EDITORIALES: Fastidiará a los conductores y no arreglará nada

Fastidiará a los conductores y no arreglará nada

Ante el grave problema que supone para la economía española el fuerte alza del barril de petróleo a causa de la crisis libia, el Gobierno tuvo ayer la ocurrencia de limitar temporalmente la velocidad de circulación por autopistas y autovías a 110 kilómetros por hora, 10 kilómetros menos que el límite actual.

El Ejecutivo multará a quien supere esa velocidad de 110 kilómetros, pero no le restará puntos del carnet. A este respecto, se seguirá aplicando la

legislacion vigente, que exige sobrepasar en más del 30% el límite de 120 kilómetros. Eso demuestra que la iniciativa nada aporta a la seguridad vial.

El ministro de Interior justificó la medida, que entrará en vigor el próximo 7 de marzo, por la necesidad de ahorrar combustible. Rubalcaba señaló que ese ahorro será entre el 10 y el 15% del total de la gasolina que se consume por esas vías.

Según los datos del Gobierno, ello supondría ahorrarse unos 18 millones de barriles al año, equivalente a un coste de 1.400 millones de euros. Expertos consultados por este periódico aseguraban ayer que ese cálculo es excesivamente optimista y que la iniciativa solamente permitiría economizar entre un 2 y un 3%.

Sea como fuere, la medida es una improvisación en toda regla, que tendrá un impacto muy pequeño para resolver un gran problema, que molestará a los conductores y aumentará el enfado de la industria con el Gobierno. Aun suponiendo que la limitación sirviera para ahorrar algunos millones de barriles, habría que considerar también la pérdida de tiempo que implica circular a una menor velocidad, lo que también es un factor económico a valorar.

El Gobierno explicó ayer que su decisión es temporal: sólo se mantendrá mientras el precio del crudo se mueva a los niveles de estos días. Anteayer el barril de Brent rozó los 120 dólares por barril, pero luego bajó a 112 tras el anuncio de Arabia Saudí de aumentar su producción.

Resulta difícil de creer que, una vez que la medida haya entrado en vigor, el Gobierno vuelva a restablecer los límites hoy vigentes, entre otras razones, porque ello supondría modificar de nuevo unas 20.000 señales que ahora va a tener que cambiar. ¿Ha evaluado el Ejecutivo cuánto cuesta colocar pegatinas para cubrir esas señales que hay por toda la geografía española?

Otro de los reproches que se le puede formular al Gobierno es que la limitación no se ha adoptado teniendo en cuenta razones de seguridad, que siempre deberían tener más peso que cualquier otra consideración, sino que se ha puesto en marcha para lograr un discutible ahorro económico. Nuevamente el Ejecutivo vuelve a hacer gala de ese prohibicionismo que tanto le gusta, como se ha visto en el caso del tabaco, en lugar de afrontar las causas estructurales del problema que tiene España en relación a la energía.

A lo largo de estos últimos siete años, el Gobierno ha sido incapaz de elaborar un plan energético coherente, ha apostado por subvencionar las costosas fuentes renovables y se ha empecinado en demonizar la energía nuclear. La única medida de ahorro energético fue regalar a los ciudadanos una bombilla de bajo consumo, otra ocurrencia que tampoco sirvió para nada.

De aquellos polvos vienen estos lodos. El problema es ahora gravísimo porque por cada 10 dólares que sube el barril la factura petrolífera se incrementa en 6.000 millones de dólares para España. Un coste que puede agravar todavía más la crisis y afectar negativamente al crecimiento económico, por lo que sería muy conveniente que el Gobierno intentara resolver esta dependencia del crudo no con parches sino con soluciones a largo plazo.

Avala el informe del inspector Carlos Germán

El juez desmonta las maniobras de Interior

EL JUEZ RUZ ha dado un gran paso en la instrucción del caso Faisán al avalar la investigación realizada por el inspector Carlos Germán. La táctica de Interior y de la Fiscalía ha sido intentar desacreditar a este inspector, que en su informe revelaba que el chivatazo a Elosua fue llevado a cabo por órdenes que partían del ex director general de la Policía. Pero el juez ha desactivado las maniobras de Interior al señalar en una resolución que no tiene motivos para «dudar del equipo investigador» comandado por Germán. Ruz no cree en la veracidad de la acusación del comisario Cabanillas, que había testificado que Germán había intentado destruir las cintas del chivatazo. Interior ya empleó esta misma estrategia cuando quiso desacreditar el testimonio de Amedo sobre los GAL o el de Perote en las escuchas del Cesid. El auto de Ruz estrecha todavía más el cerco sobre Rubalcaba.

No se debe perder el tiempo en lo remoto

Antes investigar el 'caso Faisán' que Guantánamo

LA SALA de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por Javier Gómez Bermúdez, acaba de dar otra muestra de torpeza o, en el peor de los casos, de malicia. Porque se ha mostrado favorable a investigar las presuntas torturas de un marroquí residente en España durante su internamiento en Guantánamo. El caso fue admitido a trámite en 2009 por Garzón, pero fue recurrido por la Fiscalía y los jueces consideran ahora que procede iniciar la instrucción. Esta decisión de la Audiencia, aunque sea conforme a la ley, no es más que un brindis al sol porque un juez español va a tener muy difícil en la práctica investigar Guantánamo. Por eso es inexplicable que cuando a los magistrados de la Audiencia les faltan recursos y tiempo para avanzar en casos clave para España como el 11-M o el chivatazo a ETA, o, por ejemplo, se dilata la reapertura del sumario por el asesinato de García Goena, se pierda el tiempo en causas que no conducen a ninguna parte. Con este tipo de decisiones, la Audiencia Nacional da la razón a los que piensan que no tiene más futuro que su desaparición.

La esposa del acusado le culpa ante las cámaras

El 'caso Mari Luz' pasa de la sala a televisión

EL JUICIO por el asesinato de la niña Mari Luz Cortés quedó ayer visto para sentencia en la sala, aunque no en la televisión, convertida en el supremo tribunal del honor y del deshonor. Mientras el fiscal y la acusación particular sostenían ante los jueces vestidos con toga que Santiago del Valle y su hermana Rosa son culpables «sin ninguna duda razonable», la esposa del acusado confesó en un programa televisivo que su marido mató a la niña en un «trágico accidente». En su declaración ante el tribunal, Isabel García había culpado del crimen a su cuñada, aunque después de un fin de semana en compañía de personal de la cadena de televisión, se vino abajo en antena y acusó a su marido. Posteriormente se dirigió a declarar ante la Policía Judicial. Desde el punto de vista procesal, su declaración tiene escasa trascendencia, salvo que ante la Policía haya aportado pruebas del crimen que no se hubieran conocido en el juicio. Pero el caso Mari Luz está siendo morbosamente explotado por las cadenas en la lucha por la audiencia. Incluyendo la presión hacia una mujer como Isabel García, que sufre retraso mental.

ESPERANZA AGUIRRE, PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID: Las "primeras damas" unidas por el cáncer

ESPERANZA AGUIRRE / MAR UTRERA

las 'primeras damas' unidas por el cáncer

Coqueta y optimista, la presidenta de la Comunidad de Madrid siguió una estrategia radicalmente diferente a la de la discreta mujer de Ruiz Gallardón, haciendo pública su enfermedad

MARÍA EUGENIA YAGÜE

Ingresó el martes en el quirófano, salió del Clínico el jueves y descansará en su casa diez días para incorporarse inmediatamente a su despacho. Así es Esperanza Aguirre, que hasta la enfermedad se doblega a sus ganas de vivir y a su frenética actividad.

Es mujer de carácter. Sólo un ligero temblor de voz denotaba su emoción cuando con voz serena anunciaba públicamente que padecía un cáncer. Sin embargo el pasado fin de semana debió de pasar los peores días de su vida. El miércoles 16 mientras daba su apoyo en Ifema a los diseñadores de la inminente Pasarela Cibeles con la sonrisa de siempre, debía ignorar el resultado de la biopsia de un bulto en el pecho, detectado durante una revisión rutinaria, cuyo pronóstico resultó ser un cáncer, como ella misma notificó el viernes a sus más cercanos colaboradores.

Cuentan que lo pasó mal al conocer el diagnóstico a pesar de que el grado de malignidad del tumor era bajo y los médicos consideraban que se había detectado a tiempo. El lunes 21 anunciaba públicamente su enfermedad y se operaba 24 horas más tarde. Su marido Fernando Ramírez de Haro y uno de sus dos hijos la acompañaron al hospital, pero la presidenta de la Comunidad de Madrid no quiso que nadie más de su familia alterara su calendario por ella. Su suegra Beatriz Valdés tenía programado un viaje a Francia y pensó en anularlo para estar cerca pero Esperanza le dijo que ni se le ocurriera quedarse en Madrid. «Sé que todo ha salido mucho mejor de lo que pensaban»,comentó en París la marquesa de Casa Valdés.

Ha sido una paciente excelente. «Sólo se ha quejado de molestias en la axila porque deben haberle quitado algún ganglio linfático», comentan en el Clínico y añaden que ha agradecido los innumerables apoyos recibidos a través de Twitter y por mensajes de móvil aunque se ha puesto al teléfono para José Luis Rodríguez Zapatero y Alberto Ruiz Gallardón. Pero pocos saben que la llamada que más le ha conmovido ha sido la de la esposa del alcalde de Madrid, Mar Utrera.

Algunas manifestaciones de Gallardón han puesto de manifiesto la especial relación creada estos días entre el alcalde y la presidenta de la Comunidad de Madrid, cuyas rivalidades políticas han sido del dominio público. En una carta a Esperanza Aguirre publicada el martes en ElMundo, Gallardón escribía: «He tenido en los últimos tiempos una relación muy directa con el cáncer y sé que muchas veces genera un temor. Entiendo bien por lo que estás pasando. Conozco como muy pocos el enorme caudal de cercanía y cariño que has demostrado cuando una persona que se enfrenta al cáncer necesita de este apoyo. Me ha conmovido ser testigo de esa solidaridad sincera que te he visto desplegar en este último año muy cerca de mí …». La carta de Gallardón terminaba así: «Sabes que en la vida personal, estamos hoy más cerca que nunca».

Sin pronunciar su nombre, Gallardón estaba hablando de su esposa, María del Mar Utrera, que también ha padecido un cáncer en el último año. El tema apenas se ha mencionado en los medios de comunicación a pesar de que muchos periodistas estaban al corriente de la situación.

La declaración pública de Esperanza Aguirre ha sido aplaudida por oncólogos y enfermos como un estímulo para que hombres y mujeres se hagan exámenes preventivos y se quite dramatismo a una palabra maldita que ya no es sinónimo de muerte. Un taxista comentaba la otra tarde: «Después de escuchar a la presidenta, mi señora ha cogido cita por fin, para hacerse una revisión que hasta ahora le daba miedo».

¿Es positivo que un personaje público declare que padece cáncer y animar así a otros enfermos a combatirlo sin prejuicios ni fatalismo? Gente tan conocida como Luz Casal, Mayra Gómez Kemp, Encarna Salazar, Laura Valenzuela y su hija Lara Dibildos, María Pineda, Sandra Ybarra o el político catalán Antoni Durán Lleida, han salido del armario con naturalidad y entereza. Sin embargo está también el derecho a la intimidad, a la privacidad de una enfermedad cuyos tratamientos ,como la quimioterapia suelen ser penosos.

ACTITUDES OPUESTAS

Casualmente las dos primeras damas de la capital de España, han sido víctimas del cáncer, pero su reacción ha sido tan diferente como respetable en ambos casos. Aguirre decidió hacerlo público. Mar Utrera eligió la discreción porque siempre ha huido de la notoriedad y la vida social, dejando el protagonismo para su marido. Es una mujer discreta, entregada a su familia y a sus cuatro hijos, a pesar de ser una brillante licenciada en Derecho y colaboradora de una editorial como lectora.

Su cáncer, también en el pecho y descubierto en un examen de rutina, tenía una malignidad superior al de Esperanza Aguirre, quien no va a necesitar quimioterapia, mientras Mar Utrera recibió tratamientos de radio y quimio. «Pero es una mujer fuerte y valerosa, con ganas de salir adelante y lo ha llevado con mucha entereza»,cuenta una de sus amigas.

Unas semanas atrás, Mar Utrera apareció junto a Gallardón en la presentación de la biografía de Plácido Domingo ,escrita por el periodista de El Mundo Rubén Amón. Ya no usaba peluca y tenía su propia pelo, cortito y muy favorecedor. Hace unos días, almorzaba con sus amigas de siempre en un restaurante japonés de la calle Hermosilla de Madrid. Se la veía animada y contenta.

La periodista francesa Josette Alia de Le Nouvel Observateur, denunció una vez que las salas de espera de las sesiones de quimioterapia estaban llenas de mujeres solas, con peluca y caras desencajadas pero Alberto Ruiz Gallardón ha dado la talla. Ha estado junto a su esposa al pie del cañón, en las sesiones de quimio, en los momentos duros. En la salud y en la enfermedad, como dice el juramento.

A ZAPATERO Y RUBALCABA les surge la ocurrencia de reducir la velocidad a 30 y 110 km/h

S. PICCIONE / B. MONTAÑO / Madrid

Ocurrencia ante la crisis libia: prohibido conducir a más de 110

El Gobierno pondrá pegatinas en las señales de tráfico alegando un ahorro del 15% en combustible / Los expertos dicen que el ahorro real será del 3%

El Gobierno aprobó ayer limitar a 110 kilómetros por hora la velocidad en autopistas y autovías para ahorrar en la factura del petróleo. Una medida que, según el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba, tendrá como consecuencia el recorte de prácticamente un 15% en el consumo de gasolina y gasóleos.

Tal cálculo ha colocado la sonrisa en la cara de los técnicos en motores de combustión, que sitúan el ahorro real en torno al 3% o, como máximo, en un 4%. Para empezar, esta limitación de velocidad afectará tan sólo a los turismos y carecerá de efecto sobre los camiones y autobuses, que consumen buena parte del total que se atribuye al transporte por carretera. Además, el nuevo límite sólo se aplicará en vías que, aunque soportan gran parte de la intensidad del tráfico, no absorben más que un 60% del total que se registra en España. Sigue en página 4

Editorial en página 3

Sin embargo, pese a todos estos datos técnicos, según los cálculos del Gobierno, con la bajada de 10 kilómetros por hora en la velocidad máxima en autovías y autopistas se conseguiría ahorrar en un año en torno a 1.400 millones de euros a los precios actuales del crudo. O, lo que es lo mismo, se ahorrarán en un año 18 millones de barriles de petróleo que no habrá que importar del exterior porque no se consumirán.

Para compensar los efectos negativos de esta medida -y la subida de los carburantes- en la movilidad de los ciudadanos, igualmente se han anunciado reducciones del 5% en los precios de los billetes y abonos de los trenes de cercanías y de distancias medias.

Estas nuevas tarifas de Renfe entrarán en vigor el próximo día 7 de marzo, al mismo tiempo que la limitación de la velocidad a 110 kilómetros por hora.

Por otra parte, admitiendo que en los coches con motor diésel la reducción de la velocidad tendrá menos importancia, se ha decido también elevar al 7% el contenido de biocombustibles en el gasóleo.

El vicepresidente primero confirmó que tanto la bajada de la velocidad en autovías y autopistas como las rebajas en el precio de los billetes de Renfe son «temporales y transitorias». Pero, en España, sobre a la transitoriedad de medidas como ésta existe un mal precedente. Los primeros límites de velocidad que -también de forma provisional- se impusieron en 1973 para reducir el consumo de petróleo durante la crisis de suministro que se produjo tras la guerra del Yom Kipur, jamás se quitaron.

Lo que permanecerá será el contenido de un 7% de biocarburantes por cada litro de carburante. Esto es algo que se estaba haciendo en España desde hace algún tiempo con el objetivo de cumplir la normativa europea que indica que se debería llegar a un 15% de utilización en los biocombustibles.

El problema es que en un país con un parque tan viejo como el de España, hay motores que no aceptarán que se superen ciertos límites de estos carburantes ecológicos que reaparecen con fuerza cuando el precio del petróleo sube y desaparecen cuando baja. De cualquier forma, será el ministro de Industria, Miguel Sebastián, quien tenga que reglamentar ulteriormente al respecto.

La introducción de más biocombustibles permitirá evitar la compra de dos millones de barriles de petróleo, lo que supone un ahorro de 160 millones de euros, según explicó Rubalcaba.

Éste lanzó un mensaje para tranquilizar a los ciudadanos, al afirmar que no hay riesgo para el suministro de petróleo en España por la crisis libia. Consideró que la situación de altos precios del crudo no entorpecerá el tímido proceso de recuperación económica iniciado en nuestro país.

Desde el sector del automóvil se ha contemplado la medida con escepticismo. Los vehículos más modernos, equipados con cajas de cambio de seis, siete y hasta ocho velocidades, están puestos a punto para lograr su máxima eficiencia a velocidades más altas, acordes con los límites de velocidad máxima, de 130 kilómetros por hora, generalizados en Europa. En esas condiciones, insisten en que el ahorro real de la medida estará entre el 3% y el 4%.

Y no se ha valorado que los vehículos de transporte, que consumen un 30% del total que se atribuye al automóvil, no ahorrarán nada. De la misma manera, dado que las carreteras nacionales, comarcales y locales, así como el tráfico urbano no se verá afectado, hay un 40% del tráfico que quedará libre de la posible reducción del consumo.

Desde Anfac, la asociación de fabricantes, se recuerda que desde hace algún tiempo insisten en que es posible un ahorro en el consumo de combustible de los automóviles, pero a partir de una mejor regulación del tráfico para evitar retenciones y atascos, así como de propiciar una forma diferente de conducir en los ciudadanos.

El Gobierno tampoco ha valorado el coste de adecuar la señalización de velocidad a la nueva norma, algo que además es imposible en el curso de una sola semana hasta que el lunes día 7 de marzo entre en vigor. Desde el Ministerio de Fomento se ha adelantado la cifra de 250.000 euros como posible coste de las pegatinas con el límite de 110 que se colocarán encima de las señales de 120 y que, posteriormente, serán retiradas.

Por cierto que, dado que la medida es provisional, se ha decidido que sólo se perderán puntos del carné de conducir cuando se sobrepasen los márgenes actualmente previstos. Sin embargo, si habrá multa económica para quien no respete los 110 kilómetros por hora.

No todos rechazan la decisión del Gobierno de bajar la velocidad máxima en autovías y autopistas. Ecologistas y asociaciones de víctimas del tráfico han aplaudido la medida y piden que se mantenga incluso aunque el precio del barril de petróleo llegue a bajar. Los primeros sostienen que la máxima eficacia en el consumo la consigue un automóvil rodando a unos 90 kilómetros por hora. Las segundas, porque dicen que se gana en seguridad. Aunque no sea ése el objetivo de la medida.

OORBYT.es

>Vea hoy el Diario de la crisis: John Müller analiza el ahorro que busca el Gobierno con la reducción de la velocidad máxima en las autopistas y autovías.

De bombillas, corbatas y coches

Incentivar el ahorro de la energía ha sido una de las políticas más empleadas por el Ministerio de Industria para explicar a los ciudadanos la necesidad de que cambien de hábitos: desde prescindir de la corbata en verano con el objetivo de no abusar del aire acondicionado, a regalar bombillas de bajo consumo para evitar 'facturones' de luz. El problema es que, en este caso, hacer caso omiso de la recomendación de Industria será penalizado con una multa mínima de 100 euros, que es la sanción prevista por exceder el límite de velocidad. Las nuevas multas por despilfarrar combustible serán competencia de la Dirección General de Tráfico, que ya tiene previsto introducir cambios en el Reglamento General de Conductores para justificar reducciones en los límites de velocidad por este tipo de circunstancias. Será un epígrafe en el capítulo de ingresos de la DGT, cuyo presupuesto se ha visto mermado en los últimos años por el descenso del tráfico en las carreteras.

P&R

C. URRUTIA / B. MONTAÑO / Madrid

...Y ahora la DGT también multará por gastar más gasolina

El plan anunciado ayer por el Gobierno para recortar el gasto de combustible en carretera sorprendió a automovilistas, fabricantes de señales de tráfico, fabricantes de coches, de navegadores..., pero sobre todo a la Dirección General de Tráfico (DGT), que la semana que viene tendrá que introducir numerosos cambios en el Reglamento General de Circulación.

¿Dónde se aplicará la reducción de límites máximos de velocidad?

En autopistas y autovías los automóviles deberán circular a 110 km/h como máximo. El vicepresidente no explicó si la reducción será lineal en estas vías para el resto de vehículos, ya que los camiones, por ejemplo, sólo pueden circular a un máximo de 90 km/h en autopistas y los autobuses a 100 km/h.

Si es una medida para ahorrar energía, ¿por qué se multará a partir de 110 km/h?

Señalizar un nuevo límite obliga a hacerlo respetar, aunque no esté claro que así se consiga una mayor reducción de accidentes. De hecho, el Gobierno indicó ayer que el objetivo de su medida no tiene que ver con la seguridad vial. Sin embargo, afectará de lleno a esta materia: la semana que viene la DGT tendrá, entre otros muchos deberes, que recalibrar sus radares.

¿Cuál será la velocidad a la que saltarán los radares?

Con la limitación actual, disparan la foto a 138 km/h, según reconoció recientemente la DGT. La diferencia con el límite marcado en la señal se explica por el margen de error aplicado a los aparatos. Con los nuevos límites, la velocidad a la que saltará el radar será 127 km/h, según fuentes consultadas.

¿A partir de qué velocidad se computará la pérdida de puntos: 110 km/h o 120 km/h?

Las explicaciones dadas ayer por el vicepresidente fueron del todo insuficientes, porque indicó que las sanciones por exceder los 110 km/h «estarán al margen del carné por puntos». ¿Significa esto que habrá unas nuevas multas de tráfico por gastar demasiado combustible? No está claro aún. Probablemente Rubalcaba quiso decir que el exceso a partir del cual se perderán dos puntos con una sanción de 300 euros seguirá siendo de 20 km/h sobre el límite de 120 km/h, pero la DGT no ha aclarado nada al respecto, con lo que cabría la posibilidad de perder seis puntos con dos meses de suspensión y 600 euros de multa por circular a 180 km/h.

¿Y las penas de cárcel?

El Código Penal para delitos contra la seguridad vial se aplicará sobre los nuevos límites, de manera que un conductor tendrá que sentarse delante del juez y enfrentarse a penas de cárcel a partir de 190 km/h en lugar de 200 km/h, como hasta ahora.

¿Es reducir la velocidad la mejor manera de ahorrar combustible?

La forma más eficiente de economizar carburante para los conductores es circular con marchas largas con el motor a bajas revoluciones, mantener una buena presión en los neumáticos y controlar el uso del aire acondicionado. De todos modos, limitar la velocidad es sólo una parte del problema. Rejuvenecer el parque -hay más de 10 millones de coches que superan los 10 años de antigüedad- sería otra.

¿Es fácil y viable introducir más biocombustibles en las gasolinas?

No. Hay que relanzar la actividad de los productores de bioetanol, para las gasolinas, y de biodiésel, para el gasóleo, que ahora tienen plantas cerradas o con baja actividad. Hay también un problema operativo y de transporte. La Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) tendrá que habilitar más espacio en sus depósitos y camiones cisterna para distribuir más combustibles verdes.

¿Por qué el Gobierno, para aprovechar el esfuerzo, no da el salto al 15% 'verde' de media en la UE?

Se pasa del 5,8% fijado ahora por ley al 7%, un salto pequeño que no compensa todo el cambio logístico e industrial. Para ello, el Ejecutivo debería haber aprovechado el esfuerzo que harán los productores, CLH, las petroleras y las gasolineras para llegar a los niveles medios en Europa. Así, el cambio habría sido más eficiente y productivo.

Madrid

PP: «No se puede obligar a ser ahorrador por decreto»

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, dijo ayer en Orense que limitar a 110 kilómetros por hora la velocidad en las autopistas y autovías es «una de las improvisaciones más caóticas, ridículas y esperpénticas que se le han ocurrido al Gobierno de Zapatero».

«Es una medida extrema para tiempos extremos que el Gobierno ha adoptado desde la improvisación, el desconcierto, la falta de criterio y la pérdida de todo tipo de referentes», añadió.

Cree que la medida fracasará, porque «no se puede obligar a los españoles a ser ahorradores por decreto» ni «recortarles su capacidad para moverse porque el Gobierno les obligue a ahorrar».

Comentó, con ironía, que al Ejecutivo socialista se le ha ocurrido esta decisión lo mismo que podría haber acordado obligar a «apagar la luz a las 10 de la noche». «Son medidas soviéticas a las que deben estar acostumbrados en Cuba, pero a las que no estamos acostumbrados en España, porque apreciamos y defendemos nuestra libertad», subrayó.

Frente a esas críticas, los gobiernos de Cataluña y el País Vasco se mostraron de acuerdo con la medida. Joan Aregio, director del Servicio Catalán de Tráfico, dijo que comparte la decisión adoptada por el Consejo de Ministros siempre que sea «provisional y transitoria».

La directora de Tráfico del Gobierno vasco, Amparo López Antelo, pidió «colaboración» a los conductores para implantar esta medida y ayer mismo ordenó que en los paneles informativos se recuerde el límite de velocidad, pese a que oficialmente la medida no entra en vigor hasta el próximo 7 de marzo.

En Málaga, el ministro de Fomento, José Blanco, recordó que son medidas de carácter «provisional y excepcional», y que estarán en vigor «mientras dure la situación de inestabilidad» en los países que suministran petróleo a España, según informa la agencia Efe.

FRANCISCO APARICIO

Ahorro claramente inferior al anunciado

El consumo de combustible depende de la velocidad del vehículo y de otros factores como el tipo de motor y de transmisión, estilo de conducción, aceleraciones y frenadas impuestas por el flujo de tráfico y orografía, entre otros. Si consideramos exclusivamente las resistencias al movimiento, que dependen del cuadrado de la velocidad, para estimar la diferencia de energía que hay que suministrar al vehículo para vencerlas, en una estimación aproximada y rápida, al reducir la velocidad máxima de 120 a 110 kilómetros por hora, la reducción de los consumos podría ser:

Si todos los vehículos circulasen todo el tiempo a 120 km/h y todos pasasen a circular a 110 km/h, podría esperarse una reducción de aproximadamente el 11% en el consumo. Esta hipótesis es imposible.

Si la velocidad media de circulación fuese de 90 km/h y, como consecuencia de la reducción de la velocidad máxima, dicha velocidad media descendiese a 85 km/h, la reducción del consumo debida a la disminución de la energía consumida en vencer las resistencias al movimiento sería del 6%, aproximadamente.

Considerando los factores omitidos -los ya mencionados referentes a las características del motor y de la transmisión, estilo de conducción, aceleraciones y frenadas impuestas por el flujo de tráfico y orografía entre otros-, cabe esperar un descenso del consumo inferior al anteriormente indicado. Aunque sería conveniente realizar un estudio más completo para poder ofrecer una estimación más ajustada.

Francisco Aparicio es catedrático de Transporte de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, director de Instituto Universitario de Investigación del Automóvil de la Universidad Politécnica de Madrid y presidente de la Asociación de Técnicos de Automoción (Asepa).

CUANDO EL DELINCUENTE ES EL MINISTERIO DEL INTERIOR: El juez percibe delitos en la guerra sucia de Interior contra el investigador del chivatazo

MANUEL MARRACO / Madrid

El juez percibe delitos en la guerra sucia de Interior contra el investigador del chivatazo

El juez Pablo Ruz dictó ayer varios autos que suponen un claro respaldo al investigador principal del chivatazo y, por contra, apuntan a los posibles delitos de quien hace unas semanas le acusó de querer ocultar el caso. El magistrado de la Audiencia afirma que no tiene «motivo alguno» para dudar de Carlos Germán, responsable de las pesquisas. Sigue en página 9

El magistrado dictó ayer tres autos en los que rechaza diversas peticiones de diligencias de acusaciones y defensas. En uno de ellos, el juez descarta de nuevo la celebración de un careo entre el responsable del equipo policial que ha investigado el chivatazo y el comisario José Cabanillas, superior directo de Germán cuando se produjo la delación. Hace unas semanas, Cabanillas declaró ante Ruz que al día siguiente de los hechos Germán le pidió destruir la grabación que desvelaba la existencia del chivatazo.

Ruz recalca que esa acusación es «sorpresiva», puesto que llega años después de los hechos y no apareció en los informes iniciales de Cabanillas sobre el chivatazo, pese a que ya eran muy críticos con Germán. Además, considera que sus explicaciones de por qué no lo había dicho hasta ahora carecen de lógica, y resalta que el superior de Cabanillas desmintió esa versión.

Es más, el juez apunta que, de ser cierta su afirmación, Cabanillas habría podido cometer un delito de omisión en el deber de perseguir delitos -que habría prescrito a los tres años-, puesto que no denunció lo sucedido. Y añade que, si por el contrario, es falsa, el posible delito sería el de haber mentido en una declaración testifical -con penas de seis meses a dos años-.

El juez precisa que la decisión de abrir o no una investigación contra Cabanillas por falso testimonio corresponderá al tribunal que tenga la última palabra sobre el sumario del chivatazo.

Otro de los autos dictado ofrece otro gesto claro de apoyo a la labor del investigador. Se trata del escrito en el que el juez rechaza la petición del jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, de retirar del caso a Germán ante las dudas sembradas por la declaración de Cabanillas. La respuesta del magistrado es que no existe «motivo alguno de pérdida de confianza por este instructor en la labor realizada» por el equipo investigador, compuesto por cinco policías.

En otro de sus autos, el magistrado confirma su decisión inicial de no citar como testigo al secretario de Estado de Seguridad, como reclamaba Dignidad y Justicia. El juez no ve suficiente para rectificar el dato resaltado por la asociación de que Camacho e Hidalgo estaban en un acto conjunto al día siguiente del chivatazo. Eso haría innecesaria una eventual llamada de Hidalgo a Camacho para dar cuenta del éxito de la delación a Joseba Elosua, una llamada que no aparece en el tráfico telefónico y que el juez echaba de menos en una secuencia lógica de hechos que implicara a Camacho.

La negativa de citar al secretario de Estado se produce pese a que, al igual que el fiscal hace unos días, el juez da por seguro que el entonces director general de la Policía, el imputado Víctor García Hidalgo, sí informó a Camacho de la operación contra la red de extorsión. Eso supone un desmentido a la versión del vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba, quien hace unos días afirmó en el Congreso que ni él ni Camacho fueron informados del operativo desbaratado por el chivatazo.

En cuanto a una nueva citación de Germán como testigo, reclamada por la AVT, el juez dice que resolverá una vez concluidas todas las diligencias pendientes, incluidas las declaradas secretas.

ZAPATERO DINAMITA DE NUEVO EL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA IGUALDAD

CARLOS SEGOVIA / Madrid

Salgado deja a Cataluña que se refinancie y no a Murcia

El Gobierno autorizó ayer a la Generalitat de Cataluña a una operación de endeudamiento que, en similares circunstancias, deniega al Ejecutivo de Murcia, según su consejera de Hacienda. Sigue en página 11

El comunicado del Consejo de Ministros desveló que Cataluña ha logrado permiso para una refinanciación a corto plazo de 1.090 millones «no prevista» para este año. Al tiempo, mantiene bloqueada otra de 200 millones a Murcia con el argumento de que el Ministerio de Economía aún no ha aceptado su plan de ajuste.

Sin embargo, pese a la autorización de ayer, Economía tampoco ha aceptado oficialmente el plan de reequilibrio presentado el pasado enero por Cataluña.

Según el comunicado oficial de Moncloa, el permiso especial a esta comunidad se produce «de conformidad con el plan de reequilibrio» presentado por la Generalitat, cuando éste aún no ha sido acordado con el Ministerio de Economía, según reconoce el propio Departamento.

Fuentes oficiales del Ministerio que dirige Elena Salgado ofrecieron a este diario como explicación que «el hecho de que se autorice de conformidad con el plan de reequilibrio no implica una evaluación positiva de éste». Por su parte, fuentes oficiales del Departamento de Economía de la Generalitat admitieron que «el plan no ha sido aún aceptado, está aún en negociación».

¿Entonces? «Si se le ha autorizado este endeudamiento a corto sin que esté acordado su plan de ajuste, se confirma la discriminación autonómica de este Gobierno», declaró ayer a EL MUNDO la consejera de Hacienda de la Comunidad de Murcia, Inmaculada García.

«El Gobierno de Murcia presentó el pasado diciembre el plan de reequilibrio y nos han comunicado que no nos autorizarán operaciones de endeudamiento, tampoco de refinanciación, sin que esté acordado con el Ministerio de Economía. Pero, por lo que se ve, a Cataluña sí y a Murcia no», criticó la consejera.

La polémica arrancó el pasado 7 de febrero cuando el presidente de la Generalitat, Artur Mas, visitó el Palacio de la Moncloa y anunció, tras entrevistarse con el presidente del Gobierno, que «en breve» recibiría autorización para endeudarse pese a no contar aún con aprobación a su plan de ajuste. Sus declaraciones desataron la protesta de diversos barones socialistas y del propio presidente de la Comunidad de Murcia, Ramón Luis Valcárcel.

El Gobierno se vio obligado a emitir un comunicado desde la Presidencia del Gobierno asegurando que no habría discriminación y que todas las comunidades obtendrían permiso para endeudarse cuando se aprobaran los respectivos planes de reequilibrio presupuestario.

Teóricamente, están vetadas para endeudarse las comunidades que no cumplieron con el control del déficit en 2010: Cataluña, Castilla-La Mancha y Murcia. La excepción es, oficialmente, cuando se trate de operaciones de refinanciación, pero, según la consejera de Hacienda murciana, «ha quedado claro que el trato no es igual para todos».

Cataluña copó ayer la mitad de los permisos de deuda del Gobierno central. El Consejo de Ministros autorizó en total 3.829,6 millones de euros, de los cuales 1.866, 2 son para Cataluña. Y, de esta cantidad, el grueso va a la mencionada operación «no prevista» y referida a financiar «gasto sanitario de anteriores ejercicios» imputados al año 2006. Madrid (819,7), Andalucía (501,5), Galicia (419), Baleares (80,5), Asturias (71,3), Canarias (45,8) y Extremadura (25,6 millones de euros) se repartieron el resto de autorizaciones.

CORRUPCIONES SOCIALISTAS:

MANUEL MARRACO / Madrid

El frente judicial del presidente del Congreso

El patrimonio de Bono ha provocado hasta ahora la presentación de 4 querellas

Una querella admitida, dos rechazadas pero pendientes de recurso y otra a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre su admisión. Ése es, a fecha de hoy, el balance judicial del presidente del Congreso, José Bono.

En esa ofensiva contra el ex presidente de Castilla-La Mancha, siempre con su supuesto enriquecimiento de fondo, Bono ha contado en todas las ocasiones con el respaldo de la Fiscalía, bien oponiéndose a que los jueces admitieran las causas que le afectaban, bien negándose a las peticiones del PP de que investigara su patrimonio.

La última decisión que le afecta, aunque no figure como querellado, es la de una jueza de Toledo que el miércoles imputó por un delito societario a cuatro administradores de Hípica Almenara, de la que Bono es propietario junto a su familia. Es su condición de figura pública la que precisamente ha llevado al juez a considerar que existe un «interés general» que permite la excepcional presencia de una acusación popular.

El juez recoge en su auto que el caso «atañe a la transparencia que debe imperar en toda sociedad democrática en tanto en cuanto el socio mayoritario de Hípica Almenara S.L. es actualmente un Alto Dignatario del Estado, así como un anterior Alto Dignatario del Gobierno de España y de la Administración autonómica castellano-manchega. Cuestión no baladí al tratarse de una actividad privada de un gestor público, de quien debe predicarse un digno ejercicio de todas sus actividades».

A petición del abogado Antonio Panea, en nombre de la asociación Ciudadanía Anticorrupción, el juzgado también ha reclamado documentación a la sociedad Onde 2000 -propiedad de Francisco Hernando, El Pocero-, lo que permitirá aclarar quién pagó las obras efectuadas en la hípica.

Las otras tres querellas vinculadas al caso Bono sí buscan directamente la imputación del presidente del Congreso. Puesto que se trata de un aforado, fueron presentadas ante el Supremo. Las dos primeras, de Preeminencia del Derecho y Ciudadanía Anticorrupción, se inadmitieron en diciembre, al considerar que «no hay indicio de la existencia y recepción de la dádiva ni de la ejecución de un acto contrario a los deberes del cargo, por lo que tampoco existen indicios de la existencia de un delito de cohecho».

El recorrido de ambas querellas aún no se ha agotado, ya que los letrados respectivos, José Luis Mazón y Antonio Panea, han presentado recursos de súplica con nuevos documentos sobre la tasación de los inmuebles que Bono y la inmobiliaria Reyal Urbis permutaron, supuestamente a beneficio del dirigente socialista.

Existe una tercera querella sobre cuya admisión el Supremo no se ha pronunciado. Fue presentada a principio de febrero por el ex diputado popular Jaime Ignacio del Burgo en nombre de la asociación Justitia et Veritas. El escrito atribuye a Bono los delitos de cohecho continuado, falsedad en documento público y delito fiscal. Por último, Anticorrupción mantiene formalmente abierta una investigación sobre el escándalo inmobiliario de Seseña que podría afectar a la Junta presidida por Bono.

MARÍA RIONEGRO / Sevilla

El PSOE rechaza por cuarta vez investigar Mercasevilla

El voto de calidad del alcalde de Sevilla impide la comisión

(2.007 Chirigota Los Prejubilaos: ...que feliz y que contento voy a etá prejubilao)

El PSOE tumbó ayer por la mínima el cuarto intento de crear una comisión de investigación sobre las irregularidades en Mercasevilla a iniciativa del único partido de la oposición en el Ayuntamiento de Sevilla, el PP. Sólo el voto de calidad del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, impidió la investigación interna de un caso que lleva casi dos años bajo instrucción judicial y que ha desembocado en cuatro causas abiertas y 18 imputados, entre ellos dos gerentes de Urbanismo y un exconcejal socialista.

La abstención de los tres ediles de IU -una posición que sorprendió, pues hasta ahora había votado en contra- dejó el marcador entre los grupos mayoritarios, PSOE y PP, a 15 votos, en empate, y sólo el privilegiado sufragio del primer edil permitió que, por cuarta vez, se negase la formación de esta comisión.

Llegar al empate tampoco fue fácil, ya que la concejal y presidenta del pleno, Rosamar Prieto-Castro, votó sí por error, pero la oposición permitió repetir la votación.

El argumento de fondo del Gobierno municipal fue el mismo: el caso se encuentra ya en el juzgado y el único interés del PP es crear «un circo mediático» a tres meses de las elecciones. Para la oposición, en cambio, aprobar esta comisión de investigación supondría «quitar las malas hierbas» y «lanzar un mensaje de limpieza de corrupción y de depuración de responsabilidades políticas en el Ayuntamiento de Sevilla», aunque lamentó que el PSOE e IU «huyan» de este procedimiento.

El turno de réplica fue del edil de IU Carlos Vázquez, quien defendió que abrir una investigación interna «no procede» y sería «inútil». Acusó a la oposición de «poner contra las cuerdas» a la juez del caso Mercasevilla con el único objetivo de que antes del 22 de mayo, «con razón o sin ella, impute al candidato de IU», Antonio Rodrigo Torrijos, por lo que pidió al PP que «no intente sustituir a la magistrada en la instrucción y no la condicione».

El PSOE justificó su rechazo en las verdaderas intenciones de los populares. El portavoz socialista, Alberto Moriña, dijo que al PP «sólo le interesa el show mediático, un juicio paralelo a este proceso que se está llevando donde se tiene que llevar» y criticó que además quiera «poner en duda un sistema por el que muchos trabajadores se han visto favorecidos cuando veían cómo se cerraban empresas y los criminalizan llevándolos a la justicia y creando alarma social».

La oposición no se arrugó y mostró pruebas que cuestionan, a su juicio, la diligencia del Ayuntamiento hispalense en Mercasevilla.

C. S. / Madrid

Denuncian en la Audiencia al gerente del PSOE

Llega a la Audiencia Nacional el escándalo del gerente del PSOE, Xoán Cornide, que se ofreció a dar «un empujón» en favor de la constructora gallega Extraco. El llamado Sindicato Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias ha presentado una denuncia contra él ante la Audiencia Nacional.

Manos Limpias basa su denuncia en las informaciones y correos electrónicos publicados por EL MUNDO en los que Cornide aseguró al presidente de Extraco, Pablo Prada, que daría «un empujón» a ofertas de éste en concursos del Ministerio de Fomento.

El titular, José Blanco, es vicesecretario general del PSOE y responsable de la designación de Cornide al frente de las finanzas del partido.

El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, sostiene en su escrito que Cornide puede haber cometido un delito de tráfico de influencias como el recogido en el artículo 428 del Código Penal y, entre otras diligencias, reclama al juzgado de instrucción que corresponda que tome declaración al gerente del PSOE y a varios altos cargos.

La denuncia va también dirigida contra el propio presidente de Extraco y también contra el presidente del grupo público ferroviario Adif, Antonio González Marín. Éste adjudicó varios contratos a Extraco tras asegurar Prada, en un correo a Cornide, que González Marín había recibido un «toque» de personas ligadas al PSOE. Blanco ha negado irregularidades y trato de favor en las adjudicaciones de Fomento a Extraco y Cornide ha justificado su ofrecimiento de ayudar a Extraco por «cortesía» sin que eso haya implicado gestión alguna ante el Ministerio.

Petición de gestiones

Blanco hizo público también, tras las informaciones de EL MUNDO, que la Fiscalía Anticorrupción había archivado el caso. Según el escrito del fiscal difundido por el Ministerio, el archivo se basó, entre otros factores, en que Cornide nunca respondió a los correos que le enviaba Prada.

Sin embargo, este diario sí difundió uno en que el gerente del PSOE respondía afirmativamente a la petición de gestiones que le hacía Prada.

Si la Audiencia Nacional admite a trámite la denuncia se reabrirá el caso. Según el Código Penal, basta con que Cornide hiciera gestiones ante cargos del Ministerio de Fomento, aunque éstas no tuvieran resultado, para haber incurrido en delito.

ESTEBAN URREIZTIETA
EDUARDO COLOM / Palma

La Policía registra UM en busca de la 'caja B' con la que compró votos

Incauta la contabilidad del partido durante la 'era Munar' y detiene a tres miembros

La Policía Judicial y la Fiscalía Anticorrupción registraron ayer la sede de Unió Mallorquina (UM) en busca de la caja B que empleó el partido que presidía Maria Antònia Munar para financiar ilegalmente la pasada campaña electoral y comprar los votos que le propiciaron tres diputados, con los que entregó el Gobierno de Baleares al PSOE de Francesc Antich y desbancó al PP de Jaume Matas. La comisión judicial irrumpió a primera hora de la mañana en las oficinas del partido, situadas en pleno centro de Palma, preguntando dónde guardaban el dinero en metálico.

«Queremos saber dónde está la caja fuerte», espetaron los agentes a los trabajadores de la formación política. Acto seguido se les exhibió una de pequeñas dimensiones que contenía 2.000 euros en efectivo. «No, ésta no, la otra», replicó un policía. «Buscamos la contabilidad B», añadió sin encontrar respuesta.

La irrupción de los fiscales y del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional en la sede de UM tiene lugar semanas después de que EL MUNDO destapase la existencia de una gran contabilidad opaca al fisco que se nutría de sobres entregados por los contratistas públicos. Dinero que administraban las secretarias del partido, que se custodiaba en la propia sede y con la que se pagaron los servicios de los activistas de la formación durante los pasados comicios autonómicos y municipales. Con esa caja B también se sufragó la compra masiva de votos entre los colectivos inmigrantes radicados en Mallorca, los de la tercera edad, así como entre decenas de familias de etnia gitana.

A estos últimos se les entregaban sobres el mismo día de las elecciones con entre 50 y 80 euros en metálico a cambio de su sufragio. Se siguieron dos fórmulas: o bien un miembro del partido acompañaba al votante y, tras cerciorarse de que depositaba la papeleta de la formación nacionalista, se le hacía entrega del dinero. O bien se escogía a representantes de los clanes para que depositaran papeletas de UM que llevaban de forma masiva en bolsas de supermercado y en nombre de sus «familiares, amigos y vecinos», según el testimonio de una de esas personas. La policía intervino listados de las aportaciones realizadas por todos los miembros de UM colocados durante esta legislatura en las instituciones públicas así como de relaciones de pagos bancarios librados por algunos de los principales contratistas del Consell de Mallorca que presidía Munar para sufragar la campaña electoral.

En cuanto a los pagos en B, las oficinas de UM custodian documentos en los que figuran nombres de pila de colaboradores del partido y, junto a ellos, cantidades de dinero. Según fuentes próximas a la formación política, se trata de pagos en dinero negro materializados durante esta misma legislatura, mientras UM era presidido por el delfín de Munar, Miquel Nadal.

Cabe recordar que Munar ha sido durante estos años la presidenta del Parlamento balear, hasta que se vio obligada a dimitir hace ahora un año tras ser acusada de corrupción precisamente por su número dos, Nadal, que confesó la compra conjunta con 300.000 euros en negro de una productora audiovisual a la que regaron con cinco millones de euros públicos y en la que pusieron en nómina a decenas de captadores de votos.

Éste es el epicentro de la denominada operación Maquillaje, de la que deriva la iniciada ayer y bautizada como Picnic porque engloba, además, el pago con fondos públicos de excursiones que se realizaban con pretextos medioambientales y que se acababan convirtiendo en jornadas para contentar al electorado del partido.

De hecho, en el marco de esta segunda ramificación de la operación de ayer, la Policía registró empresas de transporte vinculadas a empresarios de UM que organizaban excursiones para aquellos activistas de la formación que, pese a que cobraban un salario público de unos 1.000 euros, realmente se dedicaban a cazar votos. La mayoría fueron colocados en el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Palma bajo el pretexto de ser «agentes de información medioambiental». La Policía ordenó la detención de la número dos de la concejalía, Paula Cortés y de otros dos altos cargos.

EL PSOE PONE EN MARCHA LA PRIVATIZACIÓN DE LOS AEROPUERTOS

B. M. / Madrid

Arranca la venta de Aena ante el desinterés de las concesionarias

Los gigantes del sector no quieren entrar en el 'holding' sino comprar Barajas y El Prat

En España hay varios gigantes de las concesiones de infraestructuras que triunfan a lo grande a nivel internacional. Aeropuertos, puertos, autopistas, aparcamientos y otras concesiones menores de todo el planeta son gestionadas con éxito por compañías como Abertis, Ferrovial, Sacyr, OHL y Globalvía, entre otras.

Ninguna de ellas ha manifestado un interés especial por el proceso abierto ayer por el Consejo de Ministros, que dio la autorización a Fomento para la creación de la sociedad mercantil de Aena Aeropuertos. Con esta decisión arranca el proceso para la privatización del 49% del gestor de los aeropuertos españoles. La idea del Gobierno es dar entrada a socios inversores en el holding Aena Aeropuertos, pero ninguno de los gigantes españoles quiere aparcar ahí un alto monto económico si no tiene la capacidad de gestionar, ya que Fomento seguirá acaparando el control del grupo ya privatizado.

En lo que sí ha mostrado interés la mayoría de estas compañías es en los otros dos procesos paralelos a la privatización de Aena: la venta de las torres de control y la privatización de los grandes aeropuertos (Barajas, El Prat, Málaga, Palma...).

Según la información facilitada por el Gobierno, la totalidad del capital social de Aena Aeropuertos corresponderá inicialmente a Aena, que podrá vender una parte, aunque conservará la mayoría de dicho capital, que es lo que frena a los grupos concesionales españoles.

Según el nuevo modelo aeroportuario planteado por Fomento, el primer paquete de torres de control -Alicante, Valencia, Sabadell, Ibiza, Jerez, Sevilla, Melilla, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Coruña, Vigo y Cuatro Vientos (Madrid)- podría comenzar a liberalizarse a finales de abril, una vez publicados los pliegos de los contratos, informa Europa Press.

Ya se han interesado por la venta de las torres los grupos Ferrovial, ACS, Indra, FCC, Saerco y Gesnaer.

El Gobierno cifra en 8.906 millones de euros el valor de mercado del 49% de Aena que será privatizado. No obstante, esta cifra se diluye hasta los 2.707 millones si se descuenta la deuda del organismo.

El grupo pretende que los ingresos de la operación se destinen a reducir a la mitad la deuda que arrastra el gestor, que acumula un pasivo de 12.000 millones de euros, de forma que entre en beneficios en 2014.

El proceso ha recibido fuertes críticas de algunos partidos, consumidores y sindicatos, que anunciaron huelgas contra la privatización.

Rubalcaba se 'olvida' de anunciar la privatización de Aena

>Alfredo Pérez Rubalcaba se 'olvidó' ayer, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, de anunciar la privatización de Aena. Lo hizo tras las preguntas de los periodistas. Ocurrió lo mismo con la autorización para que algunas CCAA emitan deuda.

>El vicepresidente primero se centró en explicar las sorprendentes medidas de ahorro energético y se 'olvidó' de otros temas menores. Eso sí, pidió perdón por no llevar los temas preparados.

ANDRÉS AYALA

Aena, hacer caja a toda costa

El Gobierno autorizó ayer la constitución de Aena Aeropuertos, S.A., un paso más en el camino iniciado para vender hasta el 49% de nuestros aeropuertos. Lo preocupante de esta decisión está en la inexistencia de un modelo aeroportuario consistente y completo del Gobierno que justificara los pasos que se están dando.

Desde agosto de 2008 hemos pasado de hacer dos entidades, una para la navegación aérea y otra para los aeropuertos, con una participación privada del 30%, a una sociedad matriz con el 49% de capital privado y varias sociedades filiales. Hemos pasado de prometer un proyecto de ley para toda la regulación aeroportuaria, a modificaciones parciales y en algún caso contradictorias de la Ley de Navegación aérea. Hemos pasado de mantener el carácter público del control y la seguridad aéreas a la privatización de las torres de control.

El Gobierno nuevamente improvisa, del anuncio y compromiso inicial de presentación en las Cortes de un proyecto de ley de gestión y privatización aeroportuaria, se ha pasado a la promulgación de una serie de normas básicamente relacionadas con el control del transito aéreo, que nada dicen del modelo de gestión aeroportuaria.

Esta decisión para vender el 49% de Aena es claramente una maniobra para hacer caja en el momento más inoportuno para obtener adecuados ingresos para la maltrecha hacienda pública.

Hasta 2005 y consecuencia de la gestión del Partido Popular, Aena tuvo resultados positivos, aun con las grandes inversiones.

Pero la gestión de estos últimos cinco años ha acumulado 855 millones de pérdidas de explotación y con una previsión para 2011 de 308 millones más de pérdidas.

El Gobierno dice que los resultados negativos son consecuencia de la navegación aérea (controladores, etcétera). No es cierto, los datos reales señalan que los costes de navegación aérea por aeropuerto se equilibran a partir de un millón de pasajeros al año, por lo que en el conjunto de Aena son claramente positivos; así que el déficit de explotación es por mala gestión.

Y además, el PSOE ha llevado el pasivo total de Aena (a corto y largo plazo) a 15.400 millones de euros, según los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Aena es el mejor activo publico que tiene España. Explota 74 aeropuertos -47 en España y 27 en el extranjero- por lo que, además del valor de sus infraestructuras, tiene un fondo de comercio de gran valor por ser la más potente organización aeroportuaria del mundo.

Y se ha acordado la constitución de la Sociedad Aena Aeropuertos, S.A. sin antes haber adoptado las medidas técnicas y jurídicas necesarias para iniciar un proceso de mercantilización, ni tampoco se ha asegurado y consolidado la valoración de todos los activos, ni siquiera se ha cambiado el modelo de gestión ni se ha justificado el equilibrio presupuestario. Todo esto se hará a posteriori, espero. Es decir, improvisando y sin solvencia. La deuda actual de Aena más su déficit de explotación dificulta enormemente cualquier capitalización de activos y puede provocar una valoración a la baja de la que se puedan aprovechar inversores en perjuicio de la economía española.

Si no existe un modelo consistente y completo para el tratamiento de la red aeroportuaria no encontraremos el interés en los mercados que permitan una rentabilidad adecuada de nuestros activos, nos tendremos que conformar con ofertas que en cualquier caso serán bajas, casi de saldo. Por ello sería imprescindible que antes de nada el Gobierno clarifique qué es lo que se pretende hacer con los aeropuertos, máxime cuando tendrá que ser otro gobierno el que tenga que cargar con las consecuencias de sus decisiones.

Esta prisa desmesurada por parte del Gobierno no tiene explicación, y menos cuando se trata de la joya de la corona.

Andrés Ayala es portavoz de Fomento del Partido Popular (PP) en el Congreso de los Diputados.

B. P. RAMÍREZ / Madrid

Maná autonómico para Nueva Rumasa

Cinco CCAA concedieron al grupo 17 millones de euros en ayudas desde 2008
Andalucía dio a Dhul incentivos de 8,6 millones, y la Xunta a Clesa de 1,76 millones

Las comunidades autónomas concedieron a Nueva Rumasa subvenciones por más de 17 millones de euros en los últimos tres años. Pese a las dudas sobre la credibilidad de José María Ruiz-Mateos, los políticos autonómicos se dejaron tentar por el empresario, que se presentaba como salvador de empresas en crisis y, por tanto, de centenares de puestos de trabajo. Las suspicacias, como se ha visto ahora, no se remitían sólo al abrupto final de la antigua Rumasa. A partir de 2008 empezaron a surgirle grietas al nuevo grupo del jerezano y, un año más tarde, las 10 empresas ahora en preconcurso de acreedores acumulaban una deuda cercana a los 525 millones de euros. La falta de liquidez le empujó entonces a lanzar cuatro emisiones de pagarés corporativos, la primera en febrero, y dos de participaciones sociales en Dhul y Clesa.

Pero también buscó dinero público. En septiembre de 2008 la Xunta le concedió una subvención de 1,76 millones para «mejoras tecnológicas» en maquinaria y equipamientos de la factoría de Clesa en Caldas de Reis (Pontevedra), por un valor total superior a los siete millones.

En octubre de 2008, la Junta de Andalucía, a través de la agencia Idea, comprometió una ayuda de 6,4 millones para construir la nueva fábrica de Dhul en Jaén, una inversión de 50 millones de euros que iba a dar trabajo a 75 personas procedentes de la cárnica Primayor. Para comenzar las obras, Nueva Rumasa pidió un anticipo y la Junta le adelantó el 75%, unos cuatro millones. Además, la Consejería de Agricultura aprobó otra subvención de 2,2 millones de euros, y el Gobierno central, cofinanciando con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), otros 5,7 millones, que sólo se desembolsarán una vez que la fábrica esté en marcha.

En cualquier caso, al tratarse de ayudas -las gallegas y las andaluzas- cofinanciadas con fondos europeos, Ruiz-Mateos tendrá que devolverlas si la actividad subvencionada no se mantiene durante cinco años. También tendrá que reintegrárselas a la Junta si antes de diciembre de 2012 no termina las obras en Jaén.

En abril del año pasado, la agencia Idea volvió a conceder a Dhul, esta vez a la factoría de Granada, otro incentivo por idéntico concepto, el fomento de la innovación del desarrollo empresarial, pero por una cuantía más modesta: 268.846 euros.

Nueva Rumasa repitió el procedimiento con la Junta de Extremadura: solicitó una ayuda para ejecutar una inversión de 10 millones de euros en Carcesa (Apis y Fruco) cuya tramitación no ha concluido. Y un aval de 600.000 euros para el matadero de Olivenza, que compró a medio construir en marzo de 2008 y aún no ha inaugurado. Iba a emplear a 80 personas para sacrificar 1,2 millones de reses al año. El trámite está pendiente de resolución, explican fuentes del Ejecutivo extremeño.

El aval para solicitar un crédito fue igualmente lo que Nueva Rumasa reclamó al Gobierno balear nada más comprar Queserías Menorquinas en mayo de 2009. La Consejería de Economía analizó el plan de viabilidad que le presentó el grupo pero, finalmente, no otorgó el aval. Aun así, la portavoz del Ejecutivo balear se vanaglorió ante la prensa de que «pocos gobiernos autonómicos» habían tenido «tanta implicación ante un caso así». El comité de empresa de Queserías asegura que el Ejecutivo balear facilitó a los Ruiz-Mateos «contactos con clientes y líneas de crédito». Un portavoz de Economía niega que a Nueva Rumasa se le diera «nada especial». Sí que recibió la empresa de Mahón 67.400 euros del Consejo Insular de Menorca para «diversificar su producción» en diciembre de 2009, según consta en el boletín oficial autonómico.

La Junta de Castilla y León aprobó ayudas para investigación y desarrollo en dos empresas: Elgorriaga e Hibramer. Ninguna ha sido abonada aún. A la chocolatera le concedió 280.000 euros destinados a una investigación sobre productos para celiacos presupuestada en 630.000 euros. Para las granjas avícolas, la Junta comprometió una ayuda de 75.000 euros a fin de investigar tecnologías de procesado industrial de piensos, otra de 79.000 para el tratamiento de enfermedades periodontales con inmunoglobina de la yema del huevo, y una tercera de 135.000 euros para investigar la albúmina del huevo. Un total de 560.000 euros.

Finalmente, entre 2009 y 2010 Andalucía también le pagó 296.273 euros en incentivos a la mejora del consumo energético en Dhul.

Una vez anunciado el preconcurso, los gobiernos autonómicos se han apresurado a exigir a los Ruiz-Mateos una solución para sus 3.000 trabajadores y para los proveedores. Pero, antes, eran menos los que tenían problemas para hacer negocios con ellos. De hecho, la Comunidad de Madrid puso los 15 millones que ha costado construir la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano, ubicada en unos terrenos cedidos por el Ayuntamiento. Las instalaciones fueron inauguradas por la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, el vicealcalde Manuel Cobo y la presidenta del club, Teresa Rivero.

SERGIO PICCIONE / Madrid

Saab cancela toda su red de concesionarios en España

El supuesto pacto de caballeros que debía regir las relaciones entre marcas y concesionarios en este periodo en que ambas partes deberían buscar un pacto que solucionara el conflicto entre ambos ha durado muy poco.

En vista de que, como informó ayer EL MUNDO, no se ha podido firmar la Ley de Economía Sostenible y con ella todas las enmiendas, incluida la que contiene la nueva norma sobre distribución de vehículos automóviles -la causa ha sido un problema en los sistemas informáticos del Congreso de los Diputados-, Saab ha decidido cancelar a toda su red de concesionarios en España.

La medida ha dado lugar a una reacción de alarma por parte de la federación de asociaciones de concesionarios (Faconauto) que teme que se produzcan actuaciones de este tipo por parte de otras marcas antes de que entre en vigor la norma aprobada en el Congreso de los Diputados.

Sin embargo, la asociación de marcas con fábricas en España, (Anfac), tiene previsto iniciar en los próximos días una ronda de negociaciones con las restantes organizaciones del sector del automóvil en busca de una solución al conflicto generado por la nueva norma de distribución. Se han previstos reuniones con la asociación de marcas importadoras (Aniacam), con Faconauto y con la asociación de vendedores y talleres (Gamvan). Eventualmente, también podría reunirse con otras asociaciones del sector. Estas negociaciones son consecuencia de la petición del ministro de Industria, Miguel Sebastián, de que busquen una solución de consenso.

PRIMAVERA REVOLUCIONARIA EN ORIENTE PRÓXIMO:

JAVIER ESPINOSA
Bengasi (Libia)

'¡Todos hacia Trípoli!'

Combates en los barrios de la capital con los rebeldes a 50 km / Gadafi acorralado amenaza con «abrir los arsenales» a los suyos

Salem Najeb al Obeidi fue abatido el martes por un francotirador. En realidad, su hermano Idris dice que el verdadero objetivo era el ex ministro del Interior libio Abdul Fatah Yunis. «El general estaba hablando con los jóvenes y el francotirador abrió fuego. Salem recibió un balazo en el cuello. Murió ayer. Son las últimas ratas; aún no han saltado del barco, pero no conseguirán detener la revolución», explicaba el jefe tribal de 64 años frente al féretro de su familiar, que era transportado por decenas de personas.

El ataúd de Obeidi y de otras dos víctimas de la conflagración que sufrió Bengasi presidió ayer la concentración de miles de personas frente al Tribunal de Justicia -convertido ahora en el centro de poder de la segunda ciudad de Libia- en la llamada Jornada de Solidaridad con Trípoli. «Queremos apoyar a la capital porque Gadafi ha dicho que el país podría dividirse en dos», explicaba ayer Fathi Baja, uno de los integrantes del nuevo consejo directivo de la localidad.Sigue en página 26

Enviado especial

«No hay Este y Oeste, sino una Libia unida y que será libre por completo en cuestión de días», aseguraba el revolucionario. Según explica, los jefes del mismo consejo han ordenado a los militares que se han unido a la revuelta que envíen «aviones con tropas de refuerzo a Misrata», la tercera ciudad del país africano y un emplazamiento estratégico situada a 200 kilómetros de Trípoli, donde los revolucionarios intentan desalojar a los últimos reductos de las fuerzas leales al coronel Muamar Gadafi.

La explanada que se extiende a lo largo del paseo marítimo de Bengasi reunía a una multitud que gritaba consignas en el mismo sentido. «¡Trípoli, resiste, estamos en camino!», clamaban los manifestantes. «Dios otorga la victoria a nuestros hermanos en Trípoli», repetían poco después. El imán que lideró la plegaria del viernes, Salem Jaber, se refirió también a la capital de la nación árabe y, cuando dijo que la población de Bengasi no piensa «abandonar a Trípoli», un clamor se alzó al cielo de forma uniforme: «¡Ala Akbar! [Dios es grande]. Dios, haz que Gadafi muera hoy», repetían en medio de un éxtasis colectivo los manifestantes.

La explanada estaba adornada con monigotes colgados de las farolas que representaban al líder libio y pancartas donde se aludía a la necesidad de «avanzar» hacia la capital. Una incluso agradecía a Madrid por haberse pronunciado en contra del dislocado autócrata. «Gracias España», rezaba la pancarta. «La comunidad internacional se ha movido por sus intereses y el petróleo de Gadafi, sin tener en cuenta los principios morales. La primera que habló fue España y por eso se lo agradecemos», indicó Salah al Ghazel, nuevo presidente del consejo revolucionario que rige Bengasi.

La euforia colectiva se acrecentó ante la llegada de un convoy de vehículos que portaba a varios militares que exhibían misiles antiaéreos. La multitud respondió con gritos de delirio y algunos dispararon ráfagas de ametralladoras al aire para celebrarlo. La manifestación concluyó con una ingente explosión provocada por las famosas yalatina, unas bombas de fabricación casera que normalmente se utilizan para pescar.

Sin embargo, el propio intento de asesinato del ex ministro Abdul Fatah demuestra que los remanentes del régimen siguen activos en Bengasi, como lo confirmó Hisam Abu Ahmed, otro de los integrantes del nuevo consejo municipal que se identificó con un apodo ficticio. «Nos llaman al teléfono y nos dicen: 'Espera, Gadafi está en camino'. Cada día pensamos que es nuestra última jornada. Dormimos en casas diferentes cada noche. Los Guardias de la Revolución [los que aquí llaman cascos amarillos en recuerdo de los gorros que utilizaron durante los cuatro días de combates] siguen entre nosotros, están camuflados», indicó.

El júbilo que ha invadido Bengasi desde que los revolucionarios capturaron el pasado domingo la última base de los leales a Gadafi comienza pues a entremezclarse con una cierta aprehensión sobre el futuro de la urbe. En el aeropuerto, los responsables de la instalación han cruzado todo tipo de vehículos en las pistas de aterrizaje para evitar un posible asalto imprevisto de las fuerzas leales a Gadafi.

«Tenemos que estar prevenidos», reconoció el coronel Salah Bochri, responsable de la estratégica instalación. Pero las capacidades militares de Bengasi parecen ser muy limitadas.

En el aeropuerto sólo se divisaban dos helicópteros rusos y una amalgama de militares equipados con lanzacohetes y ametralladoras. Lo mismo pasa con las instalaciones de la marina, protegidas por una desordenada patrulla, y varios cañones antiaéreos tan vetustos que su funcionamiento resulta cuestionable. La única unidad militar que parece mantener una cierta cohesión es precisamente la que dirige el general Yunis, los llamados saika (comandos), de cuya lealtad a la Revolución algunos incluso dudan.

«Los comandos llegaron el domingo y pactaron con las tropas asediadas en la katiba (el principal cuartel) de Bengasi su evacuación», recuerda Abu Qasem Bujeiza, un joven de 27 años que resultó herido en el sangriento asalto a la base militar que decantó la suerte de la ciudad libia.

«Sí, Yunis presentó su dimisión, pero seguimos vigilándole porque hay gente que no se fía mucho de él. Ahora no tenemos tiempo», reconoció el citado Fathi Baja.

Sin embargo, la resolución del conflicto parece ser complicada, porque los rebeldes rechazan toda ayuda militar foránea. En una revolución que se ha inspirado en la figura del guerrillero Omar Mojtar -un personaje que luchó contra la ocupación italiana, fue ejecutado en 1931 y cuyos retratos se multiplicaban en el paseo marítimo de Bengazi-, la simple hipótesis de soldados procedentes de otros países en suelo patrio resulta simplemente impensable.

«No queremos ninguna intervención militar. Si alguien intenta intervenir, Omar Mojtar volverá», exclamó el imán Salem Jaber.

Para Salah al Ghazel, los libios «no necesitan ningún tipo de asistencia militar», porque «han demostrado que son buenos combatientes». El nuevo presidente del consejo revolucionario asegura que la presencia de soldados extranjeros «mancharía» la imagen de esta revolución. «Puede que los francotiradores me maten o que maten a muchos de nosotros, pero la revolución ya es imparable», sentencia Al Ghazel: «Trípoli caerá en pocos días».

OORBYT.es

>Muamar Gadafi, acorralado y repudiado por sus vecinos, por Javier Espinosa.

Trípoli

Un país huérfano de diplomacia

El embajador libio en Portugal, Ali Ibrahim Emdored, fue ayer el último en sumarse a la serie de dimisiones diplomáticas. Justificó esta medida por sus discrepancias con el régimen «fascista, tiránico e injusto» de Muamar Gadafi y se declaró un miembro más de la revuelta popular que se vive en su país. También dimitió el embajador libio en Francia, Abdul Salam el Galali para sumarse a las protestas del pueblo libio, después de que varios manifestantes ocuparan la noche anterior la sede de la legación en París. La misión de Libia ante la sede de Naciones Unidas hizo lo mismo, así como el embajador libio ante la UNESCO, Salah Zaren. Desde que empezó la revuelta, la representación de Libia en el exterior se ha ido sumando a las reivindicaciones de los opositores al régimen. Los embajadores en Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, la India, Reino Unido y Polonia dimitieron en días anteriores.

JAVIER ESPINOSA / Bengasi (Libia)

La rebelión, a sólo 50 kilómetros del bastión de Gadafi

El líder libio, acorralado, amenaza con «abrir los arsenales» a los suyos

Enviado especial

Acorralado en Trípoli, defendido ya sólo por las unidades especiales comandadas por su hijo Jamis, Muamar Gadafi se disponía ayer a participar en su última batalla con un futuro que otro de sus vástagos, Saif al Islam definía de forma muy explícita: «Nuestro plan es vivir y morir en Libia».

El dirigente libio volvió a aparecer por enésima vez en la emblemática Plaza Verde de Trípoli aclamado por varios millares de acólitos. Desde allí se aferró a su habitual tono desafiante.

«Podemos aplastar al enemigo. El pueblo está armado y cuando sea necesario abriremos los arsenales a todo el pueblo y las tribus libias. Estoy en medio de la multitud y lucharemos y les derrotaremos como ya hicimos con la ocupación italiana y los bombardeos americanos», clamó el autócrata puño en alto. Después se despidió lanzando besos a los presentes.

Refugiado en el mismo discurso dislocado y haciendo gala al apodo que le otorgan los libios, Saif al Islam, al que llama Saif al Ahlam (el que sueña), afirmó que los casi dos millones de libios que viven en el este del país son rehenes según él de «200 o 300 terroristas como máximo. El pueblo nos llama. No podemos permitir que un puñado de terroristas controle una parte de Libia», añadió.

Pero la evolución de lo que ocurre en el terreno dista mucho de las soflamas del clan Gadafi. El cerco en su entorno se cierra día a día. Ayer se combatía a 50 kilómetros de la capital, en la ciudad de Zawiya. Los testimonios que llegaban desde allí hablaban de decenas de víctimas mortales y de la determinación de los residentes de la ciudad, que controlan al menos el centro de la villa. «No hay tropas allí. Sólo las milicias de la oposición están presentes en las calles cerca de la Plaza de los Mártires [el referente central de la urbe], controlando quién entra y sale de la ciudad. Pero la situación puede cambiar en cualquier instante», declaró un habitante de Zawiya citado por Reuters.

Las tropas del régimen se encuentran en los alrededores de la población, quizás preparando un contraataque.

Otro habitante que huyó a la vecina Túnez, Akila Jmaa, describió un escenario estremecedor. «Hay cadáveres por todas partes. Es una guerra todo el sentido de la palabra». «Hay un montón de gente de civil disparando los unos contra los otros. Es algo caótico. Hay gente con pistolas y espadas», añadió Mohamed Jaber, un libio que atravesó Zawiya de camino hacia Túnez.

Los alzados aseguraron haber tomado el control también de otra villa estratégica, la de Misrata, la tercera más poblada del país ubicada a 200 km al este de Trípoli, aunque fueron repelidos cuanto intentaron capturar una cercana base militar. Para evitar un posible regreso de las tropas del dictador, los jóvenes se afanaban durante la jornada en fortificar los accesos a la ciudad con contenedores y sacos de arena.

La confrontación se ha extendido hasta la propia capital donde los manifestantes denunciaron la muerte de un número indeterminado de personas tras el rezo sagrado de esta jornada. «Las fuerzas del orden han abierto fuego contra los manifestantes sin distinción», indicó un habitante de Trípoli citado por France Presse.

Pese al estilo provocador del dislocado dirigente libio, la revolución sigue avanzando y con ella las deserciones de los personajes que hasta ahora le eran más próximos. Durante la última jornada le tocó el turno a gente como su primo Kadhaf al-Dam, uno de sus asesores personales, que anunció su dimisión «para protestar por la gestión de la crisis libia» o el fiscal general del Estado, Abdul-Rahman al-Abbar, que dijo que se unía «al deseo del pueblo libio representado por la revolución juvenil del 17 de febrero».

RICARD GONZÁLEZ / Washington

¿Es Al Qaeda la gran perdedora?

La mayoría de especialistas en esta organización terrorista coincide en que las revueltas populares amenazan seriamente la capacidad de atracción de su discurso

Especial para EL MUNDO

No deja de ser curioso que haya tenido que ser Muamar Gadafi quien haya traído a escena a Al Qaeda, en un intento desesperado y estrambótico de justificar su cruel represión. A pesar de contar con una poderosa maquinaria mediática, la organización yihadista de Bin Laden se ha mantenido en un segundo plano en la ola revolucionaria que sacude la región, y apenas sí ha emitido algún breve comunicado al respecto.

Según la mayoría de los especialistas en Al Qaeda en los think tanks de Washington, las revueltas populares han cogido por sorpresa y con el pie cambiado a la organización terrorista. Además, amenazan seriamente la capacidad de atracción de su discurso, que se basaba en presentar una única elección entre su liderazgo o el de los gobiernos corruptos y títeres de Occidente.

«Bin Laden y Ayman al Zawahiri seguro que se alegran de la caída de Mubarak ... Pero la victoria de las manifestaciones masivas supone un gol al corazón de la narrativa de Al Qaeda, que proclama que el cambio sólo puede llegar al mundo islámico a través de la violencia y el terror, la yihad global», sostiene Bruce Riedel, analista del think tank Brookings Institution, y autor del libro «La búsqueda de Al Qaeda: su liderazgo, ideología y futuro».

De acuerdo con Riedel, que asesoró a Obama en el diseño de su política hacia Pakistán, Al Qaeda es «el gran perdedor» de la ola de cambio que está sacudiendo a Oriente Medio. Contrariamente a la relación que se establece a menudo en los medios occidentales entre los Hermanos Musulmanes y la ideología yihadista, Al Qaeda siente una verdadera animadversión hacia este grupo. «Los Hermanos son un enemigo odiado por Al Qaeda, y todo parece indicar que conseguirán jugar un rol muy significativo», añade.

Peter Bergen, otro reputado especialista en Al Qaeda, y uno de los pocos occidentales en haber mantenido una entrevista con Bin Laden, tampoco duda en señalar a esta organización como la gran perdedora de la ola revolucionaria en la región, pues la condena a la irrelevancia. «El ejecutivo de Google y los revolucionarios de Facebook representan todo lo que Bin Laden odia: son seculares, liberales y antiautoritarios y, además, incluyen a mujeres», comenta en un artículo en CNN.

Sin embargo, algunos expertos no son tan optimistas, y señalan que el desmantelamiento de los estados policiales en algunos países de Oriente Medio, que habían conseguido sofocar el peligro islamista, puede ofrecer un clima más propicio para que Al Qaeda o sus afiliados consigan cometer atentados. «Si hay caos, habrá una oportunidad para que lo puedan explotar. Es una cuestión obvia», opina Norman Benotman, un ex yihadista libio que ahora trabaja para la Quilliam Foundation, un think tank que intenta contrarrestar el peligro fundamentalista.

A. PEDRERO / A. TROUBNIKOFF / Ginebra

«Puede que haya miles de asesinatos»

Los miembros del Consejo de Derechos Humanos solicitan la expulsión de Libia

France-Presse / EL MUNDO

Los representantes de la misión diplomática de Libia en la sede de la ONU en Ginebra anunciaron ayer que renuncian a representar al Gobierno de Muamar Gadafi ante el Consejo de Derechos Humanos. Eso no impidió que, pocas horas después, los 47 miembros de este organismo internacional votaran a favor de expulsar al país africano de la institución en una decisión que no tiene precedentes.

Los representantes del Consejo de Derechos Humanos fueron convocados por iniciativa de la Unión Europea. La resolución de condena contra el régimen de Gadafi, votada por unanimidad, denuncia las violencias perpetradas contra la población civil y exige que una comisión independiente de Naciones Unidas viaje al país árabe para investigar sobre los «crímenes contra la Humanidad» que hayan podido cometer el coronel y sus huestes. La decisión de expulsar a Libia del Consejo de Derechos Humanos -organismo en el que entró en mayo de 2010- tendrá que ser ratificada por la Asamblea General de la ONU en Nueva York para ser efectiva.

En todo caso, el golpe de efecto lo protagonizaron ayer los representantes del país africano, que abandonaron su lealtad a Gadafi antes de que se conociera el resultado de la votación, declarando su intención de «representar a la totalidad del pueblo libio». Unas palabras que causaron grandes aplausos por parte de los miembros del Consejo. Las sillas de los representantes libios habían permanecido vacías durante toda la mañana, hasta el anuncio de ruptura con el régimen de Gadafi.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, empezó la sesión de ayer denunciando que «miles de personas pueden haber sido asesinadas o heridas» durante la represión del levantamiento popular en Libia: «Las fuerzas de seguridad están atacando a manifestantes y transeúntes, bloqueando barrios y disparando desde los techos. También bloquean ambulancias para que los heridos o muertos sean abandonados en las calles».

shirin ebADI

El pueblo debe recuperar la soberanía

Un breve repaso a la Constitución de la República Islámica de Irán nos muestra claramente el poder absoluto que ostenta el Líder Supremo. Elegido por parte de los líderes religiosos de Irán, su cargo es vitalicio y, de acuerdo con la Constitución, está por encima de los tres poderes, es el jefe de las fuerzas armadas y tiene capacidad para elegir al jefe del poder judicial.

Por otra parte, siempre según la Constitución, para la aprobación de cualquier ley, el Parlamento debe contar con el beneplácito del Consejo de Guardianes, que cuenta con el derecho de veto en dos casos: cuando la ley está en contra de la Constitución del país y cuando es contraria al islam.

De esta manera vemos que las decisiones de los representantes del pueblo (suponiendo que lo sean de verdad) se aceptan sólo si han sido aprobadas por el Consejo de Guardianes. Este consejo está compuesto por 12 miembros: seis de ellos son religiosos elegidos por el Líder Supremo, y los otros seis son letrados elegidos por el jefe del poder judicial, quien a su vez es elegido por el Líder Supremo y aprobado por el Parlamento.

Así vemos cómo las leyes que aprueba el Parlamento, en realidad, deben ser ratificadas por los elegidos del Líder Supremo. Por otro lado, se ha ido otorgando más poder al Consejo de Guardianes; según una ley aprobada unos años después de la Revolución Islámica, ante cualquier elección que se celebra en el país (ya sea para elegir la formación del Parlamento, el primer ministro o los distintos consejos) el Consejo de Guardianes debe aprobar la elegibilidad de los candidatos para que los ciudadanos los puedan votar. La actuación del Consejo en los últimos años ha demostrado que cualquier crítica política significará que una candidatura no sea aceptada para las elecciones.

Por todo ello, y teniendo en cuenta que la Constitución establece que el Líder Supremo está por encima de los tres poderes y que todos le deben obediencia, las decisiones finales sobre los asuntos del país están en sus manos. Si la gente no está conforme con la situación económica del país o no acepta vivir en un ambiente político sofocante, el responsable final es el Líder Supremo.

Cualquier reforma requeriría reconocer la legítima soberanía del pueblo, pero no cabe duda que en este sistema esa soberanía está dañada. Los iraníes sabemos que con esta Constitución en la mano no podremos nunca alcanzar la democracia, por eso el debate es ahora cómo alcanzar todo lo que deseamos, si de un solo golpe o bien paso a paso. Esta encrucijada es lo que más preocupa en este momento.

El movimiento democrático popular conocido como Movimiento Verde está compuesto por personas diferentes y partidos diversos cuyo punto en común es el descontento con la situación actual. Una facción cree que puede alcanzar de golpe todas sus legítimas aspiraciones y, por esta razón, convocan protestas; el otro grupo no quiere provocar enfrentamientos dentro del país y consideran que, en primer lugar, habría que devolver a la gente los derechos fundamentales sancionados por la Constitución, ya que dentro de ésta hay muchos puntos olvidados, como el derecho a manifestarse, a reunirse, a formar partidos políticos, etc. Se trata de dos frentes diversos, que en el fondo anhelan lo mismo: que el pueblo recupere la soberanía.

Shirin Ebadi, activista iraní y Premio Nobel de la Paz en 2003.

ROSA MENESES

La banda sonora de la revolución

De Túnez a Egipto, la primavera suena a himnos nacionales, melodías de celebración y rap de músicos como Dorsaf Hamdani, Mohamed Mounir, Amir Eid y Hany Adel

Desde los suburbios de Túnez o El Cairo, la revolución que nació con las ansias de libertad de un grupo de jóvenes también tiene su banda sonora. La música siempre ha sido una manera de expresar los deseos y las necesidades humanas. Y ha servido para transmitir ideas políticas en tiempos de dictaduras y revoluciones.

Esta relación simbiótica se ha visto también en la primavera árabe. Desde la música tradicional hasta el rap, pasando por la canción protesta, durante las manifestaciones los tunecinos y egipcios han cantado canciones que se han convertido en verdaderos himnos revolucionarios.

En Túnez, los primeros latidos de la revuelta estuvieron envueltos en los ritmos de rap de El General. Este rapero fue detenido en el domicilio de sus padres en Sfax el 5 de enero y llevado a los sótanos del temido Ministerio del Interior, donde pasó unos días de oscuridad. «La policía quería saber mi ideología», ha explicado. «Me pidieron que renunciara a mis temas políticos». Hamada Ben Amor, de 21 años, es el joven que se esconde tras este seudónimo militar. Es un joven bachiller que se ha hecho famoso por un rap en el que criticaba al régimen de Ben Ali. Presidente, tu pueblo está muerto, se titulaba. En sus letras, enfatizaba la miseria y la represión que vivían miles de jóvenes tunecinos bajo la dictadura.

Sus acordes fueron difundidos por las redes sociales, un espacio privilegiado de expresión contestataria que ha permitido a los jóvenes árabes extender sus críticas y respirar libertad. Antaño censurado por Ben Ali, hoy, se lo rifan los productores.

Otro hit de la revolución ha sido el himno nacional tunecino, con melodías más tradicionales y patrióticas, pero con letras igual de reivindicativas: «Muramos si es necesario para que viva la patria. Viviremos sobre su suelo en la dignidad o moriremos, para ella, en la grandeza».

E incluso las canciones de siempre han inflamado las ansias de libertad de tunecinos y egipcios. En Radio Mosaïq, una emisora tunecina de música y noticias, sonaban los versos de Bob Marley («Get up, stand up, stand up for your rights»: «Levántate, levántate por tus derechos») y canciones de Tracy Chapman (Talkin' bout the revolution: Hablando sobre la revolución) un día antes de la caída de Ben Ali.

En Egipto, el númerouno del momento es un videoclip cantado por Amir Eid y Hany Adel con la gente de la Plaza Tahrir como protagonista. Jóvenes, familias con niños, señores mayores, mujeres con velo, vendedores ambulantes... Cada uno canta en playback una estrofa de la canción La voz de la libertad: «Me fui a las calles prometiendo no volver y escribí con mi sangre en cada rincón. Nuestras voces alcanzaron a aquellos que no podían oírlas y rompimos todas las barreras».

La de este vídeo es una atmósfera festiva y tranquila: «En todas las calles de mi país, la voz de la libertad te llama». Con un final feliz. Una banda sonora amable y festiva. A diferencia de Libia, donde en vez de canciones se escucha el estruendo de los disparos. Allí, los revolucionarios todavía no tienen su son de paz.

JOSÉ MANUEL GÓMEZ

La música como arma cargada de futuro

De ser utilizados por las dictaduras, los músicos han pasado a derribarlas

El pasado martes la cantante tunecina Dorsaf Hamdani dedicaba en Madrid una emotiva canción a la libertad en su país y a la revolución de los jazmines; sus músicos participaron en las manifestaciones que forzaron la dimisión del dictador Ben Ali. En la sala abundaba la colonia tunecina con docenas de funcionarios de su embajada en Madrid que se adhieren a la nueva situación política. Algunos lo llamarán un cambio de chaqueta (o de chilaba). El repertorio de la cantante es clásico e incluye varias versiones de la diva Egipcia Umm Kalzum (1904-1975) que aún hoy es la voz más reverenciada en el mundo árabe.

El Cairo fue el corazón de la rebelión egipcia que consiguió resistir en la plaza de Tahrir durante 18 días el asalto de las fuerzas policiales del dictador Mubarak, quien utilizó la televisión y la radio pública para hacer desistir a los rebeldes. De hecho, forzó a una docena de cantantes juveniles a dirigirse a través de los medios oficialistas a los concentrados para que volvieran a sus casas.

Tamir Hosny (la respuesta egipcia a Justin Timberlake) había participado en la operación para desanimar a los manifestantes diciendo «que no merecía la pena, que volvieran a sus casas» pero días más tarde cambió de opinión e intentó sumarse a las protestas. Al ser reconocido en la plaza de Tahrir, fue agredido y tuvo que ser rescatado por el ejército. Horas más tarde pedía perdón a través de internet por no apoyar la revuelta desde el principio: «Me confundieron y me convencieron de que tenía que salvar a mi pueblo», explicaba entre lágrimas.

No fue el único cantante utilizado por el aparato gubernamental. Randa Hafez aparecía en un vídeo donde su música se fundía con las hazañas de la selección egipcia de fútbol mientras que otra cantante, Shaza, afirmaba en Facebook que había una conspiración judía contra el presidente Mubarak.

Desde el lado de la revuelta destaca Mohamed Mounir cuya canción Ezzay? se multiplicaba a través de internet fundida con imágenes de la represión policial. Raperos como Arabian Knightz cantan en inglés Prisioner fundidos con impactantes escenas de la revuelta. El trío rapero está siguiendo la crisis en Libia a través de la redes sociales de internet.

Libia vive horas dramáticas con miles de personas cruzando las fronteras de Túnez y Egipto y se recuerdan los gustos musicales de un hijo del dictador que pagó un millón de dólares para que Mariah Carey cantara cuatro canciones en la fiesta de año nuevo del 2009. Muatassim Gadafi organizó otra fiesta en la que contrató a los cantantes Beyoncé y Usher.

El líder Gadafi también ha utilizado la música para intentar parar la revuelta. La televisión estatal difundía un vídeo en el que dos docenas de sus partidarios se manifestaban ante las cámaras. Las imágenes incluían música patriótica grabada en los megaespectáculos organizados en honor del líder.

Resulta difícil evaluar la respuesta musical de los músicos libios. Sirva de ejemplo Abdula Ashini, cantante bereber cuyos discos no se publican en su país porque no canta en árabe. Ashini cumple actualmente una condena de cinco años acusado de «emigración ilegal» por acudir en el 2008 a un festival bereber en Las Palmas. El entorno del cantante esta recabando apoyo para su causa, ya que está en huelga de hambre desde los primeros días de febrero.

En las crónicas de las manifestaciones de protesta en Marruecos no ha destacado la presencia de la pujante escena de rock y rap. La explicación es sencilla: los grandes festivales que incluyen a estos artistas son patrocinados por el rey Mohamed VI. Cuando preguntas a un músico, responde en voz baja: «Nadie sabe cuáles son los límites de la libertad de expresión». Lo que todo el mundo tiene claro es que criticar al rey es peligroso. Así que la mayoría de los músicos son muy prudentes a la hora de valorar la situación política y sólo se han manifestado por las reformas democráticas los músicos que viven en el extranjero.

No todos los festivales se mantienen por el impulso del monarca. El Boulevard de Casablanca ha sobrevivido sin mucha ayuda oficial y llena cada primavera un estadio de 20.000 espectadores. Hace pocos meses se celebraba en Tánger un festival de salsa y tango al que acudieron unas 3.000 personas. «Me encanta el ambiente de libertad que se respira aquí, no sabes lo importante que es ponerte una minifalda. He crecido en Tánger en convivencia con tres religiones: la islámica, la cristiana y la judía» explicaba una tangerina de origen español en un ambiente que no se diferencia demasiado del de una discoteca de Nueva York o París. Alcohol en la barras, mucho ritmo y minifaldas en la pista de baile, aunque en las zonas laterales se podía divisar a alguna joven con velo en la cabeza dando sus primeros pasos.

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