equivoque. La comunidad internacional no se va a dejar engañar por el régimen libio, va a verificar con todos los medios a su alcance el cumplimiento estricto de la resolución de la ONU».

La urgencia de intervenir en Libia para frenar a Gadafi se puso de manifiesto anoche cuando los países miembros de la OTAN decidieron adelantar a hoy la conferencia de Generación de Fuerzas que, en principio, se había previsto para el domingo. A la misma no asistirá la ministra de Defensa, ya que se desarrollará con la presencia de altos mandos militares. Para el lunes, la Unión Europea ha convocado Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores.

ROBERTO BENITO / Madrid

España ofrecerá unidades de ataque

Pondrá a disposición de la OTAN varios cazas de combate F-18 y una fragata

España acudirá hoy con las manos llenas a la reunión que mantendrá la OTAN para decidir cómo y cuándo interviene en Libia. En el Estado Mayor de la Defensa se ultimaban ayer las unidades y los efectivos que se pondrán a disposición de los aliados, que incluirán desde medios de apoyo -como un buque de aprovisionamiento o un avión de vigilancia- a elementos ofensivos, como una fragata o cazas de combate.

Fuentes militares informaron de que la aportación de España a la operación dependerá de cuántos países estén dispuestos a participar en ella y de los medios que se comprometan a desplegar, pero que, en cualquier caso, el Gobierno se presentará al encuentro sin descartar casi ninguna posibilidad.

Así, los medios navales y aéreos anunciados ayer por el presidente del Gobierno serán amplios. En los primeros, España está en disposición de aportar un patrullero, un buque de aprovisionamiento o una fragata. La primera opción es en estos momentos la más viable, ya que el patrullero Vigía está alertado y preparado para operar de forma inmediata. En este caso y en el del buque de aprovisionamiento, supondría una participación en el ámbito logístico y de apoyo, ya que las embarcaciones no participarían en misiones de ataque. Más ambicioso sería el envío de una fragata. Siendo los mejores barcos de la Armada, las fragatas pueden realizar varios tipos de misiones, desde el control del tráfico marítimo a operar como buque de mando, aunque su cometido natural es la escolta oceánica de fuerzas de combate, y entre su armamento cuentan con misiles antiaéreos y antisuperficie de largo alcance y gran precisión.

Sea cual fuere la aportación naval elegida finalmente, a ella se sumará el submarino Mistral, que ya se encontraba desplegado en la zona, aunque en estos momentos está en el puerto de Cartagena realizando una parada técnica. Especializado en vigilancia y protección, el Mistral puede actuar también en un escenario de guerra naval o como elemento disuasorio, y puede ir armado hasta con 20 torpedos.

En cuanto a los medios aéreos, el Estado Mayor de la Defensa pondrá a disposición de la Alianza un avión de vigilancia y varios cazas de combate. El número estará en torno a la media docena y, en caso de que la OTAN decida que España envíe aeronaves de ataque, los elegidos serán los cazabombarderos F-18.

Por último, la aportación militar española se completará con la cesión a los aliados de las bases de Rota y Morón, que ya se encuentran preparadas para asumir un incremento notable del tráfico naval y aéreo, respectivamente, sobre todo en el caso de que Estados Unidos se implique en la misión a gran escala.

Con todos estos medios puestos a disposición de la OTAN, la operación en Libia puede ser la más importante de este tipo en la que ha participado España en su Historia reciente. La primera vez que se colaboró en una misión ofensiva fue en Bosnia en 1995, en la operación Deliberate Force, en la que los F-18 españoles realizaron 130 salidas y lanzaron más de un centenar de bombas contra las posiciones serbo-bosnias. Posteriormente, en 1999 España volvió a involucrarse en un ataque en los Balcanes, esta vez directamente contra Serbia. En aquella ocasión, dos F-18 participaron en el primer bombardeo de Belgrado.

P&R
TISDALL / BOWCOTT / NORTON-TAYLOR
The Guardian / EL MUNDO

Una resolución, mil intereses

EEUU no quiere que Libia vuelva a ser un país terrorista, Francia pretende que el mundo olvide su cercanía al régimen tunecino, Alemania teme vivir otro Afganistán...

La crisis libia no ha dividido a la comunidad internacional como lo hizo en 2003 la intervención de EEUU en Irak. Sin embargo, no todos los países apoyaron la resolución de la ONU por los mismos motivos, y algunos -como Alemania- incluso se abstuvieron en el Consejo de Seguridad.

1¿Qué significa el alto el fuego anunciado por Gadafi?

Si fuera un anuncio sincero, podría significar el fin a la violencia en Libia y una posible apertura a las negociaciones con la oposición. Pero Gadafi es todo un maestro de la propaganda y la desinformación. Dicho esto, si el alto el fuego fuera real, el coronel se quedaría en el poder y se complicarían los esfuerzos por crear un nuevo sistema de Gobierno.

2¿Podría dividirse Libia en dos países distintos?

Es totalmente posible, porque podría haber una especie de paz congelada. Entonces, Gadafi seguiría controlando Trípoli y la mayor parte del oeste y del sur del país, mientras que la oposición se afianzaría en Bengasi y en el este. Además, una secesión de ese tipo reflejaría las diferencias históricas y culturales entre la parte oriental y la occidental de Libia. Existen numerosos precedentes de partición previa o posterior a un conflicto: las dos Coreas, las dos Alemanias, Kosovo y Serbia, el norte y el sur de Sudán...

3¿Qué objetivos permite atacar la resolución de la ONU?

El voto del Consejo de Seguridad otorga una amplia autorización para el uso de la fuerza contra objetivos aéreos y terrestres. La resolución concede los más amplios poderes de intervención desde la invasión iraquí de Kuwait, en 1990. La zona de exclusión aérea no significa que se ataquen únicamente aviones en pleno vuelo. Sin embargo, tampoco permite a los aliados destruir a las fuerzas libias simplemente porque sí. Campos de aviación, defensas aéreas, artillería y convoyes de suministros podrían ser atacados sólo si constituyen objetivos claros e identificables. Además, la declaración del alto el fuego de Gadafi no invalida la zona de exclusión aérea de la ONU. De hecho, no existe condición alguna que asegure que la resolución se detenga a causa de alguna acción por parte de las autoridades de Trípoli.

4¿En qué estado se encuentran las fuerzas leales a Gadafi?

El ejército libio podría tener poco más de 40 aviones de ala fija operativos. Principalmente se trata de anticuados aparatos de combate de la era soviética, aunque Gadafi también dispone de un pequeño número de Mirage F1 franceses, más modernos.

Varios analistas aseguran que las fuerzas aéreas del coronel están muy debilitadas y podrían derribarse con relativa facilidad. Sus aviones son viejos y están tripulados por pilotos mal entrenados y desmoralizados, que incluso se podrían negar a volar en lo que se podría calificar de misión suicida.

5¿Por qué EEUU dejó de oponerse a una intervención armada?

En las últimas semanas se desarrolló un intenso debate dentro de la Administración de Barack Obama sobre la idoneidad de implicarse en el conflicto. Pero varios factores clave han desviado el argumento a favor de la intervención. Uno de ellos fue darse cuenta de que el presidente de Estados Unidos, que hizo de la reforma y la democratización del mundo árabe un puntal clave de su política exterior, no podía mantenerse al margen y dejar que Gadafi masacrara a los levantados.

Otro factor fue el análisis que sugería que, si el coronel libio sobreviviera a la revuelta, volvería a apoyar el terrorismo y se convertiría en una verdadera amenaza para los intereses occidentales. El hecho de que los propios árabes fuesen quienes solicitaron una intervención también ayudó a que Obama cambiase de opinión.

6¿Por qué Alemania se negó a apoyar la resolución de la ONU?

Berlín se opuso en todo momento - como lo hizo en 2003 ante el caso iraquí- y se abstuvo en el voto final de la ONU. Pese a que la actual intervención militar se sanciona bajo la legislación internacional y pese a la cercanía geográfica de Libia, Angela Merkel argumenta que «una guerra civil en el norte de África no tiene nada que ver con Alemania ni con Europa». El ministro de Exteriores, Guido Westerwelle, asegura que la operación conlleva «riesgos y peligros considerables», y puede incluso ser «contraproducente» en la región, ya que los dictadores árabes la podrían condenar como una injerencia, informa Rosalía Sánchez desde Berlín.

Alemania, además, ya tiene un problemático frente abierto en Afganistán, con la polémica matanza de decenas de civiles durante un bombardeo en Kunduz y casi 50 soldados muertos en combate. De hecho, la opinión pública se muestra masivamente a favor de salir del país asiático y de no entrar en Libia, y la oposición está de acuerdo con el Gobierno.

7¿Es la resolución una victoria diplomática de Nicolas Sarkozy?

El presidente francés se enfrenta a una ardua batalla por la reelección el próximo año. Sus índices de aprobación son bajos, la economía está sufriendo, el desempleo es elevado... El juicio equivocado de su Gobierno con respecto a la revuelta tunecina del pasado mes de enero -cuando París parecía apoyar al régimen de Ben Ali frente a los manifestantes- resultó vergonzoso para muchos franceses. Pero el éxito de Sarkozy en la defensa de la intervención libia, su temprano reconocimiento del «Gobierno» rebelde y su aparente determinación para que los aviones franceses lideren el asalto podría resultar crucial a la hora de darle la vuelta a la tortilla.

8¿Participará activamente en las operaciones el ejército italiano?

Roma está manteniendo una postura poco clara. Para empezar, tardó bastante en condenar taxativamente al régimen de Gadafi, con quien en 2008 Silvio Berlusconi firmó un acuerdo por el que se comprometía a pagar a Trípoli 5.000 millones de dólares a cambio de que controlara la salida de pateras desde sus costas.

Tras la aprobación de la resolución de la ONU, a Italia también le ha costado bastante concretar su posición, informa Irene Hdez. Velasco desde Roma. El Ejecutivo anunció inicialmente que su participación se limitaría a prestar sus bases, pero tras la celebración de un Consejo de Ministros extraordinarios, el titular de Exteriores, Franco Frattini, dio a entender ayer que pondrá a disposición hombres y medios militares.

9¿Cuál es la posición del Reino Unido ante la intervención?

David Cameron sorprendió a numerosos observadores con su dura postura sobre Libia. El premier británico, relativamente carente de experiencia en política exterior, parece verdaderamente consternado por los ataques de Gadafi contra los sublevados.

Pero Cameron también se mostró extremadamente crítico sobre la relación demasiado cercana de los laboristas con el régimen de Gadafi durante los años de Blair y Brown, que dieron lugar a la extradición del terrorista de Lockerbie y a una gran disputa con el aliado estadounidense. Así, lo más natural fue formar una alianza con Francia -dado que el Reino Unido y el país galo son las únicas potencias militares relevantes de Europa- con el objetivo de involucrar a Estados Unidos. De ahí que la resolución de la ONU representa una victoria política significativa para el premier británico.

10¿Cuáles son los intereses españoles en Libia?

La petrolera Repsol cuenta con un solo yacimiento, Murzaq, en el país africano. Su producción neta en 2009 fue de 12,7 millones de barriles, lo que representa el 3,8% de la producción total del grupo español. Fuentes de la compañía confirmaron ayer a EL MUNDO que todos sus empleados españoles -una veintena- salieron del país el pasado mes de febrero. Su número es reducido porque Repsol tiene subcontratado, como la mayoría de petroleras, el resto de actividades con empresas del país u otras compañías extranjeras especializadas en los servicios a las compañías petroleras.

MARÍA RAMÍREZ / Bruselas
Corresponsal

Una nueva guerra vuelve a dividir a los europeos

Ultimátum de Londres, París y Washington a Gadafi para que cumpla ya el alto el fuego

Cuando EEUU empezó a bombardear Bagdad hace exactamente ocho años, la Unión Europea estaba partida en dos. Hoy las diferencias son más suaves, pero otra guerra vuelve a dividir a los europeos.

Frente a la decisión de Reino Unido y Francia de liderar el ataque contra el régimen libio junto a Washington, otros países como Alemania, Italia y los del Este prefieren quedarse en el segundo plano de una acción militar que no les convence por sus traumas nacionales, sus intereses en la región o su lejanía física y mental del Mediterráneo.

La OTAN y la Unión Europea, los foros con competencias militares donde coinciden, colaborarán con la operación, pero dejarán la iniciativa a la coalición de los Estados más belicistas. Incluso con la resolución de la ONU aprobada y el apoyo de los vecinos árabes, la OTAN no está dispuesta a cargar con el peso de la ofensiva militar.

A última hora de ayer, Francia, EEUU, Reino Unido y los países árabes lanzaron un ultimátum al líder libio, Muamar Gadafi, para que detenga el avance de las tropas «inmediatamente» y se retire de Ajdabiya, Misrata y Zawiya, informa Reuters.

El presidente Obama lanzó una advertencia muy clara a Gadafi para que cumpla los términos de la resolución de la ONU. «Si no cumple, la comunidad internacional impondrá una resolución mediante acciones militares», dijo Obama.

Obama recordó el historial de brutalidad del coronel Gadafi. «Si no le controlamos, tenemos razones para creer que Gadafi cometerá atrocidades contra su propio pueblo, y toda la región podría desestabilizarse», afirmó en una comparecencia ante la prensa. Además, Obama instó al régimen libio a retirar las tropas que cercan los bastiones de la oposición, y a respetar la llegada de asistencia humanitaria a todo el país, informa Ricard González.

Mientras tanto, fuentes diplomáticas insistieron en que están preparadas para tres hipótesis - ayuda humanitaria en Libia, embargo de armas o la zona de exclusión aérea-. Hoy está prevista una reunión en París de los países participantes en la operación militar, que, según anunció anoche el embajador francés de la ONU, Gerard Araud, «será un buen momento para enviar la última señal».

Para cualquier operación, la OTAN necesita la unanimidad de sus miembros y dos de ellos ya se han mostrado muy reticentes a una intervención de amplias dimensiones. Turquía ha rechazado de plano el ataque de Libia, y Alemania, que se abstuvo en la votación en el Consejo de Seguridad, pide prudencia y más planificación. Según Francia, «no sería una buena señal que la OTAN como tal intervenga en una nación árabe».

Aun así, fuentes atlánticas destacan el «consenso» en la preparación militar e insisten en que la OTAN puede colaborar en las acciones contra el régimen de Gadafi con una participación asimétrica de sus miembros. La Alianza, además, ya ha movilizado aviones y barcos para «vigilar» la zona.

Según Catherine Ashton, jefa de Política Exterior de la UE, hay menos distancia de lo que parece entre los europeos. «Nadie votó en contra de la resolución», subrayó.

No será la «coalición de dispuestos» que invadió Irak contra el resto, pero no todos los aliados intervendrán en las operaciones de combate. «Nunca habrá aviones alemanes bombardeando Trípoli. Simplemente, no va a suceder», explicaba un diplomático germano, después de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete la semana pasada. En esa reunión, Nicolas Sarkozy y David Cameron se enfrentaron al resto de líderes en su defensa de la zona de exclusión de aérea. Aparte de Alemania, los del antiguo bloque comunista desconfían de una guerra que consideran les queda lejos o es demasiado arriesgada. La UE respaldará la ofensiva internacional, pero se centrará en la creación de corredores para que llegue la ayuda humanitaria y en la ayuda a los refugiados en las fronteras libias. Se espera que los ministros de Exteriores de los Veintisiete, que se reúnen el lunes en Bruselas, aprueben un despliegue militar sólo con este objetivo. Además, ratificarán más sanciones contra el régimen de Gadafi con el parón de las importaciones de petróleo y gas libio. «Esto puede no ser tan emocionante como otras cosas, pero es importante», defendía Ashton ayer, presionada por la prensa sobre la falta de unidad europea para hacer algo más. El aparato militar comunitario, como recordó la británica, es «diminuto» y la institución gastará millones a medio y largo plazo en la zona. «La Unión Europea estará allí durante muchos años», pronosticó.

JAVIER ESPINOSA Al Sultan (Libia)
Enviado especial

«Nos siguen bombardeando, a qué esperan para actuar»

Los dos cadáveres llegaron al puesto de control rebelde más de una hora después de que el ministro de Exteriores libio, Musa Kusa, prometiera «un alto el fuego inmediato y el cese de todas las operaciones militares». Los cuerpos todavía tenían los ojos abiertos, pero ya sin vida.

Los milicianos habían sido abatidos en los combates que se libraban en ese mismo instante en torno a la terminal petrolera de Zuwaytina. Una larga fumarola negra se erguía desde ese enclave mientras resonaban las explosiones repetidas de los cohetes.

«[Muamar] Gadafi siempre ha sido un mentiroso. Hoy ha utilizado incluso la aviación. Están bombardeando a vehículos civiles en la carretera. ¿A qué espera Occidente para actuar?», clamaba indignado Faraj Abderrahman, un paramilitar de 35 años, instalado en uno de los parapetos en los que se protegían los opositores del régimen libio.

La confrontación que se registraba a media tarde de ayer en Zuwaytina y Ajdabiya -a unos 150 kilómetros al oeste de Bengasi- era un alegato irrefutable para cuestionar la credibilidad de la promesa lanzada desde Trípoli.

Lo mismo ocurría con las informaciones procedentes de Misrata, la tercera villa del país, que permanece asediada desde hace semanas, y otras localidades del oeste como Nalut y Zenten.

Los habitantes de Misrata denunciaron la acción repetida de la artillería y los tanques del autócrata, que dejaron decenas de muertos y heridos. «Están bombardeando incluso ambulancias. He visto a una niña a la que le han volado la mitad de la cabeza», aseguraba el doctor Khaled Abou Selha en declaraciones a la agencia Reuters.

Unas acusaciones que desde el Ministerio de Defensa se apresuraron a desmentir. «Desmiento tajantemente las especulaciones de las bandas terroristas ligadas a Al Qaeda de que las fuerzas oficiales bombardearon hoy [por ayer] las ciudades de Misrata y Nalut», afirmaba el portavoz de Defensa libio, Musa Ali, informa Efe.

La resolución aprobada el jueves por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no parece haber tenido un impacto sustancial sobre el terreno. Libia sigue consumida por una guerra civil en la que las fuerzas revolucionarias apenas pueden contener la acometida de la maquinaria bélica del dictador.

La medida internacional, sin embargo, sí parece haber reforzado la determinación de los rebeldes que han conseguido frenar la ofensiva del ejército de Gadafi que avanzaba ayer hacia su capital, Bengasi.

El coste para esta alocada mesnada ha sido terrible. El coronel Salah Othman reconocía que sus fuerzas han perdido más de 100 combatientes en las últimas jornadas en esta zona. Aquí el frente bélico continúa centrado en torno a la villa de Ajdabiya, que está cercada por los uniformados leales a Trípoli, Zuwaytina y la aldea de Al Sultan.

«Llevan bombardeando Ajdabiya desde las 4 de la mañana. Han cortado el agua, la electricidad y hay un gran número de casas destruidas. Los shabab [muchachos] resisten en el interior, pero hay un gran número de muertos y heridos que no hemos podido evacuar», explicaba Said Faryani, un residente de Ajdabiya que había conseguido huir de la urbe con su familia.

Los alzados habían instalado un precario control militar en las inmediaciones de Al Sultan -que incluía un tanque-, mientras que sus jeeps circulaban con precaución frente al villorrio, donde se habían registrado varias refriegas durante la mañana.

Uno de los milicianos, Faraj Abdala, explicaba cómo sólo horas antes su grupo había perdido a siete hombres, que fueron abatidos en una trampa que le tendió un comando de Gadafi que viajaba en un coche camino de la aldea portando una bandera revolucionaria.

«Me pareció sospechoso pero como venían con la bandera pensamos que eran de los nuestros. Se bajaron y comenzaron a disparar. Les perseguimos y tuvieron que abandonar su coche después de que le reventáramos un neumático. Matamos a uno de ellos y otro quedó herido, pero el tercero se abalanzó sobre un coche donde viajaba un viejo y tres mujeres. Le pegó un tiro en la cabeza a una mujer e intentó huir, pero al final le capturamos», relataba.

Los contados vehículos que procedían de Ajdabiya y Zuwaytina alertaban sobre los peligros de la ruta. «Hay francotiradores, no sigan», precisaba uno de los que huían. «Hay cadáveres en la carretera que nadie puede recuperar», indicaba otro.

La conflagración también continuaba en torno a Zuwaytina, un recinto muy similar a los de Brega y Ras Lanuf, donde ambas facciones pelean por el control del suministro de combustible.

«Los soldados de Gadafi están dentro del complejo petrolero, pero están rodeados por nuestros chicos», precisaba el citado coronel Salah Othman.

Pero en la difusa línea del frente de Al Sultan eran muchos los que achacaban la confianza recobrada al retorno de una reconocida figura de la oposición a Gadafi, el coronel Jalifa Heftir, cuyo impacto psicológico en las filas de los rebeldes parece haber sido mucho más significativo que la decisión de la ONU.

Heftir fue el comandante del ejército libio en la guerra de Chad y, poco después de aquel conflicto, se exilió a Estados Unidos y, más tarde, a Europa. Aunque su nombre se vinculó a operaciones encubiertas financiadas por la CIA contra el autócrata libio, cuando éste no era todavía un amigo de Occidente, su figura no ha perdido ni un ápice de aureola para los opositores.

«Es quien está diseñando ahora nuestra estrategia. La gente le admira y su regreso ha supuesto el mejor de los regalos de Ala [Dios] para esta revolución», reconocía Salah Othman.

El propio Heftir reapareció durante la jornada en el centro de Bengasi para acusar a Gadafi de «mentiroso» y de no respetar el cese de hostilidades tal y como había prometido. «Nunca dice la verdad. Lo que tendría que hacer es entregar las armas y rendirse a los libios, lo que sería mejor que rendirse a las fuerzas extranjeras».

EDUARDO SUÁREZ / Londres
Corresponsal

En la mansión londinense de Gadafi

La casa, 'okupada' por un grupo de libios, pertenece al segundo hijo del tirano, Saif el Islam, que la compró en el otoño de 2009 por 13 millones de euros

El portón blanco está flanqueado por dos macetas con pensamientos y en el jardín está a punto de florecer un rosal. Bienvenidos a la mansión londinense de la familia Gadafi: un edificio de ladrillo con tres plantas y doble fachada situado en uno de los distritos más exclusivos de la capital.

Desde hace unos días reside aquí el dictador libio. Pero no de cuerpo presente, sino colgado del tejado en una pancarta sujeta por unas perchas y un riel. Dentro, unos okupas que se esconden detrás de las persianas e ignoran el timbre están decididos a resistir cualquier asalto policial. Se hacen llamar Abajo los tiranos y son un grupo heterogéneo.

Hay estudiantes desafeitados y refugiados árabes. También algún elemento de la izquierda intelectual. Dicen que están aquí porque no se fían de las sanciones del Gobierno británico, que congeló en febrero los activos de Gadafi como medida preventiva antes de una posible intervención. La mansión es propiedad de la familia del dictador libio. Pero está a nombre de un entramado financiero con sede en las Islas Vírgenes. Una estratagema que hace temer a los estudiantes que el edificio se podría salvar de la expropiación.

El Gobierno británico no ha dado cifras oficiales. Pero distintas estimaciones apuntan a unos 1.200 millones de euros. Algunos están invertidos en empresas como Pearson: la editora de The Economist y el Financial Times. Otros se dispersan en activos inmobiliarios y gestoras de fondos de inversión.

La casa pertenece al segundo hijo de Gadafi, Saif el Islam, que la compró en el otoño de 2009. Los vecinos de la zona explican que desde entonces ha estado vacía. Aunque la inmobiliaria que lo gestiona ha cuidado del jardín y lo ha mantenido en perfecto estado de revista.

La familia Gadafi compró la casa por unos 13 millones de euros. Una cifra que no desentona en el vecindario. En el barrio tienen propiedades el Sultán de Brunei y diversos oligarcas rusos. Y en la siguiente manzana se encuentra Bishop's Avenue: la calle con los inmuebles más caros del Reino Unido.

La mansión del dictador libio está en una bocacalle de Winnington Road: una avenida de chalés al norte del barrio londinense de Hampstead. El metro más cercano es East Finchley y está a unos 13 minutos a buen paso. Un detalle que se antoja irrelevante para la mayoría de sus habitantes, que tienen deportivos y coches de diversas marcas, aunque predominan los Mercedes de gama alta aparcados en su jardín.

En el barrio también hay espacio para vecinos menos pudientes: abogados, médicos y periodistas cuyas viviendas se han revalorizado y rozan el millón de euros. Uno de ellos es Saul Zadka, un ciudadano que lleva meses recogiendo firmas para expulsar a la familia Gadafi del vecindario. «No todo el mundo se lo tomó bien», explica Saul. «Hubo algunos vecinos que me animaron a seguir con mi campaña, pero hubo otros no quisieron firmar. Decían que debíamos observar la tradición británica de la tolerancia. Hay tipos a los que les da igual tener de vecino a Drácula siempre y cuando mantenga limpio su jardín».

Saul no es uno de los promotores de la ocupación, pero no le molesta. «Es un acto meramente simbólico», explica. «Se trata de denunciar la conducta hipócrita del Reino Unido con el régimen libio y reclamar una propiedad adquirida con dinero que sin duda se les ha robado a los ciudadanos libios».

Según fuentes inmobiliarias, la familia Gadafi ha intentado en dos ocasiones deshacerse de su mansión londinense en los últimos meses.

Primero poniéndola a la venta por un precio menor del que pagaron por ella. Luego intentando alquilarla por unos 50.000 euros al mes. No lograron ni una cosa ni otra. Y eso a pesar de los lujos que esconde el edificio: una sauna, una piscina, una sala de cine y ocho dormitorios equipados con televisiones de plasma y camas de dos por dos. «Por fuera parece un edificio como los demás», explica Montgomery Jones, portavoz de los okupas, «pero dentro uno se da cuenta de que los dormitorios son gigantes y está lleno de mármol y de cristal de roca. Por fuera parece una casa. Pero dentro es como si uno estuviera en un palacio».

Los inquilinos entraron por una de las ventanas de la planta baja e hicieron saltar la alarma del edificio. Un extremo que atrajo la presencia de la policía, pero no propició su expulsión.

El jueves difundieron imágenes de un puñado de árabes tumbados en sus sofás y envueltos en banderas libias, haciendo el signo de la victoria y viendo la televisión. «No estamos aquí para disfrutar de los lujos de la casa», decía su portavoz. «Sólo queremos asegurarnos de que la propiedad vuelve a manos del pueblo libio».

Aseguran que no se irán hasta que Libia no esté libre del tirano y son críticos con la hipocresía de Occidente. Pero respaldan la resolución del viernes y confían en que la presión diplomática termine por derrocar al dictador.

Sobre la fachada del lujoso edificio y junto al rostro de Gadafi, cuelgan dos carteles blancos en inglés y en árabe. Escritas a mano, dos palabras: solidaridad y revolución.

marco vicenzino

El precio por no actuar será mucho mayor

Aunque el régimen de Gadafi ha declarado un inmediato alto al fuego y el fin de las operaciones militares, las hostilidades continuarán de forma inevitable. Una vez enfrentado a la realidad de una intervención armada extranjera, el régimen de Gadafi deberá calibrar su propio uso de la fuerza armada. Intentará que sea lo suficientemente débil como para no provocar la acción internacional. Además, el alto al fuego agudiza una posible división de facto de Libia y puede asegurar la supervivencia del régimen en un futuro previsible.

El limbo de la soberanía libia presenta enormes desafíos para la comunidad internacional. El discurso confiado del presidente Barack Obama fue tranquilizador pero llegó tarde. Ahora tiene que demostrarlo con resultados. Su aproximación cauta en las últimas semanas complicó todavía más una situación ya difícil. Tendrá un impacto inevitable en la efectividad de la resolución de la ONU para el establecimiento de una zona de exclusión aérea. El apoyo de la Liga Árabe marcó el momento para una acción rápida de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad.

A pesar de la firmeza de la retórica francesa y del sólido apoyo británico, la batuta la sigue teniendo Washington. Pero el apoyo y la colaboración internacional son indispensables. Sin ellas, el liderazgo estadounidense no es posible. América ya no puede caminar sola: otras crisis similares mostraron que era necesaria una mayor participación internacional.

Pero si la comunidad internacional no apoya su retórica con acciones reales, las tropas equipadas y bien entrenadas de Gadafi vencerán cualquier oposición, ya sea civil o armada. El precio de la inactividad será mucho mayor.

Se pueden dibujar varios paralelismos entre el caso libio y las sanciones en los 90 al régimen de Irak, pero las consecuencias para Europa son mayores ahora, por la cercanía geográfica de Libia y también por la dependencia del petróleo. Aunque a las condenas y sanciones a Bagdad no tardó en seguir la Guerra del Golfo, muchos Estados y compañías continuaron haciendo negocios con el régimen iraquí. Mientras Gadafi siga controlando una parte de las reservas energéticas de Libia, su influencia en las empresas transnacionales seguirá siendo real.

A pesar del riesgo de quedar debilitado por las sanciones o diplomáticamente aislado, el régimen de Gadafi puede recuperarse y seguir resistiendo durante un tiempo. ¿Sobrevivirá Gadafi, con las sanciones que ya pesan sobre él: embargo de armas, congelación de bienes, prohibición de viajes? Cualquier intento de debilitar el régimen también corre el peligro de afectar a los ciudadanos que están bajo el poder de Gadafi. Más aún: las lecciones y los fracasos extraídos de las sanciones que se impusieron a Irak, deben incrementar la presión para su aplicación multilateral en Libia. Esto es esencial para contener a Gadafi.

Estados Unidos puede aprobar sanciones unilaterales más graves (además de las impuestas por la ONU), que apuntarían a las compañías energéticas. Pero las preocupaciones de éstas no parece que vayan a modificar a los legisladores. Para ellos, Libia sigue sigue siendo un lugar lejano y económicamente poco importante en el ámbito de la política exterior estadounidense. Los intereses inmediatos de los legisladores norteamericanos están muy relacionados con el ámbito nacional. La enérgica condena a Gadafi puede proporcionar beneficios en el frente doméstico. Pero en la política estadounidense, Gadafi es el clásico malo de la película. En esencia, Gadafi se convierte en un expediente y un conveniente saco de arena al que golpear. Pero aparte de eso, poco más importa a los objetivos políticos de EEUU, a pesar de que tenga implicaciones internacionales con sus aliados europeos.

En Libia, las acciones tienen que estar guiadas por la necesidad, lo que significa que han de estar guiadas por la realidad sobre el terreno. La flexibilidad es esencial para saber cómo enfrentarse a los siguientes movimientos. El objetivo definitivo ha de ser acabar con la tiranía de Gadafi.

Marco Vicenzino es director de Global Strategy Project.

CUANDO EL DELINCUENTE ES EL MINISTERIO DEL INTERIOR: Rubalcaba insiste en mentir como portavoz del Gobierno

M. M. / Madrid

Rubalcaba insiste en mentir como portavoz del Gobierno

«La nota de la Policía es cierta de la primera a la última línea», asegura refiriéndose a su desmentido plagado de falsedades

Alfredo Pérez Rubalcaba ratificó ayer como portavoz del Gobierno lo que hace dos semanas afirmó en una nota de prensa de Interior: que en contra de lo publicado por este diario, la juez que investiga al jefe de los Tedax en el 11-M nunca ha dado un ultimátum al Ministerio para enviar datos de los tedax y nunca antes había reclamado esa información. «La nota de la Policía es cierta desde la primera hasta la última línea», insistió ayer. Hoy reproducimos las dos providencias que demuestran que la nota de Rubalcaba incluye, entre la primera y la última línea y sin contar las repeticiones, al menos tres falsedades.

En su respuesta inicial a este diario, el pasado 4 de marzo, el desmentido llegaba en nombre de «la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil», con el sello del Ministerio del Interior y de la Vicepresidencia Primera del Gobierno. Ayer, en cambio, la respuesta de Rubalcaba llegó directamente como portavoz del Gobierno, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La nota de desmentido respaldada por Rubalcaba se resume en que la juez no había dado al Ministerio ningún plazo para enviarle ciertos datos sobre los tedax del 11-M y en que nunca antes había reclamado esa información. Las dos negaciones son incompatibles con sendas providencias dictadas por la titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, que reprodujimos tras el supuesto desmentido y hoy ofrecemos de nuevo ante la insistencia del vicepresidente.

EL ULTIMÁTUM. La nota de prensa arrancaba afirmando que «es rotundamente falso que el Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid haya dado un 'ultimátum a Interior' para que en '10 días identifique a los tedax del 11-M', tal y como asegura el diario El Mundo». Más adelante insistía en mantener que «es rotundamente falso que el Juzgado de Instrucción número 43 haya establecido un plazo concreto para la remisión de dicha información». Sólo reconocía que, «tras realizar las gestiones oportunas» en el Juzgado, era cierto que le reclamaban un listado de tedax, pero sin ponerle plazo alguno.

Eso es lo que dijo -y dice- Interior. Lo que decretó la titular del Juzgado, Coro Cillán, y ha quedado en la causa con su rúbrica es lo siguiente: «Ofíciese al Ministerio del Interior interesando que en el plazo de 10 DÍAS [las mayúsculas son de la juez] a partir de la recepción del presente, se remita a este Juzgado la relación de los funcionarios del grupo Tedax que intervinieron en el traslado de los restos de los explosivos utilizados en los atentado del 11/3/04 en Madrid, en trenes de Cercanías».

Pese a que supuestamente no había ultimátum, lo cierto es que Interior se apresuró a remitir a la juez los datos que llevaba un año sin entregar. La consecuencia fue que la magistrada citó inmediatamente a 48 tedax, a los que tomó declaración en la causa en la que está imputado el ex comisario jefe de los Tedax Juan Jesús Sánchez Manzano.

LA PRIMERA VEZ. Tras despachar en los tres primeros puntos de la nota el asunto del ultimátum, Interior mantenía -y mantiene- que nunca antes del pasado 4 de marzo había recibido de la juez la petición de remitir el listado de tedax que trasladaron los restos de los focos hasta la Unidad Central, dirigida por Sánchez Manzano. «Es la primera vez que el mencionado Juzgado solicita dicha información y, por lo tanto, es rotundamente falso que el 'Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid reclamara por primera vez esos datos' hace un año, tal y como asegura el diario El Mundo».

Pues bien, en la causa consta otra providencia fechada «en Madrid, a 9 de marzo de 2010» en la que la juez Coro Cillán acuerda que «se informe por la Dirección General de la Policía a este Juzgado del n° de carnet profesional de los funcionarios adscritos a la Unidad Central de Desactivación de Explosivos y NRBQ que se encargaron personalmente de trasladar a las dependencias de la Unidad Central las piezas de convicción recogidas el 11/3/04 en cada uno de los escenarios de los atentados del 11-M (Atocha, Téllez, El Pozo y Santa Eugenia) por los Tedax del grupo de Madrid allí desplazados».

'EN TIEMPO Y FORMA'. La nota se cerraba -y así sigue en la web del Ministerio- pasando de lo particular a lo general: no sólo no había ultimátum y jamás se les había pedido antes la información, sino que, de hecho, Interior había respondido siempre con la máxima diligencia a los requerimientos de la juez. «El Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil han atendido en tiempo y forma todos los requerimientos efectuados por el Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid a lo largo del procedimiento al que se hace referencia en la información».

No parece que la magistrada pueda estar muy de acuerdo con eso. Basta ojear la providencia anterior y leer su primer párrafo. Allí la titular del Juzgado recuerda que el Ministerio sigue sin contestar a dos peticiones suyas. De hecho, no sólo le impone un plazo de cinco días para hacerlo, sino que advierte a Interior de que podría actuar penalmente por un delito de desobediencia a la autoridad.

Interior acabó respondiendo al ultimátum -aunque para decir que era material secreto-. También lo hizo el pasado mes de enero, cuando la juez le dio otro plazo, esta vez de 15 días, para entregar parte del protocolo de funcionamiento interno de los Tedax. También llevaba esperándolo un año. Así pues, contando con el de marzo y pese a las contestaciones «en tiempo y forma», la juez ha necesitado tres ultimátums para avanzar en la investigación. La consecuencia de todo ello, según advertía la propia magistrada, es que Interior podría estar provocando unas dilaciones indebidas en el proceso que beneficiarían al imputado en caso de que llegara a ser condenado.

CORRUPCIONES SOCIALISTAS: El quintacolumnista Climent, a sueldo del nacionalsocialismo del PSOE, recibió 3,1 millones de dinero público

JORDI RIBALAYGUE / Barcelona

3,1 millones de dinero público a la familia Climent

La Guardia Civil investiga si el editor desvió subvenciones a sus empresas

El editor valenciano Eliseu Climent protagoniza el enésimo capítulo del caso Pretoria, la extensa trama de presunta corrupción urbanística en Cataluña. En esta ocasión, no se trata de adjudicaciones irregulares ni pelotazos inmobiliarios, sino del presunto uso fraudulento de las subvenciones con que diversos gobiernos han sustentado las campañas del militante catalanista.

Según un informe fechado el 10 de febrero que la Guardia Civil ha enviado a la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, las cuatro empresas que administran Climent y su esposa, Rosa Raga, se beneficiaron del dinero público que recabó el complejo asociativo montado por el valenciano. La Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado ha rastreado los movimientos bancarios de las instituciones impulsadas por el librero a raíz de unos convenios nunca suscritos que afloraron en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona).

Tirando del hilo de la operación Pretoria, los agentes han averiguado que las sociedades de Climent habrían obtenido 3.104.841,09 euros a través de gastos e inversiones de las organizaciones en las que el artífice de los repetidores de TV3 en la Comunidad Valenciana desempeña altas responsabilidades. La operación se fraguó a través de contrataciones y compras de Acció Cultural del País Valencià, Fundación Francesc Eiximenis, Fundación Ausiàs March, Institución Cívica de Pensamiento Joan Fuster, Institución Económica y Empresarial Ignasi Villalonga y Asociación Archivo Memoria Joan Baptista Basset, seis entidades dedicadas a difundir la cultura catalana y que controla el propio editor.

«Las fundaciones vinculadas a Eliseu Climent han realizado múltiples pagos a empresas del matrimonio Climent-Raga, así como traspasos entre fundaciones de su influencia», anotan los investigadores en el oficio que han trasladado al magistrado Pablo Ruz. En el documento se detalla que el 16% de los 19 millones que las instituciones catalanistas han desembolsado entre 2002 y 2008 han engrosado la cuenta corriente de la familia Climent.

Las empresas del agitador cultural que registraron los ingresos fueron la firma que publica el semanario El Temps, Edicions País Valencià SA (1,7 millones entre 2002 y 2008), la mercantil dedicada a la asesoría fiscal y montaje de eventos Octubre Gestió SL (313.286,80 euros en 2008) y la editorial Tres i Quatre SL (512.375,46 euros de 2002 a 2008).

A partir de datos de la Agencia Tributaria, la UCO reseña que en los 3,1 millones presuntamente desviados se incluye que Climent y su mujer cobraron 512.380,48 euros. Las fundaciones que han sido objeto de las pesquisas fueron quienes ordenaron dichas transferencias. En concreto, el promotor catalanista ingresó 399.516,42 euros entre 2002 y 2005 de la Fundación Eiximenis, Acció Cultural, Institución Villalonga e Institución Cívica Fuster. Por su parte, Rosa Raga ganó 112.864,06 euros en 2006 procedentes de Acció Cultural, aunque la mujer de Climent «no tiene una vinculación formal y aparente con las fundaciones», según acota la Guardia Civil.

XAVIER BORRÀS / Valencia

Esperando el 'favor' de Artur Mas

Año 1984. Eliseu Climent (Llombai, Valencia, 1940) consigue, mediante cuestación popular, que 100.000 personas suscriban donaciones individuales de 1.000 pesetas (seis euros) para financiar parte de la instalación de repetidores de señal televisiva que permitieran la emisión de Televisió de Catalunya en la Comunidad Valenciana.

Dieciséis años después, Climent ha levantado la bandera de la «emergencia nacional» ante lo que él califica como el «mayor ataque a la lengua catalana» que se ha producido en lo que él denomina «territorio de los países catalanes», con el cierre de los repetidores decretado por el Gobierno de Francisco Camps. En esta batalla, éste exige al Ministerio de Industria la misma capacidad técnica (un múltiplex) para que la 9 Televisión Valenciana se pueda ver en Cataluña.

El próximo 20 de abril, Camps tiene previsto reunirse con su homólogo catalán, Artur Mas, para hablar del asunto. Climent, azote editorial del PP desde que Zaplana desembarcó en el poder, allá por 1995, quiere que el asunto se resuelva ese día para esquivar los 600.000 euros de multa que el Gobierno de Camps le ha impuesto por las emisiones ilegales de TV3.

El sostenimiento de las emisiones de TV3 ha sido el abono con el que Climent ha alimentado su holding de fundaciones culturales durante algo más de un cuarto de siglo. Sólo por esa tarea ha recibido 6,2 millones de euros entre 1999 y 2009 a través de la matriz de su organización, Acció Cultural del Pais Valencià, según una investigación documental que EL MUNDO publicó en su edición del 6 de junio de 2010.

Fue la gran oportunidad de Climent, que en 1984 había lanzado al mercado el semanario El Temps, otro de sus buques insignia, que sostiene gran parte de su tirada con ventas en bloque a instituciones gobernadas por los socialistas en Cataluña, la Comunidad Valenciana o Baleares.

Jordi Pujol, Pasqual Maragall y José Montilla han sido sus protectores. Con 70 años cumplidos, Climent no tiene un sucesor definido en la organización y mantiene la incógnita sobre la respuesta que -en términos monetarios, claro está- pueda tener el nuevo presidente de Cataluña, Artus Mas.

«La Convergencia de Mas no es la Convergencia de Pujol», apuntan fuentes de la Generalitat de Cataluña, que aluden no sólo a las dificultades presupuestarias de la Administración catalana -la orden de recortar incluye a la histórica asignación al entramado de Climent-, sino también a la más distante relación con Mas, teniendo en cuenta el calor que le dio Pujol.

C. TORRES / S. TORRES / Sevilla

Griñán no destituirá a su consejera por los ERE

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, descartó ayer la destitución de la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo. Es lo que le exigen los grupos de la oposición tras conocerse que ésta recibió un escrito del interventor durante su etapa de viceconsejera en el que le instaba a que diera traslado al entonces consejero de Economía y Hacienda y hoy jefe del Ejecutivo andaluz del informe en el que mostraba su disconformidad con el procedimiento para conceder las ayudas asociadas a los ERE.

Griñán se manifestaba así el mismo día en que el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, anunciaba que en el próximo Pleno del Parlamento regional presentará una moción de reprobación contra Martínez Aguayo y el titular de Empleo, Manuel Recio, por «engañar y mentir a todos los andaluces» en relación con el caso de las irregularidades detectadas en los ERE incentivadas por la Junta.

La gestión política del caso ha provocado una importante «fractura» en el Gobierno andaluz y en el seno del PSOE. Principalmente entre las dos corrientes de la dirección regional, la de la vieja guardia y la del equipo de carácter más técnico del presidente.

JOSÉ CARLOS VILLANUEVA / Marbella

Anticorrupción sube a 30 años la petición de prisión para Del Nido

Acusa al presidente del Sevilla de cobrar más de seis millones del Consistorio marbellí

La Justicia cerca cada vez más al presidente del Sevilla FC, José María del Nido, inmerso en dos relevantes sumarios por presunta corrupción municipal en Marbella. Ayer la Fiscalía Anticorrupción elevó a 30 años de prisión su petición en el llamado caso Minutas para el que fuera asesor jurídico del Consistorio marbellí entre 1999 y 2003. El jurista percibió durante dicho periodo más de seis millones de euros en concepto de honorarios que, para la acusación pública, fueron obtenidos de forma ilícita.

Así pues, el fiscal Francisco Jiménez Villarejo modifica considerablemente sus conclusiones definitivas, al término del juicio oral, después de que inicialmente solicitara 13 años y medio de prisión para el conocido letrado sevillano.

A juicio de Anticorrupción, los encargos que se le hicieron a Del Nido para representar al Consistorio marbellí no se corresponden, en algunos casos, con el trabajo desempeñado y, «en ningún caso, justifican el enorme desembolso de fondos públicos efectuado».

Tampoco se queda atrás el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, quien pasa de enfrentarse inicialmente a 16 años de reclusión a tener ahora sobre sus espaldas una petición de 28 años por parte del Ministerio Público.

La acusación pública considera a Del Nido responsable de los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, falsedad documental, delito societario, deslealtad profesional, fraude y tráfico de influencias. Por este último cargo se le solicitan cuatro años de inhabilitación para el ejercicio de la abogacía. Paralelamente, se solicitan penas de inhabilitación especial y suspensión para empleo público.

La noticia cayó ayer como un jarro de agua fría en el seno del Consejo de Administración del Sevilla FC, controlado por el propio José María del Nido. De hecho, los resultados que coseche el conjunto sevillista influirán, sin duda, a la par de cómo se desarrolle el horizonte judicial del presidente, a la hora de buscar un relevo al frente del club.

Y es que, según las fuentes jurídicas consultadas, Del Nido podría incluso ingresar en prisión aunque la sentencia no fuera firme, en el supuesto de que la pena impuesta fuera superior a tres años. Además, tiene pendiente de juicio el llamado caso Fergocon. Dicho sumario lleva el nombre de una empresa de su familia a la que Julián Muñoz le adjudicó obras, no ejecutadas, por importe de más de tres millones de euros.

Otra novedad importante del escrito fiscal reside en que Jiménez Villarejo retira el delito de asociación ilícita que atribuía a los acusados que se sientan en el banquillo de la Audiencia de Málaga. También se retira el de malversación de bienes inmuebles. No obstante, se introduce un nuevo delito de fraude que afecta a Del Nido y Muñoz, así como a la también acusada, la letrada y ex esposa del abogado, Ángeles Carrasco.

Durante su intervención ante la Sala de la Sección Tercera, el fiscal argumentó que en el nuevo escrito formulado se modifica la responsabilidad de José María del Nido, al estimar que «tenía un dominio» del hecho delictivo porque «participó en la toma de decisiones», primero con el fallecido ex regidor Jesús Gil y más tarde con su sucesor, Julián Muñoz.

Es, precisamente, el «dominio» de los hechos que se imputan al letrado sevillano lo que para el Ministerio Público impide la «atenuación» de las penas solicitadas al comienzo de la vista oral. De ahí que las pedidas por prevaricación y malversación de caudales públicos -los delitos principales que se le imputan- se agraven y se equiparen a las solicitadas para Muñoz.

LOS NEGOCIOS ELECTORALES ENTRE la "organización socialista" ETA y el Gobierno socialista:

J. M. ALONSO / San Sebastián

López: «Hemos ganado; ETA está derrotada»

Sostiene que la banda sabe que no logrará nada con violencia

De «celebrar» en el Parlamento vasco los pasos dados por Sortu a festejar que «ETA está derrotada y que los demócratas hemos ganado». La herida abierta entre PP y PSE, de la que han emanado argumentos sólidos para resquebrajar el pacto que motivó el cambio político en Euskadi, parece haber suturado y las aguas han vuelto a su cauce; al menos, de forma momentánea. El PP se da por satisfecho con el gesto de los socialistas de aparcar la propuesta que iba a hacer que la Cámara vasca expresase su deseo de que la marca abertzale logre «evidenciar» su merecimiento de ser legalizada; una iniciativa que ha motivado la mayor crisis entre ambas formaciones desde que firmaron su pacto de Gobierno cuando se cumple el ecuador de la legislatura.

Tanto el lehendakari, Patxi López, como el presidente del PP en Euskadi, Antonio Basagoiti, firmaron ayer simbólicamente la paz. No en Euskadi, sino en Tuña (Asturias), donde la entrega del Premio a la Libertad Rafael Riego les reunió para compartir galardón. No hubo apretón de manos ni discursos conjuntos ante los medios que dejaran patente el supuesto regreso a la buena sintonía. De hecho, ambos dirigentes no tuvieron ocasión de hablar sobre lo sucedido en la última semana y limar asperezas, según admitió Antonio Basagoiti. Cada uno, por separado, reafirmó el compromiso suscrito para acabar con el terrorismo y que permitió desbancar al nacionalismo del Gobierno vasco.

López puso en valor el pacto entre PSE y PP, con el que se constata que dos partidos «bien distintos son capaces de ponerse de acuerdo para defender lo fundamental, que es la libertad de todos».

Y fruto de esta colaboración se ha conseguido, según puso de manifiesto, que la banda terrorista «no sólo está más débil que nunca, sino que está derrotada, porque sabe que nunca conseguirá nada con la violencia, y que su único destino es desaparecer».

Con un expresivo «los demócratas hemos ganado», el lehendakari mostró su convencimiento de que los numerosos amenazados por ETA dejarán de vivir escoltados «más pronto que tarde», y atribuyó esta victoria a que la sociedad vasca ha aguantado «sin retroceder un milímetro defendiendo la libertad y la democracia». Esta actitud, alabó, ha dejado atrás los «tiempos de la división y el enfrentamiento permanente» y ha permitido «poner el autogobierno al servicio de la ciudadanía, posibilitar que estemos derrotando al terrorismo y evitar que Euskadi sea un foco de crispación».

Tras admitir que nunca hubiera imaginado compartir un premio con Basagoiti y escuchar juntos el himno de la República, Patxi López incidió en que, a pesar de las diferencias de planteamiento, socialistas y populares vascos «sabemos que hay que unirse» para defender las cuestiones que son básicas y realmente importantes.

Las palabras del lehendakari y el aplazamiento del PSE de la iniciativa parlamentaria para «celebrar» los gestos de Sortu cierran las fisuras abiertas tras la semana más complicada que han tenido que afrontar los dos socios de gobierno desde que se plasmara el cambio político. Los cada vez más constantes guiños socialistas a Sortu -entre ellos, los de López-, y la tormenta provocada por el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, con un artículo en el que acusaba al presidente José Luis Rodríguez Zapatero de «falta de valentía» por no legalizar a la izquierda abertzale y en el que censuraba la actitud del PP con el aval posterior de la Ejecutiva del partido en Euskadi, soliviantó a los populares.

No obstante, los dirigentes del PP optaron por dejar de lado este «creciente malestar» para medir, una vez más, el compromiso del Gobierno contra el terrorismo basándose en los «hechos». Antonio Basagoiti quiso ayer dar por zanjado el tema (se limitó a decir que los socialistas «no la van a tramitar [la iniciativa en el Parlamento] y punto») y se reafirmó en la vigencia del pacto PSE/PP, que es el que «nos tiene que llevar hasta el final, hasta la meta, que es acabar con el terrorismo».

Aunque las discrepancias en Euskadi parecen superadas, lo cierto es que persiste un mar de fondo que delata una divergencia de posturas que puede estallar en el momento en el que uno de los dos partidos, o los dos, lo consideren conveniente. En primer lugar, ayer no cesaron los reproches entre ambas formaciones a nivel nacional por esta iniciativa parlamentaria del PSE. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, lanzó un dardo a los socialistas al agradecer a sus compañeros de Euskadi que hayan evitado que en la Cámara vasca se haya podido aprobar «un intento de legalización por la puerta de atrás de una cosa que se llama ETA con distinto nombre». El portavoz del PSE, José Antonio Pastor, respondió con exigencias a la «derecha española» para que actúe con «más responsabilidad y sentido de Estado», en lugar de centrarse en las «elecciones y el interés partidista».

Y en segundo lugar, porque los socialistas vascos no se apean del planteamiento que ha provocado la controversia. Sin ir más lejos, el consejero de Interior, Rodolfo Ares, insistió en que el Gobierno vasco «no está ciego» ante unos pasos de la izquierda abertzale que «hay que valorar», y exigió que no se «eleven listones», porque son los jueces los que deben decidir sobre su legalidad.

CARMEN REMÍREZ DE GANUZA / Madrid

Las víctimas del terrorismo declaran su «decepción» con Rajoy

Le reprochan que no asista a la manifestación del día 9 y le piden que «rectifique»

«Ha sido una gran decepción»: con estas palabras, Ángeles Pedraza, la presidenta de la asociación mayoritaria de víctimas del terrorismo, AVT, reprochaba ayer a Mariano Rajoy su decisión de no asistir a la manifestación convocada para el próximo día 9 de abril en Madrid por todas las asociaciones de víctimas, bajo el lema Por la derrota del terrorismo, ETA fuera de las elecciones.

En declaraciones a este diario, Pedraza admitía que el presidente del PP nunca le prometió que contaría con su presencia en las calles de la capital, con el fin de «exigir» al Gobierno la presentación de todas las pruebas necesarias para que los jueces impidan a los abertzales «no ya estar en las instituciones, sino en las elecciones siquiera». De hecho, asegura que nunca tuvo noticias directas de Génova sobre el declarado respaldo del PP a la manifestación. «Me enteré por los medios y luego por Antonio Basagoiti, que me llamó cuando se produjo el lío de sus declaraciones» [Pedraza protestó porque el popular vasco dijo en este diario que la manifestación era de «apoyo» al Gobierno]. Eso sí, añade Pedraza, «Cospedal me dio su respaldo total».

De la aparente distancia y frialdad en las relaciones entre la AVT y la cúpula del partido que en la pasada legislatura se volcó en su apoyo da cuenta con elocuencia el hecho de que Pedraza asegura no tener noticia acerca de la firma de su manifiesto por las víctimas, que el equipo de Rajoy tiene previsto en su agenda para el próximo 30 de marzo. «Estoy esperando a que nos llamen para eso. No tenemos nada confirmado. Son ellos los que tienen que llamar», decía Pedraza.

No obstante su «decepción», la presidenta de la asociación mayoritaria optaba ayer por enviar a Rajoy un emplazamiento personal: «Yo confío», dijo, «en que pueda ajustar su agenda». «Me gustaría que estuviera con nosotros», insistió; «el que ETA no esté en las instituciones se lo debemos exigir al Gobierno todos: víctimas, ciudadanos y políticos».

En la misma línea, la asociación Dignidad y Justicia (DyJ) pidió ayer al líder del PP que reconsidere su decisión de no acudir a la manifestación. Su presidente, Daniel Portero, dijo a Servimedia que espera que Rajoy «rectifique» y esté presente en la marcha, puesto que esta protesta cuenta con el consenso de la mayoría de las asociaciones de víctimas. Portero señaló que las víctimas valoran que el PP vaya a enviar a su cúpula directiva a la marcha, pero señaló que sería importante que esté presente «la cabeza visible». «Esperemos que rectifique, tiene tiempo para ajustar su agenda y acudir a esa manifestación», aseguró.

Además, Portero añadió que Rajoy «nunca se va a encontrar una oportunidad como ésta de tantísimo consenso entre las víctimas». Asimismo, remarcó que lo que se reclamará en esta marcha «es que ETA no esté en las instituciones; no se pide nada extraño», ni se acusa al Gobierno de estar negociando con los terroristas.

La única asociación que se mostró indiferente a la decisión de Rajoy fue el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite). Su portavoz, Rubén Múgica, argumentó que los convocados son los ciudadanos y no los políticos. «Que Rajoy haga lo que le dé la gana. Si va, bien; si no, también», declaraba Múgica a Servimedia.

A diferencia de la AVT, para Covite «lo importante no es que vayan políticos, lo importante es que vayan ciudadanos que estén dispuestos a plantarle cara a ETA y a decirle al Estado que es imposible el pacto con los criminales».

Madrid

377 años por intentar asesinar a Cabezudo y a su escolta

Los etarras Mendizabal y Arzalluz deberán hacer frente a indemnizaciones millonarias

La Audiencia Nacional ha condenado a 377 años de prisión a los etarras Idoia Mendizabal y Asier Arzalluz como responsables del atentado contra Esther Cabezudo, ex teniente de alcalde de Portugalete (Vizcaya), y contra su escolta, Ignacio Torres, el 28 de febrero de 2002.

La Sección Primera de la Sala de lo Penal considera probado que los dos miembros del comando Olaia de ETA decidieron asesinar a la teniente de alcalde y a su escolta mediante la ejecución de un estudiado plan. Así, cargaron un carrito de la compra con 20 kilos de explosivo y ordenaron a los miembros de un grupo de apoyo que lo situaran en la calle de Casilda Iturriza de la localidad vizcaína, a pesar de que sabían que se trataba del centro urbano, muy frecuentemente transitado por los vecinos que necesariamente iban a quedar expuestos a la explosión.

Los etarras no pudieron asesinar a Cabezudo porque, casualmente, ese día, ella y su escolta decidieron caminar por la acera contraria a la habitual y la deflagración se produjo a 15 o 20 metros de ambos. No obstante, la explosión les causó lesiones y secuelas a ambos y también a otras 18 personas que se encontraban en las inmediaciones.

Al ver frustrado el atentado, los miembros del comando enviaron una nota en euskara a la cúpula de la organización en Francia en la que indicaban que la bomba la habían puesto el lunes y el miércoles, pero que desistieron esos días de activarla porque pasaba mucha gente. El jueves decidieron no esperar más. «El carrito estaba bien puesto, pero al no ser la caja de metal se movió hacia atrás», reconocían los etarras en el documento, intervenido en una operación en la que fue detenido el dirigente de ETA Juan Fernández Iradi, Susper, en diciembre de 2002.

En la sentencia, la Audiencia Nacional señala que se trató de una acción muy violenta por la enorme cantidad de explosivo utilizado, que originó efectos terribles y sólo una afortunada coincidencia libró a las víctimas de lo que, de otro modo, habría sido una muerte segura. Según se indica, los efectos de la explosión afectaron a la integridad física de 20 personas, pero otras muchas vieron sus casas seriamente afectadas, sus vehículos destruidos y sus pertenencias dañadas.

La Audiencia considera a ambos responsables de 20 delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa, por lo que les condena a 18 años de prisión por cada uno, así como a la pena de 17 años de prisión por un delito de estragos terroristas.

Se les prohíbe, además, acudir a Portugalete en el plazo de cinco años. Asimismo, los terroristas deberán indemnizar con 155.800 euros a Cabezudo y con 286.200 euros a su escolta, Ignacio Torres, así como al resto de heridos, y deberán hacer frente a los daños causados en los edificios y vehículos de 246 personas, que superan los 980.000 euros. La sentencia puede ser recurrida ante el Supremo.

París

Dos concejales 'batasunos' defienden a un jefe de ETA

Un concejal y un ex concejal de la izquierda abertzale de Lasarte-Orio declararon ayer a favor del etarra confeso Pedro Esquisabel ante el Tribunal de lo Criminal de París, que lo juzga, entre otros cargos, como presunto jefe del aparato militar de ETA entre 2004 y 2005.

El concejal de ANV José Goicoechea y el ex concejal de Herri Batasuna Tomás Arrizabalaga aprovecharon su declaración como testigos de la defensa para denunciar la Ley de Partidos y para destacar la posición actual de la izquierda abertzale de utilizar sólo «cauces democráticos y pacíficos»; lo cual no les impidió defender al etarra.

Ambos contaron que habían acudido al tribunal para hablar de Esquisabel, al que conocieron en el Ayuntamiento de Lasarte, donde había trabajado de policía municipal antes de pasar a la clandestinidad en 1997, y aseguraron desconocer sus vínculos con ETA.

«Lo queremos mucho en Lasarte Oria», entre otras cosas porque cuando vivía allí «dinamizaba la cultura del pueblo», señaló Arrizabalaga. Goicoechea comentó que «era un chaval con mucho respeto en el pueblo», «muy trabajador» y «muy honrado».

El ex jefe militar de ETA se negó a responder a las preguntas que le hicieron el juez y el fiscal, que le imputa 28 cargos. Al final sí quiso intervenir, sin embargo, para señalar que la desaparición del etarra Jon Anza fue un «asesinato político». La investigación abierta por la Fiscalía de Bayona determinó que falleció por causas naturales, derivadas de la grave enfermedad que padecía.

PARTIDOS: Valencia se convierte durante las Fallas en la capital del Reino y es visitada por el "Presidente in pectore"

MARISA CRUZ / Madrid

Rubalcaba exige al PSE que evite las discrepancias

Afirma que las voces disonantes sólo «dan bazas» a quien aún defiende la violencia (Esta página debería ir en el apartado de "Los negocios electores de la "oranización socialista" ETA y el Gobierno socialista, pero...)

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha retomado las riendas del debate en torno a la posibilidad de legalización de Sortu, la nueva marca de la izquierda abertzale, intentando poner orden en el coro de voces discrepantes que han surgido en el seno de los socialistas vascos y que no hacen sino marcar arriesgadas diferencias con la postura del Gobierno central, empeñado en mantener la unidad de acción con el PP.

Ayer, al término del Consejo de Ministros, en la primera comparecencia pública tras su enfermedad, el vicepresidente primero no dudó en llamar a capítulo al PSE para que «evite discrepancias» que, en su opinión, «no ayudan y dan bazas a quien no hay que dárselas».

Se expresó en términos amables para no cargar demasiado las tintas contra quienes, al fin y al cabo, forman parte de su propio partido. Dijo que pretende «desdramatizar» unas diferencias que él considera «normales», justo en un momento en que «el final de ETA está cerca».

Rubalcaba recalcó que lo esencial, ahora que «estamos ante el principio del fin» de la banda terrorista, es que se mantenga «la firmeza, la unidad y la prudencia».

«Es bastante fácil de entender», afirmó, refiriéndose tácitamente a las manifestaciones del presidente del PSE, Jesús Eguiguren, «que, a medida que el final se acerca, haya diferentes voluntades; hay quien quiere ir más deprisa, es normal, es un debate que está ahí».

Eguiguren destapó la caja de los truenos el pasado lunes, acusando en un artículo en El País a Zapatero de «falta de valentía» porque, en su opinión, ha llegado la hora de responder con gestos -se entiende que con la legalización- a los pasos dados por la izquierda abertzale.

En su opinión, el freno que ha puesto el Gobierno central a la posible legalización se debe a la presión constante del PP, que amenaza con romper el pacto que sostiene al Gobierno del lehendakari.

Ayer, Rubalcaba se mostró especialmente empeñado en sosegar ánimos y reclamar contención. «Hemos llegado hasta aquí juntos», defendió, «y tenemos que terminar esto juntos. Queda poco, lo creo honestamente, pero queda, y hay que hacerlo bien. Estos próximos días, meses, tenemos que hablar mucho, coordinarnos lo mejor posible para evitar que, justo cuando vemos el final, aparezcan discrepancias que no ayudan».

Y añadió: «Estamos ante el principio del fin y por eso aparecen distintas sensibilidades y estrategias, todas ellas razonables y de gente que trabaja para que esto termine de una vez. Estas cosas pueden pasar al final», aseguró, tiñendo de calidez unas palabras que claramente dirigía al presidente del PSE y al propio lehendakari.

Con esos argumentos, Rubalcaba pidió que el debate «sea reservado», para no dar ventaja a los violentos. «Vamos bien. Por eso, tranquilidad y buena letra: vamos a mantener firmeza, unidad y prudencia», subrayó.

«Salto mortal con tirabuzón»

>El portavoz de la izquierda 'abertzale' Txelui Moreno manifestó ayer que «no es serio» que el Estado «pida un salto mortal» para la legalización de Sortu y, que cuando esta formación lo da, se le pida que «el salto mortal sea con tirabuzón».

>Moreno se refiere al esfuerzo que representa para la izquierda 'abertzale' condenar a ETA y los atentados perpetrados por ésta.

>Recordó que todos , excepto el PP, han pedido la legalización, incluido el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que reconoció que «Sortu no es ETA».

>SENTENCIA DEL TC

Sevilla

En la Andazulía que dejó Chaves en herencia a Griñán, hay de too, hasta gilipollas, si no se lo creen, lean lo que sigue.

La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declara inconstitucional la transferencia a la Junta andaluza de las competencias para gestionar en exclusiva los recursos del Guadalquivir provocó ayer una convocatoria del Partido Andalucista (PA) para lanzar flores negras al río. Con ella, pretendió simbolizar un sentimiento de «luto» por la «pérdida» de ese cauce.

Bajo la sombra del Puente de Triana, sobre el que colgaba una bandera andaluza con la leyenda Guadalquivir Andaluz, históricos y noveles dirigentes del PA participaron en el acto reivindicativo.

Mientras las flores negras caían desde uno de los puentes que se eleva por encima del río Guadalquivir, sonó el himno de Andalucía, que fue cantado por los asistentes, desde el histórico dirigente Alejandro Rojas Marcos hasta la secretaria general del PA, Pilar González, pasando por neófitos en la política como Pilar Távora o uno de los nietos de Blas Infante, Estanislao Naranjo.

Minutos antes, Pilar González leyó un Manifiesto por el río de Andalucía, en el que se decía que el TC «no ha tomado una decisión jurídica, sino política» y se aseguraba que el PA fue el primero que criticó la «amputación» de las competencias andaluzas sobre el río Guadalquivir. / EFE

ZAPATERO ABOCA A ESPAÑA A UNA QUIEBRA INSUPERABLE:La deuda de las comunidades autónomas creció un 31,7% en 2010

FRANCISCO NÚÑEZ / Madrid

La deuda de las comunidades autómomas creció un 31,7% en 2010

El 'agujero' total de las administraciones públicas superó el 60% del PIB fijado por la UE

La deuda pública consolidada de las administraciones en España superó en 2010 el 60% del PIB comprometido en el Plan de Convergencia de Maastricht. Exactamente llegó al 60,1% (638.767 millones de euros) y desde 1999 no se alcanzaba este porcentaje. Sólo en el último año creció un 13,8% (77.448 millones) y en el último trimestre aumentó un 4,4% (26.873 millones). Lo que da una idea del deterioro de las cuentas públicas ya que, desde el inicio de la crisis a finales de 2007, el endeudamiento ha crecido un 67,8% (258.106 millones), es decir, en 24 puntos de PIB.

En porcentaje, las comunidades autónomas, sorprendidas por la caída de ingresos y con una actuación laxa en materia de gasto, incrementaron el agujero de sus cuentas un 31,7% en el último año (hasta los 115.455 millones) y un 93% desde que comenzó la crisis. Mientras, la Administración Central aumentó su deuda un 11,1% en 2010 (un 67,4% desde 2007), hasta los 487.870 millones, y la de los ayuntamientos creció sólo un 2,1% (20,6% en los últimos tres años), hasta los 35.442 millones.

Sin embargo, estos números rojos esconden otra realidad. Las cifras serían superiores si las administraciones no hubieran realizado, sobre todo ayuntamientos y autonomías, un ejercicio de contabilidad creativa para encajar sus compromisos del Plan de Estabilidad en materia de déficit.

Es decir, han centrifugado partidas de gasto, que deberían aparecer en la contabilidad general, para trasladarlas a las empresas públicas satélite, supuestamente de mercado, cuyas cuentas no se incluyen en ese balance general.

Sólo hay que ver que, pese al duro recorte en la inversión pública, el endeudamiento de las empresas públicas de las autonomías, muchas de ellas de nueva creación, creció un 12,2% (hasta 17.056 millones) en este año, mientras que el de los ayuntamientos alcanzó un 15,4% (9.063 millones). Por su parte, el de las empresas de la Administración Central subió un 16,3% (hasta 29.635 millones). En este último caso tiene una clara explicación: el crecimiento del gasto en el AVE a Valencia y las inversiones ferroviarias en general. En total, todas las administraciones públicas tienen fuera de balance 55.754 millones más de estas sociedades (5,2 puntos de PIB) con un aumento del 14,7% en el último año y del 5,1% en el último trimestre.

El caso es que no hay noticia alguna de que las autonomías y ayuntamientos hayan tenido que pedir más dinero a los bancos y cajas para atender nuevas inversiones. Por tanto, se trata de un encaje de bolillos contable.

Por ejemplo, de la cifras facilitadas ayer por el Banco de España resulta que la deuda de los ayuntamientos en el último año creció sólo en 734 millones (un 2,1% más) y descendió un 2,2% (785 millones) en el cuarto trimestre. Sin embargo, el endeudamiento de sus empresas fuera de balance creció un 15,4% en los últimos 12 meses (1.208 millones) y un 8% sólo en el último trimestre (670 millones). Lo que confirma claramente el trasvase contable. Desde que comenzó la crisis, la deuda de las empresas públicas locales ha crecido nada menos que un 90%. De esta forma, al Ayuntamiento de Madrid le sale que redujo su endeudamiento general en 2010 un 4,5% hasta los 6.453 millones.

Lo mismo ha sucedido con las autonomías. Así, el endeudamiento de sus empresas ha crecido en 1.853 millones en los últimos 12 meses. En concreto, la deuda de las empresas de Cantabria ha aumentado un 253,4%; un 74% la de Andalucía; un 40,2% la de Castilla y León; y un 32,3% la de la Comunidad Valenciana. En términos absolutos, Cataluña es la región cuyas empresas más deben. Es decir, 7.811 millones, el 46% del total de las sociedades de las comunidades (17.056 millones).

En cuanto a la deuda general de las autonomías (115.455 millones), el 85% corresponde a la administración general y el resto a organismos autónomos y empresas de no mercado que consolidan sus cuentas. En el País Vasco creció un 85,2% (hasta los 4.916 millones); en Extremadura, un 60,9% (1.747 millones); en Murcia, un 57,2% (2.107 millones); y en Navarra, un 55,7%. La Comunidad de Madrid es la que menor aumento registró, un 12,5% (13.492 millones). Cataluña es la autonomía que más debe. Su agujero creció un 26,5% hasta los 31.886 millones, y representa el 28% del conjunto de las regiones.

De todas estas cifras se observa que, hasta ahora, las autonomías han acudido masivamente a los bancos y cajas para obtener financiación vía crédito, pero a la vez drenando liquidez a las empresas privadas. El 53% de su deuda (60.653 millones) corresponde a préstamos, y el resto son emisiones de obligaciones y bonos. Un tercio de los créditos que reciben de las entidades españolas corresponden a cajas de ahorro.

Sólo Asturias, Cantabria, Extremadura y La Rioja no han acudido aún a los mercados para buscar dinero ya que lo han encontrado en las entidades financieras. No es el caso de Cataluña, ya que sólo el 42,6% de su endeudamiento es bancario. Es decir, necesita más dinero y renovar deuda y ha de salir a los mercados para cubrir sus necesidades.

AGUSTÍN YANEL / Madrid

El PP pide un plan de austeridad que privatice servicios públicos

El PP siempre ha sido partidario de privatizar empresas públicas, pero ahora ha dado un paso más en ese sentido: ha pedido que una ley obligue al Gobierno a aprobar un plan general de austeridad y calidad del gasto que, entre otras cosas, deberá analizar las «ineficiencias económicas» de las empresas públicas para «proseguir la política de privatizaciones».

El partido que lidera Mariano Rajoy ha presentado una iniciativa en el Congreso, para que se modifique la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. En ese texto propone, entre otras cosas, que el Gobierno estudie cuáles son los servicios que resultan más costosos si los presta directamente la Administración Pública que si están encomendados a empresas privadas, «en las mismas condiciones de calidad».

En la dirección del PP dicen que su objetivo es reducir las más de 4.000 empresas públicas que tienen las distintas administraciones, porque son muy costosas.

El citado plan de austeridad -que, según el PP, debería ser aprobado en el plazo de seis meses a propuesta de los Ministerios de Economía y Presidencia- tendrá que incluir una «racionalización de la estructura del sector público», lo que implica suprimir o reestructurar los Ministerios y órganos oficiales que se consideren «irrelevantes o ineficientes».

Con esta iniciativa, el PP pretende que la ley fije un límite al endeudamiento de las distintas administraciones públicas. Para ello, propone que los presupuestos sean elaborados y aprobados con criterios de estabilidad presupuestaria, es decir, con equilibrio o superávit.

Los ayuntamientos y demás entidades locales deberán ajustar sus presupuestos al objetivo de esa estabilidad presupuestaria.

JUAN EMILIO MAÍLLO / Madrid

El nuevo test de estrés, con paro del 22% y dos años de recesión

Establecen una caída del precio de los pisos del 23% y del 20,7% de la Bolsa

Los bancos ya saben a qué escenario se enfrentan a la hora de los test de estrés que deberán superar en apenas tres meses. La Autoridad Bancaria Europea (EBA, según sus siglas en inglés) publicó ayer buena parte de las hipótesis con las que se van a realizar estos exámenes.

Pero dejó una gran incógnita: el nivel de capital que se habrá de superar si se quiere lograr el aprobado. En los test del año pasado se impuso un Tier 1 mínimo del 6%. Ahora se podría llegar al 7%, pero la EBA no decía ayer nada en la amplia batería de documentos que difundió sobre sus hipótesis.

En el caso español, por ejemplo, bancos y cajas deberán afrontar una tasa de paro del 21,3% este año y del 22,4% en 2012. Estas cifras son 1,1 y 3,2 puntos superiores a las previsiones que realiza la Comisión Europea, que ya son más pesimistas que las que tiene eel Gobierno español.

Además, el sector financiero deberá aguantar cuatro años seguidos de recesión. A 2009 y 2010, el escenario más duro fijado por la autoridad bancaria añade una caída del Producto Interior Bruto (PIB) del 1% este año y del 1,1% en 2012, un ejercicio para el que Bruselas pronostica que nuestro país será capaz de crecer un 1,7%.

Pero hay otra serie de elementos que impactan de forma mucho más directa en los balances. Así, la Autoridad Bancaria Europea estresará las cuentas de las entidades para ver cómo soportan una caída del precio de la vivienda del 12,3% en 2011 y de otro 11% en 2012. Sólo Irlanda -los dos años- y parcialmente Francia y Malta -en un ejercicio el ajuste es superior al español- deberán sortear un escenario más duro para su mercado inmobiliario.

Para otros activos ligados al ladrillo, las autoridades imponen para el caso español una caída del valor del 29% el primer ejercicio y del 24,9% el año que viene.

A estas hipótesis se añaden otras. Por ejemplo, que los mercados bursátiles acumulen entre 2011 y 2012 un desplome del 20,7% en nuestro país (sólo para Irlanda, Hungría y Grecia se impone una tesis peor).

También se analizarán las consecuencias de un repunte de los diferenciales que deben pagar los diferentes países por la captación de deuda en los mercados.

Para España, el escenario más duro que ha planteado la Autoridad Bancaria Europea es que la deuda se encarezca en 165 puntos básicos, hasta niveles próximos al 6,6%. La desviación es más del doble que la fijada para la zona euro (de 75 puntos).

El que las nuevas emisiones de deuda sean más caras hace que los títulos que tienen los bancos y las cajas de ahorros (con rentabilidades más bajas), valgan menos, lo que también castiga sus balances.

Aunque las autoridades no examinarán la liquidez de las entidades, el test sí contemplará un encarecimiento de la financiación, tanto la que se capta en los mercados mayoristas como la obtención de fondos de particulares. Estos elementos perjudican los márgenes financieros del sector.

A diferencia del examen de julio pasado, esta vez sólo habrá dos escenarios, en lugar de tres, pero el segundo se perfila de una dureza similar al tercero de julio, que fue el que se utilizó de forma generalizada.

El plan de la Autoridad Bancaria Europea es que cada país haga el examen a entidades que suman el 65% de los activos de toda la banca de la Unión Europea.

De nuevo España irá por delante y examinará a la práctica totalidad de su sistema. Todos los bancos y cajas de ahorros -el 90% del sistema- se enfrentarán al test. El anterior examen sirvió para que la confianza en España mejorara, aunque la alegría apenas duró unas semanas.

J. E. M. / Madrid

La morosidad sólo sube por culpa de las inmobiliarias

Hay 110.689 millones en créditos malos, el 6% del total

El problema del sistema financiero español tiene nombre, promotores, y un apellido, inmobiliarios. Al menos en lo que a las cifras de morosidad se refiere, principal reto de bancos y cajas de ahorros por las fuertes provisiones que deben hacer para cubrir estos créditos de dudoso cobro.

En el último trimestre del pasado año, las inmobiliarias generaron una morosidad al sector financiero por 6.430 millones de euros. Todos los demás sectores productivos la redujeron en 494 millones de euros.

Nadie tiene tanta morosidad como los promotores. El 13,97% de sus créditos están en impago, en concreto 44.137 millones de euros. Si se añaden los 13.885 millones de la construcción, el 12,12%, se encuentra respuesta a 55 de cada 100 créditos dudosos de la banca española.

Por el contrario, el particular, el ciudadano de a pie, no deja de cumplir con su banco. Es más, en 2010, pese a que el paro continuó subiendo en un contexto de tipos de interés estables, la morosidad de las hipotecas bajó. Si al cierre de 2009 alcanzaba el 2,87%, al acabar 2010 retrocedió hasta el 2,4%.

El Banco de España también avanzó los datos de morosidad del mes de enero, que únicamente ofrecen cifras globales, sin desglose por sectores productivos ni diferenciación entre empresas y familias.

La banca española contabilizaba en el primer mes del año 110.689 millones de euros en créditos malos, el 6,06% del total. Hay que remontarse hasta octubre de 1995 para encontrar la tasa de morosos por encima de esa cota del 6%.

Lo que se ha perdido es la posibilidad de hacer una comparación entre los datos de bancos y cajas. El supervisor ha colocado en el cajón de morosos de los bancos los activos tóxicos de las dos cajas intervenidas, Caja Castilla-La Mancha y CajaSur, cuyos nuevos propietarios, CajAstur y BBK, han convertido en bancos (Banco CCM y BBK Bank). Esto es lo que explica que la banca tenga un 6,27% de morosidad, tras subir en cuatro décimas en enero, y las cajas un 5,88%, después de permanecer congelada en el citado mes.

Lo que se deterioró en el arranque del año fue la tasa de cobertura, esto es, las provisiones que tiene el sector financiero para cubrir los créditos morosos. Tras el fuerte repunte del cierre de 2010, por el saneamiento hecho por las cajas fusionadas con ayudas públicas, la cobertura cayó en enero del 67,2% al 65,4%.

JOHN MÜLLER

¿Privatizar un impuesto?

De todas las iniciativas que tiene en cartera el Gobierno la que menos me simpatiza es la privatización del 30% de las Loterías. Es tan evidente el deseo de hacer caja con lo que es una fuente de ingresos seguros del Estado que, tal como dijo el diputado del PP Álvaro Nadal el miércoles pasado en el Parlamento, «es como vender el 30% del IRPF».

El Ejecutivo pretende, sin el menor escrúpulo, recaudar una cantidad suficiente que le permita no tener que someter su vapuleada credibilidad al juicio del mercado con más emisiones de deuda pública. Así lo reconoció la vicepresidenta Elena Salgado en el Congreso: «Si se obtienen fondos por la privatización de una parte de Loterías, eso permitirá que el recurso a las emisiones sea algo menor que en otros años».

No está claro que estemos ante un impulso liberalizador. Como argumentó Nadal, esto parece lisa y llanamente «una venta». Salgado habló de «reordenación del sector» y dijo que la mayoría de los países europeos han privatizado el juego. Pero no todos comparten nuestra tradición respecto de este asunto.

Por alguna razón, en España, al igual que en otros países, siempre se ha creído que el Estado debía tener el monopolio y control de los vicios privados (juego, tabaco, alcohol) y que éstos debían tener consecuencias sociales. Un concepto no muy alejado del que convirtió a Las Vegas en la capital mundial del juego. El puritanismo veía el juego como un pecado, pero cuando en 1931 el estado de Nevada se quedó sin dinero para sostener sus escuelas públicas, un ranchero llamado Phil Tobin convenció a la asamblea estatal de que debía legalizarse el juego y con los impuestos que se generaran se podía costear la educación. Ahí comenzó la leyenda de Las Vegas.

En el caso de Loterías, estamos ante un monopolio de origen tributario del siglo XVIII, un ingreso fiscal puro y duro. Más aún, los premios que se reparten reciben un tratamiento fiscal especial, ¿tendrá sentido que lo sigan teniendo cuando parte del negocio vaya a ser privado?

Pero si la naturaleza de las Loterías puede ser discutible, no lo es en modo alguno la cantidad que el Estado debe recibir por ese 30%. Salgado dijo al Financial Times que pensaba obtener entre 5.000 y 6.000 millones. El diputado Nadal le hizo unos rápidos cálculos basados en el coste de oportunidad de tener que reducir emisiones de deuda que es el objetivo declarado: Loterías genera unos 2.700 millones de ingresos al año. «¿Cuánta deuda pública tendríamos que rescatar para ahorrarnos 2.700 millones en intereses?». Según Nadal, aproximadamente unos 50.000 millones, por lo que el 30% vendría a tener un valor de unos 14.000 millones.

Mientras escuchaba estas cifras, Salgado hacía gestos negativos para manifestar su incredulidad con lo que oía. «Es verdad que alguien le puede hacer otra valoración, alguien que esté muy interesado en que se venda y en llevarse una comisión», añadió Nadal con una pizca de maldad. En fin, que no está tan claro por qué el Gobierno quiere vender algo que a lo que más se parece es a uno de sus impuestos.

john.muller@elmundo.es