El PSOE andaluz se sirvió ayer de nuevo de su mayoría absoluta en el Parlamento autonómico para vetar la creación de una comisión de investigación sobre la trama de los ERE de la Junta de Andalucía que toda la oposición le reclamaba.Sigue en página 4
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El voto en contra de los socialistas, que se produjo en la tarde de ayer durante la sesión plenaria provocando las protestas de los diputados del PP, lo adelantó por la mañana el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, quien acusó al principal partido de la oposición de estar pidiendo una comisión «de difamación» para mantener su «estrategia de mentiras con inmunidad parlamentaria».
Con el veto de ayer, el PSOE de Andalucía suma 110 comisiones de investigación rechazadas a lo largo de los 30 años de Gobierno socialista; la mayoría, a partir de 1996, después de la famosa legislatura de la pinza. Primero, bajo el mandato de Manuel Chaves y, ahora, con Griñán en la Presidencia de la Junta, se ha impedido sistemáticamente que la Cámara andaluza investigue escándalos tan notorios como los relativos a los negocios de la familia del ahora vicepresidente tercero del Gobierno central (los casos Matsa y Climo Cubierta, revelados por EL MUNDO); el de la adjudicación de fondos de formación a familiares y amigos socialistas -también destapado por este diario y que obligó a dimitir hace sólo unos meses al número dos del PSOE de Andalucía, Rafael Velasco-, o el maquillaje de las listas de espera del Servicio Andaluz de Salud (SAS), por citar algunos.
Los argumentos esgrimidos ayer para denegar la comisión de investigación sobre el «fondo de reptiles» que ha financiado los ERE durante la última década tuvo que ofrecerlos directamente Griñán, durante la sesión de control al Ejecutivo andaluz: «Hay una proposición no de ley para la solicitud de una comisión de investigación, y cada grupo va a poder exponer sus argumentos. Pero lo que yo les anticipo es que ya hay quienes han decidido sus conclusiones y quieren la comisión para llegar a ellas, aunque sean auténticos disparates; es decir, un altavoz para sus intereses partidistas».
Las palabras de Griñán critican, en opinión de la oposición, dos elementos esenciales para el normal funcionamiento de cualquier cámara legislativa: la protección jurídica de los diputados en su actuación parlamentaria y la autonomía de cada formación política a la hora de hacer valoraciones y fijar posturas.
«¡Déjennos investigar!»
El líder de la oposición andaluza, el
popular Javier Arenas, le recordó: «No le tema a las conclusiones. ¡Si son suyas! ¡Si tienen la mayoría! ¡Déjennos investigar, que las conclusiones nada más que las van a plantear ustedes!».
Tanto el presidente del PP andaluz como el coordinador regional de IU, Diego Valderas, reclamaron que la Junta de Andalucía remita la documentación de los ERE «a la juez y al Parlamento», esgrimiendo que esa investigación en sede legislativa es «nuestro derecho y nuestra obligación» para poder fiscalizar la actuación del Ejecutivo autonómico.
P&R
M. M. B. / Sevilla
Preguntas sin respuestas de la Junta
Los grupos de la oposición en el Parlamento andaluz (PP e IU) han intentado sin éxito que el PSOE contestara a asuntos clave sobre la «trama» de las falsas prejubilaciones que salpica a la Junta de Andalucía. Éstas son algunas de las preguntas que Griñán no responde:
¿Cómo se ha dejado en manos de un director general la gestión de 700 millones de euros?
La oposición no se cree el argumento de que el fondo de ayudas para empresas en crisis estuviera sólo controlado por Javier Guerrero, director general de Trabajo entre septiembre de 1999 y abril de 2008, y sin conocimiento de sus superiores.
¿Dónde están los informes jurídicos que avalan el mecanismo para repartir el dinero a través del IFA?
El Gobierno andaluz no ha presentado a los grupos parlamentarios ningún informe jurídico que avale el cambio de procedimiento operado en 2001 para el reparto de estas ayudas.
¿Va a entregar al Parlamento los tres informes de la Intervención General de Hacienda en los que se mostraba disconforme con el procedimiento elegido?
El Ejecutivo andaluz se ha resistido hasta ahora a aportar a PP e IU los tres informes en los que la Intervención General de Hacienda -dependiente entonces de la Consejería que dirigía Griñán- mostraba su disconformidad con el procedimiento elegido para dar las ayudas a los ERE.
¿Cómo es posible que la Junta no detectara ningún falso prejubilado en nueve años y haya constatado 37 intrusos a la semana de que trascendiera el escándalo?
Esa pregunta tampoco tiene contestación por ahora. La Consejería de Empleo ha puesto en conocimiento del juez los 37 intrusos detectados, pero se da por seguro que la cifra final será mayor.
«No pueden limitar la legitimidad de Parlamento, ni nosotros vamos a renunciar a la que tenemos como grupo político», expresó Valderas. «En democracia, la investigación judicial es compatible con una comisión de investigación, y le pido que la acepte ya porque usted, antes o después, no va a tener más remedio que plegarse», le advirtió Arenas a Griñán.
Pero las exigencias fueron en balde. El presidente andaluz cargó contra todos los que le exigen explicaciones y responsabilidades. Y también contra la prensa, a la que responsabilizó del «batiburrillo de falsedades» que, aseguró, se han publicado sobre el vínculo del candidato del PSOE a la Alcaldía de Sevilla, Juan Espadas, con el ERE de Egmasa o sobre las personas próximas al ex presidente del Gobierno Felipe González en el pasado que supuestamente también habrían intervenido en la trama.
Pero los mayores ataques los dirigió Griñán contra Arenas que, según todas las encuestas (incluidas las oficiales), está en disposición de alzarse con la mayoría absoluta bajo las siglas del PP si hoy se celebraran elecciones autonómicas en Andalucía.
«Si usted no es capaz de valorar el honor de los demás, nunca tendrá el honor de ser presidente de la Junta», le espetó Griñán al dirigente popular después de recuperar de la hemeroteca varias críticas realizadas por el vicesecretario de Política Regional y Local del PP a «jueces, fiscales y policías con un comportamiento no respetuoso hacia el Estado de Derecho».
Además, le preguntó «si sigue pensando que es una auténtica vergüenza filtrar informes policiales a los periodistas», lo que provocó los aplausos de los diputados del Grupo Socialista. Su portavoz, Mario Jiménez, negó posteriormente a los periodistas que el ex consejero de Empleo José Antonio Viera llamara «cabrón» el pasado miércoles al secretario del PP andaluz, Antonio Sanz, mientras éste intervenía en la tribuna de oradores. «Es rigurosamente falso», afirmó el diputado socialista.
«Eso lo ha dicho esta mañana un medio de comunicación de oídas o de un testigo. Lo que hizo bien ayer el señor Viera, pero con escaso éxito porque al PP no le interesa la verdad, fue intentar entregarle a los responsables del PP una documentación que demuestra fehacientemente que esa acusación infundada y falsa que se ha pretendido vender sobre su persona, no es más que una estrategia burda en la que no se respeta la presunción de inocencia de nadie», aseguró Mario Jiménez.
Una reportera gráfica de EL MUNDO estaba presente cuando Viera insultó a Sanz tras hacer alusión éste al cuñado del ex consejero, que también figura en uno de los ERE investigados por la autoridad judicial. La reportera fotografió, además, a otro diputado socialista, el ex consejero Martín Soler, sujetando por el brazo a Viera en el momento en que se produjo el insulto, que provocó la reacción inmediata de los diputados del Partido Popular.
OORBYT.es
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S. TORRES / A. SALVADOR/ Sevilla
Dos 'ugetistas' de Córdoba en un ERE de Sevilla
La Junta los introdujo como intrusos en la empresa Saldauto
La Consejería de Empleo incluyó a dos sindicalistas de la UGT de Córdoba como intrusos en el expediente de regulación de empleo (ERE) del concesionario sevillano de coches Saldauto. Ambos se quedaron fuera de las prejubilaciones de la empresa Muebles Promi, de Cabra (Córdoba), en la que eran delegados sindicales, y acudieron a ver al director general de Trabajo y Seguridad Social, Javier Guerrero, quien les garantizó una solución.
Así lo relató ayer a EL MUNDO Rafael Rodríguez Fuentes, uno de estos dos sindicalistas cordobeses que se incluyeron en el ERE de Saldauto, pese a no haber trabajado nunca en esta empresa. Este periódico ha podido confirmar que hay ocho personas incluidas en el ERE de Saldauto y que tres de ellas son intrusos.
Rafael Rodríguez Fuentes narró ayer, en conversación con este periódico, que estuvo trabajando «casi 30 años» en Promi, de la que era delegado sindical por la UGT junto a Antonio González Pérez, según explicó ayer el primero.
El ugetista explicó que antes de 2004 comenzaron los problemas de cobro en Muebles Promi y las protestas de los trabajadores. Después de un tiempo sin cobrar las nóminas, «en 2006 o 2007» tanto él como su compañero decidieron abandonar la empresa y reclamar en los juzgados de lo Social el pago de los atrasos y una indemnización.
Con ellos ya fuera, su antigua empresa presentó un ERE que resultó incentivado por la Junta de Andalucía, por lo que sus antiguos compañeros de trabajo consiguieron una prejubilación con cargo, en parte, a las arcas públicas.
Rodríguez Fuentes aseguró que él y González Pérez se quedaron fuera del ERE por haber «dejado la empresa», no porque no tuvieran la edad acordada para acogerse al expediente. El ERE de Muebles de Madera Promi se negoció entre finales de 2007 y 2008, según fuentes consultadas por este periódico, fechas en las que estos dos sindicalistas tenían menos de 50 años.
Al enterarse de que sus antiguos compañeros se habían prejubilado y de que ellos tenían una demanda contra la empresa en los tribunales sin garantía de cobrar nunca, Rafael Rodríguez Fuentes y Antonio González Pérez consiguieron una cita en Sevilla con el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social, Javier Guerrero, el mismo que desveló ante la Policía Judicial la existencia de un «fondo de reptiles», si bien luego matizó que era un «fondo para apuros».
El de estos dos ugetistas debía de ser considerado un apuro puesto que, según relató ayer uno de ellos, Guerrero se comprometió a resolver su situación y, de hecho, al menos él viene cobrando desde hace un tiempo más o menos el mismo sueldo que tenía en Promi. Rodríguez Fuentes asegura que desconoce que está prejubilado de manera fraudulenta en el ERE del concesionario sevillano Saldauto, donde nunca trabajó. «Eso debe de ser un error», señaló ayer.
Saldauto Sevilla SAL se desvinculó ayer de estas irregularidades y aseguró que en la documentación tramitada ante la autoridad laboral sólo figuran los nombres de las cinco personas que trabajaron para este concesionario sevillano de vehículos y que, por edad, podían prejubilarse. La inclusión de los tres intrusos, por tanto, se debió hacerse a la hora de formalizarse las pólizas.
SANTIAGO GONZÁLEZ
La corte de Manhué
Es un misterio la afición de los humanos a dar explicaciones estrambóticas cada vez que se les piden cuentas. Lo hizo el miércoles Rubalcaba cuando la intrépida Sáenz de Santamaría le preguntó por los ERE de Andalucía, un milagro de la transustanciación en que los amigos se jubilan con cargo a los fondos públicos, no sólo en empresas en las que jamás han trabajado, sino que las propias empresas estaban ya cerradas cuando seguían amparando sus vidas laborales.
Rubalcaba se arriscó ante la pregunta: «Es la segunda vez, señoría -usted lo ha hecho dos veces hoy- que usted trae el asunto este de los ERE de Andalucía». En realidad había sido sólo una vez en la sesión. Sí le había preguntado por ello el miércoles pasado, pero Rubalcaba no respondió. El vicepresidente es el alter ego de Rufus T. Firefly, el primer ministro de Libertonia que encarnaba Groucho Marx en Sopa de Ganso. Cuando su ministro de Hacienda le propone tratar el tema de los aranceles, replica: «Ése es un asunto nuevo. ¿No hay asuntos viejos? ¡Hablemos entonces de los nuevos!». «Pues los aranceles…» empieza el ministro, que es cortado inmediatamente por Groucho: «Lo siento, pero ése ya es un asunto viejo».
O sea, que tampoco respondió. En su lugar propuso un bonito acertijo sobre la cantidad de salarios mínimos que podrían pagarse con el pillaje de la Gürtel. Si se hubiera atrevido a sumar el saqueo de los ERE habría multiplicado por seis el número de salarios mínimos.
Ayer, en el Parlamento andaluz, los populares intentaban crear una comisión de investigación. Era la segunda vez. Quiere la tradición que el cartero siempre llame dos veces y que las dos esté condenado a perder el viaje, porque le atiende el presidente Griñán. En diciembre de 1995, una comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz a propósito de condonaciones de créditos por la desaparecida Caja de Ahorros de Jerez estaba a punto de presentar sus conclusiones. Eran tiempos de la dinastía de Manhué el Egipcio (© Carlos Herrera) y los socialistas andaluces llegaron a la conclusión de que esto de las comisiones parlamentarias es para líos. Eran los tiempos de la pinza entre Anguita y el PP, y Chaves, poniéndose en lo peor, disolvió el Parlamento. Nunca más desde entonces se ha vuelto a autorizar una. Cien veces las ha pedido la oposición y 100 veces se las ha negado el Gobierno.
Se ha salvado la tradición y el honor, que ayer reivindicaba Griñán con un audaz quiasmo, en plan por quién nos toma: si su señoría no es capaz de valorar el honor de los demás, nunca tendrá el honor de ser el presidente de la Junta, le dijo al jefe de la oposición, que ya casi es como de la familia. El socialismo gobernante en el sur soporta mal que se le pidan cuentas, y quienes lo hacen sólo pretenden «mantener la estrategia de la mentira con inmunidad parlamentaria». Griñán y su Gobierno son hombres de honor y sólo aspiran a mantener el consolidado estatus que les garantiza la impunidad gubernamental.
URREIZTIETA
EDUARDO COLOM / Palma
UM compraba el voto gitano en Palma con 80
La contabilidad 'B' del partido refleja, además, pagos de 500 para sus líderes
Unió Mallorquina (UM) también compró el voto del colectivo gitano en Palma usando un fondo de dinero negro en efectivo exigido previamente a sus contratistas públicos más leales.
El partido que presidía la ex socia de Gobierno del PSOE en Baleares Maria Antònia Munar extendió el fraude electoral -gracias al que consiguió tres diputados durante las pasadas elecciones autonómicas y municipales- a las principales agrupaciones gitanas de Palma, abonando 80 euros a cada uno de sus miembros que votase a la formación nacionalista.
Algunos de estos pagos quedaron registrados en una contabilidad B que custodiaba el partido de Munar en su sede y a cuyo contenido ha tenido acceso EL MUNDO. En ella quedan reflejados pagos con dinero negro a los principales dirigentes de las agrupaciones gitanas con cifras que rondaron los 500 euros como contraprestación a la labor de captación de sufragios en su entorno y que comprendían, además, el pago de eventos.
Esta misma operación ya ha quedado acreditada por la Justicia entre los principales colectivos sudamericanos de Mallorca, sobre todo entre el más numeroso, el de los argentinos, cuyos líderes llegaron a ser puestos a sueldo durante los meses de campaña en una productora audiovisual que adquirieron Munar y su delfín en el partido, Miquel Nadal, a la que regaron con más de cinco millones de euros públicos con contratos ficticios que destinaron a financiar ilegalmente su campaña electoral.
Asimismo, y tal como han declarado ya ante la Policía varios de sus responsables, se les hizo entrega de sobres con la misma cifra que a los gitanos: 80 euros. Y se les animó en sus reuniones diciendo que se pagaría a todo aquél que consiguiera votos para el partido. A su vez, UM extendió los pagos con dinero B a los miembros de los colectivos de la tercera edad de Palma, a los que también se abonó entre 50 y 80 euros por su sufragio.
En estos momentos, el Juzgado de Instrucción número 2 de Palma, que investiga la denominada operación Maquillaje -por la que se encuentra en libertad bajo fianza de 350.000 euros la ex presidenta del Parlamento balear Munar-, ya ha sentado en el banquillo a la antigua cúpula del partido por delito electoral, al considerar acreditado que UM logró su representación parlamentaria -gracias a la que en estos momentos gobierna Baleares el PSOE- de forma delictiva.
La compra de votos entre el colectivo gitano se tradujo en que sus miembros llegaron a tomar literalmente algunos de los colegios electorales situados en las barriadas más populares de la ciudad de Palma.
Como constatan varios apoderados de la comunidad autónoma a este periódico, decenas de gitanas con pegatinas de UM irrumpieron en las aulas retirando las papeletas del resto de formaciones políticas y dejando sólo las del partido de Munar, lo que motivó la posterior intervención de la Policía. Asimismo, aseguran a este diario haber presenciado entregas de dinero en efectivo por parte de apoderados de Unió Mallorquina.
