
La vieja guardia del PSOE gallego anda con los nervios a flor de piel. Los ecos de la información publicada por este diario en torno a las maniobras del gerente socialista, Xoán Cornide, retumban en Galicia, donde ponen nombre y apellidos a la
comandita de Pepe, ese grupo de gallegos «de absoluta confianza personal» que flanquea al ministro de Fomento en Madrid, tal y como han revelado fuentes del propio partido.
Junto a Cornide -que se ofreció a mediar ante Fomento para favorecer a Extraco, una constructora gallega-, figuran otros viejos amigos de Blanco como Luis Carlos de la Peña Arizaga, que compagina, bajo el puño y la rosa, su participación en 16 empresas con un cargo como alto directivo en Adif.
Pese a que el PSOE ha cerrado filas en torno a Cornide -el día que salió publicada la información apenas había en Galicia quien descolgase el teléfono a este periódico-, aún hay quien recuerda a ese «chico de Ferrol» que entró en el partido de la mano del ala nacionalista que personificaban en aquellos días Ceferino Díaz o Xosé Luis Rodríguez Pardo (luego vicepresidente del Senado). Corrían los años 80, Galicia vivía convulsa la batalla por el Estatuto y Cornide, con ese panorama de fondo, enfiló el camino del centro para poner rumbo a Santa Engracia -la primera sede del PSOE Federal en Madrid-. Arranca entonces su carrera como funcionario del partido en el área de Formación, dirigida por José María Maravall, y es en aquellos años cuando traba amistad con un José Blanco que se dedicaba a levantar actas en las Juventudes Socialistas gallegas.
Treinta años después, en Galicia apenas ponen cara al gerente del PSOE. «Me suena de ver su firma en circulares internas», aciertan a decir algunos. Fuentes del PSdeG lo definen como un tipo «oscuro», de ésos que «nunca miran a la cara, como Pepe [por José Blanco]». Un hombre del aparato que se movía en aquellos años 80 «entre las sombras». También se le recuerda «pasteleando» en los congresos socialistas, en la época en que salió elegido secretario general Antolín Sánchez Presedo, luego eurodiputado desde 2004 y fuera ya de ese círculo de íntimos de Blanco.
Cuando el actual titular de Fomento se va a Madrid como secretario de Organización necesita gente que conozca la fontanería del partido, y es ahí cuando recupera a Cornide -que ya había regresado a Galicia- para ponerle al frente de la recaudación de las campañas. Es un campo en el que también tiene experiencia otra figura del noroeste: Luis Carlos de la Peña Arizaga, viejo amigo de Blanco y cuya relación se remonta también a los años 80, cuando se encargaba de llevar las cuentas del Consello da Xuventude en el PSOE gallego, que el propio Blanco presidía.
De la Peña es un tipo alto que ha dejado su huella en Bayona donde, tras su breve paso por la Alcaldía, dejó una deuda de 150.000 euros a sus compañeros de agrupación para sufragar su campaña electoral en 2007, según publicó La Voz de Galicia. Quizá por ello, su reciente intento de volver a la política municipal como candidato socialista para las próximas municipales del 22 de mayo quedó en agua de borrajas. Y es que la política tiene una parte de servicio público que le resulta «muy gratificante», como él mismo ha llegado a decir. Su nombre también sonó para gestionar la Zona Franca de Vigo, uno de los cargos públicos mejor pagados de la ciudad.

De la Peña siempre ha estado bien situado durante el mandato de Rodríguez Zapatero: de ejercer como delegado de Tragsa en Galicia en 2004, coincidiendo con el reparto de las ayudas del
Prestige, ha pasado a ocupar el cargo de director general de Seguridad, Organización y Recursos Humanos de Adif, con las obras del AVE en plena ejecución y un montante en juego de 6.000 millones de euros. Recientemente, Adif adjudicó a Extraco, la empresa del amigo de Cornide, seis obras por valor de 20 millones de euros tras recibir, supuestamente,
un toque del entorno del PSOE.
A finales de los 80, el ex alcalde de Bayona era el responsable de recaudar el dinero para las campañas del PSdeG (entró en el partido en 1984). «Siempre he estado en todas las salsas», reconocía el propio De la Peña en una entrevista a El Correo en 2007, donde también confesó sentirse «más a gusto en los negocios». Una querencia que saltó a los medios de boca del PP en las municipales de 2007, cuando Alfonso Rueda, actual vicepresidente de la Xunta, acusó al PSOE de «doble moral» por presentar candidatos promotores.
En la actualidad, además de su cargo en Adif, figura en el organigrama de 14 empresas, y en cinco de ellas consta como administrador único. De entre todas, destaca Suelo Industrial de Galicia, cuyo objeto social es la preparación y ejecución de planes de ordenación del territorio, asuntos vinculados por necesidad a la Administración Pública.
En ese interés por el negocio del suelo coincide con su amigo Cornide, quien también fue administrador único de Carta Esférica de Gestión e Innovación, una empresa radicada en Algete (Madrid) destinada a la compraventa de toda clase de fincas y la promoción y construcción de obras y edificios.
Los vínculos en el área de la promoción inmobiliaria conducen en la senda socialista gallega a la conocida como Villa PSOE, en La Isla de Arosa (Pontevedra), un polémico complejo de apartamentos de lujo levantado a 50 metros del mar donde ha adquirido propiedades José Blanco, entre otros cargos socialistas. Precisamente, dos de los promotores de esta urbanización -el precio por apartamento ronda los 300.000 euros- son Javier Carrera y José Luis Alonso Riego, éste último ex alcalde de La Guardia (Pontevedra) por el PP e imputado y luego absuelto por presunta prevaricación (durante el juicio reconoció haber emitido facturas falsas para no perder una subvención).
Ambos están vinculados a Movex Vial, una constructora a la que el Ayuntamiento de Vigo ha adjudicado cerca del 40% de las obras del Plan E (alrededor de 18 millones de euros de forma directa). El alcalde de Vigo no es otro que Abel Caballero, uno de los viejos espadas del PSdeG (fue ministro con González), el mismo que acaba de adjudicar -no sin polémica- a una empresa de limpieza un complejo de ocio por valor de un millón de euros. La delegada de la compañía beneficiada es la portavoz del PSOE local.
En este cuadro hay otros nombres que, de una manera u otra, conservan los favores de Blanco. Uno de ellos es María Xosé Porteiro, actualmente directora del Museo del Ferrocarril en Madrid, un puesto para el que fue designada tras ordenar Alberto Núñez Feijóo el cierre de la delegación de la Xunta en Buenos Aires, abierta por el bipartito. O María Luisa Graña, actual presidenta de Tragsa -más de 18.000 empleos- y también cercana a De la Peña, y que ha pasado por el Puerto de Vigo de la mano de Elena Espinosa. O Carmela Silva, portavoz del PSOE en el Senado tras su paso por el Ayuntamiento de Vigo, e igualmente afín a Caballero y Blanco.
Son algunos de los rostros fieles a la actual directiva mientras la sombra de la derrota se extiende por una formación en la que se lamentan de haber cambiado la batalla ideológica que se daba en tiempos de González por una «lucha de poder» que ha sembrado de enemistades y temores un partido en el que, quien más y quien menos, prepara ya su regreso a la vida civil.
Los gallegos del vicesecretario
>Xoán Cornide. Actualmente, director gerente del PSOE. Como publicó EL MUNDO, Cornide se ofreció a ayudar a la constructora gallega Extraco a conseguir contratos públicos por cortesía. En un correo electrónico, el alto cargo socialista asegura a su amigo Pablo Prada, presidente de Extraco, que estará «atento» a sus ofertas ante el Ministerio de Fomento y que «empujará» a su favor, especialmente en una obra que se llevaría a cabo en Asturias.
>Javier Carrera. Ex presidente de la extinguida promotora Residencial Illa de Arousa, encargada de la construcción de la conocida como 'Villa PSOE'. Actualmente es el administrador único de Movex Vial, empresa que ha recibido la mayor parte de las adjudicaciones del Plan E en Vigo.
>José Luis Alonso Riego. Empresario de la construcción. Fue alcalde de La Guardia entre 1997 y 2007. Parlamentario autonómico desde 1981 hasta 2005 con Alianza Popular y Partido Popular. Promotor de 'Villa PSOE'. Vinculado a Movex Vial. Fue juzgado y absuelto por prevaricación en La Guardia, y reconoció haber emitido facturas falsas para justificar las obras.
>María Xosé Porteiro. Actual directora del Museo del Ferrocarril de Madrid. Periodista. Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Vigo. Concejala socialista en Vigo, teniente de alcalde (1987-1991 y 2003-2007), diputada en el Parlamento de Galicia (1989-1997) y en el Congreso de los Diputados (2004-2007). Entre 2007 y 2009 fue delegada de la Xunta en Argentina.
>María Luisa Graña. Ocupó la Secretaría General de la Autoridad Portuaria de Vigo durante 10 años y fue concejala del PSOE entre los años 2003 y 2007. Presidenta del Grupo Tragsa desde abril de 2009.
ANTONINO GARCÍA / Vigo
El hombre de confianza del ministro
El hombre de confianza en Galicia de José Blanco se llama Carlos de la Peña (Eibar, 7 de enero de 1958) y es un auténtico experto en obra pública. En su carrera política ha estado casi siempre en segunda línea, excepto durante su efímero mandato como alcalde de Bayona, pero su mano aparece allí donde el partido gestionaba grandes adjudicaciones.
Es el actual director general de Organización, Seguridad y Recursos Humanos de Adif, pero también es administrador único, consejero o socio de 14 empresas de hostelería (Pousadas de Baiona, Tunel-Pe), restauración (Talasa Mar, Grupo Carpa), promoción inmobiliaria e industrial (Nexus, Loureiral-Trading, Mecánica del Ego, Suelo Industrial de Galicia), inversiones (Kerizpe, Izargo) y asesoría-consultoría (De la Peña y Arizaga, Eguskilan, Krabeling).
Es decir, desde bodegas a hoteles. Compagina, además, cargos como el de delegado en Galicia de la empresa pública Tragsa y puestos en empresas en las que no consta relación actual, como Bodegas Terras Gauda, Constructora San José (del constructor y editor Jacinto Rey) y Sanidad Animal y Servicios Ganaderos.
Lo definen como un hombre listo, populista, muy ambicioso, pero también prepotente, falso y arrogante. De padre vigués y madre eibarresa, El Vasco se diplomó en Empresariales en Oñate y se licenció en Santiago, lugar en el que se inició en la política. En la capital gallega entró en contacto con Blanco, cuando éste presidía el Consello da Xuventude del PSdeG-PSOE, y en 1984 se integró en la Ejecutiva para, a finales de esa década, comenzar su trayectoria como asesor del consejero de Obras Públicas, el ahora eurodiputado Antolín Sánchez Presedo.
La victoria de Manuel Fraga en 1989 lo alejó temporalmente de Galicia y él preparó a conciencia su desembarco en la política municipal. Como empresario, creó la Fundación Miñor, un foro de debate que desapareció después de lograr el objetivo de ser candidato a la Alcaldía, para lo que también utilizó la presidencia de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Bayona. Logró arrebatar el poder en la agrupación local socialista a Emilio Iglesias y se presentó por primera vez en las municipales de 2003. Gobernó escaso año y medio con nacionalistas e independientes, pero la ruptura del pacto permitió que el PP recuperase el bastón de mando de la mano de Jesús Vázquez Almuiña.
Las deudas que dejó en las arcas municipales en su breve etapa y el derribo de parte de su chalé por ilegalidades urbanísticas no fueron obstáculo para que se presentase cuatro años después. En pleno ascenso del PSOE nacional y con Pepe Blanco abriendo sus campañas, De la Peña consiguió sus mejores resultados, pero quedó lejos del PP y abandonó Bayona hasta que, hace poco menos de un año, intentó regresar sin éxito. Los intentos por colocarlo en la Zona Franca e incluso como vicepresidente del Puerto de Vigo, a lo que se negó el ex ministro y actual alcalde Abel Caballero, no tuvieron éxito, pero Pepe Blanco le buscó acomodo en Tragsa, desde donde preparó el fallido intento de recuperar Bayona.
En 2010, intentó convertirse otra vez en el candidato socialista a las municipales y no dudó en encargar una encuesta para desacreditar las opciones locales. Los resultados, que daban una mayoría absoluta al PP, se filtraron de forma conveniente para que fuesen publicados, pero su efecto no fue el deseado y sus propios ex compañeros rechazaron su regreso.
SALUD HERNÁNDEZ-MORA / Bogotá
Colombia admite que España le ofreció a Garzón como asesor
Trinidad Jiménez propuso pagar sus honorarios, según la canciller Holguín
Pero Garzón no iba a ser, precisamente, recibido bajo palio, tal y como está acostumbrado en estas tierras. En cuanto se conoció que el presidente Juan Manuel Santos pensaba contratarle, se desató tal tormenta de críticas que el Ejecutivo colombiano se ha visto obligado a mandar su nombramiento al congelador. Y eso que a Colombia no le costaría un peso porque sus honorarios los pagaría España. Fue la ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, la que sugirió el cargo. Y su colega colombiana, María Ángela Holguín, dejó el balón en los pies del Ejecutivo de Zapatero cuando le preguntaron quién iba a costear los pagos. «El acercamiento ha sido con el Gobierno español. Estamos viendo dentro del acuerdo de cooperación judicial. El acercamiento no ha sido con él, sino con el Gobierno de España. Desde hace bastante lo hemos venido trabajando con la cancillería española», declaró a la emisora local La FM de RCN.
No dio detalles sobre si la idea surgió en el transcurso de la cumbre iberoamericana de diciembre, celebrada en Mar de Plata y a la que asistió Trinidad Jiménez. Lo cierto es que es desde el Ministerio español desde el que se están haciendo todas las gestiones para que Garzón obtenga un contrato de asesor. Pero este contrato ha provocado una dura y agria polémica en Colombia. Además de aparecer un buen número de columnas de opinión y opiniones contrarias a la medida, los dos diarios nacionales, El Tiempo y El Espectador, publicaron sendos editoriales uniéndose a quienes dudan de la bondad de la iniciativa presidencial.
«¿Qué tiene acaso de única e irreemplazable la experiencia del juez Garzón para asumir el costo político de sus líos legales?», se preguntaba El Espectador. Su competidor señalaba: «Un personaje como Garzón, si bien tiene gran reputación entre los defensores de derechos humanos, no está exento de acusaciones de tener una agenda política propia. Y eso es algo que, en un futuro, en vez de contribuir a resolver los problemas colombianos en este campo, puede terminar enredándolos».
Otro matutino importante, el Universal de Cartagena, destacaba las opiniones de diversos expertos, todos rechazando la posible contratación. «Me parece más espectacular que otra cosa», indicó Carlos Gaviria, ex magistrado de la Corte Constitucional y ex candidato presidencial por el socialista Polo Democrático. «Esto puede ser mal visto, puesto que es una muestra de subdesarrollo mental creer que en este tipo de materia necesitamos ayuda extranjera o conceptos españoles». Y para el analista Vicente Torrijos, «se trata de un interés absolutamente partidista del socialismo español por recompensar desde su Gobierno a quien ha sido desde todo punto de vista un juez totalmente politizado y favorable con esa corriente ideológica». El procurador general, Alejandro Ordóñez, ex magistrado del Consejo de Estado, fue contundente: «Es conocida la agenda política de Garzón en el ejercicio de sus funciones, lo cual sería un ingrediente polarizador en nuestra sociedad, y ello no es conveniente ni aconsejable».
OORBYT.es
>Vea hoy el análisis de Salud Hernández-Mora sobre el polémico puesto de Garzón en Colombia.
Especial para EL MUNDO
El Gobierno colombiano, por boca de su canciller, María Ángela Holguín, admitió que España le ofrecía los servicios del magistrado Baltasar Garzón como asesor en asuntos judiciales y de impunidad. La canciller confirmó incluso que la ministra española de Exteriores, Trinidad Jiménez, proponía que fuera el Ejecutivo español quien se hiciera cargo de los honorarios que percibiera Garzón.
EL MUNDO / Madrid
«Ya no da miedo ser corrupto»
El juez suspendido ataca al Tribunal Supremo en un documental
El juez suspendido Baltasar Garzón ha protagonizado un documental-entrevista dirigido por la cineasta Isabel Coixet en el que refuerza la presión hacia el Tribunal Supremo e insiste en su tesis de que él es una víctima de un «acoso y una persecución implacables» desencadenados a partir del caso Gürtel. «La corrupción es el cáncer de la democracia. Democracia y corrupción son incompatibles [...]. Aquí lo que ha pasado es que ya no da miedo ser corrupto. Porque lo eres y te siguen eligiendo», es una de las reflexiones que hace Garzón, apartado del juzgado al estar imputado por prevaricación en tres causas penales, además de por otros delitos como el cohecho, lo que no ha impedido que el Consejo General del Poder Judicial aceptase su designación como asesor del fiscal jefe de La Haya.
En este sentido, reconoce durante su conversación filmada con el escritor Manuel Rivas, que «la acusación de prevaricación respecto de un juez es la más grave que se le puede hacer». «El dolor que lleva consigo es muy grave, sobre todo cuando uno tiene la conciencia y la seguridad de no haber cometido ningún delito», dice, según la transcripción a la que ayer dedicó un gran despliegue el diario El País.
El magistrado aprovecha el documental Escuchando al juez Garzón para atacar al Supremo -«me siento condenado», afirma, antes de arremeter contra la composición del tribunal en el procedimiento abierto por imputar a Franco- y siembra dudas acerca de la imparcialidad de Manuel Marchena, instructor de la causa por los cursos en Nueva York -«es para mí alucinante»-.
Según El País, la película es «explosiva» y está producida «en un blanco y negro excepcional, que de puro gélido salta a la gama de los azules». Al terminar de visionarla, relata el diario, Garzón preguntó : «¿No se me ve muy crecido?».