HOY DÍA 5 A LAS 5 TODOS A LA MANIFESTACIÓN DE VOCES CONTRA EL TERRORISMO

EDITORIALES: La muestra del grave deterioro de la Audiencia

La muestra del grave deterioro de la Audiencia

Zapatero embustero

LA SENTENCIA del Supremo que absuelve por falta de pruebas a cinco islamistas condenados por la Audiencia Nacional supone un baldón para nuestra Justicia y es muy sintomática de la deriva en la que ha entrado esta Audiencia. Después de varias resoluciones en los últimos años, en las que el Supremo ha enmendado la plana a la Audiencia Nacional por enviar a prisión a supuestos islamistas sin respetar las garantías de los procesados o por graves errores en la instrucción, en esta ocasión asistimos al primer fallo de nuestra historia judicial en el que, además de anular la condena, el Pleno de la Sala de lo Penal aprecia posibles torturas a los encausados y pide al fiscal general que las investigue.

Los ahora absueltos fueron condenados a penas que oscilan entre cinco y nueve años de cárcel por integración y colaboración con organización terrorista. Habían sido detenidos en Vilanova (Barcelona) en 2006 acusados de reclutar a muyahidin para que atentaran en Irak y, en el caso concreto del jefe del grupo, por ayudar además a huir de España a implicados en el 11-M, entre ellos Mohamed Belhadj.

De la investigación policial se desprende que estos islamistas eran ciertamente peligrosos. Contra ellos había dos pruebas incriminatorias contundentes: sus propias confesiones y las grabaciones de sus conversaciones telefónicas. Sin embargo, al estudiar los recursos de casación, el Supremo ha observado gravísimas irregularidades. Ha encontrado elementos suficientes para concluir que los detenidos declararon ante el juez central de instrucción -tras ser trasladados desde Barcelona a Madrid encapuchados y esposados- presentando signos evidentes de maltrato, como hematomas y contusiones, algo que no pasó por alto el forense. La situación debió de ser tan sangrante que en la Sala de lo Penal del Supremo, al acabar la deliberación sobre este asunto, un magistrado llegó a comentar sobre Garzón: «Va por ahí denunciando lo de Guantánamo y él tenía un Guantánamo en su juzgado».

Por si fuera poco, la prueba más importante, la de las escuchas telefónicas, es nula, ya que no aparece en el sumario la autorización para practicarlas, en un caso flagrante de instrucción negligente y chapucera.

Lo sorprendente es que con estos elementos sobre la mesa la Audiencia Nacional fuera capaz de redactar una sentencia condenatoria. No parece casualidad que el ponente fuera Ramón Sáez, amigo de quien procesó a los islamistas, Baltasar Garzón, y que, como éste, pasa por ser un adalid de los Derechos Humanos. A lo que se ve, ambos están más pendientes de ellos cuando no afectan a su jurisdicción.

Por otra parte, el presidente de la Sala que condenó a los supuestos terroristas fue Gómez Bermúdez, interesado, al igual que Garzón, en la islamización de los atentados de Madrid: el presidente del Tribunal del 11-M, para justificar en la medida de lo posible su polémica sentencia; y el juez estrella, para cerrar definitivamente la página de un asunto que le incomoda, pues si hubiera ordenado en su momento la traducción de las grabaciones de unos islamistas implicados a la postre en el 11-M, quizás podría haberse evitado la masacre.

Con ser grave que se haya acabado absolviendo a unos islamistas -insistimos, por las intolerables irregularidades cometidas en el proceso-, lo preocupante del fallo del Supremo es que indica a dónde ha llegado la Audiencia Nacional, un órgano clave en nuestro Estado de Derecho en el que están a la orden del día los juegos de clanes, el contubernio con la Policía y un conchabeo político que se premia con condecoraciones y medallas convenientemente remuneradas

El juez Ruz no cita a declarar a Camacho

Caso Faisán: ¿paso atrás o cautela procesal?

EL JUEZ que instruye el caso Faisán, Pablo Ruz, dictó ayer un auto en el que no considera necesario llamar a declarar a Antonio Camacho, secretario de Estado de Seguridad, que habló tres veces por teléfono en los dos días anteriores al chivatazo con Víctor García Hidalgo, ex director general de la Policía y sospechoso de transmitir la orden. El juez concluye que no hay elementos para citar a Camacho ya que entiende que, dada su condición de superior inmediato de García Hidalgo, era lógico que hablaran de forma frecuente. En cambio, sí considera poco explicables las conversaciones entre García Hidalgo y el jefe de Policía del País Vasco. Rubalcaba aprovechó ayer esta resolución para exigir «que se disculpen quienes han difamado» a su número dos. No debería cantar victoria porque nadie se puede creer que el director general de la Policía diera la orden del chivatazo sin consultar con sus superiores. Y además porque tanto Camacho como él tendrían que asumir responsabilidades políticas si Hidalgo fuera culpable. La duda es si estamos ante un paso atrás de Ruz o una simple cautela procesal.

El Rey concede al seleccionador un nuevo título

Marqués con méritos y nobleza suficientes

ADEMÁS de campeón del mundo, Del Bosque también es marqués desde que ayer el BOE publicara el título concedido por el Rey. El mundo del fútbol reaccionó con sorpresa y satisfacción al título nobiliario del seleccionador. Jugadores y entrenadores subrayaron los méritos de del Bosque, con una excepción: Guardiola. El entrenador del Barça hizo un comentario muy desafortunado: «¿Marqués? Aquí no hay de eso». Olvida Guardiola que uno de los últimos títulos concedidos por el Rey fue para el Marqués de Samaranch, un catalán universal. Don Juan Carlos no ha concedido demasiados títulos en su reinado. Con acierto, ha optado en este y otros casos por premiar los méritos y el trabajo bien hecho, antes que el abolengo. Con el seleccionador han recibido títulos también el Nobel Mario Vargas Llosa, el ex magistrado Aurelio Menéndez y el empresario Villar Mir.

Dura oposición al Pacto de Competitividad

Rebelión en la UE contra el eje París-Berlín

EL PACTO de Competitividad que defendieron ayer en la cumbre de la UE Merkel y Sarkozy topó con la resistencia de un numeroso grupo de países, que no están dispuestos a desvincular las subidas salariales de la inflación. Algunos Gobiernos como el belga y el austriaco alegaron que ellos no tienen un problema de competitividad, por lo que carece de sentido obligar a todos a adoptar ese principio. Horas antes de la cumbre, Merkel y Sarkozy habían condicionado la ampliación de fondo de rescate europeo a una mayor disciplina económica en la zona euro. Pero la presión del eje París-Berlín no surtió efecto y no se llegó a acuerdo alguno, por lo que la ampliación del fondo queda para la cumbre de mediados de marzo. Ayer quedaron en evidencia en Bruselas las profundas diferencias entre los Gobiernos para abordar la crisis económica y la falta de liderazgo de Francia y Alemania. El propio Zapatero reconoció que el Pacto de Competitividad era todavía un proyecto «incipiente» y que había «posiciones muy distintas», lo que augura que será muy difícil llegar a un acuerdo.

CUANDO EL DELINCUENTE ES EL MINISTERIO DEL INTERIOR: colaboración con banda terrorista (Faisán)

M. MARRACO / F. LÁZARO / Madrid

El juez Ruz no cita a Camacho pero refuerza las sospechas contra García Hidalgo

A juicio del magistrado de la Audiencia Nacional, no es «proporcional, necesario e idóneo» que el secretario de Estado de Seguridad, superior directo del principal imputado en el chivatazo, declare como testigo en el caso Faisán sobre las llamadas que ambos mantuvieron.

El origen de la petición de Dignidad y Justicia está en la existencia de tres números del Ministerio del Interior que, pese a haber contactado con los imputados en momentos relevantes para la investigación, no se habían consideraron sospechosos. Uno de los teléfonos, según reveló este diario, era el móvil de Antonio Camacho.

El juez asume el criterio del equipo policial al que hace unos días encargó un informe específico y considera las llamadas «irrelevantes». El nuevo dossier en el que se apoya el magistrado afirma que «resulta lógico y razonable suponer que dos altos cargos del Ministerio del Interior, con relación de dependencia jerárquica y subordinación directa de uno respecto del otro, necesiten mantener comunicaciones durante las 24 horas del día».

También se resalta que las comunicaciones entre ambos eran frecuentes en otras fechas, por lo que las analizadas no seguían un patrón extraño que las vinculara al chivatazo a la banda terrorista, que se produjo el 4 de mayo de 2006 a las 11.23 horas.

El auto hace especial hincapié en dos llamadas entre Camacho e Hidalgo en la noche anterior a la delación. El auto mantiene, citando el informe policial, que «la lógica racional» exigía que, si estaban implicados, aparecieran llamadas que no se produjeron.

El juez vuelca en su escrito argumentos que, de la misma forma que exculpan a Camacho, refuerzan la imputación sobre García Hidalgo y el jefe superior de Policía del País Vasco, puesto que sus contactos no eran los naturales para sus cargos. «No se ajustaban al normal proceder, en cuanto a los sujetos intervinientes y la frecuencia de las llamadas. Así, se presume como no habitual el trato directo entre el jefe superior de Policía del País Vasco y el director general de la Policía, al margen de los superiores jerárquicos que entre ellos existen».

«La investigación ha podido constatar», añade el auto, «la interrelación existente entre las llamadas del jefe superior de Policía y las del director general de la Policía en todas y cada una de las tres fases objeto de investigación (Fase de planificación registrada el día 3 de mayo a las 23.20 h.; fase de la delación el día 4 de mayo a las 11.23 h., y fase de traslado a Francia a las 13.21 h.), circunstancia que tampoco concurre respecto del secretario de Estado de Seguridad».

A las conclusiones policiales, el juez añade que Hidalgo, en su comparecencia como imputado, dijo que avisaba al secretario de Estado de las operaciones inminentes, lo que explicaría la llamada de la víspera del chivatazo. En cuanto a los contactos entre ambos en septiembre y octubre de 2009, los vincula al cese de Hidalgo en esa fechas.

Aunque la petición de Dignidad y las referencias del juez son a la posible declaración de Camacho como testigo -no como imputado-, lo cierto es que, como superior de Hidalgo, aparecía como un candidato teórico a haber dado la orden de boicotear la operación que luego el director general de la Policía habría transmitido a su vez al jefe superior.

Pero ni como imputado ni como testigo. La única posibilidad de que Camacho acabe declarando es que Dignidad y Justicia o alguna de las acusaciones populares personadas recurran la decisión, primero en reforma ante el propio Ruz, y luego en apelación ante la Sección Segunda, que ya ordenó diligencias rechazadas inicialmente por Baltasar Garzón.

El juez descarta igualmente las llamadas realizadas desde los otros dos teléfonos adscritos a Interior. Uno, porque es una centralita. Otro, porque es de un inspector jefe sin conocimientos de la operación y que era amigo del jefe superior.

En un segundo auto, el juez rechaza la petición de García Hidalgo de archivar la causa contra él. También la del jefe superior de que no se le pida identificar al confidente etarra que corroboraría su coartada para el día de los hechos.

El juez Pablo Ruz rechazó ayer tomar declaración como testigo al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, acerca de sus conversaciones con el principal imputado por el chivatazo, el ex director de la Policía Víctor García Hidalgo, la víspera y el día del soplo.

PP: «No quedará sin castigo»

>El responsable de Comunicación del PP, Esteban González Pons, afirmó que no van a consentir que el 'caso del chivatazo' quede «sin investigación, sin depuración de responsabilidades políticas y, si corresponde, sin castigo»

>El ministro del Interior defendió ayer a su 'número dos', Antonio Camacho, si bien eludió poner «la mano en el fuego» por el resto de sus subordinados. Alfredo Pérez Rubalcaba, exigió «pedir disculpas» a quienes han «calumniado» a una «persona honorable».

ÁNGELES ESCRIVÁ / Madrid

'Rechazo' a la violencia futura de ETA

Batasuna utilizará esta fórmula el lunes al presentar los estatutos de su nuevo partido

Batasuna tiene previsto realizar el próximo lunes un movimiento sin precedentes para conseguir su legalización, que es el objetivo que persigue denodadamente. Sus dirigentes están dispuestos a incluir una declaración en la que realizarán un «rechazo» de cualquier tipo de violencia que pueda producirse en el futuro, incluida la de ETA, según la información que barajan las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Así pues, si las informaciones de las citadas fuentes se confirman, por primera vez de forma explícita y en un entorno solemne, la formación ilegalizada hará mención explícita a la banda para escenificar un distanciamiento de los métodos que pueda utilizar, pero tendrá buen cuidado en no condenar, ni repudiar, ni abjurar de los atentados y de los centenares de muertos ocasionados por la organización terrorista en el pasado.

Como contrapeso a esta parte de la declaración, la izquierda abertzale -como ha venido haciendo en todos los manifiestos y acuerdos firmados en los últimos meses- reclamará su legalización, que el Gobierno dé más pasos y, entre otros objetivos, la puesta en marcha de una negociación política para conseguir lo que ellos denominan la «resolución del conflicto».

Esta declaración de intenciones se producirá el lunes en el Palacio Euskalduna de Bilbao donde Batasuna ha convocado a los suyos para presentarles los estatutos del nuevo partido. Está previsto que estos estatutos, que serán registrados el miércoles en el Ministerio del Interior, vayan presentados por apoderados anónimos, sin vinculación alguna con la formación ilegalizada para evitar contaminaciones formales.

De hecho, en la forma, en el contenido serán impecables, homologables a los presentados por cualquier otro partido político. No obstante, la izquierda abertzale es consciente de que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, en una de las sentencias en las que confirma la ilegalización de Batasuna, argumentaba que «los estatutos no pueden ser el único criterio que ha de tomarse en cuenta para una legalización», sino que han de calibrarse otras circunstancias, como las opiniones, las omisiones o los silencios, por ejemplo, en la condena del terrorismo. Por eso, al margen del texto presentado en Interior, Rufino Etxeberria -ex miembro de la mesa nacional de Batasuna- respaldado por el abogado Iñigo Iruin, podrían hacer pública una declaración con la fórmula de rechazo para acciones futuras.

El Gobierno está convencido por otra parte de que la organización terrorista podría hacer público un comunicado en las próximas horas. Se trataría de un texto cuyo objetivo sería respaldar la finalidad de legalización de la izquierda abertzale por lo que las fuentes gubernamentales consultadas calculan que podría contener avances terminológicos relacionados con la irreversibilidad de la tregua anunciada.

Actividad latente

Frente a las expectativas de este inminente comunicado, algunos de los informes de las Fuerzas de Seguridad señalan que la banda terrorista no ha restringido totalmente su actividad. No somete a los empresarios a extorsión, pero sí se sigue aprovisionando de coches robados y sigue realizando algunos movimientos que pueden ser interpretados como un propósito de reconstrucción.

Según estos análisis, la banda terrorista no ha rebajado un ápice sus exigencias de negociación con los esquemas de la proclamación de Anoeta y los encuentros en el santuario de Loyola. Además, la banda no se habría resignado a dejar de ser la «vanguardia» del movimiento soberanista, la ventaja obtenida por los posibilistas de Otegi a principios de 2010 se habría diluido y estarían volviendo a establecer su criterio los partidarios de la «confrontación en todos los ámbitos». Según las fuentes consultadas, algunos de los más intransigentes que fueron invitados en su día a abandonar las asambleas locales, han logrado regresar y están mandando callar a los posibilistas.

También es cierto que la banda terrorista sigue huyendo de una situación de división interna. Probablemente por ello, la dirección de ETA se ha puesto en contacto con veteranos de Batasuna, representantes de los noventa como Floren Aoiz, para crear una interlocución con los partidarios de Otegi y convencerles de que la rapidez puede ir en detrimento de los logros. Las Fuerzas de Seguridad han constatado que la obsesión de la izquierda abertzale es acceder a las instituciones, pero no descartan que una vez en ellas, sigan exigiendo sus postulados políticos sin contribuir a la disolución de ETA.

JUEZ SOCIALISTA, PREVARICADOR DE OFICIO: El Supremo ordena investigar torturas obviadas por Garzón

MARÍA PERAL / Madrid

El Supremo ordena investigar torturas obviadas por Garzón

«Va por ahí denunciando lo de Guantánamo y tenía un Guantánamo en su juzgado», comentó un miembro de la Sala de lo Penal tras la deliberación
Anula la condena a islamistas que denunciaron haber sido torturados y trasladados desde Barcelona a Madrid encapuchados y esposados
Las escuchas telefónicas realizadas por la Policía tampoco han servido como prueba al no aparecer el auto que las autorizaba

Los marroquíes Omar Nakhcha, Mohamed Mrabet Fashi y Redouan Ayach, el turco Saffet Karakoc y el argelino Djamel Dahmani fueron condenados hace un año por la Audiencia Nacional a penas de entre nueve y cinco años de prisión por delitos de pertenencia y colaboración con organización terrorista.

Un tribunal integrado por Javier Gómez Bermúdez, Javier Martínez Lázaro y Ramón Sáez (ponente de la sentencia condenatoria) declaró probado que los cinco formaban parte de una célula islamista que operaba desde una casa en Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) denominada Alkalaa, la fortaleza. La célula se dedicaba a reclutar muyahidines y ayudar a otros islamistas relacionados con los atentados del 11-M, a los que se facilitó la huida y proporcionó dinero.

El grupo fue desarticulado en enero de 2006 con 22 detenciones realizadas en Vilanova i la Geltrú y otros puntos de Cataluña. En aquel momento, las investigaciones eran dirigidas por los jueces de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, y Fernando Grande-Marlaska, entonces a cargo del Juzgado Central de Instrucción número 5.

El titular de este último órgano, Baltasar Garzón, se hizo cargo del asunto a partir de julio de 2006, cuando regresó de un permiso en Estados Unidos. En octubre de 2006, Garzón acordó procesar a los 22 implicados, aunque sólo nueve acabaron sentándose en el banquillo. De ellos, cuatro fueron absueltos. El Supremo ha exonerado ahora a los cinco únicos condenados.

Ha sido el Pleno de la Sala Penal del Alto Tribunal (en total, 19 magistrados) el que ha examinado los recursos de Nakhcha, Mrabet Fashi, Ayach, Karakoc y Dahmani.

El Supremo ha apreciado que la principal prueba de cargo en la que se apoya el fallo de la Audiencia, las confesiones que realizaron los detenidos cuando fueron puestos a disposición de Andreu, no pueden ser tenidas en cuenta al haber serios indicios de que fueron obtenidas gracias a las torturas físicas y psíquicas a las que habrían sido sometidos por las Fuerzas de Seguridad antes de prestar declaración.

La Audiencia Nacional estimó que las declaraciones judiciales de los encausados podían ser valoradas como prueba de cargo al desconectarlas tanto de las declaraciones policiales (que no fueron tenidas en cuenta) como de las escuchas telefónicas practicadas, que permitieron conocer la identidad de los miembros de la célula y sus relaciones. Las intervenciones telefónicas tampoco han podido utilizarse como prueba de cargo ya que, según subrayó la propia Audiencia, «no aparece resolución judicial alguna que autorizara la injerencia en el secreto de las comunicaciones».

La Sala Penal del Supremo ha confirmado por mayoría la doctrina de que en algunos supuestos es posible desconectar unas pruebas de otras, de manera que no todo el conjunto probatorio quede contaminado por una inicial prueba ilícita (en este caso, las escuchas telefónicas). En cambio, no ha aceptado que puedan surtir efectos probatorios las confesiones judiciales de los detenidos a la vista de que la propia sentencia condenatoria refleja datos que apuntan a que esas declaraciones fueron forzadas.

Así, los encausados denunciaron en el juzgado y al médico forense que durante su detención se les privó del sueño, se les tuvo de pie, se les amenazó, insultó y presionó y fueron sometidos a interrogatorios continuos. Algunos añadieron que sus confesiones habían sido producto de la presión policial y que les habían obligado a pactar las respuestas. Sólo después de acordar lo que iban a decir llamaron al abogado. A uno de ellos, Samadi, le privaron durante cinco días las gafas que necesitaba para ver.

Estaban incomunicados, por lo que hasta la Audiencia Nacional excluyó que esas manifestaciones respondieran a una estrategia colectiva de defensa.

La sentencia condenatoria también dejó constancia de que «hay varios partes de lesiones» certificando que Mrabet, Nahkcha y Hassan Mourdoude -que ya fue absuelto en la Audiencia- fueron presentados en el juzgado con hematomas, eritemas e inflamaciones. Todas esas lesiones eran de similar cronología y tenían 24 horas de evolución.

Los detenidos también manifestaron que habían sido trasladados por carretera desde Barcelona a Madrid encapuchados y esposados, extremo que confirmaron en el juicio oral algunos agentes.

Las denuncias, realizadas primero ante Andreu, fueron reiteradas a Garzón cuando éste se hizo cargo del sumario, pero fueron obviadas. «Va por ahí denunciando lo de Guantánamo ¡y tenía un Guantánamo en su juzgado!», exclamó un magistrado de la Sala Penal del Supremo al término de las deliberaciones. El Tribunal ha acordado deducir testimonio de las actuaciones y enviarlas a la Fiscalía para que investigue los posibles malos tratos.

El Pleno de la Sala Penal del Supremo ha absuelto a cinco islamistas a los que la Audiencia Nacional había condenado a penas de cinco a nueve años de prisión por pertenencia o colaboración con una organización terrorista, una célula integrista que operaba desde la localidad de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) y habría ayudado a huir a implicados en el 11-M.

El Alto Tribunal ha apreciado que la principal prueba de cargo, las confesiones realizadas tras los arrestos, no pueden ser tenidas en cuenta ya que hay fundados indicios de que las Fuerzas de Seguridad torturaron a los detenidos antes de ponerlos a disposición judicial. Las denuncias de malos tratos fueron obviadas por los jueces Andreu, que tomó declaración a los detenidos, y Garzón, que los procesó. Las escuchas telefónicas tampoco han podido ser valoradas al no aparecer la resolución judicial que las autorizó.

Por primera vez, el Pleno de la Sala Penal, integrado por 19 magistrados, ha acordado remitir las actuaciones al fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, para que investigue los posibles malos tratos.

JORDI RIBALAYGUE / Santa Coloma

La operación 'más dura' contra Al Qaeda

La Policía aseguraba que las ramificaciones llegaban hasta Irak y Osama bin Laden

La absolución de los cinco presuntos islamistas de Vilanova i la Geltrú que el Tribunal Supremo redactará en los próximos días deja en nada una investigación policial que, en su día, se calificó como uno de los golpes más duros contra las células terroristas próximas a Al Qaeda. El alcance de las acusaciones, las presuntas ramificaciones que se creía que se extendían desde la carnicería de uno de los detenidos hasta las altas esferas de los lugartenientes de Osama bin Laden en Irak y la sofistificación con que se desmanteló una red que no era tal quedan ahora en entredicho y cuestionan la actuación de los cuerpos de seguridad.

El 10 de enero de 2006, un operativo conjunto de la Policía Nacional y la Guardia Civil intervino en casas y locales de Cataluña, Madrid y el País Vasco para desmontar un supuesto entramado de musulmanes radicales a los que se les responsabilizó de captar, adiestrar y enviar suicidas a Irak dispuestos a cometer atentados. Las tres intervenciones simultáneas (bautizadas con los nombres de Chacal, Camaleón y Génesis) se saldaron con 20 arrestados y se dirigieron desde la Secretaría de Estado de Seguridad y la Audiencia Nacional.

A los mandos se colocaron los magistrados Fernando Grande-Marlaska y Fernando Andreu -cuando regresó de Nueva York, Garzón asumió la investigación-, que siguieron el rastro de una pista que señaló el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Casualidad o no, los arrestos se ordenaron coincidiendo con la Fiesta del Cordero, una de las fechas más importantes del calendario de los fieles de Alá.

Pronto se situó a Mohamed Mrabet Fhasi como el presunto cabecilla de los fundamentalistas de Vilanova. Fhasi es carnicero y los investigadores sostenían que financió atentados a través de sus empresas. Las pesquisas también identificaron a Omar Nakhcha, un marroquí residente en Bélgica, como el jefe de toda la trama, y Grande-Marlaska le vinculó con el Grupo Islámico Combatiente Marroquí, la sucursal de Al Qaeda en el Magreb. También se le acusó de facilitar la huida a más de un prófugo de la matanza del 11-M.

La Audiencia Nacional dio por certificado que los tentáculos del grupo se extendían por España, Italia, Alemania, Turquía, Siria y acababan en Irak. También se apuntó que la red facilitaba a los futuros yihadistas reclutados pasaportes y otros documentos falsos para que entraran al avispero iraquí a través de las fronteras del norte y el oeste del país.

Las pruebas que articulaban buena parte del sumario se basaban en muestras de ADN tomadas a varios familiares de algunos suicidas a los que se les logró poner nombre y apellido. Las comprobaciones reflotaron las indagaciones sobre un crimen que sacudió la ciudad iraquí de Nasiriya después de la caída de Sadam Husein. En noviembre de 2003, dos islamistas estrellaron un camión cargado de explosivos y asesinaron a 19 italianos (12 carabinieri, cinco militares y dos civiles) y nueve iraquíes.

A partir de los restos, la Guardia Civil y sus colegas transalpinos identificaron a uno de los terroristas. Era el argelino Bellil Belgacem. Los agentes sospecharon que Fhasi cobijó al suicida en su domicilio de Vilanova, al igual que a otros marroquíes que viajaron a Oriente Medio con la intención de provocar más muertes, pero fueron interceptados en una casa en Siria en la que se cobijaban los seguidores de Bin Laden.

A los sospechosos de Vilanova se les relacionó, a su vez, con los detenidos en la operación Tigris, otra de las acciones antiterroristas más sonadas contra las células durmientes instaladas en Cataluña. Aquella actuación de junio de 2005 quedó deslucida cuando, apenas 48 horas más tarde, se puso en libertad sin cargos a numerosos detenidos en Santa Coloma de Gramenet. Entre ellos, el imam Taoufik Cheddadi, una de las voces más moderadas y dialogantes del islam en Cataluña.

Efectivos de la Policía registraron durante más de cuatro horas la librería que el religioso regentaba en una calle fronteriza entre Santa Coloma y Badalona, dos ciudades que han estado durante años en el meollo de las principales averiguaciones de la lucha antiterroristas. Cheddadi, que ahora oficia en un oratorio de Mataró, pasó de nuevo por el mismo mal trago en mayo de 2007. A los pocos días, volvió a ser liberado sin más consecuencias, al igual que ahora ha sucedido con los que fueron catalogados como los más radicales de Vilanova.

JOAQUÍN MANSO / Madrid

La sucesión de fiascos 'islamistas' de la Audiencia

El Supremo corrige a la baja casi todas sus sentencias por este terrorismo

Las resoluciones sobre la célula de Vilanova, ayer, y El Raval, la semana pasada, confirman la tendencia del Supremo de corregir a la baja, de manera muy contundente, casi todos los procesos por terrorismo islamista tramitados por la Audiencia Nacional desde que en junio de 2006 absolvió al sirio Abu Dahdah de conspirar desde España para cometer los atentados del 11-S. Esa corrección suele deberse, bien a graves errores de los jueces instructores -casi siempre de Garzón, por atentar contra las garantías de los imputados para obtener las pruebas-, bien a la ausencia de una motivación suficiente de las condenas que dicta la Audiencia.

«No basta demostrar que el acusado piensa de una determinada manera, o que contacta o se relaciona con otros de la misma o similar ideología. Es necesario probar, al menos, que ha decidido pasar a la acción». La jurisprudencia del Tribunal Supremo, especialmente exigente tras la sentencia del 11-M -a la que pertenece el entrecomillado-, insiste en que es necesario acreditar algo más que la aceptación de un mensaje de fanatismo religioso por los acusados y que las sentencias deben individualizar de forma precisa qué conductas concretas se les atribuyen. La Audiencia cumple pocas veces. Lo que sigue es una selección de los casos más importantes:

'Operación Dátil'. Veinticuatro individuos fueron arrestados entre noviembre de 2001 y enero de 2002 bajo la acusación de formar una célula que preparó desde España los atentados del 11-S. Entre ellos se encontraba el líder de Al Qaeda en España y uno de sus máximos referentes en todo el mundo, el sirio Abu Dahdah. Tras la instrucción que dirigió el juez Baltasar Garzón bajo la atención de los medios norteamericanos, la Fiscalía pidió para él 74.337 años de cárcel como coautor de la matanza. El tribunal de la Audiencia Nacional -presidido por Javier Gómez Bermúdez y con ponencia de Ángela Murillo- lo condenó a 12 años por pertenencia a una organización terrorista y otros 15 por conspirar para cometer ese atentado. El Supremo tuvo que absolverle de este último delito porque todas las escuchas telefónicasque había practicado Garzón -en las que se escuchaba a Dahdah decir que había «degollado al pájaro»- estaban plagadas de «irregularidades» y atentaban contra los derechos fundamentales. Otros tres fueron absueltos por el Alto Tribunal.

El talibán español. El Supremo anuló la condena a seis años impuesta al ceutí Hamed Abderrahaman, alias Hmido, que pasó dos años en Guantánamo, porque razonó que no podían aceptarse las pruebas obtenidas en ese centro de internamiento, «un verdadero limbo en la comunidad jurídica». La instrucción del juez Garzón y la sentencia que redactó el magistrado Alfonso Guevara había dado por buena la declaración inculpatoria que Hmido prestó cuando se le interrogó sin garantías en Guantánamo, con el argumento de que la repitió después.

'Comando Dixan'. El juez Garzón procesó a seis islamistas que, según aseguraba, tenían en su casa material para fabricar napalm casero para volar la base militar norteamericana de Rota (Cádiz). Inicialmente, habían sido detenidos 16. Sólo cinco fueron condenados por el Supremo por integración en organización terrorista. El Alto Tribunal obligó a rebajar de 13 a ocho años de cárcel la condena que había impuesto la Audiencia porque en la sentencia de la magistrada Clara Bayarri -bajo la presidencia de Javier Gómez Bermúdez- se apreciaba «una ausencia de motivación adecuada e individualizadora» de las penas impuestas.

11-M. Los tres acusados tras la instrucción del juez Juan del Olmo de planear el atentado fueron absueltos ya en la Audiencia de cualquier relación con la matanza de los trenes. El Supremo absolvió a cuatro de los condenados inicialmente por el tribunal que presidió Javier Gómez Bermúdez -entre ellos, dos que lo habían sido por pertenencia a una organización terrorista, por falta de motivación-, redujo otras seis penas y sólo en un caso, el de Antonio Toro, apreció una responsabilidad que la Audiencia no había establecido. El Alto Tribunal se quejó de que no pudo examinar el recurso contra la absolución del supuesto cerebro, El Egipcio, porque Bermúdez no detalló los datos que podían incriminarle.

'Operación Nova'. Treinta personas fueron procesadas con gran boato por el juez Garzón bajo la acusación de querer estrellar un camión lleno de explosivos contra la propia Audiencia y de preparar atentados contra el Bernabéu y Torre Picasso. El tribunal que presidió Alfonso Guevara condenó a 20, pero el Supremo absolvió a 14 por falta de motivación, aunque reconocía su peligrosidad. Sólo cinco islamistas fueron condenados por pertenencia a banda armada y uno lo fue por falsificar su pasaporte. Ninguno por conspiración para atentado terrorista.

'Operación Tigris'. Garzón procesó a 32 islamistas acusados de enviar muyahidin a Irak y de ayudar a huir a los autores del 11-M, llegaron a juicio 14 y la Audiencia sólo pudo condenar a cuatro porque el juez cercenó los derechos fundamentales del resto al permitir que la Policía interceptara mails sin orden judicial. El Supremo lo dejó en tres condenas.

CORRUPCIONES SOCIALISTAS: La juez señala una trama socialista para 'saquear' la Junta andaluza/ Gestapillo socialista/ La DGT socialista

SEBASTIÁN TORRES / Sevilla

La juez señala una trama para 'saquear' la Junta andaluza

Ordena abrir una nueva causa tras detectar falsos prejubilados

El caso Mercasevilla va camino de convertirse en el caso Junta de Andalucía. El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha abierto una nueva causa para investigar los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) del restaurante sevillano Río Grande, de la empresa malagueña Hilados y Tejidos Malagueños (Hitemasa) «y cualquiera otra que resulte de la investigación que se encomiende». La juez apunta a la «presunta existencia de una trama» de tráfico de influencias para el saqueo de fondos de la Junta de Andalucía a través de los ERE.

En un auto fechado el 19 de enero, la juez Mercedes Alaya toma como base el atestado de la Policía Judicial sobre la disposición supuestamente ilegal de unos 700 millones de euros para pagar prejubilaciones en empresas en crisis y ordena «incoar nuevas diligencias previas». Por un lado, seguirá investigando los dos ERE de la empresa pública Mercasevilla de los años 2003 y 2007, y, por otro, abrirá una nueva vía cuyas dimensiones son, por el momento, difíciles de calcular.

La magistrada apunta a la supuesta comisión de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias «con el indiciario conocimiento de la autoridad laboral», es decir, de la Consejería de Empleo.

El auto, al que ha tenido acceso este periódico, apunta la «presunta existencia de una trama que tendría por objeto la utilización fraudulenta de ERE con planes de prejubilación anticipada mediante pólizas» pagadas, «en su mayor parte, por la Junta de Andalucía, y ello en diferentes empresas distintas de Mercasevilla», caso a raíz del cual se ha destapado todo el asunto.

«La ilicitud -dice la juez en su auto- no sólo vendría del procedimiento administrativo utilizado», sino de la inclusión en las pólizas de «personas que nunca habían trabajado en dichas empresas».

La trama a la que alude la juez podría estar conformada, presuntamente, por «las propias empresas, además de personas físicas y entidades que actuaron como intermediarios y con el indiciario conocimiento de la autoridad laboral», según recoge en el auto.

Resulta llamativa la mención al «procedimiento administrativo» como presuntamente ilícito, toda vez que la Consejería de Empleo se ha enrocado en defender la legalidad de las subvenciones para prejubilaciones desde 2001 a 2010.

Esta decisión judicial se produce como consecuencia del informe realizado por la Unidad de Policía Judicial, que incluye la revelación del ex director general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero Benítez, de la existencia de un «fondo de reptiles» para pagar prejubilaciones en empresas en crisis implantadas en Andalucía.

La Policía cuantifica dicho fondo de reptiles en los 700 millones de euros que la Consejería de Empleo reservó para incentivar prejubilaciones y despidos colectivos. Entre los ERE subvencionados estarían los de Mercasevilla de 2003 y 2007, Río Grande e Hitemasa, donde se han encontrado prejubilados que nunca trabajaron en la empresa o que se acogieron al ERE pese a no cumplir los requisitos. En su gestión habrían participado conseguidores que podrían haber cobrado comisiones, según la investigación.

El PP exige la destitución de secretario de Organización socialista, José M. Caballero, por organizar una gestapillo socialista para espiar al PP

Toledo.- El secretario general del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, Marcial Marín, exigió ayer a Barreda que destituya al secretario de Organización socialista, José M. Caballero, «tras corroborarse que el jefe de los espías de altos cargos del PP es un militante socialista», como desveló EL MUNDO.

ALMUDENA ÁLVAREZ / Palencia

Degradado por contestar un 'mail' soez de su superiora

El jefe de Tráfico de Palencia le afeó a la subdirectora su felicitación de Año Nuevo

Exceso de celo o falta de sentido del humor. El caso es que el jefe provincial de Tráfico de Palencia, Manuel Esteban, presentó su renuncia, a instancias de sus superiores, después de 30 años en el cargo, 50 prestando sus servicios en la Dirección General de Tráfico (DGT) y a apenas dos meses de su jubilación. La causa fue una respuesta cortés a las groseras felicitaciones de Año Nuevo enviadas por correo electrónico por la subdirectora general de Formación para la Seguridad Vial de la DGT, Aurora Cedenilla, según denunciaron ayer en rueda de prensa los diputados nacionales del PP Celinda Sánchez e Ignacio Cosidó.

Es habitual que la subdirectora general envíe un correo electrónico subido de tono felicitando el Año Nuevo a todos los jefes provinciales y locales, a los subdirectores generales y a los cargos adjuntos. En 2005 deseó a sus subordinados un «Feliz 2005, por el culo te la hinco», y en 2010 se despachó con un «Feliz 2010, por el culo te la hinco otra vez». Este año, dado lo dificultoso de la rima, decidió felicitar el 2011 escribiendo «Feliz Año Nuevo y chúpame un huevo».

En respuesta a estos correos navideños, el jefe de Tráfico de Palencia contestó con otro mail enviado el 5 de enero, en el que lamentó «las gracietas» de su superiora. En su opinión, este tipo de mensajes son «una horterada y una expresión de muy mal gusto» que, según Manuel Esteban, la subdirectora debería reservarse para sus círculos íntimos. «(...) No para el colectivo de compañeros miembros de un organismo al que queremos y que, como representantes en diversos ámbitos, no nos gusta chupar nada, salvo un chupa chups».

El caso es que la respuesta le valió una llamada de teléfono en la que se le invitó a dimitir. El cese se hizo efectivo esta semana y ha relegado a Manuel Esteban a un puesto de categoría inferior. «Es injusto que, después de 50 años de servicio, se le coloque en una mesa haciendo fotocopias hasta que se jubile. No lo merece», apuntó Celinda Sánchez.

Los parlamentarios populares han pedido explicaciones al director general de Tráfico, Pere Navarro, a través de una pregunta en el Congreso, y le han solicitado que restituya a Manuel Esteban en su cargo, un puesto que ha desempeñado «con honestidad, profesionalidad, eficacia y una hoja de servicios intachable», subrayó Cosidó. Además de con una lealtad indiscutible, ya que, «siendo víctima de un relevo injusto, ha preferido guardar silencio», añadió.

Celinda Sánchez, que leyó en voz alta el correo de la subdirectora, consideró el texto «soez, ofensivo y de mal gusto», y, sobre todo, inapropiado en las relaciones que deben existir entre un superior y sus subordinados en la función pública.

De tan mal gusto, que la diputada se sorprendió de que nadie hubiese respondido antes a este tipo de felicitaciones, teniendo en cuenta «el malestar que ha generado entre 3.500 funcionarios de Tráfico». Un malestar que se constata en otro correo, el que envió la presidenta de la Asociación de Técnicos de Tráfico a Pere Navarro. La asociación pide que se reconsidere esta decisión y destaca la profesionalidad del jefe de Palencia.

Además, creen que la medida es «injusta, incorrecta y desproporcionada», sobre todo porque «su correo refleja el sentir de muchos compañeros que no comparten el sentido del humor de la subdirectora». «La única salida es que la DGT destituya a la subdirectora general y, además de restituir en su cargo a Esteban, se le dé una explicación».

ZAPATERO ABOCA A ESPAÑA A UNA QUIEBRA INSUPERABLE: Hacia el modelo salarial alemán/ Dinero para Cataluña

Madrid

Hacia el modelo salarial alemán

La mayoría de los países europeos tienden a vincular los sueldos a la productividad de las empresas / Luxemburgo y Bélgica son los más favorables a ligarlos al IPC

La vinculación de los salarios a la inflación se ha convertido en un debate en el seno de los países europeos. Pocos son los que revisan de manera automática los sueldos cada año. La Comisión Europea y el Banco Central Europeo recomendó que se acabe con la vinculación automática.

BÉLGICA. Bélgica y Luxemburgo son los únicos países de la UE, y tal vez del mundo, donde cada año se revisan automáticamente los salarios y las pensiones según la inflación. La mejora se mide con un índice de referencia que supone un aumento inmediato de los sueldos y las prestaciones sociales, sin negociación.

Otra excepción donde la vinculación a la inflación es obligatoria en la UE. Los salarios de los funcionarios europeos suben cada año según un índice constante. En 2009, por la crisis, los gobiernos trataron de negociar la cuantía de la subida, pero la Comisión Europea los denunció ante el Tribunal de Justicia de la Unión, que obligó a aplicar la revisión automática.

ALEMANIA. Los salarios no están regulados por ley. No hay salario mínimo. Las empresas negocian con los sindicatos según las necesidades de la producción. En momentos de baja demanda, optan por reducciones de jornada que garanticen el empleo a cambio de contención o, incluso, rebajas salariales. Los salarios se mueven según el resultado de la empresa.

En el peor año de la crisis, 2009, los salarios cayeron un 0,4%, situándose en los 27.648 euros anuales. La inflación fue del 0,4%, por lo que se produjo una diferencia de 0,8% entre ambos datos. Medio millón de trabajadores se acogieron a la jornada reducida, donde el Estado paga el 60% de las horas no trabajadas.

FRANCIA. No hay salarios indexados en relación a la subida del IPC, salvo el de los funcionarios. Hasta que llegó la crisis, las retribuciones aumentaban cada año entre un 3,3% y un 3,5%. En 2010, tan sólo subieron un 2,6% y las previsiones para 2011 son del 2,7%. El único salario que sí regula anualmente el Gobierno galo en función de la inflación es el mínimo, que desde 1968 se revaloriza cada año el 1 de enero. En 2011 pasó de 8,86 euros brutos por hora a nueve euros brutos por hora, lo que supone alrededor de 1.365 euros brutos mensuales o 1.073 euros netos, calculados sobre una semana laboral de 35 horas.

ITALIA. En Italia existen dos variables que determinan la regularización del salario. Por una parte, una cláusula de revisión salarial con la que los trabajadores tienen derecho a actualizar su sueldo en función del aumento de los precios. Por otra, los sindicatos, partiendo del convenio colectivo, tienen la capacidad de comparar la inflación programada y la efectiva para recuperar la diferencia que determinará el aumento de los ingresos para dos años sucesivos.

Ahora se plantea la posibilidad de ligar los salarios a la productividad. Una propuesta que no convence a todos, pero que ya ganó su primera batalla tras la aprobación, ayer, de un acuerdo entre el Gobierno y dos de los principales sindicatos italianos.

PORTUGAL. Los aumentos salariales y el sueldo mínimo se fijan en negociación colectiva entre el Gobierno, las confederaciones patronales y los sindicatos. En la última reunión, celebrada en diciembre de 2010, se fijó el sueldo mínimo para 2011 en los 485 euros, una cifra inferior al acuerdo de 2006, que preveía llegar a los 500 euros este año. Sin embargo, los empresarios argumentaron que la actual coyuntura económica se ha deteriorado, frenando así el aumento del sueldo mínimo.

Los sindicatos de la función pública pedían aumentos de entre el 2% y el 3,5%, superiores a la inflación calculada por el Gobierno y teniendo en cuenta la pérdida consecutiva de poder de compra de los últimos años y la subida de los impuestos. El Gobierno optó por congelar los salarios este año.

REINO UNIDO. En el Reino Unido no hay negociación colectiva, pero muchos salarios están vinculados a la inflación. En concreto, al RPI: un índice de precios que no incluye los alquileres ni los impuestos municipales. Hay sectores donde los sueldos están vinculados a la productividad, pero son casos contados y algunos han suscitado polémica. La más sonora fue la de las primas de los bancos. Están indexados también algunos bonos de la deuda del Estado y, desde hace unos meses, las pensiones públicas, que el Gobierno liberal conservador ha retocado cumpliendo una reivindicación de la izquierda británica.

Información elaborada por María Ramírez (Bruselas), Rosalía Sánchez (Berlín), Juan Manuel Bellver (París), Soraya Melguizo (Milán), Virginia López (Lisboa) y Eduardo Suárez (Londres).

Dinero para Cataluña

>Financiación. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, avanzó ayer en Bruselas «la predisposición favorable» del Gobierno para que la Generalitat pueda tener «una financiación razonable».

>Reunión. Zapatero se reunirá el próximo lunes, por primera vez, con Artur Mas, en La Moncloa, desde que fuese elegido presidente de la Generaliatat de Cataluña.

>Cambios. La condición que Zapatero pondrá a Mas para ceder a la financiación es establecer compromisos «concretos, estrictos y temporales» de reducción del déficit.

>Obligaciones. La decisión del Gobierno se basará en fundamentos económicos y financieros, además de tener en cuenta «una corresponsabilidad clara y nítida» por parte del Gobierno catalán, según advirtió Zapatero. RAMÍREZ / Bruselas

Madrid

Las reformas llegaron «tarde»

En esta línea, la publicación señaló que el presidente del Gobierno español tiene la desconfianza de los mercados y es impopular entre los españoles, y advirtió de que su reciente «afán reformista» tiene límites.

El semanario británico se hizo eco también de la firma del Acuerdo Social y Económico firmado por el Gobierno y los agentes sociales esta semana. En concreto, del retraso de la edad de jubilación a los 67 años, aunque apuntó que «tiene muchas excepciones» y que los españoles deberán encontrar un empleo antes de jubilarse. «El desempleo está por encima del 20% y su aumento es una prueba de que España necesita, urgentemente, muchos más cambios», reconoció el británico 'The Economist'.

Además, el semanario criticó que el nuevo pacto haya dejado importantes problemas sin resolver, como la negociación colectiva, prevista para marzo. Es más, reprochó que la firma del pacto social fuese un día antes de que la canciller alemana, Angela Merkel, visitara España.

El semanario británico 'The Economist' reprendió al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por llevar a cabo las reformas «demasiado tarde». La publicación se basó en el hecho de que todas las encuestas apuntan que el dirigente socialista perderá las elecciones de 2012. En una artículo titulado 'Perspectiva Económica Española: Reformando a Zapatero', 'The Economist' definió al presidente del Gobierno como un «famoso optimista» y un «presidente socialista que realiza reformas liberales». Es más, reconoció que Zapatero quiere que el mundo crea que España ha cambiado «por fin», informa Europa Press.

La rebelión de varios países frena el plan de reformas de Merkel

Corresponsal

Los socios del euro quieren ser más competitivos, pero no tienen prisa por parecerse a Alemania. En una revuelta contra la canciller Angela Merkel, varios gobiernos rechazaron ayer retrasar la edad de jubilación o acabar con la revisión automática de salarios según el IPC. Zapatero apoyó la medida más simbólica: obligar por ley al Estado y las autonomías a reducir el déficit público.Sigue en página 36

Durante una comida y sobremesa que se alargó hasta la noche, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea expusieron más diferencias que ideas conjuntas. Ni siquiera el presidente francés, Nicolas Sarkozy, respaldó todas las medidas que sugería la canciller, pese a que compareció con ella ante la prensa para defender un plan genérico de competitividad para los vecinos del euro, dispuestos a más coordinación económica, pero reticentes a concretar medidas comunes.

De momento, el Gobierno español sólo ve con buenos ojos la reducción del déficit público por ley. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero dijo estar «dispuesto a dar más pasos para fortalecer desde el ordenamiento jurídico la estabilidad presupuestaria, el control del déficit», aunque recordó que ya existe una ley de estabilidad presupuestaria y que las regiones socialistas se han comprometido a aprobar un techo presupuestario año a año. El presidente comentó que buscará un acuerdo con la oposición y que el PP ya ha respaldado esta idea.

En cambio, el presidente deja la revisión salarial automática a los sindicatos y la patronal, y la armonización del Impuesto de Sociedades es algo que, según él, no afecta a España. Zapatero propone un pacto para llegar al 3% del PIB en inversión en I+D o para gastar más en formación profesional, dos aspectos no mencionados por Angela Merkel.

La canciller alemana y el presidente francés escenificaron ante las cámaras un acuerdo genérico que, después, durante la reunión, ni siquiera explicaron de forma conjunta. «Francia y Alemania van a demostrar que defendemos el euro. No sólo como moneda, eso se da por descontado, sino como proyecto político», anunció Merkel, con Sarkozy a su lado. Y serán «más que palabras», según la canciller. El presidente francés aseguró que «el eje entre Alemania y Francia es extremamente fuerte», pero, después de la cumbre, Sarkozy explicó que ni él mismo estaba de acuerdo con todas las propuestas y que cada Estado tiene sus particularidades. «Convergencia no significa identidad común», dijo el francés.

Bélgica y Luxemburgo, los únicos países de la UE donde el ajuste de sueldos anual según la inflación es obligatorio, rechazaron tajantemente una intromisión en sus normas. Austria se negó a que los vecinos decidan a qué edad se jubilan sus ciudadanos. Para Irlanda y Estonia, su bajo Impuesto de Sociedades es sagrado.

«Debe haber más cooperación económica, pero los Estados miembros deben tener espacio para llevar a cabo sus propias políticas. No dejaremos que desmantelen nuestro modelo social», se quejó el primer ministro belga, Yves Leterme.

Fuentes alemanas aseguran que «nunca ha habido un plan» y que los puntos concretos como la reforma de la Seguridad Social o la edad de jubilación son competencias nacionales que los Estados deben adaptar según sus necesidades. Aún así, Berlín insiste en que debe haber propuestas para que cada uno mejore su competitividad en una cumbre extraordinaria en marzo. «La crisis del euro parece más tranquila en los mercados, pero los problemas de fondo persisten», explica un diplomático alemán.

El único pacto hasta ahora más claro es «el refuerzo» del fondo de rescate «para asegurar la eficacia necesaria para dar la ayuda adecuada». Aún faltan los detalles, pero se espera que se aumenten las garantías para que la zona euro pueda prestar los 440.000 millones prometidos en mayo y que, por las reglas tan conservadoras de la sociedad de créditos creada, no se pueden utilizar plenamente -el dinero que puede llegar a los Estados es de 250.000 millones-.

Además, se acabará con uno de los principios básicos defendidos por Alemania en el nacimiento del fondo, que un Estado pueda recurrir a él sólo cuando esté al borde del precipicio, pagando intereses alrededor del 8%.

JOHN MÜLLER

La 'gobernanza' debe esperar

Lo que iba a ser una cumbre europea de mero trámite se convirtió ayer en una acalorada discusión que dejó en evidencia que estamos muy lejos de implantar la famosa «gobernanza» común del euro de la que habla Zapatero desde hace más de un año.

Merkel y Sarkozy quisieron escenificar un diktat como el de Deauvilled el año pasado y volvieron a encontrarse con la resistencia de los países más pequeños del euro que reclamaron respeto para su idiosincrasia. Merkel ha indexado la ampliación y reforma del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera a la aprobación de un Plan de Competitividad que incluye cinco puntos: la promulgación de leyes que fijen límites al déficit público, la armonización de los impuestos empresariales, la desindexación de los salarios con la inflación, la elevación de la edad de jubilación y un mecanismo unificado para resolver las crisis bancarias.

Sarkozy, que aparentemente se alineó con Alemania, dejó caer con la boca pequeña que no creía mucho en el futuro de este pacto. Hay cosas en él que tocarán el nervio de ciertas costumbres francesas muy arraigadas.

Es lo que ocurrió con los belgas, que tienen indexados sus salarios al IPC. «No necesitamos aceptar ningún diktat de Berlín», dijo un funcionario belga. Algo parecido manifestaron Holanda, Eslovenia y Austria.

Los irlandeses están intervenidos, pero defienden a capa y espada su bajo impuesto de sociedades que los alemanes llevan años intentando elevar. Holanda, Estonia y Luxemburgo les apoyan.

Alemania ha pasado de no querer saber nada de las economías problemáticas del euro y de no tener una política clara al respecto a diseñar este pacto como fórmula de apuntalar la moneda única. Ayer, cuando vieron que las cosas no salían como ellos pensaban, sus diplomáticos comenzaron a propagar que en realidad nunca hubo un plan.

Lo cierto es que estamos en un momento de tregua en los mercados financieros. Las primas de riesgo han bajado y los miembros del euro sienten alivio. Pero todo esto puede cambiar este mismo lunes. Y si Merkel bloquea la renovación del Fondo de Estabilidad Financiera, la situación puede ser aún peor.

Las propuestas alemanas son, desde un punto de vista teórico, correctas. Son medidas que gustan a los mercados. Pero algunas son difíciles de imponer. La indexación salarial no se aplica automáticamente en su forma pura más que en Bélgica y Luxemburgo. Y en Francia sólo para los funcionarios. En el resto, la diversidad es la norma.

Sorprende, sin embargo, que Merkel haya impuesto esta dinámica sin haber enviado por delante a unos cuantos altos funcionarios para que prepararen el terreno y no se produjera una discusión como la de la sobremesa de ayer. Un debate que, cuando menos, tenía que haberse producido cuando se fundó el euro y que ahora será muy complicado, porque deberá conciliar las voluntades políticas con importantes cesiones de soberanía económica en asuntos donde no siempre hay una solución buena que sea igual para todos.

john.muller@elmundo.es

FRANCISCO NÚÑEZ / Madrid

Ordóñez cree «imprescindible» que la contención salarial continúe

El Banco de España sitúa el PIB del año pasado en el -0,1%, mejor de lo previsto

Hay dos elementos que han hecho posible que la contracción económica de todo 2010 se amortiguara hasta el -0,1% y que el resultado fuera dos décimas mejor de lo previsto por el Gobierno. Por un lado, el recalentamiento del consumo en la primera parte del año por el adelanto de las compras ante la subida del IVA, y por otro, el incremento de las exportaciones, gracias a que los demás países del entorno han salido de la crisis hace un año.

Con todo ello, según la información que ayer facilitó el Banco de España en su último Boletín Económico, «el débil avance de la actividad» a lo largo del año pasado «contrasta con registros más elevados en otros países de la zona euro». «Lo que pone de manifiesto el mayor alcance de la crisis en nuestro país y el impacto que el necesario ajuste está teniendo sobre las tasas de crecimiento a corto plazo», señala.

Además, la entidad que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez advierte que la economía española lleva 10 trimestres consecutivos sin generar empleo y hace una llamada a sindicatos y patronal para que no trasladen el repunte de los precios a los salarios y a recuperar beneficios.

Por componentes, la demanda nacional siguió a lo largo de 2010 en tasas negativas del 1,2% frente al -6% del año pasado por el comportamiento favorable «en promedio» de los hogares y de la inversión empresarial en los primeros meses del año. Pero fue la demanda externa la que mitigó por tercer año consecutivo el impacto de la contracción del gasto de las familias en los dos últimos trimestres por el alza de tipos del IVA. La aportación positiva al PIB del sector exterior fue de un punto (el año pasado fue de 2,7 puntos) «apoyada por la fortaleza de las exportaciones».

En este sentido, el banco supervisor recomienda al Gobierno que, ante la ausencia de un modelo de crecimiento, persevere «en la profundización» de estrategias que «empujen las exportaciones» y en la diversificación de «nuestros mercados» para hacer de este sector «una fuente de crecimiento más potente y estable».

En tasa interanual, el crecimiento en el último trimestre del año fue del 0,6% frente al 0,2% de los tres meses anteriores.

Mientras, en tasa intertrimestral, que permite saber qué está pasando ahora, el PIB creció dos décimas frente al estancamiento (aumento nulo) del anterior trimestre como consecuencia de la huida de los consumidores por la subida de impuestos, así como por la reducción de los salarios de los funcionarios o la moderación de las remuneraciones en los convenios privados.

Según el Banco de España, el consumo privado habría registrado un crecimiento intertrimestral «prácticamente nulo» frente al «intenso retroceso» del tercer trimestre. La debilidad del gasto familiar en estos meses de finales de año «apunta a una prolongación de la influencia negativa de un contexto poco propicio para tomar decisiones de gasto». En ese sentido, además del descenso salarial y la subida de impuestos, menciona «la evolución aún negativa del mercado laboral, la disminución del valor de la riqueza inmobiliaria y las condiciones crediticias todavía realmente restrictivas».

También en tasa intertrimestral el sector exterior es quien salva las cifras consolidas del PIB intertrimestral, ya que en este periodo tuvo una aportación positiva del 1,2%.Y aunque siguió la destrucción de empleo, el Banco de España llama la atención sobre los costes laborales que «continuaron el proceso de moderación», y en particular advierte sobre los riesgos de que el rebrote inflacionista se traslade a los salarios y también a los márgenes de las empresas en la venta de bienes y servicios. Todo ello produciría una nueva espiral inflacionista conocida como segunda vuelta.

Así, para el conjunto de 2010 estima un incremento de la remuneración por asalariado del 1%, «cifra que se compara muy favorablemente con el aumento del 4% que registraron los costes laborales en 2009». La entidad señala que una parte significativa de esta desaceleración se debe «al giro en los salarios públicos», que habrían caído un 2% frente al promedio de subidas del 6% en los tres años anteriores. El resto del descenso se debe a la «ralentización» de los sueldos privados, para los que se estima una tasa del 1,8% frente al 3,7% de 2009 y el 5,9% de 2008.

Este resultado es consecuencia, dice el banco, de las «tarifas de los convenios del 1,3%» en el cuarto trimestre, cuatro décimas inferior a los tres meses anteriores. Como consecuencia del leve crecimiento del PIB y de la destrucción de empleo, todo esto supone que habría continuado «el «crecimiento intenso de la productividad». Por tanto, los costes laborales unitarios, una demanda habitual de la patronal, «acentuaron su ritmo de descenso», situándose en tasas negativas y por debajo de la media europea.

Por todo esto, el Banco de España, aunque apunta que se ha producido un repunte «notable» de la inflación (3% en diciembre y 3,3% en enero), señala que «resulta imprescindible que estas pautas de moderación salarial se prolonguen en los próximos trimestres». En este sentido, aconseja a los interlocutores sociales que en el proceso de negociación colectiva en materia salarial consideren este repunte como «temporal». También pide que los márgenes empresariales «no reaccionen» a esta «perturbación inflacionista transitoria».

OORBYT.es

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